Algunos quizás se hayan olvidado, pero las protestas sociales eran muy comunes en China antes del covid-19 y se parecían bastante a las vistas en las últimas semanas. En 2006, el último año que el Ministerio de Seguridad Pública de China publicó cifras oficiales, se produjeron 87.000 “incidentes masivos”. Años después, en una revista oficial se estimaba que en 2010 la cifra se había duplicado y por lo tanto estábamos en torno a las 160.000 protestas al año. Con la llegada de Xi Jinping al poder hace 10 años, la represión del Partido Comunista Chino (PCCh) aumentó y eso hizo caer las cifras, pero en 2018 Lu Yuyu (quien por recopilar estos datos acabó en la cárcel) había registrado más de 70.000 manifestaciones. Es decir, esto no es nuevo en China. 

Lo que es novedoso en esta ocasión es que la mayoría de las protestas tienen una misma causa: las férreas restricciones para combatir la covid-19. Antes, las manifestaciones estaban dispersas por la geografía del país y se producían por diferentes causas, desde pedir mejoras en las condiciones de trabajo o salarios más altos, pasando por el rechazo a las expropiaciones de tierra o las denuncias por la alta contaminación, hasta el enfado de muchas familias por perder su hijo o hija durante el periodo en el que solo se podía tener un hijo en China. Al estar temáticamente desconectadas, estas protestas no preocupaban a la dirección del partido, sobre todo porque estaban dirigidas contra (y eran absorbidas por) los gobernantes y dirigentes del partido a nivel local o provincial. En muy raras ocasiones la ira iba dirigida al Gobierno central. 

En esta ocasión, en cambio, los “incidentes masivos” tienen una causa común (tanto los trabajadores de la fábrica de Apple de Foxconn en Zhengzhou como los estudiantes y jóvenes profesionales de Pekín y Shanghái protestan por lo mismo) y además el cabreo está dirigido al Politburó del PCCh y, más concretamente a Xi Jinping, que ha hecho suya la política de covid cero de los últimos años. Parece, además, que las autoridades chinas no vieron venir esta oleada de protestas. Lo cual demuestra que el comportamiento social, incluso en China, es impredecible. Al final, fueron múltiples los factores que hicieron que surgieran estas protestas justo ahora y a pesar de la fuerte represión que ejerce el partido tanto off como online. 

Muchos comentaristas apuntan al incendio de Urumqi, y las 10 muertes que se produjeron allí porque los bomberos llegaron tarde por las barreras anti-covid que hay en muchos barrios de las ciudades chinas, como detonante de las protestas, pero hay más factores estructurales que explican la reciente explosión social. Lo primero que hay que decir es que China se ha convertido en víctima de su propio éxito. En China, según fuentes oficiales, han muerto 5.300 personas de Covid. En EEUU más de un millón, en Brasil y la India más de medio millón y en el Reino Unido más de 200.000. Uno puede cuestionar las cifras chinas, pero incluso multiplicando la cifra oficial por diez estaríamos hablando de 50.000 muertes en un país de 1.400 millones de habitantes. Si uno analiza además las medidas de rastreo y confinamiento chinas, se dará cuenta que es muy probable que durante mucho tiempo las autoridades chinas han sido capaces de ahogar el virus. No hay que olvidarse de que entre abril de 2020 y finales de 2021 gran parte de la población china hacía una vida relativamente normal, siendo la envidia de gran parte del mundo. Eso sí, con pruebas de PCR regulares, una tecnología de rastreo en el móvil muy intrusiva y cuarentenas selectivas muy férreas. 

Fueron esas medidas tan draconianas las que hicieron que el Gobierno chino presentase su modelo durante mucho tiempo como superior al occidental, pero también las que han hecho que la población china esté ahora atrapada. Después del 20º Congreso del Partido, el Gobierno central empezó a levantar tímidamente las restricciones, pero empezaron a subir los casos por la alta contagiosidad de la cepa Ómicron, y las autoridades locales, que durante tanto tiempo operaron bajo la regla del covid cero, volvieron a endurecer los confinamientos y eso llevó a los más atrevidos o desesperados a salir a protestar. A esto se une el hecho de que la economía china no está pasando por un buen momento. La burbuja inmobiliaria se ha desinflado y el sector de los servicios está renqueante por los confinamientos. Por primera vez, el desempleo juvenil ha llegado al 20%, justamente porque muchos jóvenes encontraban su primer trabajo en el sector servicios. Finalmente, no hay que minusvalorar el efecto del Mundial en las protestas. Al ver las primeras imágenes de los primeros partidos con las gradas a rebosar, y con los aficionados sin mascarillas, muchos chinos se dieron cuenta de que su modelo no era tan eficaz como dice el Gobierno, y acto seguido las autoridades empezaron a editar esas imágenes evitando las tomas de las gradas. 

Pero no hay que confundirse: la gran mayoría de manifestantes en China pide libertad, no democracia. El PCCh ha desarrollado en los últimos años lo que ciertos expertos denominan un “autoritarismo responsivo” bastante efectivo y con altas dosis de legitimidad. Responsivo en doble sentido. Bajo la premisa social de que la seguridad es lo más importante, el PCCh “responde” inmediatamente a cualquier conato de resistencia o disidencia, y en esa represión se sirve de las nuevas tecnologías, como el reconocimiento facial o el rastreo automatizado de las redes sociales, pero a su vez también usa esa inteligencia artificial para “responder” a las demandas de la población. Justamente esta doble respuesta se está viendo en las últimas protestas. Por un lado, el PCCh ha usado las nuevas tecnologías para identificar y, en muchos casos, arrestar a los cabecillas de esas protestas, pero a la vez también ha dejado que muchas provincias y ayuntamientos hayan suavizado las medidas anti-covid en respuesta a las manifestaciones de malestar. 

Sin embargo, los meses que vienen no van a ser nada fáciles. Por su “éxito” contra el covid, la población china no ha desarrollado inmunidad de grupo. Además, las vacunas chinas parecen ser menos eficaces que las de mRNA, como Pfizer y Moderna, producidas en Occidente, y el Gobierno chino se niega a reconocerlo porque “perdería la cara” frente a su población. A esto se une el rechazo de buena parte de la población china, especialmente en las zonas rurales, donde la medicina tradicional china impera, a ser vacunada. En general, con cifras de contagio y muerte tan bajas, los incentivos para vacunarse han sido muy bajos. Todo esto ha hecho que nueve de cada diez chinos tengan una dosis en su brazo, pero que menos de la mitad de los mayores de 80 años haya recibido la tercera dosis. Esta es una población vulnerable que puede sufrir miles de muertes en los próximos meses, sobre todo si se tiene en cuenta que el sistema de sanidad chino no está tan preparado como el de los países desarrollados. 

