Alianzas Rebeldes. Un feminismo más allá de la identidad (Bellaterra) es un libro que apuesta decididamente por la pluralidad en el interior de los feminismos, que quiere hacer públicas otras miradas, otras opiniones, que pretende normalizar la diversidad, la diferencia y la cultura del disenso en el interior de nuestros propios movimientos.

Respetamos las distintas posiciones en el feminismo y no necesitamos expulsarlas -el famoso “eso no es feminismo”, tan a la orden del día- pero eso no implica que renunciemos a discutirlas. Las voces que escriben en este libro no eluden contrastar y debatir, no renuncian a tomar partido y a comprometerse. El resultado es un conjunto de textos que demuestra que la pluralidad es una fortaleza y que es justamente la homogeneidad impuesta –esa artificiosa unidad del feminismo que siempre ha tenido sus ganadoras y sus excluidas– la que más puede debilitar los objetivos feministas.

Demasiadas veces en nuestros propios entornos políticos hemos oído utilizar el feminismo para justificar que “ahora no toca”, que “no es el momento”, que “hay que cerrar filas”, que “no nos viene bien” plantear dudas o ser críticas dentro de nuestros propios espacios y movimientos. Nada de eso nos hará más fuertes ni más capaces para abordar las desigualdades, sino todo lo contrario. El deseo de avanzar en los derechos, libertades y autonomía de las mujeres y el empeño por combatir los abusos y discriminaciones nunca debe usarse como argumento para negar las diferencias, acallar las críticas o estigmatizar los desacuerdos. Las discrepancias van a permanecer y los debates pueden enriquecer las ideas, complicar los análisis y afinar las acciones. Es en el marco de la acción política –que asume el conflicto y aborda los desacuerdos– y del debate público (no de los linchamientos en Twitter) donde podremos encontrarnos. 

Una de las grandes apuestas de este libro es la crítica al poder punitivo. Al compás de las reformas legales para enfrentar las violencias machistas, especialmente en el marco de los debates entorno a la violencia sexual, han crecido los discursos centrados en las soluciones penales y, en nombre de la protección de las mujeres, se han defendido las respuestas punitivas. Ahora bien, si el feminismo quiere ser una alternativa a las formas tradicionales y autoritarias del poder y a las nuevas amenazas de la ultraderecha no podrá serlo si no es renunciando a las recetas reaccionarias. Este libro defiende la transformación social como nuestra gran tarea. Lo hace desde la convicción de que para combatir las violencias que se ejercen sobre las personas en razón de su género u orientación sexual, hay que centrarse en la prevención, la educación, la lucha ideológica y el combate de las condiciones estructurales. Apostar por la transformación social y la justicia, y no por la venganza y el castigo, supone hacerse cargo de algo que nos han enseñado los análisis feministas: las violencias tienen un origen social, cultural y estructural y no podrán ser erradicadas a través de un sistema penal que solo puede juzgar a los individuos y que es incapaz de enfrentar las estructuras que las reproducen. 

La incorporación de soluciones punitivas por parte de algunos discursos feministas no es la única inercia conservadora que existe en el feminismo hoy. Los últimos años hemos visto con preocupación cómo se censuraban jornadas dedicadas a debatir sobre el trabajo sexual y hemos asistido a un recrudecido silenciamiento de las prostitutas, a las que se les sigue impidiendo aparecer en el espacio público con su propia voz. Hemos visto cómo se hacían campañas para prohibir seminarios que analizaban la pornografía en la Universidad y cómo se censuraban carteles e imágenes con desnudos femeninos por considerarlos denigrantes. De nuevo, si queremos que el feminismo transforme nuestra sociedad, en vez de ser el incauto colaborador de la reacción, la solución no es la censura. Para combatir los viejos estereotipos patriarcales y ampliar la libertad sexual de las mujeres debemos reclamar educación sexual y potenciar una cultura y un pensamiento críticos, porque esa es la mejor forma de defender la dignidad de las personas y la libertad de sus prácticas sexuales, basadas siempre en la elección, el acuerdo y el consentimiento. Precisamente porque nuestro objetivo es ampliar la libertad sexual de los sujetos, las autoras de este libro cuestionamos críticamente la esencialización del papel de víctimas pasivas de las mujeres y las políticas centradas en exclusiva en la protección para reivindicar que el sexo no es solo un escenario de peligros, violencias y daños. Frente a los moralismos y las purezas feministas que reaparecen en el campo de los discursos actuales, apostamos por un feminismo que habla de la sexualidad más en clave de placer y menos en clave de peligro y criticamos los discursos funcionales al pánico moral y al terror sexual que siempre han servido como herramientas para restringir el campo del deseo y de la sexualidad de las mujeres. 

En su conjunto, este libro quiere impugnar una perspectiva cada vez más dominante en las izquierdas en la actualidad: las luchas políticas basadas en la identidad. A lo largo de estas páginas, de diversas maneras, se pone en cuestión esta indiscutida verdad de nuestros tiempos que considera que el feminismo es una lucha política que solamente les corresponde a las mujeres. Es esa premisa, una vez asumida, la que genera, inevitablemente, la búsqueda dogmática de la autenticidad, de la pureza y de las “mujeres de verdad”. El esencialismo identitario va de la mano de la exclusión y las dinámicas excluyentes no serán abandonadas en los feminismos simplemente incluyendo a las mujeres trans. No si, acto seguido, restauramos de nuevo un sujeto identitario que seguirá dejando a muchos sujetos fuera; un sujeto cerrado alrededor de “las mujeres” seguirá alimentando la lógica de la exclusión. El feminismo que se defiende en este libro tiene como objetivo el combate contra todas las injusticias y discriminaciones derivadas de la existencia de obligaciones y sanciones hacia hombres y hacia mujeres y entiende que son muchas las personas (no solamente las mujeres) que se ven afectadas por el patriarcado, sus mandatos y sus imposiciones. Pero es, además, un feminismo que apuesta por reunir a todas y a todos los que, más allá de nuestras identidades, nuestros cuerpos y nuestros respectivos daños y agravios, queremos cambiar nuestra sociedad y sus desigualdades. Parece, sin duda, una rebeldía aspirar a esas alianzas, pero este libro quiere trabajar por un feminismo amplio, plural y mestizo, un feminismo más allá de la identidad que nos reúna no por quienes somos -hombres, mujeres, maricas, lesbianas, trans, personas racializadas y tantas otras categorías más- sino por el mundo que queremos construir en común. 

Por último, hay en estas páginas una apuesta por combatir las grandes desigualdades económicas y estructurales que nos atraviesan a todos y a todas, por defender sin tibiezas los derechos de las personas más golpeadas por la pobreza y la precariedad, así como por las fronteras y el racismo institucional. Debe formar parte de los objetivos de un feminismo transformador responder a la situación de discriminación laboral, de explotación y de pobreza a la que se ven sometidas tantas personas, especialmente tantas mujeres. Las trabajadoras de cuidados, sin derechos laborales garantizados, las mujeres migrantes, que se enfrentan a una ley de extranjería injusta, o las trabajadoras sexuales, estigmatizadas por una gran parte del feminismo y condenadas por nuestras instituciones a una completa invisibilidad institucional, son mujeres con vidas precarias. Por esas vidas y por esos derechos debe luchar el feminismo hoy. 

Ahora bien, un feminismo que quiera poner a la cabeza de sus prioridades la falta de derechos de las más vulnerables ha de ser también un feminismo sin miedo a arriesgar su sujeto. Creemos que no podemos combatir las poderosas estructuras de poder que tenemos en frente si nuestra aspiración política es solo reunirnos entre nosotras mismas. Aunque parezca una rebeldía en tiempos de identidades fuertes, queremos construir una lucha feminista desde la suma, la confluencia y la fuerza colectiva no entre quienes somos iguales sino entre quienes somos muy distintas y creemos que la tarea más prometedora para el feminismo es construir y multiplicar las alianzas más allá de la identidad.

En el contexto de diversos debates que atravesaban al feminismo francés en los años dos mil, Judith Butler, en una entrevista en la que se le preguntaba su opinión acerca de las controversias del momento, se remontaba a la escisión del feminismo norteamericano en los años 80. Butler recordaba el debate abierto por Catherine MacKinnon sobre el acoso sexual, punto de inicio de un cisma dentro del movimiento feminista que ha llegado hasta hoy. En The sexual harassment of working women (1979), MacKinnon problematizaba la capacidad de las mujeres trabajadoras para decir “no” a las insinuaciones sexuales de hombres en posiciones de poder. La autora quería poner sobre la mesa el hecho de que en los contextos laborales las mujeres que rechazaban invitaciones sexuales por parte de sus jefes se exponían a represalias y que, por lo tanto, su capacidad de consentir y expresar su voluntad quedaba en entredicho. 

Esta llamada de atención de MacKinnon sobre los espacios laborales -a los que Butler añade los espacios universitarios y podríamos añadir otros ejemplos en los que se da una gran concentración de poder en puestos mayoritariamente ocupados por hombres (pensemos, por ejemplo, en el ejército)- podría haber tenido como conclusión que hay que contextualizar la sexualidad. Cuando una persona tiene un gran poder sobre la vida de otra y tiene, en consecuencia, la posibilidad de abusar de ese poder, podríamos ser puntualmente, y en algunas ocasiones debidamente justificadas, más exigentes con las pruebas o garantías que necesitamos para dar por buena la capacidad de consentir de las personas en posiciones subalternas, generalmente las mujeres. 

Del acoso sexual a la sexualidad como acoso

Sin embargo, como dice Butler, “Catherine MacKinnon tomó una dirección diferente. Pronto añadió a su argumento inicial que los hombres tienen el poder y que las mujeres no lo tienen; y que el acoso sexual es un modelo, un paradigma que permite pensar las relaciones sexuales heterosexuales como tales. En alianza con Andrea Dworking, MacKinnon llega a describir a los hombres como si siempre estuvieran en la posición dominante, y como si la dominación fuera su único objetivo, así como su único objeto de deseo sexual. A mi parecer, esta evolución fue un error trágico. En consecuencia, la estructura del acoso sexual dejaba de ser concebida como una contingencia determinada por un contexto institucional: se generalizó hasta el punto de manifestar una estructura social en la que los hombres dominan y las mujeres son dominadas. Por tanto, las mujeres eran siempre víctimas de chantaje, se encontraban siempre en un ambiente hostil. Peor todavía, el mundo mismo era un ambiente hostil y el chantaje era simplemente el modus operandi de la heterosexualidad” (Butler, 2003). Esta extensión del acoso sexual, convertido en la lógica misma de la sexualidad, llevó al feminismo abolicionista a considerar el sexo como un terreno inevitablemente peligroso para las mujeres, a convertir la pornografía en el símbolo y la representación privilegiada de ese paradigma sexual, a demandar un fuerte papel protector del estado y a poner en marcha políticas prohibicionistas y punitivas en nombre de nuestra seguridad. Bajo las premisas de un enorme sistema de abuso de poder generalizado, el feminismo generalizó también, y de modo igualmente sistemático, la incapacidad que las mujeres tenemos de dar nuestro consentimiento. Y este feminismo no solamente puso en entredicho la capacidad de decir “no” que tenían las mujeres en el terreno de la pornografía o de cualquier forma de trabajo sexual. Declaró antifeminista el sadomasoquismo y otras muchas formas supuestamente violentas o denigrantes de sexualidad ya que, aunque las mujeres las aceptaran -aunque dijeran explicitamente sí- no estaban en condiciones de consentirlas con libertad. Así, el abolicionismo americano infantilizó a las mujeres y restauró en nombre del feminismo un puritanismo sexual que encontró felices alianzas con el moralismo conservador de la derecha americana de Reagan. 

De la Manada como caso a la Manada como modelo

Aquellos debates americanos, pertinentes para Butler para pensar las encrucijadas del feminismo francés de hace dos décadas, son igualmente iluminadores para comprender nuestro propio contexto de hoy. Los últimos años los periódicos y las televisiones se han llenado de casos en los que la capacidad de las mujeres para consentir una relación sexual -bien por ser menores de edad, por haber consumido drogas, por estar inconscientes- se veía completamente anulada o seriamente comprometida. Este tipo de ejemplos han cobrado una enorme presencia, sobre ellos hemos centrado nuestros análisis y nuestros imaginarios para pensar la libertad sexual. El caso de la Manada es probablemente el acontecimiento más relevante de un giro que, como el feminismo de MacKinnon, nos lleva a una mirada sobre la sexualidad que toma la parte por el todo. Así como las relaciones sexuales en contextos laborales nos obligaban a pensar el consentimiento en condiciones de especial desigualdad institucional, el caso de la Manada ponía sobre la mesa que puede haber ocasiones en las que una importante desigualdad o un contexto altamente intimidatorio -por ejemplo cinco hombres en un portal- ponga especialmente en cuestión la libertad de una mujer para expresar su voluntad. En efecto, a veces no es posible decir “no” y es imprescindible que nuestras leyes tengan instrumentos para juzgar correctamente esos casos excepcionales, pero como dice Lucía González Mendiondo, “no podemos actuar contra las agresiones sexuales tomando La Manada como modelo”. Una cosa es pedir que las leyes tengan herramientas para abordar correctamente los contextos particulares en los que el consentimiento está comprometido, resulta particularmente problemático o está directamente imposibilitado. Otra muy distinta es extender una visión de la sexualidad en la que las mujeres son, más allá de todo contexto, incapaces de decir siempre que no o expresar la voluntad. Pensar la sexualidad como si las mujeres estuviéramos siempre en condiciones de desigualdad insuperable, como si siempre estuviéramos en peligro, como si la intimidación no se produjera en determinados contextos sino que el sexo fuera siempre intimidatorio, es altamente reaccionario. Consolida la tradicional imagen femenina de la fragilidad y la vulnerabilidad y acaba reproduciendo el lugar que el patriarcado siempre ha asignado a las mujeres y fortificando los límites de nuestra libertad sexual.

Del "no es no" al "sólo sí es sí”

Este giro en la mirada sobre la sexualidad ha sido en parte potenciado por el uso que ha tenido el lema “sólo sí es sí” en un contexto social sacudido por el caso de La Manada. El problema, justamente, es ese. El contexto amenazador de aquel portal oscuro no es el mundo en el que vivimos y pensar desde ese escenario el conjunto de la sexualidad limita y restringe las posibilidades de ampliar nuestra libertad al instaurar un escenario de peligro que acaba trayendo consigo la negación de nuestra voluntad. 

Si el lema “no es no” ha sido tan importante para expresar las demandas de libertad del feminismo es porque hace saber a la sociedad y a los hombres que en cualquier momento las mujeres pueden retirar su consentimiento en el marco de las relaciones sexuales y que esa negativa, una expresión explícita de la voluntad, debe ser absolutamente respetada. Ese mensaje es importante no sólo hacia los hombres, es importante para todas las mujeres. Porque, en efecto, rompe con las demandas de disponibilidad y complacencia que una educación patriarcal nos hace a todas nosotras y porque nos dice que esa ruptura es posible, que somos capaces de hacerla, porque nos anima a tomar la palabra, porque nos empuja y nos empodera. Todas sabemos lo que pesan los mandatos de género patriarcales: decir que no requiere un aprendizaje, es una superación y una conquista. Ayudarnos entre todas a aprenderlo es una tarea feminista y este lema expresa la voluntad de llevarla a cabo. Los hombres deben aprender a respetar la voluntad de las mujeres, las mujeres tenemos que aprender a expresarla. Y es esa confianza en que podemos ser capaces de decir que no -junto a la garantía legal de que ese no será respetado- la que puede dar a las mujeres seguridad no sólo en el Estado y su intermediación, sino seguridad en nosotras mismas. Es esa seguridad la que puede empoderarnos para adentrarnos con confianza y libertad en un terreno sexual que solamente si deja de ser puro peligro, podrá ser también un lugar en el que nos esperan placeres. El sexo no es solo un campo de amenazas pero tampoco está exento de zonas oscuras, de dudas y falta de certezas. Las mujeres seremos más libres si tenemos herramientas para asumir las incertidumbres de la sexualidad y salir ilesas de ellas, si no cambiamos los riesgos que acompañan a la libertad por proteccionismos securitarios.

El giro hacia el lema “solo sí es sí”, vinculado a los casos judiciales en los que expresar una voluntad clara no es posible -ni por tanto exigible hacia las mujeres-, nos lleva más bien a un escenario en el que, en ausencia de un sí explícito, hay que presumir la negativa sistemática de las mujeres. Todo lo que no sea un clarísimo sí ha de ser entendido como un clarísimo no. A pesar de que pueda parecer un lema afirmativo, supone una extensión del campo del no y comunica a toda la sociedad que, por defecto, las mujeres no desean sexo. ¿Es esta una imagen empoderadora? ¿Rompe con los estereotipos patriarcales? ¿O acaso los consolida y los refuerza?  Este lema, de nuevo, no manda solo un mensaje a la sociedad, lo manda también a las mujeres. Asume la ausencia generalizada de las condiciones para decir que no, renuncia a trabajar para hacernos más capaces de expresarlo y, dada por perdida esa posibilidad, otorga al Estado protector el deber de decirlo por todas nosotras.

