A menudo se marca la aparición del documental “Una verdad incómoda” como un punto de inflexión en la concienciación social sobre el cambio climático; sin embargo hoy día ya no podemos mirar al problema como lo hacíamos entonces. Ni siquiera como lo hacíamos hace una década. Según la NASA reveló hace apenas un mes, la magnitud del problema se ha acelerado por encima de lo esperado: la cantidad de calor que atrapa la Tierra procedente del Sol se ha duplicado en apenas 15 años, desde 2005. 

Con las catástrofes meteorológicas en Europa o Norteamérica, estos días se tiene más claro que nunca algo que en el Sur Global saben desde hace mucho: el cambio climático no va (sólo) de osos polares sino de vidas humanas. Decenas de muertos y desaparecidos bajo las aguas o entre las llamas lo atestiguan. Un estudio reciente indica que el 10% de las muertes globales se deben hoy a episodios de temperaturas extremas que en Europa golpean especialmente a nuestro país. Con este telón de fondo, las medidas anunciadas por Bruselas a mediados de este mes se interpretan como claramente insuficientes.

La Organización Meteorológica Mundial afirma que desde el año de la firma del Acuerdo de París hemos vivido el quinquenio (2015-2019) más cálido desde que existen registros. La nueva normalidad no es ya una foto fija, sino algo en continua redefinición, mutando a una velocidad que asusta a los científicos. De ahí que las ambiciosas propuestas políticas no sean por tanto necesariamente suficientes para el desafío que tenemos por delante.

¿Qué ha anunciado Bruselas?

La Comisión Europea acaba de lanzar el paquete legislativo más importante de toda la historia de la Unión en materia de clima y energía -el llamado paquete “Fit for 55”-. Y sin embargo, es insuficiente y no está a la altura del reto, porque este se va haciendo cada vez más inasible. Estas medidas se han propuesto como consecuencia del nuevo objetivo climático para 2030 que la Unión Europea (UE) adoptó a finales de 2020 y que finalmente se ha consolidado en la Ley Climática Europea en junio pasado, comprometiéndose a reducir la emisión de gases de efecto invernadero en al menos un 55% de forma neta -es decir, permitiendo contabilizar hasta cierto punto los sumideros, aunque de forma limitada-. Este nuevo objetivo le obliga a reformar toda la legislación en materia de clima y energía adaptada a ese “al menos 55%”. Ese “al menos” no es inocuo y costó mucha negociación en su día. Quiere decir que el 55% es el nivel mínimo de ambición de esta reforma legislativa, que podría y debería aspirar a más.

Lo que se necesita está muy claro: según la ciencia y según el Acuerdo de París, este paquete legislativo (como cualquier otra medida que se apruebe) tiene que estar en línea con el objetivo de 1,5ºC. Superar este aumento de temperatura media a final de siglo en el planeta condenaría a la muerte a una cantidad ingente de personas y supondría la destrucción de muchos ecosistemas. Para ello la UE debe comprometerse a reducir sus emisiones en al menos un 65% y así contribuir de forma justa y acorde a sus responsabilidad en la generación de este problema con repercusiones globales.

Sin embargo, a pesar de aumentar algo la ambición respecto al 55%, las medidas anunciadas no llegan a ese nivel necesario, y se quedan en torno a un 57-59% de reducciones. Y eso contando el potencial de emisiones a capturar por sumideros como los bosques (emisiones netas), algo truculento y rechazable, pues la retirada de carbono de la atmósfera por nuestros árboles o humedales debería de ser algo adicional y no una compensación por la falta de acción real en la reducción de emisiones. Si no contamos los sumideros, el nivel real de reducción de emisiones prometido es incluso inferior al 55%. 

Las distintas medidas legislativas 

Aunque hay más medidas legislativas planteadas (como un mecanismo para el ajuste de carbono en frontera, la revisión de la directiva sobre la fiscalidad de la energía, nuevos estándares de emisión para vehículos,...) y otras que están por venir (como la directiva de edificios o un paquete sobre el gas), a continuación señalamos algunos de los principales elementos que nos permiten hablar de una ambición insuficiente.

Las renovables: La Comisión propone que el 40% de la energía final usada en 2030 sea de origen renovable, muy lejos del 50% necesario. Este objetivo tan poco ambicioso no se entiende, teniendo en cuenta que las tecnologías para la generación de energía renovable están desarrolladas, disponibles y son viables. Además, la Comisión falla a la hora de no reintroducir objetivos obligatorios por países, algo que podría retrasar la transición energética en muchos de ellos que confiarían en los esfuerzos de los países más avanzados para el cumplimiento del objetivo comunitario.

Eficiencia energética: de forma positiva, la propuesta contempla aumentar el objetivo de eficiencia energética a un 36% para el consumo de energía final y a un 39% para el consumo de energía primaria para 2030. Además se establecen interesantes obligaciones de reducción de la demanda energética para el sector público. Sin embargo, aunque el objetivo será vinculante para UE, se queda lejos del 45% necesario y seguirá sin haber objetivos vinculantes a nivel estatal, lo que significa dejar pasar una oportunidad para implicar a los Estados miembro de forma mucho más efectiva en la aplicación del principio “eficiencia primero”.

Los sumideros: La propuesta de nuevo reglamento del Uso del Suelo, Cambio del Uso del Suelo, y Silvicultura -que tiene como objetivo abordar los flujos de carbono en los bosques y los suelos de la UE-, plantea aumentar la capacidad de estos sumideros para que capturen más CO2 de la atmósfera. Sin embargo, la propuesta se queda lejos del potencial de captura derivado de un plan ambicioso de conservación de la biodiversidad. La protección de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático pueden beneficiarse de forma sinérgica, pero las emisiones “ahorradas” por los bosques nunca deben ser contabilizadas como parte del objetivo de reducción de la UE, sino que deben ser beneficios a mayores.

Sectores difusos: El objetivo de reducción propuesto para los sectores no incluidos en el sistema de comercio de emisiones, es decir, la agricultura, el transporte por carretera, los edificios, o los residuos es del 40% para 2030. Supone un aumento frente al 30% vigente, y mantiene la responsabilidad de la acción en los Estados miembro, con objetivos de reducción obligatorios por países (un 37,7% para España). Sin embargo el objetivo global se queda lejos del 50% necesario, y además se introducen una serie de flexibilidades y lagunas que debilitan la fortaleza del objetivo.

Régimen de comercio de derechos de emisión (ETS, por sus siglas en inglés): El nuevo objetivo pretende reducir las emisiones de los sectores bajo este régimen (hasta ahora generación eléctrica, industria, y aviación) en un 61% para 2030, lejos del 70% necesario. Una novedad positiva es que las emisiones del sector marítimo, que estaban sin regular, se incluyen ahora en el sistema (incorporando hasta cierto punto también la navegación internacional), pero las emisiones del transporte aéreo internacional seguirán regidas por el ineficiente sistema CORSIA. Y algo que clama al cielo: la industria seguirá recibiendo permisos de emisión gratuitos, lo que resulta totalmente inaceptable cuando llevan ya más de 15 años haciéndolo.

Además, la Comisión plantea un nuevo sistema (ETS2) para los sectores residencial y de transporte por carretera a partir de 2026, con un objetivo de reducción del 43%. Los proveedores de carburantes para estos sectores tendrían que comprar derechos de emisión, lo que repercutirá en los precios en los carburantes, con riesgos de impactar de forma significativa a aquellas familias más vulnerables que ya sufren pérdida de poder adquisitivo, lo que puede derivar en graves tensiones sociales como la vivida con los chalecos amarillos en Francia. 

Fondo Social Climático: La Comisión plantea la creación de un Fondo Social Climático para paliar parcialmente los efectos, dotado con 72 mil millones de € para el periodo 2025-2032, del que a España le correspondería poco más del 10%. Para aplicar a estos fondos los Estados miembros tendrían que presentar planes climáticos sociales, que tendrían que co-financiar al 50%, donde debe detallar cómo pretender beneficiar a hogares y usuarios de transporte en situación de vulnerabilidad, así como a PYMES vulnerables con menos de diez empleados, entre otros.

Sin embargo no está claro que este fondo social vaya a solucionar la magnitud del problema ni a asegurar que llega a quien lo necesita: una transición ecosocial justa requerirá de mucha mayor redistribución de los costes, donde los grandes contaminadores se hagan cargo de lo que les toca según el principio de “quien contamina paga”. Además, será vital  un apoyo decidido para las capas sociales más vulnerables, así como una gobernanza más inclusiva y participativa a nivel local, regional, estatal y de la UE. El hecho de que grandes actores económicos sigan sacando beneficio de forma gratuita mientras que el consumidor final se hace cargo del aumento de la factura es simplemente inaceptable. 

Necesitamos más: una oportunidad para el Parlamento Europeo y el Consejo

Retrasar la acción climática sólo empeorará la situación para todo el mundo, pero especialmente para aquellas personas más vulnerables y para las que menos han contribuido a generar el problema. Quedarse cortos hoy no sólo significa aumentar el costo de la acción mañana de manera exponencial, sino quizás perder la última ocasión para evitar terribles consecuencias en términos de justicia intergeneracional. Por ello, la ciudadanía europea debe tomar conciencia del momento histórico en que nos encontramos y presionar al Parlamento Europeo y a los diferentes Estados miembro para conseguir, en los próximos meses, alinear este paquete legislativo con el objetivo de 1,5ºC.

Las cumbres del clima representan el ejercicio más sangrante de procrastinación de la historia de la humanidad. El historial de negociaciones climáticas es un historial de fracasos y la COP25 de Madrid no ha sido una excepción. El mandato científico que establece que, para contener a final de siglo el aumento de temperatura por debajo de 1,5ºC, hay que dejar los combustibles fósiles sin extraer, ha sido nuevamente ignorado. Los países han evitado una vez más garantizar que las contribuciones a la reducción de emisiones estén alineadas con lo que la ciencia marca como necesario.

En Madrid se ha constatado una contradicción fundamental que se arrastra desde el Acuerdo de París: la imposibilidad de hacer una cosa y la contraria a un mismo tiempo. Los objetivos de temperatura de dicho acuerdo son lo único que se ajusta a la ciencia: hacer esfuerzos para contener la temperatura por debajo del grado y medio, como se establece en el texto, establece un umbral de seguridad que evita la muerte de miles de personas, especies y ecosistemas. Pero ese reto implica de forma directa dejar la mayor parte del carbón, gas y petróleo en el subsuelo para siempre. Y justo es en ese punto donde los países, especialmente los más contaminadores, empiezan en seguida a mirar para otro lado y a silbar con las manos en los bolsillos.

¿Qué debíamos esperar de la COP25?

Con el mandato científico en la mano, lo lógico que tendría que haber salido de la COP25 sería un acuerdo que incluyera al menos, como primeras medidas, el final de los subsidios a las empresas de combustibles fósiles por parte de los gobiernos (en torno a 5 billones de dólares anuales, según el FMI), una moratoria a la búsqueda de nuevas reservas, y un plan internacional integral y gradual de reducción de la extracción de las reservas ya conocidas y probadas.

Además se hubiera necesitado un programa de medidas no basadas en el mercado que revertieran todos los incentivos de los sectores generadores de emisiones de gases de efecto invernadero, tanto en el plano de la producción como en el del consumo, hacia otros sectores como la generación de energía renovable descentralizada y basada en el autoconsumo, los proyectos agroecológicos, o los planes de transporte público, por poner algunos ejemplos.

Se hubiera necesitado también una transferencia masiva de dinero y tecnología desde los países contaminadores hacia los países del Sur global, que permitieran el desarrollo de economías bajas en carbono, unos planes de adaptación a la altura del reto, y una provisión suficiente e independiente para hacer frente a los efectos del cambio climático que ya se están produciendo y a los que no es posible ya adaptarse (lo que en la jerga de NNUU se conoce como “pérdidas y daños”). Además se necesitaban salvaguardas para evitar que esta inyección de dinero acabe siendo generadora de deuda, convirtiéndose en un trampa macabra: es una obligación moral e histórica basándose en la distribución justa de la responsabilidad en la generación del problema.

Todas estas medidas debían estar además atravesadas por la estricta observación de los derechos humanos, la justicia de género, y el reconocimiento de que los pueblos originarios son los verdaderos guardianes de la vida en los espacios más biodiversos del planeta. Traer todas estas soluciones encima de la mesa implicaba poner en el centro la justicia climática, que no es otra cosa que visibilizar la dimensión ética y política del calentamiento global, evitando disociar el cambio climático de la justicia social.

¿Qué ha ocurrido, en cambio?

Nada de esto ha ocurrido. Las aportaciones económicas y los mecanismos para hacerlas efectivas no se han garantizado. Las partes del convenio han fracasado también a la hora de garantizar que las promesas de reducción estén alineadas con la ciencia. Los pueblos originarios y sus soluciones no basadas en el mercado han vuelto a quedar relegados a una colorida foto que aportaba una diversidad solo aparente de cara a la galería.

Los países han dedicado interminables sesiones a debatir sobre si evitar o no la posibilidad de hacer trampas en los mercados de carbono y los mecanismos de desarrollo limpio para, al final, no llegar a ningún acuerdo. En cualquier caso ignorando que los mecanismos basado en el mercado, no son la solución. Aparte de generar dobles contabilidades, estos mecanismos retrasan las reducciones de emisiones necesarias, mercantilizan el clima, abren la puerta de la especulación financiera sobre ecosistemas que juegan un papel fundamental en el mantenimiento de la vida, y sobre todo trasladan el foco de la responsabilidad a las comunidades del Sur que no han generado el problema, permitiendo a los sectores contaminantes (grandes transnacionales, empresas de combustibles fósiles, sector de la aviación y del comercio marítimo internacional,…) seguir contaminando.

Una perpetua contradicción

Las medidas basadas en el mercado son la única y estrecha ventana por la que el sistema económico puede mirar al horizonte para autoconvencerse de que puede cumplir con los objetivos de temperatura del Acuerdo de París sin inmolarse. Pero este pensamiento mágico choca frontalmente con la realidad, que es tozuda. El cambio climático y el resto de manifestaciones de la crisis ecológica, es decir, del hecho de estar chocando con los límites del planeta, son el resultado lógico de un sistema económico que se basa en la acumulación y el crecimiento ilimitado.

Las protestas de Chile que provocaron el traslado de la COP25, reprimidas duramente por el gobierno de Piñera con un saldo oficial de 23 muertos más y 200 ojos menos, no son una mera coyuntura. Las protestas en el país andino contra el sistema de pensiones, un sistema de salud privatizado, el elevado endeudamiento juvenil, o el encarecimiento de servicios básicos como el transporte, son manifestaciones de la crisis de un sistema neoliberal que es el mismo que genera la crisis ecológica y climática. El mismo sistema que ha esquilmado los recursos minerales a lo largo de décadas de extractivismo. El mismo sistema que expolia las reservas de agua para dar gusto a nuestras modas culinarias como el aguacate y que ha llevado al extremo de que en las regiones de los ríos y los lagos de Chile ahora hay épocas del año en que necesitan abastecer a la población con camiones cisterna. Y el mismo sistema neoliberal que ha violentado sistemáticamente a los pueblos originarios para dar cabida a los intereses de empresas transnacionales del norte global.

El bloqueo continuo por parte de grandes contaminadores como EEUU, Brasil, China o Arabia Saudí ha sido absolutamente desesperanzador. Demuestra un proteccionismo de los intereses fósiles sin paliativos, algo que de alguna forma impregna al espacio de Naciones Unidas en general. Es sintomático que mientras que 300 delegados de la sociedad civil, con los pueblos indígenas a la cabeza, fueron expulsados el miércoles de la COP cuando protestaban por el lento avance de las negociaciones, las empresas contaminadoras sean siempre bienvenidas, no se les expulse y se les permita una labor de lavado verde intolerable. Es como si a las empresas tabacaleras se les permitieran no solo hacer publicidad en un congreso de la Organización Mundial de la Salud, sino opinar e influir directamente en las políticas de salud pública.

Si para algo ha servido esta COP25 es para visibilizar la gran y creciente brecha entre las decisiones políticas y las demandas de la calle. Los gobiernos siguen pisando el acelerador en esta (ya) larga huida hacia adelante. Suben las emisiones de forma imparable. Pero también sube el cabreo y la reacción social. El nivel de movilización en las calles es aún insuficiente, pero es indudable que se encuentra en claro aumento. Y a medida que siga creciendo, a los gobiernos les resultará más difícil ignorarlo. Tienen que sentir el aliento en la nunca para que se vean obligados a enfrentarse al poder económico, que va a hacer todo lo posible por mantener sus privilegios. Cada día que no avancemos en esta dirección, se traduce en vidas perdidas.

