Los niños son sagrados. ¿Qué padre de bien no propinaría dos buenas galletas a quien hace comentarios “pedófilos” y “sexualizantes” sobre su hijo de tres meses?

Este argumento inapelable ha sido enarbolado a derecha, pero también a izquierda, para justificar, o cuanto menos disculpar, el ataque sufrido por Jaime Caravaca por parte del reconocido nazi Alberto Pugilato. Da igual que tenga el cuerpo lleno de tatuajes con la cara de líderes del Tercer Reich, porque lo primordial aquí parece ser que cualquiera en su lugar hubiera hecho lo mismo.

Comenzaré diciendo, como muchas personas han expresado ya afortunadamente, que los comentarios originales de Jaime Caravaca que motivaron el ataque son rechazables, innecesarios y de mal gusto, pero no son en absoluto pedófilos. Decir que el hijo de alguien cuando crezca “mamará polla de negro” precisamente no hace referencia a su infancia, y jamás un comentario afirmando que “se hinchará a comer coños de tías buenas” hubiera suscitado ninguna reacción análoga por parte de estos padres coraje que sienten que deben defender el honor de sus hijos. El comentario es hiriente y humillante solo porque alude a la posible homosexualidad futura de la criatura y lo es solo para alguien que concibe a los homosexuales y a los negros como inferiores. Qué duda cabe que un niño con un padre autodefinido como nazi tendrá muy mala suerte si el día de mañana tiene que salir del armario en su casa. Pero parece ser que para ser expuestos a la LGTBifobia de sus padres los niños no son nunca tan sagrados. 

En cualquier caso, considerar pedófilas estas palabras en realidad se enmarca en la estrategia con la que está coqueteando desde hace años la extrema derecha en nuestro país que pasa por relacionar deliberadamente a las personas LGTBI con la pedofilia. Lo que aquí son ecos en el resto del mundo es una campaña internacional contra la comunidad LGTBI que repite este mantra desde Putin hasta Orbán, desde Bolsonaro hasta Milei. Partiendo de que “los hijos son sagrados” se han eliminado libros que muestran la diversidad de las bibliotecas y las librerías por “sexualizar y corromper a los menores” en países como Hungría o se ha ilegalizado como organización criminal el movimiento LGTBI en Rusia (para proteger a los menores de los influjos de la llamada propaganda LGTBI); y todo esto desde los tiempos en los que Anita Bryant en EEUU lideró una campaña ultraconservadora en los años 70 para tratar de impedir que los homosexuales pudieran ejercer como maestros titulada nada más y nada menos “Save our children”.

Se me dirá que me estoy llevando muy lejos lo sucedido, y que todo esto es mucho más sencillo. Caravaca insultó al hijo de alguien y ese alguien decidió defenderse. Lo de menos era el contenido de sus palabras y lo importante era el ataque gratuito y salvaje, amparado en la distancia de las redes sociales, que el cómico se creía en derecho de realizar impunemente. Más allá de que en general no parece muy justificable defender un mundo en el que las afrentas personales se resuelven a hostia limpia, estos argumentos pasan por alto algunas cuestiones elementales. 

Todos los días miles de ciudadanos reciben ataques salvajes en redes sociales. Sin cesar. Muchos de ellos de una enorme crueldad y perversión. La inmensa mayoría nunca usará la violencia para defenderse de ellos. Desgraciadamente además hay gente que, como el propio nazi Alberto Pugilato, dedica su vida a esparcir el odio en las redes sociales con toda clase de agresiones verbales denigrantes contra colectivos enteros y que pueden ser tan insultantes o más que el comentario que sufrió sobre su hijo. Pienso por ejemplo en el tuit con el que me contestó él mismo hace años que alimentaba el estigma no suficientemente enterrado que une homosexualidad y VIH. O pienso por ejemplo en la oleada incesante de odio que viven en redes sociales mis compañeras trans, que asusta solo con asomarse a cualquiera de sus publicaciones llenas de comentarios con las mayores barbaridades que se pueden imaginar. Claro, siguiendo la lógica del justiciero que se nos propone, sería muy normal, y como mínimo muy comprensible, que mi compañera Jimena González se liara a bofetadas contra todo el que la llama travelo en la red social antes conocida como twitter. 

¿Pero por qué entonces las hostias siempre van en la misma dirección? La realidad es que la mayor parte de quienes sufren a diario la homofobia, el machismo, el racismo o la transfobia no pueden y, lo que es más importante, no quieren irse a repartir leches. Primero porque el enorme desequilibrio estructural de poder existente no lo convierte en una tarea sencilla, recomendable, ni la mayoría de veces posible. Solo desde la superioridad numérica y física y desde una posición social mucho más privilegiada puede uno desentenderse de ese punto de partida fáctico que quienes han sufrido la violencia y la discriminación desde pequeñitos conocen perfectamente, pero que pasa tan desapercibida a quienes nunca la han experimentado en propias carnes. Solo desde ese escalón puede alguien pretender que quienes sufren históricamente el odio y la discriminación tengan esa supuesta valentía que se les exige. Y en segundo lugar, quizás, sencillamente se niegan a considerar que el mundo deba funcionar de esta forma. 

