Creo que Berta Cáceres ha muerto con la misma generosidad con la que vivió. Y digo esto porque intuyo que su asesinato tendrá importantes efectos en beneficio de la lucha ambientalista global. Es evidente que ha permitido sacar a la luz, que no a las portadas, en nuestra sociedad durmiente, la situación en la que se encuentran los y las activistas ambientales y de la tierra en el mundo, especialmente en Sudamérica y Asia-Pacífico. Absolutamente lamentable que alguien tan valioso como Berta deba morir para que los acomodados ciudadanos del occidente nos sintamos zarandeados en nuestra conciencia. Máxime cuando, usando las palabras de la autora Naomi Klein, las personas que están siendo asesinadas en estas luchas “no sólo están protegiendo sus tierras y aguas locales. Al mantener el carbono en el suelo y mediante la defensa de las prácticas agrícolas ecológicas, están mostrando al resto del mundo cómo evitar un cambio climático catastrófico”, es decir, con una mirada global, “herramienta” holística imprescindible para la defensa del clima, es sencillo concluir que su lucha nos compete como beneficiarios y beneficiarias planetarias y, especialmente, por responsabilidad, como sujetos activos miembros de una sociedad consumista y contaminante.

Según Global Witness, organización no gubernamental con sede en Londres, un total de 908 personas que participaban en acciones de defensa del medio ambiente murieron violentamente entre 2002 y 2013 en todo el mundo. La cifra más alta en las últimas décadas, según denunciaba el informe Deadly Environment (Medio Ambiente Mortal) elaborado por dicha organización. Cifra, por otro lado, meramente indicativa, pues es muy complicado computar y documentar todos los crímenes de ambientalistas ocurridos, tanto por la escasa colaboración de las autoridades como por las dificultades para controlar territorios extensos y muchas veces alejados. Las principales causas de esta violencia fueron las disputas por la tala de zonas forestales, la minería y los derechos sobre la tierra, no reconocidos en la mayoría de los casos a las comunidades indígenas, ni en la legislación ni en la práctica.

Es, precisamente, la comunidad indígena la más afectada. Sus formas de vida ancestrales y sus sistemas económicos de autosubsistencia son menospreciados por los intereses de las grandes compañías multinacionales en connivencia con los poderes políticos locales y son tachados de “contrarios al desarrollo”. A un desarrollo que no pidieron y que está alejado de su propia cosmovisión, en la que el respeto por la vida y la naturaleza son centrales y ésta es un sujeto más de la comunidad, con la que se mantienen relaciones de interdependencia. En esta visión del mundo, los valores de la vida no se reducen a meros beneficios económicos, en realidad pesan más otros principios y otras formas de valorizar y darles sentido y a esto se le ha llamado el Buen Vivir, Sumak Kawsay, en lengua kichua, concepto también presente entre las étnias aymará y guaraníes que representa una fórmula alternativa de desarrollo.

Berta Cáceres, la activista que le torció el brazo al Banco Mundial y a la estatal china, Sinohydro, al impedir que se construyera una represa eléctrica en el río Gualcarque, río crucial para los lencas, comunidad indígena a la que pertenecía, cumplía con todos los requisitos para ser víctima de la violencia en Honduras, el país más peligroso del mundo para los ambientalistas: mujer, defensora indígena, activista de los derechos humanos, ambientalista y opositora gubernamental.

En mi última colaboración con este diario, Visibilizar y pagar cuidados, hablaba, precisamente, de la vinculación entre mayor presión sobre los recursos, síntoma evidente de la crisis medioambiental global, cambio climático y empeoramiento de las condiciones de vida de las mujeres en los llamados países en vías de desarrollo, deterioro en el que debemos incluir el aumento de la violencia.

El deterioro de la calidad de vida de las mujeres y su empobrecimiento ha facilitado que estas lideren movimientos contra proyectos que atacan su entorno natural y, por lo tanto amenazan, su modo de vida. El movimiento por la soberanía alimentaria de Vandana Shiva - en el que las mujeres como “guardianas de semillas” tienen un papel fundamental reivindicando la propiedad de la tierra frente a la gran industria agroalimentaria- o el Frente de Guardianas de la Amazonia, son solo dos ejemplos en los que las mujeres abanderan la lucha ecologista como herramienta para mejorar su condición económica y su bienestar, lo que impulsa su empoderamiento como colectivo y las empuja a cuestionar también su rol social subordinado. Berta era otro ejemplo destacado y reconocido. En 2015 había recibido el prestigioso premio Goldman, la mayor distinción para activistas que luchan por el medio ambiente.

En este estado de cosas, la violencia organizada contra el activismo en defensa de la naturaleza y la tierra, donde el protagonismo de las mujeres es una consecuencia lógica de su propio papel de mantenedoras de la vida y de sus economías locales, es una violencia que se ejerce en mayor medida contra las mujeres. Sumemos este otro dato, según un informe de la ONU de 2007, entre aquellos que luchan por los derechos humanos, los activistas ambientales y de la tierra son el segundo grupo con más probabilidades de morir, solo superado por los y las que trabajan por los derechos de las mujeres.

En el año 2014, miles de mujeres de diversas organizaciones aglutinadas en la Red Ciudadana de Actuación de Violencia y Empoderamiento de las Mujeres de Acapulco llevaron a cabo una marcha en México para exigir el cese de las agresiones y el esclarecimiento de los asesinatos de luchadoras ambientales: Rocio Mesino, dirigente de la Organización campesina de la Sierra de Sur, Digna Ochoa, abogada de ecologistas de la Sierra de Petatlán, Eva Alarcón, coordinadora de la Organización de Campesinos Ecologistas y Juventina Villa, defensora ambientalista de la misma organización...y una larga lista de mujeres luchadoras cuya muerte y recuerdo es apenas unas líneas escondidas en un diario, si hay suerte.

Berta Cáceres era la coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), una ONG que trabaja con las comunidades indígenas de ese país. Pocos días antes morir, diría en rueda de prensa que las amenazas de muerte, de secuestro, las agresiones se habían intensificado y que el miedo y la preocupación se abrían paso a codazos, si bien también la solidaridad, entre los miembros del Consejo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había obligado al Estado de Honduras en el año 2009 a otorgarle protección policial por estas frecuentes amenazadas contra su vida. Pero en Honduras, hay mucho en juego: inversiones en minería, silvicultura, agroindustria, presas eléctricas son una prioridad para el gobierno de Juan Orlando Hernández.