El 8 de octubre se cumple un año desde que el Grupo de expertos para el cambio climático (IPCC, por sus siglas en inglés) emitiera su informe especial 1,5ºC. En el informe advertía que no sobrepasar ese aumento de temperatura a final de siglo implicaba reducciones de emisiones profundas, y cambios de gran calado, de largo alcance, y urgentes en todas las esferas de la sociedad. Ha transcurrido un año y los cambios no asoman, mientras la clase política sigue en la parra, enzarzada en sus disputas.

El día anterior de este primer aniversario de inacción política en torno a esta advertencia, la sociedad española está convocada a una acción, centralizada en Madrid, de desobediencia civil no violenta. 2020 Rebelión por el clima y Extinction Rebellion son las dos plataformas que hacen el llamamiento. Las personas que quieran participar tienen que registrarse en un formulario; es decir, la acción requiere un esfuerzo deliberado y una intencionalidad expresa de participar, y conlleva posibles implicaciones legales para las personas participantes. Aún así, eso no está arredrando a mucha gente, que se está apuntando dispuesta a dar ese paso.

Desde el Acuerdo de París, tras el que los gobiernos hicieron unas promesas (de cumplimiento voluntario) sobradamente insuficientes para contener la temperatura siquiera por debajo de 2ºC, floreció en el movimiento climático el concepto de las “líneas rojas”, una especie de hasta aquí hemos llegado, que pretendía visibilizar la determinación social de plantarse y no permitir que los políticos siguieran toreando la situación climática. A partir de entonces hemos asistido a un escalado en las tácticas de lucha, que han ido adentrándose en el terreno de la desobediencia.

Miles de personas convocadas por Ende Gelände han bloqueado ya en estos últimos años en varias ocasiones minas de carbón y centrales térmicas para detener la producción fósil, en línea con lo que exige el mandato científico. Lo han hecho en masa, de forma pacífica e interponiéndose ante las máquinas, en la determinación de bloquear decididamente con sus cuerpos sobre el terreno las emisiones que los políticos no se atreven a afrontar en las salas de negociación. Y en estos últimos ha proliferado la celebración de campamentos climáticos que habitualmente culminan con una acción de desobediencia contra la industria de los combustibles fósiles.

En el último año la reacción social se está precipitando. Greta Thunberg , encendió un movimiento generacional con su pequeña acción cotidiana y solitaria de desobediencia, consistente en no ir a clase los viernes. Por cierto, en vista de las reacciones aviesas que está generando por parte de la caverna mediática y política, se le podría aplicar la frase quijotesca de “ladran, luego cabalgamos”.

En otoño de 2018, el movimiento Extinction Rebellion surgió en Reino Unido como de la nada, invocando a miles de personas a tomar las calles londinenses para bloquear todos los puentes de entrada a la ciudad, llamadas a interrumpir el sistema. Fue todo un éxito de movilización.

Desde hace meses la plataforma europea #By2020WeRiseUp, en el Estado español conformada en torno al nombre #2020RebeliónPorElClima prepara diversas olas de acción, priorizando la desobediencia civil entre sus tácticas. Desde el 27 de septiembre y hasta mediados de octubre están convocadas acciones por toda Europa. La plataforma pretende ser un movimiento de movimientos, muy diversos, que incluya a ecologistas, feministas, sindicatos, movimientos antifascistas y antirracistas... que actuando bajo el paraguas de la justicia climática promueva la lucha contra un sistema que oprime por igual a la naturaleza y a las personas. La plataforma ha anunciado al menos otras dos olas de acción para 2020.

El escalado en las tácticas es de alguna forma algo consecuente con dos elementos:

El miedo ante lo que viene. Esto es algo que se refleja en varios lemas de las manifestaciones de Fridays for Future. Sobre todo la gente más joven está entendiendo la disfuncionalidad de estarse preparando para un mundo que no va a existir tal y como se lo están contando.

El hartazgo ante la inacción política. Durante mucho tiempo mucha gente ha estado convencida de que el problema climático y ecológico estaba siendo afrontado y “solucionado” en las salas de negociación, pero empieza a sospechar o incluso a darse cuenta de que no era así.

Una razón poderosa para este cambio tácticas es la constatación de que las formas tradicionales de lucha, basadas en manifestaciones, peticiones, trabajo de incidencia política y negociación, etc., no parecen estar produciendo los resultados que se necesitan con la urgencia que se necesitan. El IPCC en su informe dejaba entrever que tenemos apenas una década para acometer esos cambios profundos. Y mientras las manifestaciones y peticiones siguen siendo necesarias, existe la sensación de que hay que hacer “algo más” para forzar una reacción, porque si no lo hacemos ahora, luego será tarde. Los movimientos de desobediencia civil han logrado cambios importantes en la historia. Y aunque ahora son vistos retrospectivamente con un amplio consenso de aprobación social, en su día se situaron lógicamente fuera de la legalidad.

Thoreau hablaba del deber de la desobediencia. La pregunta en la actual coyuntura sería: ¿no exige la crisis climática aquella obligación moral de desobedecer ante las injusticias a la que apelaba Thoreau? Porque de hecho se trata también en este caso de un asunto de justicia: la justicia climática. En el relato del cambio climático hay culpables y victimas, y en el de sus soluciones también hay quien gana y quien pierde.

El “solucionismo mainstream” impulsado desde las economías ricas, basado en la eficiencia, la tecnología y los instrumentos de mercado, no solo ha ignorado los derechos humanos y la equidad, discriminando a las personas que son las menos responsables y a la vez las que más sufren los efectos del cambio climático, sino que a menudo las ha perjudicado aún más con sus falsas soluciones, que por ende no han solucionado nada. Biocombustibles, compensaciones de carbono y biodiversidad, geoningeniería… Decisiones, proyectos y políticas, que expulsan comunidades y agravan el problema, aunque maquillan las cuentas climáticas y permiten huir hacia adelante con un modelo económico que acapara todas las esferas de la vida ignorando los límites terrestres.

Por eso es esperanzador que entre tanto ruido generado el elemento de la justicia climática se sitúe el centro de las reivindicaciones. Lo está en las terribles diatribas que Greta lanza los líderes mundiales, a cuya cara les vuelve a recordar además que es imposible el crecimiento infinito en un planeta finito, y lo está en el llamamiento de #2020RebeliónPorElClima. La transición ecológica no solo no será un cuento de hadas de renovables y coches eléctricos sino que además corre el peligro de ser tremendamente injusta para las comunidades del Sur y para las capas más pobres de las sociedades en general. En un mundo de disponibilidad menguante de recursos y energía, con los sumideros de contaminación ya saturados, es importante tener claro que la escasez habrá que repartirla con criterios de justicia social y bien común.

El nuevo gobierno de Pedro Sánchez ha entrado fuerte en la dialéctica de la transición ecológica, para empezar poniéndole ese nombre nada menos que a un ministerio. Que la ministra de Medio Ambiente sea la también la Ministra de Energía puede verse a priori como una buena noticia o como una mala noticia. La experiencia en España hace temblar a los que saben que cuando el medio ambiente ha ido acompañado de otra cartera, por lo general ha acabado subyugado a esta. La política del agua respondiendo a intereses del sector agroindustrial en detrimento de los caudales ambientales, son solo un ejemplo en ese sentido.

Sin embargo el nuevo Ministerio de Transición Ecológica suena desde luego mucho más a una oportunidad que a una amenaza. Llevamos años criticando, por ejemplo, que mientras los ministros de medio ambiente se reúnen en la cumbres de cambio climático para marear la perdiz y hacer declaraciones de buenas intenciones, sus colegas del ramo energético se quedan en casa firmando permisos de exploración y explotación de hidrocarburos y otorgando subvenciones a la industria fósil, como si las negociaciones climáticas no fueran con ellos. En nuestro país la política ambiental/climática y la política energética han sido dos realidades que no se han tocado apenas. Han vivido de espaldas y en residencias desiguales; energía en una mansión en la parte alta de un rascacielos, medio ambiente abajo en una chabola, si se me permite la expresión.

Por eso, la sola idea teórica de que ahora la política energética pudiera acabar supeditada a los dictados de la crisis climática y ecológica es algo tentador. Hablar de teoría implica que aún no hay hechos, como es lógico por el corto recorrido del nuevo gobierno. Se han producido varios anuncios, algunos de los cuales no suenan nada mal. La nueva ministra compareció recientemente ante el Congreso de los diputados y desgranó algunas de sus intenciones. Aprobar la ley de cambio climático, presentar el plan integrado de energía y clima, cerrar el carbón en 2020, acabar con el impuesto al sol, prohibir las prospecciones marinas, cerrar las nucleares al cumplir su vida útil,.... Habló incluso de poner a la ciudadanía en el centro del modelo energético y huir del actual modelo centralizado. Un modelo que ha facilitado que la política energética esté al servicio de los intereses de las grandes corporaciones, que han concentrado poder, maximizado ganancias y excluido a la población.

La debilidad del gobierno de Pedro Sánchez, con una aritmética parlamentaria complicada y una legislatura muy corta, quizás le incapacite para llevar a buen término algunos cambios de calado, pero no le impide tomar medidas inmediatas en la buena dirección. Muchas de las cosas anunciadas podrían materializarse en los próximos meses y en los próximos dias si cabe. No se puede cambiar el modelo energético de la noche a la mañana, pero si se pueden hacer gestos. Al partido socialista se le ha acusado muchas veces de basar su política más en estos gestos que en cambios estructurales aunque al mismo tiempo también se le ha reconocido que los gestos son necesarios y actúan de bálsamo tras una etapa larga de un gobierno hostil. Ciertamente muchas de las cosas anunciadas por la ministra en el Congreso podrían empezar a aterrizarse en los próximos meses, pasando así de la teoría a los hechos. Y estos cambios serían unos símbolos muy potentes para comenzar a andar la senda de esa transición ecológica.

Pues bien, el gobierno de Sánchez tiene una oportunidad de oro de empezar a cambiar las cosas en los próximos dias. El próximo dia 27 se celebra en Lisboa una minicumbre energética entre España, Francia, Protugal y la Comisión Europea para hablar de interconexiones. Si el gobierno socialista quiere pasar de la teoría a los hechos puede hacer dos cosas desde ya:

Por un lado puede rechazar el proyecto de gasoducto MidCat, que pretende duplicar la capacidad de interconexión con Francia. La Unión Europea lleva años poniendo el gas en el centro del modelo con la excusa de huir de la dependencia del gas ruso. Desde luego este argumento no se sostiene, toda vez que Alemania pretende seguir adelante con el proyecto del NordStream2, precisamente para traer más gas procedente de Rusia. Pero en cualquier caso, lo importante es que la planificación de las necesidades gasistas en la Unión Europea está corrompida de partida, dado que son las propias empresas encargadas de la construcción de las infraestructuras las que hacen una estimación de lo que se necesita, a traves del organismo ENTSO-G. Así, empresas como la española Enagás deciden cuales son las “necesidades comunes de la población” para beneficiar a su cuenta de resultados. No es de extrañar que el mencionado organismo siempre sobreestime unas proyecciones de demanda que nunca se cumplen, como se puede observar en la figura que se muestra a continuación.

En nuestro país se habla bastante del oligopolio eléctrico, pero el oligopolio gasista pasa más desapercibido. Enagás, una de las empresas con mayor número de puertas giratorias del IBEX 35, es quien está detrás del proyecto de gasoducto MidCat. También tiene una participación del 16% en el TAP, el tramo transadriático del Corredor de Gas del Sur (que pretende traer gas desde Azerbaiyán a Italia), otra de las megainfraestructuras que junto al MidCat se planean construir en Europa. El gobierno italiano ya planteó recientemente que revisará la decisión de construir dicho gasoducto por considerarlo innecesario. El gobierno español también puede y debe ahora revisar la decisión de MidCat porque al igual que el TAP, también es innecesario. Así lo evidencia un informe recientemente filtrado por el diario La Marea, que desmonta los argumentos que hasta ahora el anterior gobierno español del PP y el Comisario Miguel Arias Cañete habían esgrimido para defenderlo. Al conocerse el informe filtrado, la actual ministra de Transición Ecológica yaexpresó en  la red social twitter que “tenemos un serio problema a la hora de identificar dónde invertimos en nuestro futuro”, en relación a la falta de idoneidad de seguir realizando grandes inversiones en proyectos energéticos que nos alejan del Acuerdo de París. En la comparecencia ante el Congreso de los diputados no fue tan explícita pero pidió “cautela” para las infraestructuras de gas y “no dejarse llevar por los delirios de grandeza”. El regulador francés de la energía (CRE) ya expresó dudas respecto al gasoducto, al igual que la empresa francesa GRTgaz. España debe aprovechar este momentum.

El gas es un combustible fósil que contribuye al cambio climático. Su combustión produce CO2 y además a lo largo de la cadena de suministro se producen fugas de metano, un gas de efecto invernadero con un potencial de calentamiento 86 veces superior al del CO2 en los veinte primeros años de vida. Cada vez más investigaciones científicas demuestran que las fugas de metano no han estado bien contabilizadas y representan un problema climático mayor del que se creía. Apostar por el gas es incompatible con el Acuerdo de París. Invertir en infraestructuras que están pensadas para perdurar varias décadas es incompatible con cualquier plan de transición ecológica, que exige unos tiempos de reacción mucho más rápidos. Así lo está poniendo de manifiesto la recientemente creada red Gas no es Solución, una alianza informal de organizaciones, partidos y luchas locales surgida en el Estado español para oponerse al desarrollo del gas en diversos ámbitos.

La segunda cosa inmediata que el gobierno de Sánchez puede hacer es rechazar la interconexión eléctrica submarina que partiría del municipio vizcaíno de Gatika, algo que probablemente también esté en la agenda de la cumbre del dia 27 de julio. Apostar por un modelo descentralizado “no basado en la oferta, sino basado en la gestión de la demanda” y “con una amplia participación e implicación de la sociedad, para colocar al ciudadano en el centro del modelo”, como defendió la ministra en el Congreso, debería permitirnos avanzar hacia una menor necesidad de interconexiones energéticas.

Y si rechazamos la energía nuclear no podemos obviar que Francia es uno de los mayores productores. No necesitamos más interconexiones eléctricas; no son necesarias. Hay que desmontar la visión errónea de la península ibérica como una isla energética. El cálculo de las interconexiones en base a la potencia instalada y no a los picos máximos, sobredimensiona las infraestructuras. El seguir adelante con el proyecto de la interconexión de Gatika solo facilita la entrada de energía nuclear proveniente de Francia, ya que en un mercado común como el europeo si se produce sobreproduccion por parte de un país (Francia), otro país del mercado (España) la absorberá. Según Red Eléctrica Española (REE) -otra empresa líder en puertas giratorias- la electricidad de origen nuclear consumida en España alcanzó el 21,5% en 2017, pero la cuota nuclear en realidad asciende al 26,8% si contabilizamos las importaciones desde Francia. En definitiva a mayor número de interconexiones mayor la capacidad para transferir esa producción energética. Portugal decidió (sabiamente) en su dia no aventurarse por la senda nuclear y España parece ahora más decidida a abandonarla. Rechazar esta autopista eléctrica, en el sentido de lo demandado por la Red de Apoyo Mutuo en Respuesta a los Megaproyectos Energéticos, sería un paso coherente en esa dirección.

La repercusión de estas interconexiones sobre el precio de la energía para los usuarios no debe ignorarse. En nuestro país una de cada diez personas no pueden calentar su casa, al no poder hacer frente a los recibos de la luz y/o el gas. En principio, si Francia no siguiera adelante con su calendario de cierre nuclear, las interconexiones como la de Gatika subirían enormente el precio de la luz. Del mismo modo las infraestructuras gasistas pueden encarecer el precio final para los consumidores. El sobredimensionamiento de nuestro sistema gasista ya ha generado una deuda acumulada de 1000 millones de euros que se han revertido a la ciudadanía, como ha ocurrido también en el caso del fallido almacen de gas Castor, que ha generado una deuda ilegítma de 2400 millones de euros a pagar en 30 años. Los españoles pagamos la energía un 30% más cara que el promedio europeo. Si las razones climáticas y ambientales no bastaran, los 4,5 millones de personas en situación de pobreza energética deberían decidir al gobierno español a eliminar estos proyectos.

