A estas alturas, a nadie le extraña escuchar a algún conocido contando su experiencia con ‘apps’ de citas del tipo Tinder o Grindr o que los medios de comunicación traten con normalidad estos temas. Un claro ejemplo de ello es el eco que tuvo la reciente filtración de datos de los usuarios de la conocida plataforma de ‘dating’ Ashley Madison. El ligue ‘online’ es tan habitual que para las nuevas generaciones empieza a ser lo más común.

El hecho de que el primer contacto con un posible ligue se dé a través de estas plataformas puede dar pie a que alguna de las partes engañe a la otra escudándose en el anonimato inicial que ofrece una pantalla de ordenador, teléfono o tableta.

Puede llegar a darse el caso de que un usuario mienta respecto a su edad y alguien termine manteniendo relaciones sexuales con un menor. Si la persona engañada no tenía conocimiento de la edad, ¿estaría cometiendo un delito? ¿Hasta dónde alcanza la responsabilidad de la aplicación ‘online’ por permitir que los menores utilicen su plataforma?

En Estados Unidos, por ejemplo, se han dado varios casos de este tipo. El sentido común nos puede llevar a pensar que, como había mediado engaño en la edad, nadie debería ser considerado culpable. Sin embargo, lo cierto es que los tribunales estadounidenses han fallado justo en el sentido contrario en al menos un par de casos.

Así le ha sucedido, por ejemplo, a un joven de 19 años de Indiana que conoció a través de la ‘app’ Hot or Not a una chica que decía tener 17 años, pero que en realidad tenía 14, y con la que mantuvo relaciones sexuales. Pues bien, incluso habiendo declarado la chica en el juicio que había engañado con su edad al joven y que la relación había sido consentida, este fue declarado culpable. Entre las penas impuestas, la de cárcel y la de ser incluido en el registro de delincuentes sexuales, que es público y en el que debería permanecer durante 25 años.

Otro caso reciente es el de un profesor que conoció a un joven a través de Grindr. Esta aplicación establece como edad mínima para ser utilizada 18 años, por lo tanto, al contactar con alguien a través de la misma se presupone que la otra persona ha de ser mayor de edad. El profesor también fue declarado culpable por mantener relaciones sexuales con el menor (en realidad tenía 15 años), a pesar de que, como puso de manifiesto la propia jueza, fue el joven el que incitó a mantener dichas relaciones aprovechando su excepcional altura para aparentar la mayoría de edad.

¿Qué sucedería en España?

En cuanto a lo que supondría uno de estos casos en nuestro país, hay que tener en cuenta que en la última reforma del Código Penal se elevó la edad de consentimiento sexual de los 13 a los 16 años. Esto quiere decir que, a priori, cualquier persona que mantenga una relación sexual con un menor de 16 años será responsable de un delito de abuso sexual que lleva aparejada una pena de prisión de dos a seis años.

Por lo tanto, el principal problema lo encontramos cuando el menor miente sobre su edad y resulta estar por debajo de los 16, ya que automáticamente se está cometiendo un delito. Si tiene 16 o 17 años, a pesar de ser menor, la relación no sería delictiva siempre y cuando medie consentimiento.

No obstante, no podemos perder de vista que la finalidad de esta norma penal es defender a un menor de edad ante un abuso sexual, es decir, proteger a quien no está completamente desarrollado ni física ni psicológicamente de alguien que quiere abusar de él sirviéndose de cualquier argucia.

Pero, ¿y si realmente no ha existido intención de abuso, existía consentimiento por ambas partes y se desconocía que se estaba ante un menor de 16 años porque había indicado una edad distinta a la real? ¿Sigue siendo delictivo?

Para responder a esto habría que analizar el caso concreto, puesto que toda circunstancia, por pequeña que pueda parecer, puede matizar la responsabilidad. No obstante, será la valoración por parte de expertos de varios aspectos del menor, como su desarrollo antropológico – su aspecto, altura, anchura del esqueleto -, su desarrollo intelectual y su desarrollo psicológico, lo que determinará si realmente era difícil sospechar que su edad era inferior a la indicada.

¿Y la aplicación?

Más allá de la responsabilidad del mayor de edad engañado, cabría preguntarse si la plataforma en cuestión tendría parte de culpa al permitir que los menores de edad accedan a la ‘app’.

