Allá por octubre de 2023, el grupo de estudiantes de la asignatura de Políticas Sostenibles y Transiciones Ecológicas de la Universidad Complutense de Madrid tomamos conciencia de algo que nos concierne a todos. Aquella asignatura optativa del último año de carrera universitaria era, para la mayoría, nuestro primer acercamiento teórico a la crisis ecológica. Nos sentimos parte de una generación cuyas vidas vienen siendo golpeadas por profundas crisis, sabemos que hemos de conocerlas bien para afrontarlas. Hemos sobrepasado casi todos los límites planetarios justos y seguros, del calentamiento global al de la destrucción de la biodiversidad, mientras vivimos con angustia el desborde irreversible de los llamados puntos de inflexión, de la desaparición de los corales a la ralentización de la corriente noratlántica o la conversión del Amazonas en un emisor neto de CO2.

El pasado año 2023 ha sido especialmente crítico en cuanto al incremento de las temperaturas, los desastres asociados a ello han arrasado islas como Maui (Hawái, Estados Unidos) y ciudades enteras como Derna (Libia), con miles de pérdidas humanas, mientras en Canadá se quemaron más de 18 millones de hectáreas con incendios nunca vistos. Según se agudiza la crisis y las consecuencias llaman a nuestras puertas, la propia supervivencia de la humanidad está en riesgo. Por eso, la crisis ecosocial es “el tema de nuestro tiempo”.

Sin embargo, el lenguaje utilizado tanto en la agenda política nacional como en foros y cumbres internacionales, la forma de abordarla, las políticas implementadas y los recursos movilizados no están a la altura de la gravedad del problema: son el testimonio de la incapacidad institucional de encontrar una respuesta coherente a un desafío compartido. Su gobierno, por ejemplo, seguía subvencionando según los últimos datos de 2022 con 11.500 millones de dólares a la industria del gas, el petróleo y el carbón. Lo encontramos sencillamente inexplicable. Esa es la razón por la que, junto a nuestros profesores, decidimos redactar esta carta. Necesitamos ayudar a poner en marcha el profundo y urgente cambio de rumbo que necesitamos. Queremos y debemos aportar, aunque sea con este mínimo intento. 

El pasado año se cerró con la celebración de la COP28, la conferencia climática más importante del mundo, en la que todos los países deberían representar adecuadamente a su ciudadanía y estar dispuestos a tomar responsabilidades en favor del bienestar de todos. A pesar de la decisión de establecer su sede en Dubai, encontramos conveniente esperar una resolución; la evidencia de que antes o después con el agravamiento de esta crisis nos hundimos todos, nos hizo pensar que quizá, esta vez sí, tras el terrible 2023 vivido, las potencias mundiales pasarían a la acción. No es una quimera, sabemos que es posible. Ahí está por ejemplo el éxito del Tratado de Montreal de 1987 frente al deterioro de la capa de ozono. Puede que ese optimismo naif que se nos suele adjudicar a las jóvenes fuese la causa de nuestra decepción para con los acuerdos alcanzados.

La resolución acordada en la COP28 no ha estado a la altura de las circunstancias, ignorando nuevamente la gravedad de la situación en la que nos encontramos. Hemos echado de menos decisiones firmes que demuestren que existe la intención de trabajar por aquello que nos interpela colectivamente. Encontramos esencial que se tomen medidas eficaces en la eliminación de los combustibles fósiles. Es un problema complejo, lo sabemos. Conocemos también de los esfuerzos llevados a cabo por ONG y agradecemos que el Gobierno de España haya desempeñado, junto con la Unión Europea, cierto papel de liderazgo en su compromiso con los Acuerdos de París a la hora de buscar en Dubai más contundencia declarativa frente a las emisiones fósiles. Lo que ahora reclamamos es que podamos proseguir esta labor convirtiéndonos en pioneros a la hora de trasladar lo redactado a la práctica. Siguiendo además el mandato claro del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y de todas las instituciones volcadas en la denuncia de la crisis ecológica dentro del sistema de Naciones Unidas, del IPCC al IPBES o el PNUMA. Las COP, como hemos visto, no fuerzan medidas vinculantes que obliguen a los países. Lo máximo que podemos esperar ahora es que el cambio nominal sobre las emisiones fósiles —transitioning away— impulse cambios reales voluntarios a nivel nacional. Es por tanto su momento, presidente.  