El PCCh se enfrenta a un dilema. Si levanta las restricciones, aumentará el número de contagios y de muertes en una sociedad en la que el estatus social de los abuelos es mayor que en Occidente. Si esto sucede no sería extraño ver protestas a favor de que se vuelva a los confinamientos. Si siguen los confinamientos, en cambio, gran parte de la sociedad se opondrá a esas medidas, sobre todo si notan que las variantes Ómicron y Delta son más contagiosas, pero para la gran mayoría de infectados no pasan de unos síntomas leves. Como ha ocurrido en tantos otros países, la sociedad china estará dividida entre la epidemiología y la economía. De cómo navegue esta situación dependerá la legitimidad futura del Partido. Es por eso que el Gobierno central no ha mandado nuevas directrices claras a las provincias. Prefiere que la responsabilidad recaiga sobre los gobernantes provinciales y mantener cierta flexibilidad. 

Hasta ahora mucha de la política de covid cero se ha basado en las redes locales del partido. La gran mayoría de chinos confía en sus patrullas de barrio. Conocen esas caras. Son las caras de sus vecinos con carné del partido. Pero si esa confianza se rompe, los dedos apuntarán a Pekín y el partido se enfrentará a uno de sus mayores exámenes en sus más de cien años de historia.

La historia de las criptomonedas es un buen reflejo del capitalismo de Estado chino. En general, la impresión en Occidente es que China es una dictadura férrea, sobre todo desde que Xi Jinping llegó al poder en 2012, y que el partido lo controla (casi) todo. Pero eso no es así. En China hay muchas más libertades de las que se creen, y la actividad en criptomonedas es un buen ejemplo. De las primeras veces que tuve conversaciones serias sobre el potencial de Bitcoin fue en Shanghái, allá por el año 2011. Muchos de mis amigos “techies” estaban fascinados con esta nueva innovación y estaban intentando adquirir los recursos y el conocimiento para empezar a minar Bitcoins. Muchos de ellos además lo hacían no solo por lucro, sino porque abrazaban el espíritu de la criptomoneda: operar en un dinero que no esté controlado por un poder político.

Como ya he explicado en otras ocasiones, yo les insistía en que realmente Bitcoin, ni era, ni es dinero, pero inmediatamente me percaté que históricamente el (cuasi) dinero privado siempre surge cuando la legitimidad del poder político se ve cuestionada. Bitcoin surge en agosto de 2008, un mes antes del colapso de Lehman Brothers, justamente como reacción al descalabro del sistema financiero internacional, o más bien atlántico, y su popularidad ha ido creciendo a medida que nuestro sistema político y económico se ha venido cuestionando. Frente a la batería de restricciones que los Estados han impuesto a sus ciudadanos para luchar contra la pandemia, y el temor que existe que muchas de esas restricciones persistan en el tiempo, aunque el covid-19 sea mucho menos letal, la minería y la compra de Bitcoins es casi un acto de rebeldía, aparte de ofrecer la dosis de adrenalina propia de subirse a una ola especulativa.

La minería y la compra de Bitcoins es casi un acto de rebeldía, aparte de ofrecer la dosis de adrenalina propia de subirse a una ola especulativa

Aunque para muchos les resulte extraño, en China esa rebeldía siempre ha existido. La historia del “Reino del Medio” está marcada por una constante tensión entre los anhelos de libertad del individuo, con su familia y su círculo de amistades próximo, y la autoridad política, casi siempre personificada en la figura paterna del emperador, o en este caso, el presidente del Partido Comunista Chino (PCCh), Xi Jinping. Pero este padre, ciertamente estricto, no tiene a sus hijos encerrados en casa. Les deja salir y hasta hacer trastadas. Esto es lo que ha ocurrido con las criptomonedas en China. Por un tiempo el Partido ha hecho la vista gorda. Como se puede leer en el magnífico libro sobre el tecno-socialismo chino de Claudio F. González, cuando surge una innovación, el Partido suele dejar hacer. Otea desde arriba para entender el fenómeno y si le conviene deja que evolucione. Solo actúa cuando piensa que puede ser desestabilizante.

Justamente eso ocurrió en 2017. Después de años de dejar evolucionar la “banca en la sombra”, y después de las turbulencias cambiarias y bursátiles en 2015 y 2016, las autoridades chinas empezaron a imponer restricciones. Había que reducir los riesgos en el sistema financiero y eso implicaba, a su vez, reforzar los controles en los flujos de capitales que entraban y salían del país. Eso afectó a las criptomonedas, ya que se veían como un canal subterráneo por dónde podía salir cierto capital.

Pero el PCCh no aplica el martillo a lo bruto. Sabe que hay muchos chinos, de clase media, bien formados, que operan en este campo, y que tiene que dejarles cierto espacio de rebeldía. Las restricciones se anunciaron, pero su aplicación no fue severa. Tanto es así que todavía hoy se estima que cerca de dos tercios de la minería y, consecuentemente, de la capacidad de computación y, por lo tanto, de validación de las transacciones de Bitcoin del mundo se realizan en China.

Al tener bastante más del 51% de la capacidad de computación y validación, muchos más que EEUU, Rusia y Kazajstán, que controlan en torno a un 7% cada uno, China en principio tendría el potencial de atacar el “inexpugnable” sistema de red de Bitcoin y acabar con la “rebelión” si así quisiese. Pero China no es un bloque monolítico. Una acción de este tipo requeriría la coordinación de decenas de miles de individuos, muchos de ellos apolíticos o críticos con el Gobierno, y eso es difícil que se produzca. Además, al Gobierno chino le interesa que esos individuos minen y extraigan valor de la red de Bitcoin, siempre y cuando su actividad no represente un riesgo sistémico.

Al Gobierno chino le interesa que esos individuos minen y extraigan valor de la red de Bitcoin, siempre y cuando su actividad no represente un riesgo sistémico

Es bajo este prisma que hay entender las nuevas medidas introducidas por las autoridades chinas en las últimas semanas. La prohibición de operar con criptomonedas se aplica a los bancos y servicios de pagos y de inversión, es decir, al nivel institucional, pero no al individual. Además, la minería queda fuera de las restricciones. Con esto el Gobierno chino quiere que el inversor minorista, poco sofisticado, se baje de la ola especulativa o no se suba. Es decir, que la fiebre de los tulipanes digitales que se está viviendo en el resto del mundo no afecte al mercado doméstico.

También quiere dejar claro que el futuro del dinero en China pasa por el yuan digital soberano emitido por el banco central. El reciente tirón de orejas a Jack Ma y la “estatalización” de la tecnología de pagos adquirida y desarrollada durante años por Alibaba es un claro aviso a navegantes. Las nuevas tecnologías, los sistemas de pagos y el dinero estarán bajo el control del Estado y no de una empresa privada y un gran empresario.

Esto, sin embargo, no quiere decir que la actividad en criptomonedas vaya a cesar en China. Las redes privadas virtuales (VPN por sus siglas en inglés) están prohibidas en China desde hace tiempo, pero siguen utilizándose a diario. Es un juego constante entre el gato y el ratón que le permite al primero descubrir lo que se está moviendo en el submundo y a los segundos tener cierta sensación de rebeldía o/y privilegio. Al igual que sucede con el Financial Times, de los pocos diarios internacionales de prestigio que no están prohibidos en China porque la suscripción es muy cara y solo accesible a una elite, la minería de criptomonedas, que es cara y además muy móvil porque se mueve por los costes de la energía en cada una de las provincias, seguirá permitiéndose, y esos individuos encontrarán maneras de superar las muralla digital china y cambiar esos Bitcoins por divisas extranjeras, pero al ser pocos no supondrán un riesgo sistémico para el Partido.

