El Consejo Consultivo de Canarias, en un dictamen emitido el pasado 27 de octubre, rechaza la revisión de oficio de las autorizaciones concedidas por la Viceconsejería de Política Territorial para la ampliación del Monkey Beach Club, una sala de fiestas que se ubica en primera línea de la playa de Troya, en el municipio tinerfeño de Adeje.

El dictamen, que además de preceptivo es vinculante, concluye que la resolución de la secretaria general técnica de la Consejería de Transición Ecológica de Canarias, que propuso en abril la anulación de las autorizaciones, “no argumenta por qué esos servicios, en este caso concreto, no son convenientes” para el litoral, en relación a la actividad que desarrolla el Monkey Beach Club, que se levanta sobre la servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre. 

Los miembros del Consejo Consultivo son nombrados a propuesta de los grupos parlamentarios. Aunque se trata de un órgano colegiado, es decir, las decisiones se toman por consenso, en cada dictamen se nombra a una persona como ponente. En el caso de las autorizaciones del Monkey Beach Club, esta responsabilidad recayó en la jurista Cristina de León Marrero.

Cristina de León Marrero llegó al Consejo Consultivo a propuesta de Coalición Canaria. Con la formación nacionalista en el Gobierno autonómico ocupó varios puestos técnicos de alta responsabilidad. De hecho, fue secretaria general técnica de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad desde julio de 2015 hasta el 23 de enero de 2017, cuando fue cesada, según consta en el Boletín Oficial de Canarias. La primera de las autorizaciones para ampliar el Monkey Beach Club cuestionadas, fechada el 19 de enero de 2017, se otorgó mientras aún ocupaba oficialmente el cargo de secretaria general técnica de Política Territorial. 

El Monkey Beach Club tiene como actividad principal la organización de fiestas privadas. No es el tradicional chiringuito de playa al que cualquier usuario del litoral pueda acceder. Se trata de un local cuyo principal negocio, además de contar con un restaurante, es la organización de eventos musicales a los que solo pueden asistir aquellas personas que paguen por entrar a la instalación. 

El uso del local es el epicentro del debate jurídico abierto en la vía administrativa de cara a su posible adecuación a la Ley de Costas. Una controversia que se resuelve en paralelo a la jurisdicción penal, donde existen abiertas unas diligencias que nacieron de una denuncia de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife por la presunta comisión de un delito contra la ordenación del territorio por la ampliación de la instalación. En la causa se investiga al exviceconsejero de Política Territorial de Canarias, a técnicos de la Demarcación de Costas y del Ayuntamiento de Adeje, así como al alcalde y a varios concejales del municipio del sur de Tenerife. 

Lo que se dirime en la vía penal es mucho más complejo que el debate administrativo, que se centra en aclarar si el Monkey Beach Club cumple con los usos permitidos por el artículo 25.2 de la Ley de Costas, donde se establece que en la servidumbre de protección, “con carácter ordinario, solo se permitirán en esta zona, las obras, instalaciones y actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación, como los establecimientos de cultivo marino o las salinas marítimas, o aquellos que presten servicios necesarios o convenientes para el uso del dominio público marítimo terrestre, así como las instalaciones deportivas descubiertas”.

No existe controversia a la hora de reconocer que la actividad del Monkey Beach Club puede tener una ubicación distinta a la primera línea del litoral o de descartar que sea necesaria para el dominio público marítimo terrestre. El problema surge en saber si presta un uso “conveniente”, ya que se trata de un concepto jurídico indeterminado, lo que ha llevado a la jurisprudencia a concluir que es necesario analizar caso por caso. 

Un uso conveniente

Durante la tramitación del expediente que dio pie a las dos autorizaciones que concedió la Viceconsejería de Política Territorial para dar luz verde a las obras de ampliación, una en 2017 para el primer proyecto y otra en 2019 para un modificado del original, los técnicos del departamento autonómico concluyeron que el uso del Monkey Beach Club era conveniente para el dominio público marítimo terrestre. No fue hasta que se presentó una petición de la Comunidad de Vecinos Galaxia, en la que se solicitaba la revisión de oficio de los permisos, cuando se empezó a cuestionar esta decisión.

El expediente de revisión de oficio concluyó con una resolución de la actual secretaria general técnica de la Consejería de Transición Ecológica, donde se integra el área de Política Territorial, en la que se proponía la anulación de las autorizaciones por considerar que los usos del Monkey Beach Club no son convenientes para el litoral. Una posición que mantuvo la funcionaria a pesar de que los servicios que en su día informaron a favor de la ampliación de la instalación se ratificaron en su posición inicial. 

Para la secretaria general técnica, Marta Bonnet, los distintos informes en los que se apoyó el entonces viceconsejero de Política Territorial, Jesús Romero, para otorgar las autorizaciones no motivaron de manera suficiente que el uso de la sala de fiestas fuera conveniente para el dominio público. Una posición que, a la inversa, sostiene ahora el Consejo Consultivo en su dictamen sobre la resolución de la jurista principal de Transición Ecológica.

El dictamen del Consejo Consultivo llega a la conclusión de que la secretaria general técnica “no aporta ninguna razón convincente que nos lleve a considerar que, efectivamente, en este caso concreto, esos servicios no son convenientes”, lo que considera una “ausencia de motivación” suficiente para no aceptar la revisión de oficio de las autorizaciones.

El criterio histórico que mantiene el Consejo Consultivo sobre las revisiones de oficio es restrictivo, hasta el punto de que obliga a las administraciones a motivar sus propuestas de manera que sean capaces de tumbar principios básicos como la buena fe o las consecuencias vinculantes que se desprenden de los propios actos.

La resolución de la secretaria general técnica que proponía anular los permisos se basó en varios argumentos que el Consultivo considera insuficientes. La funcionaria motivó su propuesta en que la ampliación del Monkey Beach Club podría producir un impacto negativo sobre el dominio público porque ya existen multitud de actividades similares en la zona, lo que provocaba que se incrementara con su puesta en funcionamiento la carga de usos del área. Su razonamiento se fundamentó en que la presencia de multitud de bares, restaurantes o salas de fiesta en la zona no implica que cualquier actividad de esta naturaleza deba ser considerada conveniente.

En los informes previos que se emitieron y que avalaron las autorizaciones ahora discutidas se justificó la conveniencia del uso por estar amparado por el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad (PMM) de Costa Adeje, anulado por los tribunales después de la concesión de los permisos, bajo el argumento de que el Monkey Beach Club “hace viable la renovación urbana y edificatoria de la zona turística”. 

La posición del Consultivo es decisiva en la vía administrativa, dado el carácter vinculante del dictamen, y supone que la Consejería de Transición Ecológica no podrá anular ya las autorizaciones del Monkey Beach Club. Un aspecto que también puede ser clave de cara a cómo se interpreta el papel del Ayuntamiento de Adeje, que apoyó la concesión de sus licencias en los permisos otorgados por el Gobierno de Canarias. Otra cosa es la vía penal, donde la instrucción aborda un espectro más amplio, al investigar también los aumentos de altura y superficie que concedió el PMM al local de ocio. 

La polémica con el PMM

Sobre la validez de las licencias municipales existe un contencioso judicial abierto, que tendrá que resolver el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en fase de apelación, a raíz de un recurso presentado por la Comunidad de Vecinos Galaxia, después de que el Ayuntamiento desestimara por silencio administrativo la petición de revisión de oficio de los permisos. En este caso, el conflicto bascula alrededor de la interpretación de la disposición adicional única del PMM de Costa Adeje.

La disposición adicional única del PMM estableció que en las construcciones que ocupan la servidumbre de protección del dominio público sería obligatorio aplicar los parámetros fijados por la disposición transitoria cuarta de la Ley de Costas. Para los vecinos de la Comunidad Galaxia, en una posición que comparte el dictamen del perito judicial elaborado en la causa penal, esta regulación tendría que haberse interpretado como una prohibición de la posibilidad de conceder licencias para la ampliación de construcciones que implicasen un aumento de superficie o altura, como ocurrió con el Monkey Beach Club. 

La disposición adicional única se añadió a última hora en respuesta al informe desfavorable emitido el 20 de mayo de 2015, dos días antes de la aprobación del PMM, por la Subdirección General de Dominio Público Marítimo-Terrestre, donde se advirtió de que las edificaciones ubicadas en la servidumbre de protección “quedarán sujetas al régimen establecido en la disposición transitoria cuarta de la Ley de Costas, pudiéndose solamente realizar obras de reparación, mejora, consolidación y modernización siempre que no impliquen aumento de volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes”. 

El PMM de Costa Adeje fue anulado por los tribunales por una cuestión formal, por lo que nunca se llegó a analizar el fondo de un documento que concedía importantes aumentos de los aprovechamientos urbanísticos a varios negocios asentados en el litoral del municipio del sur de Tenerife. Los promotores que fueron más rápidos, y ampliaron sus instalaciones antes de que la Justicia tumbara la nueva ordenación, como el Monkey Beach Club, pudieron aplicar unos parámetros que no caben con el Plan General de Ordenación (PGO) en la mano. 

Como la anulación del PMM no obliga a dejar sin efecto las licencias concedidas bajo su vigencia, estos promotores se han aprovechado de los beneficios de una burbuja urbanística que creó el Gobierno de Canarias con la aprobación ilegal de los planes de modernización, muchos de los cuales han caído en los tribunales, como el de Costa Adeje. 

La pregunta que se abre ahora es cómo va a afectar el dictamen del Consejo Consultivo a la causa penal que se investiga en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Arona, que encara en estos momentos su fase final. Hasta ahora, la posición de la Fiscalía y del perito judicial pone contra las cuerdas a los imputados en el procedimiento. En las diligencias previas, además de la concesión de las autorizaciones y de las licencias para la ampliación, también se investiga la calificación urbanística y el significativo incremento de la edificabilidad que se concedió en el PMM a la parcela del Monkey Beach Club. 

Un dictamen emitido por el Consejo Consultivo de Canarias el pasado 4 de mayo rechaza anular las licencias de obras de 25 viviendas que la empresa Promotora Puntalarga, propiedad de la familia Plasencia, construyó en el municipio tinerfeño de Candelaria. La promoción urbanística invade cerca de 2.000 metros cuadrados de suelo rústico y fue denunciada en octubre de 2019 por la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ante la existencia de indicios de presuntos delitos contra la ordenación del territorio, lo que a su vez impulsó al Ayuntamiento a iniciar el expediente de revisión de oficio de los permisos, como informa Mírame TV.

La nueva posición del Ayuntamiento, cuyo exconcejal de Urbanismo Domingo Ramos (PSOE) y varios técnicos municipales están investigados por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Güímar a raíz de la denuncia de la Fiscalía, se ha topado con el criterio del Consejo Consultivo, que rechaza la revisión de oficio de los permisos y certificados de la urbanización pese a los incumplimientos de la normativa que tanto el Ministerio Público como el propio Consistorio han detectado. La decisión del órgano asesor ha llevado a la alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, a firmar un decreto para desistir de su intención de anular las licencias. 

Detrás de la promoción urbanística de 25 viviendas, aunque solo se construyeron 22, hay un lío administrativo que en su día desenredó la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife. Los informes iniciales para la concesión de la licencia omitieron el hecho de que los adosados invadían suelo rústico. Uno de los técnicos que tenía que haber advertido de las presuntas ilegalidades trabajó años después para la empresa promotora. Las obras se iniciaron después de que los permisos caducarán, pero el Ayuntamiento les concedió validez en base a dos certificados de la secretaria municipal, con el visto bueno del exconcejal de Urbanismo. Cuando la Fiscalía denunció, algunos de los dueños se habían instalado en sus residencias sin tener la cédula de habitabilidad y la primera ocupación.

