La exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, que ha declarado casi tres horas ante el magistrado que instruye el caso, Juan Carlos Cerón; el fiscal anticorrupción, Felipe Briones y las defensas, sigue sin aportar “luz” a las acusaciones de prevaricación y tráfico de influencias por las que está imputada en el caso Rabasa.

Extensa y accidentada declaración de la exregidora alicantina, que ante la imposibilidad de que se escucharan en la sala las grabaciones del informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) – no se ha atendido a la providencia que realizó el juez Juan Carlos Cerón a principios de semana para que acudiera un técnico de sonido –, le ha permitido, según el abogado de Esquerra Unida, José Luis Romero, agarrarse, una y otra vez, a “no lo recuerdo”.

Sonia Castedo afirma, sin embargo, que “lo he podido contar todo”. Ha explicado, la exalcaldesa, que el convenio de colaboración que aprobó el ayuntamiento de Alicante, en enero de 2010, con Viviendas Sociales del Mediterráneo - empresa participada por Enrique Ortiz-, e Ikea, para ubicar el macrocentro comercial de la multinacional sueca en suelo de Rabasa, “era de planeamiento”. Por ello, “al no ser un convenio de ejecución, aclara, ”no le afecta la suspensión“ de la tramitación del plan parcial dictada por el TSJ en 2009. Además, concluye, el propio convenio supedita ”su validez a la decisión final que tome el TSJ“.

Castedo ha reiterado en sede judicial que no tiene relación íntima con Ortiz, se trata de una amistad de hace años y de carácter familiar, pero “no intima”. Además, ha añadido que no tiene que esconder su amistad porque, tanto en el caso de los viajes como el que realice a Andorra -cuyo pago la policía atribuye a Ortiz-, “me lo he pagado yo”, como las reuniones con el empresario –que el informe califica de sospechosas-, formaron parte del trabajo que realice “al margen de la exposición pública”. También, ha insistido en que cuando conoció a su marido, este ya trabajaba “como autónomo” para el empresario alicantino, también imputado en la causa por los mismos delitos.

Desde la acusación pública –Esquerra Unida y PSPV-PSOE-, el abogado de Esquerra Unida, José Luis Romero, afirma que Castedo se ha negado a contestar porque “había conseguido su objetivo”. José Luis Romero ha señalado que la testigo “ha confundido el juzgado con un plató”, a lo que ha añadido que el objetivo de esta causa “es la investigación hechos presuntamente delictivos de los que ella está acusada”.

Se investiga, según el auto del 17 de septiembre de 2014, del magistrado Juan Carlos Cerón, sí el Ayuntamiento pudo dar un trato de favor al empresario. El informe elaborado por la UDEF, que unió a la causa el 9 de septiembre, concluye que la exalcaldesa de Alicante, mantuvo una actividad “delictiva sostenida” en favor del promotor Enrique Ortiz durante la tramitación del Plan Parcial Rabasa. Maniobraron, apunta el documento, en colaboración y connivencia con el gerente de Urbanismo, Enrique Sanus y la jefa jurídica del área, Isabel Campos, para la aprobación del Plan Rabasa y la implantación en estos terrenos de la multinacional sueca, Ikea.

El viaje oficial pagado con dinero particular

A preguntas del fiscal Felipe Briones, sobre el viaje que Sonia Castedo realizó a Oporto junto al exalcalde, Luis Díaz Alperi, para conocer las instalaciones de la multinacional sueca Ikea, la exregidora ha declarado que “fue un viaje oficial” que pagaron de su bolsillo los asistentes y, cuya factura fue abonáda una tarjeta. La documentación, ha dicho Castedo, “la presentará como prueba mi abogado”. Desde la acusación popular, José Luis Romero, califica de “chocante” que un viaje oficial de la alcaldesa representando a la ciudad no sea abonado por el Ayuntamiento“.

Y es que según las conversaciones captadas por la policía el 23 de noviembre de 2008, y que figuran en el informe de la UDEF, al que ha podido tener acceso eldiariocv.es, el avión aparentemente lo puso Vicente Cotino y lo pago Enrique Ortiz.

Luis Díaz Alperi, ya exalcalde de Alicante le comenta al empresario el viaje que va a realizar a Oporto junto a la entonces alcaldesa, Sonia Castedo, tras la invitación cursada por parte de Ikea. Díaz Alperi, además, de confesarle a Ortiz, según la policía, que la razón del viaje es dar “cumplida satisfacción” a los responsables de Ikea, aprovecha para pedirle un avión para poder regresar desde Santiago de Compostela a Valencia o Alicante. Una vez descartado un avión particular o jet, el informe concluye, que Enrique Ortiz se hace cargo de la reserva de un avión de línea regular.

(…)

Ortiz: Dime.

Luis Díaz Alperi: Una cuestión, eh…Nosotros…Y cuando digo nosotros me refiero a Sonia Castedo y yo. Nos vamos a ir a Oporto.

O: Sí.

L: Para darle cumplido…cumplida satisfacción a los de Ikea.

O: Sí.

(…)

L: Bueno…En cualquier caso. Salvo que no vayamos. Y si no vamos no pasa nada. En principio nos iríamos el jueves desde Valencia. Porque yo tengo que estar en la Cortes por la mañana en Valencia. Desde allí saldríamos a Madrid. De allí a Oporto. Y luego iríamos a otro sitios en...

O: No. Si yo creo que es bueno. Que ir hay que ir. Pero que habrá que apretarles un poco.

L: Sí, pero que les diremos que… Bueno, ya sabiendo…con, con la información…Ya sabremos lo qué le tenemos que decir.

O: Yo mañana…Yo mañana…

L: Mi pregunta es. Mi pregunta era… ¿Podemos conseguir un avión para esto?

O: Sí, sí, sí.

L: ¡Escúchame!¡Escúchame…! No sabes lo que te voy a decir Enrique.

O: Vá…Venga

L: Un avión para el día 2 a las 10 de la mañana de Santiago a Alicante. O a Valencia.

(…)

O: Ah…Yo pensaba que ibais y volvíais en el día.

L: ¡No! Nos vamos el jueves. Llegamos por la noche a Oporto. Estamos el jueves en Oporto. Luego nos vamos a Galicia. Y de Galicia, porque aprovecha Sonia para ver unas cosas. Y a mí me apetece también ir.

O: ¿Y el del amigo? ¿El de nuestro amigo común?

L: No. Lo tiene en Zúrich. Eh…Ya he hablado con él.

(…)

O: Vale. Te hago la gestión.

El empresario, según el informe, se pone en contacto el mismo día con Vicente Cotino, sobrino de Juan Cotino, y apoderado de la mercantil ASEDES CAPITAL SA, para poder conseguir, según la policía, un jet privado. Cotino, según la investigación, dispondría a través de la referida mercantil de diferentes aeronaves

(…)

Enrique Ortiz: Oye, mira a ver si podemos conseguir un avión para el día dos para traer a tres personas desde Santiago a Alicante. O a Valencia. Lo mismo da.