Para la gran mayoría de la población el dinero será cada vez más digital y soberano, y eso hará que el control del Partido sea cada vez mayor porque los hábitos de consumo serán clave en la carrera por una inteligencia artificial cada vez más sofisticada.  

Los temores se han cumplido. En plena crisis del coronavirus (que todavía no ha acabado ni mucho menos) EEUU acaba de retirarse de las negociaciones en el seno de la OCDE para poder tasar a las empresas tecnológicas. Una bofetada para la Unión Europea, que llevaba años intentando convencer a Washington de la necesidad de esta iniciativa. Al conocer la noticia, el ministro de finanzas francés, Bruno Le Maire, no se ha mordido la lengua y ha dicho que la retirada americana era una provocación y el comisario para asuntos económicos y financieros de la Unión Europea, Paolo Gentiloni, lo ha respaldado anunciando que la UE seguirá adelante con este impuesto, aunque EEUU se haya descolgado.

Hay razones para pensar que –de nuevo– los europeos no van a cumplir su promesa. Llevan décadas discutiendo la reforma del marco tributario de las empresas transnacionales y no se ponen de acuerdo. Los países que han adoptado estrategias de desarrollo basadas sobre los incentivos fiscales como Luxemburgo, Irlanda o los Países Bajos se oponen, por obvias razones, y los países nórdicos, tan dependientes de las exportaciones, no quieren entrar en una espiral proteccionista y que EEUU tome represalias e imponga aranceles a sus productos. Incluso, se podría decir que Alemania está en la misma situación, ya que su maquinaria exportadora depende del que sigue siendo el consumidor de último recurso de la economía mundial: el comprador americano.

Por todo esto, se podría pensar que la amenaza de una guerra comercial entre EEUU y la UE es menor de lo anunciado por los titulares de prensa. Al final los europeos van a tener que ceder porque entre otras cosas – y por lo menos a corto plazo – dependen de la tecnología americana. La estrategia europea se limitará pues a rezar para que gane las elecciones de noviembre, Joe Biden (que sí que ha prometido en campaña que hará que Amazon y Google paguen más impuestos) y si al final gana otra vez Trump, el sentir en Bruselas es que: “Dios nos coja confesados porque este señor puede acabar con el mundo tal y como lo conocemos”.

Pero quizás esta vez la situación sea distinta. Las circunstancias actuales pueden empujar a la UE no solo a empezar a usar el lenguaje del poder, como destacó Josep Borrell cuando se examinó ante el Parlamento Europeo para convertirse en alto representante de la Unión para la política exterior, sino también a ejercer ese poder. Razones históricas, geopolíticas y sociales pueden endurecer la posición europea.

Desde el punto de vista histórico, el shock económico que va a traer consigo el coronavirus nos lleva a pensar que podemos estar ante un cambio radical en las relaciones entre estado y mercado. Al igual que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, los países van a salir de la crisis con mucha más deuda y con un contrato social nuevo que requiera de un sistema fiscal más progresivo. Aquí el país a observar es Alemania, la mayor economía de la Unión, que después de la Segunda Guerra Mundial redujo la deuda no a base de inflación como su vecina Francia, sino con más impuestos a los pudientes para así poder financiar su creciente estado de bienestar. El giro copernicano que ha dado Angela Merkel en los últimos meses, pasando de ser la ama de casa frugal de Suabia a la estadista keynesiana es un buen reflejo del nuevo Zeitgeist (espíritu de la época).

La misma Merkel también dijo hace dos años, en Bavaria y cerveza en mano, que Europa tenía que despertar de su letargo y empezar a agarrar su destino en sus propias manos. Trump ha sido un shock para ella y muchos otros líderes europeos. Su desdén hacia la Unión Europea, su apoyo al Brexit y sus amenazas de acabar con el compromiso de EEUU de proteger a sus aliados de la OTAN han provocado mucho malestar y acelerado la necesidad de empezar a pensar y actuar de manera estratégica en la Unión con una Comisión Europea mucho más geopolítica. En este sentido, la retirada de EEUU de las negociaciones de la OCDE en materia fiscal, que se suma a una larga lista de desplantes al sistema multilateral de gobernanza, se podría comparar con el colapso del sistema de Bretton Woods de tipos de cambios fijos a principios de los años 70. A partir de ahí, EEUU, sobre el poder del dólar, empezó también a tener una política mucho más agresiva (de bullying) frente a sus socios europeos, lo que hizo que se unieran más acelerando así el camino hacia, primero, la cooperación y, después, la unión monetaria.

En general las grandes crisis traen una transformación de las relaciones de poder y los equilibrios entre el estado y el mercado. Es en esos momentos cuando surgen nuevos marcos normativos. El actual sistema tributario de las multinacionales se decidió hace casi cien años.

En los años veinte del siglo pasado, en el seno de la Liga de las Naciones, se discutieron dos opciones. La primera era que las empresas pagasen impuestos donde tuviesen su domicilio fiscal y la otra que lo hiciesen respectivamente en cada uno de los países donde obtuviesen beneficios. Lógicamente un moribundo, pero todavía poderoso, Reino Unido y las otras potencias industriales occidentales optaron por la primera opción. Para qué repartir el pastel si podía caer todo en casa.

La dinámica cambió con la globalización iniciada en los años 70 después del colapso

precisamente del sistema de Bretton Woods. De repente las multinacionales empezaron a desarrollar toda una ingeniería de evasión y elusión fiscal que ahora mismo – y sobre todo con los estragos que va a traer el coronavirus – parece socialmente insostenible. Los ciudadanos van a demandar mejores servicios públicos y eso requerirá mayor presión fiscal.

Estamos por tanto ante un posible re-equilibrio entre el estado y el mercado e igual que en los años 70 y 80 hubo intelectuales como Friedrich von Hayek y Milton Friedman que marcaron una época, hoy conviene identificar aquellos que pueden determinar la nuestra. En temas fiscales hay que seguir los pasos de Emmanuel Saez y Gabriel Zucman, dos economistas franceses que enseñan en la Universidad de Berkley (EEUU).

Ambos llevan insistiendo unos años que hay que cambiar el sistema tributario para que las grandes multinacionales paguen impuestos donde consiguen beneficios. Sus propuestas son radicales hasta el punto de exigir que las empresas paguen según las ventas y beneficios en cada economía y si no lo hacen que se les prohíba ofrecer sus productos o servicios en ese mercado. Recientemente también han propuesto un impuesto a nivel europeo sobre el patrimonio del 1% más rico para poder pagar las deudas que se van a acumular para luchar contra el coronavirus y sus efectos negativos en la economía. Tanto el impuesto sobre los servicios digitales como este impuesto a los superricos podrían ser los primeros impuestos de una posible unión fiscal europea.