Han pasado 21 años desde desde que se iniciara el primer expediente de la urbanización que se levanta junto al barranco de Aroba, en la parte superior de la autopista del sur. Según la denuncia de la Fiscalía y el criterio sostenido por el Ayuntamiento en esta última etapa, los incumplimientos del complejo de adosados se podrían concentrar en tres infracciones: parte de la urbanización ocupa suelo rústico, se concedieron las licencias sin que se emitiera el certificado de alineaciones y rasantes, y las obras no contaban con la autorización administrativa del Consejo Insular de Aguas de Tenerife por su posible afección al dominio público hidráulico.

En la propuesta de revisión de oficio del Ayuntamiento de Candelaria se plantea que por estos hechos concurren las causas de nulidad que se recogen en dos apartados del artículo 47.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al considerar que en los decretos que dieron luz verde a la urbanización se prescindió de tramites esenciales del procedimiento, además de por ser contrarios al ordenamiento jurídico. 

Las cuatro resoluciones que el Consistorio pretendía anular son la licencia inicial de obras que se otorgó en agosto de 2002, su prórroga mediante decreto firmado en diciembre de 2004, y los certificados de la secretaria accidental que en 2006 y 2009 mantuvieron la vigencia del permiso.

Suelo rústico

No hay duda de que la urbanización ocupa suelo rústico, algo que reconocen hasta los promotores. La incógnita está en saber cuánta es la superficie afectada y qué tipo de construcciones se encuentran en un terreno que no es apto para el uso residencial. Si se toman como referencia las Normas Subsidiarias vigentes en el momento de la concesión de la primera licencia, en el año 2002, y en base al criterio técnico del Ayuntamiento en la actualidad, se trataría de 1.910 metros cuadrados. Con el Plan General de Ordenación que rige a día de hoy, la cifra alcanza los 2.851 metros cuadrados. 

La urbanización se asienta sobre un total de 5.255 metros cuadrados. Para el Consejo Consultivo, hay que atenerse al planeamiento vigente en el momento de la primera licencia, es decir, las Normas Subsidiarias. La propia empresa constructora admite en sus alegaciones que se invaden 1.545 metros cuadrados de suelo rústico, pero defiende que las viviendas se encuentran sobre terreno urbano y lo que no cumpliría con el planeamiento serían “elementos accesorios”, como los jardines o los aparcamientos de los adosados. Estos argumentos son aceptados por el órgano asesor en su dictamen, que considera que no hay una vulneración de la norma lo suficientemente relevante para justificar la anulación de los decretos. En la causa penal, la Fiscalía ha solicitado un informe pericial para aclarar este conflicto.

La posición del Consejo Consultivo, contraria a la revisión de oficio en este caso, se resume en uno de los párrafos del dictamen, donde se insiste en que “para combatir con carácter general las irregularidades que puedan producirse están los instrumentos específicamente contemplados y adecuadamente regulados a tal fin por la legislación correspondiente”, en alusión a la Ley del Suelo de Canarias de 2017. 

El Consultivo también considera que el Ayuntamiento de Candelaria “no ha presentado un informe técnico suficientemente concluyente” sobre la superficie de la urbanización y los elementos que ocupan suelo rústico. De hecho, este es el segundo dictamen que emite el órgano asesor sobre estas viviendas, ya que en 2021, ante un primer intento por parte del Consistorio de revisar de oficio los permisos, se requirió la elaboración de un nuevo estudio municipal que, una vez presentado mediante un segundo procedimiento, el ente jurídico considera que tampoco es válido.

Alineaciones y rasantes

Otro de los incumplimientos en los que inciden el Ayuntamiento de Candelaria y la Fiscalía está relacionado con la ausencia de un certificado de alineaciones y rasantes que la empresa promotora tenía que haber presentado antes de recibir la licencia de obras y que no fue solicitado al Consistorio hasta 18 años después.

El Consultivo concluye que “difícilmente se puede considerar que el retraso en la solicitud de tal certificación suponga incurrir en la causa de nulidad” que establece la ley. El dictamen no entra a analizar si dicho incumplimiento obliga a aplicar la legislación vigente en el momento de la licencia inicial, las Normas Subsidiarias, o la existente cuando se llevó a cabo la solicitud, el PGO, “y si ello ha de conllevar el acomodar la realidad física a la normativa urbanística de aplicación”.

Consejo Insular de Aguas 

La tercera irregularidad en la que basa el Ayuntamiento su petición de revisión de oficio, y que también rechaza el Consejo Consultivo, es la falta de una autorización administrativa por parte del Consejo Insular de Aguas, dado que la urbanización afecta a un bien de dominio público hidráulico, el barranco de Aroba. 

Aquí se producen dos circunstancias en las que apoya su posición el Consultivo. Una es que “no se ha determinado el dominio público hidráulico en el barranco colindante con las viviendas referidas, al no haberse efectuado el preceptivo deslinde”. 

Lo que argumenta el órgano asesor es que hasta que no exista deslinde, no se puede saber qué superficie del barranco está realmente afectada por la urbanización. El otro motivo apunta a un informe elaborado por el Consejo Insular de Aguas a petición del Juzgado de Instrucción Número 2 de Güímar, que instruye la causa penal por presuntos delitos contra la ordenación del territorio.

En el informe del Consejo Insular de Aguas se expone que la autorización administrativa “no se entendía necesaria, siempre y cuando, la fachada de la edificación más próxima al barranco se situase a menos de siete metros del muro autorizado”, bajo la presunción de que no existía afección a la zona de servidumbre. El Consultivo utiliza este argumento para concluir que “no se puede considerar que se haya omitido un trámite esencial del procedimiento administrativo”, por lo que tampoco se incurre en una causa de nulidad.

Otra infracción detectada tiene que ver con el hecho de que no consta en el Ayuntamiento de Candelaria que se haya otorgado la licencia de primera ocupación o cédula de habitabilidad de las viviendas. Sobre esta cuestión, el Consultivo insiste en que se trata de actuaciones “que se produjeron muchos años después” de dictarse las resoluciones que se pretende anular mediante la revisión de oficio, por lo que son “ajenas al objeto de este procedimiento” y no se analizan en el dictamen. 

Una auditoría realizada a las empresas públicas y demás entidades dependientes del Cabildo de Tenerife ha detectado incumplimientos de la ley en más de 200 contratos adjudicados en los ejercicios de 2017 y 2018. En el informe, según ha adelantado Mírame Televisión, también se alerta de irregularidades en la incorporación de personal a dedo y de un gasto injustificado con tarjetas de crédito que supera los 600.000 euros.

Los 216 procedimientos con anomalías señalados en el trabajo de fiscalización, elaborado por la empresa Peraza y Compañía Auditores SLP y al que se ha adherido el interventor general, suman un gasto total de 72,7 millones de euros. La cifra es engañosa si se tiene en cuenta que solo una de las adjudicaciones con irregularidades se llevó a cabo por algo más de 40 millones. Se trata del contrato firmado por el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) con la entidad Enercon GMBH, encargada de la instalación y el mantenimiento de aerogeneradores en los parques eólicos.

Si se restan los contratos señalados en la auditoría que superan un importe de 500.000 euros, una decena en total, el gasto irregular de las empresas públicas del Cabildo de Tenerife durante 2017 y 2018 se sitúa en 16,5 millones de euros. En el informe de fiscalización de los ejercicios 2015 y 2016, la cifra total del desembolso mediante adjudicaciones que incumplían la normativa vigente alcanzó los 18 millones.

La auditoría ha examinado los expedientes administrativos de 28 de las 30 empresas públicas y fundaciones dependientes del Cabildo. Dos de las entidades, Tenerife Espacio de las Artes (TEA) y Auditorio de Tenerife, no han podido ser fiscalizadas porque ambas sociedades no facilitaron la “documentación suficiente ni adecuada” para que la empresa encargada de la fiscalización pudiera realizar el trabajo. 

Las anomalías detectadas en los expedientes analizados se dividen en diez bloques: uso inadecuado del contrato menor, inexistencia de procedimiento, falta de justificación de la especificidad técnica, ausencia de retorno en contratos de patrocinio, fraccionamientos y prórrogas tácitas ilegales, indefinición en los criterios de la adjudicación, sobrecostes, convenios irregulares, negocios patrimoniales sin publicidad y omisión de los requisitos de solvencia.

Solo en el primero de los apartados, por incumplimientos en contratos menores, la auditoría detecta hasta 71 expedientes irregulares que suman un montante de 6,5 millones. Se trata de adjudicaciones en las que no se cumple alguno de los tres requisitos que permiten este tipo de procedimientos: un precio que no supere los 40.000 euros (para las obras) y los 15.000 euros (para servicios y suministros), motivar la necesidad y justificar que no exista fraccionamiento. 

En el bloque de contratos gestionados como menores de manera incorrecta, la empresa del Cabildo con un mayor gasto irregular fue Balsas de Tenerife (Balten), con un total de 2,5 millones de euros. Llama la atención que se tramitaran por este vía, de ahí lo elevado de la cuantía, un contrato con Endesa Energía SA de 746.882 euros y otro con Elkagua SL de 376.660 euros. La segunda entidad es el ITER, con un desembolso cuestionado de 917.211 euros, y la tercera el Instituto Ferial de Tenerife, con 896.620 euros.

En tres contratos se abonó una cuantía superior al precio pactado, según el séptimo apartado del informe. La Fundación Canaria Insular Formación, Empleo y Desarrollo Empresarial (Fifede) ingresó 16.585 euros a la empresa Sales Up Canarias SL en 2018, cuando por adjudicación le correspondían 14.400 euros. Ese mismo año, Gestión Insular para el Deporte la Cultura y el Ocio (Ideco) contrató un servicio con la entidad Adecco por un importe máximo de 120.000 euros, pero cuyo coste final ascendió a 326.941 euros. También figura en la lista un procedimiento de 2017 con José Juan Fuentes Tabares SLU, que recibió 18.835 euros por un contrato valorado en 14.999 euros.

La sociedad de Juan Fuentes Tabares, uno de los inversores del NAP que se benefició de la operación de rescate realizada por el ITER y que investiga la Justicia, es la que más contratos irregulares recibió en los ejercicios 2017 y 2018 por parte de entidades del Cabildo. Hasta cuatro procedimientos adjudicados a la empresa de publicidad, por un montante total de 220.347 euros, son señalados por la auditoría por adolecer de anomalías en los expedientes.

Un total de doce empresas del Cabildo de Tenerife incurrieron en “el incumplimiento de los principios constitucionales de acceso al empleo público”. La auditoría pone el acento en contrataciones de personal a dedo sin tramitar “el correspondiente procedimiento de selección” y sin la publicidad que exige la normativa.

Como muestra, el ejemplo de Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, donde una trabajadora encadenó contratos temporales durante un período superior a tres años, además de firmar una sustitución de interinidad sin que en el documento se hayan especificado los datos o la situación de la persona de baja. 

Tarjetas de crédito y otros incumplimientos

Como ya ha ocurrido en auditorías anteriores, el interventor general y la empresa fiscalizadora alertan del desembolso realizado por empresas públicas mediante tarjetas de crédito, a pesar de que “carecen de regulación al respecto”. El informe llama la atención de la “heterogeneidad de gastos” realizados por esta vía, que considera fuera del ámbito que justificarían las acciones de protocolo. En 2017 y 2018 se pagaron a través de datáfonos más de 627.000 euros. 