Sin ir más lejos, Tinder establece como edad mínima para su utilización los 13 años, aunque lo cierto es que se remite a las leyes del lugar donde se vaya a utilizar la aplicación cuando se accede desde fuera de Estados Unidos. Además, para hacer uso de la plataforma, el usuario tiene que asegurar que nunca ha sido condenado por un delito grave y que no consta en ninguno de los registros de delincuentes sexuales.

Asimismo, el usuario garantiza con el simple hecho de darse de alta que toda la información proporcionada para la creación de la cuenta, incluida la de Facebook, es exacta y veraz, y que en caso de que alguno de los datos proporcionados quedara obsoleto, se compromete a su actualización.

No obstante, en repetidas ocasiones y en diversos apartados de los términos de uso, la empresa hace expresamente un descargo de responsabilidades de todo tipo de acto que se lleve a cabo desde su plataforma o que tenga origen en la misma.

Por lo tanto, debido a que cada una de estas 'apps' impone sus propias normas y condiciones de uso, habría que acudir a sus términos para saber qué es lo que está permitido y lo que no, y así conocer hasta dónde alcanza su responsabilidad y dónde empieza la del usuario, haya leído o no las condiciones del contrato que firmó al darse de alta en el servicio.

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Las imágenes de este artículo son propiedad, por orden de aparición, de Denis Bocquet, Hot or Not y Tinder

La mayoría de nosotros actúa en internet de la misma forma que en el mundo físico, y muchas veces compartimos contenidos o nos expresamos sin tener en cuenta las consecuencias que puede tener que en la Red todo quede registrado y el alcance de un público potencialmente masivo. Lo que uno dice en un bar suele quedarse en el bar. Lo que uno escribe en Twitter o sube a YouTube puede ser visto por millones de personas con independencia del momento y el lugar del mundo en que se encuentren.

Además, con más frecuencia de lo que parece, comportamientos que son habituales en las redes sociales pueden llegar a ser delictivos. Nos podemos meter en algún que otro problema con la justicia sin ser plenamente conscientes de lo que supone.

Puede parecer divertido y, además, no parece que le hagamos daño a nadie, ¿verdad? Cogemos las fotos de un perfil de Facebook o Instagram y creamos una nueva cuenta en cualquier red social haciéndonos pasar por esa persona. Lo que en principio parece inocente, en realidad puede tener repercusión legal. Cuando esta suplantación de identidad se alarga en el tiempo y se llega a asumir como propia la identidad robada, haciendo creer al resto de los usuarios que el suplantador es la persona por la que se está haciendo pasar, tienes un problema: estás cometiendo un delito recogido en el Código Penal castigado con una pena de prisión durante hasta tres años.

¿Todo vale?

Al igual que fuera de internet, en la libertad de expresión no cabe el insulto, ni las afirmaciones falsas, ni mucho menos las acusaciones de delitos (más aún si se formulan sabiendo de su falsedad para dañar la imagen de alguien), aunque se haga todo para protestar por una injusticia porque, en ese caso, podría ser el justiciero quien acabe cometiendo un delito.

La víctima de una situación injusta convertida en delincuente sin saberlo. ¿Por qué? Por realizar un comentario que puede perjudicar la imagen de otra persona. Si el objetivo de su ira es su expareja, los problemas son mayores y la condena puede tener más peso.

Es lo mismo que ocurre con los comentarios vejatorios o denigrantes, aunque con un pequeño matiz que se incluirá muy pronto en nuestras leyes: a partir del 1 de julio, con la entrada en vigor de la reforma del Código Penal, se despenaliza esta conducta salvo en los casos en los que dichos comentarios se viertan como venganza contra la expareja.

Acusar a otro de haber cometido un delito - por ejemplo, decir que es un estafador o que maltrata a su mujer -, sabiendo que es mentira o sin estar del todo seguro, también puede traerte problemas: podrías estar cometiendo un delito de calumnias penado con hasta dos años de prisión en el caso de que se viertan con publicidad (y no podemos pasar por alto que las redes sociales contribuyen bastante a ello).

Difundiendo lo privado

En cuanto a la difusión de imágenes o grabaciones íntimas, hasta ahora solo se cometía un delito cuando eran obtenidas sin el consentimiento de la víctima. Exactamente lo que sucedió hace unos meses cuando unos ciberdelincuentes se hicieron con las fotos íntimas de varias actrices de Hollywood, accediendo ilícitamente a su almacenamiento en la nube, para publicarlas en la Red.