Todo esto lleva a una última reflexión. Hace casi 10 años cuando leí la 'Paradoja de la Globalización', de Dani Rodrik (el flamante premio Princesa de Asturias) que explicaba que el éxito de los treinta años gloriosos después de la Segunda Guerra Mundial se había basado, en parte, en los controles de capitales porque era la manera de retener la riqueza en el país y poder tasarla y así financiar el estado de bienestar, pero pensaba que esa opción era imposible de aplicar en la época moderna. Hoy ya no está tan claro.

Hasta hace poco mi respuesta a esta pregunta era: “Probablemente sí”. Por varias razones. La primera es que la economía española, por su nivel de apertura al exterior (recordemos que las exportaciones representan el 34%, la inversión extranjera el 50%, y el endeudamiento exterior neto es del 77% del PIB), es muy dependiente de lo que pasa en las grandes economías del G7. Y, justamente, en esos países los indicios a favor de una posible recesión en los próximos doce meses son significativos.

EEUU se está desacelerando. El chute fiscal de la bajada de impuestos introducida por el presidente Trump en 2017 se está diluyendo y la guerra comercial y tecnológica con China está haciendo mella. Esto ha hecho que la curva de tipos se haya invertido. Es decir, este verano las letras del tesoro americano de tres meses están ofreciendo una rentabilidad mayor que el bono a diez años. Esto es una anomalía. Normalmente la rentabilidad de la deuda pública es mayor a largo plazo por la incertidumbre de no saber qué pasará en el futuro, pero si los inversores piensan que la incertidumbre es sobre todo acuciante a corto plazo, piden una mayor prima de riesgo a corto.

En los últimos 60 años, la curva de tipos americana solo se ha invertido en nueve ocasiones y en ocho de ellas se produjo una recesión un año después. Por lo tanto, las probabilidades de que esto pueda ocurrir son muy altas. Si uno analiza además los ciclos de crecimiento, llega a una conclusión parecida. La economía americana lleva expandiéndose más de diez años (concretamente, 122 meses) y esto es un récord absoluto en la época moderna.

Si a todo esto añadimos, además, los problemas en el sector automovilístico y la caída en el comercio de manufacturas que ha empujado a Alemania a estar a punto de entrar ya en recesión, y la desaceleración que se observa en China, donde puede ser que este año el crecimiento no llegue ni al 6%, el panorama se vuelve cada vez más negro.

Sin embargo, en las últimas semanas, y de manera un tanto contraintuitiva, a raíz de cómo está evolucionando la rivalidad geopolítica entre EEUU y China, estoy empezando a barruntar un escenario más positivo. Tanto EEUU como China no pueden “perder la cara” (como se diría en China) en la carrera por ver quién gana el pulso entre las dos potencias, y eso va a hacer que hagan todo lo posible por seguir estimulando sus economías. China ya hace tiempo que es campeón mundial del keynesianismo. Keynes decía que en un caso extremo había que abrir zanjas y volverlas a tapar con tal de mantener a la gente con empleo. China hace lo mismo construyendo ciudades fantasmas llenas de rascacielos vacíos.

Pero estamos viendo que EEUU, o por lo menos Trump y su equipo, están empezando a pensar igual. Emulando a su homólogo Xi Jinping, Trump se ve con el poder y la legitimidad de decirle al gobernador del banco central, en este caso, la Reserva Federal, Jay Powell, lo que tiene que hacer. Y en estos momentos lo que debería hacer es pisar el acelerador e inyectar más masa monetaria en la economía americana para que no pierda velocidad. Como el acelerador está ya cerca del suelo (porque el tipo está en el 2,25% y en todas las recesiones anteriores el recorrido necesario fue de cinco puntos porcentuales) o bien volvemos a la expansión cuantitativa (QE) o habrá que usar la política fiscal.

Algunos piensan que EEUU no tiene mucho margen fiscal. Su deuda pública está en torno al 100% del PIB. Con lo cual, si aumenta todavía más su déficit (que ya está ahora mismo en un 5%, y es un 25% mayor que el del año pasado, acercándose de nuevo a más de un billón de dólares), las dudas sobre su trayectoria fiscal solo pueden aumentar.

Sin embargo, EEUU al emitir su deuda en su propia moneda, y ser el dólar la divisa internacional por excelencia, tiene mucho más margen de acción que otros países, y en situaciones dramáticas como la carrera por ver quién es la mayor potencia mundial, la disciplina y credibilidad fiscal pasan a un segundo plano. Si EEUU tiene que estimular fiscalmente la economía para no demostrar sus debilidades frente a la reemergente China, lo hará. Y China no se quedará atrás. Por lo tanto, podemos ver como pronto las dos mayores economías del mundo estarán funcionando a plena potencia.

Debilidad europea

Algunos podrán decir: “Todo esto es posible y suena bien, pero el problema es que si la escalada de aranceles entre las dos potencias mundiales persiste y no hay acuerdo (algo muy probable), el comercio internacional se va a desplomar (Trump ya ha ordenado a las empresas americanas que abandonen China), y esto afecta sobre todo a Europa, y principalmente a Alemania, la mayor economía de la UE, que depende excesivamente de la demanda exterior y de un orden económico mundial liberal. A esto se añade lo más preocupante: que en la economía digital, que está menos expuesta a los aranceles y puede sobrevivir las embestidas proteccionistas, los europeos estamos en una posición de debilidad frente a americanos y chinos, que tienen sus propias plataformas y dominan el mercado”.

Todo esto es cierto. Pero si realmente la situación se vuelve crítica para Alemania (y un Brexit sin acuerdo nos llevaría a ese punto), lo más normal es que ésta también tome medidas extraordinarias. Muchos piensan que el Gobierno alemán está obsesionado con la disciplina fiscal y no va a romper con su ortodoxia de mantener un presupuesto público en números negros. Yo creo que se equivocan. Berlín ha reducido la deuda pública del 80% al 60% en los últimos diez años justamente para tener suficiente arsenal keynesiano en la recámara para cuando fuese necesario. Si va a hacer falta, lo va a usar (y Francia se va a sumar), y eso evitará la recesión en España o la hará bastante leve.

Este es mi escenario base a corto. A largo plazo, mis dudas no hacen más que aumentar. ¿Se puede seguir estimulando las economías, monetariamente y fiscalmente, hasta el infinito? Muchos dicen que mientras la inflación esté en mínimos históricos no hay que preocuparse. Otros pensamos que nunca hay excesos sin consecuencias negativas a largo plazo. La pregunta es qué definimos como “exceso” en macroeconomía y si podemos hacerlo independientemente de la geopolítica. 

Escribo estas líneas desde Shanghái. Esta semana he tenido la oportunidad de hablar con empresarios, académicos y personas cercanas al Gobierno chino y la sensación de inquietud es palpable. La intensificación de la guerra comercial entre EEUU y China es el mayor tema de debate en la televisión y en la calle. En la última semana no solo ha habido la subida de aranceles de 10% a 25% a un volumen equivalente a 200.000 millones de dólares de importaciones chinas por parte de Donald Trump, y la consecuente represalia de Pekín sobre 60.000 millones de dólares de productos americanos, sino que el presidente de los EEUU ha decidido prohibir incluso –por orden ejecutiva– el uso de equipamiento de Huawei y ZTE en suelo americano e introducir un proceso de obtención de licencias para aquellas empresas americanas que quieran vender tecnología a las compañías de telecomunicaciones chinas.