No seré yo quien minusvalore la importancia de la autodefensa para nuestro colectivo y ojalá ante cualquier energúmeno que comete una agresión en las calles de Madrid hubiera diez personas dispuestas a interponerse. Las herramientas de organización colectiva han sido esenciales en el movimiento LGTBI precisamente por su capacidad de hacer frente a los fuertes mediante la unión de quienes han sido históricamente más débiles. Pero anular de un plumazo la distancia real y cierta que de hecho existe entre los que se dedican a repartir hostias y los que suelen recibirlas es mandar un mensaje inquietante. Anular la distancia entre los nazis que entrenan y atesoran armas blancas para ir de cacería y la reacción que hubiera tenido cualquier otra persona al recibir un insulto es un disparate que solo puede colarse en el debate público en un momento tan preocupante como este. Este momento de derechización tenebroso es el que permite que un nazi pueda de pronto ser representado ante la sociedad como el padre del año incluso por voces que vienen desde la izquierda. Y, en concreto, el mensaje que se nos lanza es que si cuando se nos llama enfermos, sidosos, monstruos o pedófilos no salimos a las calles a repartir hostias es porque al parecer “nos falta lo que hay que tener”, concretamente el “par de huevos” que sí tienen los “hombres de verdad”. Los hombres de verdad como el nazi Alberto Pugilato, supongo. 

En los últimos días el anuncio por parte de Ciudadanos de que aceptará la exigencia de Vox de aplicar el llamado 'pin parental' en Murcia como condición para sacar los presupuestos regionales adelante ha supuesto un enorme terremoto. La primera victoria de la ultraderecha a este respecto es sin duda la eficacia con la que hemos asumido este nuevo concepto, que no deberíamos aceptar ni un minuto más, tal y como ha señalado muy acertadamente Mario Pais, sino que hay que señalar que de lo que estamos hablando es simple y llanamente de censura educativa. Se trata de un asunto que deberíamos tomarnos muy en serio no solo el activismo LGTBI, sino en general todos los demócratas de nuestro país.

Esta censura educativa propuesta por Vox y aplicada por Ciudadanos y Partido Popular debería obligarnos a recordar algunas cosas sobre lo que significa la escuela en un estado democrático. Si nuestra Constitución consagra en su artículo 20 algo tan importante como la libertad de cátedra en nuestro país, o en su artículo 27.2 que la educación debe garantizar el pleno desarrollo de la personalidad humana, no es por una cuestión trivial. La educación es precisamente la base de la ciudadanía, y la ciudadanía es una condición necesaria de cualquier Estado de Derecho.

La ciudadanía presupone por supuesto libertad, igualdad e independencia, y es eso lo que justifica que tengamos entre otras cosas derecho a voto, porque, precisamente como ciudadanos y ciudadanas libres, nada ata nuestra voluntad más que el hecho de ser copartícipes de las decisiones comunes. La ley nos obliga porque participamos democráticamente de su elaboración y, por tanto, es una extensión de nuestra propia libertad. Por el contrario, en tanto en cuanto no fuéramos verdaderamente libres, nuestro voto no sería más que la extensión de aquel que sea nuestro amo, y por tanto en lugar de ciudadanos seríamos súbditos o esclavos y quedaría malogrado el edificio democrático entero. Eso de ser libres es, sin embargo, algo más complicado de lo que parece, pues existen muchas formas de ser esclavo, pero si hay una institución encargada de generar esas condiciones de posibilidad de la libertad, esa es precisamente la escuela.

La escuela es el primer contacto que tenemos con la vida pública, más allá de las fronteras de nuestra propia casa. Todas las familias tienen por supuesto el derecho a educar a sus hijas e hijos como consideren, mostrando el primer punto de vista que los niños reciben. Pero precisamente porque nadie elige a su propia familia, todos necesitamos tener la posibilidad de ver más allá de lo que nuestra propia familia nos ha enseñado. Si no, incluso aunque hubiéramos nacido en la familia más bienintencionada, cariñosa y acertada del mundo, seríamos siempre esclavos de lo que nos transmitieron.

La escuela es una ventana al mundo, un lugar de contraste, de cuestionamiento de todo en lo que creemos, porque en la escuela siempre encontraremos puntos de vista diferentes entre los cuales deberemos forjar nuestro propio criterio. Esa es la función liberadora de la escuela, y eso es lo que permite entender algo así como el paso a la mayoría de edad. En palabras de Kant, la mayoría de edad no es otra cosa que la “capacidad de cada uno de servirse de su entendimiento sin verse guiado por algún otro”, lo que incluye por supuesto a nuestros propios padres.

Lo que la censura educativa de la derecha quiere instaurar es un obsesivo control por parte de ciertos padres para imponer a sus hijos su visión particular del mundo en un intento patológico por mantenerles en una burbuja, en la que de cualquier modo no podrán encerrarlos para siempre. Nada es más peligroso para la escuela que un clima inquisitorial en el que el profesorado se ve sometido a los prejuicios de cada padre. Cada uno a la carta. Ante esto, tenemos que dejar absolutamente claro que el hijo de un terraplanista tiene derecho a ir a clase de ciencias naturales, como el hijo de un antivacunas tiene derecho a ser vacunado. La hija de un miembro del Ku Klux Klan tiene derecho a escuchar una charla sobre antirracismo. Un niño LGTBI tiene por supuesto derecho a tener referentes en la escuela, a conocer la diversidad de la sexualidad humana, a sentirse incluido en pie de igualdad y a ser respetado, por mucho que sus padres sean del Opus Dei.

Dicho sea de paso, los contenidos LGTBI, la educación en diversidad o el fomento de la convivencia no solo son un derecho de nuestros hijos, lo son también de sus compañeros de clase, es decir, de los hijos e hijas de los demás. Si yo soy racista, machista o tránsfobo, los compañeros de mis hijos no tienen la culpa de que yo les quiera educar en mis trasnochados prejuicios. La lucha contra el acoso escolar es uno de los retos más importantes que tenemos a nivel educativo en este momento y eso no puede estar en cuestión en virtud de un supuesto derecho a educar en la discriminación del diferente.