Vicente Cotino: Coño, ¿el día dos? Si hay vuelo directo a Valencia y Alicante.

(…)

O: ¿Desde Santiago a aquí?

V: A Alicante yo creo que hay vuelo directo. Y a Valencia también.

O: Ah, ¿sí? Pues lo voy a ver.

V:… Te digo que te vas a ahorrar una pasta.

O: Claro. Porque ir a allí vale por lo menos dos o tres millones…

V: Ir allí te va a costar 4000 y 4000…8000 o 10.000 euros, ¿eh? Dos millones de pelas seguro, vamos…

O: Ya, ya, ya. Vale, vale, vale.

Tras varias conversaciones y comprobar finalmente que no hay vuelos directos desde la ciudad gallega a ninguno de los dos destinos, Ortiz le pide a Cotino un vuelo privado, apunta la policía, quedando en que le pagaría directamente a él.

Enrique Ortiz: Vicente.

Vicente Cotino: ¿Has vuelto a llamar?

O: Te he vuelto a llamar porque no hay vuelo directo.

V: Bueno. Pues nada. Tú dime el día que quieres y ya está.

O: Es el domingo día dos. A ver si puede venir un vuelo desde Santiago a Alicante o a Valencia. El que más barato salga. Alguno de esos que son que… que vienen de vuelta.

V: ¿A qué hora?

O: No lo sé. A las diez o a las once de la mañana.

V: Vale. Pues yo se lo pregunto mañana…

V: Venga. O: Se lo preguntas y, y, y…Y si no hay de vuelta pues mandamos el tuyo. Te lo pago a ti y arreglado. ¿Vale?

(…)

La instrucción del caso, en el que se investigan continuará el 29 de este mes con la comparecencia también como imputados de los técnicos de Urbanismo, Isabel Campos y Enrique Sanus. El empresario Enrique Ortiz está llamado un día después, el 30 de enero.

Entre los 400 invitados a la toma de posesión, en primera fila, los posibles candidatos a la alcaldía - Sánchez Zaplana, José Ciscar, Carlos Mazón, Carlos Castillo o Luis Barcala- y una ausencia, Sonia Castedo.  El mensaje que se ha enviado esta mañana desde el Partido Popular de la Comunitat en la toma de posesión de Miguel Valor como alcalde de Alicante, ha sido contundente: con una nueva cara al frente de la alcaldía, se da carpetazo a la era Castedo: A partir de ahora, “hay que mirar el futuro”, ha afirmado el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, “hay un alcalde al servicio de la ciudad”.

Dieciocho votos del grupo municipal “popular” daban la alcaldía al concejal de Cultura, que juraba el cargo en valenciano ante la corporación en un pleno extraordinario. Además, ha tomado posesión la nueva concejal, de momento sin competencias, Carolina Concepción.

El presidente de la Generalitat ponía distancia con Sonia Castedo, y afirmaba, tras el acto oficial, que “hay personas en el partido que quieren trabajar por los ciudadanos, que tienen vocación de servicio” y que “van a estar, día a día, resolviendo los problemas de los alicantinos”. Alberto Fabra ha hecho hincapié en que con su presencia en Alicante, ha querido reconocer “a una persona” y “a un partido”, y apoyar el compromiso del nuevo equipo de Gobierno con la ciudad de Alicante. En definitiva, concluía Fabra, reforzar la “normalidad” de la gestión municipal.

Una gestión que va a ser realizada, de momento, por los hasta ahora concejales de Sonia Castedo, a los que, el ya alcalde de Alicante, Miguel Valor, se ha referido como “un sólido bloque”, “más unido que nunca”. A reglón seguido, el regidor ha calificado al equipo de Gobierno del PP de “compacto” y “disciplinado”, tras lo que añadido que “va a superar la gestión de estos meses venideros”.

Inversión y cambio de “talante”: se perfila la estrategia electoral

El equipo de Gobierno popular ha adelantado esta mañana lo que podría ser su estrategia en los cinco meses que quedan hasta las elecciones municipales: la inversión de cerca de15 millones de euros en nuevos proyectos emblemáticos para Alicante, algunos de ellos aparcados desde hace varios años, y la finalización de otros ya en marcha.

Proyectos como la entrada Sur de Alicante, por la que el presidente de la OAMI, Antonio Campinos, sacó los colores al President en público hace unos días; las obras de la Explanada: la finalización de la sala multiusos de la Fábrica de Tabaco; la consolidación y restauración del Castillo de Santa Bárbara o la ejecución del paseo marítimo de la Playa de San Juan, por citar alguno de ellos.

La autocrítica brilla por su ausencia

La oposición ha criticado que Miguel Valor no haya sido crítico y pusiera en valor la gestión de Sonia Castedo. Además, han pedido, en bloque, la retirada del Plan General de Ordenación Urbana por estar bajo sospecha judicial y formar parte de la “herencia envenenada” de los exalcaldes, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo.

La concejal socialista, Elena Martín, que ha participado en representación del PSPV “en aplicación de la legalidad”, ha exigido a Miguel Valor que “devuelva la ética” a la ciudad apartando a “concejales y funcionarios” imputados y “sospechosos de corrupción”. A Alberto Fabra, que “deje de castigar a Alicante con sus migajas inversoras” y priorice en las necesidades de los alicantinos.

Por su parte el candidato de Esquerra Unida, Miguel Ángel Pavón, que da por perdida la legislatura, ha acusado al Gobierno municipal del PP de provocar la “quiebra de las arcas municipales”. Además, en su intervención, ha realizado un recorrido por un equipo, dice, “estigmatizado” por los casos de presunta corrupción: Andrés Llorens por su imputación en el caso Magallanes; Marta García Romeu, por su presencia en la foto de en la fiesta de pijamas de Andorra; Juan Seva, que podría ser inhabilitado por su gestión del Lucentum o Sonia Alegría, que viajó en un Jet privado con Díaz Alperi y a la que se investiga, apunta el concejal, por “sí pudo formar parte de un delito de cohecho” en la pieza del Plan General del el caso Brugal.

Desde UPYD, Fernando Llopis, ha adelantado que no dejará de “luchar” con la presentación de “propuestas positivas” pero “inflexibles”, y desde Compromís per Alacant, Ignasi Bellido, habla de “decepción”. Afirma que Valor no se ha desligado como debía de un pasado de “corrupción y mala gestión económica” y destaca que, pese a que ha mejorado las formas “democráticas”, su discurso “es ajeno a la realidad de Alicante.

De esta manera se despachó, Sonia Castedo, la “muy emocionada” exalcaldesa de Alicante, anoche en el programa “Un tiempo nuevo” de Tele 5, espacio al que acudió “gratis”, para dar las primeras explicaciones públicas sobre su situación judicial, tas su renuncia a la alcaldía, el pasado 23 de diciembre, a través de su cuenta de Facebook.

En un trabajado papel de víctima, desde el minuto uno, responsabilizó a los partidos de la oposición, a los jueces y a los medios de comunicación de “seis año de calvario”.