Entre los gastos que se llevaron a cabo con tarjetas de crédito en ambos ejercicios figuran “viajes, alojamientos, comidas y pequeñas compras”, entre otros. Un tercio del desembolso total (233.569 euros) salió de Turismo de Tenerife SA. La siguiente que más pagó por esta vía fue la Fundación Biovance, con 97.215 euros, seguida de Metropolitano, con 85.247 euros. 

La auditoría también detecta otros incumplimientos en las cuentas de las empresas insulares. Es el caso de la Sociedad Insular para la Promoción de Personas con Discapacidad (Sinpromi), que “ha estado obteniendo indebidamente subvenciones para el mantenimiento de puestos de trabajo en centros especiales de empleo”. 

En el ITER, el gerente, entonces Miguel Cendagorta, y los directores de área cobraron en 2017 un bonus retributivo “cuando no se dieron las circunstancias para tener derecho a percibirlo”. En Canarias Submarine Link SL (Canalink), el consejero delegado, José Luis Cendagorta (hermano del exgerente del ITER), percibió en 2018 “una retribución superior al límite establecido”. Esta entidad tampoco aportó “informe suscrito por persona responsable indicando que los gastos abonados a través de la tarjeta de crédito se corresponden con gastos inherentes y propios de la actividad de la empresa”. Constan pagos con dinero de plástico de más de 67.000 euros.

También cobraron más de la cuenta los exgerentes de Metropolitano, del Instituto Médico Tinerfeño (Imetisa) y de Turismo de Tenerife, donde la auditoría también destaca que el expresidente del Cabildo Ricardo Melchior, de Coalición Canaria, aún figura “con autorización para operar con las cuentas bancarias de la entidad”.

El Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife ha archivado la querella presentada por el Comité de Empresa del Instituto de Atención Social y Sanitaria (IASS) del Cabildo de Tenerife por el traslado de los usuarios y los servicios del Hospital Febles Campos al Seminario del Obispado, en el municipio de La Laguna, y por la que estaban investigados el presidente insular, Pedro Martín, y la consejera Marián Franquet, entre otras personas. Así consta en un auto dictado el pasado 1 de junio por la magistrada María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres, al que ha tenido acceso Mírame Televisión.

El auto tira por tierra la querella del Comité de Empresa al considerar que no existen indicios de los tres delitos delitos denunciados: prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. La jueza, que aprecia irregularidades en el expediente, recrimina a los representantes de los trabajadores del IASS que trasladen ahora a la vía penal una forma de contratar que ya llevaron a la práctica anteriores gobiernos.

Para la magistrada, no hay prevaricación porque “no consta resolución administrativa de adjudicación del citado contrato”. El procedimiento se encuentra en su fase inicial y, como recuerda el auto, en el momento de la querella solo se había dictado el inicio del expediente. Esto es clave porque se trata de un paso necesario para que se pueda cometer el primero de los delitos que componen la querella.

La resolución que decide el contrato es el elemento objetivo del tipo penal, por lo que su ausencia hace inviable cualquier reproche criminal. La jueza insiste en ello, aunque con el inicio del expediente “se pudiera hacer pensar” que ya se hubiera comunicado “extraoficialmente” la adjudicación a la empresa Clece SA.

La magistrada cuestiona en varias ocasiones la forma de proceder de los gestores del IASS, hasta el punto de criticar un procedimiento que “parece haber sido diseñado a medida para la empresa”, la única que concurrió en el expediente y que llegó a iniciar las obras. Pero esta forma de actuar no es nueva en el día a día del IASS, como confirmó la anterior presidenta de la entidad y actual consejera insular de Coalición Canaria, Juana María Reyes.

Durante su declaración judicial, Reyes admitió que “era normal y habitual en el IASS” este tipo de procedimientos a medida. La actual consejera también reconoció que, en el caso de Clece SA, la empresa ha llegado a “continuar dando servicios llegado el vencimiento” de sus contratos. Un hecho que sirve a la jueza para criticar a los querellantes por llevar a la vía penal estas irregularidades “cuando les ha convenido (...) pues lo propio sería que con independencia del grupo de gobierno que exista se respetaran siempre las normas y procedimientos”.

En relación a las prórrogas a Clece SA en mandatos pasados, la jueza expone su “sorpresa” porque se llegaran a hacer “con efectos retroactivos, significativo del no respeto ni acatamiento a las normas más básicas y esenciales”. 

El auto también incide en destacar que “era necesario y urgente ese trasvase, que se lleva intentando efectuar durante años” por el mal estado de las instalaciones del Hospital Febles Campos. Al igual que destaca que la entidad Clece SA “lleva celebrando contratos con la administración con mucha antelación al inicio de este expediente”, algo que la jueza concluye que “justificaría la realización de las obras de acondicionamiento que de forma anticipada ya venía realizando la citada empresa”.

El edificio de Plasencia

La jueza también dedica una especial mención al intento de compra en el pasado mandato del edificio de la familia Plasencia, ahora propiedad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que se ubica en Cabo Llanos. Este es uno de los aspectos que se reflejan en la querella para justificar una posible operación perjudicial desde el punto económico para las arcas del Cabildo. 

En relación al “edificio Plasencia”, como lo denomina la propia magistrada y que se intentó comprar por 29 millones, una cuantía similar al coste de la operación de traslado al Seminario, el auto expone que “el citado inmueble provenía de una de las mayores causas de corrupción vividas a nivel judicial en esta capital”, en alusión al caso Las Teresitas. La jueza expone que “no parece ilógico pensar que al grupo político de ese momento le albergaran dudas en la adquisición de un inmueble tan polémico dado el origen del mismo y la forma en la que finalmente se incorpora al patrimonio del ilustre Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, después de un largo proceso de negociación en el que se aporta como pago de la parte de la responsabilidad civil del que fuera su propietario, también condenado e ingresado en prisión por esta causa”.

La resolución concluye que “tampoco concurren indicios sólidos y suficientes para sostener” los delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, al quedar “acreditado” que Clece SA “no es una empresa de nueva creación ni que haya sido diseñada para lograr la adjudicación de este contrato”. 

La jueza termina la motivación del auto judicial con el recuerdo del principio de intervención mínima del derecho penal, “restringida a los casos más graves, entendiendo que no es suficiente la mera ilegalidad”, algo que comparten sin discusión la jurisprudencia y la doctrina jurídica.

El pasado 17 de abril, la música regresó a un local de ocio que mira de frente al océano desde la primera línea de una concurrida playa del municipio tinerfeño de Adeje. No era un evento cualquiera, como se encargó de recordar el establecimiento en sus redes sociales: “1.281 días después, vuelve la fiesta de los domingos al Monkey Beach. Últimas entradas a la venta”. Un clima de celebración que contrasta con los problemas judiciales y administrativos que acorralan al negocio. La última sacudida a los cimientos del edificio ha llegado a través de un informe jurídico del Gobierno de Canarias, al que ha tenido acceso Mírame Televisión, que propone anular las autorizaciones que permitieron ampliar la instalación en contra de la Ley de Costas.

La secretaria general técnica de la Consejería de Transición Ecológica de Canarias, Marta Bonnet, en un informe firmado el pasado 28 de abril, realiza una propuesta de revisión de oficio de las dos autorizaciones que concedió Política Territorial en 2017 y 2019 a la promotora del Monkey Beach Club para ampliar la sala de fiestas. La jurista solicita que se declare “la nulidad de las resoluciones” otorgadas al establecimiento “al no estar ante un uso considerado conveniente para el dominio público”.

El siguiente paso, una vez que se dé trámite a las partes que aleguen lo que estimen, será solicitar un dictamen al Consejo Consultivo de Canarias, que tendrá que pronunciarse sobre si existen motivos para anular las autorizaciones. Con los permisos de Política Territorial caerían también las licencias municipales, lo que abriría el camino a derribar toda la obra de ampliación y recuperar la legalidad infringida. El impulso al expediente administrativo de revisión de oficio coincide con las últimas diligencias de la causa penal, en la que se investiga la presunta comisión de delitos contra el territorio y en la que hay 13 imputados. 

Mientras, el Monkey Beach Club ha vuelto a anunciar otra fiesta para el próximo 4 de junio. Los eventos musicales siempre han sido el sello de identidad del local, más allá de que desde hace unos años también se haya abierto un restaurante en el edificio. Bailar desde una terraza por encima de la arena mientras reconocidos deejays pinchan sus últimas creaciones es lo que convirtió el negocio de la familia Cabrera en un referente del ocio de playa. Pero lo que su discute en los juzgados y en los despachos no es el éxito del modelo de negocio, sino la conveniencia de ese uso para el dominio público marítimo terrestre. Algo que no comparten los vecinos de la Comunidad Galaxia, denunciantes de las obras de ampliación; la Fiscalía; el perito judicial que presentó un extenso dictamen en la causa penal y, ahora, la secretaria general técnica de Transición Ecológica.

El Monkey Beach Club no es el tradicional chiringuito integrado en el paisaje, de los que te permiten levantarte de la toalla a buscar una consumición y regresar a la arena; mucho menos después de su ampliación. El establecimiento es un edificio que se levanta en plena servidumbre de protección del dominio público, donde se organizan fiestas en las que es necesario comprar una entrada para acceder al local. Es una plataforma para bailar con vistas al mar. El Monkey no es un servicio de la playa, sino un negocio que hace caja gracias a la playa.  

Aunque el debate jurídico sobre la actuación del Monkey Beach Club es más amplio, el centro de la controversia gira sobre el artículo 25.2 de la Ley de Costas, que establece que en la servidumbre de protección, “con carácter ordinario, solo se permitirán en esta zona, las obras, instalaciones y actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación, como los establecimientos de cultivo marino o las salinas marítimas, o aquellos que presten servicios necesarios o convenientes para el uso del dominio público marítimo terrestre, así como las instalaciones deportivas descubiertas”.

Como explica la secretaria general técnica en su informe, poca discusión existe sobre que una instalación como el Monkey Beach Club podría tener otra ubicación, al igual que tampoco se sostiene que sus servicios sean necesarios. El local se levanta en plena avenida marítima de Las Américas, junto a la arena de la playa de Troya; una zona donde abunda la oferta de ocio y restauración. 

Más complicado es interpretar si los usos del Monkey Beach Club son “convenientes”. Una dificultad que, como ha reconocido la jurisprudencia, se agrava porque se trata de un “concepto jurídico indeterminado”. Para resolver esta controversia, el Tribunal Supremo plantea la necesidad de analizar cada caso concreto “atendiendo a los fines y objetivos de la protección que se dispensa al dominio público, lo que necesariamente conduce a que el criterio deba ser restrictivo”.

De ese planteamiento restrictivo parte la secretaria general técnica para analizar el caso del Monkey Beach Club. La primera conclusión a la que llega es que “la actuación puede producir un impacto o externalidad negativa sobre el dominio público, pues ya existen multitud de actividades similares en la zona”. El informe explica que “el hecho de que existan multitud de bares, restaurantes o salas de fiesta en la zona no implica que cualquier actividad de esta naturaleza deba ser considerada, de forma indistinta, como conveniente”.

La propuesta de Marta Bonnet concluye que con la actividad del Monkey Beach Club “no se aprecia la mejora efectiva de las condiciones de uso y disfrute del demanio, todo lo contrario”. Y recuerda que el hecho de estar amparado en el planeamiento, en el momento de las autorizaciones lo estaba en base al PMM de Costa Adeje, que fue anulado posteriormente, “no supone que sea conveniente”.