Pero ni siquiera hace falta irse a casos tan extremos, creo que podemos decir aún más. Un adolescente cuyos padres son comunistas tiene derecho a tener un profesor de economía liberal, y otro de historia más bien conservador. Una niña de padres ateos tiene derecho a tener una profesora de inglés muy religiosa. El hijo de un aristócrata tiene derecho a tener un profesor de matemáticas republicano. Porque hay que recordar que desgraciadamente, durante demasiados años en nuestro país los profesores solo podían ser de un tipo muy determinado: aquellos que cumplían a rajatabla con el nacionalcatolicismo. En nuestro país hemos vivido cuarenta años de adoctrinamiento franquista, y quizás lo que ocurre ahora es que algunos añoran esa época pasada.

Por contra, la virtud de la escuela democrática, especialmente la pública, es que uno se encuentra siempre profesores muy diferentes. Y un profesor puede sin duda llegar a extralimitarse y decir barbaridades que se salen del currículo. Siempre recordaré un profesor de ética que nos relataba cómo por las noches participaba en un grupo activista que se dedicaba a irrumpir en clínicas abortivas para sabotearlas. Pero incluso en ese caso, estoy convencido de que es mejor pasarse por el lado de la libertad de cátedra que por el lado de la censura y el control de los contenidos en las aulas. Siempre es mejor correr el riesgo a escuchar algo con lo que no estamos de acuerdo. Porque teníamos otros muchos profesores maravillosos que nos contaban otras cosas. Porque siempre hay un libro, una compañera, u otro profesor que sirven de contrapunto. Se nos olvida con demasiada frecuencia que los niños razonan, piensan, hablan, comparan, preguntan a sus padres también, cuestionan cuando algo no les parece convincente e incluso se rebelan cuando un profesor es injusto, poco riguroso o prejuicioso. Eso es precisamente lo que les hace crecer, forjar un carácter y un criterio, aprender a pensar, a debatir y a discrepar. Y esa es sin duda la mejor garantía de tener ciudadanos libres e iguales como corresponde a una democracia que quepa llamar como tal. No permitamos que la pongan en riesgo.

Hoy es un día muy triste que abre un nuevo periodo en Madrid. No hemos conseguido lo que queríamos, Manuela no va a poder seguir siendo alcaldesa y no hemos conseguido un cambio histórico en la Comunidad de Madrid. Pero para ser justos, y para aprender de lo que ha sucedido, nos debemos un debate. Ni sirven de nada las consignas contra los “traidores”, ni los opinadores que situados en la exterioridad inmaculada despachan las culpas a todos por igual, al margen de ningún análisis del papel que cada uno ha jugado o de las decisiones que se han tomado y su porqué. Lo cual, sin embargo, no es incompatible con que cada uno tratemos de explicar lo mejor posible nuestro punto de vista y la lectura que cabe hacer de los datos. Por eso, yo hoy quiero hacer una reflexión, que es sin duda personal, desde el respeto al resto de lecturas, pero que quiero poner sobre la mesa porque me parece esencial que se escuchen todos los puntos de vista.

Ayer, Manuela Carmena obtuvo un gran resultado, a tan solo 15.000 votos del que obtuvo en las elecciones de 2015, aunque no fue suficiente para sumar mayoría. En la Asamblea de Madrid, Más Madrid irrumpió con 20 escaños, aunque no conseguimos evitar el pacto entre Ciudadanos, Vox y el PP. Son unos grandes resultados aunque no hayan sido suficientes. Pero lo más importante es que sin duda son unos resultados contra-cíclicos, porque en 2015 veníamos de la mayor ola de ilusión que vivieron las fuerzas del cambio y ahora, en 2019, hacía tan solo un mes que la derecha había arrasado en Madrid por más de 400.000 votos. Son contra-cíclicos porque en el resto de España el espacio que representó Podemos se ha estrechado casi sin excepción, primero, en las generales perdiendo 29 escaños y también ayer, donde el actual rumbo que Pablo Iglesias ha dado Podemos ha conllevado pasar de 3 a 0 diputados en Castilla la Mancha, de 10 a 1 en Castilla y León, de 6 a 4 en Extremadura, de 9 a 4 en Asturias, de 6 a 2 en Murcia, de 14 a 5 en Aragón, de 10 a 6 Baleares, de 3 a 0 en Cantabria, de 7 a 3 en Canarias, de 7 a 2 Navarra, de 27 a 7 Madrid, de 9 a 4 en Asturias y de 4 a 2 en la Rioja. Siendo así las cosas, en Madrid el espacio que antes representaba Podemos ha mantenido su representación intacta con los 20 escaños de Más Madrid y los 7 que ha conservado Podemos. Si en Madrid se ha resistido contra la debacle generalizada acercándose milagrosamente a los resultados conjuntos del bloque progresista en 2015 (aunque no haya sido suficiente para gobernar) ha sido gracias a la decisión de formar Más Madrid, gracias a que el liderazgo de Manuela e Íñigo y gracias al proyecto ilusionante que se ha fraguado en estos meses bajo esas nuevas siglas. Manuela e Íñigo han conseguido retener a un votante que estaba marchándose despavorido de Podemos y que se sentía huérfano.

Manuela Carmena prácticamente alcanzó los mismos resultados que en 2015, 503.000 votos frente a los 519.000 de las pasadas elecciones, mientras que el PSOE, aunque esto apenas se ha señalado en las últimas horas, perdió unos 30.000 votos. El factor que explica la derrota de Manuela no es tanto la desmovilización de su electorado, sino en muchísima mayor proporción la movilización de la derecha, que ha recuperado unos 100.000 votos de la abstención gracias a irrupción de Vox y a la consolidación de Ciudadanos con respecto a las pasadas elecciones municipales. En 2015, la derecha sufrió una desmovilización histórica en Madrid que no se ha repetido en ninguna de las citas posteriores, ni en las elecciones generales del 20 de diciembre, ni en las del 26 de junio, ni en las generales del pasado 28 de abril. En todas esas citas, la derecha sacó un resultado superior en varios centenares de miles de votos al bloque de la izquierda. En las pasadas generales, la distancia fue muy superior a la que ha separado a Manuela Carmena de la victoria, aun a pesar de la movilización sin precedentes de la izquierda para frenar a la derecha que hubo entonces. Pero aunque Manuela consiguió recortar distancias, de nuevo, no ha sido suficiente.