Acusada de los delitos de prevaricación, cohecho, revelación de información privilegiada y tráfico de influencias por presuntas irregularidades urbanísticas en beneficio del promotor Enrique Ortiz, en dos piezas del caso Brugal, la exalcaldesa Sonia Castedo, fuera del anunciado “prime time” – la entrevista comenzaba diez minutos antes de la media noche –, tiró de la teoría de la conspiración yde la existencia de “una mano negra” para explicar su doble imputación.

Asegura la exregidora que “se ha prostituido el término imputación” y acusó a los partidos políticos, a preguntas de la presentadora,Sandra Barneda, y de los periodistas Ana Terradillos, (Cadena SER) y Jaime González (ABC), de utilizar esta figura jurídica, “como parte del juego sucio de la política”. Un juego, continuó Castedo, detrás del que “siempre están los partidos políticos de la oposición”. Eso sí aclaro, “los partidos políticos de izquierda”.

Incluso llegó a insinuar veladamente, la intervención en esta presunta trama del fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones con un irónico “el Fiscal Anticorrupción de Alicante es una persona, vamos,… muy justa”. Ante la insistencia de González, que espetó a Castedo “con tu cara dices lo contrario”, ésta se limitó a decir que “no”. La exalcaldesa, concluyó, “el fiscal no ha conseguido acabar conmigo, lo intenta. Los partidos de la oposición sí y les aplaudo”. Como no hay dos sin tres, también responsabilizó de su situación a los medios de comunicación. Aseguró Castedo, que “si mi caso no hubiera tenido la repercusión mediática que ha tenido”, ella seguiría en política.

“No me he llevado ni un duro, jamás en mi vida”

Sin novedades en cuanto a los argumentos de Sonia Castedo sobre su situación judicial: “En ninguna de las dos causas, el juez habla de dinero”, “no me he llevado ni un duro, jamás en mi vida” y “no tengo cuentas en paraísos fiscales”. De esta manera respondió la exalcaldesa las preguntas y repreguntas de los periodistas. Además, no sólo defendió su honorabilidad, sino también la del promotor Enrique Ortiz. A lo que, añadió “yo demuestro cuando queráis que yo no he hecho nada, con documentación oficial”.

En cuanto a su relación con el Partido Popular, la exregidora del Ayuntamiento de Alicante, pese a los enigmáticos mensajes de su cuenta de Twitter y a las presiones a las que ha sido sometida para que dimitiera, no ha querido cargar contra su todavía partido. Afirmó ayer que no se ha sentido apoyada por el PP, “me hubiera gustado que los apoyos privados hubieran sido públicos”, aunque a renglón seguido, aseguraba que lo entendía, “mi partido ha actuado porque era un tema con profundidad mediática y perjudico a la marca”.

Eso sí, quiso dejar un mensaje a la “línea roja” del Presidente, Alberto Fabra: “Los estatutos de mi partido no recogen que haya que dimitir por estar imputada”, al tiempo que aclaraba que “no voy a atacar al Partido Popular, no tengo motivos para hacerlo”, así como también afirmó que “no voy a montar ningún partido político”. La política, concluía, “ha terminado para mí”.

En cuanto a la criticas recibidas por anunciar su dimisiónen su cuenta de Facebook, Sonia Castedo, que negó que hubiera sido una falta de respeto a los alicantinos, justificó, ante el estupor de los periodistas, la utilización de las redes sociales “porque en las ruedas de prensa se tergiversan sus palabras”. Añadió, además, sin sonrojo alguno, que “Facebook es el medio de comunicación del Siglo XXI”.

#UTNSoniaCastedo, 'Trending Topic' en EspañaTrending Topic

La entrevista de Sonia Castedo, relegada a un segundo plano por la intervención del Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, a raíz de los atentados yihadistas en Francia, con debate incluido, y por la entrevista de la presidenta de UPYD, Rosa Diez, seguía siendo a las diez de la mañana 'TrendigTopic' en España.

#UTNSoniaCastedo acumuló las dos horas previas a la entrevista, según el propio programa, más de 1.500 comentarios, cifra que se ha incrmentado hasta los 9.452. En cuanto a@scastedoramos, a las nueve de la noche tenía 1.827 seguidores, esta mañana ascendían a 2.214.

Entre los comentarios, de todo, aunque ganaron por goleada los mensajes en contra de la exalcadesa. Se pudieron leer tuits como “Hoy a Cospedal le van a quitar el trono de reina del cinismo”, “Vamos Manolete al toroo! Iiee” o “Pues me da que Sonia Castedo empieza hoy su campaña electoral con su propio partido”.  

También hubo mensajes de los partidos de la oposición como Equerra Unida: “la realidad supera la ficción, sólo hay que ver cómo actúa @scastedoramos frente a las acusaciones en #UTNSoniaCastedo”, y alusiones al retraso de la entrevista “Parece que la alcaldesa se va de prime time. Como tarde más, enlaza con el casino y las videntes” o “A este paso la Castedo va a dar la entrevista mañana en #GHVIP”.

El titular del juzgado de instrucción número 6 de Alicante, Juan Carlos Cerón ha suspendido, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, la declaración de José Luis Ortuño, hasta decidir su grado de implicación en la causa. El jefe de los técnicos de la Concejalía de Urbanismo, acudía como testigo del gerente de Urbanismo, Enrique Sanus, imputado en la causa, para dar, según fuentes del caso, “carácter de normalidad” a las reuniones entre Castedo, Ortiz y los técnicos municipales.

Según el informe policial elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Ortuño participó como asesor en diferentes reuniones entre Sonia Castedo, entonces responsable de Urbanismo y el empresario Enrique Ortiz, además rubricó con su firma documentos como la modificación del PGOU o el convenio con Ikea.

El fiscal Felipe Briones explica que antes de tomarle declaración “tiene que quedar claro papel de José Luis Ortuño después de que el TSJ suspendiera el Plan Rabasa”. Hay que evitar, apunta el fiscal, la teoría del Ping Pong: que el político y el técnico se escuden el uno en el otro y “los dos se libren”, concluye.

Para los abogados de la acusación popular –Esquerra Unida y PSPV-, que se han sumado a la petición de Briones, la iniciativa es razonable. Sobre todo, “teniendo en cuenta que alguna de las actuaciones, presuntamente irregulares, de la exalcaldesa, Sonia Castedo, vienen avaladas por José Luis Ortuño”, apunta el abogado de Esquerra Unida, José Luis Romero. Es la manera, continua el letrado, “de evitar posibles nulidades, ya que algunas de las preguntas pueden resultar intimidatorias”.

Por su parte, los abogados de la defensa, entre ellos el de Enrique Sanus, se han opuesto a la petición de Anticorrupción y han criticado duramente a Briones, ya que aseguran “ha tenido tiempo suficiente para solicitar su imputación”.

Por cierto, que a la acusación popular no se le ha notificado formalmente la razón de que se eliminara, a última hora de ayer, la declaración como testigo, del abogado urbanista de Enrique Ortiz, Enrique Ballester, prevista también para hoy.