De la libertad a la seguridad

Algunos de los discursos que han sido hegemónicos estos años han comprado por completo, como el feminismo americano abolicionista,  la idea de que el gran obstáculo para la libertad sexual de las mujeres es la sexualidad depredadora de los hombres. Olvidan que ese no es ningún relato que no haya explotado ya el propio patriarcado, que lleva siglos advirtiendo a todas las caperucitas del peligro que suponen los lobos. Lo realmente peligroso para nuestro orden social es el placer sexual de las mujeres y la principal manera de restringirlo ha sido asociar el sexo al peligro y fomentar nuestro miedo. Ese miedo existe, es real y las mujeres lo conocemos. ¿Pero cuáles son los discursos feministas que necesitamos para afrontarlo? Es importante preguntarnos si la explotación mediática y política que los últimos años se ha hecho de determinados imaginarios no ha contribuido en parte a una extensión del acoso no como caso particular sino como modelo, como paradigma, como lógica generalizada de las relaciones sexuales. Y si esta hipertrofia del poder de los hombres y de la vulnerabilidad de las mujeres no puede devenir paralizante para nuestro deseo. Debemos preguntarnos si determinados discursos no han servido en parte para fortalecer los roles pasivos que el patriarcado asigna a las mujeres, si ciertos marcos que estamos asentando no invisibilizan y niegan justamente las desobediencias femeninas. Cuando las mujeres toman la iniciativa, cuando se arriesgan a explorar lo que desean, cuando se lanzan sin tener todo asegurado, cuando asumen las incertidumbres que implica ser parte activa en la negociación de sus deseos, cuando exploran los deseos propios y ajenos -sin tener, por cierto, un sí explícito por el otro lado-, lo hacen justamente desoyendo los mandatos patriarcales. ¿No es eso justamente ganar libertad sexual para las mujeres? ¿No hay que avanzar por ese camino? ¿No hay que ensanchar esas posibilidades? ¿Por qué pensamos que regular ese juego solo restringe la iniciativa de los hombres? ¿No restringe también la libertad sexual de las mujeres? 

“Hay un error muy grande que está ocurriendo en algunos feminismos -dice Rita Segato-: una presión para entregar a una instancia ajena (el Estado) la negociación de nuestro deseo.” La promesa securitaria de un sexo sin ambigüedades ni oscuridades, de un sexo explicitado, previamente pactado y garantizado por un Estado que vela por su transparencia supone asumir que en una sexualidad más espontánea y menos regulada solo ganan los hombres. Supone, por tanto, olvidar que si el control y la vigilancia sexual ha tenido unas perjudicadas estas han sido fundamentalmente las mujeres. 

Negar el consentimiento en nombre del consentimiento

¿Qué pasa cuando, en lugar de contextualizar la sexualidad, convertimos el abuso sexual  en un paradigma? ¿Cuáles son las consecuencias de considerar que todas somos demasiado pequeñas para la magnitud de los peligros, que todas estamos ante un jefe acosador, que todas somos estudiantes ante el poder de un profesor, que todas somos niñas entre lobos, que todas estamos en un portal oscuro, que todas somos menores de edad, que todas tenemos nuestra voluntad anulada? ¿Cómo haríamos si tuviéramos que proteger a las mujeres no de ciertos contextos hostiles sino de un mundo mismo que se ha vuelto hostil? Ese error trágico al que hacía referencia Butler es el que separa dos feminismo muy distintos. Uno dedicado a legislar para hacer posible que las mujeres puedan decir “no”, porque es eso justamente lo que amplía la posibilidad de poder explorar sus deseos sin miedo. Un feminismo comprometido, por tanto, con poner en marcha en el mundo las condiciones -a veces jurídicas pero sobre todo económicas, educativas, culturales, etc- de nuestra independencia y nuestra libertad. El otro feminismo posible es el que nos aboca a resignarnos en nuestra indefensión, que asume que siempre seremos víctimas, que no podremos decir que “no” y que aspira, a lo sumo, a mitigar el dolor y penalizar los daños. 

Actualmente está en debate en nuestro país una propuesta de Ley de libertades sexuales que incorpora entre sus artículos algunas propuestas positivas pero que, en conjunto, supone la consolidación de un giro conservador en la manera de abordar la sexualidad. Partiendo de la premisa de que las mujeres tienen más necesidad de seguridad y protección que de libertad, esta reforma legislativa está centrada en la protección de la violencia y no en la ampliación del campo del placer, implica una apuesta securitaria por la regulación de nuestro deseo y por el arbitraje estatal sobre la sexualidad. Es decir, amplía el papel del Estado en las negociaciones sexuales porque asume que decir “no” por parte de las mujeres no es difícil a veces, es difícil siempre. Implica, por consiguiente, una extensión del punitivismo. Propone la creación de nuevos delitos, entre ellos un nuevo delito de acoso sexual que pretende combatir el machismo y los comportamientos sexistas leves mediante el código penal. ¿De verdad cuando el feminismo tiene tanta hegemonía hemos de combatir los comportamiento sexistas que nos incomodan con multas y penas y no a través de la cultura, la educación y las batallas ideológicas que estamos en condiciones de librar? 

Y, por último, supone una limitación de nuestro consentimiento y una negación de nuestra voluntad, incorporando a nuestro ordenamiento jurídico delitos de explotación sexual que quedan fijados “aún con el consentimiento de la persona”. Ahora bien, esa indiferencia ante el consentimiento de las trabajadoras del sexo que forma parte del pensamiento abolicionista no es solo un cuestionamiento hacia la capacidad de consentir de las prostitutas, es la consecuencia inevitable de un feminismo que ya ha puesto en duda y de modo generalizado la capacidad de consentir de todas las mujeres. Y es que, en efecto, como demuestra la evolución del feminismo radical americano, el abolicionismo no es solo una posición concreta limitada al asunto de la prostitución, es una filosofía y una manera de pensar la sexualidad. La alerta de Judith Butler tiene plena vigencia hoy: se empieza poniendo en cuestión la capacidad de las mujeres para decir que “no” más allá de ciertos contextos cuidadosamente limitados y se acaba cuestionando a las mujeres también cuando dicen que sí. Por eso esta reforma, defendida en nombre de la centralidad del consentimiento, incorpora lo que siempre ha incorporado el feminismo conservador y securitario, una negación de nuestro consentimiento. En otras palabras:  una desconfianza en nuestra libertad. 

“La nueva normalidad tras el coronavirus llegará con el verano”, “¿Cómo será ir a un restaurante en la nueva normalidad?”, “Así será ir al cine durante la nueva normalidad”. La expresión se ha instalado con rapidez y, por supuesto, las críticas furibundas de las derechas y sus voceros, embarcados hace tiempo en un obsceno espectáculo de acoso y derribo al Gobierno, no se han hecho esperar. Lo cierto es que el tono orwelliano y distópico del concepto es evidente para cualquiera. Tan cierto como que no es un invento de Sánchez, y que, aunque nuestro presidente y el Gobierno se han empleado a fondo en ponerlo en circulación, el invento lo ha patentado la OMS. La “nueva normalidad” ha llegado, como el virus, para todos y a la vez; está siendo usada por los gobiernos (de derechas o de izquierdas) de muchos países y criticada por oposiciones (de derechas o de izquierdas) de muchos países.

Conspiranoias aparte, la crítica es muy necesaria. La (tramposa) ventaja de un oxímoron como este es que nos sirve para una cosa y su contraria; nos sirve para hablar de algo que puede ser nuevo (anormal), viejo (normal), normal (viejo) y no-normal (nuevo). Pero para lo que no nos sirve es para separar lo nuevo y la normalidad. Y eso es imprescindible para preguntarnos si queremos que todas las novedades de estos meses se conviertan en nuestra forma de vida normal. Entre las próximas novedades vamos a tener, menos abrazarnos, mas aislamiento social, institutos con clases a distancia o el teletrabajo como única opción. Pero no porque hayamos elegido que eso venga para quedarse. Muchas de esas cosas serán por necesidad.

En tiempos como los que vivimos, el lenguaje es altamente performativo y constituyente y delimita los márgenes y posibilidades del mundo que vendrá después. Uno de los riesgos es que lo que venga sea la vieja normalidad y que, una vez la amenaza del virus se aleje, no haya cambiado nada. Otro de los riesgos es que el mundo cambie, pero cambie a peor, que se normalicen cosas como el aislamiento social o la libertad condicional pero nuestra normalidad no incorpore cosas como una forma de vida más ecológica, una sanidad pública blindada ante los recortes, un reconocimiento efectivo de los cuidados o una fortalecida institucionalidad internacional.

El primer tipo de cosas las tenemos encima ya, el segundo tipo de cosas no podemos fecharlas en el calendario de junio. El primer tipo de cosas han llegado bajo la forma de prescripciones de científicos y recomendaciones de la OMS, el segundo tipo de cosas solo podremos conquistarlas con un debate político. El problema de este nuevo concepto es que confunde, de manera peligrosa, las novedades que nos van a venir impuestas por necesidad con la forma de vida futura que debemos debatir y decidir en común.

No se trata solo de un par de palabras, la expresión es el síntoma de un riesgo de fondo: la confusión entre la tecnocracia y la democracia, entre la ciencia y la política, entre lo que tienen que decir los médicos y lo que tiene que decir la ciudadanía. Los gobiernos, examinados electoralmente por una población asustada que quiere dejar el miedo y la incertidumbre atrás, tratarán de dar cuanto antes la sensación de vuelta a la normalidad. Pero conviene que nuestros deseos y nuestros miedos no se alíen con los gestores al mando o los expertos en demoscopia de los partidos si eso juega en contra de nuestra libertad. O, peor, con los que justifiquen más control autoritario a cambio de una científica seguridad total. A la izquierda especialmente nos conviene no normalizar en exceso lo que vamos a vivir durante un tiempo no solo porque no tendremos vacuna sino porque vamos a ser embestidos por una crisis económica que promete ser descomunal.

El año que tenemos por delante está lleno de incertidumbres y tendremos que abordarlas sin la tentación de negarlas o encomendarnos a quien nos prometa que van a desaparecer. Vamos a tener que atravesar tiempos excepcionales imaginando, esperando y exigiendo que muchas de las novedades pertenezcan más que a una nueva normalidad a una larga anormalidad. La nueva forma de vida que surgirá de esta crisis mundial puede ser más el resultado de nuestra entrega a soluciones mágicas -rápidas y autoritarias- o puede ser el resultado de un proceso más democrático en el que no renunciemos a debatir y decidir colectivamente nuestro futuro. De nuestra resistencia a dar por normales algunas de las medidas que nos van a tener que acompañar un largo rato y de nuestra capacidad para atravesar esa incertidumbre sin rendirnos antes de tiempo dependen nuestras posibilidades de construir, el día de mañana, una normalidad más ambiciosa, más exigente con nuestros derechos y menos dispuesta a recortar nuestras libertades. Para que la normalidad que venga sea, además de nueva, una normalidad mejor, tiene que ser decidida por nosotros y nosotras mismas, pertenece a esas cosas que no puede ni prescribir, ni recetar, ni calendarizar, ni inventar la OMS.

La crisis del coronavirus ha sacado a la luz las desigualdades, las ha espoleado y, si no ponemos en marcha políticas más contundentes para impedirlo, las hará mucho más profundas. En medio de la incertidumbre que ha traído esta pandemia hay algunas cosas que se ven muy claras: quiénes tenían antes de ella derechos precarios y quiénes, incluso, simplemente no los tenían. Como de costumbre, vamos a tener que hablar de mujeres. Las trabajadoras del hogar han denunciado estos días la paradoja de que, habiendo sido declarado el suyo un trabajo esencial, sigan sin tener sus derechos laborales garantizados. Muchas de las cuidadoras que en nuestro país no tienen contrato han seguido trabajando y exponiéndose estos días. Todas ellas, invisibles para las instituciones, se pueden quedar de un día para el otro literalmente sin nada. Pero sin duda, las otras grandes olvidadas por nuestras leyes son las trabajadoras sexuales.

Un macroburdel de la Junquera, perfectamente reconocido por las instituciones que permiten su negocio, se ha acogido a la posibilidad habilitada por el Gobierno para hacer un ERTE a sus trabajadores. Son sesenta y nueve empleados que recibirán durante estos meses un subsidio del Estado. Entre ellos, ninguna mujer. Resulta paradójico: mientras el dueño sí es un “empresario” para la administración, noventa prostitutas, que no son “trabajadoras”, se han quedado en la calle sin absolutamente nada. Muchas de ellas son migrantes, pensaban pasar solo unos meses trabajando para volver a su país, ahora no pueden viajar y no tienen aquí amigos o redes familiares. No es solo que no tengan posibilidad de acogerse a un subsidio en un momento excepcional como el actual, es todo lo que implica no tener derechos antes del estado de alarma. Las prostitutas no tienen paro ni baja por enfermedad y no cotizan para sus pensiones. Si no pueden demostrar que trabajan e ingresan, tampoco es fácil conseguir alquilar una vivienda y para algunas es imposible empadronarse, lo cual es una vía de entrada para acceder a las ayudas más básicas y tener acceso a los recursos sociales. Son mujeres invisibles para las instituciones y que están abandonadas por ellas.

La crisis del COVID-19 ha puesto también una lupa sobre ellas. Estos casos nos muestran muy claramente que tenemos un problema y tenemos que abordarlo. Durante los últimos años la manera que han tenido los gobiernos de “abordar” el problema ha sido desastrosa para las mujeres. Algunas abolicionistas lo llaman penalizar a los clientes, otros incluso pueden reconocer que se trata de expulsar a las prostitutas de los espacios públicos respetables. No importa cómo nos lo contemos, los efectos de las ordenanzas municipales y de la Ley Mordaza han sido los mismos: volver la actividad de estas mujeres más insegura, más clandestina, con negociaciones rápidas en las que ellas salen perdiendo y con una policía convertida –más aún si cabe– en una amenaza en vez de en una posible ayuda. En definitiva, una política contra los clientes que ha acabado criminalizaNdo y acosando a las prostitutas independientes y que ha conseguido –vaya paradoja– que para algunas sea más seguro estar en un club como el de la Junquera que estar solas en la calle. Los efectos contraproducentes de las políticas abolicionistas son siempre más pobreza y más inseguridad para las mujeres. Un informe de Médicos del Mundo denuncia cómo, desde la aprobación en 2016 de la penalización de los clientes en Francia, las prostitutas se han desplazado a zonas boscosas más peligrosas y han aumentado los asesinatos de mujeres.

Podríamos esperar que el feminismo se hubiera puesto de acuerdo para defender a estas mujeres. Defenderlas de los que quieren explotarlas. Y a la vez, defenderlas de una sociedad que lleva siglos estigmatizándolas y de unas leyes que llevan siglos olvidándolas cuando no poniéndoles aún más obstáculos. Es precisamente la estigmatización social y la falta de derechos lo que permite al patriarcado campar a sus anchas, lo que hace a los empresarios del sexo y a los proxenetas más poderosos, lo que deja a las mujeres más desarmadas frente a la policía, más vulnerables antes las leyes de extranjería, lo que limita la autonomía y el poder de las mujeres frente a clientes y terceros y lo que impide combatir eficazmente la trata. La alegalidad en la que viven las prostitutas es la permisividad ante un estado de naturaleza en el que se imponen los fuertes.

Cabría esperar que esta situación en la que se encuentran muchas mujeres en nuestro país nos convocara a todas las feministas para reunirnos, escuchar, dar voz a las prostitutas organizadas y buscar juntas soluciones urgentes. Sin embargo, una parte del feminismo español lleva años en una cruzada moral autoritaria y dogmática que hace rato que se les ha ido de las manos. Censura de debates, censura de jornadas, censura de cursos de teoría del porno, censura de organizaciones de trabajadoras sexuales y campañas de acoso y derribo a cualquiera que discrepe con sus posturas, especialmente violentas en las redes sociales.

Más allá del matonismo pandillero que vemos cada día practicar en las redes, las prostitutas se han organizado. Las organizaciones AFEMTRAS, el Colectivo de Prostitutas de Sevilla, Putas Libertarias del Raval, Putas Indignadas, Sindicato OTRAS, APROSEX, (N)OMADAS y la sección sindical de trabajadoras sexuals de la IAC abrieron hace menos de un mes un Fondo de Emergencia para Trabajadoras Sexuales que recaudó unos catorce mil euros para repartirlos entre todas y hacer frente a las dificultades juntas llegando a 100 mujeres. Ante esta iniciativa, ninguna de las voces del abolicionismo de la prostitución las ha ayudado aunque ese apoyo sea clave para que puedan subsistir estos meses siendo más independientes y autónomas. Es decir que aquellas que en vez de “trabajadoras” las llaman “esclavas” terminan por dejarlas más expuestas frente a la voluntad de otros y más esclavas ante los enormes poderes que tienen en contra.

La buena noticia es que muchísima gente anónima se ha volcado en hacer donativos, en pocas horas llegaron al objetivo de la campaña. Es más, se han abierto nuevas campañas de donaciones para seguir ayudando. Y sin duda, eso refuerza la idea de que más allá de la beligerancia que en nombre del feminismo hacen algunas contra estas mujeres, muchísima gente común está por la labor de echar una mano y de aportar lo que se pueda. Hay también muchas feministas dispuestas a escuchar y a dialogar, entre ellas compañeras que defienden que es necesario acabar con la prostitución pero que entienden que la falta de derechos de las mujeres no es el camino. Si algo ha desvelado esta crisis es que aquellas que carecían de derechos antes están más expuestas ahora. Ojalá cuando volvamos a la calle nos tomemos con mayor urgencia la flagrante necesidad de derechos de las trabajadoras sexuales.

En 2007, antes de la caída de Lehman Brothers y la crisis de 2008, Naomi Klein publicaba La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre. Se trata de un libro en el que la autora defiende que la doctrina económica defendida por el premio nobel de economía Milton Friedman y su Escuela de Chicago, ampliamente implantada en diversos países a partir de los años 80, es un recetario económico que no es elegido democráticamente por la gente en situaciones de normalidad política y social.

Las recetas neoliberales más agresivas han sido impuestas en situaciones excepcionales, justo cuando la población está en estado de shock tras un desastre imprevisto. Se trata de utilizar las crisis a gran escala para poner en marcha políticas económicas desreguladoras; tanto la Guerra de Irak como el desastre del Katrina fueron oportunidades para ello. En ambos casos se aprovechó el shock para poner en marcha políticas que privatizaron los beneficios y socializaron las pérdidas, que enriquecieron a las élites y acrecentaron la desigualdad.

La crisis de 2008 fue una ocasión para poner en marcha estas recetas: dar a los bancos un cheque en blanco e hipotecar durante años a unas mayorías sociales que han tenido que pagar la crisis a través de sucesivos ajustes, reformas laborales regresivas en derechos y recortes de servicios públicos. Entre los efectos de esos recortes está la privatización de la sanidad, una política de austeridad que ha tenido en la Comunidad de Madrid, foco principal del coronavirus en España, uno de sus principales laboratorios políticos.