Sin embargo, con la nueva reforma del código penal también pasará a ser delito la llamada 'porn revenge' o difusión por venganza (o cualquier otro motivo) de las imágenes íntimas intercambiadas en lo que se conoce como 'sexting'.

Esto significa que a partir de ahora, aunque la otra persona comparta una grabación o fotografía íntima por WhatsApp con pleno conocimiento de lo que está haciendo, su difusión sin el consentimiento de esa persona es delito. Además, si es de tu expareja, el Código Penal se reserva un castigo algo más duro para ti.

Barra libre de contraseñas

Por último, la duda más frecuente de los amantes celosos tiene que ver con las contraseñas de las cuentas de sus parejas en las redes sociales. ¿Es delito si obtengo sus claves con un programa? Si se deja abierta la sesión, ¿es ilegal si entro?

Lo que nos dice el Código Penal es que acceder a un sistema de información - en este caso una red social - sin estar autorizado, y vulnerando para ello las medidas de seguridad establecidas para impedirlo (básicamente, la contraseña), podrá ser castigado con una pena de prisión de hasta dos años.

Si entras a una cuenta ajena porque el propietario se la ha dejado abierta, el delito es similar. Aunque no hayas recurrido a ningún 'software' para obtener la clave, has accedido sin el consentimiento del usuario: estás en esa cuenta en contra de la voluntad de su titular.

En definitiva, cuidado con lo que haces, dices o publicas en la Red si no quieres tener problemas. Aunque parezca que nada tiene repercusión, lo cierto es que, cada vez más, la gente empieza a ser consciente de los derechos que tiene - que son los mismos que en el mundo real - y de las acciones judiciales que puede iniciar para hacerlos valer.

Las leyes, que siempre van siempre un paso por detrás, empiezan a adecuarse a este nuevo entorno al tiempo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado persiguen con mayor eficacia este tipo de delitos telemáticos.

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Las imágenes de este artículo son propiedad, por orden de aparición, de Rosaura Ochoa, Miriam García y Peter Petrus

Recibes un correo electrónico. El asunto parece interesante: “Oferta de trabajo”. ¡Genial! La búsqueda por fin ha dado sus frutos.

Lo abres. “Estimado Candidato”, dice. En aproximadamente folio y medio de documento de texto en un (casi) perfecto español se detalla la oferta. Te cuentan a qué se dedica la empresa y te explican lo que necesitan de ti. Es esto:

En resumen, te piden que realices diversas transacciones de pagos de clientes y te especifican cuáles podrían ser. Por si te diera por sospechar algo, te aseguran que “todas nuestras transacciones son complemente dentro del marco de la ley”. Si ellos lo dicen…

Por otro lado, las condiciones laborales parecen de ensueño:

¿Pocas horas y salario fijo mensual de 1.550 euros por controlar pedidos, comunicarse con algunos clientes y realizar transacciones? Vaya... Y además recibes una comisión de un 2% por cada transacción realizada con éxito. ¡Un chollo!

La verdad es que todo suena demasiado bien, y por desgracia, ofertas tan redondas no son muy habituales. Recurriendo a nuestro refranero, “nadie da duros a cuatro pesetas”.

En realidad, los autores de esta estafa buscan pobres incautos para utilizarlos como 'muleros bancarios', acción que puede llegar a ser calificada como un delito de blanqueo de capitales normalmente en su modalidad imprudente, un delito de receptación o un delito de estafa informática en condición de cooperador necesario.

El supuesto trabajador, víctima de este engaño, actúa sin saberlo como intermediario: se le realizan ingresos en su cuenta bancaria y él se encarga de transferir ese dinero a un tercero - normalmente por algún medio de difícil rastreo - descontándose el 2% acordado en sus “condiciones de trabajo”.

El problema es el origen de este dinero. Normalmente procede de actividades ilegales, y lo que se pretende con estas transferencias entre cuentas es blanquear el dinero ilícitamente obtenido, conducta que se considera en el actual Código Penal como delictiva. Todo a pesar de que la víctima no es plenamente consciente de lo que realmente está ocurriendo.