Agradezco a Javier Andaluz sus comentarios.

Cada vez es más frecuente toparse con publicidad como la que encabeza este artículo. SEAT ha emprendido con fuerza una campaña para promocionar sus nuevos híbridos de gasolina y gas, y el reclamo eco (económico y ecológico) es tan potente que hasta se llega a afirmar que si quieres ahorrar, debes conducir más. No se han atrevido a decir que si quieres salvar el planeta, debes pisar el acelerador, pero casi. El fabricante de coches, que ha elegido nuestro país como cuartel general para el desarrollo de vehículos a gas, asegura que en 2020 espera multiplicar por diez las ventas de coches alimentados por este combustible, para que lleguen a representar en 2025 el 50% total de sus ventas.

Su publicidad afirma sin ningún empacho que los vehículos a GNC (gas natural comprimido) resultan más ecológicos que los diésel, gasolina e incluso híbridos eléctricos no enchufables. La campaña de esta marca a favor de esta fuente de energía no es un hecho aislado y se encuadra dentro de un fuerte impulso general de promoción del gas en todo el sector del transporte –y en todo el modelo energético en general-, aupado por la narrativa dominante de que el gas es un combustible limpio.

Pero no. El gas es un combustible fósil. Para nuestros despistados amigos de SEAT, recordaremos que los combustibles fósiles son esas fuentes energéticas que la ciencia nos dice que debemos dejar bajo tierra sin extraer, si queremos cumplir con los objetivos climáticos. La industria automovilística necesita desesperadamente transmitir la idea de que está reinventando el sector, después haber perdido en buena medida su credibilidad tras el terrible engaño al que sometió a la sociedad con el DieselGate. Por ello es muy preocupante este nuevo capítulo de postverdad climática y ambiental, esta vez con el gas.

Los días 11 y 12 de abril se celebra el VI Congreso de GASNAM, la Asociación Ibérica del gas natural comprimido (GNC) y gas natural licuado (GNL), cuyo objetivo es promover estos combustibles como la alternativa para el transporte marítimo, por carretera, y por ferrocarril. Bajo el lema “Gas natural, ecología inteligente para la movilidad”, este encuentro está patrocinado por la mencionada marca española de coches, por las grandes compañías del oligopolio gasista de nuestro país -Enagás y Gas Natural Fenosa- y por otros conocidos de la industria fósil como Repsol o Galp. Un escaparate perfecto para seguir vendiendo al público y a las instituciones una mentira, que, de tanto repetirla, podríamos llegar a creérnosla: la de que el gas será una pieza fundamental para descarbonizar el transporte.

El apoyo institucional ya está servido. El último plan estatal de ayudas a la adquisición de vehículos alternativos (MOVALT) ya incluyó a los coches propulsados a gas (GNC y Autogás). Los 20 millones de euros se agotaron en 24 horas. El plan, que concede 2.500 euros a los vehículos de GNC, convierte a éstos en “una oferta imbatible desde el punto de vista puramente económico”, según SEAT. Este tipo de acciones está provocando que el transporte eléctrico esté cediendo terreno al gas en España. Y no solo en el transporte por carretera: somos el primer país del mundo en poner en marcha un tren piloto alimentado por Gas Natural Licuado (GNL), que desde comienzos de 2018 presta servicio en una línea de ferrocarril del norte español.

La apuesta por el gas viene pisando fuerte. GASNAM anunció recientemente que las matriculaciones de vehículos privados de gas aumentaron un 112% entre 2016 y 2017 y el número de gasineras en 2018 aumentará en un 140%. Actualmente el número de estaciones de servicio en las que se puede repostar gas, apenas llega a sesenta en todo el país (la mitad de ellas en manos de Gas Natural Fenosa). Es de locos empezar a montar toda una nueva infraestructura de transporte, creando demanda en un sector naciente. Y todo para sustituir un combustible fósil…por otro.

La contaminación atmosférica en las ciudades ha puesto al diesel en el punto de mira, debido al serio problema de salud pública generado, en parte, insistimos, por los engaños de la industria. Esa misma industria que ahora se ofrece como salvadora y portadora de la solución. El diesel tiene las horas contadas en España -y en Europa- y debe desaparecer. Como la industria no ha cumplido con la ley, y los vehículos diesel Euro 6 contaminan mucho más de lo que la publicidad nos dice, ciertamente el gas ofrece ventajas a la hora de reducir la contaminación por óxidos de nitrógeno y por partículas en suspensión, principalmente respecto al diesel en vehículos de pasajeros (no parece tan clara la diferencia en vehículos pesados). Pero esto no puede en ningún caso servir de coartada para que los mismos que han creado el problema nos vendan como ecológica la sustitución de un combustible fósil por otro.

Porque en términos climáticos, un coche a gas, no es ecológico, a pesar de lo que nos diga la publicidad. Las supuestas ventajas comparativas que se esgrimen para el gas fósil, en materia de emisiones de gases de efecto invernadero, lo son en este caso con respecto a la gasolina; la industria afirma que un coche con gas natural reduce las emisiones de C02 hasta un 25% en comparación con un motor de gasolina. Y debemos preguntarnos: ¿en serio? ¿El pilar sobre el que se asienta el nuevo modelo de transporte va a ser un combustible que emite un poco menos de CO2? ¿Pero es que no leemos las noticias del gran reto climático al que nos enfrentamos?

Además, la literatura científica más reciente nos alerta de que hemos venido sistemáticamente infravalorando la huella climática del gas. El gas fósil es en su mayoría metano, un gas de efecto invernadero con un potencial de calentamiento climático 86 veces superior al del CO2 en los primeros veinte años de prevalencia en la atmósfera. El metano tiende a fugarse al estar en condiciones de presión. Las ventajas climáticas al quemar gas fósil en lugar de gasolina (menores emisiones de CO2) quedan anuladas si las fugas de metano son significativas. La ciencia muestra cada vez con más contundencia que lo son.

La apuesta por el gas fósil y toda la narrativa ecológica que pretende envolverlo, hay que buscarla por un lado en la necesidad de buscar nuevas salidas al gas en un sistema gasista absolutamente sobredimensionado. España es el cuarto país del mundo en capacidad de regasificación, es decir, de importar gas por barco. Tenemos un montón de infraestructuras gasistas infrautilizadas y deficitarias -que por cierto han contribuido a la pobreza energética al revertirse una vez más su déficit sobre el consumidor- ávidas de nuevos usos que las hagan rentables. Por otro lado, las razones también hay que buscarlas en la ya mencionada necesidad de las empresas automovilísticas de reinventarse y aparecer como esa industria responsable que expiará sus pecados pasados salvándonos de los efectos de sus propios engaños.

Dar apoyo al desarrollo del gas en el transporte es claramente apostar por un modelo equivocado, que contribuye a alentar nuevos proyectos de gas en Europa que son innecesarios. Estas infraestructuras permanecerán en activo durante los próximos 30 o 40 años; un tiempo perdido en términos de lucha climática. Un reciente estudio del Tyndall Centre for Climate Change Research apuntaba que Europa básicamente no puede permitirse nuevas infraestructuras de gas si quiere tener alguna oportunidad de cumplir con los objetivos de París.

Por ello no debemos dejarnos embaucar por los cantos de sirena que se escucharán en el Congreso de GASNAM estos días. Deberíamos exigirles que dejen de engañar y decirles claramente que la industria fósil no tiene futuro, tampoco en el transporte. Que los combustibles fósiles formen parte de la ecuación para reducir las emisiones es algo fuera de toda lógica. La contaminación atmosférica mejora cuando se reduce el tráfico. Y las emisiones de gases de efecto invernadero se reducen cuando se dejan de quemar combustibles fósiles.

La verdadera apuesta solo puede ir por una transformación absoluta del modelo de movilidad que no se base en los desplazamientos individuales. Necesitamos exigir la mejora y el fomento del transporte público, la promoción de los modos no motorizados de transporte, la reducción de las necesidades de desplazamiento, la compactación las ciudades, la electrificación de los autobuses y el ferrocarril,…eso si que es ecológico.

A Donald Trump se le ha formado un motín en el barco. Desde que llegó a la Casa Blanca, su escalada fosilista ha sido imparable, y ha estado abanderada por tan polémicas decisiones como la reactivación de la construcción de mega-oleoductos, la congelación de las escasas regulaciones federales al fracking, la apertura de Parques Nacionales y Reservas Tribales a la exploración de hidrocarburos, el reflotamiento (al menos dialéctico) del sector del carbón..., Incluso la postverdad climática está siendo introducida en la Agencia de Protección Ambiental (EPA) al cuestionar el papel del CO2 en el calentamiento global. Pero diversas ciudades y algunos estados le han salido contestones, como puso de manifiesto el movimiento “We are still in” (“Seguimos dentro”, en relación al Acuerdo de París), en la reciente cumbre de cambio climático de Bonn, en diciembre pasado.

La última campanada la ha dado el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, al hacer la semana pasada un doble anuncio bomba. Por un lado comunicó la voluntad del consistorio de presentar una demanda contra cinco grandes compañías petroleras por sus responsabilidad en el calentamiento global. Segun de Blasio “la avaricia de las compañías fósiles nos ha traído hasta aquí, por lo que deben ser ellas las que paguen para que Nueva York sea una ciudad más segura y resiliente”. Al mismo tiempo, el alcalde anunciaba que Nueva York, que sufre de forma creciente los efectos de huracanes, subidas del nivel del mar, y otros efectos del cambio climático, se convertirá en la mayor ciudad estadounidense en retirar la parte de sus fondos de pensiones que esté invertida en combustibles fósiles. El compromiso se materializará a lo largo de los próximos cinco años. Cinco mil millones menos de dólares para la industria fósil.

Esa es en esencia la filosofía del movimiento por la desinversión fósil, que arrancó en 2012 en los campus de algunas universidades de EEUU y a dia de hoy se ha extendido como la pólvora a otras esferas y países (lamentablemente no a España): sin dinero, no hay petróleo.

La cosa funciona así: hay toda una serie de instituciones, universidades, ayuntamientos, iglesias, fundaciones, fondos de pensiones, agencias de seguros…, que invierten su dinero en bancos y fondos de inversión que a su vez invierten en compañías de combustibles fósiles. Les prestan dinero para que puedan extraer carbón, petróleo o gas. El movimiento por la desinversión trata de convencer a los inversores en general de que saquen su dinero de esos fondos, que vendan esas acciones o bonos, e inviertan su dinero en otras actividades, como las energías renovables u otras actividades que no sean dañinas para el clima, con el objetivo teórico de poner al sistema financiero al servicio de la descarbonización de la economía.

Hoy dia los bancos invierten nueve veces más en combustibles fósiles que en energías renovables. El movimiento por la desinversión fósil trata de darle la vuelta a esa situación.

Mirándose en el espejo de campañas de desinversión desarrolladas en el pasado -es reseñable en particular la que logró la retirada de inversiones en Sudáfrica como protesta internacional contra el régimen racista del Apartheid- la campaña ha experimentado un crecimiento que sin embargo no tuvieron ninguna de las anteriores. A finales de la década de los 80 había en torno a 150 instituciones académicas que habían desinvertido en el país sudafricano. Algo que si bien tuvo un dudoso efecto financiero real, contribuyó a espolear la criminalización internacional del régimen. La campaña por la desinversión fósil por su parte suma hoy dia más de 800 instituciones y de 58000 inversores individuales que han hecho compromisos de desinversión para los próximos cinco años por valor de más de 6 billones (con b) de dólares. ¡No es una cantidad pequeña!. De hecho desde el ámbito financiero se miraba hasta hace poco con bastante desinterés a este movimiento, tachándolo de ingenuo. Hoy dia empieza sin embargo a haber recelo y preocupación por este tema a medida que la criatura se hace grande.

Y es que en un entorno normativo de regulación climática que pretenda no superar un aumento de 2ºC de temperatura a final de siglo, mantener activos fósiles en la cartera de inversiones puede convertirse en una actividad de riesgo financiero. El retraso en alcanzar consensos internacionales en materia climática, la falta de concreción del tardío Acuerdo de París, la consecuente ausencia de medidas vinculantes de mitigación sólidas por parte de los países, etc han contribuído hasta ahora a mantener un clima de calma en el sector económico y financiero, como si el calentamiento global fuera algo que “no va con ellos”. En el mismo periódico, en la página de Sociedad podemos encontrar la reseña sobre el último informe científico -a cada cual más dramático-, sobre el deshielo del Ártico o sobre nuevos records de calor. Unas páginas más allá, en la sección “salmón”, se informa de como suben las acciones de grandes empresas petroleras o se anuncia con júbilo nuevas inversiones en carbón, petróleo o gas. Son realidades que viven de espaldas y no se tocan. Sin embargo algunos actores empiezan a oler el riesgo de burbuja que hay detrás de seguir generando pingües beneficios con unas reservas que quizás no se lleguen a explotar nunca.

Y es que esto ya no va de universidades. O no solo. Se dice que los movimientos por la desinversión pueden atravesar tres olas de expansión. La tercera ola, en la que el movimiento se hace realmente viral, ocurre cuando se da el salto desde las universidades y ayuntamientos y empieza a penetrar a grandes actores como aseguradoras, fondos de inversión, e incluso bancos. El anuncio del alcalde de Nueva York es el más reciente, pero quizás no el más significativo. Durante 2017 se produjeron algunos compromisos de desinversión importantes por parte de al menos 8 instituciones financieras grandes. No nos vamos a engañar. Los compromisos son a buen seguro insuficientes, y además del riesgo financiero (aunque aduzcan razones éticas) a estos anuncios no les falta su buena dosis de retorica verde. Pero son no solo simbólicos sino, en alguna medida también, significativos.

Tras una intensa campaña de las organizaciones ecologistas, BNP Paribas, uno de los 25 mayores bancos del mundo, anunció en octubre pasado que abandonará sus inversiones en el fracking y las arenas bituminosas, dos de los combustibles más sucios del planeta. También se retira de las inversiones petroleras en el Ártico. Ciertamente son compromisos parciales, pero crean un precedente para exigir medidas similares a, por ejemplo y por mirar para casa, grandes bancos españoles como el Santander o el BBVA, que también juegan en la primera división financiera, a los que la desinversión no parece que les suene de nada. También en 2017, la tercera mayor compañía de seguros del mundo, Axxa anunció que desinvertiría 2400 millones de actividades relacionadas con el carbón, y 700 millones de activos de arenas bituminosas, incluyendo no solo su extracción sino la propia construcción de oleoductos para transportarlas.

Siguiendo esta oleada de anuncios en lo que parece ser un efecto de “bola de nieve”, el Banco Central Noruego, que gestiona el mayor Fondo Soberano de Inversión del mundo -y que precisamente fue un fondo que se construyó en el pasado sobre la riqueza generada por la abundancia de hidrocarburos del país escandinavo-, recomendó al gobierno retirar las invesrsiones en gas y petróleo. Unas inversiones que representan el 6% del fondo, un total de cerca de 28 mil millones de dólares repartidos entre algunas de las grandes petroleras mundiales como Shell, Chevron, ExxonMobil, BP, Total, Eni..., El propio Banco Mundial, que en 2016 ya había anunciado una retiradad de 1600 millones de dólares, se sumó a este hilo de anuncios a finales de 2017 comprometiéndose a no financiar la exploración y la explotación de gas y petróleo a partir de 2019.

La pregunta que conviene hacerse es: ¿Podrá tener la campaña por la desinversión fósil un efecto directo real sobre las empresas energéticas y el sistema financiero?, ¿o siempre apareceran nuevos inversores menos escrupulosos y dispuestos a hacerse con las acciones desechadas?. Es más, ¿puede el capitalismo global, como sistema cuya existencia solo se entiende sobre la base de una disponibilidad creciente de energía abundante y barata, permitirse la desinversión fósil?, ¿o supondría eso una especie de harakiri para el propio sistema? Hay voces que claman en este sentido. Al propio anuncio del Banco Mundial se le puede sacar bastante punta, y si hurgamos en la letra pequeña hay un buen puñado de excepciones que lo debilitan. Sin embargo podemos decir que se ha comenzado a andar un camino. No podemos saber a ciencia cierta qué nos deparará esta campaña en los próximos años, pero desandarlo tendrá un claro coste en términos de credibilidad social para estas instituciones.