La interpretación que se haga del artículo 25.2 de la Ley de Costas es clave, porque su incumplimiento provoca la aplicación de la disposición transitoria cuarta de la misma legislación, que prohíbe en la servidumbre de protección las obras que impliquen “aumento de volumen, altura o superficie de las construcciones ya existentes”. En base a ello, la secretaria general técnica considera que concurren todos los elementos para declarar la nulidad de las autorizaciones concedidas al Monkey Beach Club.

Otros criterios

La posición que mantiene en su propuesta la secretaria general técnica en su informe no es fácil, y no solo por la complejidad jurídica del conflicto urbanístico. Lo que plantea Marta Bonnet es anular unas resoluciones que dictó un área, Política Territorial, que está integrada en la Consejería de Transición Ecológica. Unos permisos por los que se investiga al exviceconsejero Jesús Romero, que tomó sus decisiones en base a informes técnicos que ahora son discutidos por la jurista y que ya fueron cuestionados por el perito judicial.

A Jesús Romero, además, lo defiende en la causa penal el propio Gobierno de Canarias a través de sus servicios jurídicos. A esto se suma el retraso que ha llevado el expediente de revisión de oficio de las autorizaciones, que fue solicitado por la Comunidad Galaxia en junio de 2020, pero que no empezó a caminar hasta mayo de 2021. En el recorrido de alegaciones y trámites, otro departamento de Transición Ecológica, la Dirección General de Ordenación del Territorio y Aguas, emitió un informe en el que defiende la conveniencia de los usos del Monkey Beach Club.

El informe de Ordenación del Territorio tiene fecha de 11 de noviembre de 2021 y concluye que “la actividad destinada a la hostelería-restauración tiene encaje en el concepto jurídico indeterminado del artículo 25.2 de la Ley de Costas”. Por ello considera que las resoluciones son “ajustadas a derecho” y recuerda que lo contrario sería contradecir el PMM de Costa Adeje, que permitía la ampliación del Monkey Beach Club, “además de actuar contra nuestros propios actos”.

La respuesta de Ordenación Territorial no convenció a la secretaria general técnica, como tampoco lo hicieron las alegaciones que durante la tramitación del expediente presentó la promotora o un dictamen de un catedrático de la Universidad de La Laguna (ULL) que aportó el Ayuntamiento.

El informe del catedrático de Derecho Urbanístico Francisco Villar ya fue incorporado a la causa penal por una de las investigadas, Ermitas Moreira, exconcejala de Urbanismo, para influir en el perito judicial, que tampoco consideró válidos los argumentos del experto de la ULL. El dictamen, que se encargó por el Ayuntamiento de Adeje sin tramitar expediente administrativo como una supuesta ampliación de un trabajo anterior sobre la anulación del PMM, se alinea con la tesis de que los usos del Monkey Beach Club son convenientes para el dominio público marítimo terrestre.

En la causa penal también se investiga a los miembros de la Junta de Gobierno que aprobó las licencias municipales. Entre ellos, el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, que a su vez es uno de los líderes destacados del PSOE, el mismo partido que dirige la Consejería de Transición Ecológica.

Sobre estas arenas movedizas se ha levantado la secretaria general técnica para dar un impulso a la posible anulación de las autorizaciones del Monkey Beach Club, a la espera de la posición que adopte el Consejo Consultivo. Hasta entonces, la música volverá a sonar en la playa de Troya y la fiesta continuará en la servidumbre de protección mientras se decide si una plataforma para bailar delante del mar se puede considerar un uso conveniente para el dominio público.

Las dos capitales de Canarias destinaron 775.254 euros durante 2020 a la adquisición de material de protección frente a la COVID-19, principalmente mascarillas, por la vía de emergencia y mediante contratos menores. El gasto se realizó a través de 73 adjudicaciones directas repartidas entre 43 proveedores, de los que solo el 28% estaba especializado en el ámbito sanitario.

El desembolso del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y de sus empresas dependientes ascendió a 464.364 euros, mientras que el de Santa Cruz de Tenerife fue de 310.890 euros.

Así consta en los datos oficiales publicados en los portales de transparencia de los cuatro municipios y en la plataforma de contratos del sector público. Las cifras corresponden al período comprendido entre el 14 de marzo de 2020, día en el que se declaró el estado de alarma por la pandemia, y el 31 de diciembre. Las adjudicaciones por la vía de emergencia también se pueden consultar gracias al trabajo de recopilación realizado por la Fundación Civio.

De los 43 proveedores beneficiados, más de la mitad (51,1%) son empresas dedicadas al comercio en general y un 27,9% sociedades especializadas en el ámbito sanitario, según la actividad principal declarada en el Registro Mercantil, mientras que el 20,9% restante se corresponde con otras entidades que, en principio, tienen orientado su objeto social a otros ámbitos.

En el estudio no se hace una comparación directa con los otros dos grandes municipios de Canarias, La Laguna y Telde, porque no están publicados los datos de las contrataciones por la vía de emergencia. En el caso del Ayuntamiento tinerfeño, solo es accesible la cifra de los contratos menores, un procedimiento por el que se registró un desembolso en mascarillas de 170.298 euros. 

En cuanto a Telde, según fuentes oficiales del Ayuntamiento grancanario, el gasto total durante 2020 en materiales de protección contra la pandemia ascendió, mediante contratos menores y por la vía de emergencia, a 132.276 euros. 

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria gastó en mascarillas y materiales de protección contra la pandemia un total de 464.364 euros. La mayoría de los suministros se adquirieron a través de la vía de emergencia, con un montante de 356.821 euros, mientras que mediante contratos menores se desembolsaron 85.909 euros.

Un total de 22 proveedores suministraron el material contra la COVID-19 a la capital grancanaria a través de 33 contratos. Por la vía de emergencia se llevaron a cabo 18 adjudicaciones. Solo cinco de las empresas beneficiarias, según los datos del Registro Mercantil, están especializadas en el ámbito sanitario. Doce se dedican al comercio general al por mayor o al por menor, mientras otras cinco tienen un objeto social relacionado con otras actividades profesionales.

El mayor contrato adjudicado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que se tramitó por el procedimiento de emergencia, se produjo el 24 de marzo de 2020, solo diez días después de la declaración del estado de alarma. La empresa Canary Monster Producciones SL se llevó 176.200 euros de forma directa para suministrar “productos de protección sanitaria para los trabajadores del Servicio de Bienestar Social y para los trabajadores del Servicio de Ayuda a Domicilio y sus usuarios”.

Canary Monster Producciones SL tiene como principal objeto social, según consta en el Registro Mercantil, la gestión y organización de torneos deportivos y actividades de ocio, así como la promoción comercial. Por la vía de los contratos menores, la empresa que más facturó en mascarillas fue Uniformidad Laboral Mencara SL, con un total de 29.427 euros, mediante tres adjudicaciones directas.

Santa Cruz de Tenerife

La capital tinerfeña destinó a la compra de mascarillas y material de protección un total de 310.890 euros, repartidos en 30 contratos menores y diez adjudicaciones por la vía de emergencia, que fueron facturados por 21 proveedores distintos. 

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, según los datos publicados, gastó más por la vía de los contratos menores (189.262 euros) que a través del procedimiento de emergencia (121.628 euros). Siete de las empresas beneficiadas se dedican profesionalmente al ámbito sanitario, diez son especialistas en el comercio generalista y cuatro tienen objetos sociales vinculados a otros sectores.

La empresa más beneficiada por la compra de mascarillas en la capital tinerfeña fue Guayarmina Textil SL, que facturó 92.448 euros a través de cuatro contratos menores y dos adjudicaciones por el procedimiento de emergencia. Le sigue Avurecicla SL, que también suministró mascarillas a La Laguna, con 87.210 euros. Entre ambas ingresaron más del 57% de todo el gasto en mascarillas del Ayuntamiento de Santa Cruz durante 2020. 

Con los datos publicados en las web oficiales por medio de la publicidad activa de transparencia, que se limita a las cuantías, fechas y el objeto principal de las adjudicaciones, en pocas ocasiones se puede comprobar el precio por unidad de mascarilla. En algunos casos cabe la operación porque en el enunciado del contrato se especifica la cantidad de material adquirido. 

Con estos datos, destaca un contrato firmado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con la empresa Sistemas Integrales de Turismo SL para adquirir “300 mascarillas de tela serigrafiadas a todo color” por un total de 1.844 euros, es decir, algo más de seis euros por unidad. Según el registro mercantil, la entidad tiene como primera actividad la “intermediación en la contratación de todo tipo de servicios tecnológicos”, aunque su objeto social se ha ampliado varias veces para abarcar también al ámbito inmobiliario. La última en 2018, en la que se incluyen las “obras y reformas para la administración pública”.

En las mascarillas de tela es dónde más bailan las cifras entre contratos, ya que los precios van desde los 2,5 euros por unidad que se pagan a la empresa Guayarmina Textil SL hasta los 6,1 euros que recibe Sistemas Integrales de Turismo.

La Laguna

La Laguna fue el municipio que más contratos menores realizó para adquirir material de protección contra la pandemia (32), con un gasto de 170.298 euros, pero no están publicadas las adjudicaciones realizadas a través del procedimiento de emergencia. 

De los 21 proveedores contratados por el Ayuntamiento de La Laguna y sus organismos dependientes para adquirir mascarillas, solo cuatro empresas están especializadas en el ámbito sanitario (un 19% del total de adjudicatarios). El 48% de los contratos se firmó con empresas dedicadas al comercio generalista y el 33% con entidades vinculadas a otros sectores profesionales.

A falta de conocer los datos de las adjudicaciones de emergencia, la entidad Avurecicla SL es el proveedor que más dinero facturó en La Laguna. Con solo dos contratos se embolsó 29.929 euros. Le sigue la sociedad Canarias Blue Crea SL, dedicada, entre otras actividades, al comercio al por mayor y al por menor, que recibió 18.643 euros en dos adjudicaciones directas. 

El municipio de La Laguna fue el único que contrató a empresas de nueva creación para comprar material de protección contra la pandemia. Dos, en concreto. Una de ellas es Devicserver SL, que se constituyó el 3 de marzo de 2020, once días antes de la declaración del estado de alarma. La empresa fue adjudicataria de un contrato menor de 5.610 euros para la adquisición de “mascarillas para la entrega diaria a los grupos operativos del área de Seguridad Ciudadana”. En total, 17.000 unidades de tipo quirúrgico desechable de tres capas, a 0,33 euros cada una. 

Devicserver SL volvió a ser adjudicataria de dos contratos para suministrar mascarillas en 2021, aunque estos datos no se suman en el estudio porque no han sido publicados en el portal de transparencia y no pueden ser comparados con el resto de municipios, que tampoco han subido todas las adjudicaciones del ejercicio pasado. 

Uno de los contratos de 2021 alcanza los 14.700 euros por 15.000 mascarillas FFP2, a 0,98 euros cada una; mientras que el segundo asciende a 3.600 euros por 10.000 mascarillas quirúrgicas desechables, a 0,36 euros la unidad. Devicserver SL tiene como principales actividades declaradas en el Registro Mercantil los servicios de catering y la construcción. Fue una de las empresas que realizó las obras de reforma de la casa del alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y sus contrataciones, así como las de otras empresas vinculadas a su administradora, son investigadas en la causa penal abierta por el conocido como caso Laykas.