Hoy algunos de nuestros hospitales pertenecen a fondos buitre y este desmantelamiento de nuestra sanidad pública que han practicado religiosamente los gobiernos 'populares' tiene hoy como consecuencia la precarización de las condiciones laborales de nuestro personal sanitario, la existencia de grandes plantas de hospitales vacías que nunca llegaron a funcionar, la ausencia de camas con una de las tasas más bajas de Europa o la falta de médicos y profesionales que descendieron durante la crisis y que nunca volvimos a recuperar.

Una crisis es una oportunidad. Lo saben bien los ideólogos del capitalismo del desastre, cuyas teorías se construyeron en oposición a las políticas keynesianas del New Deal para prevenirlas en el futuro y cuyas recetas se implantaron aprovechando estados de shock de la población justamente para evitar la inversión pública y protección de derechos sociales.

Por eso esta crisis, que sin duda querrá ser utilizada como una ocasión más para hacer negocios por parte de las élites (Mike Pence, que presidió el grupo de expertos encargado de buscar soluciones mercantiles a la crisis de Katrina es hoy vicepresidente de EEUU y está a cargo de la crisis del Coronavirus) es también una ocasión para ver las costuras de las políticas macroeconómicas que han sido hegemónicas y poner en duda los mantras que se han repetido durante décadas. Las grandes mentiras del neoliberalismo hoy se muestran más desnudas que nunca y todos esos recortes que se hicieron en nombre de la eficiencia revelan ser un absoluto peligro para la salud y el bienestar de la población.

Aún con toda la dificultad que implica atravesar una crisis que nos da miedo y que genera un enorme sentimiento de incertidumbre, ojalá seamos capaces de hacernos preguntas de fondo y nos atrevamos a replantear nuestro sistema a raíz de todo esto. Porque esta crisis saca a la luz muchas cosas que no deberíamos volver a tapar volviendo a la normalidad. La mayor de todas las locuras es vivir atrapados por un sistema económico que, aunque la humanidad pare, no se puede permitir parar y que nos cobrará inflexiblemente cada minuto que hemos restado a la economía para invertirlo en nuestra salud. Ya sabemos que después de ser atacados por el COVID-19 seremos atacados por nuestro propio sistema económico mundial, la diferencia es que el segundo lo hemos creado nosotros mismos.

Una de las grandes cuestiones de fondo que tras esta crisis deberíamos ser capaces de plantear es que la economía no es un huracán o un virus, es una producción humana y no un desastre natural. Los virus, como los huracanes -que si seguimos esquilmando nuestro planeta serán más frecuentes y más letales- no van a dejar de existir. La economía, que fue creada por la humanidad para garantizar nuestro sustento, nuestra reproducción y nuestra protección frente a la intemperie de ahí fuera sí depende de nosotros y nosotras.

Si algo consiguió asentar en nuestras cabezas la hegemonía neoliberal de los Chicago boys es que el capitalismo es una fuerza inexorable de la naturaleza y es esa creencia suicida la que ha dejado campar a sus anchas a los poderes salvajes que nos han hecho hoy sociedades más individualistas, más aisladas, más desiguales y también más débiles y más vulnerables para abordar esta enfermedad.

Una crisis es una oportunidad porque también, en los momentos más duros, se demuestran muchas cosas que los teóricos del mercado, de la racionalidad instrumental y del interés privado no pueden explicar. Vecinos organizándose en sus edificios para ayudar a las personas más mayores de su comunidad, voluntarios y voluntarias para cuidar a los niños que muchas madres no pueden cuidar, médicos y médicas jubilados que han pedido volver a trabajar, personal sanitario que se juega todos los días la vida, policías cantando para alegrar a los vecinos desde la calle y miles y miles de personas que salimos cada noche a los balcones a aplaudir.

Quizás, aunque sea solo quizás, la sociedad que elegiríamos se parece más a esta que a esa que algunos han impuesto en los momentos de miedo y de shock. Si hay un momento para replantearnos muchas cosas es este. Ojalá, a pesar del miedo, del dolor y de la ansiedad que sentimos, sepamos aprovechar esta oportunidad.

Tengo una amiga que, después de estudiar filosofía conmigo, decidió ser enfermera y se sacó el título en el año 2015. Cada vez que me cuenta las situaciones que vive día a día en el trabajo me parecen relatos increíbles, una especie de exageración surrealista de la incertidumbre y la precariedad vital y laboral de nuestro siglo. Voy a contar algunas de sus historias hoy aquí porque son las historias y la experiencias de una enfermera o un enfermero cualquiera. Estos días, que salimos a aplaudir el trabajo que mi amiga, junto a miles de enfermeros, médicos y auxiliares siguen haciendo en nuestros hospitales, quizás son días para conocer un poco más de cerca la situación laboral que llevan viviendo tantos años.

Mi amiga, como la gran mayoría de enfermeras y enfermeros que trabajan en nuestros hospitales públicos, no tiene una plaza fija. El mismo año que se licenciaba se hacían unos exámenes de oposiciones a los que no llegaba a presentarse, unas oposiciones celebradas en 2015 que habían sido convocadas en 2007 y que no se resolvieron hasta 2018, lo cual da buena cuenta del nivel de oferta pública de empleo que hay al alcance de las y los enfermeros que se licencian en nuestro país.

Como casi todos y todas ellas, mi amiga se apuntó al acabar la carrera en listas de contratación, en su caso en una lista para todos los servicios de atención primaria y otras dos correspondientes a los dos hospitales públicos de su provincia. Lleva cuatro años y medio trabajando y ha pasado por distintos ambulatorios y por los dos hospitales, haciendo urgencias, UVI, quirófano, radiodiagnóstico, hospitalización, maternidad, medicina interna, cardiología, oncología y muchos otros servicios más.

En menos de cinco años ha firmado más de 120 contratos. Tiene que estar siempre disponible y pendiente del teléfono porque en cualquier momento le pueden llamar y ofrecer un contrato. Si tiene suerte puede ser un contrato de cinco o seis meses para cubrir una baja, aunque la mayoría de contratos que ha firmado han sido de un mes aproximadamente. Muchas otras veces son contratos de varios días y, a veces, solo de un día. Puede recibir una llamada a las 14:00 de la tarde para empezar a trabajar esa misma tarde y solo en este caso en el que el trabajo sería para el mismo día, podría rechazar la oferta laboral sin ser penalizada. Si le ofrecen un contrato de un día para el otro y no tiene una justificación suficiente para no poder aceptarlo mi amiga corre el riesgo de ser expulsada de la lista.

La eventualidad del personal médico y de enfermería supone unos niveles de precariedad laboral y vital escandalosos y tiene como consecuencia que profesionales de la salud que nos atienden todos los días no tengan asegurado su derecho a vacaciones o a bajas por enfermedad. Una vez mi amiga, que acababa de terminar un contrato un viernes, recibió una llamada para empezar el lunes en otro sitio con un nuevo contrato. Se puso mala en fin de semana y llamó para pedir la baja para el lunes pero la respuesta fue que no había baja ninguna porque no estaba contratada así que podía, simplemente, justificar su ausencia el lunes y no firmar el contrato.

En otra ocasión, un jueves que acababa de terminar un contrato, tuvo un accidente en moto. Le habían llamado para empezar un nuevo servicio el viernes y, dado que el contrato del jueves ya había terminado y no tenía derecho a curarse del accidente con una baja cubierta, tenía que ir el viernes a firmar el contrato para poder ir después al médico. Ese viernes, sin embargo, le dijeron que ese contrato duraba solo ese mismo día y que podía empezar con uno nuevo el lunes siguiente. El problema, por tanto, era el mismo; si no se presentaba el lunes perdería el nuevo contrato y no podría tener una baja laboral cubierta así que fue por segundo día a trabajar con un esguince en un pie. Cuando el lunes le dijeron que el martes había un nuevo contrato decidió asumir que esos días serían días sin cobrar, rechazarlo e irse a su casa a curarse.

Como tantos otros y otras, mi amiga ha estado durante cuatro años trabajando pero sin derecho a disfrutar de sus vacaciones. Solo a partir de los contratos de seis meses es posible disfrutarlas así que, durante todo el tiempo en el que se encadenen contratos más pequeños, los enfermeros y las enfermeras cobran sus vacaciones proporcionales pero -obligados como están a no rechazar las ofertas que les llegan si no quieren caer de las listas de empleo- no tienen derecho a coger sus vacaciones y disfrutarlas.

El carácter eventual del trabajo de nuestros profesionales de la salud no es una excepción: a finales de 2019, los contratos eventuales en los hospitales y centros de salud españoles representaban un 42,2% del total en el sector. El Sindicato de enfermería (Satse) considera que nos falta un 34% más de enfermeras y enfermeros en España y lleva años denunciando que en nuestro país tengamos 5,3 enfermeros por cada mil habitantes cuando la media europea está en una ratio de 8,8.

Estos días, en plena crisis de coronavirus, cientos de miles de personas estamos aislándonos en nuestras casas mientras, paradójicamente, sentimos más que nunca que estamos viviendo algo en común. Tenemos miedos, incertidumbres y miles de preguntas compartidas y tenemos, también, un mismo sentimiento de gratitud hacia algunas personas que no dejan de trabajar para sacarnos de esta. Hemos salido por la noche a aplaudir juntos y juntas a la misma hora porque nos damos cuenta del inmenso valor que tiene el trabajo que enfermeros, médicas, auxiliares, celadores, administrativos, técnicos de rayos, personal de limpieza o conductores de ambulancias siguen haciendo en hospitales y centros de salud. La historia de mi amiga enfermera es un poco la historia de todos ellos.

Estos días podemos ver a defensores del laissez faire exigir la intervención y el control estatal y podemos ver a políticos que han estado décadas recortando y privatizando nuestra sanidad pública sacar pecho de la calidad de nuestro sistema de salud. Pero lo cierto es que las políticas de privatización de la última década, ensayadas ya en los laboratorios neoliberales en los que el Partido Popular convirtió Madrid y Valencia, han hecho un daño profundo a nuestro sistema sanitario.

Convertir nuestra sanidad en un negocio ha reportado grandes beneficios a los gestores privados pero la falta de inversión pública ha supuesto precariedad, sobrecarga y falta de derechos laborales para quienes tienen que cuidarnos. Son los recortes y las privatizaciones que se hicieron en nombre de la austeridad y con la excusa de la crisis los que siguen teniendo efectos lesivos para todas y todos nosotros. De esta aventura común deberíamos salir decididos y decididas a defender nuestra sanidad pública junto a esas y esos a los que aplaudimos cada noche.

De lo que es el feminismo se han dado muchas definiciones preciosas entre las que es difícil elegir la mejor. Pero seguramente alguna sabia debió de decir alguna vez que el feminismo es la lucha contra el miedo. Vuelvo de Ciudad de México después de pasar unos días. En México son asesinadas diez mujeres al día. Es un país que tiene 129 millones de habitantes frente a los 46 millones del nuestro. Pero aunque México tiene 2,8 veces más población que el estado español, hay 85 veces más feminicidios. Sólo en 2019 han asesinado a más de 3.800 mujeres. El miedo de ser mujer en México se siente muy fuerte al salir a la calle, se respira en el aire. A pesar del miedo, desde hace un año las mexicanas han roto el silencio, se levantan cada vez con más fuerza y han tomado las calles. Dicen que quieren enfrentar la violencia, pero que no quieren que el miedo más urgente lo ocupe todo y paralice otras demandas importantes; quieren también abordar la precariedad, el empleo y los cuidados. Hablo con Yesenia, madre de una hija asesinada por dos hombres a los que nadie ha detenido aún. Se la llevaron en coche, la agredieron en una habitación y la tiraron por la ventana. Uno de ellos sigue dando clases como profesor desde su intocable puesto de trabajo. Yesenia me dice que lleva años luchando sin descanso contra la impunidad y que lo va a seguir haciendo, pero me habla con esperanza, con alegría e incluso con humor de lo peleonas y guerreras que han sido este 8 de marzo. Y yo pienso ¿Cómo no va a ganar un movimiento que es capaz de enfrentar el terror más destructivo con alegría, esperanza y lucha colectiva?

Las mujeres saben mucho del miedo, porque es la verdadera marca del maltrato. Miedo a desaparecer, a no valer para nada, a no ser nadie. La cara más perversa de la violencia machista es su cara amable y simpática. Lo más difícil de todo es enfrentarse a una violencia que pasa desapercibida allí afuera, pero que se instala y alimenta un terror destructivo en lo más hondo del cuerpo. ¿Cómo escapar de un maltratador que es un buen tipo para todo el mundo? ¿Cómo creer más en ti misma que en tu entorno? ¿Cómo no invisibilizar, naturalizar y acabar conviviendo con tu propio miedo, sino verlo, aislarlo, apartarlo y vencerlo? El feminismo nos ha enseñado a analizar el miedo y a ponerle palabras. Pero la verdadera fuerza del feminismo no está en constatar el miedo, sino en constatar que, hasta en las condiciones más adversas, podemos superarlo. No solo somos víctimas. Somos, sobre todo, supervivientes.

Y quienes le han tenido que plantar cara al miedo tienen mucho que decir de los tiempos que vienen para todos. Hace poco, mi compañera Laura Macaya analizaba en unas jornadas una pintada en una pared con un lema feminista que decía: “El miedo va a cambiar de bando”. Con una argumentación muy acertada, dijo que no deberíamos querer que el miedo cambie de bando. Nosotras no debemos querer miedo. Me parece clave en tiempos de incertidumbre social y política en los que una ultraderecha punitiva y populista agita las peores pasiones y redirige el miedo –el miedo a la precariedad, al desempleo, a la falta de certezas– contra los más débiles y vulnerables.

Me parece que una de las lecturas clave de nuestro presente ha de ser que los hombres, esos a los que se les ha enseñado a demostrar su masculinidad y esconder las fragilidades, esos hombres tienen también mucho miedo. Quizás a perder privilegios, pero también a no poder cumplir con su papel tradicional de padre sustentador, proveedor de seguridad para su familia y de prosperidad para sus hijos. Vox está tratando de canalizar eso contra las mujeres, los migrantes y las personas que viven su identidad de género y su sexualidad de modo amenazante para la masculinidad tradicional. Justamente porque los hombres tienen también miedo, creo que las feministas debemos ser capaces de entenderlo en parte –lo cual nunca fue justificar– para saber cómo desactivarlo. El miedo de los hombres no va a traer nada bueno para las mujeres y nuestra victoria, frente a quienes quieren agitar esos miedos y volverlos contra las mujeres, los extranjeros y las personas LGTB, es derrotarlo entre todos. Tenemos que combatir la precariedad, la desigualdad, la pobreza, la imposibilidad de tener garantizado el derecho a la vivienda, el reparto de los cuidados y las actuales leyes de extranjería. Abordar todas esas cosas es una batalla contra el miedo y el fascismo que vive de él.

Y tenemos que hacerlo con toda la modestia que, frente a los grandes relatos heroicos patriarcales, puede aportar el feminismo. Nosotras no estamos vacunadas contra la violencia, ni exentas de cometer errores. Nuestra actitud crítica consiste precisamente en saber que nosotras no estamos a salvo de reproducir exclusiones o volver nuestros miedos contra otras. Estos últimos meses, muchas feministas han señalado a uno de los colectivos de mujeres más vulnerables, las mujeres trans, y han agitado absurdos e irracionales miedos contra ellas. Puede que estas feministas, algunas de las cuales son históricas militantes feministas a las que debemos grandes cosas, tengan miedo a perder su lugar en la Academia, sus puestos institucionales, su voz y su discurso.

Creo, sinceramente, que nada de eso justifica las absurdas fobias que hemos leído en tantos medios. El hecho de que existan personas trans y que haya quienes no se identifican con el género que se les asignó al nacer plantea, es cierto, un enorme reto teórico y político al feminismo. Pero deberíamos abordarlo con confianza y sin miedo. En el mundo patriarcal que habitamos, las que nacemos con vagina, es cierto, tenemos un destino asignado. Sufrimos una violencia estructural que sexualiza, agrede y mutila nuestros cuerpos. Pero no es menos cierto que ese mismo orden patriarcal desata toda su violencia contra las mujeres que no tienen vagina, a las que agrede por poner en duda las normas y los repartos de roles asignados. Esa violencia es también una violencia machista y patriarcal y nos compete a las feministas abordarla. Como, por cierto, nos compete pensar por qué los hombres con pluma que encarnan una feminidad indebida son también carne de la exclusión e incluso de la violencia sexual. ¿Por qué no podemos abordar todas esas cuestiones? ¿A qué tenemos miedo?

Este 8 de marzo será una victoria si demostramos, una vez más, que el amor vence al odio y que la esperanza vence al miedo. “Yo no soy una víctima” dice Yesenia. Prefiere ser, como muchas otras, una luchadora. Sale este día, junto a muchas mujeres mexicanas, argentinas, chilenas, españolas, inglesas o italianas a combatir el miedo. Si las madres luchadoras contra el feminicidio en México son capaces de salir con alegría y esperanza a las calles, si llenamos esas calles junto a las mujeres trans, verdaderas supervivientes de la violencia y el miedo, si lo hacemos incluso junto a hombres que pueden reconocer que ellos también tienen miedos y quieren abordarlos con nosotras y no contra nosotras, ¿cómo no vamos a ganar?

La guerra es el escenario en el que se asume explícita y claramente que el objetivo es la eliminación del otro. Puede –y suele ser– una aniquilación física, pero no siempre. Lo importante es que la desaparición del enemigo – su eliminación social y política– pasa a ser un objetivo prioritario que justifica el uso de la fuerza. A veces eliminar al otro puede conseguirse a través de su rendición, por ejemplo cuando el enemigo acepta dejar de reclamar una identidad, un territorio o una nacionalidad, cuando acepta los términos, las fronteras o el poder legítimo del vencedor y desaparece del mapa. Lo fundamental de la cuestión es que el fin de una guerra –y, por tanto, la condición para que las guerra acaben– es que el enemigo desaparezca como tal, que deje de decir lo que dice, que deje de reclamar lo que reclama, que deje de defender lo que defiende, así todo eso pase por que deje de existir físicamente.