Desde Esquerra Unida muestran su satisfacción por el inicio de las declaraciones. Después de diez años se va a poder demostrar, asegura Miguel Ángel Pavón, “las responsabilidades penales” de todos los que intervinieron en la aprobación de este plan, uno “de los más especulativos, insostenibles y absurdos alumbrados en el seno de la burbuja inmobiliaria”, concluye.

La exalcaldesa Sonia Castedo, imputada por prevaricación y tráfico de influencias, declarará el 16 de enero. El promotor Enrique Ortiz, también imputado, lo hará el 30 de este mismo mes.

La veintena de trabajadores de Alicante, que la embotelladora Colebega debe readmitir por orden judicial, y que hoy se tenían que reincorporarse a su puesto de trabajo, anuncian que tan solo volverán, si se respetan las mismas condiciones laborales previas al ERE, lo que implicaría la reapertura de la planta alicantina.

El presidente del comité de empresa, José Vicente Salinas, afirma que les ampara la Ley, ya que la sentencia de la Audiencia Nacional, del 22 de junio de 2014, que anuló el ERE, obliga a la compañía “a reincorporar a los trabajadores a su mismo puesto de trabajo y en el mismo lugar”. Salinas denuncia que la empresa les ha amenazado “extraoficialmente” con no abonarles los salarios de tramitación si no se reincorporan en el día de hoy.

Los trabajadores se encuentran, en estos momentos a la espera de que la Audiencia Nacional resuelva el recurso que interpusieron en noviembre, después de que Colebega les informara de su traslado obligatorio. Desde entonces, los trabajadores “no han cobrado ni un euro”, asegura el presidente del Comité de Empresa.

La embotelladora alicantina tan solo mantiene el área comercial con 56 de los 156 trabajadores que componían la plantilla. Del resto, 50 se trasladaron voluntariamente a Valencia; 30 fueron prejubilados y 20 despedidos.

Se trata de una de las cuatro plantas que se cerraron como consecuencia del plan industrial de Coca-Cola y a las que hoy, día 9 de enero, se han reincorporado los trabajadores afectados por el ERE.

El juzgado número 9 de Alicante admite a trámite una querella contra la concejala de Urbanismo, Marta García Romeu, y el jefe de servicio de Control Urbanístico y Ambiental del Ayuntamiento de Alicante por no hacer cumplir una orden de derribo

La querella ha sido presentada por los vecinos afectados por una construcción anexa al edificio Torre Deon Juan, situado en la Playa de San Juan. El juez indica en el auto que los hechos podrían ser constitutivos del delito de prevaricación urbanística.

Los vecinos llevan reclamando el derribo desde que en 2012 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana declaró ilegal la construcción. El consistorio ha incumplido la sentencia y sus propios decretos de demolición como el dictado en febrero de 2013, así como la propia Ley Urbanística que estable que “es una competencia irrenunciable y de inexcusable del Ayuntamiento”, afirman desde UPYD. Su portavoz, Fernando Llopis, anuncia que sí, Marta García Romeu es imputada por un delito de prevaricación, exigirá su inmediata dimisión así como que sean apartados los funcionarios implicados.

Las partes tendrán tres días para interponer un recurso de reforma contra esta resolución.

Esta mañana, el jefe de los técnicos de la Concejalía de Urbanismo, José Luis Ortuño, declara como testigo en el Caso Rabasa. Lo hará en el juzgado de instrucción número seis de Alicante, a petición de la defensa del gerente de Urbanismo, Enrique Sanus.

Enrique Sanus, imputado por su participación en el presunto amaño del plan urbanístico en favor de Enrique Ortiz, decide “in extremis” retirar la declaración como testigo, del abogado y urbanista de Enrique Ortiz, Rafael Ballester.

Según el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), al que ha tenido acceso eldiariocv.es, el letrado y asesor del promotor alicantino, Rafael Ballester, mantiene reuniones habituales no solo con los técnicos de Urbanismo, sino también con la entonces concejal de Urbanismo Sonia Castedo. Reuniones que se suceden a lo largo de 2008, y en las que Ballester les asesora en la estrategia a seguir en “coordinación con el Ayuntamiento de Alicante” en lo referido al Plan Rabasa y a la implantación de Ikea.

Pese a que el especialista en temas urbanísticos estaba previsto que acudiera como testigo de la defensa del imputado, Enrique Sanus, “para justificar que las reuniones entre los promotores y los técnicos de urbanismo entran dentro de un comportamiento protocolario”, fuentes del caso apuntan a que su testimonio “podría ser perjudicial” para el gerente de Urbanismo.

Y es que, la policía destaca en el informe, que Ballester“ da un salto cualitativo en cuanto a su implicación en los hechos investigados”, después de que éste le dice a Enrique Ortiz que comunique a Castedo que es él (Rafael Ballester), el que va a redactar el informe de cómo debe “gestionarse el Plan”, para posteriormente dárselo a la técnico Isabel Campos para que lo presente como suyo. Plantea el letrado en la conversación captada por los agentes el 3 de septiembre de 2008 con Ortiz, que para ello deben tener el apoyo de Campos.

R: Enrique…

E: Oye, Rafa…

R: Dime.

(….)

E: Bueno. Escúchame. Yo he hablado con el Conseller – en referencia a José Ramón García Antón- y he hablado con Sogorb -Francisco Javier Sogorb, gerente del Instituto Valenciano de Vivienda, S.A. (IVVSA)-. (… )hay que preparar la plica porque el Conseller me ha dicho que lo presentemos, ¡ya! Hay que preparar ya todo. Y aprobar el refundido por parte del Ayuntamiento. Y tirar para adelante a toda ostia.

R: Vale. Perfecto.

E: No esperamos a nada.

R: Perfecto.

(…)

E: Bueno, pues vamos a poner lo que tú creas conveniente...

R: Vale.

E: …Pero hacerlo ya.

R: Vale. Pues entonces como mañana yo voy a estar con Javier también, termino de concretar con él esas cosas. Y el viernes nos vamos al Ayuntamiento. Lo digo porque entonces ahí Sonia tendrá que tenerlo muy claro…

E: Sí.

R: Para que Isabel lo tenga muy claro todo también.

E: Sí.

R: Yo prepararé un informe. Se lo daré a Isabel. El que tú conoces ya también que tú sabes también…Que es que hace referencia a cómo se gestiona el Plan. Y lo que tenemos que hacer es que Isabel lo haga suyo…y lo aporte.

E: Y si hubiese un informe distinto ya se modificará, ¿no?

R: Efectivamente.

E: ¿No pasaría nada?

R: No, no, no. Lo que pasa es que lo que nos hace falta es tener ahí a Isabel… fuerte.

E: Ya. Pues hay que hablar con Isabel ya. Tu mañana hablas con Sogorb…

R: Yo mañana hablo con Sogorb.

E:…Y cuando vuelva le dices que ya has hablado tú con Sogorb y que lo vais a hacer de esta manera. Y que tirar para adelante porque informe no va a haber.