Esto es un torpedo a la línea de flotación de las empresas chinas, ya que Huawei, por ejemplo, depende del suministro de semiconductores de la estadounidense Qualcomm. Por lo tanto, el convencimiento en China es que Trump está jugando demasiado duro en las negociaciones que están librando los dos países y que su órdago le puede salir mal, ya que si una cosa no puede hacer el Gobierno chino, y eso está muy grabado en el ADN de este país, es “perder la cara”, es decir, mostrar que cede al chantaje de otro, sobre todo si ese otro es la encarnación contemporánea del occidental imperialista que en el siglo XIX humilló a China y la condenó a un siglo de inestabilidad. Antes de capitular a las presiones de Trump, la población china está dispuesta a sufrir, y por eso mismo el Gobierno ya se está preparando para lo peor.

Al fin y al cabo, Trump no solo quiere que China compre más productos americanos. Eso se podría lograr en la próxima reunión bilateral entre Trump y el presidente Xi Jinping en la cumbre del G20 en Japón el próximo mes. Lo que realmente quieren los halcones que asesoran a Trump es ralentizar el desarrollo tecnológico del gigante asiático y ese no es un tema que se vaya a resolver en unas cuantas rondas de negociación, como a veces se pretende indicar. Esto es solo el inicio de una rivalidad sistémica que va a durar décadas, y que hace que los mandarines de Pekín no solo estén pensando en si Trump va a ganar las próximas elecciones o no, sino mucho más allá. El Gobierno chino es consciente que se enfrenta a un rival de un poderío enorme, pero como me ha comentado un interlocutor esta semana: “si tiramos la toalla, y cedemos, vamos a perder, así que tenemos que luchar, porque si luchamos, puede que no perdamos”.

Pese a la gran preocupación que hay, y a la evidente desaceleración que se observa en la economía, la sensación que queda después de esta semana es que las autoridades chinas confían en su capacidad de resistencia. Saben que controlan las palancas macroeconómicas, y que si es necesario pueden estimular la economía por el lado fiscal o monetario, o los dos a la vez. Trump se da cuenta de eso, y ya ha declarado que la FED debería ser súbdita al ejecutivo como lo es el banco central chino y ayudarle a aguantar el pulso. El temor evidente es que, para compensar los aranceles sobre sus productos, China devalúe su moneda y se mantenga así competitiva. Relacionado con esto está el hecho de que EEUU (y también Europa) pueden bloquear la compra de tecnología por parte China, y ya lo están haciendo, pero ante eso China ya está desarrollando programas para atraer talento internacional y desarrollar la tecnología en suelo chino. Hoy en día, cualquier joven emprendedor con una patente tiene un talonario esperándole en Shanghái para desarrollar su idea y cumplir su sueño.

Finalmente, otro factor que les ofrece confianza a las autoridades chinas es la capacidad de trabajo (y de sacrificio) de su población. Cualquier extranjero que visite o viva en este país lo percibe. La ambición y el hambre por mejorar son impresionantes. Jack Ma, el presidente de Alibaba, suele comentar en sus intervenciones públicas que espera que sus empleados trabajen bajo la fórmula: 9-9-6. Es decir, empezar a las 9 de la mañana, acabar a las 9 de la noche y trabajar 6 días de la semana. Según parece, el Gobierno chino también está promoviendo esta misma fórmula entre sus empleados. Teniendo en cuenta que el Estado domina directamente cerca del 50% del PIB chino y que tiene algo o mucha influencia en el otro 50%, queda claro que EEUU se enfrenta a un hueso duro. Tanto que el Gobierno chino incluso se está planteando aumentar los días de vacaciones “obligatorios” para promover el consumo y así la actividad económica si fuese necesario.

China, luego, vive en un cierto estado de urgencia. Hace un año había dos grupos de opinión entre las élites. Los que pensaban que había que ceder ante las presiones de Trump y los que se oponían. Hoy esos dos campos están de acuerdo en que no se puede ceder, y se han dividido en otros dos grupos. Los que piensan que lo mejor para enfrentarse a EEUU es hacer reformas domésticas y estimular la innovación del mercado y el consumo interno para estar más protegidos y los que creen que la mejor defensa es apostar por el modelo chino de capitalismo de estado, reforzar el sector público y depender lo mínimo posible del exterior. Ambos están cada vez más convencidos que el mundo se va a dividir en un hemisferio norte, liderado por EEUU, y un hemisferio sur, donde China tiene cada vez más influencia. Bienvenidos al eterno retorno de la geopolítica.

La división en Reino Unido no es tanto geográfica, nacional, ideológica ni cultural, sino más bien social. Los que han votado a favor de la salida son mayoritariamente los perdedores de la globalización

¿Cómo debería reaccionar el resto de la UE frente al Brexit? La tarea no es fácil porque el descontento de las masas es patente y creciente, de Finlandia a Portugal y de Grecia a Irlanda

El 23 de Junio de 2016 será recordado como el día en que el 52% de los británicos (en su gran mayoría ingleses) votaron a favor de la salida de la Unión Europea. Pocos contaban con este resultado: ni los encuestadores, ni las casas de apuestas, ni los analistas de la City, ni tampoco un servidor. Mea culpa. Le había hecho caso a mis fuentes en el Foreign Office, pensando que tendrían buenos contactos en el MI5, y por lo tanto sabrían de lo que estaban hablando cuando me dijeron que no me preocupase, que las encuestas subestimaban el voto a favor de la pertenencia. Lo más normal es que el votante más racional (y consecuentemente algo menos motivado) no participe en las encuestas, pero el día del referéndum salga a defender el statu quo. Al final los británicos siempre eligen la opción correcta, me aseguraron.

No podrían estar más equivocados. A pesar de tener a todo el establishment (los empresarios, los partidos, los principales medios y la poderosa City de Londres) haciendo campaña a favor de la permanencia, esta es la primera vez en la historia moderna del Reino Unido que el pueblo ha votado en contra de la opinión de sus élites. Los efectos en los mercados han sido proporcionales. El 24 de junio de 2016 quedará en la historia como el “Black Friday” inglés, tal y como pronosticó unos días antes del referéndum George Soros (sí, el mismo que provocó el “Black Wednesday” en 1992). La libra se desplomó un 10% frente al dólar, llegando a cotizar a 1.33 frente a la moneda americana. Un nivel no visto en treinta años. Las bolsas europeas han sufrido las mayores pérdidas desde la Crisis Financiera Global de 2008, la peor parada la española con un descalabro del 12%, el mayor de su historia.

¿Qué ha pasado? Y, quizás lo más importante: ¿qué significado tiene el Brexit para el futuro de la UE? ¿Estamos ante el inicio de su desmoronamiento? Antes de llegar a conclusiones precipitadas, lo importante en estos momentos es mantener la calma y reflexionar. Los mercados siempre sobrereaccionan cuando hay incertidumbre. La victoria de los “separatistas” se explica por varias razones. La primera es que durante más de 20 años la prensa y la clase política británica no le han explicado a la población en qué consiste la UE. Unas horas después del referéndum Google indicaba que habían amentado las búsquedas desde suelo británico preguntando: “¿qué es la UE?” y “¿qué puede pasar si el Reino Unido sale?”. Es decir, muchos han votado sin tener conocimiento de causa, o con una imagen distorsionada.