A día de hoy, sigue sin esclarecerse el asesinato de Berta. Los autores de este tipo de crímenes son en gran medida desconocidos, pero entre los casos bien documentados de Global Witness se han vinculado diez muertes con grupos paramilitares, ocho con la policía, cinco con la seguridad privada y otros tres con militares.

Es probable que nunca se sepa quien asesinó a Berta pero los que la admirábamos, sí sabemos que fue lo que la llevó a la muerte: el amor. Su amor infinito por el río, por las altas montañas y los valles profundos de su tierra, el amor por su cultura y sus costumbres, por sus gentes y su profundo desdén por las cuestiones economicistas. Ella amaba el modo como vive su pueblo, los lencas, y perdió la vida en ese combate contra la codicia humana. Para los lencas, los espíritus femeninos están en los ríos y las mujeres son sus principales guardianas. Eso fue Berta Cáceres, la guardiana del río y ahora, un espíritu femenino que inspirará a otras muchas mujeres como ahora yo me siento inspirada por su vida.

Poco podemos hacer ya por Berta, pero aún continúan en la lucha muchas mujeres y hombres que debemos apoyar desde todos los rincones del planeta. Los activistas ambientales están siendo perseguidos, amenazados y criminalizados. Son urgentes medidas que los protejan, que nos hagan sentir que la muerte de Cáceres sirvió para algo. Dentro de estas medidas, considero que una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que contemple tanto medidas de prevención de la violencia como de intervención de agentes internacionales para el esclarecimiento de los asesinatos, es el primer paso de otros muchos que debemos dar juntos así como acciones de presión contra las empresas involucradas.

Como miembro de la Plataforma Valenciana por un Nuevo Modelo Energético, que tiene entre sus principales líneas de actuación la lucha contra la pobreza energética, muchas veces he tenido que hacer frente, en el desarrollo de nuestra actividad, a la incomodidad que genera en algunas personas la aparente disgregación de la pobreza energética de la lucha genérica contra la pobreza.

Expresadas de diferentes maneras, por supuesto, he podido identificar dos críticas fundamentales. Por un lado, sencillamente no se concibe que la dificultad en que se encuentra un hogar para hacer frente al pago de su consumo energético y que comporta una falta de acceso normalizado a las entradas de gas, electricidad y agua tenga un origen o causas diferentes de las que provoca la pobreza en general y, por lo tanto, que requieran de una acción diferenciada. Y, por el otro, se denuncia que la prolongada crisis económica ha puesto de moda el sustantivo pobreza acompañado de adjetivos y así, se habla de pobreza infantil, pobreza crónica, pobreza educativa, de trabajadores pobres con ingresos, de pobreza urbana y, también de pobreza energética, lo que consideran un esnobismo, una especie de activismo cool y academizado.

Respecto de este segundo bloque de argumentos debo decir que estoy de acuerdo con la parte que se refiere a las modas. Y para muestra baste un botón. Si atendemos a la actividad de las administraciones públicas en todo el estado español, en este año que ahora concluye, comprobamos que se han multiplicado las iniciativas contra la pobreza energética, algo sin duda que es positivo en términos generales. Ahora bien, en la mayoría de las ocasiones, y conforme a la naturaleza de las medidas adoptadas, no creo, en absoluto, que sea posible concluir que esas medidas han sido el resultado de una toma de decisiones meditada – hay notables excepciones, por supuesto, como los casos de los Ayuntamientos de Valencia o Barcelona, cuyos planes contra la pobreza energética ha sido elogiados desde muchas y diferentes instancias - más bien al contrario, lo que se advierte es precipitación, probablemente motivada por ese afán de los nuevos equipos de gobierno, resultantes de las últimas elecciones autonómicas y locales, de subirse, a toda prisa, al tren de la pobreza energética “pues ahora está de moda”.

Recurriendo a iniciativas cercanas que conocemos bien, recordamos que tanto la Generalitat Valenciana como la Diputación de Valencia han convocado en el año 2016 ayudas destinadas a hacer frente, subsidiariamente y con dinero público, al pago de las facturas de luz, agua y gas de familias en situación de precariedad o vulnerabilidad que no podían responder por sí mismas. Estas medidas, de carácter correctivo, tienen como finalidad evitar el corte de suministro, es decir, son medidas para hacer frente a situaciones de urgencia, medidas coyunturales absolutamente necesarias pero que, debido a su propio enfoque corrector, no garantizan que las personas puedan gozar de los suministros de energía necesarios en el futuro inmediato dado que no contemplan la mejora del bienestar a medio y largo plazo.

Prueba de que esto es así es el hecho de que estas medidas ya existían y que se tramitan desde hace décadas por los ayuntamientos con la denominación de ayudas de emergencia. El hecho de haber gestionado el aumento presupuestario a través de diferentes partidas y convocatorias de ayudas obedece, a mi parecer, a una mera estrategia de marketing político que ensombrece, en alguna medida, las buenas intenciones que alberga y que denota descoordinación y un profundo desconocimiento de la situación, incluida de la propia labor que realizan los ayuntamientos cuyos servicios sociales se han visto literalmente colapsados por el innecesario aumento de la carga administrativa que esto ha supuesto. Por no hablar, por supuesto, de la indignación que provoca en la ciudadanía, informada y prosumidora, el hecho de que medidas como estas, más allá de su evidente valor asistencial, son celebradas por las grandes corporaciones del sector al ver reducidos sus índices de morosidad al tiempo que se presentan ante la sociedad como adalides de la lucha contra la pobreza energética, puro cinismo.

La pregunta sería, ¿que hubiese sucedido si el dinero empleado en asistencia social para servicios básicos de energía en la últimas décadas hubieran sido invertidos en mejorar la eficiencia energética de los hogares, la concienciación sobre el uso racional de la energía y la optimización de los servicios que las familias tienen contratados a las empresas de la energía?

Muy sintéticamente voy a permitirme una respuesta: reducción sostenible de los niveles de pobreza energética y, por lo tanto, de la pobreza en términos generales, desarrollo del sector económico ligado al ahorro y la eficiencia energética, nuevas iniciativas de desarrollo económico local y consiguiente creación de empleo, nueva reducción de la pobreza. Fuera de este círculo de desarrollo sostenible, caras muy largas en las juntas directivas de las grandes empresas del oligopolio energético.

Las causas y las soluciones de la pobreza energética

Estoy de acuerdo en que las causas genéricas de la pobreza energética no son diferentes de las que provocan la pobreza en términos generales. Con adjetivos o sin ellos, la pobreza siempre se asienta en la injusticia social, la desigual distribución de la riqueza, la insolidaridad y la codicia.