Las consecuencias de la inacción serán demoledoras. A lo dicho antes, sumemos ya en España la sequía y las olas de calor, la destrucción de Doñana o el Mar Menor, las más de 25.000 muertes prematuras por aire contaminado o la pérdida del 80% de los glaciares pirenaicos. La temperatura ya provoca en nuestro país más muertes que el cáncer de mama o de próstata, según el informe Momo recién aparecido a inicios de este nuevo año. Mientras, la destrucción de la biodiversidad a escala global supone contar con más de un millón de especies animales y vegetales actualmente en peligro de extinción, que se dice pronto. Pensemos por ejemplo en que el 75% de los cultivos de frutas y verduras dependen de una polinización puesta en entredicho por la desaparición de los insectos polinizadores. Asimismo, entre otras consecuencias devastadoras, toda esta destrucción de ecosistemas incrementa exponencialmente en lo inmediato los riesgos de una nueva pandemia. Frente a la brutal reacción del negacionismo internacional, y hemos de decir que también frente al retardismo de gobiernos como el suyo, la ciencia es muy clara al respecto y las nuevas generaciones lo tenemos claro. Estamos concienciadas y no podemos aceptar que la cooperación internacional vacile ante las presiones de grandes empresas y petroestados que anteponen sus intereses a corto por encima de la sostenibilidad de las vidas. Vemos con asombro, también en nuestro país, cómo los movimientos climáticos y la comunidad científica están siendo criminalizados por lanzar un grito desesperado ante esta situación.

Sería así negligente por nuestra parte no señalar quienes son los principales responsables de esta crisis en el contexto español. Solo una decena de compañías han sido las causantes de un 20,5% de las emisiones fósiles totales generadas por nuestro país. ¿De verdad desde el Gobierno no pueden hacer nada? ¿Ha sido laminado o colonizado de tal forma el poder político que seguimos permitiendo este sinsentido? La lista concreta de empresas más contaminantes para el año 2022 es la siguiente: Repsol, Endesa, EDP, Naturgy, Arcelormittal, Cepsa, FCC, Iberdrola y Enagás. Como ejemplo, la gigante Repsol, a la cabeza de la lista de la vergüenza, ha dedicado el 82% de sus inversiones en 2022 al negocio relacionado con energías fósiles y sólo el 0,82% de su producción energética ha sido renovable. Todo ello con un beneficio neto de 4.251 millones de euros, un 70% más que en 2021. Y mientras, bancos como el Santander, BBVA o CaixaBank prosiguen invirtiendo miles de millones en proyectos fósiles por todo el planeta. El sector de la aviación, por su parte, duplicaba en España sus emisiones en 2022 respecto a 2021. Relacionado con todo ello, rescatamos un solo dato que sirve para resaltar la diferenciación en las responsabilidades: mientras que el 10% de los hogares con mayor renta producen el 45% de las emisiones globales, el 50% más pobre produce entre un 13% y un 15%.

Estudiamos Ciencias Políticas y no podemos creer que desde el Gobierno no se puedan revertir estas cifras y, con ellas, esta tendencia suicida. Tienen una obligación histórica que no pueden eludir escudándose en que son mejores que el negacionismo ultra y desnortado.

Una acción decidida traería beneficios claros en el ámbito de la salud pública, la cohesión social y la justicia ecológica. El modelo agroindustrial actual no es sostenible, necesitamos una representación política al margen de los grandes lobbies del sector. Este curso hicimos precisamente una actividad externa visitando una serie de parcelas agrícolas castellanas donde observamos de primera mano la temeraria insensatez del modelo actual. El impulso público a la producción y consumo de productos agroecológicos y de proximidad habría de ser enorme, tanto como el fomento de una dieta vegana. La biodiversidad no solo ha de protegerse, ha de recuperarse en entornos urbanos y/o degradados con ambiciosos proyectos de renaturalización sobre amplios porcentajes del territorio nacional. La reindustrialización verde y la transición energética ha de afrontarse con la perspectiva también de crear nuevos empleos, asumiendo la importancia de la reducción de jornada para la lucha climática, y desde estándares de justicia internacional, renunciando a una nueva carrera extractivista que dañe a poblaciones y territorios del Sur Global. Si esto solo es posible desde la nacionalización de empresas energéticas y el impulso de comunidades energéticas locales, ¿por qué no hacerlo?

