La dejadez e inacción de los gobiernos del PP ha convertido a la Región de Murcia en el mayor casino de Europa. Más de 350 salones de juego se reparten por los 45 municipios, a razón de una media de un salón por cada 4.200 habitantes, enormemente alejados de la media de España. Especial atención merece el municipio de Abarán, con 6 salones de juego a una media de 2.160 habitantes por salón.

Nadie en el Gobierno regional parece ser consciente de que han convertido su acción política en una fábrica de generar ludópatas, especialmente entre los más jóvenes. El 8% de la población entre los 14 y 17 años tiene adicción al juego. La última encuesta sobre el uso de drogas en las enseñanzas secundarias, realizada por la Consejería de Salud entre los años 2018 y 2019, concluye que el 23% de los alumnos de entre 14 y 18 años jugaron presencialmente en salones de juego, duplicando el número de los que reconoce que juegan a diario o casi a diario con respecto a la anterior encuesta de 2016. El 45% de los que habían cumplido los 18 años reconocen que han visitado una sala de juego.

A la vista de la política del Gobierno regional, parece que este ignora los informes de su consejero de Salud. La adicción al juego ha ido creciendo exponencialmente en los últimos años, sin que los sucesivos gobiernos del PP hayan adoptado medidas. En 2011 el Grupo Parlamentario Socialista alertó de este problema y el Gobierno anunció un reglamento para prevenir la apertura de salas de juego. La realidad es que han pasado 10 años, ese reglamento sigue sin aprobarse y el número de salones se ha multiplicado por tres.

Los intentos del Grupo Parlamentario Socialista por regular el juego, a través de una ley, han fracasado por la oposición sistemática del PP y sus aliados. Lamentablemente, han preferido anteponer los intereses de las empresas del juego a defender la salud, especialmente de los más jóvenes. Es más, año tras año, presupuestan un incentivo fiscal millonario a las empresas del juego, cabría preguntarse qué tienen estas empresas que no tengan el resto de empresas de nuestra región.

Las asociaciones que trabajan en el campo de las adicciones vienen advirtiendo del incremento de personas atendidas por problemas de ludopatía. De hecho, según estas asociaciones, el número de personas atendidas por problemas de ludopatía en nuestra región se disparó en un 26% a partir del año 2018.

Ayer, precisamente ayer, mientras en la Asamblea Regional se debatía sobre este asunto, el gobierno regional aprobaba un nuevo plan para combatir las adicciones, qué casualidad. Un nuevo plan en el que, erróneamente dijo el consejero de Salud, por primera vez se recoge el tratamiento de la ludopatía. Hay que decirle al Sr. Pedreño que de poco sirven los esfuerzos en tratar y curar si no hay prevención, que no la hay. El consejero debería de poner más empeño en persuadir a sus compañeros del Consejo de Gobierno de la urgencia de una regulación del juego, que lleva 10 años de espera. Ya que, por lo que parece, los que defienden los intereses de las empresas del sector son más convincentes que él.

No puedo terminar sin agradecer el trabajo de las alumnas, alumnos, madres, padres, profesores del IES José Planes, que fueron quienes pusieron este grave problema en el debate social y político, y por supuesto a todas y todos los que trabajan para que esta lacra no acabe convirtiéndose en una nueva pandemia.

Doña Clara García de la FAPA Juan González fue quien dio titulo a este articulo cuando dijo, en su atrevida comparecencia ante las diputadas y diputados de la Asamblea Regional: “El juego se ha convertido en la heroína del siglo XXI”.

Para los socialistas murcianos el trasvase Tajo-Segura es irrenunciable. Siempre lo ha sido y seguirá siéndolo. Ningún partido, ni ningún gobierno acabará con este trasvase, sería absurdo renunciar a esta infraestructura. Pero es un error para la economía regional y el empleo obviar los efectos del cambio climático y las consecuencias que tendrá sobre el trasvase. Hace 42 años, cuando se iniciaron los trasvases del Tajo al Segura, entraban en los embalses de Entrepeñas y Buendía una media de 1.000 hectómetros cúbicos al año. En los últimos años la media se sitúa sobre los 650 hectómetros cúbicos y bajando. Llegará un momento en que no haya agua para trasvasar, ya ocurrió en el año 2017 durante 11 meses. Todos los expertos y científicos apuntan a que ese escenario se volverá a repetir, cada vez con más frecuencia.

Lo cierto y verdad es que el desafío del agua no lo hemos sabido resolver, ha faltado visión y planificación. Visión para saber aplicar el principio de escucha, diálogo y acuerdo, y planificación hidrológica, en el corto, medio y largo plazo, que nos habrían permitido afrontar y resolver con solvencia nuestras necesidades hídricas. La guerra partidaria del agua ha sido tan absurda como innecesaria, perjudicando a los agricultores y a los intereses económicos de la Región de Murcia. No estamos mejor que estábamos hace 26 años, todo lo contrario.

El 2 de junio de 2018 se firmó el Pacto Regional del Agua, un instrumento necesario para la planificación en las competencias regionales y reivindicar un pacto nacional. Muchos confiamos en que la firma de ese pacto no se limitara a un mero acto de oportunidad política, sino que fuese útil para afrontar los desafíos del futuro. Lamentablemente no ha sido así. Después de tres años, el Gobierno regional, ni ha evaluado su cumplimiento, ni ha convocado a los partidos para hacer un seguimiento, a pesar de que lo hemos pedido con reiteración.