Desde luego no ha ayudado en absoluto que, a cuatro días de la cita, Pablo Iglesias decidiera pedir el voto a una fuerza a la que ninguna de las encuestas (ni de los propios sondeos internos de todos los partidos) daba ni remotamente representación. La única explicación posible a tamaña irresponsabilidad es que sabiendo esto, Pablo Iglesias decidiera ejecutar su particular venganza contra Manuela tomando de rehenes a millones de madrileños. Los votos de Madrid en Pie no habrían sido suficientes para compensar la movilización de la derecha, pero representan el escaño que faltó a Manuela para mantener intactos sus 20 concejales. Y el hecho de que dicha irresponsabilidad no fuera el único factor que explica nuestra derrota no lo hace menos irresponsable. A todo esto hay que añadir que durante semanas, tanto Iglesias como Monedero o Echenique dedicaron todos sus esfuerzos a erosionar la figura de Manuela Carmena, usando todos sus medios disponibles, tanto en redes sociales como en medios de comunicación. Prefirieron cobrarse como víctima a Manuela a evitar que la extrema derecha fuera decisiva en la ciudad de Madrid.

Se ha insistido sin cesar en que la desmovilización de los barrios del sur es una de las claves. Ya he tratado de explicar que fue más decisiva la movilización de la derecha, pero conviene hacer apunte a este respecto también. El gobierno del Ayuntamiento, pese a lo que intentan decir algunos, ha dedicado importantes esfuerzos a los distritos más pobres, como demuestra la comparación de los niveles de inversión con mandatos anteriores y numerosas políticas públicas específicas: los proyectos de empleo y comunitarios del Fondo de Reequilibrio Territorial, los Equipos de Actuación Distrital, las obras de mejora en equipamientos y centros escolares, el plan Mad-Re de rehabilitación de viviendas, la descentralización cultural, la bajada del IBI en los barrios más desfavorecidos o la reciente creación de la Oficina del Sur y Este de Madrid. Puede, sin duda, que no sea una transformación suficiente o que hayan faltado proyectos más grandes e impactantes. Y puede incluso que algunas de estas cosas ni siquiera hayan llegado a terminarse y acaben inaugurándose en la próxima legislatura. Pero no conozco ningún Gobierno que haya logrado todo lo que se propone y que no haya cometido todo tipo de errores en su gestión. Sobre ellos hay que hacer un análisis profundo y sacar las conclusiones adecuadas. Pero, si quienes hablan desde la pureza ideológica tuvieran razón, no se entendería por qué en todos estos distritos Madrid en Pie ha resultado ser completamente irrelevante. El problema es sin duda más profundo, y habría que analizarlo desde el conjunto de las fuerzas progresistas, tomando como punto de partida que, por cierto, se trata de unos distritos históricamente con una alta abstención. Claramente, no hemos logrado hacer la transformación suficiente como para revertir las desigualdades, pero invalidar las políticas completas de Manuela por ello y negar que por primera vez en décadas se estaba caminando en la buena dirección es falsear los datos y la realidad.

La inmensa mayoría de los votantes de 2015 tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad han decidido apostar por Más Madrid y avalar los pasos de Manuela Carmena e Iñigo Errejón. En el Ayuntamiento, casi una cifra idéntica a la que nos permitió alcanzar la alcaldía entonces. En la Comunidad, tres de cada cuatro votantes de Podemos han confiado en Más Madrid Comunidad permitiéndonos tener una importante irrupción. Quizás, pese al ruido y las filípicas de Monedero, mucha más gente de lo que parece está aguardando un proyecto útil, abierto y que devuelva la esperanza que una vez representó el partido que fundamos hace cinco años y que hoy vive su momento más oscuro.

Los homosexuales no existimos. Lo que sentimos, que podríamos calificar como “atracción hacia el mismo sexo”, es en realidad una “proyección” de nuestro psiquismo debido a “heridas en la masculinidad” causadas por nuestros complejos, nuestros traumas y nuestra difícil infancia. Esa falta de virilidad nos confunde y nos hace buscar en el otro la masculinidad que nosotros no logramos alcanzar. Si nos esforzamos y aprendemos a controlarlo descubriremos en el fondo que el amor es posible haciendo un camino de “sanación” a través de ejercicios y lecturas.

El párrafo anterior es un resumen casi literal de lo que uno puede encontrar en los abundantes materiales con los que el Obispado de Alcalá pretende “curar” a los homosexuales. El esquema con variaciones sería aplicable a lesbianas, bisexuales o personas trans. Esta pseudoteoría sería casi cómica si no fuera porque se ha utilizado de manera sistemática para hacer terapias ilegales en la diócesis de Alcalá, a las órdenes de Reig Pla, a decenas de jóvenes que por distintas vías han acabado en sus manos. En algunos casos se trataba de menores de edad. No podemos hacernos una idea del impacto que este tipo de cosas tiene sobre la vida de personas que caen en manos de estos supuestos terapeutas en momentos de especial vulnerabilidad, justo cuando se están haciendo preguntas sobre su propia identidad y su propia sexualidad. Las consecuencias son imprevisibles y van desde la depresión, las secuelas a largo plazo, los intentos de suicidio o la represión de la sexualidad.