En cualquier caso, el valor estigmatizador de la campaña, poniendo el dedo acusador sobre los culpables del cambio climático es innegable. Es la transición dialéctica de la atmósfera como espacio de negociación, al subsuelo como punto concreto de acción. Dejamos de hablar de intangibles moléculas de CO2 para comenzar a hablar, por fin, de reservas fósiles que tienen propietarios con nombre y apellidos que se benefician dañando el clima y poniéndonos en riesgo a todos los habitantes del planeta, muy especialmente a la población más desfavorecida. En esta lógica que parece que ya empieza a contagiar incluso al mundo financiero, los gobiernos, como poco, deberían mañana mismo cortar el grifo de una vez por todas de los muy cuantiosos subsidios publicos que aún destinan a las empresas de carbón, petróleo y gas.

Un artículo científico aparecido este verano afirma que la probabilidad de no incrementar en 2ºC en 2100 la temperatura del planeta respecto al periodo preindustrial (cumplir con los objetivos de París de cambio climático de 2015) es de solo un 5%. Es un argumento más que desmonta el último (y efímero) triunfo dialéctico del capitalismo: haber convencido a unas cuantas esferas de la sociedad, algunos grupos ecologistas incluidos, de que se puede crecer sin contaminar.

Esta afirmación parte de una foto fija de corto recorrido mostrada en la figura 1. En ella, se observa cómo las emisiones de CO2 se han estancado desde 2014. Esto, mientras el PIB mundial creció a un ritmo del 2,6% en el periodo 2012-20161. Sería por fin la materialización del tan teorizado desacoplamiento entre crecimiento e impactos reivindicado como posible por las voces más tecno-optimistas.

Figura 1: Emisiones de CO2 por el uso de combustibles fósiles y de la producción de cemento. Fuente: Trends in Global CO2 Emissions.

Esta imagen tiene un efecto tranquilizador muy preocupante. En primer lugar, puede desviar el foco de aquello que deberíamos mirar: lo que realmente importa, a la hora de la verdad, es la concentración de CO2 en la atmósfera mostrada en la figura 2, que no ha parado de aumentar.

Figura 2: Concentración de CO2 en la atmósfera. Fuente: CO2 Earth.

En segundo lugar, se da por sentado que esta estabilización es el pico definitivo de las emisiones, que por fin se ha conseguido lo más difícil, y que a partir de ahora la caída vendrá prácticamente sola. Pero el recorrido de la figura 1 es tan pequeño, que cualquier voz sensata habría reclamado más tiempo para comprobar si estamos frente a una fluctuación coyuntural o frente a un cambio de tendencia antes de lanzar las campanas al vuelo. De hecho, el PIB mundial solo ha crecido entre 2012 y 2016 si se corrige con la inflación, lo que indica que, como poco, el desacoplamiento es dudoso.

Un dato que alimenta la idea de que estamos comenzando a bajar el tobogán es que mientras que la reducción en la intensidad de carbono de la economía global (las emisiones de CO2 por unidad de PIB con la inflación corregida) fue solo de 1,3% en el período 2000-2014, en 2015 fue de 2,8%. Es decir, para producir la misma cantidad de “riqueza” (dólares) se emite ahora menos CO2 que antes. Sin embargo, es preciso colocar esta mejora en contexto para poder evaluar la viabilidad real de desvincular de manera significativa las emisiones del crecimiento. Según Price Water Coopers, si queremos cumplir con los objetivos de París, el ritmo de bajada de la intensidad de carbono necesita alcanzar el 6,5% anual (un ritmo sin precedentes en la historia). Y eso es en un mundo profundamente injusto y desigual, porque las reducciones en la intensidad de carbono necesarias en un mundo en el que haya igualdad distributiva en el acceso a los recursos (los países empobrecidos se sitúen al nivel de la media europea en 2050 y los enriquecidos sigan creciendo a un ritmo moderado del 2%) serían mucho mayores: La intensidad de carbono per cápita mundial no debería ser mayor de 6 gramos de carbono por cada dólar generado ese año. Los niveles hace apenas unos años eran de 768 gramos de CO2 por cada dólar2, con lo cual en realidad necesitaríamos reducciones del 11% anual, lo que nos da idea de que quizás se esté cantando victoria de forma prematura.

En tercer lugar, hay varios elementos ocultos en la figura 1 que conviene señalar. A saber:

No está todo el CO2. La gráfica se refiere al CO2 procedente del uso de combustibles fósiles y de la producción de cemento, que en efecto es el grueso de las emisiones de CO2. Sin embargo, no están las derivadas de los cambios de uso del suelo. Ni tampoco están las de la aviación y el comercio marítimo internacional, que juntas representan un importante porcentaje (del orden del 4-9%) del que nadie se hace cargo, como si no existieran. El transporte internacional podría llegar a ser responsable del 39% de las emisiones totales mundiales en 2050 si siguen sin regularse, de acuerdo a un estudio publicado por el Parlamento Europeo. También faltan las derivadas de las operaciones militares, que son cuantiosas.

China y el carbón. Si China no hubiera experimentado una acusada reducción en el uso del carbón a partir de 2014, probablemente no se hubiera producido la foto global de la figura 1, ya que la bajada porcentual de emisiones de otros actores globales como EEUU o la UE ha sido muchísimo más modesta (ver figura 3). Las emisiones de China crecieron a un ritmo de un 6,7% anual durante la década anterior a 2014, en que el consumo del carbón aumentó vertiginosamente. A partir de ese año, el consumo se estabilizó y las emisiones crecieron mucho menos, subieron las renovables (principalmente la hidráulica) y aumentó porcentualmente el uso del petróleo y también del gas natural, que pasó de proporcionar el 13% de la energía primaria al 24%. Pero la razón principal para este menor uso del carbón es simplemente que se dejó de consumir energía al ritmo que se venía haciendo, ya que el rampante crecimiento económico que China experimentó en la década de los 2000 (a razón de más del 10% anual) se debilitó (7,3% en 2014, 6,7% en 2016). Lo cual implicó menos construcción de infraestructuras, menos producción de acero y cemento, y menos necesidad de quemar carbón para producirlo. Tres cuartas partes de la bajada en el uso del carbón se han debido al cese parcial en la construcción. Pero las plantas de carbón siguen ahí, solo que ahora funcionan a una menor capacidad. Ya no se construyen 2-3 centrales térmicas a la semana como en la década de los 2000, pero tampoco se desmantelan. Y de hecho hay más de 200 nuevas plantas que podrían ser autorizadas, con lo cual la idea de un cambio de tendencia en el modelo energético puede que no encuentre un respaldo sólido. Por último, hay que apuntar a la falta de fiabilidad de las estadísticas chinas, que siempre generan suspicacias e incertidumbres.

Figura 3: Cambio en las emisiones de CO2 de distintos países o bloques de países (RoW es resto del mundo). Fuente: Reaching Peak Emissions.

Mejorar es relativamente fácil, si la situación de partida es pésima. Cuando se esgrime la figura 1 como la evidencia de que se ha alcanzado el pico de emisiones, se da por hecho en seguida que está operando un cambio global de paradigma en el modelo energético y que el desarrollo imparable de las renovables es motor indudable del pico. Las renovables en efecto han experimentado un fuerte desarrollo. En 2016, crecieron un 9% y fueron responsables del 54% de la nueva capacidad de generación eléctrica ese año. Pero es importante ser conscientes de que las renovables representaban apenas el 18% del suministro eléctrico en 2010. Obtener cifras de fuerte aumento a poco que suba la inversión puede conducir a una percepción distorsionada, si la situación de partida es manifiestamente mejorable. La otra cara de la moneda es que los combustibles fósiles también aumentan. Un verdadero cambio de paradigma debería mostrar que mientras las renovables aumentan, los combustibles fósiles retroceden. Sin embargo, una quinta parte de la nueva capacidad eléctrica en 2016 la aportó el carbón y casi otro tanto el gas. Además, la electricidad solo genera una parte de las emisiones procedentes de la energía. Según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), contabilizando como renovables la gran hidráulica y la quema de biomasa y residuos, en 2015 las renovables fueron un 14,1% del consumo energético mundial. Es decir, más de un 85% de la energía primaria proviene de fuentes altamente contaminantes. Datos de este mismo organismo estiman que en 2021 las renovables proporcionarán apenas un 28% de la electricidad, un 10% del transporte, y un 4% de la calefacción. Este ritmo moderado de crecimiento previsto en renovables no parece casar con los requisitos de mejora en la intensidad de carbono expuestas anteriormente, necesarios para consolidar ese pretendido desacoplamiento entre crecimiento económico y emisiones en consonancia con el Acuerdo de París.

No es CO2 todo lo que calienta el clima. Hay otros gases de efecto invernadero (GEI) que no entran en esta foto (metano, óxido nitroso, HCFCs...). Transformando su contribución a equivalentes de CO2 (CO2eq), en 2016 estábamos ya en 489 ppm. Los CO2eq podrían estar aumentando a razón de 4-5 ppm/año y a este ritmo alcanzarán las 500 ppm antes de 2020. El principal GEI, aparte del CO2, es el metano, que tiene un potencial de calentamiento 86 veces superior al CO2 durante los primeros 20 años de vida. Estudios recientes muestran que en los últimos 5 años el metano ha aumentado su concentración en la atmósfera veinte veces más rápido que en la década anterior. Aún se discute sobre las causas, pero el aumento podría deberse a una mayor explotación del gas natural (en especial a raíz del auge del fracking) por las fugas de metano asociadas, que lejos de estar bien contabilizadas y controladas, estarían anulando las ventajas climáticas del gas, menor emisor de CO2 en la combustión. Esto es crucial porque el mayor uso del gas natural, en sustitución de carbón, está siendo presentado precisamente como una de las razones por las que el CO2 ha disminuido en la figura 1, con lo cual nos estaríamos haciendo trampas al solitario.

Contabilidad engañosa. Las políticas climáticas internacionales han servido recurrentemente para maquillar los datos al permitir que el grueso de la reducción de emisiones se realice en otros países (si es que se realizan). Sistemas como los créditos de carbono, han permitido la contabilidad dudosa o incluso falsa. Hay países que han hinchado sus emisiones base para poder gozar de más margen, y otros que compran créditos fraudulentos que no representan reducciones reales de emisiones. Así mismo, se contabilizan como neutras en carbono políticas que en absoluto lo son, como la quema de biomasa o los biocombustibles. Todos estos engaños distorsionan la figura 1, que podría no estar reflejando una situación real.

Concluyendo, todo parece indicar que realmente no se está produciendo un desacoplamiento entre el PIB y las emisiones de CO2 y, mucho menos, del conjunto de gases de efecto invernadero. Esto tiene una implicación fuerte y es que, una vez más, se muestra como el capitalismo, con su necesidad estructural de crecimiento, no es compatible con la lucha contra el cambio climático. Ni siquiera lo es con el cumplimiento de algo tan pobre como lo discutido en París.

En último término, la inexistencia del desacomplamiento no sería una mala noticia, simplemente la constatación de la necesidad imperiosa de cambio de sistema. Lo que realmente podría ser una mala noticia es que ese desacoplamiento se estuviese produciendo a la vez que la concentración de CO2 en la atmósfera estuviese creciendo. Sería una pésima noticia ya que podría indicar que el ser humano ya no sería quien está dirigiendo el aumento de gases de efecto invernadero en la atmósfera, sino que estaría siendo el sistema-Tierra a través de la activación de una serie de bucles de realimentación positivos que nos lleven, independiente de lo que hagamos las sociedades humanas, a un equilibrio climático 4-6ºC superior al actual.

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1 Hay varias formas de calcular el PIB. El que usamos es del PIB en dólares de EEUU a precios constantes del año 2010. Es un calculo del PIB corregido por la inflación. Si se calcula el PIB mundial en dólares a precios actuales (sin corregir la inflación) no se habría producido crecimiento en el periodo 2012-2016. Además, existen serias dudas de que la contabilidad del PIB no esté falseada. Un ejemplo es como en los últimos años se ha introducido en España la prostitución y el tráfico de drogas en el PIB, lo que ha contribuido que este indicador crezca desde 2008. En cualquier caso, en este artículo partimos de la base de que se ha producido un crecimiento del PIB, aunque es muy posible que no sea real.

2 Ver Jackson, T. (2009): Prosperidad sin Crecimiento.

Los gobiernos han fiado nuestro futuro climático a las emisiones negativas. Sin embargo probablemente usted no haya oído hablar nunca de ellas. No es de extrañar, dado que no han recibido apenas atención política o mediática. Es necesario por tanto arrojar luz sobre este asunto y es urgente hacerlo ahora. Vamos a intentar explicar por qué.

¿Que son las emisiones negativas?

Todo el CO2 que pongamos en la atmósfera tendrá un efecto sobre el aumento de temperatura. Hay todavía una cantidad determinada de CO2 que aún podemos poner en la atmósfera sin que ello implique superar un aumento de más de 2ºC de temperatura a final de siglo respecto a la era preindustrial. Esto es lo que se conoce como presupuesto de carbono y nos dice cuánto nos podemos aún gastar (emitir) sin entrar en esa supuesta zona de riesgo.

Si continuamos gastando como hasta ahora, en 15-20 años habremos vaciado la cuenta, y el cambio climático se desbocará y entraremos en un período de descontrol de consecuencias impredecibles. Nótese que decimos supuesta zona de riesgo; en realidad el nuevo umbral de seguridad que el Acuerdo de París reconoce es el de 1,5ºC. Si consideramos este objetivo de temperatura aún más estricto, el presupuesto de carbono se encoge todavía más.

Los informes del IPCC (Grupo de Expertos para el Cambio climático), uno de los mayores ejercicios de consenso científico que existen, alertan de que para tener una buena probabilidad –¡ni si quiera la certeza absoluta!– de no superar esos 2º C, debemos reducir las emisiones entre un 40-70% hacia 2050, para luego llegar a una descarbonización absoluta a final de siglo.

Sin embargo, el Acuerdo de París, alcanzado a finales de 2015, no establece un tope de emisiones que no debemos sobrepasar –por debajo de ese presupuesto de carbono–, ni tampoco un porcentaje de reducción al que nos debemos comprometer. En su lugar plantea el objetivo de llegar a un equilibrio entre lo que se emite y lo que se absorbe. Dicho de otro modo, el Acuerdo de París permite que nos excedamos en el presupuesto de carbono que tenemos asignado, es decir, que emitamos CO2 por encima del presupuesto (léase por encima de nuestras posibilidades), siempre y cuando –y aquí viene lo interesante– nos comprometamos a recapturarlo despues desde la atmósfera.

¿Como hacerlo? Precisamente, mediante las llamadas emisiones negativas. El problema es que las posiblidades de hacer esto se asientan fuertemente en tecnologías que a dia de hoy son pura especulación y que, aun pudiendo convertirse algún día en realidad, anuncian una serie de riesgos en absoluto desdeñables.

¿Cuánto nos apoyamos en esta vía como solución climática?

Cuando observamos un escenario típico de mitigación como el de la figura 1, vemos una línea negra que nos muestra la ruta descendiente que deberían seguir las emisiones a medida que pasen los años de aquí a final de siglo. Si la descomponemos sin embargo para separar por un lado la parte de la línea que esperamos alcanzar emitiendo menos (franja naranja oscuro), es decir reduciendo las emisiones positivas procedentes de la quema de combustibles fósiles, agricultura, etc., y por otro la parte que esperamos alcanzar mediante emisiones negativas, es decir, capturando CO2 desde la atmósfera, vemos que el grado en el que nos apoyamos en esto último es enorme.

