Con acierto planteaba el lehendakari recientemente que, más allá de trayectorias individuales en contextos determinados, es nuestra sociedad entera la que se encuentra en una común situación de vulnerabilidad y que ser conscientes de esa fragilidad real que compartimos nos debe llevar a trabajar por lograr una fuerte 'seguridad integral', que pueda ser eficaz, por ejemplo, ante eventos disruptivos tan diferentes como una invasión armada, un ciberataque bancario, un evento meteorológico extremo o una pandemia.

Y acierta doblemente el lehendakari al proponer el sentido comunitario como brújula que guíe nuestro comportamiento, para no caer en la trampa del individualismo y el consumismo y entender que sólo una sociedad trenzada de relaciones comunitarias de cuidado, proximidad, confianza, disponibilidad y colaboración puede ser verdaderamente resiliente ante emergencias sistémicas. Como ejercicio: pregúntate con quien intentaste comunicarte, a quién intentaste acercarte, de quién te preocupaste, a quien te ofreciste o con quién te tranquilizaste el pasado 28 de abril al mediodía, con el apagón. Pues ahí tienes una medida de tu conexión comunitaria.

En cualquier caso, creo que me mantengo en la línea de pensamiento del lehendakari si afirmo que la inclusión de toda la población es condición indispensable para que podamos hablar de seguridad integral. Sea cual sea la amenaza a la que tengamos que hacer frente y los sistemas que estén comprometidos, es bien sabido que basta con que una pequeña porción de la población no esté informada, protegida e implicada en el marco de la estrategia establecida para que esa seguridad integral se pueda desmoronar. Lo vimos claramente en la pandemia: con independencia de los planteamientos morales, ideológicos o humanitarios que se tuvieran o no, entendimos que la incorporación de toda la población (incluidas las personas en mayor riesgo o situación de exclusión social) a los funcionamientos, dispositivos, intervenciones, regulaciones y comportamientos prescritos era crítica para el éxito de éstos.

Enrico Letta, referencia inexcusable en este contexto, como recuerda el lehendakari, pone la protección social y la inclusión social en el corazón de la estrategia que plantea hoy para Europa. Se muestra crítico con los enfoques fragmentarios que han planteado las políticas sociales como un mal menor o un último recurso y apuesta claramente por universalizar el acceso a los bienes y servicios esenciales (tales como agua, sanidad, energía, transporte, servicios financieros o conexión digital) con énfasis, en este momento, en la vivienda (Letta, Enrico, 2024. 'Much more than a market. Speed, security, solidarity'. p. 98-100).

Desde luego, si en algún campo ha demostrado la Comunidad Autónoma del País Vasco su 'autonomía estratégica' y aproximación a los estándares y enfoques de la Unión Europea es, justamente, en las políticas de inclusión, adelantándose por varias décadas al Estado central mediante la creación y desarrollo de la que hoy conocemos como RGI (Renta de Garantía de Ingresos) y todo el sistema de prestaciones, servicios e itinerarios con los que está conectada con la coordinación y el impulso de Lanbide.

Por lo tanto, de entrada, contamos individual y familiarmente con la seguridad de que, si se nos tuercen las cosas en cualquier momento, nuestro Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la inclusión garantiza, mientras lo necesitemos, nuestra satisfacción de necesidades básicas y nuestra participación en la vida económica. Además, hemos de saber también que, en el reparto de funciones del modelo vasco de seguridad integral, en cualquiera de las circunstancias que podamos imaginar, el Sistema de Garantía de Ingresos y para la inclusión (liderado y coordinado desde Lanbide) permite prevenir, evitar y superar los riesgos que la exclusión comporta para todas y cada una de las personas (en mayor o menor medida) y para el propio carácter integral de la seguridad que como sociedad queremos.

Existe un notable consenso en la comunidad de estudio interesada en las políticas sociales alrededor de la idea de que los retos que enfrenta nuestro Estado de bienestar o modelo social requieren cambios cualitativos y globales en el sistema. Es decir, no afectan sólo a partes o ámbitos específicos (como podrían ser las pensiones o la sanidad) ni su abordaje puede descansar, sin más, en un aumento cuantitativo de la inversión social.