El PP ha utilizado el agua como una herramienta electoral, ellos siempre han preferido hacer política con el agua, en vez de política de agua. Por eso, ni ha habido, ni hay planificación. Para los socialistas murcianos el agua es un desafío que debe estar al margen del tacticismo y estrategia partidista, es un elemento esencial para dar solidez a nuestra economía y empleo. Por ello, desde hace meses, trabajamos en una planificación hidrológica que resuelva este desafío para siempre. En un mix hidrológico que integre los recursos propios de la cuenca, la depuración de las aguas residuales, la desalación y el trasvase Tajo-Segura, a un precio que esté en entorno de los 30 céntimos de euros el metro cúbico.

Para el sostenimiento del regadío de la cuenca del Segura asociado al trasvase necesitamos del entorno de los 280 hectómetros cúbicos anuales. El objetivo es asegurar ese caudal para siempre, con independencia de la situación en la que se encuentren los embalses de Entrepeñas y Buendia, conectando la desaladora de Torrevieja con las infraestructuras del trasvase y abaratar la producción de agua desalada con la incorporación de energías fotovoltaicas.

No es verdad, como afirma el Gobierno de Castilla-La Mancha, que el Tribunal Supremo haya ordenado subir el caudal ecológico del río Tajo. Lo que ha dicho el alto tribunal es que hay que establecer estos caudales en el Plan Hidrológico del Tajo, que no existen por la negligencia del Gobierno de Rajoy. Por tanto, los socialistas murcianos no vamos a consentir que suban estos caudales a su paso por Aranjuez de los 6 metros cúbicos por segundo a los 8,5. Ni está justificado, ni es admisible para una economía como la nuestra, con una alta dependencia del sector agroalimentario. Por otra parte, ya que hablamos de caudales ecológicos del río Tajo, es necesario que el presidente regional reclame a la señora Ayuso que depure las aguas residuales de Madrid, ya que este es uno de los graves problemas ecológicos de este río.

El Partido Popular y la ultraderecha intentan apoderarse de uno de los símbolos de la democracia: la libertad. Lo hacen en la Región de Murcia apelando a la libertad en discursos vacíos de contenidos. También en la Comunidad de Madrid, donde utilizan como lema de campaña la libertad.

No tengo ninguna duda de que para el Partido Popular y la ultraderecha, libertad es sinónimo de privilegios y amiguismo, porque esa es la política que practican.

Para ellos, la libertad consiste en desmontar los servicios públicos en favor de intereses privados; hacer leyes para favorecer a los amiguetes; anteponer los intereses económicos de unos pocos a la protección de la naturaleza; bajar impuestos a las rentas altas o mantenerse en el poder a toda costa. La progresiva privatización de la educación, la desviación de recursos hacia la sanidad privada, leyes que se hacen al dictado de determinados colectivos que solo representan a una pequeña parte de la sociedad, la situación del Mar Menor, las bonificaciones a las tasas del juego, las rebajas de impuestos que restan recursos públicos para mantener servicios esenciales o el todo vale para mantener el poder, son buen ejemplo de lo que digo.

Cuando hablan de libertad, se refieren al privilegio de unos pocos, los suyos. Una libertad que se cimienta sobre el sufrimiento de miles y miles de hombres y mujeres. Obvian que no hay libertad sin derechos, que los derechos son la base de la libertad individual y la convivencia democrática. Una sociedad no es libre si todos no somos iguales y tenemos las mismas oportunidades.

¿Cómo se puede presumir de libertad en una sociedad en la que uno de cada tres de sus individuos vive en riesgo de exclusión? ¿No les da vergüenza? No es libre quien no tiene trabajo o lo tiene en condiciones de precariedad, quien no tiene vivienda o no puede pagar la luz, el agua o el gas, quienes no llegan a fin de mes, quienes tienen que recurrir a las colas del hambre, los mayores que llevan meses y años esperando entrar en el sistema de la dependencia, a quien se le priva de una educación en la diversidad, quien tiene que esperar meses para que le operen o le vea un especialista, o quien respira un aire contaminado. En fin, sería interminable relatar todos los derechos de los que nos privan quienes hablan de libertad.

No puedo olvidarme de lo ocurrido en la Región de Murcia en las últimas semanas, porque eso también tiene que ver con la libertad ¿Cómo el presidente regional presume de libertad cuando él y su partido han comprado el poder, secuestrando la Asamblea Regional y fomentado el transfuguismo? La compra de votos de diputadas y diputados ha alterado lo que votó la ciudadanía, más de 140.000 hombres y mujeres ya no están representados en el parlamento regional.

El Partido Popular y la ultraderecha pretenden convertir la libertad en un producto en venta, por eso utilizan la mercadotecnia política con mensajes simplistas. La libertad es algo mucho más complejo. Es una aspiración colectiva por la que hay que trabajar todos los días, porque una sociedad no es libre, si no lo son sus individuos.

Por mucho que Fernando López Miras intente vender a los cuatro vientos normalidad, lo ocurrido en las últimas semanas tiene un profundo tufo de anormalidad. Por mucha pasta que ponga para transmitir que todo funciona con normalidad, no puede transformar en normal lo que por naturaleza es anormal.

¿Es normal un gobierno regional plagado de tránsfugas? Así han considerado todos los partidos, con la excepción del PP, a las consejeras y consejeros expulsados de Ciudadanos. Como tampoco es normal un gobierno que incorpora, por primera vez en España, a la ultraderecha para administrar las competencias autonómicas en materia de educación y cultura.

El transfuguismo es una adulteración de nuestra democracia, de la representación política de la ciudadanía. Es un modo de corrupción política, de corromper el funcionamiento de las instituciones, el voto de la ciudadanía.