En esta misma línea, el sector aéreo debería transicionar aceleradamente, con el decidido impulso del Estado, hacia el transporte ferroviario. No es tiempo de hacerse trampas al solitario con medidas que afectan a cuatro vuelos cortos. Por supuesto, la educación es clave, y se debería hacer mucho más. Tampoco nos vale la inclusión de un par de líneas animando la sostenibilidad en la nueva ley universitaria. Le contamos por ejemplo que somos la primera generación de esta asignatura en nuestro grado de Políticas, pues no había ninguna antes que tratara la crisis ecológica. Y es optativa. Si observa los planes de estudio de las Universidades españolas, somos hasta pioneros, lo cual en buena parte resulta descorazonador.

España puede así liderar el paso de las palabras a los hechos en ese dejar atrás las emisiones fósiles tras la COP28. Pero no vale una política tímida de gestos, acciones para salir del paso y grandilocuentes declaraciones. Necesitamos ir con todo, tanto en el ámbito doméstico como de cara a fuera, coliderando una coalición internacional. Se ha puesto en marcha por ejemplo la iniciativa internacional por un tratado de no proliferación de combustibles fósiles que propone el fin inmediato de las exploraciones, la eliminación de subsidios públicos o el establecimiento de límites claros a la extracción, entre otras medidas. Este tratado cuenta ya con el apoyo expreso de hasta 12 Estados, como Colombia y otras islas principalmente del Pacífico, con riesgo próximo de desaparecer, y que acompañaron a España en sus esfuerzos diplomáticos en la COP28. Este tratado pone en práctica también la declaración del Parlamento Europeo realizada en este sentido en 2022. ¿No sería un punto de inflexión internacional la incorporación de España? ¿Sería posible con ello arrastrar a otros Estados de la Unión Europea y de América Latina?

Sería por otra parte maravilloso que nuestro país y nuestro Gobierno impulsara nuevas instituciones necesarias en este siglo XXI tan incierto, como un Tribunal Europeo de la Tierra capaz de crear marcos legales y políticos de protección a los ecosistemas y las entidades más que humanas actualmente en peligro.

Nuestro sistema económico debe adecuarse a los límites planetarios, al tiempo que satisface las necesidades básicas de la población. Como voces que forman parte de una generación que ahora mismo considera que no tiene el futuro asegurado, que duda como nunca sobre si traer descendencia al mundo, le aseguramos que nuestro interés no está tanto en un crecimiento del PIB al servicio de los pocos y grandes como en una prosperidad para las clases populares y la biosfera. Sabemos que los dirigentes de este mundo, en esta encrucijada crucial para la humanidad, también tenéis gente querida cerca y que buscáis lo mejor para ellas. Pensad al menos en esto a la hora de buscar fuerzas y razones con las que resistir a los colosales intereses que enfrentamos. Lo que os podemos asegurar es que, si dais un paso en la dirección correcta, seremos millones quienes os acompañaremos.

También firman este texto:

Cosimo Alinari, Abril Armengol, Amelie Braun, Martin Brémont, Jorge Stefano Cruz, Samuel Cruz, Javier Cuenda, Vieri Donatini, Paula Fernández, Roberto Fuentes, Carlota García, Inés Gómez, Charles Hermann, Iván Hernández, José Hipólito Usme, Belén Jiménez, Fernando Jurado, Giulia Kim Dell, Micaela Llona, Alehna Martín, Paula Ortega, Sari Palomar, Carmen Peces, Rubén Pizarro, Gabriela Pola, Aitor Rioja, Pilar Roldán, Raquel Sobrino, Sara Segura, Didac Torá, Sofía Trías, Bruno Valín, Sasha Yonova y Mathías Vila. 