Se trata en definitiva de una forma de tortura, que no busca otra cosa que negar una de las dimensiones de la personalidad que es la sexualidad y la identidad de género en toda su diversidad. No necesitamos más masculinidad, porque nadie tiene que imponernos lo masculinos o femeninos que tenemos que ser. No tenemos ninguna herida por nuestra sexualidad o identidad, sino en todo caso las que nos causa la propia opresión que nos ha hecho sufrir la sociedad. Ni por supuesto somos enfermos por ello, ni necesitamos ningún curso para reparar nuestra sexualidad. Claro que tenemos complejos, traumas e infancias difíciles, exactamente igual que cualquier persona, tenga la sexualidad que tenga. La historia de la psicología está llena de intentos de establecer conexiones entre sucesos de la infancia y la determinación de la sexualidad humana. Pero desde hace décadas, quienes comparten esta idea, entienden que esto es aplicable a todo el mundo por igual independientemente de su orientación, porque si la sexualidad es un constructo de relaciones sociales, y psicológicas, lo es exactamente igual para todos, sin que quepa determinar una supuesta naturalidad de la que habría desviaciones. Solo mentes retrogradas y reaccionarias, ancladas en prejuicios estúpidos pueden defender en este siglo ideas de estas características que afortunadamente son cada vez más minoritarias en nuestro país.

España se parece cada vez menos al Obispo Reig Pla, y podemos estar orgullosos de ello. En muy pocas décadas hemos pasado de ser un país en blanco y negro, que sufrió una dictadura represiva sobre la sexualidad durante 40 años, a estar a la vanguardia internacional en derechos y libertades de las personas LGTBI. Nos ha costado mucho esfuerzo llegar hasta aquí. En otras partes del mundo, estamos viviendo un momento de regresión debido al auge de la extrema derecha. Aquí, el partido de Abascal va a intentar hacer lo mismo, amenazando con derogar derechos tan básicos como el matrimonio igualitario o proponiendo expulsar a las personas trans del sistema sanitario. Precisamente Abascal, tal y como ha demostrado también eldiario.es, ha resultado ser un aliado cercano del Obispo que pretende curarnos. También quería mandarnos a terapia el que era candidato de Vox al congreso por Albacete, que afirmó que si tenía un hijo gay lo llevaría inmediatamente a terapia.

Mi opinión personal es que la gran mayoría de la población española no comparte a día de hoy las ideas de Vox y el Obispo y que incluso la mayor parte de cristianos se avergüenzan de que alguien como Reig Pla pueda representarles. Pero, lo que de verdad asusta es que tanto Partido Popular como Ciudadanos están dispuestos a pactar alegremente con la extrema derecha homófoba que sí mantiene estas ideas. Por eso estamos ante un serio riesgo de involución. Y por eso tenemos muchas dudas de que la Comunidad de Madrid vaya a cortar de raíz las terapias en Alcalá, aunque está entre sus competencias.

El martes presentamos una denuncia para exigir al gobierno del Partido Popular que haga cumplir la Ley LGTBI e imponga las máximas sanciones a los responsables de las terapias. Pero cuando vemos a la candidata que presentan a las elecciones autonómicas no podemos llevarnos a engaños. Isabel Díaz Ayuso, con lo aficionada que es a la grandilocuencia en la mayoría de los temas, se ha escondido vergonzosamente en lo que corresponde a este caso. No es de extrañar porque de número 2 lleva al Alcalde de Alcorcón, conocido homófobo que mandó retirar la bandera LGTBI y que se salió del pleno de la Asamblea de Madrid para no tener que votar la ley contra la LGTBIfobia ejerciendo así objeción de conciencia.

La única manera de garantizar los derechos por los que hemos peleado durante décadas es movilizarnos. Este sábado COGAM y KifKif han convocado a las 19:00h una concentración en protesta por este caso en la Plaza de Pedro Zerolo. Cientos de personas han ejercido su protesta en Twitter a través de los hashtags #NuestroAmorNoSeCura y #NuestraIdentidadNoSeCura. Pero tenemos que movilizarnos también en las urnas. Frente al riesgo de involución que se dibuja en el horizonte tenemos que demostrar que ni España, ni la Comunidad de Madrid admiten la LGTBIfobia. Que vamos a seguir siendo ejemplo de libertad, de diversidad y de respeto hacia todo el mundo, tenga la identidad que tenga.

El caso máster demostró algo que nunca habíamos visto en España con tanta claridad: que estamos ante un caso de genuina corrupción universitaria ligada al poder político

Hoy, 21 de marzo, es el último Pleno de la X Legislatura de la Asamblea de Madrid. Hoy, la fortuna ha querido también que sea precisamente el aniversario del acontecimiento más importante por el cual se recordará este periodo legislativo. Ningún madrileño recordará con facilidad –les invito a hacer la prueba– una sola medida relevante que haya llevado a cabo el Partido Popular en los últimos cuatro años en la Comunidad de Madrid. Pero todos recordaremos, y quedará para la historia, que el 21 de marzo se publicó en eldiario.es una pieza informativa que 36 días después obligó a la Presidenta de la Comunidad de Madrid a presentar su dimisión y a salir por la puerta de atrás, después de quedar en evidencia que había obtenido un título universitario de forma fraudulenta.