La pobreza energética no se puede desvincular de la pobreza general pero el hecho de utilizar una conceptualización propia tiene unos fines metodológicos y operativos claros pues resulta fundamental para delimitar con más precisión cuál es el ámbito de actuación, desgranar las causas que la provocan y, lo más importante, diseñar las medidas que ayuden a resolver y prevenir las consecuencias que se derivan de la misma. Esta delimitación favorece, además, una percepción de abarcabilidad o posilidad de control en la ciudadanía que invita a la acción y que no se da con tanta claridad cuando abordamos la lucha contra la pobreza en general.

Combatir la pobreza energética de forma específica permite superar las convenciones estadísticas sobre la medición de la pobreza y avanzar hacia el concepto de exclusión social en el que tienen cabida muchas más personas y situaciones. Además, permite avanzar en el reconocimiento del acceso a la energía como un derecho básico imprescindible para garantizar una vida digna y, en consecuencia, adoptar las medidas específicas necesarias para prevenir las situaciones de falta o insuficiencia. Este reconocimiento lleva implícita, además, una revisión de la clasificación que realiza el Estado de la energía como servicio de interés económico general y que ha sido la base de actuaciones, tan alejadas incluso de su propia naturaleza social, como la reciente declaración de inconstitucionalidad del Decreto -ley de Cataluña 6/2013 que impedía a las eléctricas y gasistas hacer cortes durante el invierno a las familias que no pudieran pagar sus facturas.

Delimitar el problema ha permitido establecer las soluciones. Las medidas, ampliamente consensuadas, se agrupan habitualmente en correctivas y preventivas. Dentro del grupo de las correctivas se encuentra, como antes adelantábamos, las ayudas asistenciales. Son medidas preventivas la mejora de la eficiencia energética y el aislamiento térmico de las hogares mediante planes de rehabilitación y micro-medidas de bajo coste, la reformulación del bono social, los cambios legislativos que impidan los cortes de suministro y favorezcan el establecimiento de facilidades de pago por las comercializadoras, fomentar programas de formación orientados a colectivos vulnerables o mejorar la transferencia y el uso de información relevante para la optimización de los servicios contratados con las empresas del sector. Y la medida de todas las medidas, derogar la legislación que impide el desarrollo del sector de las energías renovables, el autoconsumo y la generación distribuida, modificar el servilismo que caracteriza las actuales relaciones entre el poder político y el oligopolio energético y transitar hacia otro modelo energético más justo, más democrático, transparente y solidario.

En la Plataforma por un nuevo modelo energético estamos convencidos de que la pobreza energética puede ser erradicada a corto y medio plazo pues el coste económico que supone la implementación de estas medidas debe ser medido en término de inversión en empleo verde activando un círculo próspero de desarrollo sostenible. Cuando luchamos contra la pobreza energética no es que estemos alejándonos del fenómeno de la pobreza en general, ni mucho menos, en realidad sólo estamos aplicando una vieja estrategia: divide y vencerás.

Pero si Garzón e Iglesias quisieran terminar de arreglar este asunto- nótese por favor el tono irónico- solo tendrían que tirar de Real Academia de la Lengua Española, institución con la que, todo sea dicho, tengo una profunda relación de amor y odio. Efectivamente, la máxima autoridad de la lengua castellana, el Tribunal supremo de los catellanoparlantes, de cuyos 46 miembros sólo 8 son mujeres, dice que usar expresiones como “unidos y unidas ” es “un desdoblamiento artificioso e innecesario desde el punto de vista lingüístico” y que la actual tendencia al mismo va contra el principio de economía del lenguaje. Dice también que “deben evitarse estas repeticiones que crean dificultades sintácticas y de concordancia” y apunta que “el uso genérico del masculino se basa en su condición de término no marcado en la oposición masculino/ femenino, por ello es incorrecto emplear el femenino para aludir conjuntamente a ambos sexos con independencia del número de individuos de cada sexo que formen parte del conjunto”.

Es en este momento cuando levanto la mirada de la pantalla, la concentro, por un instante, en el verde brillante de los naranjos amargos de mi calle y, con cierta pesadumbre, me digo a mi misma: “Madre mía, lo que queda por hacer”, utilizando, por supuesto, en este caso, la función expresiva del lenguaje que es la que sirve para transmitir emociones y, también, y esto es aportación mía, para encomendarse a la Madre. ¿ Algo que comentar al respecto?

Obviamente no. No nos va a servir, desde un punto de vista lingüístico, por supuesto, ni el hecho de que el 50,9% de la población en el Estado español somos mujeres.

Como apunta la Unitat d'Igualtat de la Universitat de València el lenguaje es lo más tradicional que las personas nos transmitimos de generación en generación. Así, el lenguaje viene cargado de costumbres, vivencias, fórmulas lingüísticas etc. que parecen inamovibles, tradicionales, hasta que se inicia una nueva tradición. Que los hilos de las culturas dominantes actuales los han movido los hombres (el género masculino) es evidente, así nos lo han transmitido las tradiciones lingüísticas en que, por ejemplo, la omnipresencia del género masculino ha omitido siempre la presencia femenina. Las tradiciones nacen y su transmisión es perpetuada en las culturas hasta que ocurre algún cambio que las hace tambalear. Y esta es, en mi opinión, la cuestión clave, la que abordamos en estos momentos en nuestra sociedad, el movimiento, la ola, el fenómeno cultural, social, económico, que va más allá del cambio para instaurarse en el terreno de la transformación, del tránsito a un nuevo modelo de sociedad.

Así, tradicionalmente, la izquierda -término también en construcción desde los llamados partidos emergentes y desde la ecología y el feminismo políticos y sociales donde me inscribo- se ha presentado a la sociedad fragmentada bajo diversas siglas y ha sido también tradicional comprobar que no importaba mucho bajo qué siglas pusieras tu atención feminista pues en todos ellos los problemas eran los mismos y la cuestión de la igualdad quedaba irremediablemente dañada en clave interna de partido. Yo que tengo la oportunidad de compartir con mujeres de diferentes organizaciones políticas he de decir que las quejas, los conflictos y las reivindicaciones son los mismos y que estos no parecen quedar superados con la aplicación de la paridad y la técnica cremallera en las listas, que esto es sólo la imagen más pública que muestran los partidos pero que bajo la superficie el iceberg se extiende profundamente, como espejo que es de nuestra misma sociedad.