¿Qué es corrupción? Corrupción es la acción y efecto de corromper, es decir, es el proceso de quebrar deliberadamente el orden del sistema, tanto ética como funcionalmente, para beneficio personal. Exactamente lo que ha pasado con las diputadas y el diputado electo por la candidatura de Ciudadanos a los que Fernando López Miras ha hecho consejeras y consejero, esta es la parte conocida del acuerdo, a cambio de tumbar la moción de censura que presentó el partido por el que fueron elegidos y desdecirse de lo que habían firmado 48 horas antes. Decía mi padre, un hombre muy humilde pero sabio, que sabré si una persona es buena porque cumple sus compromisos. Si sigo este consejo tengo que concluir que Franco, Miguélez y Álvarez, ni tan siquiera son buenas personas.

¿Es normal que estas diputadas y diputados, incluido el cuarto consejero tránsfuga, ostenten las competencias en materia de transparencia, cuando la antítesis de la transparenciaes la corrupción política? ¿Con qué autoridad van a exigir y defender la transparencia en nuestra región, cuando ellas y ellos han apostado por la corrupción política, alterando la voluntad de los miles de vecinos y vecinas que les votaron?

¿Es normal un gobierno regional ilegítimo? Soy consciente de la gravedad de lo que digo, deslegitimar a un gobierno en democracia es una acusación mayor. Pero, precisamente por mis convicciones democráticas, no considero legítimo a un gobierno integrado por diputadas y diputados que traicionan a la ciudadanía para conseguir cargos de consejeras y consejeros.

No, no, presidente, el suyo, el Gobierno regional, no se puede instalar en la normalidad democrática, sería un error permitirlo, porque es un gobierno ilegítimo y corrompido por la incorporación de tránsfugas, y porque es el primer gobierno regional con presencia de la ultraderecha.

Que nadie se engañe, lo que digo no es consecuencia de una rabieta. El PSOE, el partido en el que milito, lleva a sus espaldas 142 años de lucha en defensa de la democracia y el que escribe más de 50 años. No nos vamos a callar, no nos harán cómplices con nuestro silencio, no olvidamos lo pasado, noconsentiremos que se deteriore lo que tanto costo conseguir, no vamos a permitir que normalicen el mayor atentando contra la democracia en nuestra Región.

Lo ocurrido tras la presentación de la moción de censura en la Región es de una gravedad extrema. Nuestra democracia se sustenta en un sistema representativo que la Constitución Española otorga a los partidos políticos. Por mi parte, sería absurdo y tramposo pensar que soy diputado en la Asamblea Regional porque los electores me han votado, cuando a quien votaron fue al PSOE.

Si tenemos claro esto, empezaremos a entender la gravedad de lo que está pasando. Isabel Franco, Francisco Álvarez y Valle Miguélez se están otorgando una representación y un mandato que no tienen, que nunca tuvieron porque a quien votaron los electores fue a su partido, Ciudadanos. Por tanto, no es a ellos, sino a su partido, a quien le compete tomar decisiones de este calado.

No es la primera vez que esto ocurre, pasó con el 'tamayazo' en la Comunidad de Madrid y en otras ocasiones que no han tenido tanta repercusión mediática. Por ese motivo, para evitarlo, todos los partidos políticos firmaron un pacto contra el transfuguismo. Pacto que, en su tercera edición, se firmó el pasado mes de noviembre. En ese documento queda claro que aquel cargo institucional que cambie de partido con el que fue elegido o altere la voluntad del partido que lo eligió será considerado tránsfuga. Que Franco, Álvarez, Miguélez, López Miras o García Egea digan que los tránsfugas son los otros es un insulto a la inteligencia de la ciudadanía.

La sinvergonzonería de estos personajes no se queda en eso. Ellas y él fueron consultados por su partido, aceptando y firmando la moción de censura. ¿Qué credibilidad tiene quien no respeta ni su firma? ¿Cómo pueden representar estos personajillos a un millón y medio de murcianas y murcianos si no cumplen lo que firman? Es más, ¿qué fiabilidad tiene quien da el visto bueno y firma una moción de censura y a los cinco minutos está llamado a quien se pretende censurar para advertirle? ¿Cómo calificarlos? Sinvergüenzas, caraduras, traidores.

El Pacto Antitransfuguismo califica el transfuguismo como una forma de corrupción y práctica antidemocrática. Lo acordó y firmó, entre otros, el Partido Popular en noviembre, y solo unos meses después hace justo lo contrario de lo que firma. Es más, se presenta en la Región el señor Casado a darle la bendición a esta maniobra de su partido. ¿Qué ha cambiado desde noviembre? Casado no tiene ninguna credibilidad al referirse a las prácticas corruptas del PP como algo del pasado, cuando acaba de comprar el voto de diputados tránsfugas a cambio de hacerlos consejeros y consejeras en el Gobierno de López Miras. Eso es corrupción.

Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, los juzgados de nuestra Región están entre los que más casos de corrupción instruyen. Si nuestra imagen ya estaba manchada por los sucesivos gobiernos del PP, el colofón ha llegado de la mano de López Miras y García Egea comprando votos y, si faltaba algo, con la bendición de Casado.

¿Es esta la Región que queremos?

El Consejo General de Economistas y la Cámara de Comercio de España han publicado un estudio sobre la evolución económica, social y empresarial de las comunidades autónomas en el periodo 1974-2020. Por cierto, estudio dirigido por el que fuera consejero de Hacienda del Gobierno regional de Murcia, Salvador Marín.

No tardó ni cinco minutos el consejero de Hacienda, Javier Celdrán, en agarrarse al estudio para decirnos que nuestra Región es en la que más ha crecido el Producto Interior Bruto (PIB), a una media del 2,93% anual. No explicó que ese crecimiento está vinculado a un incremento de la población del 70,25% desde el año 1975, al igual que ocurre con las comunidades autónomas de Baleares y Canarias.