Otra empresa de nueva creación que recibió contratos en La Laguna fue Tenemusic SL. La entidad se constituyó en plena pandemia, el 16 de junio de 2020, con un amplio objeto social dedicado al comercio al por menor. Se benefició de dos adjudicaciones, una de 9.118 euros en la que, además de mascarillas, se entregaron termómetros y otros materiales de protección frente al COVID-19. La otra es de 754 euros para comprar “mascarillas lavables y reutilizables”. Fuera del ámbito de estudio, la empresa también recibió encargos para suministrar dispensadores de gel y equipos de sonido.

En el análisis de los precios, destacan por encima de todos los contratos dos pequeñas adjudicaciones a la empresa Look Digital Producciones SL. Entre ambas superan por poco los 1.100 euros, pero lo llamativo es el coste de cada mascarilla, que asciende a 16 euros. 

Los dos contratos fueron adjudicados por el Organismo Autónomo de Actividades Musicales del Ayuntamiento de La Laguna. Uno por 481 euros para adquirir 30 mascarillas y otro de 658 euros por 41 unidades. En el objeto se especifica que se trata de mascarillas lavables y reutilizables con doble capa exterior de poliéster. Con destino al Teatro Leal y al personal del ente público. 

Look Digital Producciones SL es una empresa que en el pasado mandato fue cuestionada por los partidos de la oposición a raíz de los contratos menores que recibía por parte de Coalición Canaria, aunque con el cambio de ciclo político no ha dejado de facturar al Ayuntamiento de La Laguna. En el Registro Mercantil, su primera actividad declarada es la consultoría y asesoramiento empresarial en lo relacionado con la imagen corporativa, y en su web se posicionan como especialistas en productos publicitarios. 

El concejal tránsfuga de La Laguna Alfredo Gómez, que abandonó Ciudadanos en octubre de 2021, cobró 16.020 euros de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias por un informe sobre la situación del alquiler vacacional en el que se plagian párrafos de tres trabajos universitarios y de noticias de prensa publicadas en El País o en la web de Idealista.

Según ha adelantado este martes Mirame TV, el informe fue encargado el 25 de marzo de 2021, mediante un contrato menor, a la empresa Despacho Jurídico Loyalty, de la que es administrador único Alfredo Gómez, por otra ex de Ciudadanos, Teresa Berástegui, actual viceconsejera de Turismo. 

El documento, titulado Informe de situación sobre el alquiler vacacional en Canarias, realiza un repaso jurídico al estado actual del conflicto turístico y desarrolla una serie de conclusiones a lo largo de un extenso trabajo de 187 páginas, pero con algunas trampas.

El exconcejal de Ciudadanos copió en su informe varios párrafos de tres Trabajos de Fin de Grado (TFG) de alumnos de la Universidad de La Laguna, plagió casi íntegra una noticia de El País, reprodujo textos de la web de Idealista e hizo suyos los fundamentos jurídicos de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). 

En declaraciones a Mírame Televisión, Alfredo Gómez no quiso dar detalles sobre el expediente administrativo de la contratación por una cuestión de “confidencialidad”, pero respondió a las preguntas sobre los plagios detectados en el informe que realizó su despacho jurídico y pudo comprobar durante la llamada la veracidad de la información publicada.. 

Según el concejal no adscrito de La laguna, en la elaboración del informe colaboraron, junto al propio Alfredo Gómez, “un ingeniero específico, estadistas y hasta un maquetador profesional”. Preguntado por su participación directa en la redacción del documento, el administrador de Despacho Jurídico Loyalty explicó que su papel se centró en “la coordinación y la parte jurídica”. Sobre los plagios detectados, el edil aseguró que era la primera noticia que tenía.

“Yo no lo sabía. Si te soy sincero, tú me lo estás informando a mí. Si hay algo que comerse por esto, me lo como yo. Este que está aquí afronta lo que sea”, aclaró. Un mensaje que Alfredo Gómez, sobre el que recae la autoría del trabajo como administrador de la empresa adjudicataria del contrato, repitió en varias ocasiones: “Yo hice el trabajo y yo soy el responsable, y cualquier cosa que me caiga me cae a mí”. El concejal de La Laguna quiso insistir también en que detrás del estudio realizado “hay un esfuerzo del carajo” y que “aquí se ha trabajado mucho para quedar tan mal profesionalmente”.

Trabajos de Fin de Grado

El informe llega a reproducir en sus conclusiones finales extractos de las reflexiones personales a las que llegaron los autores de los TFG en sus trabajos, que están publicados en la red y son de acceso libre, sin ni siquiera citar la fuente.

En el apartado Conclusión del trabajo El alquiler vacacional en Canarias: estudio jurídico, elaborado por Yajaira González Leandro durante el curso 2017/2018 en el Grado de Derecho de la Universidad de La Laguna, su autora escribe lo siguiente: “El conflicto también existe en el reparto de competencias. Estamos tratando un alquiler vacacional, que el mismo nombre a nivel competencial puede parecer antagónico, ya que el arrendamiento es competencia exclusiva del Estado, mientras que el turismo es competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas. Un arrendamiento tradicional de la LAU no puede ser tratado como un alquiler vacacional, por lo que esta cuestión podría dar lugar a un limbo jurídico en los aspectos básicos del arrendamiento turístico”. Un texto que se reproduce íntegro en la página 178 del informe de Alfredo Gómez.

En el TFG presentado por Blas Ramón Almenara Arteaga en el Grado de Derecho de la Universidad de La Laguna durante el curso 2019/2020, bajo el título El alquiler vacacional. Regulación vigente en Canarias, su autor escribe la siguiente frase: “Hay que observar el cambio social, sanitario y medioambiental para adaptar el sector turístico a la nueva normalidad. Potenciar el alquiler vacacional puede ser una opción de fácil reactivación por los agentes turísticos nacionales e internacionales”.

Más adelante en el texto, en el mismo apartado de Conclusión, Almenara Arteaga se pregunta si la pandemia sanitaria por el COVID-19 nos sitúa en un “punto de partida que podemos aprovechar para reconducir la implantación y desarrollo de un modelo socioeconómico en el sector turístico”. Ambas reflexiones se copian de forma literal, salvo por una palabra, en la página 179 del trabajo del concejal no adscrito de La Laguna.

Otros párrafos de estos dos TFG también se reproducen en el documento. Según la aplicación plagscan.com, el informe de Alfredo Gómez supera el 30% de contenido copiado de otras fuentes que no se citan. La regla general habla de plagio cuando se alcanza un 25%, pero no deja de ser una cuestión subjetiva sobre la que influyen factores como el lugar donde se realiza la reproducción del contenido ajeno (no es lo mismo hacerlo en los antecedentes que en las conclusiones) o el tipo de texto que se copia. 

En el caso del informe del concejal de La Laguna, una parte del material que la herramienta recoge como copiado se corresponde a alusiones sobre normativa que se ubican en las primeras páginas del documento; mientras que los textos donde se ha podido contrastar el plagio se pueden leer en la segunda mitad del trabajo. 

La herramienta revela que, de todas las fuentes ajenas utilizadas sin citar por Alfredo Gómez, la que se repite en un porcentaje mayor es otro TFG, en este caso, presentado en el Grado de Turismo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de La Laguna. Varias partes del trabajo El vacío legal en el alquiler turístico en Canarias, cuyo autor es Christian Jesús Bello Lugo, fueron utilizadas por el edil para rellenar un 7% de su informe. 

Otras fuentes no citadas

El informe de Alfredo Gómez no solo se nutrió de trabajos universitarios; también fusiló textos que son accesibles en diferentes portales de internet. Aunque la mayoría son páginas de contenido jurídico, el caso más llamativo afecta a una noticia publicada por el periódico El País el 22 de septiembre de 2020, firmada por el periodista José Luis Aranda, y titulada La justicia europea respalda la limitación de pisos turísticos para combatir la escasez de alquileres. 

De los siete párrafos que componen la información de El País, cuatro fueron copiados, sin cambiar una coma, en el informe del concejal de La Laguna. El texto de José Luis Aranda se puede leer en las páginas 150 y 151 del documento, pero ni su nombre ni el del medio que publicó la noticia se mencionan en el trabajo de Alfredo Gómez. 

Sí figura, en el folio 181, un anexo donde se relaciona “el listado de fuentes consultadas para la redacción de este informe”. Once, en total. Hosteltur, los Presupuestos del Gobierno de Canarias, datos del Instituto Canario de Estadística, dos estudios anteriores sobre el alquiler vacacional publicados por la Consejería de Turismo, y las web de Airbnb, HomeAway, Niumba, Atreveo, Rentalia y Booking. Además de seis páginas en la que se cita normativa y jurisprudencia. 

En el anexo no hay rastro de los tres trabajos universitarios copiados o de la noticia de El País. También se omite, a pesar de que se citan seis web como fuentes, al portal Idealista, que en diciembre de 2018 publicó un texto titulado Cómo está el alquiler vacacional regulado en las Comunidades Autónomas y principales ciudades y de donde se fusilaron varios párrafos con los que se rellenaron las páginas 145, 146, 147 y 148 del informe.

Entre las sentencias citadas en el anexo figura una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de 21 de marzo de 2017, que solo se menciona en el folio 6 del informe, donde se aborda la materia del alquiler vacacional. Esta resolución se convierte en una fuente directa del trabajo de Alfredo Gómez, hasta el punto de que, 170 páginas después de la única referencia del fallo en el texto del edil, el concejal de La Laguna hace suyas diversas conclusiones de los fundamentos de derecho utilizados por la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

En el apartado Conclusiones de Estudio jurídico a nivel nacional e internacional del informe encargado por la Viceconsejería de Turismo, Alfredo Gómez copia varias frases de la sentencia, sin citarla y sin entrecomillar sus palabras, de manera que presenta como una reflexión personal lo que en la práctica solo es un puzzle montado a partir de los fundamentos de una resolución judicial. 

Mediante esta técnica se elaboran tres párrafos de conclusiones. Por ejemplo, en la página 176 del informe, se afirma que “el Decreto 113/2015 regula el servicio alojamiento turístico, encuadrado dentro de la modalidad extrahotelera, que se presta dentro de unidades alojativas emplazadas en edificaciones destinadas en su origen a usos residenciales (viviendas). Pero no todo arrendamiento de viviendas vacacionales está comprendido dentro de su ámbito de regulación, sino solo los que sean promocionados en canales de oferta turística, de forma habitual; se trataría de intervenir solo en aquellas ofertas alojativas que utilizan los mismo canales de difusión que los productos turísticos”. 

Para completar el primer párrafo, se pega el siguiente texto: “Las demás ofertas de alojamiento de viviendas vacacionales, al no ser consideradas turísticas, quedan fuera de las potestades de intervención en materia turística y, por tanto, son libres, sometiéndose como arrendamientos de temporada al artículo 3.2 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre”. Ambas conclusiones se recogen, palabra por palabra, en el fundamento de derecho segundo de la sentencia del TSJC.

El segundo y el tercer párrafo de este apartado de conclusiones de Alfredo Gómez, en la página 177, se elaboran con la misma práctica: se extraen distintas afirmaciones de los fundamentos tercero, quinto y sexto de la resolución judicial y se copian en el informe sin citar su procedencia o entrecomillar su contenido. 

¿Qué es plagiar? 

No existe una definición legal, por lo que, de cara a desarrollar el artículo 270 del Código Penal, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha asentado una idea que se considera aceptada: se entiende por plagio “todo aquello que supone copiar obras ajenas en lo sustancial”. Una exposición muy similar a la recogida por la Real Academia Española (RAE).

El Código Penal castiga en el artículo 270 las conductas de quien, “con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya, comunique públicamente o de cualquier otro modo explote económicamente, en todo o en parte, una obra o prestación literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios”.