Si el tránsito a un nuevo modelo de sociedad significa la unidad de las personas para hacer políticas que pongan a estas, y por lo tanto a la vida en el centro, la unidad del feminismo es la condición sine quo non para que esto pueda producirse no sólo porque es un pensamiento transversal y holístico que imprenta la sociedad entera sino también porque tiene alternativas, propuestas superadoras del modelo heteropatriarcal capitalista que agoniza y que es el responsable de la crisis global que padecemos.

He sentido mucha tristeza en estos días al saber que en una de estas organizaciones políticas con las que comparto, las mujeres que quisieron hacer público su malestar por la elección del nombre Unidos Podemos han sido apercibidas, no oficialmente, por supuesto, para que se abstengan de hacerlo pues “podría hacer peligrar el débil -espero que por poco- equilibrio de los pactos de partidos”. Una muestra más de que la confusión en nuestras prioridades es intensa y la incoherencia una enfermedad extendida. ¿Somos las mujeres las que debemos “sacrificar” nuestra libertad, valores y visibilidad para que la supuesta prioridad de alcanzar pactos se produzca? ¿Acaso no es el pensamiento feminista imprescindible para avanzar en el tránsito a un nuevo modelo cultural, social y económico?

Creo que el Unidos Podemos era innecesario pero si algo he comprendido en mi vida es que sólo se percibe la grandeza de esta y, por lo tanto de todos sus subsistemas, cuando todo suceso se convierte en un aprendizaje positivo.

Así, en esta ocasión, las reacciones idénticas de los grupos de mujeres organizados bajo todas esas siglas políticas que se inscriben a la izquierda me han permitido tomar conciencia de que la unidad feminista es un proceso imprescindible e imparable para superar la crisis civilizatoria en la que nos encontramos y que Unidas todas Podemos.

La sentencia  62/2016, de 17 de marzo de 2016 (BOE num. 97, de 22 de abril de 2016) del Tribunal Constitucional, al estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de España contra el Decreto -ley de Cataluña 6/2013, de 23 de diciembre, que impedía a las eléctricas y gasistas hacer cortes durante el invierno a las familias que no pudieran pagar sus facturas, ha dado un nuevo impulso a la difusión del concepto de pobreza energética, y en esto le estoy francamente agradecida, aunque también debo decir, que solamente en eso.

Desde el famoso reportaje de Jordi Évole sobre el sector eléctrico, que dio lugar a la saga de los   documentales Oligopolyoff de la Plataforma por un nuevo modelo energético, pasando por la constitución, en diferentes puntos del estado español, de los denominados Fuel Poverty Groups -convención internacional para referirse a la pobreza energética- así como, la labor desarrollada por diferentes gobiernos autonómicos del cambio, como la propia Generalitat Valenciana, el desarrollo y promoción del concepto de pobreza energética ha sido notable y, sin duda, ligado al propio desarrollo entre la ciudadanía de una cultura energética hasta hace poco casi inexistente, en la que se manejan ya con solvencia conceptos como revolución energética ciudadana, democracia y soberanía energética, oligopolio eléctrico o consumidores vulnerables.

El extraterrestre mundo de la energía, sus tecnificados subsectores de la electricidad y el gas, la inconcebible lógica normativa de la autogeneración ha aterrizado en las calles y ese conocimiento, traducido inevitablemente en sensibilidad ciudadana por la cuestión energética, ha pasado de la calle a los gobiernos y parlamentos, como no podría ser de otra manera.

Y es, precisamente, de la motivación de los legisladores y de la interpretación y encuadre que hace el Tribunal Constitucional de esa motivación de lo que quisiera hablar en este artículo.

La precitada sentencia del Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales aquellos preceptos del decreto ley catalán que se refieren a la posibilidad para los consumidores vulnerables, según la propia definición que de estos da el texto legal, de aplazar el pago de sus facturas correspondientes a los meses de invierno y de la prohibición para las empresas comercializadoras de   cortar el suministro en los supuestos de impago durante este periodo, la denominada tregua invernal reivindicada desde diferentes instancias sociales. La principal razón aducida por la misma es que estas medidas invaden las competencias estatales básicas en materia de planificación general del sistema económico y del régimen energético pues estas son prevalentes respecto de las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma de Cataluña en materia de consumo y de servicios sociales.

Y es aquí, donde, en mi opinión comienza y acaba el conflicto.

Es evidente que el Tribunal Constitucional con este pronunciamiento no ha indagado, por decirlo de alguna manera, en la motivación, razón última o sencillamente contenido material de la normativa impugnada, cuya evidente finalidad es la protección de los consumidores y la atención social a los problemas concretos y angustiosos de las personas y familias más vulnerables en situación de pobreza energética, que no alcanzan con sus ingresos, ni con el apoyo que pudieran recibir de las Administraciones públicas, a hacer frente a las facturas de la luz más cara de Europa, durante los  críticos meses de inviernos.

Ha obviado los mandatos constitucionales recogidos en los artículo 51,1 y 128,1, referido uno a la obligación que compete a las poderes públicos de garantizar la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud, y los legítimos intereses económicos de los mismos y referido el otro, a que “toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”.

Y,  lo que me resulta más significativo, parece que ha mirado a otro lado al pasar junto a la definición que da de España el artículo 1.1 de la Constitución cuando lo califica como estado social de derecho, base de nuestro sistema socio-político y económico

¿Qué significa ser un Estado social?

La mayor parte de los autores de filosofía del derecho concuerdan en que un Estado social de derecho es aquel que tiene como prioridad fortalecer servicios y garantizar derechos considerados esenciales para mantener el nivel de vida necesario para participar como miembro pleno en la sociedad.

Creo que es evidente que la carencia o privación de los suministros energéticos afectan directamente a la vida y salud de las personas atentando contra su libertad y su derecho a una vida digna y mermándolos en su capacidad para participar como miembro pleno en la sociedad, dadas las repercusiones que esta situación tiene, no sólo en su integridad física, sino también en su derecho a la educación.

En realidad, a mi parecer, el derecho a la energía es una dimensión del más genérico derecho fundamental a la vida y me habría congratulado, extraordinariamente, si los juristas responsables de la antedicha resolución hubieran avanzado en este enfoque al abordar la motivación del legislador:  la lucha contra la pobreza energética.

Así las cosas, podemos decir que los miembros del Tribunal Constitucional no han primado el carácter de Estado social de derecho que tiene nuestro país, sino que más bien, han hecho exactamente lo contrario, considerar que el mantenimiento del actual sistema de retribución de la energía no admite alteraciones ni excepción alguna, ni siquiera la protección de las personas.