Figura 1. Mediana de los 76 escenarios de mitigación del IPCC que limitan con al menos un 66% de probablilidad el aumento de temperatura de 2ºC a final de siglo. La franja gris oscuro representa las emisiones históricas. La franja gris claro representa las emisiones proyectadas según las promesas de reducción hechas por los países (INDCs) tras el Acuerdo de París. La línea negra indica la ruta que debe seguir la concentración de CO2 de aquí a final de siglo. Separar las emisiones positivas procedentes de la quema de combustibles fósiles, la industria y los cambios de uso del suelo (franja naranja oscuro), nos revela la escala de las emisiones negativas esperadas por los modelos (franja naranja claro). Tomado de Anderson y Peters (2016).Anderson y Peters (2016)

De los cerca de 900 escenarios de mitigación que produce el IPCC manejando distintos modelos climáticos, apenas 76 de ellos son compatibles con un escenario de 2ºC. Y la gran mayoría de ellos se apoyan en mayor o menor grado en las emisiones negativas. Además, como vemos en la figura 1, se asume que estas tecnologías estarán disponibles de forma comercial para su desarrollo a escala desde tan pronto como 2030, es decir, pasado mañana. Las promesas de reducción de emisiones hechas por los países tras el Acuerdo de París contemplan en general emisiones negativas. Teniendo en cuenta lo muchísimo que los gobiernos se están apoyando en esta vía tecnológica como solución climática, es cuanto menos sorprendente que este tema no aparezca en los medios de comunicación y la sociedad ignore por lo general su existencia.

¿De que formas se puede capturar CO2 desde la atmósfera?

Por un lado existe la posibilidad de llevar a cabo algunas técnicas de mejora de los sumideros naturales del planeta para aumentar su capacidad de captación. Por ejemplo los bosques degradados, cuyos suelos y árboles no tienen la misma capacidad de fijación de CO2 que los ecosistemas forestales bien conservados, pueden recuperar, con una intervención adecuada, parte de esta capacidad. Igualmente mediante técnicas de reforestación que devuelvan masa forestal a suelos donde un dia hubo bosques y hoy ya no los hay, puede añadir, según algunos estudios, cierta capacidad de captación. Pronósticos optimistas calculan que combinando ambas posibilidades se podrían llegar a capturar hasta 370-480 Gt de carbono durante todo el siglo XXI. Pero la mayor parte de las emisiones negativas se espera conseguir mediante tecnologías que implican intervenciones mucho más complejas y a gran escala.

Hay toda una serie de aventuras tecnológicas que se mueven en un plano puramente teórico o a lo sumo en un plano de demostración a pequeña escala, que abarcan desde el biochar, al aumento de la tasa de meteorización de las rocas, el empleo de catalizadores químicos o biológicos para aumentar la captación oceánica, o incluso la captura directa del CO2 a partir del aire con una especie de ventiladores o filtros. Sin embargo la opción que más se encuentra bajo el foco es BECCS. Algunas previsiones optimistas le confieren a esta tecnología un potencial futuro de captura de hasta 20 mil millones de Tn de CO2.

¿En que consiste BECCS y qué problemas tiene?

BECCS es el acrónimo ingles para Bioenergy with Carbon Capture and Storage (bioenergía con captura y almacenamiento de carbono). Esta técnica implica el despliegue masivo de cultivos de árboles y plantas que capturarían CO2 durante su crecimiento. Esta biomasa sería después quemada en centrales térmicas de biomasa, cuyas chimeneas estarían equipadas con tecnología de captura de CO2, que sería después enterrado de forma supuestamente segura en el subsuelo, conformándose así un ciclo en el que por un lado se retira CO2 de la atmósfera y por otro se produce energía de forma “limpia”. (ver Figura 2)

Figura 2. Ciclo de BECCS (bioenergía con captura y almacenamiento de carbono). El CO2 es capturado por las plantas durante su crecimiento. Esta es posteriormente quemada en una central térmica cuyas chimeneas llevan acoplada tecnología de captura, que evita la salida del CO2 a la atmósfera. El CO2 es posteriormente enterrado en almacenamientos geológicos.

Pero no es oro todo lo que reluce. Por un lado existen serias limitaciones y riesgos asociados a la captura y almacenamiento de CO2. La captura de carbono es una esperanza tecnológica que no acaba de arrancar a pesar de las grandes inversiones realizadas, por problemas técnicos y sobre todo de viabilidad económica. Los diferentes proyectos piloto puestos en marcha han ido fracasando uno tras otro. Además, mientras hasta la fecha la captura se ha ensayado fundamentalmente acoplada a centrales térmicas de carbón, no existe apenas experiencia a la hora de acoplarla a una central de biomasa, con la dificultad técnica añadida que implica trabajar con un combustible mucho más heterogéneo que el carbón.

Por otra parte el almacenamiento geológico del CO2 implica unos riesgos (escapes, atentados,...) sobre los que la sociedad debería al menos tener la posibilidad de debatir. Además, una de las salidas comerciales que se contemplan para ese CO2 almacenado es venderlo para su uso en procesos de Recuperación Mejorada de Petróleo, que no es otra cosa que inyectarlo en yacimientos ya explotados para intentar rebañar las últimas gotas de combustibles fósiles, esos de los que supuestamente estamos intentando huir al refugiarnos en tecnologías como BECCS.

Pero lo que es más importante: aunque se superaran los problemas inherentes a la captura de carbono, el nivel de despliegue requerido por esta tecnología para tener un impacto significativo en la retirada de emisiones de la atmósfera, plantea unos problemas insoslayables de escala. La demanda de tierra fértil para desplegar estos cultivos sería enorme, desplazando previsiblemente ecosistemas naturales o entrando en competencia con usos agrícolas alimentarios u otros usos energéticos de la biomasa (transporte, calefacción,...). Basándonos en la experiencia podemos aventurar sin riesgo a equivocarnos que también conllevaría procesos de acaparamiento de tierras y desplazamiento de comunidades. Por otra parte no debemos ignorar que actualmente los ecosistemas terrestres (los sumideros naturales) aún hoy eliminan un 23% de las emisiones procedentes de la quema de los combustibles fósiles; poner en riesgo estos ecosistemas-sumidero para crear otros nuevos es un contrasentido.

Se estima que para capturar 1000 millones de Tn de carbono se necesitaría multiplicar por 33 la cantidad de tierra destinada a dia de hoy al cultivo de biocombustibles o, según otros cálculos, una cantidad de tierra similar a 1-2 veces el tamaño de la India. Por no hablar del agua consumida por estos cultivos, otro recurso ya sometido a dia de hoy a suficientes tensiones entre los distintos usos.

Tampoco es desdeñable la cantidad de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) asociados al ciclo de vida de sembrar, cultivar, transportar y procesar esa biomasa. Volviendo al ejemplo anterior, capturar esos 1000 millones de toneladas implicaría mutlpilicar por 3 las emisiones actuales de óxido nitroso, que es el principal GEI de origen agrícola.

A pesar de que el IPCC reconoce que BECCS no ha sido testado nunca a gran escala, en sus informes da por sentado que necesitaremos utilizar esta tecnología, aunque al mismo tiempo duda de las posibilidades de que se puedan desplegar en la magnitud necesaria y advierte de la existencia de riesgos. Si tenemos en cuenta que algunos escenarios del IPCC plantean un desarrollo de BECCS que multiplicaría por casi 3 todas las cifras anteriores para obtener los resultados de mitigación deseados, nos podemos hacer una idea de los problemas asociados que este desarrollo acarrea.

Conclusión

En resumen, estamos fiando el futuro del clima a una opción tecnológica que a día de hoy ni siquiera sabemos si será posible. Y aun en caso de demostrarse posible, sabemos que tendrá unas consecuencias ambientales y sociales inasumibles. No estamos investigando estas tecnologías para contar con ellas como plan B, en caso de ser necesario. Son directamente nuestro plan A.

Algunas voces desde la ciencia defienden que aún es posible conseguir unos objetivos de reducción de emisiones compatibles con 1,5ºC -2ºC sin depender en exceso de las emisiones negativas, aunque ello pasa por políticas urgentes de mitigación real hoy, que van mucho más allá de las promesas hechas por los países en el contexto del Acuerdo de París.

La razón fundamental por la que optamos por la vía de las emisiones negativas, en lugar de centrar los esfuerzos en transitar hacia una sociedad post-petróleo, es sencilla. Los combustibles fósiles son esenciales para el funcionamiento del actual sistema económico, para el crecimiento. Apoyarnos en las emisiones negativas le concede a la industria fósil un balón de oxígeno. Es más atractivo políticamente invertir en una tecnología costo-eficiente mañana que plantear un cambio de modelo civilizatorio hoy.

El problema es que dentro de unos años, cuando se pongan de manifiesto los problemas de este plan A, quizás nuestro único plan B sea recurrir a otras tecnologías diferentes, las basadas en el manejo de la radiación solar –afortunadamente hoy aún prohibidas–, y que parecen sacadas de una película de ciencia ficción: colocar espejos en el espacio, parasoles que detengan los rayos, tubos en la atmósfera que bombeen partículas de azufre para imitar el efecto de los volcanes,...

Entonces, en un encaje perfecto de la doctrina del shock planteada por N. Klein, aceptaremos cabizbajos una salida desesperada en la que todos nos pondremos las orejeras para no ver los efectos, porque ya será demasiado tarde para elegir.

Por eso, es urgente poner bajo el foco las emisiones negativas, y hacerlo ahora.

Acción Ecológica es una organización ecuatoriana de reconocido prestigio internacional, querida y respetada por un historial de 30 años de trabajo en defensa de la naturaleza y los derechos humanos, sobre todo los de los pueblos más vulnerados. A finales de 2016 el gobierno de Rafael Correa inició los trámites administrativos para su disolución. Entre los argumentos oficiales para decretar el cierre se esgrimía que Acción Ecológica se desvía de los fines y objetivos para los que fue constituída o que Acción Ecológica se dedica a denunciar los impactos que el extractivismo tiene en Ecuador. Faltaría más. Precisamente es esa una actividad que encaja perfectamente en el objetivo para el que fue creada, como se puede comprobar en sus estatutos: la defensa de la naturaleza. Por tanto la notificación de cierre es ridícula y trata inútilmente de esconder una clara acción política de represión, silenciamiento de la disidencia e intento de domesticación de aquellos que se rebelan cuando los principios constituyentes son violados.

Afortunadamente, Acción Ecológica no está sola y su empeño y resistencia, combinada con el apoyo y presión solidaria dentro y fuera de Ecuador ha terminado forzando que el Ministerio del Ambiente rechace la pretensión del gobierno. Sin embargo, no es posible bajar la guardia. No se trata de un capricho coyuntural de Correa, sino que, mientras el modelo económico que se persiga sea el que se basa en el extractivismo y la expulsión de personas, el trabajo de Acción Ecológica o de organizaciones afines, seguirá siendo incómodo, molesto e inevitablemente confrontativo.

Acción Ecológica se ha significado en la defensa de los pueblos originarios y, en concreto, en la del pueblo Shuar, que desde hace años está viendo amenazada sus superviviencia en el sur del país por la actividad de empresas mineras y petroleras. El avance del extractivismo en esa zona conlleva un acaparamiento y contaminación de tierras y agua que son una sentencia de muerte para esta comunidad, que vive en íntima relación con los bosque y los territorios ancestrales que habita. En los últimos años han muerto tres dirigentes Shuar, en unos acontecimientos no esclarecidos hasta la fecha y sin que se hayan encontrado culpables.

Actualmente en la provincia de Morona Santiago el pueblo Shuar intenta resistir a los ataques del gobierno, que les ha expulsado de sus tierras ancestrales para permitir un mega-proyecto de minería de cobre a cielo abierto de la empresa china Explorcobres S.A., con una escalada de tensión en las últimas semanas que ha devenido en unos lamentables enfrentamientos con la policía con final trágico. El proyecto se encuentra en fase exploratoria y avanza a buen ritmo sin consulta previa ni consentimiento de parte de las comunidades afectadas, cuyos recursos legales y alegaciones son sistematicamente ignoradas por el gobierno.

Es importante resaltar que Ecuador se encuentra inmerso en pleno período pre-electoral; a mediados de febrero el pais andino eligirá un nuevo presidente y el candidato oficialista lidera los sondeos. Es patente el nerviosismo porque proyectos mineros como el mencionado, salgan adelante. Y para ello el gobierno no está escatimando medios: ha procedido a una absoluta militarización de la zona, decretando el estado de excepción, que suspende derechos, intimida a la población local, realiza allanamientos colectivos y efectúa detenciones arbitrarias. Se suceden las denuncias de campesinos por violaciones de los derechos humanos. Todo con tal de tranquilizar a los inversores. Es muy significativo que el gobierno chino haya mostrado su preocupación por los enfrentamientos y haya agradecido al gobierno de Correa su rápida respuesta para controlar la situación.

Acción Ecológica ha brindado apoyo y asesoramiento al pueblo Shuar durante años, en relación a los impactos ecológicos del extractivismo minero y su afección a los derechos humanos. Por tanto el cierre de Acción Ecológica es un castigo del gobierno, una represión en toda regla del ecologismo más político; aquel que da voz a las comunidades, a los “ecologistas pobres”, como diría Martinez Alier, que siendo los que viven en mayor armonía con su medio, son los más castigados por un modelo de desarrollo que les ignora y aniquila.

Ecuador no es una excepción al patrón al que durante los últimos 15 años en mayor o menor medida se han ajustado los diferentes gobiernos de la izquierda latinoamericana: poner cierto freno a las reformas neoliberales, renegociar contratos con las empresas transnacionales para retomar el control de la economía, aumentar los ingresos públicos a través del extractivismo, y usar parte de sus excedentes en cubrir programas sociales, conseguiendo así reducir la brecha social, ganando de paso legitimidad popular. La posibilidad de repensar los modelos de desarrollo, derivada de una nueva cosmovisión que colocaba a las personas y a la naturaleza en el centro, se ha quedado meramente por tanto en el plano teórico.

Por ejemplo, la iniciativa ITT-Yasuní, que pretendía dejar de explotar un bloque petrolero en el subsuelo amazónico a cambio del pago, en forma de devolución de deuda ecológica, de la mitad de los ingresos que generaría su extracción, terminó en fracaso. Surgida de la sociedad civil -con la participación fundamental de Acción Ecológica-, la iniciativa fue adoptada por el gobierno ecuatoriano en 2007. Sin embargo, la amenaza extractivista siempre planeó sobre el proyecto y, escudándose en el tibio apoyo internacional (que, por otro lado, ciertamente fue muy escaso), Correa autorizó finalmente en 2013 la explotación de estos campos. En un marco más amplio, mientras la Constitución de Montecristi (2008) incluyó un régimen del Buen Vivir (Sumak kawsay), que abordaba elementos como la convivencia social, la inclusión y la equidad, la biodiversidad, el cambio climático o los derechos de la naturaleza, o el estado plurinacional, al final desarrollo práctico de estos conceptos se ha visto arrollado por la realpolitik.

Ello ha resultado no solo en el mantenimiento sino en la profundización del mismo modelo productivo exportador, abriendo nuevos campos de operación minera, petrolera y agroindustrial que junto con empujes similares en otros gobiernos de la región han extendido la frontera extractiva por toda Latinoamérica. Pero es este un modelo que a pesar de los intentos no ha producido una sustancial mejora en la protección ambiental; la razón esencial es que sigue asimilando desarrollo a un crecimiento conseguido a base de esquilmar la naturaleza, generando un bienestar efímero susceptible al desvanecimiento según cambien los precios de las materias primas o cambien las correlaciones de fierzas en los mercados internacionales. En lo tocante a la sostenibilidad, al final tenemos lo mismo de manera diferente. Pero dar la espalda a los límites físicos del planeta, no hace que estos desaparezcan. La incapacidad para huir de la narrativa del crecimiento económico permanente ha imposibilitado avanzar hacia un post-extractivismo, acrecentando los conflictos por los recursos. De hecho el cobre, el mineral que se encuentra en el centro del conflicto con los Shuar, es un buen ejemplo del agotamiento del Planeta. Su inminente pico de producción ilustra bien el “peak everything” al que nos enfrentamos, y explica los nervios del gobierno chino.

Tampoco este modelo ha significado un avance de los derechos humanos, ni siquiera concebidos de una forma clásica. En este sentido conviene recordar que no es la primera vez que el presidente ecuatoriano intenta cerrar Acción Ecológica. Ya lo intentó en 2009 como castigo a las críticas ecologistas a los planes mineros, aunque dada la magnitud de la respuesta de rechazo popular a esta agresión, también tuvo que recular. Acción Ecológica ha reportado en una elocuente infografía más de un centenar de agresiones sufridas por la organización en la última década. La variada tipología incluye difamación, amenazas, descalificaciones, vigilancia,...Seis de cada diez procedieron del Estado (gobierno, fuerzas del orden, funcionarios,..). Cabe destacar además que la gran mayoría de estas agresiones se realizaron contra mujeres de la organización.