A pesar de que nuestro Código Penal establece que no hay pena sin dolo o imprudencia, lo cierto es que los tribunales españoles tienden a aplicar ante esta conducta del intermediario o 'mulero bancario' la tesis de la ignorancia deliberada, que viene a decir que “quien se pone en situación de ignorancia deliberada, sin querer saber aquello que puede y debe saberse, y sin embargo se beneficia de la situación, está asumiendo y aceptando todas las consecuencias del ilícito negocio en el que voluntariamente participa”.

Ante una oferta de trabajo en la que se paga mucho a cambio de trabajar muy poco, uno debe sospechar que hay algo ilícito detrás. Si aun así acepta colaborar, ha de asumir todas las consecuencias. Consecuencias que pueden llegar a ser de varios años de cárcel para el pobre incauto, más la correspondiente multa, si procediera.

Por este motivo, a veces es mejor dejarse aconsejar por la intuición e investigar un poco antes de lanzarse rápidamente a aceptar ofertas de empleo que pueden convertirte en el protagonista de una auténtica película de terror.

¿Y qué hacer si ya hemos caído? Primero, contar con alguien que pueda asesorarnos correctamente en el caso concreto; pero, por lo general, se aconseja devolver el dinero, avisar al banco para que bloquee la cuenta y formular la correspondiente denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

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Las imágenes de este artículo son propiedad de David Goehring y Images Money

Cada vez son más populares las redes de contactos 'online' para buscar el amor. Sí, el amor. Al menos, eso es lo que publicitan: “Los solteros utilizan nuestra plataforma con la finalidad de alcanzar el amor verdadero. Son ya miles de solteros los que buscan encontrar el amor por internet”, asegura una de las más famosas. “Miles de parejas han surgido ya y nuestro equipo tiene una única misión: ayudar a nuestros usuarios a conocer gente, y, quién sabe, quizá encontrar el amor”, afirma otra, también muy conocida.

Estas plataformas pintan la soltería casi como una maldición, recurriendo a frases como “hemos conseguido que muchas parejas disfruten hoy de una relación estable y feliz” o “¿está cansado de no tener planes?”.

El proceder habitual de este tipo de páginas, y gancho de las mismas, es ofrecer un registro inicial gratuito, junto con la posibilidad de realizar un test de compatibilidad e incluso crear un perfil personal completo. Tras completar estos pasos, el usuario apenas puede interactuar con el resto de personas. Por ello, si quiere conocer a más gente o leer sus correos, por ejemplo, ha de suscribirse a un servicio de pago.

Probablemente, si el servicio de pago obligara a suscribir un año, la gente no lo aceptaría. ¿Quién querría pasar todo ese tiempo esperando a que aparezca su media naranja? Por este motivo, se ofrece al usuario la posibilidad de darse de alta por un periodo más breve, de uno o dos meses, y este, impulsado por una falsa sensación de fugacidad, decide probarlo a ver si tiene suerte.

Sin embargo, y aunque se especifica, se trata de contratos que se renuevan automáticamente sin previo aviso, y la broma puede salir bastante cara.

Una suscripción de un mes en el plan más exclusivo puede rondar los 55 euros, que se pagan facilitando los datos de la tarjeta bancaria. Dado que el usuario realiza esta operación una sola vez, no es descabellado pensar que puede olvidarse de la misma, lo que al año puede suponerle un desembolso de hasta 659 euros.

¿Cómo darse de baja?

Aquí empieza la pesadilla: cuando al usuario no le es posible darse de baja de las suscripciones automáticas de pago. Aunque se supone que puede hacerlo con un preaviso determinado - que establece la plataforma en cuestión -, e incluso por distintos medios (teléfono, formulario web, correo electrónico), no siempre es una tarea fácil, o al menos así lo afirman muchos que han tenido que pasar por el mal trago, llegando a ser una de las cuestiones más buscadas en Google en lo que a bajas se refiere (como indica la función 'autocompletar' del buscador).

Además, estas páginas tienen una sorpresa reservada para aquellos usuarios que, tras intentar darse de baja infructuosamente, dejan de pagar el servicio devolviendo los recibos o anulando su tarjeta: correos electrónicos en los que amenazan al usuario con iniciar acciones legales en caso de no recuperar el importe adeudado, añadiendo que estas acciones pueden incluir procesos judiciales de recobro de deuda y la inclusión de los datos personales en registros de morosos.

Para inducir aún mayor temor, le recuerdan que “como bien sabe, la inclusión en dicho registro afecta a su historial crediticio, dificultando con esto la obtención de créditos y préstamos al consumo”.