La emigración ha tenido un papel importantísimo. Más de lo esperado. La gran mayoría de los británicos creen que el Gobierno (antes con los laboristas y ahora con los conservadores) ha perdido el control en este tema. No es de extrañar. Durante años se les prometió (falsamente) que iban a reducirse las cifras de nuevos inmigrantes y estas no han parado de aumentar. Esto ha sido un caldo de cultivo para los independentistas liderados por Nigel Farage. Este fenómeno nos podría llevar a pensar que el referéndum lo ha ganado la Little England aislacionista, xenófoba y nacionalista post-imperial, que siempre se ha creído superior al resto de los vecinos del Club y que ahora por fin se ha quitado la máscara. Algo de ello hay en esto. No es una casualidad que Escocia e Irlanda del Norte, y por supuesto, las cosmopolitas Oxford, Cambridge y Londres hayan votado a favor de quedarse, mientras que “El Norte” inglés haya optado por el Brexit.

Sin embargo, la división no es tanto geográfica, nacional, ideológica ni cultural, sino más bien social. Los que han votado a favor de la salida son mayoritariamente los perdedores de la globalización. Individuos de más de 50 años de edad, sin estudios, del ámbito rural o clase obrera, y con unos ingresos bajos. Este conjunto de personas, sin conexión aparente más que su rechazo a las élites, han logrado una suerte de rebelión de las masas. Con este voto han conseguido sacudir los pilares del establishment. Tanto que han forzado la dimisión del hasta ahora primer ministro David Cameron, que había logrado una mayoría absoluta en las últimas elecciones. El mensaje de esta masa descontenta se podría interpretar de la siguiente manera: nos da igual lo que nos diga el gobierno y los expertos. A nosotros nos va (relativamente) mal, y estamos dispuestos a arriesgar que le vaya peor al país –sobre todo si también los de arriba sufren de una vez– mientras consigamos un cambio de rumbo… el que sea.

Lo significativo de este referéndum es que los que han pedido cambio no son los jóvenes radicales. La mayoría son personas de edad avanzada, tradicionalmente más conservadoras, con más que perder y reacias al cambio. ¿Cómo se explica esto? Hay dos posibles respuestas, no excluyentes. La primera es que la desigualdad en el Reino Unido ha llegado a tal punto que mucha gente mayor se ha quedado sin activos y por lo tanto tiene poco que perder. La segunda es que aunque tengan propiedad y ahorros estén atemorizados con los cambios y la incertidumbre que se les vienen encima. La globalización, las nuevas tecnologías, el mestizaje, la emergencia de China, el terrorismo… la lista es larga. Para ellos votar Brexit es un acto rebelde y romántico a la vez. Un deseo de volver al siglo XX donde todo era más fácil y predecible, y la libra esterlina compraba más que unas simples vacaciones en Benidorm.

¿Cómo debería reaccionar el resto de la UE frente a este desafío? La tarea no es fácil porque, salvando las idiosincrasias de los países, el descontento de las masas es patente y creciente, de Finlandia a Portugal y de Grecia a Irlanda. Una opción, tantas veces propuesta, sería completar la unión monetaria con una unión económica, fiscal y política. Muchos lo verán ahora más factible que la Pérfida de Albión ya no podrá poner zancadillas. Pero eso es una solución a largo plazo. A partir del lunes los líderes europeos, sobre todo los nacionales, que se han escondido durante mucho tiempo, deberían dedicar sus esfuerzos a dos cosas. Primero explicarle a la gente por qué en el largo plazo la actual unión monetaria necesita una unión económica, fiscal y política para competir en un mundo globalizado. Esa explicación tiene que subrayar los beneficios mutuos, pero no puede obviar los sacrificios que nos esperan.

Acto seguido, sin embargo, estos mismos líderes deberían reconocer que han comprendido el mensaje de descontento de la gente y que van a tomar medidas. Las reformas institucionales vendrán más adelante, pero en los próximos seis meses van a reunir a los mayores expertos en educación y formación, a las asociaciones de grandes empresarios y de pymes, y sindicatos de Europa para diseñar un plan conjunto de innovación y empleo para la UE. Este plan no será ni keynesiano ni hayekiano. Ni dirigido por la mano público ni un producto exclusivo del libre mercado. El establishment europeo debe superar de una vez sus dogmas ideológicos. Las asociaciones público-privados pueden ser tremendamente efectivas. Está demostrado. El objetivo debería ser claro: volver a generar ilusión en el proyecto europeo. Pero para ello hay que conseguir que la UE sea capaz de mejorar de una manera concreta la vida de millones de trabajadores. Si esto no se consigue, tendremos más “Black Fridays” a la vista.

Miguel Otero Iglesias es investigador principal para la Economía Política Internacional en el Real Instituto Elcano

La tragedia griega demuestra que si queremos mantener el euro necesitamos construir estructuras democráticas legítimas, es decir, un soberano europeo que decida como se reparten los costes de la crisis.

Hay consenso entre los economistas en que Grecia tiene que reestructurar su deuda. Esto no solo lo piensa Varoufakis, que de macroeconomía sabe un poco, también lo creen, por el lado progresista Stiglitz, Krugman y Piketty, y por el lado conservador Rogoff, Feldstein y el Fondo Monetario Internacional. Entonces, si los números están claros, ¿por qué no se hace? Para responder a esta pregunta es importante comprender las limitaciones del análisis estrictamente económico. Los economistas tienen serios problemas para entender dos conceptos claves en la sociedad: el dinero y el poder.

Como es así suelen evitar hablar de ellos. Tratan el dinero como si fuese una unidad de cuenta, un medio de intercambio y una reserva de valor neutral. El dinero simplemente sirve para engrasar la maquinaria de la economía. Nada más. Pues bien, esta definición es errónea. Todo dinero es deuda, y por lo tanto siempre es una relación social entre acreedor y deudor. Y sucede que toda relación social, intrínsecamente e ineludiblemente, está basada en una interacción de poder, es decir, en la economía política.

La unión monetaria europea es un área social enorme que cuenta con 330 millones de personas, que a su vez entran en cada instante en miles de millones de transacciones entre acreedores y deudores. Cada billete que tenemos en nuestro monedero representa una relación de deuda, y por lo tanto hay un deudor y un acreedor. ¿Quién es el acreedor de los 20 euros que tengo en el bolsillo? Yo. ¿Quién es el deudor? El resto de los ciudadanos de la zona euro, que me deben 20 euros en bienes y servicios. Tradicionalmente, el deudor sería el soberano. Es por eso que en su día teníamos al Rey Juan Carlos I grabado en nuestras monedas.