Pero Ecuador no solo ha continuado por la senda extractivista, vaciando progresivamente de contenido el Mandato Minero que acompañó la Constitución, y que obligaba a acabar con las concesiones mineras que no hubieran tenido procesos de consulta ambiental y a pueblos y nacionalidades indígenas. También acaba de firmar un Tratado de Libre Comercio con la UE que confiere grandes ventajas al agronegocio y dañará a los pequeños productores campesinos.

Ecuador se aleja así de la defensa de los Derechos de la Naturaleza con los que un dia coqueteó. Y en este rumbo, el ecologismo crítico le molesta. Quizás porque le recuerda lo que no pudo cumplir. A ver si de una vez por todas el gobierno de Correa entiende que no debe subestimar la fuerza y la solidaridad internacional del movimiento ecologista y de la justicia ambiental. Necesitamos a Acción Ecológica y volveremos a alzar nuestras voces cuando sea necesario para que siga abierta. Quitar la personalidad jurídica a una organización dificulta obviamente su actividad y es un atropello, pero la legitimidad, la razón, la verdad y la justicia que hay detrás de cualquier acto, no te la da ni te la quita quien precisamente vulnera los principios constituyentes que un día un pueblo adoptó para organizar la vida en común. Acción Ecológica tiene legitimidad para seguir adelante con su trabajo y es una referencia indiscutible para nosotros y nosotras.

Dice Mikael Höök, ingeniero de la Universidad de Uppsala, que un investigador debe proporcionar los datos objetivos que observa en la realidad sin dar recomendaciones influidas por sesgos ideológicos. A este ideal aspiran en general la mayoría de los científicos. Hace unas semanas entrevistaron en la radio a un profesor de Bromatología de la Universidad de Córdoba sobre su investigación encaminada a estandarizar la receta del salmorejo cordobés, cuyo fin era concretar una referencia de sus aportes calóricos y nutritivos. En su investigación contó con la colaboración de la Cofradía del Salmorejo Cordobés, entidad dedicada a difundir las ventajas de este producto. Ante la pregunta medio en broma de si tras el estudio le habían nombrado Cofrade honorífico, el profesor contestó bastante serio que no, pues la independencia de la Ciencia le obligaba a mantener cierta distancia. Es una interpretación quizás llevada al extremo pues el componente político de recomendar o no la ingesta de salmorejo es de difícil argumentación.

Pero no tenemos que salirnos del campo de la alimentación para pensar en otro ejemplo bien distinto y por todos conocido que cuestiona la perseguida neutralidad axiológica de la Ciencia: la reciente carta abierta de los premios nobeles a la labor de Greenpeace y otras organizaciones ecologistas contra el cultivo de Organismos Modificados Genéticamente (OMGs). El daño que esta carta hace a la Ciencia, en una sociedad que de algún modo sacraliza la opinión científica, es irreparable, pues cualquier crítica será calificada de retrógrada. A riesgo de ello es preciso insistir en que estamos aquí ante un magnífico ejemplo de científicos metiéndose en política.

La misiva contiene un burdo sesgo de brocha gorda de tipo político-ideológico. Que los nobeles digan que los transgénicos no afectan a la salud, puede ser científicamente discutido, pero es un argumento con base epistemológica en su campo de trabajo1. Que los nobeles digan que los transgénicos son el camino para acabar con el problema de la desnutrición es sin embargo, un salto al vacío, que ya no se sostiene sobre la base anterior. ¿Porqué no dijeron los nobeles, con la misma autoridad que saben que les acompaña, que el hambre puede resolverse eliminando la desigualdad o mejorando la distribución de la riqueza, por ejemplo? Sería otra manera -al menos tan válida sobre el papel- como el despliegue de la agricultura transgénica. No lo hicieron porque eso sería meterse en política, y los científicos, como reza el título de este artículo, no lo hacen. Entonces, ¿porqué se decantan sin sonrojo por esa solución tecnológica? Pues porque en realidad si lo hacen. Los sutiles tentáculos de la ideología tocan también a menudo y de formas diversas a la Ciencia.

El problema está en el discurso científico cuando este invade un terreno que no le es propio, y hace uso de la autoridad que ha ganado en su campo de conocimiento para sentar cátedra en otro que le es ajeno, mediante lecturas extremadamente simplistas o reduccionistas de la realidad. No es algo anecdótico. La forma en que se estructura y orienta el conocimiento científico está influida por diferentes sesgos por acción u omisión.

Sesgos en una Ciencia útil

Podríamos preguntarnos hasta qué punto la curiosidad sigue siendo hoy el motor del conocimiento científico. La Ciencia busca comprender el mundo no solo por el afán de conocerlo sino con el objetivo de transformarlo. Claramente el conocimiento científico ha mejorado la vida de las personas. Y la aplicación de la Ciencia hoy día se relaciona íntimamente con la Tecnología. Dice Rendueles que los conceptos científicos apenas tienen contexto político y social, mientras que la tecnología, en cambio, apenas tiene otra cosa. Es cierto, pero si bien la epistémica y la técnica surgieron de caminos separados, en el contexto actual de sofisticación de los avances y extrema aplicabilidad, quizás solo tenga sentido hablar de tecnociencia, y lo verdaderamente importante sea analizar el contexto de aplicación de dicho conocimiento tecnocientífico. Este conocimiento lo es para algo y para alguien.

Generalmente es asumido que el avance del conocimiento científico se orienta a aportar soluciones a los problemas de la sociedad. Pero sería ingenuo soslayar que la ciencia hoy día se hace en un mundo capitalista cuyos criterios de valor son también aplicados habitualmente al científico. La principal razón por la que los gobiernos invierten en mayor o menor medida en investigación científica es porque se espera a cambio una rentabilidad social. La necesidad de demostrar impactos económicos de los resultados de las investigaciones incorporan un sesgo al enfoque y contenido de las mismas. En ese contexto, el científico trabaja para vender un producto; el resultado de su investigación. Esto no quiere decir en absoluto que el conocimiento científico sea subjetivo, pues los datos serán verdaderos o falsos sin paliativos. Pero la forma en que planificamos y organizamos ese conocimiento está sin duda influida por el marco social y político en el que se desenvuelve.

Este escenario de maridaje entre Ciencia y Mercado, de estímulo de la productividad y la competencia, contribuye a una carrera de especialización parcelada en el conocimiento que no permite aquella maduración sosegada para la integración de estas diferentes parcelas que aconsejaría un enfoque holístico, quizás menos miope cuando el objeto de nuestro estudios son sistemas complejos (el clima, los ecosistemas, los organismos, las células...). Así, tenemos cada vez más sabios ignorantes, propietarios de una estrella en la vía láctea del conocimiento científico cuya dimensión total no abarcan evidentemente a ver. Es este un reduccionismo exacerbado de escaso diálogo interdisciplinario, que dificulta enormemente el pensamiento estratégico a la hora de hacer frente a realidades que son complejas2. Volviendo al ejemplo de los OMGs podemos probablemente sospechar que a día de hoy el reduccionismo científico deja fuera en gran medida a la Ecología en lo relativo a las investigaciones transgénicas.

En este sentido cuando hablamos de que la Ciencia aporta beneficios para la sociedad, podemos preguntarnos a que parte de la sociedad nos referimos. Qué se investiga y a quién benefician los resultados de una investigación es un sesgo que nos remite nuevamente a una carga político-ideológica en el avance del conocimiento científico que no debemos pasar por alto cuando optar por un camino significa descartar otros. Sería fácil pensar a bote pronto en unas cuantas líneas de investigación cuyo beneficio para una gran parte de la población mundial, cuya supervivencia sigue dependiendo del acceso al agua y la comida, es difícil de averiguar. El mito de que el conocimiento científico es algo altruista que pertenece a la humanidad no se sostiene. El caso de las patentes es paradigmático. Una vez incluido el criterio mercantil, el beneficio social de lo descubierto está en función del poder adquisitivo del beneficiado3. El sesgo mercantil enturbia además la verdad científica en el caso de las sospechas de conflictos de intereses, cosa que lamentablemente no es infrecuente, incluso en organismos que deciden sobre cosas tan importantes como la seguridad de lo que comemos; la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha recibido repetidas críticas hacia su independencia incluso por parte del Parlamento Europeo.

Además es evidente que el curriculum académico de los científicos se mide por el número y calidad de sus publicaciones. La presión por publicar acaba condicionando las líneas de investigación, introduciendo un nuevo sesgo hacia lo publicable, áreas productivas, actuales y urgentes, susceptibles además de recibir fondos para la investigación, en detrimento de otras improductivas a corto plazo. Esta carrera por la productividad científica exige una indomable rectitud moral para evitar una posible tentación de comportamientos poco éticos. El fraude de la clonación de células madre humanas por parte del surcoreano Hwang Woo-Suk en 2005 es probablemente un caso anecdótico en el palmarés científico, pero que evidencia los efectos indeseables que puede producir la presión por ser el primero.

Sesgo por omisión

En esa búsqueda de utilidad social se investiga por ejemplo sobre plantas que aumenten la reflectividad solar para reducir el calentamiento global, hormonas que hagan engordar al ganado, especies que se adapten a la creciente salinidad, OMGs resistentes a herbicidas, o microorganismos que se coman la contaminación. Todas ellas son soluciones de final de tubería que asumen, aceptan y de algún modo ayudan a mantener, cuando no alientan, las premisas de un modelo socioeconómico que ha generado los problemas que intentan parchear.

Evidentemente si los científicos entraran a cuestionar el modelo socioeconómico que provoca destrucción ambiental y social, estarían metiéndose en política. La pregunta abierta, probablemente de imposible respuesta certera, pero que aún así merece cierta atención y debate, es si no lo están haciendo ya de algún modo por omisión, al asumir como realidades de partida, unívocas e inmutables las premisas mencionadas. Es este un sesgo inextricable, retorcido y probablemente de imposible solución, pero no por ello podemos obviar que existe. ¿Es ayudar a la sociedad el darle un balón de oxígeno a las actividades que están esquilmando las bases que sostienen la vida como los combustibles fósiles, la superproducción industrial, el modelo agroalimentario,...?

La única posible salida -y meramente a un nivel conceptual- para continuar con un modelo insostenible en un planeta finito, pasa por la senda de un tecno-optimismo que encontrará soluciones para todo, sorteando la finitud, a medida que dicho modelo vaya alcanzando nuevas cotas de insostenibilidad. Una senda por la que se adentra la Ciencia que, en palabras de Carlos de Castro estaría poniéndose al servicio de colapsar peor. Este enfoque tecnocientífico es tranquilizador con respecto al futuro, y aporta una seguridad que la sociedad demanda frente al fantasma del colapso ecológico. Corremos el riesgo de convertir así a la Ciencia en la posibilitadora central de una cosmovisión tecnológica alentada por sueños de imposible omnisciencia científica. El posibilismo amparado por la opción del quitamanchas tecnológico trasciende el hecho de serle útil a la ideología dominante para convertirse casi en una ideología en si misma.

Esta visión obvia no solo los límites de la tecnología en un mundo con energía útil decreciente, sino los propios límites al conocimiento, relegando la incertidumbre a la categoría de limitación puramente temporal que será siempre superada con nuevas investigaciones, sin plantearse por ejemplo si la luz de ese conocimiento , en caso de llegar, lo hará a tiempo, en un contexto de acuciante crisis global y margen de reacción escaso. Sin plantearse tampoco una perspectiva de largo plazo para las soluciones propuestas4. Como dice el profesor Andrew Stirling de la Universidad de Sussex, es necesario entender la incertidumbre en lugar de negarla, y ello pasa por asumir un mayor nivel de humildad en relación a nuestro nivel de conocimiento y a nuestra capacidad para entender determinados procesos.

Control social y responsabilidad científica

Los sesgos inherentes al avance del conocimiento científico, crecientemente orientado a realizar cualquier cosa posible y venderla5, hacen más necesario que nunca cierto control social de la tecnociencia. Las implicaciones ecológicas y éticas de implementar muchas de las soluciones tecnológicas que se buscan para el mundo, desde la agricultura transgénica hasta la geoingeniería, obligan a un debate social sobre las mismas que hasta ahora no se ha producido. Aunque uno no se dedique a la ciencia, puede, e incluso debe, opinar sobre ella.

Los científicos gozan de un reconocimiento social privilegiado que les confiere una importante responsabilidad a la hora de posicionarse públicamente. Como hemos intentado mostrar, es muy difícil cuando no imposible desarrollar una labor científica totalmente libre de sesgos, que más allá de los determinantes inconscientes que todos arrastramos, como la carga cultural, son inherentes a factores diversos relacionados con el marco económico-político. Lo que si sería conveniente al menos es que la clase científica sea plenamente consciente de ellos y evite ante todo poner a la Ciencia, o mejor dicho, a la autoridad científica, al servicio de la ideología.

1 Es importante notar aquí que, como señala Carlos de Castro, solo algunos de los Nobeles firmantes son expertos en un campo de conocimiento cercano a los OMGs.

2 El peligro del reduccionismo estriba en tratar de explicar una realidad compleja desconocida desde un nivel de conocimiento insuficiente. Frente a la visión reduccionista han existido y existen iniciativas que pretenden aportar una visión holística de la Ciencia que busca abordarla desde la complejidad sistémica, requiriendo el concurso de profesionales de distintas disciplinas, métodos de trabajo diferentes y un esfuerzo pedagógico de comunicación entre los distintos expertos sin perder el rigor. Este esfuerzo por superar el reduccionismo y abordar la complejidad es un llamamiento a la reflexión metodológica y a un diálogo entre científicos. Esto sería fundamental para salir parcialmente de lo que algún autor ha llamado la crisis de sabiduría.

3 Las patentes pervierten el ideal de la utilidad social y universal de la Ciencia hasta tal punto que a veces lo que frenan es el propio avance del conocimiento científico en aras de la competencia. La posibilidad de patentar secuencias génicas de función desconocida permite asegurar el control sobre posibles hallazgos futuros en relación a estas secuencias y suponen un freno de facto a la investigación por parte de otros, en un fenómeno que se ha dado a conocer como los anticommons, en contraposición al concepto de los comunes teorizado por Elinor Ostrom entre otras.

4 No se responde por ejemplo a preguntas como qué pasará con una solución tecnológica cuando escaseen las tierras raras necesarias para su desarrollo, o que pasará si una tecnología no probada y que requiere una escala planetaria para su ensayo, como es la geoingeniería, falla y ya no haya vuelta atrás posible.

5 J. Peteiro (2010) El autoritarismo científico. Miguel López Ediciones

El VolkswagenGate, surgido a mediados de septiembre de 2015 tras una investigación estadounidense, provocó el reconocimiento por parte de la marca alemana de un fraude generalizado que afectaba a 11 millones de vehículos en todo el mundo. Pero pronto el escándalo se convirtió en el DieselGate, al comprobarse que modelos de otras marcas también presentaban niveles de emisión de óxidos de nitŕogeno (NOx) superiores a los permitidos. Y del DieselGate pasamos al AutoGate al descubrirse que existían casos en que también se veían afectadas las emisiones de CO.

Los intentos de control de daños, circunscribiendo el engaño a una mala praxis puntual de una empresa, hacían aguas, y poco a poco fuimos descubriendo con estupor que la industria automovilística había estado engañando sistemáticamente, y lo peor de todo, que lo había hecho impunemente y al amparo de las instituciones y gobiernos encargados de controlarla y de protegernos. 

El estupor público generalizado provocó al principio aspavientos grandilocuentes y airadas declaraciones de cara a la galería por parte de gobiernos, Parlamento Europeo y de la propia Comisión (que, sin embargo, estaba informada de las irregularidades desde 2011, como pronto se supo). Recordemos, por ejemplo, al hoy defenestrado ministro Soria sobreactuando al anunciar que exigiría a Seat la devolución de las ayudas, aunque pronto tuvo que corregir el guión. La gestión que el Ministerio de Energía, Industria y Turismo (MINETUR) ha hecho de la crisis ha sido opaca y servil con la industria, demostrando una falta absoluta de iniciativa propia a la hora de atacar realmente el problema. A juicio de la Defensora del Pueblo[1], hubiera sido necesaria una actividad inspectora del Ministerio, o cuanto menos verificadora del cumplimiento de la normativa por parte de las empresas de automóviles. Algo que no se ha producido.