El grado de consenso sigue siendo amplio a la hora de identificar los principales fenómenos sociales que representan un desafío para el modelo clásico de políticas sociales que, con notable éxito, se pusieron en marcha en nuestro contexto político en la segunda mitad del siglo pasado. Así, cabría referirse al impacto de nuevas tecnologías en la esfera productiva y laboral, la mercantilización y financiarización de la economía global, la individualización de las trayectorias vitales, la crisis de los cuidados, la agudización de las desigualdades en nuestros países o la fragmentación de los sujetos políticos que construyeron el Estado de bienestar.

A partir de aquí: ¿por qué y en qué sentido decimos que la apuesta por los servicios sociales es estratégica en la transformación que debe realizar en este momento nuestro sistema de bienestar?

Nos referimos, por cierto, a los servicios sociales entendidos como servicios destinados a apoyar a cualquier persona en lo tocante a su interacción (autonomía funcional e integración relacional). Es decir, a unos servicios sociales que, como ya hicieron en su momento los servicios educativos o los sanitarios, abandonan una visión residual y reactiva y se erigen como servicios universales para la promoción y protección de un bien, formulado en positivo, que necesita y aprecia toda la población.

Nuestra tesis es que los fenómenos sociales antes mencionados hacen cada día más disfuncional e ineficiente un sistema de bienestar en el que el pilar de los servicios sociales no tiene una envergadura equivalente a la que tienen otros pilares como la educación, la sanidad o la garantía de ingresos para la subsistencia. Una parte del gasto sanitario, cierto desaprovechamiento de recursos en materia de vivienda, una fracción del gasto en garantía de ingresos para la subsistencia o algunas sobrecargas del sistema educativo se deben, a nuestro juicio, a la inadecuada estructuración e insuficiente desarrollo del sistema público de servicios sociales en nuestro país.

Estas relaciones intersectoriales han sido estudiadas, por ejemplo en el caso de la sanidad, en el informe A new settlement for health and social care, aprobado por la Comisión Independiente sobre el Futuro de la Atención Sanitaria y Social en Inglaterra. El informe pone de manifiesto hasta qué punto el desequilibrio entre la inversión en servicios sociales y en sanidad (en una proporción que puede ser de una a siete) genera, por ejemplo, un sistema de bienestar incapaz de proporcionar ligeros apoyos domiciliarios preventivos que, sin embargo, incurre posteriormente en altos gastos hospitalarios, farmacéuticos o tecnológicos, en buena medida inducidos por la ausencia de esa intervención social más temprana. El informe permite sugerir a The King’s Fund que cabría diseñar y mantener de forma equilibrada y coordinada los servicios sanitarios y los servicios sociales con un gasto público incluso inferior al gasto sanitario existente en algunos países.

De igual modo podríamos identificar otros costes de oportunidad que la fragilidad de nuestro sistema público de servicios sociales está desencadenando en relación, por ejemplo, con la conciliación de la vida familiar y laboral y la natalidad o con la calidad de la vida comunitaria en nuestras viviendas y barrios. Por no hablar del reto y la oportunidad de afloramiento y dignificación de la economía sumergida y el empleo precario en el mundo de los cuidados a la infancia o a las personas con limitaciones funcionales que representaría la apuesta por unos servicios sociales participativos, universales y de calidad.

Proponemos reforzar la centralidad de los servicios sociales en la agenda de investigación en el ámbito de las políticas públicas, identificando y extendiendo buenas prácticas e innovaciones basadas en la evidencia y evaluando sistemáticamente desde un marco de referencia global y estructurado del sistema de bienestar que está llamado, a nuestro juicio, a enfocar y abordar más adecuadamente el reto de la sostenibilidad relacional de la vida, tanto como el de la redistribución equitativa de recursos económicos o el de la formación de capital humano.

En un libro de reciente publicación (Fantova, Fernando, Diseño de políticas sociales. Madrid, Editorial CCS, 2014, 436 páginas) terminamos identificando cinco retos para la innovación en políticas sociales:

A continuación se recoge un extracto del libro, sobre el cuarto de los puntos, tomado de las páginas 411-414.

Capítulo Fernando Fantova