La política, aunque comparte muchas cosas con la guerra, debe servir para evitar las guerras. Es cierto que es un escenario donde hay “batallas”, “victorias”, “derrotas”, “ganadores” y “perdedores”, pero la política se caracteriza fundamentalmente por haber asumido el compromiso de que los conflictos sociales y la pluralidad –de identidades, ideologías o demandas– van a ser abordados sin usar la fuerza para asegurar la desaparición del otro. E insisto, no solo es un compromiso con no hacer desaparecer físicamente al adversario, sino con no hacerlo desaparecer social y políticamente, con no privarlo de su derecho a seguir diciendo lo que dice, defendiendo lo que defiende y reclamando lo que reclama. Acordamos que no vamos a matarnos, y como no vamos a matarnos, vamos a tener que pelear civilizadamente: vamos a discutir y confrontar pero vamos a convivir sin exigir que los otros dejen de existir.

Cuando en las sociedades gestionamos la pluralidad y el conflicto entendiendo que con el otro ya no hay nada que hablar y que ninguna discusión tiene sentido, cuando lo único que aceptamos es la rendición del adversario y pretendemos su desaparición social y política, entonces los adversarios empiezan a ser enemigos de guerra. En nuestro país conocemos las consecuencias del conflicto vasco y todavía hace falta defender, frente a una derecha que ha vivido políticamente de los réditos de esa guerra, que la vuelta a la paz es lo contrario de darle la espalda a Bildu en el Congreso. La paz implica el diálogo y el reconocimiento de los derechos políticos de todos los independentistas vascos que tienen el derecho a existir social y políticamente, que tienen que poder seguir diciendo lo que dicen, reclamando lo que reclaman y defendiendo lo que defienden en el marco de la política.

Hoy vivimos un clima de creciente polarización social y política. Lo evidencia la llegada de una ultraderecha agresiva, que criminaliza a determinados sujetos sociales –como los migrantes o los menores no acompañados– y que defiende a las claras la ilegalización de partidos políticos a los que no considera adversarios políticos sino enemigos. Pero no solo lo evidencia Vox. La polarización y la confrontación total es una lógica cada vez más extendida dentro de la propia izquierda, tanto en la manera de afrontar la batalla con la derecha como en sus propias disputas internas. Se castiga y se critica que políticos que son adversarios evidencien que, en los pasillos del Congreso, pueden llevarse bien o tener tratos cordiales.

Se asume con facilidad que es legítimo recurrir al uso de la fuerza –con presiones, censuras o denuncias penales– para combatir las opiniones contrarias. Se premian los tuits o las declaraciones que acusan al otro de tener posturas tan inaceptables que no merecen ser escuchadas y que es legítimo eliminar. Se celebra a quienes defienden con vehemencia que no deben ni quieren entenderse con quienes tiene enfrente. Se jalea la lógica de la guerra y, como pasa en las guerras, se cultiva la demonización del otro y la suposición de que su pertenencia al bando enemigo se debe a su carácter irremediablemente malvado y abyecto. Porque a la guerra le caracteriza también el uso fanático del mal: no hay nada que entender del otro, no puedo ponerme en su lugar, es esencialmente distinto a mí porque es malo y, por lo tanto, solo puedo aspirar a su desaparición.

Hoy es cada día más políticamente incorrecto defender que tenemos que querer entender a los votantes de Vox, que tenemos que querer dialogar con ellos y que debemos aspirar a recuperarlos. Y para cualquier partido político que crezca en un clima de polarización social, es más rentable agrandar la brecha que separa los bandos en combate porque señalar a quienes forman parte del campo del enemigo es una manera de cohesionar y fortalecer nuestro ejército. Quienes damos clase a adolescentes sabemos que dar por perdidos a unos alumnos es la manera más segura de perderlos definitivamente, como sabemos que muchos de nuestros jóvenes tontean con votar a Vox. Es una buena perspectiva desde la que cuestionar si no hay nada que entender ahí o si de verdad queremos sostener que entre las filas de la ultraderecha no hay nadie a quien interpelar y recuperar. ¿A quién beneficia fortificar los bandos, la polarización y la lógica del conmigo o contra mí?

Después de las grandes guerras que hemos vivido en el siglo pasado, han venido las reflexiones sobre los fracasos que las hicieron posibles y la necesidad de que la humanidad aprenda de ellos. Puede que hoy día no sea popular tratar de entender lo que tenemos en común con los votantes de Vox en vez de establecer un abismo moral radical. Pero Hannah Arendt hizo, justo tras la Segunda Guerra Mundial y el nazismo, una reflexión mucho más arriesgada e impopular. Cuando Eichmann, uno de los principales responsables de Holocausto, estaba siendo juzgado en Jerusalén y en medio de un juicio mediático que agitaba todos los dolores colectivos, Arendt escribió para decir algo que chocaba frontalmente con el tratamiento que la prensa y la sociedad judía hizo del personaje. Frente a la tendencia de los medios de describir a Eichmann como un pozo de maldad, un enfermo y un monstruo, Arendt le describió como un sujeto que cumplía órdenes, no se recreaba en la crueldad y se dedicaba a hacer su trabajo con eficiencia.

Lo realmente necesario para pensar la banalidad del mal, reflexionar sobre el nazismo y evitar que se vuelva a repetir –la historia posterior del Estado de Israel es una buena prueba de ello– es acortar la distancia antropológica (no, por supuesto, la distancia jurídica) entre las víctimas y los verdugos y entender que el mal nunca es un rasgo esencial del enemigo sino, en todo caso, algo de lo que nadie estamos vacunados y que todos podemos cometer. Y si tras una Guerra Mundial es necesario no olvidar que todos somos igualmente capaces de las mismas cosas, es también muy urgente recordar esta verdad incómoda cuando cada día es más creciente y violenta la polarización social. Pensar que el mal –o la intolerancia, la violencia, la censura– siempre está del otro lado y pensar que el enemigo es irrecuperable y con él, por tanto, solo cabe chocar, son buenos indicadores de que estamos cruzando, quizás sin saberlo, la frontera que distingue la política de algo que se parece demasiado a la guerra. Que esta frontera no solo la estemos cruzando con la ultraderecha sino que la demonización del otro y la agresividad sean tan habituales en las discusiones de la propia izquierda es quizás otro importante indicador que nos debería preocupar.

Esta semana, hemos conocido la intención del Gobierno de incluir en el Código Penal la apología del franquismo y, ante ello, algunos y algunas hemos mostrado nuestra preocupación. No porque no queramos acabar con la cultura franquista de nuestro país, sino, justamente, porque queremos hacerlo. El peligro de la irrupción de la ultraderecha en nuestro escenario político no es solamente polarizar y radicalizar a la derecha, cosa que es evidente que se ha producido; el verdadero peligro es derechizar al conjunto de la sociedad. Y esa es la gran amenaza que un Gobierno progresista tiene que enfrentar en los próximos años: su tarea es construir un sentido común vacunado contra el racismo, el punitivismo, el machismo o la censura de la ultraderecha.

¿Cómo hacer que cuando los y las españolas vuelvan a decidir qué proyecto de país quieren –sea en dos años, en cuatro o en ocho– seamos una sociedad que valora sus derechos políticos y defiende sus libertades de opinión frente a quienes quieren recortarlas? ¿Cómo hacer que seamos un pueblo que rechaza la cadena perpetua en vez de una sociedad que se ha acostumbrado a las respuestas punitivas y las ha normalizado? Y, la pregunta que siempre vuelve: ¿acaso podremos construir un antídoto contra Vox usando algunas de sus herramientas? Engordar el Código Penal con delitos de opinión es una peligrosa senda iniciada por Aznar, una senda que ha desembocado en la ley Mordaza y en penas de cárcel para raperos y tuiteros y que este Gobierno no debe proseguir, sino desandar. Copiar las recetas de la ultraderecha implica ampliar su campo de batalla y allanar el camino en su conquista del sentido común. No se me ocurre una mayor victoria de Vox que la que consiste en usar sus propuestas hasta cuando tratamos de derrotarles.

Puede que haya quien piense que estas críticas pecan de ingenuidad y buenismo y que quienes defendemos las libertades de expresión estamos casados con bellos principios abstractos, pero dejamos de lado el pragmatismo. Nada más lejos de la realidad. Los principios democráticos siempre fueron la ley del más débil. Los ricos y los poderosos ya tienen siempre, por ejemplo, altavoces para hacerse oír. Por eso, las libertades de expresión y la ampliación de los márgenes de nuestros debates públicos nunca son un lujo, un pasatiempo o una cosa de gente ociosa. Son compromisos con los que menos altavoces tienen y más expuestos están al poder de los que mandan y a sus discursos dominantes.

¿Quiere esto decir que no tenemos nada que hacer contra la cultura franquista? En absoluto. Porque, justamente, lo que nos dejamos por el camino cuando recurrimos a las recetas fáciles del Código Penal son todas las políticas de memoria más eficaces para transformar nuestro sentido común y fortalecer la democracia. Tienen más que ver con sacar a los muertos de nuestras cunetas y enseñar la Guerra Civil en nuestras escuelas que con ampliar delitos. El objetivo, como decía mi amigo Santiago Alba en un estupendo artículo reciente, no es habilitar a los jueces para castigar la apología del franquismo, sino construir una sociedad en la que no haga falta tipificar ese delito porque esté “penalizado social y culturalmente”.

Este debate es, en esencia, el mismo que estamos teniendo también en el feminismo. Algunas feministas hemos defendido mucho recientemente la necesidad de hacer un feminismo no punitivo y de escapar de un abordaje de la violencia machista que ponga todas las soluciones en el Código Penal. No deja de ser preocupante que penas de cárcel de 38 años hayan recibido algunas celebraciones totales en un contexto político en el que tenemos que combatir la normalización de la cadena perpetua que defiende Vox. Laura Macaya explica muy bien en este texto por qué, de nuevo, no se trata de elegir principios o pragmatismo: abordar las violencias machistas poniendo el énfasis en el castigo acaba volviéndose contra las propias mujeres y su libertad sexual.

Es una muy buena noticia que, según hemos podido leer esta semana, la nueva ley de libertad sexual del Gobierno prevea rebajar las penas por agresiones. Supondría que, además de tipificar correctamente los delitos de violación, se corregirían los posibles efectos multiplicadores de la duración de las penas. Pero el borrador de esa ley, al menos en la propuesta inicial de Podemos, incluye también la creación de nuevos delitos para penalizar el acoso sexual callejero y esto, de nuevo, plantea muchísimas dudas. ¿De verdad es necesario engrosar el Código Penal para abordar las “proposiciones, comportamientos o presiones de carácter sexual o sexista que supongan una situación intimidatoria”? ¿Hace falta crear nuevos delitos para combatir el machismo callejero? ¿Es el castigo la manera de cambiar nuestros comportamientos?

Una perspectiva no punitivista es aquella que concibe el derecho penal como la última de las “soluciones”, como una respuesta que, de hecho, supone el fracaso de todo cuanto deberíamos haber puesto en marcha con anterioridad. El sentido común no se cambia con multas ni sentencias y querer abordar así la transformación de nuestras conductas revela una falta de imaginación política total. Hay muchísimas políticas públicas feministas que hacer desde las instituciones para cambiar el sexismo que las mujeres sufrimos todos los días en la calle pero pasan más por campañas bien hechas, políticas educativas y propuestas culturales que por nuevos tipos penales. Y, desde luego, si hay un momento en el que hacer todo eso posible es cuando se tiene un Gobierno y un Ministerio de Igualdad.

Si el objetivo de un Gobierno antifranquista es construir un sentido común en el que la apología del franquismo esté socialmente penalizada, el objetivo de un Gobierno feminista es trabajar por una sensibilidad colectiva en la que el machismo callejero esté colectivamente censurado. No es la receta más fácil, pero es la más transformadora, la más eficaz y la más duradera, porque implica cambiar nuestro sentido común. Solo eso puede parar a Vox, en vez de alimentarlo. Lo demás será pan para hoy y hambre para mañana, porque las medidas punitivas y penales permitirán a los machistas el discurso del victimismo, como permitirán a los franquistas enarbolar la libertad de expresión. Contra la judicialización de la política, tenemos que aprovechar las posiciones institucionales para llenar las calles y los colegios de memoria histórica y para hacer feminismo desde el deseo y la imaginación.

La reciente aprobación del pin parental en Murcia por parte de las derechas ha puesto sobre la mesa el debate acerca del derecho (o del poder) de los padres sobre sus hijos. ¿Cómo y hasta dónde pueden los padres tomar decisiones por sus hijos? Pablo Casado defendió el veto parental afirmando “mis hijos son míos”, pero frente a esta antigua y patriarcal concepción de la “patria potestad”, mucha gente ha salido a recordar –incluyendo para ello hasta citas del Papa– que los niños y niñas son sujetos de derecho y no propiedad de sus padres. Este pretendido derecho irrestricto de los padres para decidir sobre la vida de sus hijos producía hasta hace bien poco algunos efectos escandalosos que hemos conseguido corregir.

Muchos niños y niñas afectados por la violencia machista que vivían en casa no podían ser atendidos psicológicamente porque necesitaban la firma de sus dos tutores legales, incluyendo el consentimiento de un progenitor inmerso en una causa penal por malos tratos o abuso sexual o incluso condenado por ello. Expertas en la atención directa de mujeres víctimas de violencia y que prestan tratamiento psicológico –muchas de ellas denunciadas por progenitores por atender a sus hijos– reclamaron una modificación del Código Civil y en 2018, en el marco del Pacto de Estado contra la violencia de género, el Gobierno aprobó una reforma para que la atención y asistencia psicológica dejara de estar entre los actos que requieren incondicionalmente el consentimiento paterno mientras se mantenga la patria potestad.

Esta concepción acerca de la incondicionalidad del poder de los padres sobre sus hijos llevó también al PP a cambiar la ley del aborto en el año 2015. Alberto Ruiz-Gallardón aspiraba a una reforma muy restrictiva que el movimiento feminista consiguió detener y que acabó con su propia dimisión pero, a pesar del fracaso, el Partido Popular tenía que contentar con algo a sus votantes más reaccionarios y cambió lo que parecía más asumible cambiar: recuperar el poder de los progenitores para consentir o impedir el aborto de las mujeres de dieciséis y diecisiete años. Desde 2010, estas menores, si querían interrumpir su embarazo, tenían el deber de informar a sus tutores, pero podían acogerse excepcionalmente a la posibilidad de no comunicarlo a sus padres si justificaban que eso podría suponer poner en riesgo su decisión. En 2015 eso cambió.

La mayoría de las comunidades autónomas pedían a las chicas venir acompañadas por, al menos, uno de sus padres y algunos gobiernos regionales, como es el caso de Madrid, exigían el consentimiento de ambos progenitores siempre que mantuvieran la patria potestad, produciendo verdaderos efectos rocambolescos. En Madrid, las funcionarias de la Consejería de Sanidad han estado pidiendo a algunas madres acompañantes que vinieran acompañadas también del padre, así estuviera imputado en una causa por violencia de género, tuviera una orden de alejamiento o no compartiera la custodia. Se ha retrasado o impedido el aborto de menores cuyos padres vivían en el extranjero y con los que no había ninguna relación y se llegó a dar el caso de una chica que conoció por primera vez a uno de sus progenitores, con el que nunca convivió, en una clínica de aborto madrileña.

Estas derivas surrealistas de la aplicación madrileña de la ley del PP, que son posibles porque el texto de la ley vigente es ciertamente ambiguo en su redacción, son el ejemplo más extremo de una concepción sobre la potestad de los padres profundamente equivocada y lesiva para los hijos e hijas. Durante los años en los que las menores han podido acogerse a la excepción de no informar a sus familias, solo las que realmente lo necesitaban se acogieron a esta opción. Según todos los datos que tenemos, como por ejemplo los de ACAI (Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del embarazo), el 90% de las chicas jóvenes informaban a sus padres y eran acompañadas por ellos durante el proceso. Solo un 10% de mujeres jóvenes no quería informar a sus familias, entre las que se encontraban menores en familias desestructuradas y en situaciones de semi-abandono o menores en familias con violencia machista o que han sufrido incluso violencia sexual en el entorno familiar. La reforma del PP ha supuesto dejar a su suerte, desatendidas y abandonadas, justamente a las menores más vulnerables y que más necesitan el amparo de las instituciones frente al desamparo de sus familias.

Hace poco conocimos un caso dramático que no ha ocurrido en un lejano país teocrático anclado en el subdesarrollo, ha ocurrido en nuestro país, concretamente en Cataluña. Una pareja de chicos jóvenes ocultaron un embarazo, se escondieron en un motel para que nadie se enterara del parto y el chaval acabó arrojando al río Besòs al bebé recién nacido mientras la chica volvía a casa con sus padres pensando que su novio lo dejaría en un recurso de acogida. Esa menor fue a pedir ayuda para abortar pero le dijeron que estaba obligada a contar con el consentimiento paterno para ello. Lo que debemos preguntarnos –y lo que daba sentido a la ley del aborto aprobada en 2010– es qué tipo de entorno familiar tiene una chica de dieciséis años que, antes de informar a sus padres, se oculta de su familia durante nueve meses y se ve embarcada no ya en un aborto de riesgo, sino incluso en un embarazo de riesgo y un parto de riesgo.

Tenemos un nuevo Gobierno y uno de sus retos es dejar atrás esa concepción patriarcal de la patria potestad, tan propia de las derechas, por la cual los hijos, como dice Pablo Casado, son de sus padres. Patriarcal hacia los hijos y patriarcal hacia las mujeres. Porque más allá de que la actual legislación del aborto esté dejando abandonadas a muchas menores vulnerables supone, como siempre, una inaceptable infantilización de las mujeres. En España hay muchas chicas de dieciséis y diecisiete años que no viven con sus progenitores o con adultos que las mantengan, menores que trabajan y se han emancipado o mujeres migrantes que viven solas. Y es que en nuestro país las mujeres a partir de los dieciséis años son consideradas legalmente adultas para trabajar, casarse o tener hijos y cuidarlos. Decía Olympe de Gouges que si las mujeres éramos responsables para subir al cadalso, teníamos que serlo para poder subir a la tribuna. Hoy nos toca decir que si las mujeres somos mayores para ser madres, también somos mayores para decidir si queremos serlo. Los hijos no son propiedad de sus padres y las mujeres llevamos ya mucho sufriendo los estragos de una derecha que considera a las mujeres ante todo hijas y eternamente hijas. Tenemos que cambiar la ley del aborto.