Pero, claro, la zona euro no tiene un soberano. El euro se construyó sobre la lógica economicista de que el dinero es neutro y por lo tanto se puede (e incluso se debe) despolitizar. Es por eso que hemos hecho del Banco Central Europeo el más independiente de los bancos centrales de la historia. Craso error. Tanto el dinero como el banco central, como cualquier interacción social, siempre están sujetas a relaciones de poder, y por lo tanto la política siempre estará presente. ¿Qué tiene que ver todo esto con el referéndum en Grecia este domingo? Mucho, ya que desde que empezó la crisis en 2009 el problema es qué hacer con la deuda acumulada.

La solución a esta pregunta está en cómo se desarrolle la interacción de poder entre los acreedores y deudores. En un estado soberano, normalmente esto se realiza a través de las urnas y el parlamento. Ahí se decide, de una manera democrática y legítima, quién va a cargar con los costes de la crisis. El problema está en que en la zona euro no hay un soberano ni hay un parlamento para decidir legítimamente la distribución de estos costes. Es por eso que se enfrentan las democracias entre sí. El gobierno griego de Syriza, democráticamente elegido, le pide a sus acreedores en el Eurogrupo una quita en su deuda. Estos, sin embargo, que también fueron democráticamente elegidos por sus pueblos, dicen que no.

A veces la izquierda se olvida de esto. Se dice que esta es una batalla del pueblo griego frente a la troika. Nada más lejos de la realidad. Esta es una batalla entre un gobierno de izquierdas griego que se enfrenta a 18 gobiernos conservadores o socialdemócratas. ¿Quién es más democrático? Todos. Todos han sido elegidos por sus ciudadanos. Por lo tanto lo que sucede en el Eurogrupo es que hay una asimetría de poder. Syriza no ha conseguido ningún apoyo en cinco meses y se ha quedado solo. Esto no es antidemocrático. Es democracia en estado puro. La mayoría conservadora-socialdemócrata gana. Si Varoufakis quiere cambiar las reglas del juego tiene que conseguir una mayoría, lo que no vale es decir que el sistema es antidemocrático porque no hace lo que quiere una pequeña minoría.

Es verdad que Syriza tiene apoyos en toda Europa, pero también es cierto que encuentra mucho rechazo. En general, las poblaciones del norte de Europa le tienen muy poca simpatía. El finlandés, eslovaco y estonio que ha tenido que soportar reformas estructurales y bajada de salarios para mantenerse competitivo en la era de la globalización no entiende como el griego no hace lo mismo para poder tener una economía moderna y sostenible. Si además se les dice que el griego se jubila antes de los 60 el desapego es todavía mayor. El caso es que Syriza se asocia con cuatro características que encuentran enorme rechazo en Alemania: populismo, nacionalismo, chulería y comunismo. No es de extrañar que Schäuble sea tan duro, y que el 70% de los alemanes lo apoyen.

Sin embargo, sería un error limitar las relaciones de poder entre acreedores y deudores a los estados. Éstas también se producen en cada uno de los países de la unión. Demografía, formación y poder económico juegan un papel determinante. La gente mayor, que tiene ahorros y activos, suele ser acreedora, mientras que los jóvenes que están estudiando o tienen una hipoteca son deudores. Igualmente, la gente con estudios y con poder económico alto es acreedora, mientras que la gente con estudios mínimos está más endeudada. Es por eso que si se va hoy a Atenas la mayoría de la gente mayor y con recursos va a votar Sí (porque tienen mucho más que perder), mientras que los que tienen menos votarán No, porque creen que Tsipras logrará una quita de la deuda y por lo tanto tendrá más para repartir. Lo más normal es que el grupo más grande gane el referéndum.

Lo interesante es que estos dos grupos se encuentran a lo largo y ancho del continente. Los ciudadanos más conservadores o liberales, por edad, ideología o por activos, piensan que se tendría que votar Sí, y viceversa, los más progresistas apoyan el No. Estas posiciones enfrentadas han quedado claras tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales. Esta dialéctica es de lo más positivo que ha traído el referéndum griego, independientemente del resultado. Por primera vez estamos presenciando la formación de una opinión pública trans-europea, algo que no existía. Algunos piensan que el drama griego está dividiendo el continente. No estoy de acuerdo. Lo está politizando. Y eso no es necesariamente malo. Todo sabemos que la política es combativa. Si queremos ver algún día una demos europea, vamos a tener que acostumbrarnos a las batallas ideológicas.

Eso sí, hay que aprender de las experiencias. La tragedia griega demuestra que si queremos mantener el euro (y ojalá Grecia sea parte de él) necesitamos construir estructuras democráticas legítimas, es decir, un soberano europeo que decida como se reparten los costes de la crisis. Como he indicado, las relaciones de poder entre acreedores y deudores no están limitadas a los estados miembros, son transnacionales, o mejor dicho, trans-europeas, y por lo tanto se tienen que dirimir a nivel europeo. Si no al final tendremos a naciones acreedoras y deudoras enfrentadas unas contra las otras y todos sabemos en qué acaba eso.

Desde que Syriza llegó al poder estamos asistiendo a lo que se conoce en teoría económica como el ‘juego de la gallina’ entre Grecia y Alemania. Este juego se refiere a una situación en la que dos actores no ceden en sus posiciones negociadoras hasta el último instante, con la esperanza de que el otro vaya a ceder justo antes de que finalice la negociación bien sea porque se acaba el tiempo o porque ya no hay más recursos para negociar. En el mundo empresarial esta es una práctica común. Cuando los empresarios europeos visitan China para negociar un contrato, sus anfitriones suelen alargar las negociaciones hasta el día de regreso de la delegación europea (que normalmente ya tiene sus billetes de vuelta sacados) para conseguir un acuerdo más favorable.

La imagen que se suele utilizar para este tipo de juego es la de dos coches que marchan uno contra el otro o que van hacia un precipicio. La del precipicio quizás sea la más indicada para describir lo que viene pasando en la zona euro desde el comienzo de la crisis allá por 2008 ya que los líderes europeos han tomado medidas correctivas solo cuando han visto el precipicio a sus pies. En este caso, los que están sentados en los dos coches son los ministros de finanzas griego y alemán, Yanis Varoufakis, y Wolfgang Schäuble, y las posibilidades del juego son cuatro: 1) que los dos hagan “la gallina”, es decir, que los dos cedan en sus posiciones antes de llegar al precipicio; 2) que solo ceda Varoufakis; 3) que solo ceda Schäuble, ó 4) que no ceda ninguno de los dos, lo que significaría Grexit (la salida de Grecia de la zona euro).

El juego no es apto para espectadores con problemas cardíacos porque los dos conductores son de sangre fría. Schäuble tiene 72 años, está curtido en mil batallas políticas en Alemania y Europa, incluso ha superado un atentado contra su persona, y aunque desde aquella ha quedado en silla de ruedas es de los negociadores más duros que hay en Europa. Varoufakis es un experto en teorías de juegos, su complexión física impone, y es uno de los economistas más inteligentes y mediáticos que ha producido Grecia en los últimos años. Varoufakis tiene 53 años, casi 20 años menos que Schäuble, y además nunca ha tenido un puesto político, así que estamos en una competición donde se enfrentan la juventud y el conocimiento teórico heleno frente a la madurez y la experiencia práctica teutona.