La información revelada al respecto de sus notas falsificadas, a la que siguió la demostración de que nunca había llevado a cabo su Trabajo de Fin de Máster, ni su presentación ante un tribunal, causó un terremoto político e institucional que aún hoy ha dejado frentes abiertos y que permite sacar algunas lecciones valiosas. En primer lugar, porque el caso máster demostró algo que nunca habíamos visto en España con tanta claridad: que estamos ante un caso de genuina corrupción universitaria ligada al poder político. Quizás no había bolsas de dinero negro traídas de Colombia, pero sí cargos públicos que por el hecho de tener el carnet de un determinado partido político en el bolsillo obtenían algo tan preciado como un título universitario sin hacer ningún mérito para ellos. Puede que este tipo de corrupción tenga menos impacto material directo en los bolsillos de los madrileños (aunque también podríamos hablar de cómo el Instituto Público de Derecho de Álvarez Conde desviaba miles de euros directamente a los hijos de su director). Pero se trata de un tipo de corrupción que daña especialmente nuestra dignidad como sociedad. Ello porque vivimos en una comunidad la que miles de familias hacen esfuerzos sobrehumanos para costear unas tasas abusivas tan solo para dar una oportunidad a sus jóvenes, en un momento en el que además la precariedad es la norma y los estudiantes se ven obligados a compaginar trabajo y estudio haciendo auténticos malabares. Es un tipo de corrupción que daña también el prestigio de uno de nuestros más preciados bienes, las universidades públicas. Y es un tipo de corrupción que devalúa el título legítimo de cientos de miles de egresados en la Universidad Rey Juan Carlos y la carrera investigadora y docente de tantos y tantos profesores e investigadores honrados.

Pero además, el caso máster puso a prueba nuestras instituciones y reveló la cara más obscena del poder. Cristina Cifuentes nos mostró, como si de la protagonista de House Of Cards se tratara, hasta qué punto se puede malversar el cargo más importante de representación de los madrileños, que es la presidencia del gobierno. Durante las semanas en las que intentó sobrevivir al escándalo, pudimos ver, atónitos, cómo se enredaba en una red de mentiras que caían una detrás de otra para ser sustituidas por una nueva mentira. Vimos con estupor a un Consejero de Educación, Rafael Van Grieken, más preocupado de salvar el lio personal de la alumna Cifuentes que de proteger a las universidades madrileñas. Y tal y como se demostró posteriormente, conocimos la operación llevada a cabo por el gobierno de la Comunidad de Madrid para obtener nada más y nada menos que un acta falsificada mediante presiones sobre profesoras, presiones que además fueron ejercidas por cargos gubernamentales. Para el recuerdo quedará la frase pronunciada por la asesora Maite Feito “o me dais el acta o la Presidenta os arranca la cabeza”. Ella, junto a Cifuentes, se enfrentarán ahora a la justicia como autoras de un presunto delito de falsedad de documento público.

Serán de los pocos que asumirán su responsabilidad de toda esa larga lista que conforma la extensa trama en torno al Instituto de Álvarez Conde, ya que otra de las tristes lecciones del caso máster es haber comprobado los límites de nuestro sistema judicial. La ignominiosa sentencia sobre las hipotecas y la decisión de no investigar a Pablo Casado a pesar de reconocer que sí pudo haber trato de favor, han abierto una nueva grieta irreparable en la credibilidad del Tribunal Supremo. Si Pablo Casado no hubiera sido aforado, ahora mismo estaría imputado, tal y como solicitó la jueza Rodríguez-Medel, y como consecuencia de ello, lo estarían también todo el resto de implicados para los que no se tuvo más remedio que decretar impunidad general, para así mantener el inviolable principio de igualdad ante la ley, dado el criterio fijado por el Tribunal Supremo. Nunca pagarán su responsabilidad. Y quienes quedarán sin justicia serán de nuevo los estudiantes, los profesores y las universidades públicas.

Esa impunidad general, no obstante, contrasta con la imputación que aún hoy mantienen Ignacio Escolar y Raquel Ejerique, para los cuales Cifuentes pide hasta 5 años de prisión. Y aquí tenemos una nueva lección: que el periodismo valiente sigue siendo un deporte de riesgo en nuestro país y que quien busca la verdad se enfrenta a las represalias de quienes ostentan el poder.

El caso master, demuestra en definitiva las virtudes y los límites de nuestras instituciones democráticas. Demuestra que el trabajo de los periodistas, las protestas estudiantiles, la presión que ejercimos desde la oposición (que obligó a Ciudadanos a renunciar a su intención de indultar a Cristina Cifuentes más de 25 días después del estallido del caso máster), fue absolutamente determinante para que se produjera la dimisión de Cifuentes. Pero la otra cara de la moneda, es que un año después, la mayoría de los responsables han escapado de la justicia, conservan todos y cada uno de ellos sus títulos fraudulentos (pues la URJC no ha hecho nada al respecto) y ni siquiera la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid ha podido llevar a cabo una mínima depuración de las responsabilidades políticas con éxito. Dicha comisión, en la que he tenido el honor de ser Portavoz de mi grupo, ha concluido sin poder ofrecer a los madrileños un dictamen. Ha caído víctima de un boicot deliberado por parte del Partido Popular y el Partido Socialista (que en esta ocasión debían tener un interés común en tapar sus vergüenzas), que consistió primero en reducir el calendario a su mínima expresión y después en vetar las comparecencias de Pablo Casado y de Carmen Montón (inicialmente vetaron incluso la de Cifuentes), que son sin duda, por la relevancia de los cargos que han ostentado, los mayores responsables políticos del enorme daño que han sufrido nuestras universidades.

Algunos culparán de todo este escándalo a las universidades, que sin duda pueden afianzar sus mecanismos de control, y que en el caso de la URJC es evidente que necesita un proceso profundo de regeneración que el actual equipo rectoral no está en condiciones de ofrecer. Otros incluso intentarán extender la sombra de la sospecha sobre todas ellas como si el problema fuera la Universidad Pública en su conjunto. Pero en una Comunidad en la que todos los servicios públicos, desde la educación a la sanidad, pasando por el agua, han sido saqueados por el Partido Popular, y cuando los últimos cuatro expresidentes se encuentran inmersos en tramas corruptas o directamente imputados, haríamos mejor en reconocer que es el gobierno de la Comunidad de Madrid el que necesita una renovación completa urgente, para limpiarse, abrir sus ventanas y abandonar para siempre esta larga etapa de oscuridad que hemos padecido los madrileños.