Para ser objetivos hay que analizar el incremento de la riqueza (PIB) en relación a la población. El estudio nos asigna un crecimiento medio de la renta por habitante del 1,72% anual, pasando a ocupar el puesto 9 de 17. Lo que más debe preocuparnos es que la media del incremento de la riqueza por habitante en España ha crecido el 1,75%, lo que significa que en estos 45 años en vez de converger con el resto de comunidades nos seguimos distanciando. De media somos un poco más pobres o menos ricos que el resto de españoles.

Este no es el único dato negativo, hay otros. El sector que más peso pierde en este periodo es el industrial, el que genera el empleo de más calidad. La productividad por empleado crece menos que la media, el crecimiento de la productividad por hora trabajada es el más bajo del país, la deuda de nuestra comunidad es la cuarta que más crece, el gasto público en educación a penas ha crecido ( del 0,11% del PIB nacional en el año 2000 ha pasado al 0,12% en el año 2018), somos la cuarta comunidad que menos gasta por alumno universitario, el gasto en I+D+i de nuestro sector empresarial se sitúa muy por debajo de la media, ocupamos el puesto 176 de 238 regiones europeas en el ranking de innovación.

En definitiva, escarbando en los datos, no estamos para tirar cohetes. Este estudio reafirma lo que ya sabíamos, que tenemos una economía precaria, vulnerable, poco resiliente y sin una base solida para el crecimiento sostenible. Los fondos europeos que recibirá nuestra Región, deben servir para cambiar el modelo económico y social. Las políticas que se están aplicando están obsoletas.  Estamos ante una oportunidad para decidir nuestro futuro, para cambiar de escenario y pasar pagina.

Necesitamos nuevas políticas basadas en tres ejes, el reforzamiento del sistema sociosanitario, el impulso al sistema educativo como motor del cambio y la reforma del modelo económico y social. Y, por supuesto, un Gobierno regional que lidere los cambios, que dé la cara y deje de esconderse detrás del Gobierno de España.

La ciencia ha dejado sin espacio a los negacionistas del cambio climático. “Me equivoqué”, reconoció recientemente Mariano Rajoy. Sin embargo, durante estos cuatro años de legislatura el calentamiento de la atmósfera no ha figurado en ningún momento entre sus prioridades. El Ministerio de Medio Ambiente, en su informe 'Cambio climático en las costas españolas' de 2014, calcula que en el año 2040 las playas del Mediterráneo, entre las que se encuentran las de nuestra Región, habrán retrocedido 1,5 metros y la temperatura crecerá en el año 2100 entre 1,3º y 3,4º C.

Cuando hablamos de este tema, no lo hacemos de cuestiones menores: se trata de sequias, pérdidas de cultivos, hambre y grandes movimientos migratorios como consecuencia del clima. Dos de los organismos meteorológicos internacionales más importantes alertan de que el planeta ha entrado en un territorio climático desconocido, ya que la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera sigue creciendo y en el año 2014 ha marcado un nuevo récord.

Para que el cambio climático sea manejable, los científicos han fijado como tope que la temperatura del planeta no aumente a finales de siglo por encima de los 2º C. respecto a los niveles preindustriales. Los compromisos alcanzados en la cumbre harían que en el año 2100 la temperatura creciera, según los datos que maneja la ONU, unos 3º C. El dióxido de carbono (CO2), desde la era preindustrial ha crecido un 143% y la temperatura del planeta habrá crecido a finales del presente año en 1,02º C. respecto a la registrada entre los años 1850 y 1900.

Por fin, los principales líderes del mundo, desde el presidente de EEUU Barack Obama hasta el Papa Francisco, reconocen que estamos ante un problema muy grave. Para llegar a este convencimiento, hemos dado lugar a quedarnos sin margen para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero, si queremos tener un incremento de las temperaturas en niveles razonables. De hecho ya hemos cruzado líneas rojas que no podremos recuperar.

El gran reto que se nos ofrece es avanzar hacia una economía más social y baja en carbono. París será el punto de partida para la revolución energética. Inevitablemente habrá un proceso de transformación energético con ganadores y perdedores, en el que España tiene que elegir si quiere estar en el grupo de los perdedores o dar un paso firme y decidido en la lucha contra el cambio climático. España y la Región de Murcia tienen que aprovechar el impulso de la Cumbre de Paris para establecer el tránsito de un modelo agotado de energías fósiles-nuclear, a un nuevo modelo de energía limpia renovable.

El Gobierno de España, el actual, no parece estar muy decidido a dar este paso. La mejor prueba de ello fue la aprobación el 9 de octubre del RD 900/2015 que regula la producción de energía fotovoltaica para autoconsumo, en el que se mantiene el llamado “impuesto al sol” y además no se contempla el “balance neto”. Se trata de la regulación del autoconsumo más restrictiva de las existentes en el mundo. En definitiva, lo que ha hecho el gobierno de Rajoy es poner todas las trabas e impedimentos al desarrollo de las energías renovables en general y la fotovoltaica en especial.

Por su parte, el Gobierno de la Región de Murcia y el PP tampoco lo hacen. Cada vez que hemos tratado en la Asamblea Regional temas que han tenido que ver con la transformación del modelo energético para luchar contra el cambio climático, el Grupo Parlamentario Popular no ha estado. No lo estuvo cuando pedimos al Gobierno de España que retirara el borrador de Real Decreto de autoconsumo, ni cuando, una vez aprobado, hemos pedido su derogación, o cuando tratamos sobre el 'fracking'; no han estado ni los diputados ni los senadores de este partido, encabezados por Teodoro García, cuando en el Congreso o Senado se han tratado estos asuntos.