El problema final, no lo olvidemos, es que en nuestro país el 99% de la población está expuesta a niveles de contaminación superiores a los que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se trata de una situación estructural no solo en Europa sino en muchas partes del mundo. La OCDE recientemente anunciaba que en 2060 la contaminación atmosférica matará de forma prematura a entre seis y nueve millones de personas y costará 2,6 billones de dólares a la economía mundial. No es pecata minuta. Y en una ciudad como Madrid, por ejemplo, el 75% de esta contaminación proviene del tráfico. 

Los resultados de la investigación europea 

Los resultados de la investigación europea Tras el escándalo algunos gobiernos iniciaron investigaciones y acciones judiciales. Entre estas investigaciones las autoridades de países como Alemania, Francia y Reino Unido, Italia u Holanda pusieron en marcha un programa independiente de seguimiento y control aleatorio de las emisiones reales de los vehículos, incluyendo una representación de todas las marcas, para conocer si sus emisiones se corresponden con las “declaradas” en el proceso de homologación. Algunos de estos resultados fueron publicados en abril de este año. La autoridad homologadora alemana, la KBA, incluyó un análisis RDE (en condiciones reales de conducción) en la investigación. España ha participado en el proceso verificando las emisiones de una treintena de vehículos homologados en nuestro país, bajo la batuta de la KBA, fruto de un acuerdo en el Consejo Europeo que autorizaba a los alemanes a dirigir el proceso, ya que según la actual directiva reguladora de los procedimientos de homologación, solo la autoridad nacional de homologación un país, puede pedir inspecciones en vehículos que ha homologado. ¿Le consta al lector que el Gobierno español haya dado alguna publicidad a este proceso? Pues eso. Cuanto menos ruido con este tema, mejor.

La organización europea Transport and Environment (T&E) ha elaborado con todos esos datos una lista de los 30 vehículos más “sucios” circulando por Europa, de entre aquellos sujetos al reglamento Euro 6, que establece un máximo de emisiones de NOx de 80mg/km. Como se refleja en dicho informe las superaciones de emisiones se dan en una amplia gama de marcas, llegándose en algun modelo a multiplicar hasta casi por 15 los valores de la normativa. En el top ten de coches más contaminantes se encuentran modelos de Renault, Suzuki, Dacia, Opel, Jaguar, Hyundai, Ford, o BMW. Curiosamente ningún Volkswagen, aunque sí motores de su grupo como Porsche y Skoda. Los estudios no han constatado el empleo de dispositivos trucados similares a los utilizados por la marca alemana. 

Pero ¿cómo consiguieron estos vehículos entonces la homologación? Mediante otras argucias. Trucos como el empleo de un dispositivo que apaga o hace disminuir la efectividad de los sistemas de tratamiento de emisiones cuando la temperatura baja de cierto umbral. Este uso inadecuado y técnicamente injustificado de la horquilla de temperaturas parece ser algo generalizado ya que 29 de los 30 vehículos de la lista lo emplearon. Otros trucos utilizados podrían incluir, según T&E, calibraciones del escape, el posible empleo de un motor diferente al real para obtener mejores resultados en los arrancados en frío que marca la norma europea para los tests o incluso el uso de un dispositivo que directamente apaga el sistema de limpieza de emisiones tras 22 minutos de funcionamiento del motor. En algunos de los vehículos de la lista se empleó una combinación de varias de estas artimañas.

Es el caso del Volvo V60, el único vehículo de la lista que fue homologado en España. Este coche presenta unas emisiones equivalentes a 4.1 veces el límite legal. Y el organismo responsable de controlar que esto no pasara es la autoridad nacional de homologación de nuestro país, es decir, el MINETUR. Antes del escándalo, algunas autoridades de homologación de otros países ya realizaban tareas aleatorias de vigilancia de conformidad en servicio (comprobar que los coches en la calle tienen emisiones que se corresponden con lo establecido en la homologación) de los vehículos homologados en su territorio. Como fuentes del MINETUR reconocen en privado, en España jamás se han hecho este tipo de controles porque aquí la relación con la industria “se basa en la confianza” (sic). La autoridad de homologación de cada país tiene poderes plenos y exclusivos para llamar un vehículo a revisión o incluso retirar la homologación a los vehículos que ha homologado. Así como Alemania ya ha anunciado públicamente tras estos informes que llamará a revisión a más de 600.000 vehículos para revisar esos mecanismos defectuosos, no consta públicamente que el Gobierno español haya hecho lo propio con el Volvo V60.

Cambiar la ley para poder cumplirla 

Cambiar la ley para poder cumplirlaAl margen de las investigaciones, la actitud de las autoridades europeas en general ha sido bastante decepcionante. Tras las críticas iniciales a los engaños de la industria, que la convierten en parcialmente responsable de los problemas de salud de la población europea, la respuesta no ha sido obligarles a adecuarse a la ley y transformar radicalmente un sistema de homologación abonado para el fraude, sino cambiar la ley para que no tengan que recurrir a engaños y que lo que hagan sea legal. Los ministros de Transporte se reunieron el pasado 7 de junio en Luxemburgo, donde Alemania, en un movimiento fuertemente criticado por medios nada sospechosos de ecologistas como el Finantial Times, propuso enmendar la norma que prohíbe el uso de dispositivos –como el del apagado del sistema de limpieza de emisiones antes mencionado– para permitirlo en determinadas circunstancias.

Esta intentona burda de Alemania de salvar a su industria y desviar el foco del grave déficit democrático que este escándalo generalizado ha sacado a la luz sigue la estela de los movimientos legislativos acometidos a nivel europeo en los últimos meses. Tras años de retraso, los países europeos se han dado mucha prisa, con la complicidad del Parlamento Europeo, en aprobar un sistema de medición de emisiones en condiciones reales de conducción, que aplica unos niveles de emisión 2,1 superiores (168mg/kg) al valor establecido en el reglamento Euro 6 (80mg/kg), algo injustificado desde el punto de vista técnico y cuestionable desde el punto de vista legal. Hay que recordar que España en las negociaciones solicitaba que los límites fueran aún mayores (2,3 veces superiores),  una actitud que habla por sí sola de los intereses que defiende nuestro Gobierno cuando se trata de elegir entre los beneficios de la industria automovilística o la salud de la población.

La resistencia social a los proyectos y políticas que causan fuertes impactos sobre el medio ambiente tiene hoy más relevancia que nunca

La relativamente reciente noticia sobre el asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres ha vuelto a poner en el centro del debate el papel que juegan las comunidades en defensa de la vida

A medida que el diagnóstico ambiental y climático sigue empeorando, las luchas en los territorios amenazados cobran un nuevo vigor, tanto más cuanto mayor es la percepción de que las soluciones no vendrán desde el plano institucional sino forzadas desde abajo

Hoy se presenta en Madrid el Atlas de la Justicia Ambiental, un ambicioso proyecto de mapeo de estos conflictos a lo largo y ancho del globo

Los procesos de degradación ambiental y empoderamiento social corren en paralelo. A medida que aumentan el metabolismo social y los procesos extractivistas, se agrava consecuentemente la crisis ambiental  y los ciudadanos protestan contra dicha situación. Se visibiliza entonces también un creciente déficit democrático en lo relativo a las decisiones que afectan a los recursos o al medio en el que vivimos.  A pesar de la existencia de un marco formal de apariencia democrática, en el que existen canales para la información, la reclamación y la participación, nos hallamos en realidad ante un mero espejismo participativo. Permitir la participación implica ceder poder y capacidad de decisión. Sin embargo la crisis ambiental pone de manifiesto la existencia de una falta real de mecanismos de control social sobre los procesos que generan la degradación ambiental, sobre la gestión de los recursos o sobre las decisiones energéticas y la producción de residuos contaminantes. La toma de conciencia respecto a esta situación lleva unos años conduciendo a un empoderamiento social y comunitario que es hoy más necesario que nunca. A medida que se percibe de forma creciente que lo que mueve a las grandes corporaciones y a los gobiernos que las amparan, no es precisamente el bien común, crece la conciencia de que si la sociedad no toma las riendas para defender el agua, la tierra o el aire,... nadie lo hará.

Y prueba de este empoderamiento creciente de la sociedad está en la propia respuesta dada desde el poder. La protesta es cada vez más duramente reprimida. Cuando se fuerzan avances legislativos de protección en las escalas más inmediatas de gobernanza (principalmente a nivel local o regional), estos son revertidos por instancias superiores (nacionales o supranacionales) o amenazados por los acuerdo comerciales (como en el caso del TTIP), ignorando la voluntad popular. Y cuando la protesta se produce, esta se criminaliza y reprime. Se niega a las comunidades afectadas su derecho de autodeterminación e incluso el de consulta previa. Las protestas por cuestiones ambientales han ofrecido resultados antes impensables, tanto a la hora de concitar gente en las calles (recordemos las más de 300.000 personas en las calles de Nueva York en la marcha por el clima), como a la hora de forzar giros en las políticas (el movimiento por la desinversión fósil, o el rechazo de la administración Obama al oleoducto XXL son algunos ejemplos). Pero este movimiento se está volviendo como decimos, cada vez más autónomo, y a medida que avance la desobediencia civil avanzará previsiblemente la represión. Tras el sabor amargo que el Acuerdo de París dejó en la sociedad civil, y bajo la máxima de “desobediencia” durante este mes se están llevando a cabo en todo el mundo acciones directas contra los combustibles fósiles, desde ocupaciones en minas de carbón a bloqueos de cumbres de empresas energéticas.

Esta situación represiva cobra aún mayor relevancia en países donde la corrupción institucional es mayor y el arraigo de los sistemas democráticos menor. En ellos, la defensa de la vida y el territorio puede salir muy caro, al tolerarse la acción de grupos paramilitares y mafiosos que en defensa de los intereses de algunas empresas, acosan, persiguen y matan a aquellos activistas que se atreven a dar un paso al frente en defensa de los comunes. Es el caso lamentable del asesinato en Honduras de la activista Berta Cáceres, pero también el de muchos otros activistas anónimos que cada año son asesinados en diferentes partes del mundo por su obstinación en la defensa del medio. Algunos de los más los más recientes, el de un monje budista y una mujer en una protesta contra una represa hidroeléctrica en Arunchal Pradesh en la India, y el de un activista en KwaZulu Natal en Sudafrica defendiendo las dunas contra la minería de titanio a cargo de una empresa australiana. El de Cáceres es sin embargo un buen ejemplo de que la lucha social da resultados, como lo demuestra el hecho de que se retiraran del proyecto hidroelectrico contra el que luchaba algunos de los actores más significativos, como un banco holandés, el Banco Mundial, o la empresa china Sinohydro.

Dar visibilidad a estas realidades es hoy muy necesario. Y este es uno de los propósitos del Atlas de la Justicia Ambiental (EJAtlas, por Environmental Justice Atlas) que presentamos hoy miércoles 18 en Madrid, explicando sobre todo los casos de conflicto en España y Portugal.Este proyecto que arrancó en el ICTA de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en 2012, tiene el objetivo de documentar y catalogar conflictos ambientales en todo el mundo. A día de hoy recoge más de 1730 casos de movilizaciones de comunidades y movimientos sociales surgidos en respuesta a determinadas actividades como la construcción de infraestructuras, la contaminación, el vertido de residuos, u otras actividades generadoras de impactos ambientales. La visibilización de los conflictos ambientales permite poner en el centro del debate temas como los conflictos distributivos, la deuda ecológica o la responsabilidad ambiental.

El EJAtlas pretende demostrar la existencia de un Movimiento Global por la Justicia Ambiental que empuja a la sociedad y la economía en la dirección de la sostenibilidad ambiental. El proyecto ENVJUSTICE dirigido por Joan Martinez Alier, que acaba de recibir un “Advanced Grant” por parte del Consejo Europeo de Investigaciones, conjuntamente con el nuevo proyecto Acknowl-EJ dirigido por Leah Temper (con fondos del ISSC[1], también gestionado desde el ICTA de la UAB), pretende ahora analizar nuevos casos que nutran el EJAtlas, con la aspiración de convertirse en un instrumento útil para investigaciones comparativas y estadísticas de ecología política. Los conflictos ecológico-distributivos son el objeto de estudio de la ecología política y son causados por el aumento del metabolismo social. ENVJUSTICE analizará las conexiones entre los cambios del metabolismo social y los conflictos ecológico-distributivos.

La investigación a partir del EJAtlas estudiará los movimientos de resistencia que nacen de tales conflictos y las redes internacionales que se forman en el Movimiento Global de Justicia Ambiental. ¿Quiénes son los actores sociales y las víctimas en esos conflictos?, ¿cuáles son las formas de movilización y las variables que explican los “éxitos” en crear nuevas alternativas? Visibilizar toda esta realidad, a través de este atlas, ayudará a fortalecer las redes de resistencia al actual modelo depredador y a la construcción colectiva de una sociedad diferente.

[1]     International Social Science Council

El 22 de abril, día de la Tierra, comienza la ratificación del acuerdo climático de París. Su objetivo principal es contener el aumento de temperatura por debajo de 2ºC para final de siglo. Esto significa abandonar los combustibles fósiles, empezar a reducir drásticamente las emisiones, y transitar hacia un modelo de austeridad energética basado en las renovables

La Unión Europea, sin embargo, acaba de aprobar un paquete de medidas que incluyen un apoyo explícito a la importación del gas natural, un combustible fósil que nos condenará a más décadas de cambio climático

El escenario de cambio climático al que nos enfrentamos es vertiginoso y el tiempo de reacción realmente escaso. Los líderes mundiales se comprometieron en la cumbre de París en 2015 a mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 ºC con respecto a los niveles preindustriales. Para alcanzar este objetivo es necesario, según el Grupo Intergubernamental de Expertos para el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), conseguir una completa descarbonización de la economía. Tenemos que dejar de emitir CO2 y otros gases de efecto invernadero de larga prevalencia. Según Kevin Anderson, uno de los más reputados climatólogos a nivel mundial, esto pasa por un abandono inmediato de los combustibles fósiles y una revolucionaria transición en la forma en la que usamos y producimos la energía.

El próximo 22 de abril, coincidiendo con la celebración del día de la Tierra, tendrá lugar una ceremonia de alto nivel para la firma del acuerdo de París en Nueva York. Allí acudirán nuevamente líderes mundiales, cuatro meses después de alcanzar el Acuerdo, a sellar su compromiso con el mismo. A partir de ese momento, los países deberán comunicar a Naciones Unidas sus instrumentos de ratificación y los compromisos de reducción de emisiones. En nuestro caso, será la Unión Europea en bloque la que presente el compromiso, marcado en la estrategia 2030, de una reducción doméstica de emisiones del 40% respecto a los niveles de 1990, una contribución de las renovables de un 27% en el mix energético, y una mejora de un 27% en la eficiencia energética[1].

Entre las renovables y el gas, la UE elige el gas

Entre las renovables y el gas, la UE elige el gasAl margen de consideraciones relativas a la debilidad de estos objetivos si los ponemos en relación con el panorama climático antes descrito, lo cierto es que en cualquier caso no se corresponden con las acciones políticas que la UE está tomando.

La UE está haciendo una apuesta de forma predominante por el gas natural frente a las renovables. El gas cubre actualmente una cuarta parte de la demanda energética europea, siendo la UE el mayor importador de gas del mundo. La aprobación en febrero de 2016 de una batería de documentos estratégicos de la Comisión en materia energética, perpetúan la dependencia de este combustible, y dejan un papel mucho más residual a la eficiencia energética o las renovables.

Arias Cañete, comisario del ramo, argumenta que “no se puede tener renovables y eficiencia de la noche a la mañana” (sic), y defiende esta apuesta porque dentro de que es un combustible fósil, el gas es menos sucio que el carbón; el gas sirve de respaldo a las renovables cuando no hay sol o viento; Y el gas puede jugar un papel en la descarbonización del transporte.

Vayamos por partes. El argumento del gas como combustible limpio es muy discutible. Si bien las emisiones de CO2 durante la combustión son menores que las del carbón o el petróleo, todo parece indicar que las fugas de metano en todo el ciclo de vida del gas natural no están siendo bien medidas y contabilizadas. Y el metano es un gas con un potencial de calentamiento climático 86 veces mayor que el CO2 durante los primeros 20 años de prevalencia en la atmósfera. Varios estudios científicos argumentan que las ventajas climáticas derivadas de las menores emisiones de CO2 estarían siendo totalmente anuladas cuando no sobrepasadas por estas, con lo que estaríamos haciendo un pan como unas tortas.