R: Vale.

(…)

E: ¿Vale? Y yo se lo diré también a Sonia.

(…)

La estrategia del promotor pasa por el acuerdo con los responsables de la Gerencia de Urbanismo y la propia Concejal de Urbanismo y Partidas Rurales, Sonia Castedo, según la policía, para “impulsar tramitación plenaria y de forma urgente del informe refundido” del Plan Rabasa. El objetivo, evitar la paralización cautelar del Plan Rabasa con motivo del recurso interpuesto por el Gobierno Central.

La exalcaldesa Sonia Castedo, imputada por prevaricación y tráfico de influencias, declarará el 16 de enero. El promotor Enrique Ortiz, también imputado, lo hará el 30 de este mismo mes.

Los votos de populares y socialistas adjudicaron al promotor, Enrique Ortiz -Alicante Avanza, participada por el propio empresario Bankia, La Caixa y el grupo inmobiliario Espacio-, en un pleno celebrado el 26 de abril de 2005, la urbanización de 4,2 millones de metros cuadrados del Plan Parcial de Rabasa. La ejecución del macro proyecto urbanístico en el norte de la ciudad de Alicante, que contemplaba inicialmente la construcción de 13.500 viviendas, fue aprobado de forma definitiva por la Generalitat Valenciana en mayo de 2009 y tumbado hasta en cuatro ocasiones en 2013 por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Es a partir de enero de 2010 cuando, el proyecto incluye el macrocentro comercial de Ikea. Y es que el suelo y los millones de euros ya habían pasado de manos. El pleno del Ayuntamiento aprueba en julio del mismo año el convenio entre el Ayuntamiento y las mercantiles en el que se regulaban las condiciones de su implantación, ahora bajo sospecha y dos modificaciones puntuales –la 31 del Plan general y la 1 del Plan Parcial Lagunas de Rabasa-, para “encajar” la ubicación del macrocentro comercial.

En las grabaciones del caso Brugal se detalla cómo Enrique Ortiz e Ikea alcanzaron un acuerdo en 2007 para ubicar la tienda en suelo del PAU-1, en el barrio de San Blas, por 31 millones de euros. Posteriormente, se decide cambiar la ubicación a Rabasa y el precio de compra pasa de 31 a 97 millones que van a parar a los bolsillos de Ortiz y que tendría que devolver si el proyecto finalmente no cuajara. Y en ello, recibe, presuntamente según el informe de la UDEF, la ayuda inestimable del Ayuntamiento de Alicante que asume el proyecto como suyo.

Las mercantiles participadas por Enrique Ortiz y la multinacional sueca -Viviendas Sociales del Mediterráneo S.L. e Ikea Ibérica SAU-, reconvierten la iniciativa en un parque urbano de 2,3 millones de metros cuadrados en el sector Lagunas de Rabasa. Este incluirá un área comercial de 400.000 metros cuadrados: 300.000 metros cuadrados para Ikea, 120.000 metros de suelo terciario para comercios, oficinas, restauración u hoteles y 140.000 metros para un parque industrial vinculado a la Universidad de Alicante. Los restantes 820.000 metros cuadrados se reservará para la recuperación de las Lagunas de Rabasa.

El proyecto está pendiente de recibir el visto bueno del Consell, para su tramitación a través de una Acción Territorial Estratégica (ATE).

La Plataforma Stop Desahucios de Alicante mantendrá la movilización que comenzó el pasado lunes, hasta que la entidad condone la deuda de 50.000 euros de Paco y Sonia, que recae en estos momentos sobre los avalistas, los padres de Sonia. Ambos están jubilados y ya sufren el embargo de sus pensiones. Ahora peligra la vivienda en la que también vive la pareja con sus dos hijas pequeñas, de 7 y 1 año.

El matrimonio en paro de larga duración – en 2088 que quedó Sonia sin trabajo y Paco, en 2010 –, es el caso más antiguo de los que se viene ocupando la Plataforma. Su vivienda, cuyo precio inicial ascendía a 119.000 euros, fue subastada en marzo de 2013. Finalmente, fue la entidad bancaria la que se quedó con el inmueble por 34.000 euros, fijando la deuda de la pareja en 105.000, pese a haber abonado cuotas, durante siete años, por valor de 40.000 euros.

Ahora el BBVA cifra en 50.000 una deuda que Elisa Almodovar, miembro de la PAH de Alicante, describe como “impagable” y de “condena de por vida para sus avalistas”. Desde la Plataforma, cuyos miembros fueron desalojados del interior del cajero en la madrugada de ayer, aseguran que permanecerán en la calle, a las puertas de la entidad, el tiempo que haga falta, ya que consideran que la deuda “está pagada de sobra”.

Sonia Castedo es desde las 9,40 minutos de esta mañana una ciudadana más. Sin sorpresas, tal y como estaba previsto, el secretario se ha limitado a leer el único punto del orden del día: la toma de conocimiento por el Pleno de la renuncia presentada por Sonia Castedo de su cargo de alcaldesa y a su condición de concejal el 26 de diciembre y de la asunción de la alcaldía con carácter accidental por el vicealcalde, Andrés Llorens. Además, se ha acordado iniciar el proceso de elección de futuro alcalde.

La sesión plenaria ha sido testigo, a juicio de la oposición, de una renuncia “a la francesa” y de “un desprecio a los alicantinos”, máxime después de que haya trascendido su participación el sábado que viene en un programa de Telecinco. Castedo comunicó que renunciaba a la alcaldía de Alicante, el 23 de diciembre de 2014, a través de su cuenta de Facebook y hoy, tampoco, ha dado explicaciones “ante la Institución a la que representaba”, han aseverado los grupos municipales.

El portavoz de Esquerra Unida, Miguel Ángel Pavón, junto a su compañero, Daniel Simón, han permanecido durante el Pleno con una mordaza para denunciar que se les ha impedido intervenir. Pavón, que ha calificado la jornada de “esperpéntica”, denuncia, en referencia a la exalcaldesa, que “se ha aferrado al cargo hasta que le ha llegado la segunda imputación por presunta corrupción urbanística”, permitiendo que se identifique Alicante con la corrupción. Algo, que el Partido Popular sigue fomentando, continua Pavón, “ya que su sucesor está procesado”.

En la misma dirección se han pronunciado el resto de los grupos de la oposición. El portavoz socialista, Miguel Ull, habla de “desvergüenza” en referencia al hecho de que Castedo no haya acudido a dar explicaciones al Pleno y “de huida ydesprecio a la oposición y a la ciudadanía”. Pedirán al futuro alcalde, Miguel Valor, que retire la ordenanza “mordaza” que les impide acceder a la información municipal, dice el concejal socialista, y que ya ha sido cuestionada por los tribunales. Desde UPyD, Fernando Llopis añade que, a partir de ahora,“no hay que hablar de los que se han ido”. Hay que limitarse, concluye, “a trabajar por la ciudad”.