En el telón de fondo de este asunto nos encontramos con dos temas reiterativos que exigen de una inmediata solución, por un lado, la reforma de la Ley orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional y, por el otro, algo un poco más delicado, y que en palabras de la Mesa del Tercer Sector y la Alianza contra la pobreza energética se definiría como “la defensa continuada por parte del actual Gobierno de los intereses de las suministradoras energéticas”.

No todas las cuestiones derivadas del empobrecimiento generalizado de nuestra sociedad, consecuencia de la crisis y del endurecimiento de las condiciones del sistema económico capitalista, tienen fácil solución, pero estoy convencida que la cuestión de la pobreza energética no es una de ellas.

Con un sector en el que las tres principales empresas arrojan beneficios netos de más de veinte millones diarios mientras el recibo de la luz se encare un 52% - periodo comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el tercer trimestre de 2015 - y el Estado claudica ante las  eléctricas abonando a estas 275 millones de euros como indemnización por la puesta en marcha del bono social, es evidente que hay mucho margen para articular ajustes y equilibrios que permitan combatir la pobreza energética.

De la sentencia comparto al 100% el voto particular emitido por el magistrado Xiol Ríos, cuya coherencia y claridad de relato han llegado a emocionarme, sobre todo en aquella parte que afirma que un Estado social implica “que el mundo de los sistemas está subordinado al mundo de la vida”.

En estos momentos en que la ley de reducción de la pobreza energética se debate en Las Cortes valencianas, me atrevería a pedir a nuestros legisladores que no tengan miedo, que cambien el enfoque y afinen el tiro al apuntar el marco competencial en el cual se fundamentará la misma.  

En primer lugar, creyó que el modelo de progreso de las economías industrializadas occidentales, entendido como la acumulación de capital y la comercialización de la economía para generar un excedente y beneficios, era exportable a todo el planeta. Esto requirió, por un lado, la permanente ocupación de las colonias para obtener los recursos naturales imprescindibles para garantizar el crecimiento y, por el otro, la consecuente destrucción de lo que podríamos denominar, economía natural local o economía de autosubsistencia -aquellas que satisfacen las necesidades básicas a través de mecanismo de autoaprovisionamiento- que se vieron despojadas de esos mismos recursos bien por privación, al ser desviados hacia la producción intensiva de mercancías, bien por deterioro, al provocar, su extracción e intervención, residuos y degradación del entorno.

Directamente relacionado con lo anterior, y, en segundo lugar, el hecho de medir el crecimiento económico, exclusivamente, en términos de PNB. Sólo se considera riqueza la dimensión del proceso de producción que es creadora de valor monetario. En consecuencia, se ignoran los costes biofísicos de la producción y los trabajos que, al margen del proceso económico, sostienen la vida humana, es decir, las labores de cuidado responsables de la regeneración de la fuerza del trabajo en el ámbito privado, tradicionalmente en manos de las mujeres. Los costes de la destrucción de recursos se revienten fuera y se reparten de manera desigualdad entre los distintos grupos económicos de la sociedad, si bien, recaen en su mayor parte sobre las mujeres.

Estas conclusiones encajan, a la perfección, con la dicotomía característica del pensamiento patriarcal y que antepone cultura a naturaleza y hombre a mujer. Desde esa perspectiva, los mercados, los espacios públicos y racionales están gobernados por el “homo económicus” y se consideran independientes del ámbito doméstico reservado a las mujeres. Pero la vida, y la actividad económica, como subsistema de aquella, no es posible sin los bienes y servicios que proporciona el planeta y sin los trabajos de las mujeres, a las que se delega la responsabilidad de reproducción social.

La propia construcción de la identidad política y pública de las mujeres, teledirigida desde el patriarcado, pasó por replicar el modelo de los hombres, sin que estos asuman, equitativamente su parte en los trabajos de cuidado. Se crea entonces una cadena en la que mujeres inmigrantes asumen como empleo estos trabajos para que otras mujeres puedan incorporarse al mercado, al tiempo que dejan en descubierto el que realizan en sus lugares de origen, que a su vez es realizado por otras mujeres que lo asumen.

La crisis económica del 2008, cuyas causas y efectos no sólo no han desparecido sino que, por el contrario, parecen refortalecidos, las posteriores reformas laborales acometidas por los gobiernos de PSOE y PP y la consiguiente disminución de ingresos y de servicios públicos, no han hecho más que intensificar la carga sobre las mujeres ya que ellas van a compensar las deficiencias del Estado.

Es decir, la misma viabilidad del sistema económico actual depende de estas labores de cuidado y regeneración de la fuerza de trabajo que realizan las mujeres. Labores por las que, no sólo no son recompensadas, sino que son desterradas a la precariedad de un futuro sin protección social al ser desplazadas del mercado laboral para poder atenderlas.

Visibilizarlas es vital pero nunca será suficiente. Es preciso que se instauren con celeridad medidas eficientes de corresponsabilidad así como sistemas alternativos al económico imperante que permitan que estos trabajos de cuidado obtenga contraprestaciones justas y sobre todo, reconocimiento social.

No voy a defender, en consecuencia, mi imparcialidad ante las lectoras y lectores pero si quisiera traer a estas líneas algunas reflexiones sobre el alcance y profundidad ideológica del mismo y sobre lo que significaría para nuestro País perder la oportunidad de emprender, definitivamente y con carácter de urgencia, la transformación social, económica y medioambiental que reclama nuestra sociedad.

El pasado día 20 de mayo, Jordi Castro, colaborador habitual de este diario, indicaba en una publicación larga y muy bien documentada, que Compromís “cuenta con el programa electoral más extenso y detallado en materia de medio ambiente”. No hay nada de extraño en esta afirmación, si tenemos en cuenta que la misma presidenta del Partido Verde Europeo, Mónica Frassoni, en su última visita a Valencia manifestaba que “votar verde en el País Valencià es votar Compromís”. Pero, como no hay ningún problema en ser asépticos, baste sencillamente con reconocer que esto es así porque el programa de la Coalición recoge las principales reivindicaciones de los grupos ecologistas más importantes, tanto en el País Valencià como en el resto del estado español.