Lo contábamos en Twitter ayer por la noche. Estábamos cogiendo el metro Lavapiés para ir a tomar algo con unos amigos cuando al bajar las escaleras nos cruzamos con un grupo de chavales que subían por la escalera de al lado. Nosotros íbamos hablando relajadamente y nos habíamos abrazado sin darnos cuenta. Fue en ese momento cuando los chicos comenzaron a gritarnos varias cosas, que al principio no entendimos. El primer ¨maricones“ nos hizo caer en la cuenta de lo que estaba pasando. Luego continuaron los insultos y los comentarios homófobos hasta que nos perdimos de vista. 

Con la estación llena de gente y los guardias de seguridad al lado de los tornos en ningún momento temimos que nos fueran a agredir físicamente. De hecho incluso nos volvimos para intentar verles la cara y responderles. Cuando se marcharon se nos quedaron varias sensaciones que nos gustaría contar, no tanto por lo que nos sucedió a nosotros, sino por el momento que vive Madrid en cuanto a la LGTBfobia. 

Nos vino a la cabeza rápidamente que había sido una tontería y que no había pasado nada. Pero nos quedamos en silencio, en un banco, con una mezcla de bajón, de impotencia y de rabia, un poco avergonzados incluso por no haber sabido reaccionar de otra forma. No es la primera vez que nos ocurren situaciones parecidas, aunque hacía mucho que no nos pasaba. Lo cierto es que cuando te ocurre a ti piensas que un insulto no es gran cosa, que el insulto de unos descerebrados no debe hacerte parar ni un momento. Que incluso concederle demasiada importancia es casi rendirte ante ellos, mostrarte débil cuando no lo merecen.

Pero sí tiene importancia. En primer lugar porque esos mismos chavales que a nosotros nos vieron en las estaciones de metro, ante las cámaras de seguridad, la gente, las luces y los guardias, no iban a pasar a mayores, pero quién sabe con quién se cruzaron en cuanto salieron por la boca del metro. Es este mismo perfil el que luego acosa y pega a una pareja cuando vuelve a casa por una calle solitaria de madrugada o que si se cruzan con una persona trans le dan una paliza. Por poner un ejemplo real que me han prestado desde el Observatorio Madrileño contra la violencia por LGTBfobia: en enero dos chicas lesbianas se besan en un bar y se les quedan mirando unos chicos. Les preguntan que si son lesbianas, dicen que sí y siguen con comentarios homófobos hasta que uno de los agresores pega un puñetazo a una de ellas. Por eso, ni ante el más mínimo insulto, ni ante la más leve muestra pública de homofobia podemos quedarnos callados ni calladas. Porque los que nos han insultado a nosotros son los mismos que mañana quizás le rompen la cara a alguien. 

En segundo lugar porque los insultos tienen una enorme fuerza performativa que las personas LGTBI interiorizamos desde el primer “maricón” que oímos en la escuela (el insulto más utilizado en las aulas aún hoy), y por tanto no son una cosa menor. Un insulto homófobo no deja de ser una enseñanza vital que te dice: ándate con ojo, porque tú no puedes permitirte mostrarte en cualquier lugar como haría cualquier persona verdaderamente normal. Un insulto no es solo el momento en el que alguien pronuncia un insulto, sino cómo resuena en tu cabeza, cómo resuenan todos y cada uno de los que hemos oído las personas LGTBI desde que somos pequeñas, dirigidos a nosotras o a otras y que nos han enseñado que no somos bienvenidos. El resultado es que no hace falta que nadie te insulte ni te agreda para que en muchos lugares no te cojas de la mano, no te des un beso o no hagas según qué cosas sin mirar dos o tres veces lo que tienes alrededor. Es una amenaza invisible que afecta a tu subjetividad y la construye desde una vulnerabilidad que los hombres heterosexuales no conocen. Hay personas trans que sencillamente no se atreven a coger el metro porque saben que se exponen a sufrir ataques graves por su sola presencia.   

Las agresiones por LGTBfobia no han dejado de aumentar en los últimos años en la Comunidad de Madrid. Así lo refleja el último informe del Observatorio Madrileño contra la LGTBIfobia de 2017 que ha sido recientemente publicado. En la Comunidad de Madrid se recogen 321 incidentes, incluyendo 120 agresiones verbales, 70 casos de discurso de odio, 57 agresiones físicas, 27 amenazas 18 denegaciones de servicio 8 agresiones sexuales y 4 expulsiones del hogar.

Las conclusiones de este informe relacionan este nuevo brote LGTBfobia con el aumento de la visibilidad que tenemos. Conforme nos comportamos con mayor naturalidad en zonas céntricas, conforme nos sentimos más libres para expresarnos como queremos surge la reacción más virulenta de quienes ya han perdido casi toda la batalla cultural.

No es casualidad que sea precisamente durante la semana del orgullo cuando más agresiones se producen en la Comunidad de Madrid (41 incidentes justo durante el orgullo pasado) ni que las agresiones ocurran precisamente en la ciudad de Madrid y no en otros municipios pequeños donde las personas LGTBI muchas veces ni se plantean mostrarse en público como tales. Golpean allí donde hemos conquistado espacios. Por eso hay que denunciar, denunciar públicamente y ante la policía. Porque afortunadamente en Madrid y gracias a que el Partido Popular perdió la mayoría absoluta tenemos una Ley de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual, y una Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación, conocida como Ley Trans, que son pioneras en el mundo y que deben protegernos a todos y todas.