El PP que vetó las intervenciones de la oposición ha reiterado que al ser el único punto del orden del día una dación de cuentas, el equipo de Gobierno no está obligado a permitir las intervenciones solicitadas por la oposición.

Castedo dará explicaciones en Telecinco

“Castedo tiene la cara muy dura”, ese el comentario que ha corrido esta mañana por el Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante. Indignación entre los grupos de la oposición que se cuestionan la idoneidad de que la exalcaldesa “vaya a confesarse a televisión” cuando según Miguel Ángel Pavón “no tiene la agallas de presentarse en el Pleno”. Va a seguir perjudicando a Alicante y al Partido Popular, dice el concejal de Esquerra Unida, porque “no se va a callar”. Desde el grupo socialista, Miguel Ull, se pregunta“si le van a pagar por ir al programa”; a Llopis de UPyD le molesta “como alicantino” que “no haya venido a dar la cara aquí y la de en televisión” y de comportamiento “indigno” y “vergonzoso”, ha sido calificado el hecho porIgnasi Bellido de Compromís.

Recordemos que seis días después, el viernes 16 de enero, Sonia Castedo tendrá que declarar como imputadaen el juzgado de instrucción número 6 de Alicante por presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias en el Caso Rabasa.

Sonia Castedo cedió ante la “línea roja” de Fabra y adelantó que no sería candidata a la alcaldía de Alicante, en las municipales de 2015 por parte del Partido Popular. Pero le quedaba el último cartucho, dimitir, como dijo refiriéndose a sí misma, “lo hará cuando le apetezca, cuando ella lo decida y sin avisar”. Y lo ha hecho, no en el último pleno de 2014, sino al día siguiente, el día de su 44 cumpleaños.

Castedo ha tomado la decisión después de meses de presiones por parte del Partido Popular, que, día tras día, ha tenido que escuchar y leer en los medios las “vergonzantes conversaciones” – así las calificó Alberto Fabra –, entre la propia alcaldesa y “su amigo íntimo”, Enrique Ortiz, y que le ha valido las imputaciones por presuntas irregularidades urbanísticas en favor del promotor alicantino, en las piezas separadas del Caso Brugal, que hacen referencia al Plan General de Alicante y a Rabasa. Se les acusa de los delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación y cohecho.

Desde el grupo municipal Popular, apoyo sin fisuras por parte de su núcleo duro: Andrés Llorens, Marta García Romeu, Juan Seva y María Ángeles Goitia. Del resto, algunos más afines que otros, la defienden públicamente. El concejal de Medioambiente, Luis Barcala, dice que se siente orgulloso “de haber formado parte de su equipo”. Afirma que es “la mejor alcaldesa que Alicante podía tener”, a lo que ha añadido “espero que la renuncia sea provisional y podamos recuperar a Sonia para la ciudad y la alcaldía de Alicante”.

Ahora, comienza una carrera en la que están situados en la línea de salida, la alicantina y consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, el director de la Cámara de Comercio, Carlos Mazón o el concejal de Empleo, Carlos Castillo. Pero por especular que no quede. Esta mañana saltaba el nombre de presidente provincial del partido, José Ciscar, como posible cabeza de lista a la alcaldía de Alicante. Por cierto que al también vicepresidente del Consell, la dimisión de la alcaldesa le ha pillado por sorpresa, después de haber sido preguntado por ella en un desayuno de Navidad con los medios y decir que “todo sigue igual”.

Sonia Castedo ha anunciado su dimisión como alcaldesa de Alicante para “proteger a sus hijas”. La también exdiputada autonómica del PP, hostigada por su partido y la oposición por su implicación en dos casos de corrupción relacionados con la trama Brugal, abandonará el cargo convencida de su inocencia.

“Sabéis que por esta ciudad he entregado parte de mi vida... y a cambio he recibido lo más grande que se puede tener: el cariño de su gente. Hubiera podido seguir aguantando y demostrando que jamás, jamás, he hecho nada deshonesto, pero mis hijas no PUEDEN, no DEBEN y no QUIEREN vivir situaciones injustas que ningún ser humano se merece”, escribe Castedo en su facebook y el día de su cumpleaños.

La aún alcaldesa no aclara en su comunicado si deja su acta de concejal, aunque fuentes municipales aseguran que cesará en todas sus funciones -también ejerce de concejal de turismo- y dejará el ayuntamiento. Tal vez, abandone la política, aunque en su día coqueteó con fundar un partido para competir con el PP. Castedo está imputada por prevaricación y tráfico de influencias en el asunto Rabassa, la recalificación de unos terrenos del empresario más poderoso de la ciudad, Enrique Ortiz, para facilitar la instalación en Alicante de la multinacional Ikea y la construcción de 13.000 viviendas.

Castedo ha pillado con el pie cambiado al PP, que no tenía constancia de que su dimisión era inminente. En fuentes del PP se da por seguro que Miguel Valor, concejal de cultura, asumira la alcaldía. En principio, esto sucederá en enero, durante un pleno extraordinario. Tras el mandato de Castedo, Alicante está al borde de la quiebra.

“El problema no es Castedo, sino el PP”

El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha asegurado en Alicante que “solo se pasará página cuando el PP deje el Gobierno” porque “el problema no es solo Castedo, sino quien le ha dejado ejercer el poder como lo ha hecho”. En este sentido, ha criticado que la “permisividad y la pasividad de Fabra contra la corrupción ha permitido que Castedo haya marcado su propia agenda”. Así se ha pronunciado el dirigente socialista después de conocer que la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, doblemente imputada en el caso Brugal en las piezas del PGOU y Plan Rabasa, ha dejado su cargo.

EU también se congratula de la renuncia de Castedo. “Ha dimitido cuando a ella le ha dado la gana, tal y como hizo cuando dimitió de diputada en Las Cortes Valencianas, cuando le vino bien para su proceso judicial, para retrasarlo. Sonia Castedo ha concebido el cargo de alcaldesa como si fuera de su propiedad y es una vergüenza que hayamos tenido que suportar esto durante tanto tiempo los alicantinos”, asegura la diputada Esther López Barceló.

Alicante, con los mismos problemas

El candidato a la alcaldía de Alicante por el PSPV, Gabriel Echávarri, afirma que “la ciudad está paralizada y en la ruina” y, en cualquier caso, añade, no va a cambiar nada hasta el 15 de mayo, porque “Castedo era la cara de un proyecto político” y el resto de los concejales “que le han estado riendo las gracias”, siguen en sus asientos.

Desde Esquerra Unida, su portavoz, Miguel Ángel Pavón, asegura que la dimisión “llega tarde y mal”, al utilizar las redes sociales en vez de haber dimitido, ayer, ante el Pleno. El daño que ha hecho a la ciudad, dice Pavón, “va a ser difícil de reparar”, ya que el legado que ha dejado, continua el edil, ha sido “una ciudad arruinada, rescatada e hipotecada hasta 2022”. Desde la formación, se sienten especialmente satisfechos, ya que, explican, “la segunda imputación se debe a la denuncia realizada por EU, que reactivó la pieza de Rabasa”. Desde UPYD, Fernando Llopis teme que el nombre de Alicante siga estando asociado a la corrupción ya que, afirma, “han tenido que ir hasta el número 8 de la lista para escoger al futuro alcalde”.