Invito a la lectura del documento titulado “Un Programa por la Tierra: Propuestas ambientales para las elecciones autonómicas 2015” elaborado por Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO Birdlife y WWF para comprobar que Compromís en sus propuestas contra el cambio climático, la transición a un nuevo modelo energético, la movilidad, la gestión de los residuos etc. contempla la cuestión medioambiental de una manera sistémica, integral, es decir, como un cambio de modelo social y económico que pone la vida, y no el capital, en el centro de la política, que es superadora de la racionalidad económica que en las décadas del bipartidismo se ha venido irguiendo en creencia cuasi-religiosa (Grinevald, 1996) y que ha gestionado la protección de las personas y de la naturaleza como un mero ajuste al margen de esta ideología dominante.

Compromís, y muy especialmente Mónica Oltra, ha absorbido a la perfección, en estos cinco años de convivencia en la Coalición, que la propuesta verde es una propuesta de economía y es una propuesta social, propuestas de transformación que dan esperanza allí donde se aplican, valga como ejemplo la impresionante y envidiada revolución verde que se vive en ciudades como Copenhague que han reducido desde 1990 las emisiones de carbono un 40% al tiempo que su PIB aumentaba un 80%, manteniendo el consumo energético a los niveles de 1980 y reduciendo la tasa de desempleo al 6,3%. Una ciudad, Copenhague, con unas características tales que hacen muy extrapolables los métodos de gestión ciudadana de su State of Green a la ciudad de Valencia.

La lucha por otro módelo económico, que Compromís recoge en su programa de gobierno con una solvencia que no encontramos en ningún otra formación del espectro político valenciano, debe compaginar a la vez decencia y sostenibilidad, justicia social y ambiental, dos términos inseparables e interdependientes. Para iniciar esta transición es necesaria una mirada largoplacista, auténtica convicción y, lo que en la práctica resulta más necesario, estar en posesión de altas cuotas de autonomía, política, económica y ética. Es decir, expresándolo más sencillamente, no hay que tener “deudas”.

En la primera edición del Forum de la Energía y el Medio Ambiente, celebrado el pasado mes de mayo en la Universidad Politécnica de Valencia y organizado por la Plataforma valenciana Per un Nou Model Energètic - organización a la que me siento muy orgullosa de pertenecer por la extraordinaria labor que desarrolla a favor de la soberanía energética de los pueblos, la democratización de la energía y contra la pobreza energética - si algo quedó claro es que el famoso “hachazo a las renovables” del Ministro Soria se sostiene sobre la arbitrariedad y carece de soporte técnico. “Ausencia de la más elemental transparencia, aderezada con presuntas presiones del Gobierno de Rajoy a las consultoras para que validaran el hachazo” son parte de los argumentos que se contienen en la denuncia que el martes pasado presentaba la Plataforma en la Fiscalía Anticorrupción por el proceso irregular de recorte a las renovables, denuncia suscrita por el diputado de Compromis en el Congreso, Joan Baldoví.

Todos estos hechos demuestran, según la Plataforma Por un Nuevo Modelo Energético, “la existencia de una clara estrategia del Gobierno dirigida a la paralización del desarrollo de las energías renovables en España, a pesar de la urgente necesidad que hay en nuestro país de apostar por la innovación y los sectores intensivos en creación de empleo como las renovables; y una apuesta decidida por mantener el actual statu quo de oligopolio eléctrico que el autoconsumo y las renovables abrirían a la participación activa de la ciudadanía”.

Es decir, demuestran la falta de autonomía, la existencia de deudas. Deudas y favores que van de un lado al otro de la cancha de juego del bipartidismo y el oligopolio energético; las tristemente célebres puertas giratorias.

Recordemos que a esta denuncia se suma, la interpuesta el año pasado por la misma Plataforma ecologista por los 3.400 millones de euros que el PSOE “perdonó” a las eléctricas, entre 2007 y 2010, con la connivencia del Partido Popular, y que, de confirmarse que los gobiernos de PSOE y PP no han utilizado todos los mecanismos a su disposición para reclamarlos, nos encontraríamos ante una de las mayores estafas de dinero público de la historia de nuestro país.

En este estado de cosas, en el ecologismo político y los movimientos verdes sabemos que el bipartidismo nunca nos ha favorecido y nunca lo hará. Quizás esto pudiera ser diferente si, definitivamente, las organizaciones y empresas involucradas en estos lamentables “negocios” emprenden un proceso de regeneración democrática que vuelva a hacerlos confiables de cara a la ciudadanía. Pero para ello serán precisos gestos que revelen con seriedad que la política se concibe como un acto de amor - como decía Benedetti- y generosidad hacia nuestra comunidad y no como un suculento negocio para aquellos que han aprendido a vivir del “cuento” de la política. También sería un “gran” gesto que las eléctricas devolvieran los 3.400 millones de euros que nos han cargado en nuestras facturas, en esto, seguro estamos de acuerdo.

Esa oportunidad, sinceramente considero que existe para el PSOE tras los resultados electorales del 25M, al menos en el País Valenciá, donde Compromís, una organización autónoma, con un programa “extenso y detallado” de propuestas de gobierno, convencida y sin “deudas” está en condiciones óptimas de liderar la necesaria transición a un nuevo modelo económico que garantice la justicia social y ecológica en nuestro País.

Por ello, aunque a este artículo le he titulado “El grito verde”, sólo me voy a atrever a sugerir al PSPV en un tono moderado que se “contamine” de las políticas verdes de Compromís, que se suba al tren del cambio, el de verdad, que se dé una oportunidad de demostrar a los ciudadanos que hay regeración democrática en su partido. Pero eso sí, que escuche con atención el grito verde, porque la urgencia de la situación se ha tornado grito ensordecedor, que ponga atención a las reclamaciones del mundo ecologista, de los ciudadanos de a pie que reclaman empleo, salud, soberanía y democracia energética, aire, tierra y mar libres de contaminación y especulación y lucha encarnizada contra el cambio climático. Y que tenga la humildad de reconocer que en este proceso, Compromís ya está marcando las diferencias.

El pasado domingo la marea violeta volvía a llenar de color las calles de Valencia. Y también de reivindicaciones.

Desde que el 20 de noviembre de 2011 ganará las elecciones por mayoría absoluta, el Partido Popular no ha dejado de aplicar y endurecer las medidas neoliberales de ayuda a la banca y recortes sociales que ya avanzara el anterior gobierno de Zapatero. Este Gobierno, que ha actuado en nombre de la ciudadanía, ha congelado prestaciones básicas, operado la reforma laboral más salvaje de nuestra historia y aprobado presupuestos que recogen los mayores recortes del Estado del Bienestar de los últimos treinta años. Medidas que perjudican no sólo a los trabajadores, sino también a los pequeños y medianos empresarios y a los autónomos, a los parados, a las personas mayores, a los discapacitados, a los jóvenes y, por supuesto, y muy especialmente, a las mujeres.