En el PSOE tenemos muy claro que la lucha contra el cambio climático no puede estar supeditada a determinados intereses. También que para hacerlo es urgente cambiar el modelo energético a través de dos pilares: las energías renovables y la eficiencia energética. Por eso hemos impulsado una Ley, para su tramitación en el Congreso de los Diputados, para regular el desarrollo de las energías renovables para el autoconsumo.

Se trata de incentivar que las familias y las PYMES tengan todas las facilidades para producir la energía que necesitan para su consumo e intercambiarla de forma flexible con su comercializador, sin ningún tipo de impuesto. Con esta ley, si es aprobada por el Congreso de los Diputados, estaremos consiguiendo acabar con el oligopolio de las eléctricas, bajar el precio de la electricidad, desarrollar una industria de energías renovables que generará miles de empleos, reducir nuestra dependencia energética del exterior y luchar de forma decidida contra el cambio climático.

Los socialistas murcianos nos sentimos muy orgullosos de impulsar, desde la Asamblea Regional, la Ley que marcará el paso que España seguirá para cambiar el modelo energético y la lucha contra el cambio climático.

No es posible definir una economía eficiente y sostenible sin un nuevo modelo energético basado en energías limpias y renovables y la eficiencia energética. Para ello se necesita firmeza para desprenderse de determinados intereses, liberalizar el mercado de la energía a través del autoconsumo con balance neto sin impuestos, inversión para consumir la energía de forma más eficiente y cambiar los hábitos de consumo de los ciudadanos, y una lucha decidida contra el cambio climático.

La Región de Murcia tiene un enorme potencial en la producción y la industria de energía fotovoltaica, transformarlo en riqueza y puestos de trabajo estables y de calidad requiere solo de la decisión política, que no veo en el Gobierno regional. Para nada sirve decir lo que desea oír el sector, dejar pasar el tiempo y hacer en Madrid lo contrario de lo que se dice. Tristemente esta es la realidad, mucho más allá de una apuesta por el sol.

Necesitamos una ordenación del territorio sostenible como instrumento que responda a una economía que beneficie de forma incluyente a todas las murcianas y murcianos, y no a determinados intereses. La forma de aprobar la Ley del Suelo demuestra la voluntad del Gobierno de la Región de persistir en los errores del pasado al impulsar sin consenso político y social un modelo especulativo e insostenible con el territorio. Es necesario revisar la Ley de Suelo de principio a fin, realizar una ordenación del territorio supramunicipal y desarrollar las directrices de ordenación territorio, para poner el suelo al servicio de un nuevo modelo económico sostenible y eficiente.

Para dar estabilidad a nuestra economía y crear empleo de calidad hay que incrementar la aportación de la industria al PIB por encima del 20 por ciento. Para ello hay que iniciar un Plan de Re-Industrialización Inteligente. Por supuesto hay que elaborarlo escuchando a las élites empresariales, pero fundamentalmente a las bases del sector. Este Plan se tiene que apoyar en dos pilares, en la estructura productiva de la Región y en la potencialidad de nuestros recursos naturales. Para hacerlo se requiere una planificación a medio y largo plazo y una estrategia para reorientar las costumbres y los hábitos de trabajo.

Los objetivos de una reindustrialización inteligente han de ser: dar estabilidad y calidad a la economía murciana; garantizar una salida de la crisis justa que reparta la riqueza; y hacernos menos dependientes de otros sectores mucho más frágiles.

Los ejes de la reindustrialización inteligente tienen que ser la lucha contra la economía sumergida (que supone casi el 30% del PIB), la financiación, la participación de los sectores implicados, la innovación, digitalización y automatización en los procesos para mejorar la productividad, la calidad en los productos y los servicios y la internacionalización.

El Gobierno regional y el PP tienen que dejar de utilizar las infraestructuras básicas de manera torticera o como herramienta para mejorar la marca PP. Las infraestructuras son imprescindibles para impulsar una economía eficiente y sostenible. Es urgente un Pacto del Parlamento Regional o de los partidos políticos para unificar criterios y esfuerzos en la llegada del AVE a Murcia, Cartagena y Lorca, el Corredor Mediterráneo, la Variante de Camarillas, la mejora de las cercanías, la apertura del aeropuerto de Corvera, la ubicación de la terminal de contenedores en el puerto de Cartagena, la regeneración de la Bahía de Pormán y el Mar Menor, la consolidación de la red de puertos deportivos, la terminación de la red de autovías pendientes y el mantenimiento de la red secundaria de carreteras.

Agricultura y ganadería es el sector que mejor ha soportado la crisis, en el año 2014 creció un 7 por ciento en valor interanual del PIB, el que más, y en el año 2015 el empleo en agricultura crece a un ritmo del 6%, el que más. Posiblemente estos magníficos datos se deben a que es el sector que más ha trabajado en los últimos años en innovación, calidad, servicio e internacionalización.

El esfuerzo y crecimiento del sector agrícola y ganadero es inversamente proporcional al apoyo e inversiones de la administración regional , ya que durante los últimos años las ayudas a la modernización, innovación o internacionalización han ido decreciendo año tras año. El buen resultado se debe solo a la aportación de las organizaciones agrarias, las empresas, cooperativas y los trabajadores.

Además, el sector agrícola y ganadero está impulsando una industria autóctona agroalimentaria y ganadera muy competitiva que genera empleo directo y una buena oportunidad para desarrollar una industria auxiliar en procesos de automatización y digitalización.