En relación al gas como respaldo para compensar las fluctuaciones en la generación de energía renovable, este combustible indudablemente puede jugar un papel complementario. Sin embargo, lo que se está produciendo es un desarrollo competitivo; algunos estudios concluyen que el aumento en la producción de gas y la consecuente bajada de los precios de la energía también desplazará a alternativas más amables con el clima como las energías renovables. Al mismo tiempo este desarrollo está conduciendo a un aumento en el consumo global de energía primaria, debido a una reducción de los incentivos de ahorro energético. La propia Agencia Internacional de la Energía reconocía en su último informe que la transición a las renovables podría retrasarse si los precios de los combustibles fósiles permanecen bajos en el largo plazo.

Y en lo referente al empleo de gas en el transporte, un reciente estudio concluye que el incremento del uso del gas natural como combustible para el transporte por carretera es altamente ineficiente a la hora de reducir tanto las emisiones de gases de efecto invernadero como la contaminación atmosférica para casi todas las categorías de vehículos. Apostar por el gas para el transporte conllevará un aumento de los costes económicos, sociales y ambientales.

La UE lleva varios años alentando la construcción de las interconexiones del gas en Europa. Son varios los proyectos de grandes gasoductos para la importación que cobran atención en un momento u otro dependiendo de la geopolítica. Por sus dimensiones e impactos destaca como proyecto estrella el Corredor Sur, una enorme tubería de 3500 km que pretende alimentar de gas durante décadas a Europa desde Azerbaiyán vía Italia, y que se espera esté terminada en 2020.

También gas de 'fracking'

También gas de 'fracking'En los documentos que acompañan a su propuesta de Seguridad del Suministro de Gas, la Comisión afirma que en 2035 la producción doméstica (en la UE) de gas no convencional podría alcanzar el 25%. Esta previsión optimista no parece compadecerse con el ritmo al que avanzan los proyectos de fracking en Europa, lastrados entre otras cosas por una decepcionante geología y una vívida oposición social. Los bajos precios del gas, actualmente en mínimos históricos, no harán sino ralentizar aún más el desarrollo de esta industria en el continente. En cualquier caso muestran la voluntad de la UE de apostar por esta tecnología.

Pero el gran apoyo político se produce en lo relativo a las importaciones. Al calor de las negociaciones del Acuerdo Trasatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) con EEUU, la Unión Europea se ha embarcado en la promoción y construcción de gasoductos y terminales para la importación de Gas Natural Licuado (GNL), combustible que se prevé provenga, entre otras fuentes, del esperado excedente de gas de fracking estadounidense. La “Estrategia europea para el Gas Natural Licuado y el Almacenamiento de Gas” supone un auténtico empuje a la importación de gas natural, con recomendaciones de inversiones milmillonarias en infraestructuras de gasoductos y capacidad de almacenamiento y regasificación. Por tanto, estar en contra del fracking hoy en Europa pasa por estar en contra de la política europea del gas.

En febrero de 2016, EEUU exportó el primer cargamento internacional de gas de lutitas en forma de GNL, tras levantar una prohibición establecida desde 1975 a las exportaciones de gas. Europa es uno de los destinos claros a futuro de estos cargamentos. Son varias las empresas europeas, entre ellas las españolas Iberdrola, Gas Natural Fenosa, o Endesa, que ya están firmando contratos a veinte años con empresas americanas para el suministro de gas.

Un camino equivocado

Un camino equivocadoEsta apuesta por el gas es equivocada por partida doble. Por un lado, la demanda europea de gas está cayendo año tras año de forma dramática. Por tanto, las inversiones millonarias que se están haciendo, basadas en expectativas hinchadas, no se corresponden con necesidades reales y conducen a una sobrecapacidad en el beneficio privado de unos pocos.

Por otro lado, las inversiones en infraestructuras de gas (gaseoductos, regasificadoras,...) son decisiones con largos plazos de amortización y que nos condenan a más décadas de cambio climático. Todas estas decisiones que la UE toma hoy, será prácticamente imposible revertirlas mañana. La UE podría bajar sus necesidades de importación de gas natural si optara, por ejemplo, por un plan drástico de eficiencia energética en edificios o de fomento de las renovables. El impulso político que la UE está dando al gas aborta sin embargo esta posibilidad y va en dirección opuesta a lo que el objetivo del Acuerdo de París exigiría.

[1] A más largo plazo, según su estrategia para una economía baja en carbono, la UE se plantea reducir un 60% para 2040, y al menos un 80% para 2050.

En contra de los mensajes triunfalistas, el Acuerdo de París sobre el clima no garantiza en absoluto el necesario cambio de rumbo

Procrastinar es la acción de postergar las actividades que deben atenderse. Es un verbo que define bien la historia de la (in)acción política en materia climática. En 1979 tuvo lugar la Primera Conferencia Mundial sobre el Clima. Las emisiones de carbono de ese año fueron algo superiores a las 18 gigatoneladas (Gt). Casi una década después, se creó el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). Las emisiones ya sobrepasaron ese año las 20 Gt. Después, durante más de 20 años de negociaciones climáticas para solucionar el problema, las emisiones nunca dejaron de aumentar. Tras cinco informes del IPCC, el mensaje sobre mitigación se ha fortalecido algo, pero en definitiva no ha cambiado mucho: necesitamos reducir drásticamente las emisiones. Sin embargo estas han crecido de forma imparable, hasta duplicarse en todos estos años.

El pasado diciembre se cerraba en París un acuerdo mundial sobre el clima. De forma paralela a las negociaciones una región del sur de la India sufría las peores inundaciones de los últimos cien años, afectando gravemente a la cuarta ciudad más importante del país, provocando muerte, hambruna y destrucción del tejido industrial. El número de muertos que el cambio climático ya provoca aumentará hasta los 250.000 cada año entre 2030 y 2050, según la Organización Mundial de la Salud.

Un ciudadano de a pie que observe este panorama desde cierta distancia, esperaría que lo acordado en París estuviera a la altura de semejante reto: un compromiso vinculante que garantizara que empezáramos desde ya a reducir las emisiones de carbono y que lo hiciéramos al mayor ritmo posible, al tiempo que se destinan los máximos esfuerzos para adaptarse a los ya inevitables efectos, y se compensa a los países empobrecidos, que no han generado el problema, por los daños causados. La firma del acuerdo se aireó en los medios efectivamente como una victoria al haber sido refrendado por más de 190 países del mundo y como un mensaje de que la comunidad internacional, finalmente, se había puesto en marcha. Pero, lamentablemente, tener un acuerdo de todos no es un valor en sí mismo. Lo que hay que ver es si sirve para solucionar el problema que tenemos.

Un acuerdo que mantiene el statu quo

Un acuerdo que mantiene el statu quostatu quoLa ciencia dice que la forma inevitable de reducir emisiones es dejar la mayor parte de reservas de combustibles fósiles, los principales causantes del calentamiento global, en el subsuelo, sin tocar. En concreto una tercera parte del petróleo, el 80% del carbón, y la mitad del gas. Cabría esperar que el Acuerdo de París (en adelante AP) hubiera sentado las bases para este escenario.

Como señala la ecuatoriana Ivonne Yáñez uno de los problemas de la “métrica del carbono”, es que al hablar de emisiones trasladamos el problema al plano de lo intangible; hablar en término de reservas fósiles nos permite en cambio adquirir un principio de realidad sobre la que podríamos actuar. Comencemos a decidir qué reservas vamos a dejar sin tocar primero, para empezar a solucionar el problema desde el origen. La pregunta obligada es cómo durante más de dos décadas de negociaciones climáticas estas propuestas no han estado sobre la mesa, cuando es de cajón que todo lo que se extrae, se quema.

El AP no solo no contempla ni una sola medida para dejar los combustibles bajo tierra: es que no los menciona, como si el problema no fuera con ellos. Ni siquiera para hacer un llamamiento a los países para que dejen de subsidiar a la industria del carbón, el gas y el petróleo. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que en 2015 los subsidios públicos a la industria fósil fueron de 5,3 billones de dólares a nivel global, una cantidad mayor que el gasto sanitario en todo el mundo para ese mismo año.

El AP debería haber protegido a las víctimas del cambio climático; en su lugar ha protegido nuevamente a la industria fósil y a los billones de dólares de dinero público que reciben cada año, a los 55 billones que vale la infraestructura energética del mundo, a los 28 billones de valor nominal de sus reservas…ha permitido que se mantenga el statu quo.

Un acuerdo sin números

Un acuerdo sin númerosPero tampoco desde la óptica de la métrica del carbono se ha conseguido poner una cifra; en los borradores previos a Paris se llegaron a manejar objetivos de reducción absoluta de emisiones de hasta el 95% para el año 2050, con una perspectiva de descarbonización total a largo plazo. Señalo el adjetivo en cursiva porque no es un tema baladí. Un acuerdo en estos términos hubiera tenido el valor de retratar a la comunidad internacional. De ponerla en la encrucijada al haber señalado al culpable, los combustibles fósiles, y visibilizar al menos de forma palpable la imposibilidad de avanzar siquiera hacia ese objetivo sin cambiar radicalmente el sistema económico, energético, de producción y de consumo. Y si tomábamos a pesar de todo el camino del suicidio colectivo, que no fuera algo que pasara desapercibido para la sociedad.

Sin embargo el texto resultante de las negociaciones de París disfraza el camino elegido, deja caer el objetivo a medio plazo (2050), y se marca el muy vago -y truculento al tiempo- objetivo para 2100 no ya de una reducción absoluta de emisiones, sino de una reducción neta. He aquí la gran perversión oculta del acuerdo. Ya no importa tanto que dejemos de emitir, como que nos comprometamos a recapturar lo emitido de algún modo antes de final de siglo. Todo un balón de oxígeno a la industria fósil y sus proyectos de hidrocarburos extremos en marcha (fracking, Ártico, perforaciones ultraprofundas, arenas bituminosas,…) que ya no quedarán bajo los focos.

Las formas de recapturar esas emisiones de la atmósfera tienen mucho que ver con la ficción y requerirían un post aparte. Pero lo importante es que el mensaje de tranquilidad a la sociedad en las valoraciones post-Paris no se sostiene con el acuerdo en la mano. Cada infraestructura de transporte, cada central térmica, cada gaseoducto, etc. que seguimos construyendo hoy, nos condenan irremisiblemente a más calentamiento mañana. Hay quien es optimista al considerar que al menos París sirve de relato para ganar la conciencia de la sociedad sobre la necesidad del cambio. Puede ser. Pero siempre y cuando ese ciudadano de a pie del que hablaba no se deje tranquilizar por los mensajes oficiales.

En una suerte de empatía litúrgica, la llegada del final de 2014 trajo buenas nuevas, está vez en relación con la lucha contra el fracking. En noviembre, los habitantes de Denton, un municipio tejano de más de 100.000 habitantes, que bien podría reclamar el título de capital mundial de la fractura hidraúlica con sus más de 250 pozos fracturados hasta la fecha, resolvieron prohibir la técnica en las urnas, con un 59% de votos a favor. Hablamos de Texas, uno de los estados con mayor tradición petrolera donde durante décadas la convivencia con los pozos de extracción ha sido relativamente normal. Toda una puñalada en pleno corazón de la bestia. Texas ya había alumbrado meses atrás la primera sentencia judicial que obligaba a una empresa energética a indemnizar cuantiosamente a una familia, la de una valiente mujer, Lisa Parr, cuya salud se vió seriamente perjudicada por las actividades de fractura hidráulica.

Parece que algo se mueve en las entrañas del monstruo. Un elemento que está motivando estos cambios es que, a medida que los combustibles fósiles se agotan y hay que ir a buscar las gotas más sucias a capas más profundas y lugares más inaccesibles, la frontera extractiva se está mudando a la puerta de nuestras casas. Cerca de 15 millones de estadounidenses viven ahora a menos de dos kilómetros de distancia de un pozo de petróleo o gas. La ciudadanía está reaccionando. En primera instancia porque se pone en riesgo su entorno más inmediato. Pero también porque está adquiriendo progresivamente consciencia de que algo va mal en lo global, de que no tiene sentido este camino febril que al grito de “Perfora, chico, perfora”, agrieta el subsuelo de todo el planeta. Los combustibles fósiles no convencionales, extraídos mediante la técnica de fractura hidráulica, tienen una bajísima rentabilidad energética. Esto quiere decir que la cantidad de energía que se obtiene “en neto”, despues de todo el proceso, es el chocolate del loro. La productividad de los pozos declina abruptamente y a partir del tercer año prácticamente no se saca nada, lo que obliga a abrir pozos y más pozos, cientos cada mes, para mantener la producción. Cuando desde la Agencia Internacional de la Energía (AIE) o desde el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) se nos dice que debemos dejar la mayor parte de las reservas conocidas y probadas de combustibles fósiles en el subsuelo, uno se pregunta qué demonios hacemos buscando nuevas reservas, las más inaccesibles, las más caras y de peor comportamiento climático. Y encima con una hipoteca ambiental tan cara.

No son los gobiernos ni mucho menos la industria quien va a forzar la salida de la senda fósil. Va a ser nuevamente la ciudadanía quien probablemente pilote ese cambio. A la decisión de Denton le han venido sucediendo otras en las semanas subsiguientes. También en noviembre, en sendos condados de California, San Benito y Mendocino, los ciudadanos en votación aprobaron la prohibición de la técnica de la fractura hidráulica, con el 57% y el 67% de los votos respectivamente. Y la misma semana que Denton votaba contra el fracking, la ciudad de Athens en Ohio se convirtió en la quinta de ese estado en prohibir la técnica.

Por su parte el parlamento holandés votó en diciembre a favor de prolongar dos años más, hasta 2017, la actual moratoria al fracking, establecida hasta que se clarifiquen los efectos de la técnica. Por su parte, el estado de Nueva York ha mantenido una moratoria los últimos años mientras debatía la conveniencia o no de levantarla. El gobernador Andrew Cuomo decidía, pocos dias antes de acabar 2014, que no levantará la moratoria y que aprobará una ley para prohibir la técnica, como ya hizo en su dia el estado de Vermont. Las razones del informe oficial sobre el que se sustenta la decisión hablan de la evidencia de impactos sobre la salud y las incertidumbres y falta de conocimiento que aún rodean a esta técnica. Un enfoque claramente precautorio. Por su parte el gobierno de Quebec, en Canadá, le hacía los coros a Nueva York esa misma semana, convirtiendo en indefinida la moratoria de cinco años que ya tenía establecida, aduciendo que los riesgos ambientales superan largamente los beneficios económicos de la actividad. Y los mismos pasos siguió pocos días después la también provincia canadiense de New Brunswick.

Las décadas pasadas hemos asistido a un vaciamiento sistemático en el debate político y social de elementos referentes al bien común, a la igualdad distributiva, etc. en aras de un fundamentalismo de mercado que se ha convertido en el pilar que organiza toda la sociedad. La narrativa cultural que ha dado legitimidad social a ese funcionamiento conecta con valores como el individualismo, el ensalzamiento del beneficio económico y un fuerte antropocentrismo que remite a una perspectiva utilitarista y de dominación de la naturaleza, responsable de una falsa sensación de capacidad de aislamiento e independencia respecto al medio natural en el que vivimos. Este ideario ha ido drenando durante años hasta calar en diferentes grados en cada uno de nosotros, convirtiéndonos en escépticos cuando no en refractarios a pensar y creer en lo colectivo. Como afirma N. Klein, quizás este sea el legado más dañino del neoliberalismo: “la desoladora conciencia de habernos individualizado tanto unos de otros que nos lleva a la conclusión de que no solo somos incapaces de auto-preservarnos sino que además no merece la pena intentarlo”.

Sin embargo, las múltiples crisis, entre ellas la energética y climática, están haciendo emerger nuevamente esos otros valores colectivos al debate social, y ello permite diferenciar mejor entre lo que le interesa a la industria del gas y el petróleo y lo que nos interesa a todos como sociedad. Y son cosas claramente distintas.

La lucha contra el fracking está vehiculando el descontento ante una doble crisis climática y democrática: puede por tanto servir para profundizar en un debate serio sobre el tipo de sociedad que queremos, con la participación de las personas, sin las hipotecas que imponen el corsé del mercado y los intereses económicos, poniendo la defensa de la vida en el centro, y reconstruyendo los puentes rotos con la naturaleza a la que pertenecemos. La lucha contra el fracking contribuirá a recuperar esa consciencia de ecodependencia que nunca debimos perder.