Efectivamente, como apunta la filósofa feminista, Alicia Mirayes, los ataques al Estado del Bienestar son ataques directos y sistemáticos a la situación de la mujer. Y ello no sólo porque tradicionalmente la mujer es responsable de las tareas del cuidado de la vida más frágil (niños/as, mayores y enfermos/as) y del mantenimiento de la infraestructura material doméstica, ámbitos todos ellos de carácter asistencial y , por lo tanto, circunscritos a los pilares del Estado del Bienestar que se desmantela, si no, sencillamente, porque en una sociedad desigual la mujer es débil entre los débiles.

Como no quisiera que se me acusara de hacer uso y abuso de la aplicación del mainstreaming de género, que incorpora la presunción de la situación de desventaja sistémica del colectivo femenino, vayan algunos datos por delante.

Según la última encuesta anual de estructura salarial, de 25 de junio de 2014 referida a datos del 2012, la ganancia media anual femenina supuso el 76,1% de la masculina; el 17,36% de las mujeres tuvo ingresos salariales menores o iguales que el salario mínimo interprofesional frente al 7,52% de los hombres; el 10,4% de los hombres presentaron unos salarios cinco veces superior al SMI frente al 4,72% de las mujeres, en tanto que la proporción de trabajadores con ganancia baja era del 17,24% ,y de este, el 64,89% fueron mujeres; la pensión que perciben las mujeres es aproximadamene el 61% de la que perciben como media los pensionistas masculinos, más del 70% de quienes perciben las más bajas pensiones no contributivas son mujeres y también son mujeres el 95% de quienes asumen la tarea de cuidar a las personas dependientes.

Estas estadísticas, por otro lado, con peores datos que las del año 2010, confirman lo que ya sospechábamos, que la igualdad no es nunca un bien de primera necesidad para los conservadores y que, en épocas de crisis, es un lujo del que se puede y debe prescindir.

Pero si estos datos son descorazonadores los que se refieren a la violencia machista son escalofriantes. Cincuenta y nueve mujeres fueron asesinadas en el pasado año y escribo estas líneas en una semana especialmente negra, en la que tres mujeres más han perdido la vida a manos de sus parejas.

La brutalidad que acompaña estos crímenes nos advierte del profundo desprecio que los asesinos muestran hacia sus víctimas, del largo proceso de naturalización y cosificación al que fueron sometidas durante mucho tiempo antes de que eso ya no resultara suficiente para los terroristas.

Y digo terroristas pues la violencia machista es una cuestión de Estado. Como dice la conocida activista Ruth Toledano, “estas mujeres han sido asesinadas por el mero hecho de ser mujeres, por tener a ojos de sus asesinos una consideración de objeto, de algo menor, por pertenecer a una categoria inferior...es por tanto, una violencia ideológica, que persigue la dominación a través del terror, es terrorismo”.

Así, el pasado día cinco de este mes se celebraba en el Parlamento Europeo una jornada sobre violencia machista organizada por el Partido Verde a la que fuimos invitadas a participar Dones amb Compromís y la Red Equo Mujeres. La directora del lobby feminista Women Against Violence Europa, María Rösslhumer, calculaba el coste de la violencia machista en Europa en 228.000 euros. Este dato es, en mi opinión, de gran utilidad, no sólo porque resulta fácilmente absorbible en una sociedad marcadamente economicista sino también porque destaca el sinsentido de las políticas conservadoras de recortes. ¿Qué clase de gestor es aquel que recorta en prevención a sabiendas de que estos provocarán un aumento inmediato del gasto en acción paliativa y asistencial? Por obvia, no merece respuesta esta pregunta.

Ante esto, la propuesta de Dones amb Compromis de aprobación de una directiva contra la violencia de género, aún angosta desde el punto de vista jurídico, resulta a todas luces absolutamente coherente y, además, imprescindible para generar obligaciones en los Estados miembros que conlleven aparejadas medidas presupuestarias. Estas medidas a largo plazo acabarán con la incoherencia de un gasto que será diferido y multiplicado cuando, para rabia y tristeza de todos, el daño ya esté causado.

Y, precisamente, porque somos las débiles entre los débiles, el pasado dia 8 de marzo las calles de Valencia se llenaron con fuerza del violeta del amor frente a la violencia, del violeta de la justicia frente a la desigualdad, del violeta de la resistencia pacífica frente a los ataques a nuestros derechos fundamentales. Un día 8 de marzo que fue más reivindicativo, más multitudinario y más visible pues la debilidad es sólo el resultado de una dominación y una situación endurecida de injusticia. Y, precisamente, porque no somos tontas, expresamos muy claramente que tenemos identificada la relación directa que existe entre las políticas que discriminan a la mujer y el terrorismo machista.

Ni débiles ni tontas.

En la Unión Europea la preocupación por la factura energética, el aumento de las emisiones de CO2, la dependencia energética de terceros, factor de elevada peligrosidad para la región pues cuestiona unas relaciones internacionales equilibradas, así como la apuesta por nuevos mercados generadores de empleo son las causas principales de la desenfrenada actividad legislativa.

La última norma sobre eficiencia energética, la Directiva 2012/27, fue aprobada a principios de octubre de 2012 y el Estados español entregó el pasado 30 de abril de 2014 el Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética para el periodo 2011-2020 cuya gestión y financiación será conjunta entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas.

Según datos del servicio Invest in Spain, dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad y cuya función es atraer inversión al Estado español, el sector de la eficiencia creará 300.000 puestos de trabajo en 2020 alcanzando una cifra total superior a los 750.000 empleos.

Una parte muy significa de estos empleos habrán de generarse en el sector de la construcción pues los edificios acaparan alrededor de un 45% del consumo energético total. La mejora del rendimiento térmico de los edificios, la renovación de los equipos que consumen mucha energía, la optimización de los equipos y de los sistemas energéticos con sistemas inteligentes de medida, de control y de regulación o la mejora de las técnicas de producción y almacenamiento de la energía son algunos de los servicios ligados al sector que se agrupan en tres subsegmentos: renovación de edificios, medida y control del consumo y reducción del consumo energético.

Si bien el subsegmento de la renovación es un mercado maduro en términos de modelo de negocio y de estructura del sector, los otros dos son servicios con un alto componente tecnológico donde la tecnología no está del todo desarrollada y los modelos de negocio son aún inciertos.