En el ámbito académico, el concepto de plagio está ampliamente desarrollado en numeras guías universitarias. Es una práctica que se persigue y que se sanciona, especialmente después del desarrollo de herramientas que permiten detectar la apropiación del trabajo ajeno. Según la Universidad de Murcia (UM), consiste en “tomar cualquier idea o expresión de alguien sin dar crédito apropiadamente a la fuente en el trabajo que se está redactando”.

La guía de la UM detalla que “no importa si la fuente es un artículo académico publicado, otro estudiante, una web sin autoría definida, una web de artículos académicos o cualquier otra”. Lo importante, según el criterio de la institución universitaria, es tener claro que “apropiarse del trabajo de alguien más es robo, y no debe ser aceptado en ninguna situación académica, tanto si se hace intencionadamente o por accidente”.

¿Puede la administración tomar medidas ante el plagio en un informe?

La Ley de Contratos del Sector Público, en su artículo 311.3, establece que tiene que ser la administración afectada, en este caso la Viceconsejería de Turismo, la encargada de determinar “si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión de su recepción”.

Este apartado del artículo 311 va más allá y expone que “si los trabajos efectuados no se adecúan a la prestación contratada, como consecuencia de vicios defectos imputables al contratista, podrá rechazar la misma quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio satisfecho”. 

El encargo a la empresa del edil de La Laguna se realizó mediante un contrato menor y por una cuantía que supone el máximo que permite la ley, que en este tipo de procedimientos es de 15.000 euros sin impuestos para las prestaciones de servicios. La sociedad Despacho Jurídico Loyalty se constituyó el 16 de septiembre de 2020 con el nombre Alfredo Gómez Álvarez SLP, que en febrero de 2021 se modificó por el de Transparencia Jurídica Canaria SLP y en marzo por la denominación actual de la empresa, según consta en el Registro Mercantil.

El primer contrato menor que recibió la sociedad que administra Alfredo Gómez se adjudicó el 1 de febrero por parte de la empresa pública Visocán, por un total de 14.565 euros (con impuestos), para la puesta en marcha de un “servicio de mejora de la transparencia” de la entidad que controla la Agrupación Socialista Gomera (ASG).

Desde el partido que preside Casimiro Curbelo, a través de la Viceconsejería de Turismo, le llegó su segundo contrato público a la sociedad Despacho Jurídico Loyalty. El 25 de marzo se adjudicó el encargo para la elaboración de un informe sobre el estado del alquiler vacacional por 14.972 euros (16.020 euros con impuestos), una cuantía ajustada al límite que permite la ley. 

El Juzgado de Instrucción Número 3 de Granadilla de Abona, a través de un auto al que ha tenido acceso Mírame Televisión, ha acordado el sobreseimiento libre y el archivo de la causa penal abierta contra las dos activistas que en junio de 2020 treparon a dos grúas para protestar por la construcción de un hotel en las inmediaciones de la playa de La Tejita, en el sur de Tenerife.

La resolución judicial, dictada este miércoles por la jueza Arabia Díaz Carreiras, considera que no existen elementos para continuar la instrucción penal contra las dos activistas por supuestos delitos de coacciones, usurpación y desobediencia grave a la autoridad, como solicitaba la empresa promotora, J. Viqueira Lago Construcciones SA.

El auto, además de analizar los requisitos penales de cada uno de los delitos, realiza una ponderación con los derechos fundamentales que protegen las acciones de protesta de las dos activistas denunciadas, Isora González y César Mesa, que permanecieron durante once días subidas a las grúas que ejecutaban trabajos en la parcela, entre los días 16 y el 27 de junio de 2020. 

En medio de la protesta, que adquirió repercusión nacional, el Servicio Provincial de Costas de Tenerife acordó la medida cautelar de paralizar las obras del hotel, pero las dos activistas continuaron encaramadas a las grúas hasta que el 27 de junio, mediante un auto judicial, se acordó su desalojo para tomarles declaración. Tres días después, se ordenó la libertad provisional sin fianza de ambas.

La instrucción continuó empujada por la promotora, que en ningún momento dio marcha atrás en su intención de criminalizar la protesta de las activistas. Todo lo contrario. La constructora solicitó varias medidas cautelares a la jueza, que no fueron admitidas. Primero solicitó la prisión provisional de las investigadas o, de forma subsidiaria, la prohibición de que pudieran acercarse a La Tejita. Ninguna prosperó. Más adelante, la empresa llegó a solicitar el acceso y volcado del contenido de uno de los teléfonos móviles que se le cayó a una de las dos denunciadas mientras estaba subida a la grúa. También pinchó en hueso.

Con el archivo de la causa, aunque cabe recurso contra el auto, se cierra la vía penal para la empresa J. Viqueira Lago Construcciones SA, pero la jueza recuerda que “cosa distinta son los perjuicios económicos que se pudieran haber causado al denunciante”, cuya reclamación “debe realizarse ejercitando las acciones civiles correspondientes”. Durante la instrucción, la promotora presentó un presupuesto que cifraba en 18.402 euros los costes derivados del bloqueo de las grúas.

Fundamentos jurídicos

La jueza desmenuza uno a uno los tres delitos por los que se investigaba a las dos activistas para motivar la inexistencia de responsabilidad criminal y el archivo de la causa. El primero es de las presuntas coacciones, un tipo penal que requiere de un elemento fundamental: la violencia. 

La jueza reconoce que “el término violencia ha sido objeto de interpretaciones extensivas” que han provocado la “volatización de su ámbito aplicativo”. Criterios discutidos que, para la magistrada, “ni siquiera aplicándolos” cabría sancionar la conducta de las activistas dentro del artículo que el Código Penal dedica a las coacciones. 

El auto concluye que “de los hechos denunciados no se desprende ningún tipo de actuación sobre las cosas que altere su naturaleza o su forma; no se aplica ningún acto de fuerza física sobre algún bien, ni ningún bien resulta dañado”. En el caso de las coacciones, al no existir el elemento principal del delito, la magistrada explica que “no resulta necesario ya ponderar el ejercicio del derecho de manifestación y protesta desplegado por las personas investigadas” en la causa penal.

El segundo de los delitos que se analiza en el auto es la posible desobediencia grave a las autoridades. Una posición que la promotora sostiene dado que hubo agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que intentaron convencer, primero mediante una megafonía y después tras escalar uno de ellos a una de las grúas, a las activistas para que desistieran de su protesta.

La magistrada considera que las palabras de los agentes sobre las posibles consecuencias penales de la acción reivindicativa, como exige el tipo objetivo de la desobediencia, fueron insuficientes. Pero la jueza aclara que, “aún en el caso que se entendiera que esa advertencia sí constituye un mandato expreso, faltaría el elemento de la gravedad para que fuera delito”.

Y así lo explica en el auto: “La negativa de los activistas a bajarse de la grúa no puede ser tipificada como desobediencia grave, ya que el hecho de no atender el requerimiento policial sería, precisamente, lo que definiría el acto de protesta pacífico y pasivo llevado a cabo por las personas investigadas”.

La jueza trae al auto la protección que otorga el derecho de reunión, que alude al encuentro de más de 20 personas aunque solo dos activistas llevaran a cabo la acción, “lo que no impide que se analicen las circunstancias concurrentes”, según la resolución. La magistrada recuerda la interpretación que al respecto ha realizado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que considera que “el mero hecho de que pueda existir entre los manifestantes una intención o conducta ilícita, siempre que no resulte violenta, no es suficiente para excluir el ámbito de aplicación de este derecho fundamental”.  

A criterio de la responsable del Juzgado de Instrucción Número 3 de Granadilla de Abona, “la negativa de las activistas a bajarse de la grúa constituye la materialización de su protesta pacífica”. Una argumentación que va encadenada a otra: “Pretender que dicha negativa sea constitutiva de un delito de desobediencia grave supondría no solo una afectación del derecho fundamental, sino una limitación de su ejercicio”.

Pero la magistrada va más allá y recuerda que criminalizar la protesta supondría un “devastador efecto desaliento y desincentivador que tiene tanto sobre las personas sancionadas como sobre la colectividad en el ejercicio de una libertad pública sin la que no puede entenderse el concepto mismo de democracia constitucional”.

Ni coacciones, ni desobediencia ni usurpación, el delito que castiga “la ocupación, sin violencia ni intimidación, de un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular”, según el artículo 245.2 del Código Penal.

El auto aclara que con la acción de protesta no se produjo la ocupación de todo el inmueble propiedad de la constructora, sino “únicamente de un elemento móvil del mismo”, las grúas. Un requisito que no existe en el caso analizado y al que se suma la falta de una vocación de permanencia. La magistrada insiste en que se trata de estructuras “carentes de cobertura o refugio alguno, con riesgo para su propia vida e integridad física, y con ausencia de alimentos u otros elementos necesarios para el desarrollo de su vida. Todos estos elementos evidencian el carácter temporal de la acción”. 

En la primavera de 2009, los dueños de 49 viviendas ubicadas en el complejo residencial de La Quinta, en el municipio de Santa Úrsula, recibieron la llave de sus nuevas casas. Todo en orden salvo un detalle que ha traído de cabeza durante años a los vecinos de este enclave del norte de Tenerife: la falta de servicios básicos en la zona, como el alumbrado público o el saneamiento de las aguas residuales. El pasado mes de enero, en una sentencia a la que ha tenido acceso Mírame Televisión, una jueza condenó a un año de cárcel a los miembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento que concedió la licencia de primera ocupación sin que la empresa constructora hubiera finalizado las obras de urbanización. 

Casi trece años después de que se iniciara la mudanza de los nuevos vecinos de La Quinta, el Juzgado de lo Penal Número 1 de Santa Cruz de Tenerife, en una sentencia contra la que cabe recurso, considera responsables de un delito de prevaricación urbanística a los cuatro políticos que concedieron la licencia de primera ocupación en una Junta de Gobierno celebrada el 3 de abril de 2009: el exalcalde Ricardo García y las exconcejalas María Eugenia Medina, Inmaculada Arbelo y Magadalena Luis. Todos ellos miembros entonces de la Agrupación Independiente de Santa Úrsula (AISU), un partido municipal hermanado con Coalición Canaria (CC).

Además del año de cárcel, la jueza también impone a los cuatro procesados una pena de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, por elección o designación, en el ámbito local, autonómico, estatal y europeo. El juicio que sentó en el banquillo a Ricardo García, que ya fue condenado por prevaricación en 2019 por colocar a 22 trabajadores en el Ayuntamiento de manera ilegal, se celebró en julio de 2021, pero la resolución no fue dictada hasta el pasado mes de enero por “la complejidad del asunto”, según explica la magistrada en la sentencia.

La complejidad del asunto pasaba por armar todas las piezas de una historia que parte de un acto administrativo que la jueza considera “nulo de pleno derecho”, la concesión de las licencias de primera ocupación sin estar finalizadas las obras de urbanización. Para ello, durante la instrucción y la vista oral, se recabaron los testimonios de un perito judicial y de agentes de la Policía Local y la Guardia Civil, además de la declaración de varios técnicos municipales. Todos corroboraron la actuación ilegal del Ayuntamiento.

El fallo tiene un apartado dedicado a la responsabilidad civil, donde se apunta a quién tiene que hacerse cargo de finalizar la urbanización. En este caso, la empresa promotora, Explotaciones Agropecuarias y Construcciones POL SA, que deberá terminar los trabajos “en los términos exigidos en la licencia de obras”. 