Toda una declaración de amor por parte de estas plataformas. Ante esta situación, es recomendable solicitar la baja a través de un medio fehaciente – como el burofax o la carta certificada con acuse de recibo - que permita acreditar que se llevó a cabo la gestión de cara a un posible procedimiento posterior.

Si tras solicitar la baja de este modo continúan cobrando recibos en la cuenta corriente del usuario, entonces lo recomendable es acudir al Centro Europeo del ConsumidorCentro Europeo del Consumidor, ya que, por lo general, estas plataformas de citas 'online' – o al menos las más populares - están ubicadas fuera de España pero dentro de la Unión Europea.

La moraleja de este historia de amor devenida en drama es que conviene no perder de vista las condiciones que uno acepta y a las que se adhiere al darse de alta en un servicio de suscripción de pago, ya que lo que se suscribe es un contrato con consecuencias reales para las partes en caso de incumplimiento. ¿A que ya no parece todo tan color de rosa?

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Las imágenes de este artículo son propiedad, por orden de aparición, de Lukasz Porwol y floodllama

Parece que hay cosas que nunca cambiarán en internet y timos que nunca desaparecerán: por mucho que pasen los años, aún no ha muerto el interés por saber si comprando un título nobiliario a través de un portal que los ofrece a precios muy asequibles -unos 50 euros el más barato - nos convertiríamos en nobles de algún remoto país. ¿Podríamos ser llamados duques o marqueses, con todas las de la ley, de aquí en adelante?

Desde luego, el timo no es nuevo. En realidad se trata de un viejo fraude que lleva más de una década dando vueltas por la Red y que ya en su día escandalizó a ciertos nobles - ellos sí, de pleno derecho -, que se dedicaron a tachar activamente este tipo de webs de fraudulentas.

Lo cierto es que, a pesar de que este tipo de páginas proliferan cada vez más, la compra de títulos nobiliarios no genera, como tal, efectos jurídicos válidos en nuestro país. De conformidad con la legislación vigente, los títulos nobiliarios sólo pueden adquirirse bien por sucesión hereditaria o bien por creación real – tal y como sucedió recientemente con el seleccionador de fútbol Vicente del Bosque, a la sazón marqués de Del Bosque -, pero nunca a través de la compra, al menos sobre la base de lo establecido por el derecho español.

Entonces, ¿qué ofrecen estas páginas? En realidad, parecen aprovecharse de las costumbres de determinados lugares (Escocia, sobre todo) en los que quien posee una porción de tierra tiene el derecho a utilizar el título de 'Laird' - algo así como “terrateniente” o “señor de la tierra”. Utilizando una de las acepciones del término, crean la ficción y la equiparan a la acepción de 'Lord', identificativa del poseedor de un auténtico título nobiliario. Y claro, si cuela, se embolsan unos 50 euros, que no está nada mal por un trozo de papel y una pequeña porción de tierra que probablemente el estafado nunca llegue a ver.

Recurren igualmente este tipo de sitios a legislaciones extranjeras, con la excusa de que, por ejemplo, según el derecho alemán uno puede ponerse el nombre artístico que guste. Por lo tanto, quien desee llamarse “Señor de las Tierras Lejanas” puede hacerlo sin ningún problema. Así, no es extraño ver cómo desde este tipo de webs animan a ello.

Sin embargo, esto no debe llevarnos a confusión. El hecho de que sobre la base de lo dispuesto por legislaciones extranjeras uno pueda llegar a llamarse artísticamente como desee no significa que ello sea también válido en nuestro país.

Yendo más allá, el fraude reside concretamente en que cobran al usuario por un supuesto título nobiliario que éste nunca va a llegar a adquirir realmente. Así que podremos llamarnos “Señor de Alba”, “Señor de las Tierras del Norte” o lo que nos venga en gana, pero no adquiriremos título nobiliario alguno ni disfrutaremos de un hermoso castillo en las Highlands escocesas. Podremos, eso sí, colgar un bonito papel en la pared de nuestra casa.

Así que, ya sabéis: el que quiera un título nobiliario, que se case con un noble o convenza al rey para que se lo conceda.

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Las imágenes que aparecen en este artículo son, respectivamente, dos capturas de pantalla del sitio web Comprar-titulos-nobiliarios.es y una tercera imagen propiedad de Miriam García.