Considero imprescindible un Plan Estratégico de la Agricultura y Ganadería que aglutine el esfuerzo de todos los actores del sector y la Administración regional. Un Plan de largo recorrido, con un estrategia que debe estar consensuada entre los partidos políticos y las organizaciones agrarias y profesionales.

La Región de Murcia tiene una variedad y potencialidad de recursos turísticos que no están siendo bien utilizados en beneficio de la economía. La oferta esta disgregada e inconexa, no existe un producto atractivo más allá del sol y playa, por cierto poco competitivo en calidad con otras ofertas.

El objetivo debe ser aumentar la aportación del turismo a la riqueza regional a través de mejorar la estacionalidad del sector, y para ello se ha de desarrollar una estrategia para mejorar la calidad del producto de sol y playa, y fomentar la oferta turística de interior, gastronómica, enológica, cultural, deportiva, de congresos y ferias y medioambiental, de manera que puedan combinarse para ofrecer al turista un producto muy atractivo, competitivo y de calidad.

Volvemos a lo que dijimos de la ordenación del territorio como base para el desarrollo de una economía eficiente y sostenible. El turismo más productivo necesita de una oferta de calidad que sea muy respetuosa con los recursos naturales. El turista que más gasta huye de destinos masificados, irrespetuosos con el medio ambiente y una ordenación territorial especulativa.

Debe existir un eje transversal en el desarrollo del turismo en el que la Consejería de Fomento ha de tener una papel importante. El Gobierno regional no tiene credibilidad en sus propuestas sobre calidad y sostenibilidad en el sector turístico , mientras que aprueba y consiente desarrollos turísticos como el de Camposol en Mazarrón, en donde tienen vivienda, desde hace 20 años, más de 4.000 turistas británicos en unas condiciones tercermundistas.

La lucha para erradicar y prevenir la corrupción tiene que ser implacable. El impacto de la corrupción sobre la economía es incuestionable porque mina la imagen de la Región de Murcia, espanta a los inversores, merma la confianza de los mercados y genera inestabilidad política. El Ejecutivo autonómico, paralizado por el miedo, genera dudas sobre su política económica y las reformas que necesita nuestra región, lo que causa desconcierto en los ciudadanos, los mercados y los inversores.

El Gobierno regional está hipotecado para luchar contra la erradicación de la corrupción que generó el modelo económico que implantaron sus antecesores y se ha desarrollado en estos últimos 20 años. Las hipotecas del pasado le impiden limpiar a nuestra región de corruptos e implantar medidas eficaces para prevenir nuevos casos.

Coincido plenamente con el consejero de Economía, Turismo y Empleo en que hay que cambiar el modelo productivo de la Región de Murcia, en donde discrepo es en la forma y la capacidad de hacerlo de un gobierno preso de sus circunstancias e hipotecado por su pasado. En mi opinión el primer paso para cambiar el modelo productivo y evolucionar hacia una economía eficiente y sostenible es el de cambiar de gobierno.

Alfonso Martínez Baños es diputado regional del PSOE

Durante 20 años hemos vivido encerrados en una burbuja económica creada por el PP, que cuando estalló dejó la mayor crisis conocida en la historia reciente de la Región de Murcia. Nuestra región ha sufrido esta crisis con más intensidad que el resto de España, así lo dicen las estadísticas de precariedad laboral, desigualdad, pobreza y los índices de PIB por habitante, muy por debajo de la media nacional. Todo ello por culpa de un PP que apostó por una economía especulativa con el territorio, que ha dejado un reguero de casos de corrupción difícil de erradicar y que en estos momentos es la principal causa de paralización de la acción del gobierno.

No es muy creíble que quienes gobernaron durante 20 años negando las evidencias sean quienes ahora pretendan regenerar la economía, las instituciones y la política. El Ejecutivo autonómico pretende recuperar la credibilidad perdida vendiendo una Comisión Delegada de Economía para cambiar el modelo productivo, sin reconocer que estaban equivocados y que nos han llevado durante 20 años por el camino de la inestabilidad hacia un modelo de desarrollo económico desequilibrado, poco eficiente y de escasa calidad.

Resulta difícil creer al PP cuando habla de crear empleo estable y de calidad cuando ha hecho una reforma del mercado laboral que incentiva justamente lo contrario, tal y como lo demuestran todas las estadísticas. Estoy convencido de que venderán a bombo y plantillo un cambio del modelo productivo basado en un amasijo de planes, programas y acuerdos que se anunciarán como la panacea que va a resolver todos los males de la economía murciana, pero que la realidad demostrará que a los pocos meses se olvidan en un cajón, tal y como ha venido pasando durante los últimos 20 años.

La economía regional crecerá en 2015 a un ritmo interanual del 2,5% del PIB, de los más bajos del país. Es necesario aclarar que el crecimiento de la economía murciana no es por el trabajo del Gobierno Regional, que sigue apalancado a las políticas fracasadas de los gobiernos de Valcárcel, sino por la propia dinámica del mercado y por el esfuerzo de los emprendedores y los trabajadores.

Los primeros entendieron rápidamente la necesidad de ser más productivos para ser más competitivos innovando en todos sus procesos, automatizando y digitalizando, y trabajando en la calidad del producto y el servicio. Los trabajadores han sido determinantes porque están pagando con la deflación de sus salarios la mejora de la competitividad de un modelo económico insolidario e injusto.

Decir que van a cambiar el modelo productivo es repetir lo que venimos diciendo los socialistas y otros colectivos desde hace mucho tiempo. Es obvio que hay que cambiar lo que ha fracasado. Lo que necesitamos es definir cuál debe ser el nuevo modelo, los objetivos, el peso que debe tener cada sector productivo y la estrategia para hacerlo.