Para ganar este juego los dos saben que tienen que convencer al otro de que están dispuestos a llegar a Grexit (aunque realmente ninguno de los dos lo quiera). Los espectadores inteligentes (y esto es un mensaje para los mercados) deberían tener esto en mente si no quieren padecer un ataque de nervios. Esto explica que el gobierno alemán haya filtrado a la prensa el mensaje de que ya no estamos en el 2012 y que Grexit sería perfectamente absorbido por los colchones institucionales que se han creado desde entonces (ESM, OMT, QE etc.). La propuesta de máximos (y poco realista) de reestructurar la deuda en un 50% lanzada por Syriza también hay que interpretarla bajo esta lógica.

Varoufakis sabe que en esta partida de poker (otra figura que se utiliza para explicar el juego de la gallina) la carta más poderosa que tiene es la de Grexit. Esto es así porque todo el mundo con sentido común en Bruselas, Frankfurt y Berlín sabe que Grexit sería un desastre para la zona euro. Demostraría que la unión monetaria europea ha sido un error, que el euro ya no es irreversible y que cabe la posibilidad de que salgan más países. Los especuladores en la City de Londres apuntarían sus cañones directamente a Portugal, el siguiente eslabón más débil de la cadena. Además, y esto es importante, geopolíticamente Grexit sería todavía más tóxico. Los problemas de Grecia (la falta de competitividad y una administración incompetente y corrupta) no van a desaparecer con la salida del euro. Al contrario, una Grecia rechazada por Europa y malherida se lanzaría a los brazos de Rusia y crearía un nuevo quebradero de cabeza en los Balcanes para la Unión Europea.

Muchos analistas creen que la posición de Varoufakis es débil porque la amenaza de Grexit no es creíble (y por lo tanto no asusta a Schäuble). Más del 70% de los griegos no quieren salir del euro, así que es muy difícil que Syriza fuerce tanto su posición negociadora hasta llegar a ese extremo. Sería una traición a la voluntad del pueblo soberano griego. La baza por lo tanto de Schäuble es la de esperar a que el ciudadano griego vote con su “bolsillo”. Es decir, que empiece a sacar sus ahorros de los bancos por temor al Grexit y que eso al final fuerce a Varoufakis a ceder. La jugada es maquiavélica, pero tiene sentido desde el prisma del juego de la gallina.

Al final todo va a estar en manos del árbitro de la carrera: el Banco Central Europeo (BCE). Los bancos griegos van a poder proporcionar la liquidez necesaria (es decir, euros en los cajeros) a los depositarios griegos mientras el BCE haga lo mismo con ellos. Si el BCE se cansa del ‘chantaje’ griego y cierra el grifo, Grexit sería inminente. Pero incluso en ese escenario, ciertamente dramático, Tsipras, el primer ministro griego, tendría una última carta. Convocar de inmediato un referéndum sobre la permanencia o no en el euro. El resultado sería contundente. Seguro que la gran mayoría de los griegos votarían a favor de la permanencia. ¿Qué haría entonces Draghi? ¿Y Juncker? ¿Qué haría Merkel, la jefa de Schäuble? ¿Echarían a Grecia del euro contra la voluntad democrática del pueblo griego? No. Lo lógico, y sensato, sería que se dejasen de juegos peligrosos e intentasen buscar una solución política a lo que es un problema político.

Buenas noticias para la zona euro. El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el español (pero europeo en su cargo), Pedro Cruz Villalón, ha declarado que el programa de compra de bonos soberanos del Banco Central Europeo (BCE), más conocido como OMT por sus siglas en inglés, podría ser legal, bajo ciertas condiciones. El uso del condicional es importante porque la “opinión” del Abogado General, un letrado que asesora al Tribunal y que en el 90% de los casos anticipa la sentencia, no es vinculante.

El TJUE, con sede en Luxemburgo, emitirá su sentencia en otoño. Si sique la recomendación del Abogado General, y finalmente el Tribunal Constitucional Alemán (que fue el que cuestionó la legalidad del OMT) acata el fallo, estaríamos ante un paso muy importante para la definitiva “irreversibilidad” del euro. El OMT salvó la moneda única en el momento más crítico de la crisis, en el verano de 2012, cuando España (que era demasiado grande tanto para caer como para ser rescatada, too big to fail and too big to be rescued) tuvo que pedir un préstamo al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) para rescatar su sistema bancario. En su día, después de declarar que el BCE iba a hacer todo lo necesario para salvaguardar la integridad del euro, Mario Draghi avisó que el OMT solo se podía activar bajo cierta condicionalidad. El país receptor tendría que negociar un rescate financiero con el MEDE y someterse a un plan de reformas de la Troika (es decir, ceder parte de su soberanía).

A estas condiciones, el Abogado General del TdJEU añade ahora las suyas, que levantarán bastante debate: 1) El uso del OMT tiene que ser proporcional (un término ambiguo que traerá un intenso debate entre economistas y juristas); 2) El BCE tiene que explicar al detalle por qué es necesario activar el OMT (esto es recomendable, pero a veces un banco central no puede contarlo todo); y 3) Si se activa el OMT, el BCE debe abstenerse de formar parte de la Troika. Esto tiene mucho sentido. El BCE es la única institución responsable para la política monetaria (y en esta parcela los jueces no deben entrometerse porque les falta conocimiento y experiencia, argumenta Cruz Villalón), pero en materia de política económica el BCE no tiene ninguna competencia, por lo tanto no puede sentarse a negociar con los estados miembros de la zona euro en dificultades.

Sin embargo, esta exclusión puede traer problemas. Las políticas monetarias, económicas y fiscales no son compartimentos estancos. Son más bien ámbitos que se entrelazan. Es por eso que el secretario del Tesoro y el gobernador de la Reserva Federal de Estados Unidos se ven con regularidad. El personal del BCE (sobre todo ahora que se ha convertido en el supervisor bancario) es la institución que más conocimiento tiene sobre el sistema bancario de cada país. ¿Se puede hacer un análisis del estado de la economía de un estado miembro de la Eurozona, y qué hay que hacer para mejorarla, sin tener en cuenta el sistema crediticio? Seguramente no.

Por otra parte, el BCE durante esta crisis (para bien o para mal, sus posiciones se pueden criticar), se ha mostrado como la institución más abiertamente europeista de la Troika. El FMI es una institución internacional, y la Comisión Europa durante la crisis ha estado demasiado a la orden de los Estados miembros, sobre todo de los más fuertes, como Francia y Alemania.

Está claro que el BCE no tiene ninguna legitimidad para decidir las políticas económicas de los estados miembros de la Eurozona, y eso hay que remediarlo. Pero, ¿la tiene el FMI o la Comisión Europea? ¿La tiene el MEDE? ¿O incluso el Eurogrupo, formado por los ministros de economía y finanzas de los estados miembros? A falta de un verdadero ministerio de finanzas europeo, que sería realmente quien tendría la legitimidad democrática para negociar los programas de reformas con los estados necesitados, el BCE (por su poder político y conocimiento técnico) ha tenido que llenar, en parte y sin legitimidad, ese vacío. La solución no puede ser quitarlo del medio sin crear algo más legítimo que lo sustituya.