La licencia de obras que se concedió en 2005, modificada después en 2008, contemplaba la necesaria ejecución por parte de la constructora de las infraestructuras de urbanización. Es decir, se autorizaba a la empresa a iniciar los trabajos de edificación, pero en paralelo tenía que culminar la puesta en marcha de todos los servicios básicos, como el alumbrado o la depuración de aguas residuales, entre otros. Lo que no podía ocurrir de ninguna manera, pese a que fue lo que aconteció, era autorizar la ocupación de los inmuebles sin que la promotora cumpliese con toda su parte.

Técnicos ignorados

Así lo puso de manifiesto un arquitecto municipal mediante un informe, elaborado el 27 de marzo de 2009, en donde hacía constar que “no era viable la tramitación de la licencia de primera ocupación porque estaba supeditada a la finalización de las obras de urbanización y al funcionamiento efectivo de todos los servicios proyectados”, según el fallo.

El informe formaba parte del expediente que se llevó a la Junta de Gobierno de 3 de abril de 2009, a la que no asistió, pese a ser miembro, el actual alcalde, Juan Acosta, también de AISU-CC. Pero no fue esta la única advertencia sobre la ilegalidad de las licencias que ignoraron los condenados. Durante la sesión, el secretario municipal, recién llegado a su puesto unos días antes, alertó de que en la documentación no había rastro del dictamen jurídico que la legislación establece como requisito previo para la concesión de los permisos. Según se recoge en la sentencia, en ese momento se produjo un hito que despertó el interés de la jueza.

Después de que el funcionario alertara de que no había dictamen jurídico, la entonces vicesecretaria municipal “manifestó que el informe se estaba imprimiendo”, pero el alcalde y el resto de miembros de la Junta de Gobierno Local decidieron seguir adelante sin esperar por el documento, además de hacer caso omiso al criterio del arquitecto municipal. 

El informe de la vicesecretaria, firmado un día antes de la celebración de la Junta de Gobierno, pero todavía en la impresora en la fecha de la sesión, era “conocido por los encausados” cuando tomaron su decisión, según las conclusiones de la jueza. El dictamen proponía como resolución “que se debe exigir como requisito previo a la obtención de la licencia de primera ocupación el cumplimiento de lo dispuesto en la licencia de obras y en el informe técnico”. La misma interpretación legal que, salvo las defensas de los procesados, sostuvieron todos los expertos que prestaron testimonio durante el procedimiento. 

En la Junta de Gobierno se produjo una intervención del entonces alcalde que la jueza sitúa como uno de los elementos claves para entender la voluntad arbitraria de los miembros del órgano colegiado. No hay que olvidar que para que exista un delito de prevaricación, además de dictar una resolución injusta, tiene que acreditarse voluntad y conciencia por parte de los autores. Por eso en el fallo se insiste en la expresión de que la decisión se tomó “a sabiendas” de su injusticia. Y como muestra, un botón.

Durante la sesión, se le preguntó a Ricardo García por el problema de conceder la ocupación de las viviendas sin finalizar las obras de urbanización. La respuesta del alcalde fue que “será el Ayuntamiento quien deberá sacar el dinero de otro lado y que el promotor tiene que sacarse la urbanización de encima y el Ayuntamiento le da la licencia”. Una forma de interpretar la legalidad urbanística que no dejó indiferente a la jueza.

En un contundente párrafo de la sentencia, la magistrada resume el comportamiento del alcalde de la siguiente manera para encajarlo como un calcetín en el delito de prevaricación urbanística. “A Ricardo García le da igual que el informe técnico sea negativo, que no exista el informe jurídico y que se hayan contravenido los términos de la concesión de la licencia o que haya que utilizar dinero público que está presupuestado o destinado a otro fin para finalizar unas obras que corresponden a una entidad privada, porque lo importante de todo esto no es la legalidad ni la entrega de una vivienda en condiciones óptimas para la habitabilidad, sino que el promotor tiene que sacarse la urbanización de encima”.

Informe pericial 

Por si había alguna duda, un perito judicial se estudió el expediente y elaboró un dictamen para la causa penal el 28 de agosto de 2017. Llegó a la misma conclusión que el resto de técnicos: “no se le podía conceder la licencia de primera ocupación a ninguna edificación de La Quinta Roja, en el término municipal de Santa Úrsula, en tanto la urbanización no fuera recibida”.

El experto también constató en su informe la existencia de “patologías en las instalaciones de incendio, riego, alumbrado público, depuración y vertido, perjudicando con ello, y debido a aquélla resolución, a las personas que viven en las edificaciones” de La Quinta.

A la jueza no le cabe duda de la actuación delictiva del alcalde, pero tampoco de las otras tres concejalas que votaron a favor del acuerdo en la Junta de Gobierno. Aunque todas intentaron lanzar balones fuera durante sus declaraciones, la sentencia es tajante a la hora de concluir que “no es suficiente para excluir la responsabilidad criminal alegar una supuesta ignorancia de las normas básicas relativas a funciones principales de un ayuntamiento, como es la concesión de licencias municipales, alegando «es que me dijeron», «es que yo creí», «es que yo no sabía»”.

A lo largo de la instrucción se documentó en varias ocasiones que las viviendas de La Quinta continuaban sin recursos básicos. El último informe de la Guardia Civil que obra en la causa penal tiene fecha de 10 de febrero de 2016, casi siete años después de la licencia de primera ocupación. En el documento se especifica que la urbanización “sigue sin contar con los servicios mínimos de alumbrado público, agua pública y sistema de tratamiento de aguas residuales”. 

Esta es la segunda sentencia contra Ricardo García, que en 2019 evitó otro juicio mediante un acuerdo con la Fiscalía por el que asumía una pena de siete años de inhabilitación por colocar de manera ilegal a 22 personas en el Ayuntamiento del norte de Tenerife. Una forma de proceder en materia de contratación similar a la llevada por su sucesora en el cargo entre 2011 y 2015, Milagros Pérez (PP), que también fue condenada en 2019 a ocho años y medio de inhabilitación por prevaricación administrativa. La historia reciente de Santa Úrsula se escribe en los juzgados. 

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), a través de una sentencia dictada el pasado 3 de marzo, ha dejado sin efecto la decisión del juez de primera instancia que anuló un acuerdo del Cabildo de Tenerife, adoptado en abril de 2018, mediante el que se establecía una instrucción interna de cara a la futura adaptación del Plan Insular de Ordenación Territorial (PIOT) a la Ley del Suelo autonómica, aprobada en 2017.

El acuerdo del Cabildo fue impugnado sin éxito en la vía administrativa bajo el argumento de que encubría una modificación del PIOT sin seguir el procedimiento establecido por la legislación. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Santa Cruz de Tenerife, en cambio, estimó el recurso al entender que la decisión de la Corporación insular suponía “una interpretación auténtica y vinculante para los funcionarios (...) con efectos hacia terceros sin que previamente se haya tramitado la adaptación de los instrumentos de ordenación insulares” a la Ley del Suelo, en un planteamiento que contradice ahora la sentencia del TSJC, a la que ha accedido Mírame Televisión.

El fallo de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que tumba la sentencia de primera instancia, sostiene que el acuerdo del Cabildo no tiene más valor que el de una instrucción interna. Ni es vinculante para los funcionarios ni genera efectos jurídicos sobre terceros, por lo que no puede considerarse una modificación del PIOT por la puerta de atrás.

La sentencia concluye que “el propio Cabildo no estaría vinculado por su criterio y podría modificarlo razonadamente”, además de insistir en que “el criterio de la legalidad del acto aplicado sigue siendo la ley y no esta instrucción cuya irrelevancia jurídica fuera del ámbito interno de la Administración demandada reiteramos”.

La decisión del Cabildo se alcanzó en el marco de la obligación que emana de la propio Ley del Suelo de Canarias, que plantea la necesidad de que los instrumentos de ordenación de ámbito local se amolden a la nueva legislación y deroguen todas las disposiciones que puedan ser contradictorias. Los magistrados recuerdan que es la propia norma autonómica “la que renuncia con realismo a la fijación de un plazo de tan difícil cumplimiento para que se procede a la adaptación”. 

En la sentencia se explica que es “obvio, y nadie lo niega, que el Cabildo tiene la obligación legal -sin plazo- de adaptar el Plan Insular de Ordenación a la nueva Ley pero, en el ínterin, hasta que se apruebe la nueva regulación, nada impide el análisis del contenido que haya de entenderse derogado mediante un acuerdo” como el aprobado por la Corporación insular en 2018.

La exconcejala de Urbanismo de Adeje y actual directora insular de Desarrollo Socioeconómico del Cabildo de Tenerife, Ermitas Moreira, investigada junto a otras doce personas en la causa penal por la ampliación del Monkey Beach Club, utilizó un dictamen del catedrático de la Universidad de La Laguna Francisco Villar para tratar de influir en el perito judicial, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso Mírame Televisión.

El dictamen de Villar fue presentado en la causa penal como prueba pericial por la defensa de Ermitas Moreira el 26 de febrero de 2021. En el escrito se solicita a la jueza instructora que “dado que este informe se pronuncia sobre cuestiones relacionadas sobre el objeto de la pericia”, que había encargado la magistrada un mes antes, “se le dé previo traslado del mismo al perito judicial, con el fin de que este se pronuncie sobre los mismos extremos, por tratarse de cuestiones que resultan necesarias para el mejor entendimiento de los hechos que son objeto de esta instrucción”.

En una providencia de la jueza, dictada el 6 de abril de 2021, se acordó dar “traslado del informe del catedrático de Derecho Administrativo para su conocimiento”. Con esta decisión, la defensa de Moreira consiguió su objetivo: que el perito judicial conociera, antes de finalizar su dictamen, las tesis de Villar, que sostiene la legalidad de las licencias concedidas por el Ayuntamiento de Adeje. No sirvió de mucho.

Tal y como relata Mírame Televisión, el dictamen final del perito judicial Juan Jesús Cabrera corroboró la actuación ilegal de todas las administraciones públicas implicadas en los distintos expedientes relacionados con las obras de ampliación del Monkey Beach Club, una sala de fiestas que se encuentra ubicada en primera línea de playa del municipio de Adeje. El informe apunta a posibles responsabilidades por parte de la Demarcación Provincial de Costas, de la Viceconsejería de Política Territorial de Canarias y del propio Ayuntamiento, en contra de lo defendido por Francisco Villar.

Fue el Ayuntamiento de Adeje quien realizó el encargo de forma verbal al catedrático, pero el dictamen fue entregado en la causa penal por Ermitas Moreira. Es decir, a pesar de que el servicio fue requerido por la administración local, cuya Junta de Gobierno del anterior mandato y varios técnicos municipales se encuentran imputados, fue una investigada, externa en la actualidad al Consistorio, la responsable de trasladar el dictamen de Villar al procedimiento judicial.

Esta no es la única cuestión que llama la atención. Tanto la Universidad de La Laguna como el Ayuntamiento de Adeje confirmaron que no existe expediente que sustente el encargo del dictamen. No hay petición formal por escrito, ni informe de necesidad para su tramitación como contrato menor, ni justificación de que no hay fraccionamiento, ni aval de la ULL, ni factura, ni pago. No hay ningún documento que dé forma administrativa al servicio prestado por Francisco Villar a través de la Fundación General de la ULL. Y no lo hay porque la solicitud se hizo verbalmente como “ampliación” a un trabajo anterior sobre la anulación del PMM de Costa Adeje, según confirmaron el propio catedrático y fuentes oficiales del Consistorio.