Si el PP pretende imponer un modelo productivo se estará equivocando, como lo ha hecho durante estos últimos 20 años. Un modelo productivo para ser eficaz requiere diálogo y un amplísimo consenso político y social. El hecho de que se haya creado una Comisión Delegada de Economía cuyo objetivo es cambiar el modelo productivo, nos suena más a una operación de márquetin para vender la marca, tal y como ya anunció el presidente que haría en la entrega de los premios de la Cámara de Comercio de Lorca, que a la voluntad política de abordar el reto de evolucionar hacia un modelo económico eficaz y sostenible.

Un nuevo modelo económico tiene que tener como pilares el binomio energía-agua, la ordenación de territorio, la reindustrialización inteligente, las infraestructuras, la modernización del sector agrícola, la puesta en valor de nuestra potencialidad turística, medidas para facilitar el emprendimiento y la lucha por erradicar y prevenir la corrupción.

Alfonso Martínez Baños es diputado regional del PSOE

No es habitual que la energía esté en el centro del debate político. Cuando hablamos de este tema normalmente es para tratar sobre los precios de los combustibles o la electricidad y, recientemente, sobre la necesidad de que las plantas desaladoras se alimenten de energía fotovoltaica. Pero nunca para hacerlo sobre el fondo, que no es otro, que la necesidad de transitar de un modelo caduco de energía fósil y nuclear hacia otro basado en energías limpias.

La transición es inaplazable por dos razones fundamentales: reducir las emisiones de CO2 para frenar el cambio climático, y evolucionar con urgencia hacia una economía sostenible que genere empleo de calidad.

Con los actuales niveles de emisiones de gas de efecto invernadero, a finales de este siglo la temperatura del planeta habrá aumentado en 4,8º C. Para evitarlo, la Cumbre contra el Cambio Climático de París, que tendrá lugar el próximo mes de diciembre, tiene como objetivo poner de acuerdo a la mayoría de países para reducir las emisiones un 50% respecto a las de 1992. De conseguirlo, la temperatura del planeta a finales de siglo solo aumentará en 2º C.

Las energías renovables son un pilar muy sólido para un economía sostenible, la creación de empleo y el ahorro de las familias. Según un estudio de Greenpeace, en un escenario de inversión anual de 19.535 millones de euros hasta el año 2030, crearía más de tres millones de empleos a tiempo completo en la construcción de las plantas y casi 205.000 empleos a tiempo completo, ligados a la generación eléctrica. Además, generaría un incremento anual del 2% en el PIB y proporcionaría a las administraciones públicas una recaudación fiscal de más de 37.000 millones de euros.

Está muy claro que la transición ordenada del modelo energético carbón-nuclear a otro basado en renovables aporta enormes ventajas al medio ambiente, la economía, el empleo, la competitividad y el ahorro.

Desgraciadamente, los últimos cuatro años se han perdido para esta tarea. Por parte del Gobierno de Rajoy no ha habido ni visión sobre los retos y prioridades ni búsqueda de consenso. Tampoco coherencia en las decisiones. No ha habido nada más que la gestión del día a día, parches y arbitrariedad. Recortes en las primas a la producción, que han afectado a 20.000 familias murcianas que pusieron 2.400 millones de euros de los que todavía deben 1.700, y el intento de imponer un impuesto al sol a los productores de fotovoltaica para autoconsumo, con el objetivo de paralizar la incorporación de miles de pequeños productores al mercado de la energía.

Los errores de la política energética del Gobierno de Rajoy han traído como consecuencia la paralización total del mercado de las renovables en España. En el año 2014 solo produjimos 43 MW de renovables, mientras que en ese mismo período Alemania instaló 2.000 MW y Gran Bretaña 2.500 MW. En pocos años, España ha pasado de ser líder mundial en este campo a ocupar un puesto irrelevante, arruinando el mercado interior de renovables y nuestro prestigio internacional.

La aprobación de la moción el día 24 en la Asamblea Regional, a la que hemos llamado “Una apuesta por el Sol”, es la primera piedra de un cambio histórico en los conceptos y usos de la energía. El futuro del sector energético y, en particular del sector eléctrico, es renovable. El sector eléctrico desplazará el centro de gravedad desde las grandes empresas hacia los consumidores. El sistema será cada vez más descentralizado, con más generación de pequeña escala.

Las nuevas instalaciones de energía renovable fotovoltaicas para autoconsumo ya no necesitan de primas para ser rentables, necesitan de la voluntad política para desarrollar un marco legal que proporcione seguridad jurídica. Los productores, instaladores y consumidores, ya están cansados de buenas palabras y promesas. Quieren hechos. Lo primero, así lo hemos acordado, es pedir al Gobierno de Rajoy que restituya a los inversores que pusieron sus ahorros en este sector, que les devuelva las primas a la producción, para recuperar la confianza en España y en las energías renovables.

Ahora le toca al Gobierno regional desarrollar lo aprobado, y a los diputados regionales estar vigilantes para garantizar su cumplimiento. A todos, los políticos y lideres sociales, nos toca hacer mucha pedagogía para trasladar a la sociedad este debate de forma sosegada y constructiva, con el objetivo de conseguir una transición eficaz y rápida de un modelo agotado hacia una economía sostenible que vuelva a situar a España como líder mundial en energías renovables.