Una de las cosas que la gente de izquierdas solemos decir, a veces para explicar nuestras debilidades electorales frente al bloque de la derecha, es aquello de “es que la gente de izquierdas somos muy críticos y discrepamos entre nosotros, en la derecha van todos a una”. Supuestamente, el espíritu crítico de la izquierda explicaría la pluralidad de nuestro espacio ideológico; una superioridad moral que, sin embargo, según a veces explicamos, puede derivar en algún que otro traspiés electoral. Esto es lo que, a menudo, nos contamos a nosotros mismos. Eso y que en la derecha hay pensamiento único, que son menos dados a pensar, debatir y discrepar y que por eso ellos ni se pelean, ni se fragmentan ni se escinden. ¿Cuánto tiene de verdad este amable relato sobre nosotros mismos?

Dejando por un momento de lado a la derecha, que además no está ahora unificada sino electoralmente dividida, la pregunta es qué tal está eso de la diversidad, el disenso y el debate dentro de la propia izquierda. Y para cualquiera que observe el clima de las redes sociales, la cosa no pinta precisamente bien. Es cierto que Twitter es una pequeña burbuja dentro del mundo real pero también es cierto que precisamente la ciudadanía politizada de izquierdas es la que suele informarse y “debatir” ahí. A pesar de que las redes sociales han desplazado a otros medios y formatos y son en nuestro presente una herramienta fundamental de intercambio de opiniones, lo cierto es que muchas de las actitudes que se han generalizado en esos espacios me parecen incompatibles con cualquier forma de discusión o de algo a lo que pudiéramos llamar deliberación en común. No son solo los ataques de los trols del PP o Vox, sino los insultos y las faltas de respeto que hay entre la gente que comparte las mismas luchas y defiende juntas muchas ideas. ¿Por qué si estamos de acuerdo con alguien en el 90% de las cosas sentimos la necesidad de señalarle y condenarle por el 10% en el que disentimos? Soledad Gallego planteó esta pregunta en unas jornadas feministas y creo que daba en el clavo con ello.

En la cultura de Twitter está permitido e incluso premiado –con miles de likes y retuits– interpelar sin educación, sin respeto y sin cuidado a personas concretas ante la mirada de los demás. Esta forma de relacionarnos no la reproducimos en otras esferas de la vida social y probablemente se deba a esa distancia infinita que separa a las personas cuando están detrás de una pantalla, cuando no se miran a los ojos, cuando no comparten un mismo espacio físico, cuando no se tienen que saludar. Comentaba hace poco con una amiga cuánto recuerda esto a lo que ocurre cuando los conductores de coche se sienten amparados detrás de sus cristales y dan rienda suelta a su testosterona para insultarse y amenazarse sabiendo que no bajarán de sus coches. Allí, dentro del coche, como detrás de un usuario de Twitter o incluso del anonimato virtual, parece como si se se suspendieran las reglas con las que hemos decidido hablarnos y tratarnos, las normas básicas e imprescindibles para convivir en la vida civil.

¿Por qué nos comportamos así en las redes sociales? ¿A qué pasiones damos rienda suelta? ¿Qué monstruo escondido dentro de nosotros mismos es el que satisfacemos tratándonos así de mal? Me parece clave pensar estas cuestiones desde el psicoanálisis –porque esto tiene mucho de problema de diván– pero también desde el feminismo. Angela Nagle es una escritora norteamericana que ha publicado Muerte a los Normies (Orciny Press, 2017) para analizar cómo las guerras culturales en internet han contribuido al ascenso de la alt-right y a la victoria electoral de Trump. Ella recorre las subculturas de internet –los foros, youtube, la cultura de los memes en Facebook y Twitter– y encuentra en esos espacios una cultura masculina de la transgresión que hace alarde de su falta de empatía e incluso de su crueldad.

Las redes sociales han sido el escenario de verdaderos linchamientos públicos organizados contra personas, amenazas de muerte, mofas macabras hacia familias a las que se les ha muerto un ser querido, difusión de imágenes íntimas (reales o falsas) de mujeres desnudas o publicación de sus direcciones y números de teléfono llamando a dirigir contra ellas un acoso masivo. Todas estas cosas han ocurrido los últimos años en el escenario de las redes sociales y las proximidades de la ultraderecha americana y por el camino han dejado víctimas con nombres y apellidos. Nagle traza un hilo de continuidad entre esta cultura cruel de las redes sociales y una cierta filosofía de la transgresión moral que va desde el marqués de Sade hasta Maurice Blanchot, pasando por Nietzsche y Bataille. Hay una cultura misógina que convierte al transgresor moral en un héroe, una contracultura que es capaz de referenciarse en la familia Manson, que encuentra en El club de la lucha o American Psycho obras de culto y que habita en las subculturas del videojuego o los foros de internet.

Pero a esa cultura del sadismo y la falta completa de piedad algo le ha permitido aparecer. Lo interesante del análisis de Nagle es que se pregunta por la responsabilidad de la propia izquierda en esta emergencia de una cultura de internet que es psicópata y cruel y que, al mismo tiempo, se rebela contra la corrección política y cala entre la población joven por ser outsider y revolucionaria. La izquierda norteamericana lleva décadas sumida en unas políticas de la identidad que han calado por ejemplo con mucha fuerza en los campus universitarios y que en nombre siempre de la inclusión de las minorías raciales o la diversidad de género ha restringido la libertad de expresión y se ha metido de lleno en una encarnizada guerra caníbal que cuenta con una larga lista de personas acusadas, expulsadas y vetadas dentro de la propia izquierda. Para Nagle, las constantes “condenas histéricas procedentes de entornos progresistas produjeron el caldo de cultivo adecuado para un contragolpe de mofa irreverente enfrentado a la corrección política”. Una revancha que ha tenido entre sus efectos la victoria de Donald Trump.

Es muy importante cómo nos tratamos en la propia izquierda y qué tipo de cultura ponemos en práctica en las redes sociales y en internet. Y lo cierto es que Twitter no es un escenario de debate donde impere una cultura de la pluralidad y del disenso sino más bien un constante cruce de acusaciones personales y, en ocasiones, un escenario donde asistimos a linchamientos colectivos crueles en nombre de ideas preciosas. Todo es blanco o negro, todo es conmigo o contra mí. Desaparecen los grises y los matices y se estrecha, hasta desaparecer, el espacio intermedio que debería haber entre estar al 100% de acuerdo con alguien o condenarlo al ostracismo y pedir que le denuncien por defender crímenes contra la humanidad. Los actuales debates del feminismo no parecen escapar a esta lógica de polarización: hay medios feministas (como Pikara) que se han visto obligados recientemente a cerrar foros de debate por los insultos y los niveles de agresividad y las redes están llenas de feministas que señalan, acusan e insultan a otras feministas. Nos llenamos la boca con palabras como sororidad y cuidado pero cada vez somos menos capaces de tolerar la discrepancia entre nosotras y cada vez tenemos la mecha más corta para acusar a las demás de estar defendiendo cosas gravísimas y horribles que justifican cualquier tipo de escarnio público.

Hay una cosa que las feministas que hemos militado en partidos políticos tenemos grabado a fuego: un partido político no es feminista solo por decir que lo es, sino por asumir todos los compromisos que implica ponerlo en práctica. La sororidad no es solo un lema y los cuidados no son solo una frase de campaña: deben implicarnos en compromisos prácticos concretos, en reglamentos para garantizar la paridad, en horarios para conciliar, en protocolos para tratarnos bien y, también, por qué no, en maneras de utilizar las redes sociales. Si el feminismo no implica prácticas caemos en la banalización de las palabras, que empiezan a servir para todo y a no significar nada. Por muchas veces que escribamos en Twitter la palabra “sororidad”, maltratarnos en redes sociales en nombre de nuestros principios no es feminismo, sigue siendo matonismo.

Aquí no ha ganado Trump pero tenemos a las puertas un enemigo igual de peligroso que crece también en ese caldo de cultivo de una masculinidad agresiva que le habla a la juventud en las redes sociales e internet. ¿Podrá la izquierda no caer en el ataque mutuo generalizado y en la autocensura? ¿Podremos ser un contraejemplo en la práctica a las formas crueles de usar las redes sociales de la ultraderecha? ¿Sabremos las feministas construir una cultura de internet que no normalice el maltrato? ¿Podremos demostrar que es posible discrepar con cuidado? ¿Seguiremos habilitando en la izquierda la posibilidad de disentir con libertad? ¿Seremos capaces de generar un sentido común que no tolere el bullying y fomente la empatía y la piedad? ¿Seremos una barrera de contención frente a esa cultura sádica que crece en las redes sociales? Me pregunto si vamos a poder ser una alternativa al matonismo del que se alimenta Vox o si fracasaremos y le daremos una buena noticia a Abascal. A veces, cuando echo un vistazo a nuestro debate del día de Twitter, me lo imagino con una apacible sonrisa mientras contempla cómo nos contamos todas esas bellezas sobre nuestra superioridad moral y nos seguimos despellejando (con sororidad).

La politóloga y filósofa feminista Wendy Brown decía recientemente en una entrevista que una de las mayores debilidades de la izquierda en la actualidad es haberle cedido la libertad a la derecha. Brown sostiene que las derechas han patrimonializado el significante libertad y, así, han podido abanderar la libertad de expresión o la libertad religiosa para combatir las políticas de igualdad e inclusión. Estos días vemos este mismo fenómeno en relación a la polémica acerca del pin parental que Vox, Partido Popular y Ciudadanos han sacado adelante en Murcia.

La introducción del pin parental supone poner en jaque la escuela pública y estigmatizar la entrada en los centros escolares de la diversidad sexual y tenemos muchos motivos para defender ambas cosas. La educación pública fue en su momento una conquista obrera y los señoritos siempre supieron muy bien que si algo combatía sus privilegios heredados e impedía la reproducción de las desigualdades de clase era el acceso universal a la educación. Estas estrategias de la ultraderecha vierten sospechas sobre la educación pública, tratan de dibujarla como un espacio inseguro y pretenden que estalle dentro de ella la polarización y el conflicto.

A su vez, la llegada de la educación sexual y la diversidad a los centros escolares ha sido desde hace tiempo una de las demandas principales del movimiento feminista y el movimiento LGTB. Sabemos que entre la población adolescente se dan relaciones tóxicas de maltrato y que el bullying hace que un 75% del alumnado LGTB tenga miedo en el contexto escolar. Sin embargo, y aunque estos ataques pongan especialmente en juego la igualdad de oportunidades y la inclusión, no deberíamos dejar de señalar que esto supone, ante todo, un ataque a la libertad. Y no solamente la libertad de los alumnos LGBT sino la de todos los alumnos, empezando por la libertad de los hijos de padres de Vox o del PP que piensan poner en práctica este veto parental.

Los padres tienen todo el derecho a enseñarle a sus hijos sus valores pero a lo que no tienen derecho es a que sus hijos conozcan solamente sus valores. La escuela pública es, en este sentido, un evidente límite al poder de los padres sobre sus hijos, para empezar porque, según nuestra Constitución, ir a la escuela es obligatorio. Eso quiere decir que, por mucho que unos padres consideraran que pueden enseñarle sus hijos sus propios conocimientos estarían cometiendo un delito si no llevaran a sus hijos a la escuela.

Alguien podría decir que obligar a unos padres a escolarizar a sus hijos supone recortar la libertad de los padres para decidir la educación de sus hijos y, en efecto, sería verdad. Pero es que la libertad fundamental que está en juego en el terreno de la educación no es la de los padres, sino la de sus hijos. La libertad de los y las alumnas pasa justamente por tener la oportunidad de someter a crítica y poner en duda las enseñanzas que recibieron de unos poderes y autoridades que, al hacerse mayores, deben poder aprender a cuestionar.

Hay padres ateos y padres musulmanes, madres independentistas y madres que votan a Vox, hay familias homófobas y familias LGTB y ninguna de esas familias tienen el derecho de limitar la libertad de sus hijos e hijas para elegir por sí mismos lo que ellos quieren ser y defender. Como expliqué recientemente en este artículo la escuela no es una institución donde los padres imponen su voluntad sino un lugar donde se dan cita alumnos muy diversos, padres muy distintos, razas, clases sociales o procedencias diferentes y una gran pluralidad de visiones del mundo.

La escuela es una institución comprometida con no dar por buena ninguna visión parcial del mundo y, justamente por eso, acercar a los alumnos y alumnas a la mayor pluralidad posible de visiones. La casa es un lugar donde la verdad es una, la escuela es un lugar donde las verdades son muchas. Que la educación sea obligatoria supone que nadie puede privar a los niños y las niñas de pasar un tiempo en un lugar en el que podrán comenzar a dudar, preguntar, cuestionar, criticar y buscar. Sólo conociendo que no solamente existen las tradiciones familiares y las creencias paternas, pueden los alumnos y las alumnas empezar a explorar su libertad.

El supuesto derecho de los padres a decidir o, más bien, controlar y vetar lo que aprenden sus hijos choca de lleno con el sentido de nuestros centros educativos. En ellos los alumnos, con independencia de las ideologías de sus padres, aprenden la historia de España, el nazismo o la segunda guerra mundial y ningún padre tiene el derecho de limitar ese aprendizaje apelando a su incomodidad, les guste más o menos que sus hijos estudien a Heidegger o a Marx. Lo mejor que pueden hacer los padres por el bienestar y la libertad de sus hijos es otorgar reconocimiento a sus profesores, respetar su criterio y dejarles trabajar. Y si algo ha empeorado la educación las últimas décadas ha sido socavar la autoridad del profesorado hasta hacer su trabajo imposible por la vía de entender los colegios como dispensadores de servicios plegados a las demandas de padres que se comportan como clientes.

Si los centros escolares no pueden hacer saber a los alumnos y a las alumnas que hay muchas maneras de amar y desear, que la heterosexualidad no es la única orientación posible y que existen personas trans, será más difícil deshacer y dejar atrás la homofobia y el bulling escolar y dejaremos a los chicos y chicas LGBTI que tengan padres de Vox especialmente desamparados ante la ideología paterna. Pero dejaremos también desarmados a todos esos chicos heterosexuales que tiene derecho a elegir otras ideologías y otras visiones de aquellas que sus padres tienen acerca el mundo. Este es el intento de seguir excluyendo a algunos pero es, antes de eso, un atentado contra la libertad de todos.

La tarea de la educación es formar a futuros ciudadanos libres, capaces de pensar, de hablar y de votar por si mismos y ese es el objetivo fundamental que el estado tiene el deber de garantizar. Abrir la puerta al veto parental en nuestra educación implica dar validez absoluta a las ideologías paternas en un lugar que sirve justamente para que los alumnos puedan cuestionarlas, implica, por eso, una privatización de la escuela y un recorte de los derechos de los alumnos y de su libertad.

Sin embargo, hoy las tres derechas están aprobando medidas para defender el adoctrinamiento bajo el discurso de que combaten el adoctrinamiento y están recortando la libertad de los alumnos en nombre de la libertad educativa. Si pueden hacer esa operación simbólica es en parte porque la izquierda, a menudo más centrada en el lenguaje de la desigualdad, la inclusión y los derechos sociales, ha dejado relativamente desatendidas algunas apropiaciones ilícitas de significantes clave por los que teníamos que pelear. Una de las batallas culturales más urgentes que tenemos por delante estos años es disputar y reconquistar la idea de libertad.

La investidura de Sánchez ha puesto de manifiesto hasta qué punto la derecha entiende las instituciones públicas como su propio patrimonio. Tras décadas de gobiernos que han profundizado la identificación del Partido Popular con el Estado y un precario periodo de ingobernabilidad, se acaba de confirmar que el ejecutivo de Sánchez ya no es interino y que las derechas pierden definitivamente el acceso a unas instituciones que viven como propias. De todas las imágenes que nos dejó el reciente debate de investidura, el gesto de Suárez Illana dando la espalda a Bildu es una especialmente significativa: demuestra la falta de cultura democrática de unas derechas furiosas que no soportan perder y que están ahora mismo por detrás del espíritu de diálogo y respeto democrático de las derechas de la transición. Estas derechas radicalizadas y enfurecidas que vimos en la investidura, capaces de llamar golpe de Estado a un procedimiento democrático, capaces de abanderar las injerencias de la Junta Electoral y capaces de amenazar a un Gobierno legítimo con el uso de todos los medios posibles contra él, ponen sobre la mesa un hecho preocupante. En España tenemos una derecha preliberal.

El fracaso de Ciudadanos es una constatación de lo mismo. La decisión de ser la muleta del Partido Popular sin exigencias ni líneas rojas fue una mala decisión y la de no abanderar una alianza democrática frente a Vox como sí han hecho sus socios europeos, una decisión aún peor. No sabemos si habrá una refundación o si Arrimadas será capaz de reinventar la razón de ser de su partido, pero ahora mismo Ciudadanos no tiene ninguna entidad y se ha sumido en la total irrelevancia política al estar tan a expensas de la ultraderecha como lo puede estar el Partido Popular.

Esto dibuja un panorama complicado para el gobierno de coalición; la oposición va a ser durísima y está decidida a respetar muy poco las reglas de juego democrático. Agitarán los fantasmas del comunismo, Venezuela, resucitarán a ETA y demonizarán cualquier diálogo con el independentismo catalán. Van, en definitiva, a impugnar la validez del diálogo, la política y la democracia y eso sitúa a este Gobierno progresista ante uno de los principales retos para los próximos años.