En consecuencia, para el tipo de desarrollo que se espera de este sector, será necesaria:

- Inversión en I+D+i, que habrá de estimularse con políticas, en los tres niveles - nacional, regional y local -, de inversión pública, captación de fondos europeos e inversión externa, que favorezcan el trabajo de nuestros y nuestras investigadores/as en colaboración con la Administración y con gestores empresariales que transformen ese conocimiento en negocios altamente rentables desde el punto de vista económico, social y medioambiental.

- La capacitación y reciclaje de la mano de obra cualificada y no cualificada en el sector de la construcción para adaptarla a los nuevos servicios que habrán de prestar, diseñando para ello planes de estudios y de formación continúa que recojan una oferta formativa seria en esta materia .

- La sensibilización e información de ciudadanos y ciudadanas hacia el ahorro y la eficiencia energética que se exprese también en beneficios directos y exoneraciones para aquellos que opten por la renovación de sus edificios, la modernización de sus sistemas o la incorporación de tecnología de reducción del gasto.

- La colaboración administrativa con un enfoque “bottom-up”, para que sean los planes nacionales los que recojan las estrategias y ejes de actuación desde las necesidades identificadas en clave regional y local y no al revés, y, por supuesto,

- Establecer un sistema de ayudas e incentivos al sector que resulten efectivos y pensados para no sufrir el efecto “stop and go” característico en el impulso de sectores emergentes.

Pero lo que más vamos a necesitar en la región valenciana para activar este sector será voluntad política.

En el año 2011, el sector de la construcción reconocía haber entrado en un proceso de crisis profunda e irremediable. En ese año finalizaba también la vigencia del llamado Plan de Ahorro y Eficiencia Energética de la Comunidad Valenciana, del cual quedan sólo algunos vestigios, como las convocatorias del Programa de Ahorro y Eficiencia Energética en el Sector de la Edificación, en el que sólo se atiende al subsector de la renovación de edificios dejando fuera la tan necesaria atención al desarrollo tecnológico.

En estos años no se ha producido ningún avance en la recuperación y transformación del sector de la construcción, muy por el contrario, las iniciativas desde el gobierno regional y local parecen añorar el fracasado modelo de sector y de gestión urbanística, como prueba la última revisión del PGOU de Valencia que propone reclasificar 415 hectáreas de huerta para edificar en los próximos 15 años 17.000 nuevas viviendas.

De nuevo estamos perdiendo el tren.

Treinta años después, las circunstancias que provocaron la aparición del movimiento verde - belicismo, guerras económicas, escasez de recursos, uso de la energía nuclear, menosprecio de derechos de los colectivos más débiles (mujeres, niños, ancianos, inmigrantes...) productivismo y mercados voraces con personas, animales y territorio - no sólo no han desaparecido sino que nos están mostrando su cara más cruel e insoportable.

Esto me convence de que “el adelante” del que hablaban Los Verdes alemanes ha llegado.

La crisis económica, financiera, social, ética, democrática y medioambiental que estamos viviendo se nos aparece como una crisis de modelo socio-económico, concretamente del modelo imperante en todo el Planeta, el liberal-productivista.

Este modelo crea una sociedad de flujo lineal, sustentada sobre la creencia de un crecimiento financiero y material sin límites, donde el único capital importante es el económico, las estrategias se diseñan a corto plazo y las cuestiones se atienden sectorial o fragmentadamente.

Desde este modelo, asuntos tan graves como, por ejemplo, el terrorismo yihadista en Europa, no encuentran solución pues dejan fuera elementos claves del sistema en el que se producen, como es la integración efectiva de inmigrantes en este caso, alejándose así de cualquier posibilidad de solución. ¿Cómo interpretamos en su momento los disturbios del 2005 en Francia? Probablemente no fue un problema de interpretación si no de incapacidad del sistema para operar efectivamente y abordar la situación de forma satisfactoria.

El ecologismo rechaza enérgicamente este modelo y propugna una nueva cosmovisión, un nuevo enfoque, un nuevo mapa mental, una transformación de la estructura de nuestra sociedad en la que la naturaleza, en su sentido más amplio, sea reconocida como lo que es, como el sistema superior que nos acoge. Una sociedad, por lo tanto, de flujo cíclico, con una concepción holística e integradora, donde al capital económico se sume el natural y el cultural, con estrategias a corto, medio y largo plazo y sistemas autorrenovables.

Creo firmemente que la solución a la crisis que vivimos en este momento histórico vendrá del ecologismo y de las influencias directas que ha recibido y recibe de los movimientos feministas, pacifistas, libertarios, de defensa de los derechos humanos, la democracia participativa y la imprescindible justicia social, sobre la que debe asentarse cualquier proceso colectivo.

La vigencia del ecologismo político es, por lo tanto, absoluta y sus prioridades y propuestas sencillas, eficaces y viables económica y técnicamente. Identifica con rigor el origen de la crisis y ofrece soluciones a corto, medio y largo plazo. ¿Por qué, entonces, el ecologismo no goza en nuestro país del predicamento que sería lógico esperar? ¿Por qué organizaciones políticas emergentes le pasan por la izquierda acaparando el atractivo para una población desencantada, indignada y cansada de las repetitivas y machaconas fórmulas – y actitudes- ofrecidas por el bipartidismo?

Si bien la “oferta ecologista” está decididamente más y mejor definida no es menos cierto que, al mismo tiempo y por ello, resulta más difícil de comunicar y difundir.

Florent Marcellesi, eurodiputado por Primavera Europea, al empezar este año nos ofrecía una brillante enumeración de los diez “propósitos”(*) del ecologismo para una transición ecológica y justa, enumeración que comparto y veo y sumo con un onceavo propósito: comunicar.

Comunicar en la calle, con el lenguaje de esta, abandonando el conceptualismo y elitismo ideológico en el que, con más frecuencia de la deseada, nos enredamos los militantes verdes, mostrando las cosas tal y como son, sencillas y accesibles.

Al expresar Los Verdes alemanes que el ecologismo va por delante, a mí, que me apasiona el juego de interpretar el significado que esconde el uso discriminado de las palabras, me sugiere que estaban creando inconscientemente, para ellos mismos y, por lo tanto, para los demás, una desafección y un distanciamiento mismo de sus propias creencias o quizás, como decía al principio, proyectaban la auténtica vigencia del ecologismo a un momento que estaba por venir.

En cualquiera de los casos, la labor del movimiento verde en nuestros días, es comunicar, comunicar que el ecologismo es, aquí y ahora, la única opción realista de presente y futuro, tan real como el cambio climático.