Han pasado algunos meses desde que vimos en este mismo diario la foto tomada por José Palazón en la que se veía a un grupo de personas intentando cruzar la valla de Melilla. La tristemente célebre valla que simboliza, como pocos lugares en el mundo, el contraste entre la aspiración a una vida mejor y la protección de un modelo de vida. La valla, testigo de la vulneración de derechos humanos, es el escenario de uno de los mayores dramas de la historia, especialmente de nuestro tiempo: la insoportable desigualdad en las condiciones de vida entre unas personas y otras.

La gran diferencia entre esta fotografía y muchas imágenes que habíamos visto hasta entonces (y a las que parecíamos estar acostumbrados) es que esta “nos” coloca dentro del cuadro. Una perspectiva más amplia y un ángulo más abierto muestra que, a pocos metros de donde muchas personas inmigrantes se juegan la vida ―y el futuro de sus familias―, otras disfrutan relajadas, indiferentes al drama.

La fuerza de esta imagen no solo se plasma en la evidencia desgarradora de una desigualdad extrema sino, sobre todo, en la indiferencia y en la aceptación de la desigualdad. Y es sin duda esta aceptación la que permite que siga existiendo la desigualdad. Por eso la fotografía nos interpela, nos afecta y nos conmociona, porque señala que son precisamente la indiferencia y la aceptación las que explican la reproducción de la desigualdad.

La desigualdad, no obstante, no puede ser abordada exclusivamente como un problema individual. Es, por el contrario, un problema de carácter global que no ha parado de aumentar en las últimas tres décadas. Así lo ha hecho la denominada desigualdad de renta, que ha aumentado entre países y, especialmente y como elemento más novedoso, en los países.

Pero la desigualdad no solo se explica en términos de renta. Es necesario atender también a la diferencia de oportunidades y condiciones de vida en función de cuál sea nuestro género, nuestra etnia, nuestra edad, nuestro lugar de procedencia o nuestra opción sexual. Es la pertenencia a uno u otro grupo dentro de estas categorías la que explica las enormes desigualdades entre personas. Reducir el problema de la desigualdad a un mal reparto de la riqueza sería partir de un análisis excesivamente limitado.

De la misma manera, abordar la desigualdad desde una mirada nacional es necesario, pero insuficiente para encontrar verdaderas soluciones a un problema de alcance global que se explica por la existencia de asimetrías. Un reparto equitativo de la riqueza es necesario, sin duda, y políticas de cohesión garantes de la equidad son imprescindibles en todos los países. Pero solo serán realmente efectivas cuando se sustenten en acuerdos globales en torno al comercio, a la fiscalidad, a los modelos de producción y consumo, a la protección de los derechos humanos y al respeto a la naturaleza.

¿Qué harán la sociedad y la comunidad internacional en un momento importante para la agenda de desarrolloagenda de desarrollo? ¿Plantearán, como hicieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, una agenda centrada en abordar algunos de los más urgentes desafíos para el planeta y la humanidad, pero sin atender a las causas que los provocan?, es decir, ¿seguirán naturalizando las causas de los problemas para solo abordar sus síntomas? ¿O harán la comunidad y la sociedad internacional como José Palazón y tomarán distancia, la suficiente perspectiva y el ángulo adecuado para calibrar la necesaria dimensión de los problemas? Si este es el caso, ¿serán capaces de proponer medidas de redistribución del poder y corrección de las asimetrías globales?, ¿lo harán en temas como el comercio, los impuestos globales o el medio ambiente, por citar solo algunos de los más importantes? Hacerlo será reconocer que todos y todas formamos parte de la misma fotografía, y que la desigualdad es en realidad un problema de mala distribución del poder y de los recursos, pero también de las opciones y oportunidades. Los próximos meses, en los que se concretará la agenda de desarrollo post 2015 en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, serán fundamentales para la respuesta a estas preguntas. Estaremos en alerta.