Se ha dicho mucho acerca de la enorme responsabilidad de este Gobierno y es que, en efecto, si no lo hace bien, podríamos tener derecha para décadas. El PSOE y Unidas Podemos deben, en primer lugar, conseguir encarnar la estabilidad después de años de caos político y paralización institucional. Para eso deben gobernar de forma medianamente cohesionada y evitar guerras internas que serían duramente penalizadas por un electorado ya desencantado con los partidos y sus intereses partidistas. El Gobierno de coalición debe, por otra parte, combatir a la ultraderecha con políticas sociales y aprobar cuanto antes reformas que, sean más ambiciosas o más modestas, serán pequeñas conquistas contra la desafección y el desánimo de la gente hacia sus representantes.

Las políticas de vivienda, la ampliación de derechos laborales, las pensiones dignas, la ayuda a las pequeñas empresas y los autónomos o el fortalecimiento del sistema de cuidados son antídotos contra la reacción conservadora en un país aún muy dolorido por la última crisis económica. Pero más allá de esas reformas, que serán cruciales para demostrar la utilidad de la política para cambiar tangiblemente la vida de la gente, está claro que va a hacer falta también defender la democracia. Si Vox capitanea a los tres partidos principales de la oposición y todo lo que tiene este gobierno “al otro lado” es una derecha preliberal, vamos en estos próximos años hacia una batalla cultural contra fuerzas que van a poner en duda -quizás más de lo que les hemos visto hacer nunca- el Estado de Derecho, la democracia, sus principios y sus reglas de juego.

El enemigo que espera a las puertas, el que se hará más grande si este Gobierno fracasa, es una ultraderecha que defiende la cadena perpetua y la ilegalización de partidos, es decir, una ultraderecha dispuesta a recortar la libertad de expresión, reducir la pluralidad política y engrosar el código penal. Cada vez que queremos combatir las opiniones de Vox con el código penal en la mano y denunciando delitos allanamos más el camino a unas fuerzas que quieren recortar derechos políticos y libertades de expresión. Cada vez que creemos menos en la reinserción y más en las soluciones penales se lo ponemos un poco más fácil a los que quieren cambiar el sentido común de nuestro país y normalizar la cadena perpetua. Cada vez que defendemos la prohibición de Vox hacemos un poco menos escandalosos los discursos que defienden sin titubeos recortar la pluralidad política e ilegalizar partidos.

Las derechas que han patrimonializado las instituciones tantos años ya han demostrado que cuando gobiernan el Estado no tienen ningún reparo en utilizarlo para combatir la pluralidad política con mordazas, para obstaculizar la democracia cuando no le gusta el resultado y para manchar a los adversarios con cloacas. El reto de este Gobierno, si quiere reconquistar la credibilidad de las instituciones y fortalecer el sentido común democrático de nuestro país, es demostrar que se puede hacer lo contrario: que se puede gobernar para todos, devolver a las instituciones su carácter público, defender el derecho a hablar de los adversarios, incluso de los más intolerantes, respetar la existencia de todos los partidos, defender la política como un combate de ideas contrarias que no deben ser judicializadas.

Este Gobierno progresista tiene el inmenso reto de defender la democracia y acostumbrarnos a defender sus reglas para todos, incluso para aquellos que solo entienden el país para ellos. Porque es esta la manera de ganarles. Ese ejemplo de dignidad institucional, diálogo, respeto, tolerancia, educación y, como dijo Iglesias, “firmeza democrática” es una vacuna contra la derecha furiosa y preliberal que vimos emerger tan claramente en la pasada investidura y que librará su batalla cultural por todos los medios. Una vacuna que necesitaremos para el día de mañana, quizás justamente para el día en el que este Gobierno ya no esté y el enemigo a las puertas vuelva a tener su oportunidad.

Hace unos días leímos la noticia de que una madre había denunciado en una comisaría a una profesora por ponerle a su hijo una bata rosa. Lo consideraba “un delito de trato degradante” y la Policía había llegado a tomarle declaración a la profesora como investigada. La educadora se defendió diciendo que la bata era verde y que se la habían puesto al alumno cuando ya llevaba tres días sin traer su propia bata. ¿Y qué si era rosa? ¿Y qué si se la pusieran todos los días? Lo primero que viene a la mente, sobre todo a quienes somos profesores, es cómo proteger a educadores de padres reaccionarios que creen que están protegiendo a sus hijos del peligrosísimo color rosa, pero la verdadera cuestión política de fondo es cómo proteger a esos hijos e hijas de padres así. ¿Tienen los padres derecho a educar a sus hijos en la homofobia y el sexismo?

A punto de acabar 2019 y haciendo un balance de los retrocesos más significativos que ha implicado la llegada de la ultraderecha a nuestras instituciones, podríamos decir que esta es una de las cuestiones sensibles. En las cenas de Nochevieja de dentro de dos días es probable que entre los revivals que Vox ha vuelto a hacer actuales esté –aparte de las famosas denuncias falsas o el porqué de las leyes de violencia machista– el derecho de los padres a educar a sus hijos. En nombre de ese derecho, la formación de Abascal ha pedido, tanto en Andalucía como en Madrid, el listado de los colectivos y activistas LGTBI que durante años han impartido charlas de diversidad sexual y de género en los centros públicos y concertados. Es gravísimo que se pida a las instituciones poner en marcha una cacería de acoso a quienes han suplido las carencias de nuestro propio sistema educativo, pero si es posible denunciar a una profesora por usar una bata rosa, es que ya casi todo es posible.

Nuestra Constitución, en sus artículos referidos a la educación, refleja un endeble pacto entre las diferentes sensibilidades políticas que tuvieron que llegar a un consenso. Fueron de los artículos más discutidos en su momento y la solución es solo precaria, prueba de lo cual es la cantidad de veces que se ha tenido que pronunciar el Tribunal Constitucional sobre el conflicto de derechos que puede haber –por ejemplo, en relación a la educación concertada– entre un derecho a la educación pública y gratuita y el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones“ (artículo 27.3).

El primer límite que pone nuestra Constitución al poder de los padres para decidir la enseñanza de sus hijos es que la educación tiene que estar comprometida con el “respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales” (artículo 27.2). Eso, no obstante, no va a suponer ningún límite real para que esa madre navarra eduque a su hijo en la homofobia y le enseñe que es humillante llevar una bata rosa. Que los padres y madres de Vox pueden educar a sus hijos e hijas en sus convicciones y creencias es nada más que reconocer un hecho evidente. Pueden hacerlo y lo hacen. Y nadie les va a retirar la custodia por haber llevado a sus hijos a manifestaciones contra el matrimonio igualitario, a reuniones de Hazte Oír o a las concentraciones frente a las clínicas de aborto. Los padres, los de Vox y todos los demás, tienen un enorme margen de acción y radio de influencia sobre sus hijos y suelen llevarles a los actos de sus partidos, a las reuniones de sus asociaciones o a las ceremonias de sus iglesias.

De hecho, justamente porque esa educación de los padres ya está asegurada y porque transmitir los valores y creencias familiares en casa es enteramente inevitable, por eso justamente ha de existir la escuela pública. Si la educación tiene una función principal es la de garantizar que los alumnos y las alumnas aprendan a pensar por sí mismos, incluso si eso les lleva a pensar más allá de las enseñanzas de sus padres o, incluso, en contra de estas. Es cierto que una madre homófoba tiene el derecho de transmitir a sus hijos su visión del mundo; ha ocurrido toda la vida y nadie hoy va a venir a impedirlo. Pero a lo que esa madre no tiene derecho es a impedir que su hijo reciba, también, otras muchas visiones del mundo diferentes. La escuela pública y su sentido suponen, inevitablemente, una limitación al poder de los padres para controlar por entero la educación de sus hijos, porque si la escuela está al servicio de alguna libertad más que de otra, es la de los alumnos y no la de sus padres.

Recuerdo un día que yo estaba cuidando a unos niños de educación infantil y un alumno les enseñaba a los demás cómo se ataban los zapatos. Su padre le había enseñado la técnica y estaba orgulloso de dársela a conocer a sus amigos. Recuerdo cómo otro niño interrumpió la escena para decir que así no se ataban los zapatos, que su padre los ataba de otra manera y que además era más rápida. Recuerdo cómo violentó eso al primer niño, que se quedó descolocado, perplejo y, más tarde, pensativo y callado.

La escuela está llena de experiencias como esta, en las que los niños ven confrontada la palabra de su padre, en la que creen ciegamente, con el hecho incómodo y problemático de que existen muchos padres y muchas palabras, muchas maneras de atarse los zapatos, de entender una bata rosa o de mirar el mundo. La escuela es un sistema que saca a los niños de un hogar donde solo hay una manera de pensar y arroja a los niños a la pluralidad. Y es su carácter público el que garantiza que los niños ricos se encontrarán con los niños pobres, que los niños blancos se encontrarán con los niños negros, que los niños compartirán clase con las niñas y que los hijos de madres homófobas de Vox conocerán a niños de madres lesbianas.

Probablemente quienes hayan sido alcanzados por el discurso de Vox y lleven a las cenas de Navidad el argumento de que los padres tienen el derecho de decidir qué aprenden sus hijos solo sean receptivos si al ejemplo le damos la vuelta. Si creen que las feministas adoctrinamos a nuestros hijos en esa supuesta ideología de género a la que tanto temen, estarán de acuerdo en que nuestros hijos puedan tener un espacio más allá de nuestras propias doctrinas y creencias en el que aprender a poner en duda lo que les hemos enseñado. Si tanto temen a una izquierda que adoctrina a sus hijos en el comunismo o en el lesbianismo radical, que defiendan el derecho de nuestros hijos de juntarse con los suyos, conocer su miedo a las batas rosas y poder poner en duda nuestra autoridad.

¿A qué viene tanto miedo a la diversidad? Lo único que deshace el adoctrinamiento acrítico es la pluralidad. Porque cuando ya no existe una única manera de atarse los zapatos o una única manera de entender la sexualidad, los niños están irremediablemente obligados a comparar versiones, cuestionar creencias, argumentar posiciones y escoger cuál es su propia manera de ser y de pensar. La escuela sirve para hacernos mayores y eso pasa, inevitablemente, por poner en duda la autoridad paterna y aprender a pensar.

Si las charlas LGTBI tienen sentido en las escuelas es justamente porque dan a conocer a los alumnos y alumnas una pluralidad y una diversidad. En ellas, los hijos de las madres homófobas de Vox aprenderán que hay hombres que llevan el rosa con orgullo y que ser gay o trans es también una posibilidad. Quienes ven amenazadas sus doctrinas por la existencia de la diversidad sexual y de género o por el color de una bata, quienes quieren que sus hijos vayan a colegios solo con chicos o con chicas o quieren que solo conozcan a compañeros de su misma raza, su misma condición económica o su misma nacionalidad, no son los defensores de la libertad de enseñanza, son padres enemigos de la libertad de sus hijos. Recordemos esto en tiempos en los que hace falta cuidar a quienes siempre lucharon por la libertad y la diversidad sexual, mimar nuestras escuelas públicas y a nuestra profesoras y profesores. Recordémoslo en tiempos en los que se puede denunciar a una profesora por el color de una bata. Ningún recorte de la diversidad y la pluralidad en nuestra educación puede ser defendido en nombre de la libertad.

Muchas feministas hemos tenido que lidiar durante años con compañeros de partido a los que había que convencer de que el feminismo no era un bello florero para sus partidos, sino una apuesta estratégica clave. Llevamos tiempo defendiendo que el feminismo es un proyecto político para el 99%. Es decir, que no es un lobby para defender los intereses de una parte –las mujeres– frente a los intereses de la otra mitad –los hombres– sino una apuesta enormemente transformadora que puede construir una sociedad mejor para todos. Hemos defendido, ante los nostálgicos del obrerismo, que el feminismo no es un proyecto político que haya abandonado las desigualdades de clase y que la politización de los cuidados es una manera especialmente eficaz hoy en día para revelar los estragos del neoliberalismo. Algunas feministas llevamos incluso unos años diciendo que el muro de contención frente a las ultraderechas y sus recetas reaccionarias es el feminismo. Esto quiere decir que el feminismo debe –porque puede– hacerse cargo del conjunto de derechos y libertades que están en juego en esta encrucijada, que está en condiciones de mirar la foto global de todo lo que está en peligro. Y la posibilidad de que el feminismo demuestre hoy que tiene un proyecto político coherente y alternativo a esos peligrosos populismos se juega en su manera de abordar algunas cuestiones políticas especialmente significativas.

En primer lugar, la ultraderecha siempre ha defendido el recorte de nuestros derechos políticos y nuestras libertades públicas y por eso es clave que las feministas seamos ejemplo de pluralidad y disensos tranquilos, que demostremos, frente a sus vociferantes gritos, que podemos debatir y discrepar con respeto. Tenemos la tarea de poner un cortafuegos a sus intentos de censura y a su “judicialización de la política”. Pedir a los medios la retirada de artículos o tratar de prohibirlos a través de denuncias por delitos de odio está cada día más a la orden del día, pero son recetas envenenadas. Porque estrechar el campo de lo publicable y lo debatible siempre acaba volviéndose contra los más vulnerables.

Hay otro frente que nos pone ante una encrucijada. El conservadurismo de Vox amaga con recortar nuestros derechos sexuales y, mientras, señala a la población migrante como amenaza para la seguridad de las mujeres. Hoy más que nunca hace falta que tengan voz esos feminismos que siempre defendieron que hay que hablar de la sexualidad de las mujeres más en clave de placer y menos en clave de peligro. El puritanismo siempre fue una amenaza para las mujeres. Nuestro reto es combatir la violencia sexual sin entrar en la lógica del pánico social por la inseguridad, sin dar ni un centímetro de aire a los discursos racistas y sin estrechar ni un centímetro nuestras propias libertades.

La cuestión de los hombres es otro de los frentes sensibles. El marco funcional de Vox es el de una supuesta guerra de sexos en la que las feministas han decretado la desaparición de los varones. Por eso, más que nunca hace falta un feminismo dispuesto a ampliar los márgenes del sujeto del feminismo más allá de las mujeres. Es preocupante la obcecación con la que algunas feministas están restringiendo el derecho de acceso. Necesitamos, frente a la ultraderecha reaccionaria, un feminismo en estrecha alianza con el movimiento LGTBI. El debate trasnochado sobre la presencia de las mujeres trans en el feminismo debe ser ya superado por algo más ambicioso: la presencia de los hombres, sean trans, gays o heterosexuales. Si algo puede combatir las quejas victimistas de Vox ante el feminismo es la demostración de que esta lucha no es una cuestión identitaria ni una defensa de intereses parciales, sino un proyecto para todos en el que cabemos todos.

Y, por último, la cuestión del punitivismo. Estos últimos días, asistimos a las reacciones que el último juicio por violación múltiple a los exjugadores de la Arandina está generando en una sociedad cada vez más polarizada por casos como este. Para las feministas, que salimos a denunciar la injusticia de la primera sentencia de 'la Manada', es un avance que vayamos dejando atrás la exigencia a las víctimas de que demuestren su falta de consentimiento ante jueces conservadores que tienden a ver “jolgorios”, que no aprecian la intimidación o que nos preguntan si cerramos bien las piernas. Es necesario reformar el Código Penal para que la definición de consentimiento esté más clara porque, si bien los jueces siempre tienen que interpretar las leyes, las leyes están bien hechas cuando su interpretación es lo más clara y unívoca posible. Si reducimos la ambigüedad, habrá menos margen para la interpretación discrecional de los jueces (la gran mayoría de ellos muy conservadores) y más seguridad jurídica para todos. Ahora bien, esta sentencia ha sido muy alta y ha condenado a 38 años a unos acusados que, según otras interpretaciones posibles, podrían haber ido a la cárcel menos de la mitad de ese tiempo. Es urgente regular con claridad y proporcionalidad las penas de las agresiones sexuales múltiples.

Cometeríamos un error si defendiéramos el carácter ejemplarizante de condenas así de altas. El miedo a la cárcel no transforma las conductas y el castigo no es lo que va a acabar con el machismo. Frente al populismo punitivo de Vox y su defensa de la cadena perpetua es crucial que ahora más que nunca demostremos que el feminismo es otra cosa completamente distinta. No queremos venganza sino justicia y estamos en condiciones de ser un ejemplo de ello si, al mismo tiempo que pedimos una reforma del Código Penal, defendemos la proporcionalidad y la reinserción. ¿Qué otro actor social puede ahora darle una lección a Vox de que se puede querer justicia sin caer en la revancha y el castigo?

En efecto el feminismo puede ser un proyecto de mayorías capaz de construir una sociedad mejor para todos. Pero feminismos hay muchos y distanciarnos de algunos de ellos parece más urgente que nunca para combatir a la ultraderecha. Si queremos ganar a Vox tenemos que ser de verdad su alternativa. Frente a sus recetas reaccionarias necesitamos un feminismo abanderado de la libertad de expresión y el debate público, comprometido con ampliar la libertad sexual frente al puritanismo, capaz de interpelar a los hombres, más aliado que nunca con los movimientos LGTBI y decidido a defender la prevención, la reinserción, la proporcionalidad y la justicia frente al punitivismo.

Durante los últimos años, la política española se ha caracterizado por la incertidumbre y la novedad histórica, pero nos hemos encontrado desde 2015 con un dilema constante para el PSOE. Éste ha tenido que elegir entre llegar a alguna clase de entendimiento con el PP y/o Cs para apuntalar el viejo bipartidismo, o pactar con UP y buscar el apoyo de una mayoría parlamentaria plurinacional. Esa tensión, que ha recorrido al conjunto del régimen, es fundamental para comprender la sucesión aparentemente caótica de acontecimientos y la camaleónica figura de Pedro Sánchez. Solo unas élites cerradas en banda ante la posibilidad de que UP llegase al Gobierno, posibilitaron que Sánchez pasase de ser defensor de la experiencia portuguesa al pacto del abrazo con Cs. Solo esa obsesión, que justificó la expulsión de Sánchez de Ferraz, le permitió volver de la mano del malestar impugnatorio de sus bases. De hecho, la imposibilidad de la alianza progresista y plurinacional tras el verano de 2016, permitió el raquítico triunfo de Rajoy, que duró tanto como aquella alternativa tardó en articularse en la moción de censura. Del mismo modo, la última repetición electoral fue un fracaso de Sánchez en su intento de superar plebiscitariamente esta tensión, un fracaso que ha acabado en el pacto con UP.