Esquerra Unida denuncia que Ciudad de la Luz no tienen registro de los beneficiarios de las contrapartidas o “prebendas” de los contratos de esponsorización deportiva firmados entre el complejo cinematográfico, el Hércules y el Elche en 2005 y que supuso más de un millón de euros a las arca públicas.

Se trata, tal y como figura en los documentos, de 20 equipamientos oficiales -camiseta, pantalón y medias-, que cada uno de los equipos tenía la obligación de dar a Cuidad de la Luz, a principio de cada temporada y durante el tiempo que durara el contrato. Además, según figura en las cláusulas, ambos equipos estaban obligados a dar a los Estudios, para todos y cada uno de los partidos: 4 entradas para el Palco VIP; 20 de Tribuna y otras 20 ubicadas en cualquier otro lugar del campo en función de la disponibilidad. En el caso de partidos amistosos, el Complejo podría contar hasta con 150 entradas en Tribuna y zonas preferentes. El contrato especificaba, además, que Ciudad de la Luz podía ceder las entradas a terceros. Por último, los equipos estaban obligados a ceder a Ciudad de la Luz, para su venta, “camisetas y demás equipamiento…”.

López Barceló acusa a Catalá de “mentir” para ocultar el “total descontrol de la gestión popular durante estos años. Tal y como han reconocido desde el propio complejo, la información solicitada no figura en los documentos ofrecidos por Catalá: del 13.339 a 13.346 (R.E. 91.498 a 91.505), referidos a las memorias de patrocinio correspondientes a los contratos firmados con el Elche y Hércules por un importe cada uno de ellos de 522.000 euros IVA incluido.

La diputada Esther López Barceló afirma que la documentación puesta a su disposición por orden de la consellera de Educación, María José Catalá, “no corresponde” a la información solicitada sobre los contratos “desclasificados” por la formación. Asegura la diputada, “que no saben o no quieren dar a conocer quién recibió las entradas y los equipajes”; si se vendió o no equipamiento deportivo. En definitiva, asevera López Barceló, “regalos” que se derivan “de la financiación con dinero público, dinero de todos los valencianos, de clubes privados como el Hércules y el Elche”.

El Titular de Instrucción número 6 de Alicante, Juan Carlos Cerón, cita a declarar como imputada a Sonia Castedo, el 16 de enero a las Diez de la mañana, por favorecer presuntamente al promotor Enrique Ortiz en el llamado Caso Rabasa. Un macro proyecto urbanístico que contemplaba inicialmente la construcción de 13.000 viviendas en 4,2 millones de metros cuadrados, además de una tienda de la multinacional Ikea. Un proyecto que muta al calor de la propia matriz sueca, en un macrocentro comercial de 400.000 metros cuadrados, después de que el Plan Especial fuera tumbado hasta en tres ocasiones por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, y cuya tramitación a través de una Acción Territorial Estratégica (ATE), está pendiente de recibir el visto bueno del Consell.

Se trata de una declaración prevista inicialmente para el 27 de noviembre, que el magistrado que instruye la denuncia realizada por Izquierda Unida, acordó retrasar hasta decidir sobre la petición de nulidad de las actuaciones presentada, entre otras, por la defensa del empresario alicantino.

Juan Carlos Cerón decidió la actuaciones el pasado 17 de septiembre, tras conocer el informe policial elaborado por la brigada de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), en el que se apuntaba una actividad “delictiva sostenida” por la alcaldesa de alicante, Sonia Castedo, y el exalcalde, Díaz Alperi, en favor de los intereses del adjudicatario: el promotor Enrique Ortiz. Maniobraron, según el documento, en colaboración y connivencia con el gerente de Urbanismo, Enrique Sanus y la jefa jurídica del área, Isabel Campos, para la aprobación del plan Rabasa y la implantación en estos terrenos de la multinacional sueca, Ikea.

Además, han sido imputados un total de ocho personas entre las que destacan la secretaria autonómica de Urbanismo María Ángeles Ureña, el exdirector de la Unidad de Carreteras en Alicante, Enrique Peiró, y el exdirector general de Carreteras, Francisco Javier Criado.

En 2012, Sonia Castedo todavía aforada, declaró en el TSJ por su imputación en la pieza separada del Caso Brugal, por el presunto amaño del Plan General de Alicante, también en beneficio del promotor Enrique Ortiz. Acumula los delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho.

“Sí Castedo no dimite, la alcaldía de Alicante se sentará en el banquillo”

El Ayuntamiento de Alicante vive una “situación insostenible”, según los grupos de la oposición que califican de “intolerable” que Sonia Castedo acuda a declarar manteniendo su cargo de alcaldesa. Desde Esquerra Unida, su portavoz, Miguel Ángel Pavón, afirma que “de no dimitir será la alcaldía de Alicante la que se siente en el banquillo”. Desde UPYD, Fernando Llopis, afirma que es “una vergüenza” que en Valencia “vendan videos de regeneración” cuando permiten la situación de Sonia Castedo en Alicante. Responsabiliza, Llopis de la situación, no solo a Castedo, sino también a los ediles de su grupo “que, como hoy, la mantienen pleno tras pleno, en su cargo”, ha concluido.

El último pleno del año sin respuestas

“Le responderé por escrito”. Esa es la respuesta que la alcaldesa, Castedo, ha dado a Esquerra Unida, después de que el portavoz de la formación le preguntara, en el último pleno municipal de 2014, cuándo iba a dimitir a propósito de su doble imputación en los casos que investigan presuntas irregularidades urbanísticas en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante y en el Plan Rabasa.

Tampoco ha contestado el concejal de Atención Urbana, Andrés Llorens, que también ha sido preguntado, en este caso por el edil socialista, Gabriel Moreno, sobre su dimisión, después de que se haya fijado fecha para el juicio oral por la presunta adjudicación irregular de las obras en la plaza Magallanes. Le vicealcalde, le ha remitido al primer pleno de 2015. La alcaldesa tiene 30 días para contestar por escrito y en caso contrario deberá contestar a Miguel Ángel Pavón de viva voz, también, en el pleno de enero.

Además, la mayoría absoluta del PP ha impedido debatir la moción presentada por UPYD, por vía de urgencia, para modificar el reglamento del pleno con el objetivo de impedir que un imputado por corrupción pueda presidir las sesiones plenarias cuando no esté presente la alcaldesa. Llopis habla de regeneración y transparencia “de pacotilla”.

Al grito de “estafa”, medio centenar de miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Alicante y de Stop Desahucios registran peticiones individuales en la Subdelegación del Gobierno de Alicante, para solicitar la ampliación de la moratoria del decreto de 2012, que ha finalizado en noviembre y de la Ley de medidas de protección urgentes a deudores hipotecarios de 2013, que finaliza en mayo.En el documento solicitan, además,la comparecencia de Rajoy para que abandone “de inmediato” el Gobierno si no hay un compromiso de “cambio radical y urgente de sus políticas”.