No podemos dar ni un paso atrás hasta devolver a sus guaridas a las alimañas que aún andan sueltas creyendo que la calle sigue siendo suya. La próxima batalla será hacer que se cumplan esas leyes que conquistamos y que a día de hoy, la dejadez del gobierno autonómico ha dejado en suspenso. Pero el camino que hemos emprendido es irreversible y no vamos a dejar de pelear ni un momento, hasta que todos podamos sentirnos libres y seguros en nuestras calles. Feliz orgullo. Hagamos de la visibilidad nuestra mayor arma un año más.

No era tarea fácil cuando hace un año decíamos que queríamos construir la herramienta de la gente y para la gente, no era fácil ni demostrarlo ni ponerlo en práctica. Y lo que era imposible era evitar las críticas, y cierta desconfianza en que fuéramos capaces de poner en marcha un proyecto para la mayoría social existente. Poco después pusimos sobre la mesa la clave: un método democrático para que decidiera la gente. Y entonces vino el proceso de la Asamblea Ciudadana, en la que participaron miles de personas y donde, después del debate de Vistalegre se eligieron los documentos político, organizativo y ético que hoy definen la organización. No hemos descubierto la pólvora, pero hicimos algo que ningún otro partido político se había atrevido a hacer con anterioridad, abriéndonos a la ciudadanía y constituyendo una organización potencialmente de todos y todas.

El 14 de febrero se cerró el proceso de constitución de Podemos con la elección de los órganos de las comunidades autónomas. A día de hoy, tras muchos meses de intenso proceso participativo, Podemos cuenta con órganos formales y con una estructura definida de funcionamiento a nivel estatal, autonómico y municipal.

Ha sido una ardua tarea que ha transformado una masa con enorme potencia pero totalmente desordenada y caótica, en una maquinaria capaz de construir una alternativa política real en nuestro país. Sin duda, aún necesitaremos tiempo para engrasar las piezas y para hacer funcionar los engranajes pero hemos logrado lo fundamental. Contra todo pronóstico hemos dado a luz una nueva fuerza política que ha elegido a todos sus cargos internos en procesos de primarias abiertas y ha tenido como uno de los ejes fundamentales de su construcción la necesidad del protagonismo ciudadano.

Un caso ilustrativo de lo que hemos vivido es el nuestro, el de la comunidad autónoma de Madrid. El sábado 14 de febrero por la noche conocíamos los resultados de la Secretaría General y el Consejo Ciudadano y nos encontrábamos con una singular situación. Dos listas, Claro Que Podemos y Podemos Ganar Madrid, habían logrado un ajustado resultado por el que si bien ganaba la primera, apenas las separaba un 5% de los votos. Luis Alegre será el Secretario General de Podemos Comunidad de Madrid, y el Consejo Ciudadano estará formado por personas de ambas listas. Varios medios de comunicación se apresuraban entonces a relatar el inminente cisma que se estaba produciendo en Podemos, pronosticando una debilidad cada vez más palpable de nuestros líderes y de nuestra organización.

Pero parece que no querían reparar en otro asunto: en Podemos ha ganado la pluralidad, ha ganado la unidad y ha ganado la integración de las diferentes posiciones. En Podemos todos los cargos se escogen por primarias abiertas, desde los miembros de la dirección, hasta el Secretario o Secretaria general pasando por las listas electorales. No tenemos un sistema para neutralizar los conflictos mediante golpes autoritarios sino para favorecer que se expresen las diferencias y canalizarlas democráticamente. La democracia en las organizaciones políticas debería medirse por la publicidad de los debates, la capacidad de expresar diferencias y la confrontación de ideas distintas sobre la base de un suelo común.

Se ha procurado construir una estructura que garantiza la estabilidad al mismo tiempo que asegura que el guión no está escrito de antemano y cuenta con mecanismos suficientes de control. Luis Alegre, el Secretario General de Podemos Madrid, tendrá que contar en su equipo de dirección con 16 personas que no formaban parte de la lista con la que concurrió al proceso interno (y con la que también concurrimos los que firmamos este artículo). Esas 16 personas han sido escogidas por la gente de Podemos y es un enorme signo de salud democrática que así sea.

Cuando decíamos que claro que podíamos era esto. Significa poner el método encima de la mesa y exponerse al resultado. Significa escapar de modelos burocráticos de viejos partidos, que tienen ritmos propios y alejados de la ciudadanía. Significa que todas las decisiones recaerán sobre la gente; no sobre las personas que tienen todo el tiempo del mundo para dedicarse a la política, sino sobre toda aquella persona que quiera formar parte de la decisión.

Todos los procesos internos son duros y conllevan discusiones y debates complejos, pero lo importante es el verdadero resultado: un Podemos plural sale reforzado y dispuesto a ganar la Comunidad. Nosotros salimos mucho más unidos que nunca y más unidos que nadie. Ningún otro partido en Madrid afrontará los próximos comicios en esta situación interna que proviene de las propuestas y de la elección de la gente. Mientras, otros partidos siguen esperando a órdenes desde arriba a través de dedazos, o avergüenzan a la ciudadanía con espectáculos mediáticos indignos de los madrileños y las madrileñas que merecen unos representantes a su altura y a la altura del momento histórico.

Sentimos decepcionar a los que les gustaría que no fuéramos capaces de organizarnos y de arreglar nuestras diferencias. Sentimos haber puesto en funcionamiento las arriesgadas demandas de la democracia: participar, elegir, formar parte y tener voz y voto; que parece que a muchos les da miedo replicar, y aún quieren lavar la cara a golpe de gestora, rescate de “viejos héroes” y simulacro de consulta a “los militantes”. La democracia no está reñida con la eficacia y la capacidad. Hay quien lo pasa peor con las diferencias y cambia cerraduras de despacho para mover las piezas a gusto. A nosotros no nos hace falta, somos transparentes en todos los sentidos; y ya, por fin, estamos listos para salir a ganar la Comunidad de Madrid primero, y luego el país.