Por su parte, Podemos estableció desde su nacimiento que llegar al Gobierno del Estado era un medio para transformar un régimen del 78 en profunda crisis. En un comienzo, al calor del ascenso demoscópico, aquella entrada se imaginaba pletórica. El reto era llegar sin ocupar posiciones subalternas, pero tras comprobar la resistencia social del PSOE y el éxito de la maquinaria política y mediática que trabajaba en su contra, vino el golpe de realidad. Y vinieron los errores, las pulsiones identitarias al interior de los aparatos del bloque del cambio y la constitución de una cultura política de resistencia –muy vieja ya, por otra parte– ante un nuevo mundo hostil.

Sin embargo, tras los resultados de noviembre, lo que parecía imposible en abril se vislumbró en 48 horas. Se repetía la alianza central de la moción de censura, pero como acuerdo de gobierno. Ahora, en su momento de máxima debilidad, UP tiene su gran oportunidad y la ciudadanía progresista ha recibido la noticia mayoritariamente con alivio e incredulidad. ¿Por qué ahora? Una correlación entre la estricta necesidad de unos y la debilidad de los otros. La oportunidad para UP no es un regalo caído del cielo, sino, en parte, consecuencia de su debilidad. El mejor pegamento ha sido paradójicamente el clima de desconfianza general hacia la política, que incluye a sus propios partidos, y los cincuenta diputados de Vox.

Es pronto para pronunciarse con rotundidad ante el posible gobierno de coalición del que se desconoce prácticamente todo. Pero las reacciones revelan a sus poderosos enemigos: desde Felipe González y José María Aznar, pasando por las grandes empresas del IBEX 35 y la CEOE, la Casa Real y la cúpula eclesiástica española, hasta las tres furibundas derechas de PP, Vox y Ciudadanos. Además en estado de alarma por la necesidad vital de este gobierno de explorar en profundidad las posibilidades del diálogo con Cataluña.

Algunas voces imprescindibles, como la de Teresa Rodríguez, han criticado la opción del Gobierno desde la izquierda, dado que la correlación de fuerzas no permitirá abordar grandes transformaciones y dejará libre el campo de impugnación a Vox. Su crítica es pertinente y responde a una posición coherente que han defendido siempre. Su miedo es legítimo porque, en efecto, el éxito no está asegurado. En esta segunda década del siglo XXI, el reto de las fuerzas democráticas europeas no es menor; pasa por una reinvención del pacto de posguerra, que dio lugar al Estado de bienestar, en un contexto adverso de estancamiento capitalista, crisis climática catastrófica y revancha patriarcal. Sin duda, ese ambicioso horizonte no es el de este gobierno, que, aunque ha sido comparado con el Gobierno republicano frentepopulista del 36, tiene más afinidad con el Gobierno francés de Mitterrand y los comunistas en 1981. Pero, en cualquier caso, esta oportunidad sí debe servir para demostrar que nuestras sociedades democráticas pueden comenzar a avanzar a un ritmo razonable, a pesar de la falta de voluntad de las élites europeas por las reformas y las limitaciones presupuestarias y financieras de Bruselas.

Quizás la tarea más delicada y decisiva de este gobierno es la gestión de los tiempos. Su inédita alianza gubernamental y su fragilidad parlamentaria no le permiten de entrada ni contar con ese horizonte compartido, ni durar. Para ser exitoso tendrá que ir tejiendo y retejiendo esos acuerdos, a la vez que pone en marcha un programa mínimo de reformas que implique pequeñas conquistas cotidianas para el grueso de su base social. Se necesita recuperar autoestima frente al clima de apatía y cinismo, que profundiza la degradación democrática. Si el Gobierno se duerme en los laureles y queda atrapado en una mera guerra de símbolos, tiene todas las de perder. En lugar de eso, debe conseguir avanzar en la recuperación de derechos: derogar los aspectos más lesivos de la última contrarreforma laboral del PP, subir el salario mínimo interprofesional, regular directa e indirectamente el mercado de la vivienda, poner en marcha una transición verde de la economía o reformar la fiscalidad en clave progresiva.

En todo caso, la entrada de UP en un gobierno con el PSOE –especialmente en condiciones de inferioridad númerica– vuelve a hacer necesario un debate que también ha recorrido la breve pero convulsa intrahistoria del espacio del cambio. Podemos no puede conformarse con subordinarse a la manera tradicional de ordenar el tablero político, desplazando un poco “a la izquierda” las posiciones del Gobierno. No se trata de defender de forma más coherente y más valiente las mismas políticas que el PSOE o de ir unos pasos más allá en las mismas direcciones, sino de abrir nuevas direcciones y marcar horizontes más allá de este gobierno. Se trata de reordenar las posiciones en favor de la hegemonía del espacio del cambio. Así, si tomamos el feminismo como un campo paradigmático de esa disputa política, se trataría, por ejemplo, de salir de los discursos sobre la violencia sexual que ponen el énfasis en las soluciones penales y punitivas y apostar por políticas públicas de prevención y políticas destinadas a los hombres. Se trataría de encarnar una alternativa a un partido socialista que en 2015 proponía hacer públicas las listas de los maltratadores y que puede resultar sinérgico con el intento de Vox de alimentar una guerra de sexos e instrumentalizar la violencia sexual para defender la cadena perpetua y el endurecimiento del Código Penal. Se trataría de escapar de posiciones defensivas y de reordenar los bandos para construir una nueva hegemonía, que incluya a muchos más hombres y mujeres, frente a la reacción. Si Podemos no da muestras de tener un feminismo diferente y alternativo al del PSOE –y más capaz de ganarle la batalla política y cultural a las derechas– su paso por el gobierno podría seguir dejando el día de mañana la hegemonía de las políticas de género intacta, es decir, en manos del PSOE.

En una reciente carta a la militancia de Podemos, Pablo Iglesias agradecía el esfuerzo anónimo realizado, y advertía de los límites y las contradicciones de un Ejecutivo compartido con el PSOE, poniendo énfasis en las cesiones que vendrán. Desde nuestro punto de vista, cabe invertir los términos de la cuestión: ¿qué podemos hacer más allá del Gobierno –y más acá de Podemos– para ampliar los límites de lo posible?

Más allá de los poderosos enemigos de UP y los posibles errores personales de este o aquel líder, cabe detenerse en un fallo estructural que ha recorrido distintas organizaciones de este ciclo y que podríamos llamar Vistalegre I: hiperliderazgo, una preponderancia inflacionaria de la dimensión mediática sobre otras –como la implantación territorial o la relación con la sociedad civil– y una cultura extraordinariamente cerrada. No se trata de un capricho, sino una necesidad urgente, porque esta oportunidad del Gobierno de coalición progresista llega después de que el espacio del cambio retrocediera de forma muy significativa en las últimas elecciones municipales y autonómicas. Se han perdido ciudades clave como Madrid o Zaragoza y se han quedado por el camino alrededor de dos millones de votos, a lo que hay que añadir escisiones tan importantes como Más País o la ruptura de Equo o En Marea en Galicia. Claramente hay cosas que no hemos sabido hacer bien. En la lógica interna, instalada firmemente en las organizaciones del espacio del cambio, los relatos exculpatorios se multiplican y los análisis honestos no tienden a abundar. En ese sentido, hay que asumir la autocrítica en primera persona, porque fuimos muchos quienes defendimos un determinado modelo de partido y, también, quienes se han servido más tarde de él tras haberlo criticado. Entender Vistalegre II como el momento en el que cifrar todos los errores de Podemos es parte de una trampa. En un congreso más fragmentado –Vistalegre II– siempre es más fácil diluir responsabilidades, pero la pregunta que nunca se ha planteado con honestidad en la discusión pública es en qué nos equivocamos juntos. Una autocrítica, que no sea simple propósito de enmienda, debe servir para plantearnos cómo ampliar los límites de lo posible hoy. Porque, sin lugar a dudas, las guerras internas han sido uno de las causas centrales en la pérdida de credibilidad del proyecto.

Uno de los errores más graves de la máquina guerra electoral es establecer un exterior y un interior del partido, que funcionarían como compartimentos estancos, y sacrificar la pluralidad, el debate y la posibilidad de imaginar nuevas formas de relaciones humanas e institucionales con objetivo de maximizar los resultados electorales. Esta concepción llevada al absurdo se imagina un partido exitoso electoralmente con una vida interna devastada. Paradójicamente, un partido, que quiere generar vínculos comunitarios a nivel social, no solo no lo hace a nivel interno, sino que lleva al extremo las peores tendencias sociales existentes –autoritarismo, homogeneidad, desconfianza. La única manera de revertir la lógica resistencialista del momento político actual es revertir esa dinámica de culturas políticas cerradas sobre sí mismas, que buscan enemigos internos para justificarse y que presentan el exterior en exclusiva como un lugar frío y deshumanizado, mientras renuncian en el interior a imaginar nuevas formas de relacionarse fraternalmente y de organizarse institucionalmente. La reconstrucción del espacio del cambio es imprescindible ya que podrá impulsar la acción del gobierno de coalición progresista en la mejor de las direcciones.

Para que este gobierno se construya sobre apoyos firmes es importante que se avance por parte de todos y todas en la recomposición de una pluralidad del espacio del cambio ahora dividida y fragmentada. Podemos tendrá que asumir que habrá críticas y presiones a las concesiones que imponga un Ejecutivo compartido con el PSOE, pero que está en su mano que aquellas sean lo más ocasionales y constructivas y que, en ocasiones, sean también una palanca de refuerzo en su tensión con el PSOE. A quienes formamos parte de un espacio del cambio que va más allá de los partidos y las siglas, nos tocará arrimar el hombro con generosidad y apoyar a un gobierno de cuya suerte depende la de todos y todas. Pero, mientras, tendremos que trabajar para dejar atrás las máquinas de guerra y tomarnos en serio que aquello de feminizar la política implica la construcción de organizaciones, relaciones territoriales y alianzas con cuidado. Necesitamos un auténtico frente del cambio, que haga de la confederación democrática de sensibilidades políticas, organizativas, culturales, intelectuales y territoriales su arma más poderosa. Si hay un momento para aprender de los errores y poner ese aprendizaje al servicio de las oportunidades que tenemos delante hoy, ese momento es ahora.

El proceso judicial más mediático de los últimos tiempos en nuestro país, el juicio a la Manada, ha venido acompañado por masivas manifestaciones feministas en nuestra calles porque ha vuelto a demostrar que poner una denuncia puede ser la vía de entrada en un proceso en el que las víctimas pueden ser juzgadas y cuestionadas y en el que las mujeres pueden sentirse solas y desamparadas. Si han hecho falta miles de voces diciendo “yo sí te creo” es porque la justicia, una institución en la que es necesario que puedan confiar justamente los y las más vulnerables, muy a menudo está por detrás de las demandas de igualdad de nuestra sociedad. A pocos días del fallo del Tribunal Supremo, conocemos el informe del observatorio contra la violencia de género del Poder Judicial y muchos de los medios que se hacen eco de los datos llaman la atención sobre uno: de las mil mujeres asesinadas por violencia machista desde 2003 la mayoría, hasta un ochenta por ciento, no había puesto una denuncia.

A pesar de que parece que gran parte de la opinión pública comprendió el malestar que un caso como el de la Manada generaba para las mujeres, a pesar de que parte de nuestra sociedad entendió que, si la justicia desconfía de las mujeres, las mujeres están abocadas a no poder confiar en la justicia, la lectura de la falta de denuncias viene seguida de un automático mensaje dirigido hacia las mujeres, un mensaje que hace descansar en ellas la solución. “El silencio de la víctima es un factor de riesgo para la vida de las mujeres”, “el Poder Judicial hace un llamamiento a las mujeres para que denuncien” porque esta es “la única llave que abre la puerta de la esperanza”. Mientras la presidenta del observatorio afirma que las mujeres “tienen que saber que hay muchísimas personas que están ahí para que puedan salir de ese círculo de la violencia”, Susana Griso manda este mismo mensaje en la campaña de Antena 3: “la denuncia te ayuda a escapar de tu maltratador”.

Quince años después de que esté en vigor la ley contra la violencia de género del 2004 sabemos cuánto hemos avanzado y lo necesario que es que exista una justicia especializada y una vía judicial para las mujeres. Ahora bien, quince años después de la existencia de una ley, también nos toca pensar cuáles han sido sus fallos y sus insuficiencias y cuántas cosas no han funcionado y toca replantear. Resulta cuanto menos sorprendente que ante el dato de que el ochenta por ciento de las mujeres no ponga una denuncia contra su agresor nos dediquemos única y exclusivamente a contarles que tienen que poner una denuncia y a informarles de que existe esa posibilidad. (¿Tras quince años no lo saben?) en vez de parar un momento, mirarnos y preguntarnos ¿por qué las mujeres no denuncian?

Entre los muchos prejuicios que tiene que combatir el feminismo está el paternalismo con el que a menudo la sociedad y las instituciones tratan a las mujeres. Creer que no nos hace falta conocer los motivos que llevan a las mujeres a preferir racionalmente no poner una denuncia en vez de ponerla es infantilizarlas. Y el caso es que hacemos eso una y otra vez, seguimos dirigiendo siempre a ellas el mensaje y la responsabilidad de salir de una situación de la que -les decimos que- salir es tan fácil como poner una denuncia. ¿Pero es la denuncia la solución útil para todas ellas? ¿Van a encontrar ayuda una vez tomen una decisión irreversible? ¿Les estamos prometiendo algo que estamos en disposición de cumplir?

Las respuestas a estas preguntas son las que permiten entender qué tareas políticas tenemos por delante para poder atender las múltiples situaciones que invisibilizamos cada vez que repetimos que la solución descansa en concienciarlas a ellas. En Madrid, por ejemplo, tras décadas de recortes llevados a cabo por los gobiernos del Partido Popular, los jueces no cuentan con informes expertos llevados a cabo por personal multidisciplinar cualificado que les ayude a medir las situaciones de riesgo en las que se encuentran las mujeres. El resultado es que una de cada dos mujeres que va a pedir una orden de protección, se vuelva a casa sin ella. Es decir, que muchas mujeres quedan más expuestas aun al riesgo sobre su vida cuando ya han dado el paso irreversible de denunciar a su maltratador. Todas esas voces que animan a la denuncia, ¿se han planteado en qué situación se quedan las mujeres tras denunciar?

Podemos hablar de otros casos. Según la Federación de Mujeres en el ámbito rural, AMFAR, si tomamos en cuenta que en las zonas rurales vive el 20% de la población española, la incidencia de la violencia machista es hasta cuatro veces superior que la que se registra en en entornos urbanos. Todas esas mujeres tienen menor acceso a los escasos recursos de asistencia y protección, teniendo que desplazarse muchos kilómetros para, simplemente, recibir un asesoramiento que debe ser de cercanía y proximidad porque debe ser confidencial para no ponerlas en riesgo. Esas mujeres, son víctimas no ya sólo de su maltratador, sino de un contexto y presión social que les dificulta salir de ciclos de violencia. ¿Por qué, en vez de repetirles que denuncien no pensamos como podemos ofrecerles un sistema adecuado de protección para ellas?

Los datos que da a conocer el poder judicial señalan que la mayoría de las asesinadas eran madres. Y quizás, solo quizás, no tener garantizada una vivienda o el miedo a que la violencia se siga produciendo con sus hijos e hijas a través de las visitas o que el estado entienda que con 426 euros de la renta activa de inserción es suficiente para mantener una familia sea un freno para las mujeres a la hora de interponer denuncia. Desde el 2015 los menores son considerados víctimas directas de la violencia, pero lo cierto es que los recursos y ayudas para los niños y las niñas no llegan, las pensiones de alimentos no se pagan, los servicios de atención psicológica a menores y puntos de encuentro familiar y equipos psicosociales de los juzgados están desbordados. ¿Por qué, en lugar de decirles que existe la vía judicial no nos preguntamos si las mujeres con hijos e hijas a cargo tienen garantizada condiciones de vida digna tras interponer una denuncia?

La violencia machista debe ser denunciada, la violencia no puede quedar impune. Ahora bien, el derecho penal no va solucionar este problema y las mujeres no queremos solamente respuestas punitivas, queremos vivir libres y de forma digna. Es un mensaje muy complaciente para nosotros como sociedad pensar que ya hicimos nuestra parte, que hemos puesto en manos de las mujeres la llave para escapar a la violencia y que depende solo de ellas abrir las puertas. Pero no es cierto. Acabar con la violencia sigue siendo un camino lleno de obstáculos y pensar cómo sortearlos es una pregunta de primera importancia política que tenemos que hacernos quince años después de nuestras primeras leyes y a la luz de los datos que estos días conocemos. Una pregunta que nos interpela a todos y todas y no solo las mujeres.

Quizás no habría que esperar tanto del líder más esperado, porque la escucha y la modestia suelen ser cualidades que descansan en las más inesperadas

Las virtudes no solo van a ser puestas en práctica por un hombre tullido, sino también por Sansa, que además de una mujer es, como la mayoría de las lideresas femeninas, una buena dirigente

Juego de Tronos ha terminado, y lo ha hecho con polémica (feminista), como polémicas han sido algunas de sus aportaciones durante todos estos años a la hora de tratar cuestiones políticas de primer orden. Más allá del final concreto de la serie y de las conclusiones que de él se puedan sacar -el triunfo de la reforma del régimen político de Poniente, y la transición hacia una monarquía electiva, frente a la revolución-, y más allá de la presencia de elementos en las últimas temporadas que hacían de la serie algo menos “política”, Juego de Tronos ha sido casi un manual de instrucciones sobre el poder, que ha mostrado de manera maravillosa esos grises en los que se mueve la política. En las últimas temporadas ha ido ganando espacio la amenaza mágica civilizatoria de los Caminantes Blancos e introducir el elemento sobrenatural ayuda a suspender el juego de la política “puramente” humano. Así mismo, el espectáculo bélico ha cobrado protagonismo en detrimento de un mejor desarrollo de la vida interna de los personajes. Aun con eso la serie ha mantenido constante una mirada cruda y realista, desnuda, sobre la política o, mejor dicho, sobre lo político, situando el conflicto y el juego de poder como piedra de toque de todo pretendido orden social. 