Alfonso Martínez Baños

Responsable de Industria y Energía del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional de Murcia

La gente lleva tiempo pidiendo un gobierno que les defienda, que les garantice derechos básicos como la sanidad, la educación, la dependencia, la vivienda. Un gobierno que luche contra la pobreza, que sea una garante de la solidaridad, que reparta lo poco o mucho que tenga que administrar de forma justa. Un gobierno que no les mienta, que les facilite la vida, que no venda imposibles a cambios de votos. Un gobierno decente.

La mayoría pide cambiar la forma de hacer política y cambiar al partido que nos gobierna los últimos 20 años. El mensaje está claro y ahora nos toca a los partidos con representación en la Asamblea Regional administrar este mensaje.

No será fácil. Se abren dos posibilidades: dejar que gobierne el partido mayoritario, o que PSRM, Podemos y Ciudadanos busquen un punto de encuentro para la alternancia que se les prometió a los ciudadanos durante la campaña. Cualquiera de ellas es igual de legítima y los partidos tienen el mandato de los ciudadanos para sentarse, hablar y negociar lo que sea mejor para la Región y sus vecinos.

Digo que no será fácil porque aquí cada partido aplicará su estrategia electoral de cara a las elecciones generales de finales de año y en función de ello hará. En otras circunstancias la alternancia al PP, que en definitiva es lo que todos propusimos, sería mucho más viable.

El mensaje también fue fuerte y claro para el PSRM: los murcianos quieren cambiar la forma de hacer política y nos piden a los socialistas que lideremos ese cambio. El PSRM lleva mucho tiempo perdiendo elecciones y lo que es peor sin tocar suelo. Ahora, probablemente cuando menos lo esperaba, ha llegado el repunte, de 11 a 13 diputados. Ya sé que no es para ponerse a dar saltos de alegría, no, no es eso lo que quieren los murcianos; quieren otra forma de hacer política, quieren otro gobierno y nos vuelven a depositar un poco de su confianza para que nos pongamos al frente del cambio.

Rafael González Tovar tiene un apasionante y difícil trabajo hacer. En lo interno forjar un PSRM fuerte, unido, con ilusión y una organización acorde a la nueva realidad social y lo más importante asumir el reto de liderar el cambio que necesita y piden los murcianos.

Se abre un tiempo nuevo de ilusiones, esperanzas y oportunidades, un tiempo para hacer política con mayúsculas. Esto es lo que anoche y hoy percibo en la calle cuando hablo con la gente. Ahora lo que más me preocupa es dar respuesta a esa confianza, no desaprovechar esta nueva oportunidad y estar a la altura de lo que nos piden los murcianos.

Cuando María José Alarcón me llamó para pedirme escribir para eldiario.es Región de Murcia, me dejó bastante sorprendido. Una cosa es escribir un artículo de forma esporádica, escribir en el Facebook o incluso tener un blog de algún tema profesional, pero mantener un blog en un diario de información general, me parece una temeridad por mi parte. No obstante, lo intentaré.

He estado dando vueltas sobre cómo empezar, qué escribir que pueda interesar a los lectores de este medio. No ha sido fácil decirme por un tema. Finalmente he optado para trasladar una experiencia personal.

He decidido ser optimista, quiero empezar a ver que el vaso está medio lleno, quiero recuperar la esperanza y la ilusión. Me levanté un día y dije “ya estoy harto, se acabó”. A partir de ese día me propuse ver la parte positiva de las cosas. El pesimismo, la desesperanza, la negatividad, me estaban matando, estaban acabando con la ilusión y la esperanza. Mi vida llegó a ser una rutina insufrible: Levantarse, ir al trabajo, vivir en un cabreo y malestar constante, volver a la cama, despertarme mil veces… Así un día tras otro, durante semanas y meses. No. Se acabó.

No ha sido fácil mantener esta actitud. Cada día me levantaba con la intención de ser positivo y al poco rato me encontraba envuelto en la negatividad. Me costó salir de la rutina, identificar el momento en que pasaba de un estado a otro. Poco a poco, con el empeño, se consigue.

Ya sé que hay situaciones de extrema gravedad, personas que lo están pasando muy mal, a las que les falta lo más básico para la vida. Algunos dirán, ¿cómo se le puede pedir a alguien que no tiene ni para comer que tenga una actitud positiva? Sé que es difícil, y sin embargo, ¿qué otra alternativa tienen? ¿De qué nos vale seguir mirando al vaso medio vacío? ¿De qué nos vale mantener una actitud negativa? ¿A dónde nos conduce?

La crisis nos ha golpeado a la mayoría con crudeza. Algunos lo han perdido todo, otros casi todo. En mi caso, conservo el trabajo, con una remuneración reducida a casi la mitad, pero he perdido mucho de lo material por lo que luché y trabajé toda mi vida.

Hasta comprender que lo más importante no es lo material sino el estado anímico, la actitud para afrontar la vida, cuesta asimilar el momento. Fastidia, claro que sí, ver que pierdes parte o todo por lo que has trabajado y luchado. Buscas culpables, explicaciones, no dejas de mirar a atrás, de preguntarte, ¿qué ha pasado? Lo que pasado es que la vida ha cambiado, nuestro entorno ha cambiado y cuanto antes seamos capaces de asimilarlo, antes vamos a superar la adversidad.

No hablo de la sociedad, hablo de ti, de mí. No podemos esperar a que la sociedad u otros vengan a resolver nuestro principal problema, nuestra actitud. Eso nos toca a nosotros, a cada uno. Si lo asimilamos, si lo resolvemos, los problemas de la sociedad se irán arreglando poco a poco.

¿Tenemos que esperar a que los gobiernos, la familia o mi entorno resuelvan mi crisis? Yo decidí que no y me ha ido bastante bien. ¿Tú que decides?