La iniciativa forma parte de la campaña convocada por la PAH para proteger a aquellas familias que por su especial vulnerabilidad se han acogido a la moratoria, después de que se haya subastado la vivienda, lo que les ha permitido permanecer en ella.

Elisa, miembro de la PAH de Alicante, denuncia que los bancos ya están reanudando loslanzamientos de familias excluidas socialmente, sin ingresos y con niños pequeños. Considera la activista, que las medidas puestas en marcha por el Gobierno de Rajoy son un “parche”. Exigimos, añade Elisa, “ni más ni menos”, que “el cumplimiento la Constitución y el respeto a los tratados universales de Derechos Humanos”.

La Plataforma elabora en estos momentos un censo, por lo que todavía no se conoce, explican, el número de personas que podrían verse en la calle por el fin de estos dos años de moratoria.

La moratoria, según la Ley, iba dirigida a familias en proceso de ejecución hipotecaria y con una situación de especial vulnerabilidad como ser familia numerosa o monoparental con dos hijos.Entre los requisitos también se incluye, la existencia de un menor de tres años; ser víctima de violencia de género, sufrir una discapacidad superior al 33% y no contar con ninguna prestación o ingresos.

La concejal socialista Ana Paula Cid no se retracta en el acto de conciliación y el candidato socialista a la alcaldía, Gabriel Echavárri, estudia mantener la querella y la petición de 18.000 mil euros por vulneración del derecho al honor

Ana Paula Cid acusó a Echávarri en faceboock de ser “cómplice de corruptos”, tras la petición de baja voluntaria del histórico exsenador

Ángel Franco, por su relación con el Caso Rabasa

La concejal socialista reitera en sede judicial que las declaraciones “entran dentro del debate político” y fueron pronunciadas a raíz de la información publicada por los medios sobre la presunta connivencia entre el ex senador socialista, Ángel Franco y el empresario Enrique Ortiz. El informe policial del Caso Rabasa, le sitúa como “conseguidor” del promotor, imputado junto a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, por los supuestos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

Un nuevo capítulo que ahonda más, si cabe, en la ruptura de los socialistas alicantinos, que bajo una pancarta “Echávarri el honor no se compra con dinero” han apoyado a edil. Asegura Cid que Echávarri con su actitud ha convertido la agrupación de Alicante en una secta. Critica, además, el apoyo del secretario general, Ximo Puix y le advierten de que en Alicante se está gestando una rebelión ética y democrática.

La exportavoz municipal y concejal, Elena Martín, acusa al actual secretario de la Ejecutiva Local de inacción ante las reiteradas denuncias realizadas. Asegura que el partido está secuestrado por la derecha “más rancia y casposa” y hasta que no se libere el partido socialista, dice Martín “no hay fututo para la ciudad”

Dos años de denuncia

Ana Paula Cid recuerda que hace dos años un grupo de militante ya solicitó por escrito la apertura de un expediente de investigación sobre la relación entre el exsenador Ángel Franco y el empresario enrique Ortiz, que figura en las conversaciones policiales de la instrucción de la pieza separada del Caso Brugal, en el que se investiga la presunta tramitación irregular del Pan general de Ordenación Urbana de Alicante en favor del empresario enrique Ortiz y ahora en Caso Rabasa.

Las críticas públicas y discrepancias en el seno del grupo municipal socialista y la dirección local del PSPV, en cuestiones relacionadas con la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante o la ubicación del centro comercial Ikea en suelo Rabasa, por citar alguna de ellas, ha llevado a tres suspensiones de militancia incluida la de Cid y más de una docena de expedientes disciplinarios a los cinco ediles díscolos.

El juzgado de instrucción número 4 de Alicante, abre juicio oral contra el vicealcalde y concejal Atención Urbana, Andrés Llorens, por presuntas irregularidades en la adjudicación de la plaza Magallanes. Las obras fueron adjudicadas en junio de 2009, pese que finalizaron el 17 de marzo y fueron inauguradas el 11 de mayo del mismo año.

La mano derecha de Sonia Castedo en el Ayuntamiento, niega que vaya a dimitir y se queja de la dilación del proceso y del juicio mediático al que ha estado sometido que, asegura a eldiariocv.es, “me ha perjudicado personal y políticamente”. Se muestra relativamente satisfecho ante la apertura de juicio oral, ya que “podré”, ha dicho, “demostrar mi inocencia” y “espero que sea cuanto antes”. Defiende la  “línea roja” de Fabra, a lo que a renglón seguido ha explicado que, su caso no es de corrupción, es “una causa administrativa”. “No se benefició a terceros y se hizo pensando en los vecinos de la Florida” y así, dice, “lo han declarado ante la jueza”. ha concluido.

El fiscal Anticorrupción, Felipe Briones sostiene que Llorens falsificó un acta de replanteo firmada el 16 de julio de 2009. Junto al vicealcalde se sentarán en el banquillo tres técnicos de Atención Urbana que supuestamente colaboraron en el procedimiento. Uno de ellos es Víctor López, jefe técnico en esa época y para quien el fiscal reclama, además de la inhabilitación, una pena de tres años de cárcel. Para los otros dos funcionarios y el entonces responsable de la mercantil adjudicataria de las obras, Coinger, la petición es de tres años y medio de inhabilitación. El escrito apunta que los técnicos emitieron presuntamente “informes falseados” con el objetivo de “encubrir” los trabajos que ya “se habían adjudicado y realizado, total y absolutamente, al margen de cualquier procedimiento legal”.

La acusación particular, que ejerce la ex portavoz del municipal socialista, Carmen Sánchez Brufal, reclama cuatro años, seis meses y un día de cárcel, once años de inhabilitación y una multa de 5.400 euros por los mismos delitos. Las defensas tienen diez días para elaboras las conclusiones provisionales.

Una concejalía bajo sospecha

El concejal socialista, Gabriel Moreno afirma que con la apertura de juicio oral se han saltado todas las “líneas rojas” de Fabra. Pide al edil que dimita y recuerda que su concejalía cuenta con varias investigaciones abiertas por presuntas adjudicaciones irregulares de obras del Plan E. El Grupo municipal ha presentado por urgencia un ruego para pedir la dimisión de Llorens en el pleno del día 22. Además, anuncia, para enero, una moción para apartar de sus funciones a los ediles imputados e impedir que manejen dinero público hasta que se aclare su situación.                                               Desde Esquerra Unida, su portavoz, Miguel Ángel Pavón pide a Llorens que “se vaya a su casa”. Afirma el edil, que todo lo que no sea su dimisión, “su marcha del Ayuntamiento”, será “asociar la imagen de Alicante y los alicantinos a la corrupción”. Fernando Llopis de UPYD, califica de “insostenible” la situación de Llorens, ya que su área es una de las que “más sospechas genera”, al ser la responsable de la adjudicación de las mayores contratas municipales a Enrique Ortiz.