Juego de Tronos ha sabido hablarnos del poder y de sus diferentes facetas, como la coacción y la fuerza. “El poder es poder” le dice Cersei rodeada de sus guardias a Petyr Baelish, ante sus amenazas veladas de destapar la relación incestuosa que mantiene con su hermano. Y es que “el poder es poder” gana a “la información es poder”, por mucho que les pese a quienes se ven forzados a hacer política de manera subrepticia. ¿Pero no es acaso eso una invitación a utilizar todas las posibilidades a nuestro alcance, aunque sean algo “heréticas”, para compensar las desigualdades de las que partimos? 

También nos ha enseñado que el poder es una sombra, es decir, nos ha contado la importancia de la legitimidad en política. ¿Por qué es el Rey el que decide quién vive y quién muere y no el mercenario de baja cuna que blande la espada y ejecuta en su nombre? “El poder reside donde los hombres creen que reside. Es un truco, una sombra en la pared”. Y, por tanto, una relación y no una esencia, le faltó decir a Lord Varys, en aquella memorable conversación con Tyrion Lannister.

Pero además, Juego de Tronos es una serie que nos ha puesto un espejo político a nosotros y nosotras mismas, a quienes nos interesa la política y a quienes hacemos política y ponemos en juego nuestras identidades para ello. La octava temporada ha tenido un alto contenido de debate feminista como consecuencia de diferentes razones. Dos mujeres poderosas se disputaban el Trono de Hierro y tanto Cersei como Daenerys han acabado siendo ejemplos de quienes no deben gobernar mientras un hombre ha terminado ocupando ese lugar. El giro del personaje de Daenerys en la última temporada ha sido especialmente criticado: había depositadas en ella muchas esperanzas de que una mujer poderosa encarnara el papel de reina que gobierna con justicia para todos. 

Sin embargo, conviene rescatar algunas razones importantes para defender una lectura feminista de Juego de Tronos. En primer lugar, describe, y describe bien, un mundo en el que el poder está desigualmente repartido. Algunos, los hombres, detentan el poder o aspiran a él por cauces legítimos preestablecidos; lo heredan o hacen la guerra para conquistarlo. Otros sujetos -los bastardos, los enanos, los eunucos y las mujeres- lo tienen más difícil en una partida en la que salen a jugar con graves desventajas. Juego de Tronos describe bien la desigualdad de género, es decir, no se olvida de ella. 

En segundo lugar, y una vez que los personajes están colocados en diferentes casillas en función de sus privilegios desiguales, todos ellos tratan de sobrevivir con las herramientas de las que disponen. Algunos tienen títulos, ejércitos a sus órdenes o líneas genealógicas a su favor. Otras tienen que esforzarse el triple, para ser caballero como Brienne de Tarth o para aspirar al trono como Yara Greyjoy. Algunas pelean sin descanso para ganarse el derecho de no ser una dama, como Arya, pero otras, como Margaery, como Cersei o como la propia Sansa, aprenden a usar las herramientas que tienen al alcance las damas. Este punto es importante en la serie: quienes han sido excluidos de los canales normales por los que circula el poder tratan de conseguirlo a través de canales alternativos, indirectos y a veces secretos. Las estrategias de seducción de algunas mujeres forman parte de esos métodos de supervivencia que tan rápidamente tendemos a juzgar en aras de métodos más nobles que, sin embargo, están al alcance de los hombres. Una serie como Juego de Tronos, que no solo convierte a princesitas en guerreras como Arya, sino también en damas astutas y empoderadas, juzga poco a las mujeres o, digamos, no es cómplice de una estigmatización de la seducción y el engaño femeninos que siempre le es funcional a un orden en el que son los hombres quienes menos necesitan utilizarlos. 

En tercer lugar y, en relación con lo anterior, Juego de Tronos no es una serie entregada solamente a los personajes buenos y es, también, como no, una serie en la que hay muchas mujeres malas. Pero es que las mujeres, y éste es en parte el problema de la figura de Daenerys, no pueden ser un refugio moral para la política. Es la política que hagan virtuosamente las mujeres la que puede resultar una brújula para orientarnos, pero nunca una premisa de la que partir. El fundamento de la necesidad de la igualdad no es la bondad innata de las mujeres, es la igualdad en sí misma, con todas sus consecuencias. 

Frente a las exigencias de que las mujeres demuestren siempre su virtud y su bondad para ganarse así el derecho de entrar en la política aún hace falta defender el derecho al mal de las mujeres. Que las mujeres hagan política y la hagan mal también tiene consecuencias para la igualdad, porque cambia el escenario mismo en el que se hace política. Daenerys, al final, ha demostrado ser igual de mala gobernante que sus predecesores hombres. Ha sido tan mala gobernante como su padre, el Rey Loco, como Robert Baratheon, que confundió vencer con gobernar, o como Joffrey, el personaje más cruel y despiadado de la serie. Porque las mujeres pueden gobernar igual de bien y de mal que los hombres y eso es una defensa profunda de la igualdad y un punto de partida para una política feminista posible que ponga en marcha escenarios emancipadores. Ese es el orden y no al revés. Porque las mujeres hacen política existe la posibilidad de una política feminista, y no porque existe una política feminista hacen política las mujeres.

Feminizar la política requiere de una llegada a la misma de las mujeres. Pero también requiere de una transformación de la política que, si bien pueden a veces encarnar las mujeres, no puede hacerse descansar mesiánicamente solo en ellas. La mesías -y Daenerys lo ha sido desde el principio- quizás no era la mejor para feminizar la política en este mundo salvaje y masculino donde impera la ley del más fuerte. Porque Juego de Tronos también nos ha hecho reflexionar sobre qué es un buen gobernante, y parece que nos ha sugerido que no lo es aquel que se piensa esencialmente destinado a ello. ¿Puede un individuo, bajo la noción de una idea trascendente como es la de una misión histórica o el destino, ser capaz de diferenciar sus deseos personales de sus decisiones políticas? ¿Puede aquél que se considera a sí mismo investido de una legitimidad esencial gobernar con justicia? ¿No es el mejor gobernante aquel que realmente no quiere ni ha esperado nunca serlo? Estas preguntas tienen consecuencias feministas. 

En primer lugar porque quienes nunca esperan ser diputadas, portavoces o presidentas son más ellas que ellos. En segundo lugar, porque traen a colación una reflexión que sigue siendo muy necesaria: las lealtades y los hiperliderazgos en política, como acabaría descubriendo Tyrion esta última temporada, pueden jugar muy malas pasadas. Es normal que a cualquiera que entra en el fuego con tres huevos y sale con tres dragones se le suba un poquito a la cabeza. Quizá la clave sea si había contrapesos suficientes para contrarrestar que se le subiera. Este final de Juego de Tronos nos ha enseñado qué es un mal gobernante describiendo a una Daenerys que no sabe escuchar y que ya no se deja aconsejar. Nos muestra, en definitiva, que el poder no debería depender exclusivamente de la voluntad de alguien. 

Y sí, es cierto que ha sido una mujer a la que todos esperábamos la que ha acabado encarnando algunos de los peores errores, pero quedémonos también con una cosa. Quizás no habría que esperar tanto del líder más esperado, porque la escucha y la modestia suelen ser cualidades que descansan en las más inesperadas. Es cierto que los vicios los ha concentrado Daenerys, pero también lo es que, aparentemente, las virtudes no solo van a ser puestas en práctica por un hombre tullido -y no por el esperable Jon Snow-, sino también por Sansa, que además de una mujer es, como la mayoría de las lideresas femeninas, una buena dirigente a la que nadie -ni siquiera ella misma- esperaba.

Decía Bertolt Brecht que de la ignorancia política, del analfabeto político, nace el menor abandonado, el asaltante y el peor de los bandidos, que es el político corrupto y el lacayo de las empresas multinacionales. Un día después de vivir una de las fechas más significativas del panorama social y político contemporáneo, este 8 de marzo de 2018, podemos afirmar sin dudas que de la ignorancia política nace la desigualdad, la brecha salarial, los techos de cristal, el acoso sexual y por supuesto, la falta de medios para combatir todos ellos.

El feminismo no es solamente una cuestión de justicia hacia las mujeres, sino una manera de pensar cómo queremos vivir todos, cómo construir una sociedad más sostenible y con más futuro por delante. Tratar la discriminación salarial, la brecha de las pensiones o la desatención de nuestros mayores y dependientes como un acontecimiento natural en el que “no hay que meterse” es, simplemente, dejar de invertir en el mañana e hipotecar el futuro de nuestra sociedad. Decían algunas portavoces de Ciudadanos que este 8 de marzo “escondía cuestiones ideológicas” y que ellas, que son feministas pero no comunistas, no iban a ir a la huelga por eso. Nosotras, ante todo, damos la bienvenida al feminismo a todas las mujeres que hace años lo denostaban o ponían en duda la gravedad penal de la violencia machista. Nada tiene más sentido que el hecho de que las mujeres, todas las mujeres, vengan de donde vengan, se sumen a defender sus derechos, porque el feminismo es inclusivo, cómplice y transversal. Pero les recordamos a esas mujeres políticas que siguen yendo varios pasos por detrás, que lo que este 8 de marzo pedimos millones de mujeres, parando durante el día y desbordando las calles de las ciudades horas después, no es ideología, es sentido común, es democracia, pero sobre todo, es futuro.

Para sumarse al feminismo y al futuro hay que defender que la atención y cuidado de nuestras personas enfermas, nuestros mayores y nuestros dependientes no acabe descansando, en última instancia, en nosotras las mujeres. Es decir, los servicios públicos necesitan menos recortes y más inversión presupuestaria. De no ser así, mientras se siga dejando a las personas a su suerte, seremos nosotras quienes, renunciando a nuestras carreras, cuidemos de otros en la invisibilidad del hogar y perdiendo por el camino nuestra independencia económica y nuestros derechos.

Sumarse al feminismo pasa también por que las escuelas infantiles sean accesibles para todas las familias. Porque mientras su precio sea tan elevado que a las mujeres nos salen las cuentas recortando nuestra jornada laboral o dejando de trabajar, estaremos obligando a muchas a elegir entre carrera profesional o maternidad. El feminismo, que quiere que cuidar y trabajar sea compatible para todos y todas, es una apuesta de futuro absolutamente necesaria en una sociedad con un envejecimiento de la población cada vez mayor.

Sumarse al feminismo es defender que haya permisos iguales e intransferibles, porque si hombres y mujeres no cuidamos en igualdad no accederemos al empleo en igualdad. Tienen que ser intransferibles, como son intransferibles las vacaciones, porque sabemos lo que ocurre si no lo son: las mujeres, que ya tienen menores perspectivas de promoción profesional por ser madres, son quienes los acumulan y de ese modo, se refuerzan sus desventajas, su discriminación y su desigualdad salarial. Mientras a las mujeres se nos siga preguntando en una entrevista de trabajo si pensamos tener hijos, seguiremos cavando la brecha salarial. ¿Tiene futuro un país en el que la maternidad está penalizada y ser madre soltera conlleva un alto riesgo de pobreza?

Este 8 de marzo una marea feminista ha pedido parar. Que pare el abuso sexual de quienes nos han acosado durante años amparados en la impunidad, que paren las violencias machistas que sufrimos todos los días dentro y fuera del hogar y que paren las ruedas de la lógica cortoplacista, de las políticas que venden nuestros servicios públicos a precio de saldo y esquilman nuestros recursos del mañana. Necesitamos más política y menos ignorancia política. Y ya hemos visto a dónde nos conducen las políticas de destrucción de nuestros servicios públicos, de privatización de la sanidad, de desmantelamiento programado de la educación y de precarización laboral. Las recetas del Partido Popular, pensadas para el corto plazo y los beneficios de algunos, no ofrecen ningún futuro para nuestro país, y los miles de pensionistas en las calles demuestran hasta qué punto esas políticas son migajas para hoy y hambre para mañana. Lo que quiere el feminismo es parar, pensar qué país queremos y construir futuro. La pregunta es si las mujeres de Ciudadanos, ahora que quieren sumarse al feminismo, querrán sumarse, junto a nosotras, al futuro.

El jueves llenamos las calles de reivindicaciones y denuncias de todo aquello que queremos parar, pero también inundamos las ciudades de celebración y alegría. Porque España fue una referencia mundial y lideró la defensa de la igualdad. Y porque a partir de ahora ya nadie puede dudar de que nuestro país no cabe en los corsés viejos y estrechos de esa idea de España de quienes nos han gobernado durante años. Hay un pueblo que quiere igualdad y el futuro de nuestro país, el de todas y todos, pasa por el feminismo.

Este año estamos en el setenta aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un texto que reconoce el derecho de todos los hombres y mujeres a tener una familia. Si miramos a nuestro país y nos preguntamos cómo de garantizado está ese derecho en España, el panorama es desolador. Al trasfondo ideológico que subyace a las políticas familiares llevadas a cabo durante décadas por el partido que nos gobierna hay que sumar lo que el Partido Popular ha hecho contra las familias en nombre de la austeridad.

La crisis ha llevado a una verdadera situación de desatención de nuestros mayores y de las personas dependientes, abocados los primeros al cuidado insuficiente que reciben en unas residencias precarias gestionadas privadamente y desatendidos los segundos por la inexistencia de una ley de dependencia dotada de recursos reales. Muchos de nuestros jóvenes han abandonado forzosamente su país y sus familias y, los que buscan su futuro aquí, se enfrentan a un mercado laboral basura que no ofrece oportunidades para la generación más preparada de la historia. ¿Puede la mayoría de las personas de treinta años decidirse hoy a tener hijos y formar una familia? La sensación generalizada es el miedo, la incertidumbre y la falta de garantías para unos jóvenes que nacimos en un estado de bienestar pero que hoy día solo tiene ante sí riesgo y ausencia de certezas.

La peor parte se la llevan, como siempre, las mujeres, penalizadas laboral y profesionalmente cuando deciden ser madres o cuando están en una edad en la que podrían serlo. A muchas mujeres de nuestro país les salen las cuentas dejando de trabajar o pasando a media jornada antes que pagar lo que cuestan las escuelas infantiles. Es decir, muchas tienen que poner a un lado o renunciar a sus carreras y sus aspiraciones si quieren ser madres y muchas otras, por no estar dispuestas a esos costes, dejan de plantearse tener hijos aunque desearían poder hacerlo.

De todos estos riesgos el mayor es el que implica ser madre soltera, es decir, ser mujer, ser madre y estar sola. Y es que estar solas parece ser una especie de castigo para aquellas mujeres que eligen libremente la maternidad apostando por un modelo diferente de familia. El Partido Popular ya ha demostrado sus predilecciones ideológicas y su negación de la diversidad familiar: en 2015 el gobierno de Rajoy excluyó del acceso a la reproducción asistida a las mujeres solas y a las mujeres lesbianas, una curiosa manera de defender la maternidad y la familia en un país donde nos dicen que el envejecimiento de la población hace ya insostenibles las pensiones.

Si las mujeres que encabezan familias monoparentales están solas no es por no contar con otro progenitor, algo que en muchas ocasiones es fruto de su elección, sino porque la administración y las leyes las abandonan a su suerte. La falta de reconocimiento y protección hacia estas familias está dando lugar a claras situaciones de discriminación con respecto a otros modelos familiares. Mientras una mujer viuda que tiene dos hijos es equiparada en cuestión de ayudas y recursos a una familia numerosa, las mujeres que tienen dos hijos como resultado de su propia elección están fuera de esas ayudas. Mientras las familias numerosas son protegidas con independencia del nivel de renta, las familias monoparentales, uno de los tipos de familia más expuestos a la pobreza, siguen sin estar reconocidas legalmente. Nos encontramos con dos problemas fundamentales: las familias monoparentales parecen invisibles para las políticas públicas y, por lo tanto, las instituciones que deberían garantizar ese derecho humano a la familia, las han abandonado.

Los hogares monoparentales multiplican por cuatro el número de hogares con familias numerosas. Siguen aumentando y podemos hablar de casi dos millones en todo el país, un número significativo para ser considerado dentro de las políticas públicas. Sus principales rasgos son dos: la mayoría de estos hogares, en torno a un 80%, está encabezado por mujeres; en segundo lugar, es habitual que cualquier análisis sobre las condiciones de vida de la población en España identifique que uno de los grupos más vulnerables es el de las familias monoparentales.

Estos diagnósticos señalan sus dificultades generalizadas para llegar a fin de mes (tres de cada cuatro familias tienen problemas a este nivel, según Save the Children) y señalan cómo estos hogares duplican el porcentaje de mujeres que o están en desempleo o trabajan en la economía sumergida. El paro de larga duración se está convirtiendo en la norma biográfica de muchas de estas mujeres, junto con los efectos de la discriminación laboral al ser mujeres y madres solas y muchas de ellas o han agotado o no tienen derecho a prestaciones sociales.

Ya hace años que las familias monoparentales decidieron enfrentar esta invisibilidad, este olvido, y lo hicieron, precisamente, dejando de estar solas. En los últimos años hemos conocido nuevas asociaciones o plataformas de defensa de derechos de las familias monoparentales o informes de diferentes entidades que han puesto negro sobre blanco las condiciones de estas familias. La labor de estos colectivos ha sido fundamental para lograr que políticos y políticas tengan que sentarse a reconocer que es imprescindible ensanchar el concepto de familia, porque, de lo contrario, una parte importantísima de la población se queda desprotegida. Porque estamos comprometidos con los derechos humanos, estamos comprometidos no con un único modelo de familia, sino con todas las familias. Y por eso presentamos una ley de reconocimiento de la familias monoparentales esta semana en la Asamblea de Madrid. Porque tenemos un compromiso con ellas.