Preguntado por esta cuestión, Francisco Villar lo explicó así: “Formalmente, la Fundación no tuvo un segundo encargo; yo hice los dos informes en el mismo contrato. Recuerdo que tuve una reunión o dos en el Ayuntamiento y me dijeron que si podía darles una opinión sobre el asunto del Monkey. Y recuerdo que en su momento yo lo vi y, aunque evidentemente no era el mismo asunto, estaba todo relacionado. Las cosas suelen ser así, suelen ser más flexibles. No sé si eso ronda la ingenuidad pero, en general, funciono en relaciones de confianza. Te piden una cosa y la opinas”. 

En el dictamen sobre el Monkey, el propio Villar reconoce la vinculación del encargo con la causa judicial, al dejar por escrito que la consulta se formula por parte del Ayuntamiento de Adeje debido a que “un grupo de ciudadanos ha formulado denuncia en la vía penal por entender que la misma [la licencia municipal] es contraria a la Ley de Costas”. Lo que no hay en el documento es mención alguna a su carácter de trabajo de ampliación sobre un informe anterior. 

Son numerosos los dictámenes elaborados por el catedrático Francisco Villar a través de la Fundación General de la ULL como asesoramiento a diferentes administraciones públicas. El experto en Derecho Administrativo fue uno de los autores del informe que utilizó la defensa del expresidente de Canarias Fernando Clavijo en el caso Grúas. También fue el encargado de coordinar la redacción de la Ley del Suelo de Canarias. 

Sobre la incorporación de su dictamen a la causa penal como prueba pericial, Villar aseguró que era la “primera noticia” que tenía, lo que supone que fue presentado por Ermitas Moreira sin su consentimiento. Un hecho al que no dio mucha importancia el catedrático. “Yo entregué eso abajo, en el Ayuntamiento, me refiero. Si lo han utilizado para una cosa o para otra es como si me preguntas si utilizaron el del PMM para otra cosa. Yo ya ahí, lo que hacen los responsables públicos con esos documentos, no me entero tanto. No te puedo dar más información”.

Desde el Ayuntamiento de Adeje tampoco saben cómo pudo llegar el dictamen a manos de Ermitas Moreira y por qué fue presentado en la causa penal. Las fuentes oficiales insisten en que el objetivo del informe era la consulta interna de los técnicos. La exconcejala de Urbanismo no ha atendido a las reiteradas llamadas de Mírame TV.

Las fechas 

También hay una discrepancia en las fechas, ya que mientras que el informe de Francisco Villar aparece datado en el texto del documento el 23 de septiembre de 2019, la firma electrónica no se produjo hasta el 22 de febrero de 2021, cuatro días antes de que fuera presentado por Ermitas Moreira en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Arona.

En relación con esta contradicción, Villar explicó que “no sé lo que hacen los demás, pero yo normalmente adelanto el papel para que lo vean, quien sea, antes de firmarlo. Si te das cuenta, por lo que me acabas de decir, en medio estaba la pandemia. Es bastante probable que yo entregara la primera versión o la versión pendiente de firma y ahí seguramente se paró el asunto, y no volvieron a decir oye hace falta esto hasta más tarde”.

El dictamen sobre el PMM también aparece firmado, junto a la rúbrica de Villar, por otro profesor de Derecho Administrativo, Andrés Manuel González, cuyo nombre no figura en el informe sobre las licencias del Monkey. En el caso del trabajo sobre la anulación del Plan de Modernización también existe una discrepancia en las fechas, aunque estas son mucho más cercanas en el tiempo. Mientras que en el texto figura la data de 26 de julio de 2019, la certificación electrónica es de 19 de febrero de 2020, unas semanas después de que se pagara la factura. 

Sin expediente

Tanto el Ayuntamiento de Adeje como el propio Villar confirmaron que no se elaboró un expediente administrativo independiente para contratar el nuevo dictamen sobre el Monkey Beach Club a la Fundación General de la ULL. Se realizó el encargo verbal en una reunión y el catedrático lo aceptó como una ampliación del primer informe, a pesar de ser más extenso (consta de 29 páginas frente a las 25 del documento sobre el PMM).

El primer informe fue solicitado a Villar por el Consistorio de Adeje en 2019 en concepto de “Dictamen jurídico sobre las consecuencias de la anulación del Plan de Mejora, Modernización e Incremento de la Competitividad de Costa Adeje” y se tramitó a través de un extenso expediente administrativo de 31 folios, donde obran todos y cada uno de los informes y documentos necesarios para avalar la contratación del servicio como contrato menor. Incluido el pago de la factura de 12.000 euros presentada por la Fundación.

En el dictamen de Villar sobre el PMM no se alude en ningún momento de forma directa al caso del Monkey. Aunque es cierto que la ampliación de la sala de fiestas se amparó en las previsiones urbanísticas del PMM, que contradecía la Ley de Costas, el objeto de ambos informes es distinto. 

En agosto de 2020, Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Adeje requirió al Gobierno municipal el expediente íntegro sobre el servicio encargado a Francisco Villar para la elaboración del informe sobre la anulación del PMM. En la documentación entregada a la oposición no figura el dictamen del catedrático sobre las licencias del Monkey Beach Club. A pesar de ser una supuesta ampliación del primer trabajo, no está en el expediente ni existe referencia alguna.

El fondo

Después de un análisis jurídicos desarrollado en los 29 folios que conforman el dictamen, Francisco Villar concluye que “la licencia urbanística otorgada por el Ayuntamiento de Adeje es conforme a Derecho”. Para ello, se basa en que la Junta de Gobierno investigada por conceder el permiso “contaba con la previa autorización autonómica de utilización en la servidumbre de protección y resultando conforme con la ordenación urbanística vigente contenida en el PMM de Costa Adeje”.

Villar también sostiene que el permiso municipal “es conforme con la legislación de Costas”. Una afirmación que ampara en que, según su criterio, la actividad que desarrolla el Monkey Beach Club se encuentra dentro de “los servicios convenientes para el uso del dominio público marítimo terrestre (...) tanto más cuando la actuación trae causa de una planificación turística previa, en este caso la recogida en el PMM de Costa Adeje”.

Esta posición es completamente descartada por el perito judicial, que considera ilegales todos y cada uno de los permisos concedidos por las administraciones públicas, incluida la licencia del Ayuntamiento de Adeje. El arquitecto Juan Jesús Cabrera concluye que la ampliación del Monkey Beach Club incumple la Ley de Costas. Es por ello que no se cansa de repetir la misma frase una y otra vez en su informe: “Ni era posible autorizar las obras ni cabe su legalización”. 

El perito recuerda, entre otros argumentos, que la disposición transitoria cuarta de la Ley de Costas impide autorizar obras de ampliación de construcciones preexistentes cuando invadan las servidumbres del dominio público marítimo terrestre, como es el caso del local de fiestas ubicado en la playa de Troya.

En el caso del Ayuntamiento de Adeje, hay un hito que llamó la atención del perito. Dos técnicos municipales emitieron cuatro informes antes de que la Junta de Gobierno Local acordase la concesión de la licencia de obras. Todos coincidieron en la viabilidad de la ampliación del Monkey bajo el paraguas del PMM, el mismo criterio que años después ha plasmado el catedrático Francisco Villar en un dictamen que ha sido trasladado al Juzgado de Instrucción Número 4 de Arona como prueba pericial por parte de la exconcejala de Urbanismo. 

El Juzgado de Instrucción Número 5 de Santa Cruz de Tenerife dictó el pasado 19 de enero un auto, al que ha tenido acceso Mírame Televisión, mediante el que prorroga seis meses la investigación abierta contra Ricardo Melchior y otras cuatro personas por presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental en la gestión de Puertos.

El auto de la magistrada se produce en respuesta a una petición de la fiscal jefa en la provincia tinerfeña, María Farnés Martínez, que el 13 de enero solicitó la ampliación de la instrucción al estar pendientes “la práctica de diversas diligencias de investigación, así como de aquellas otras que pudieran derivarse de las mismas”. 

Entre las actuaciones que todavía tienen que llevarse a cabo para cerrar la investigación a Ricardo Melchior se menciona la práctica de “las declaraciones testificales pendientes, así como la remisión de comisiones rogatorias y de la documentación que está aún pendiente de recibirse de diversos organismos públicos”.

La causa abierta en los juzgados contra el histórico dirigente de Coalición Canaria (CC) tiene en el punto de mira varias contrataciones ilegales y un supuesto soborno a Ricardo Melchior por parte de una concesionaria italiana que opera en el puerto de la capital tinerfeña, a la que el expresidente de Puertos habría beneficiado con sus decisiones, según consta en las actuaciones.

Las comisiones rogatorias a las que alude la Fiscalía están relacionadas con la investigación de un presunto cohecho vinculado a la compañía de reparación naval Palumbo Shipyard, cuya base principal se encuentra en el puerto de Cospicua, en Malta. Tras realizar unas primeras pesquisas, la Unidad de Delitos Económicos de la Brigada Provincial de la Policía Judicial instó a la jueza, en junio de 2021, a solicitar una orden internacional para seguir en la isla mediterránea el rastro de las relaciones de Melchior con la empresa italiana.

Una comisión rogatoria es una solicitud de auxilio judicial que realiza un juez a otras autoridades extranjeras con el fin de obtener pruebas o información de otro país, ya sea sobre una persona física o jurídica. Además de Melchior, en la causa también figura en calidad de investigada una representante de la compañía de reparación naval Palumbo Shipyard.

Ricardo Melchior, que ya ha sido inhabilitado por una infracción muy grave al incumplir la ley que regula las compatibilidades de los altos cargos de la Administración del Estado, está acorralado por otras dos causas judiciales relacionadas con su gestión como presidente del Cabildo de Tenerife.

El histórico líder de Coalición Canaria está imputado por presunta malversación y prevaricación tras impulsar el rescate con dinero público de la empresa NAP de África Occidental-Islas Canarias, que se encontraba en causa de disolución y cuya mitad del accionariado estaba formado por inversores privados. Son los mismos supuestos delitos por los que la Fiscalía ha pedido que Melchior declare como investigado por el conocido como pelotazo de Geneto. 

Los expresidentes del Cabildo de Tenerife Ricardo Melchior y Carlos Alonso, ambos de Coalición Canaria (CC); así como el actual consejero autonómico de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, el socialista Julio Pérez; son tres de las diez personas que, a petición de la Fiscalía, tendrán que prestar declaración en calidad de investigados por el desembolso público de cerca de 20 millones de euros para comprar dos parcelas en la ciudad deportiva de Geneto, según ha adelantado Mírame TV.

La denuncia presentada por la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife el pasado mes de diciembre, después de investigar durante casi un año las sospechas trasladadas al Ministerio Público por el interventor general del Cabildo, Antonio Messía de Yraola, pide la declaración en calidad de investigados de diez miembros del Consejo de Administración de Parque Científico y Tecnológico (PCTT), la empresa pública que adquirió los terrenos de Geneto en 2012 por un precio que superaba un 524% su valor catastral. 

Entre los imputados que solicita la Fiscalía figuran los expresidentes insulares Ricardo Melchior y Carlos Alonso; el actual portavoz del Gobierno autonómico, Julio Pérez, que en el momento de los hechos investigados era primer teniente de alcalde de Santa Cruz de Tenerife y ocupaba una silla en el Consejo de Administración de PCTT; los exconsejeros del Cabildo Antonio García Marichal (CC), María del Pino León (CC) y José Luis Delgado (PSOE), hoy director general del Ejecutivo regional; el exdirector de la Fundación Starlight, Luis Antonio Martínez Sáez; Sergio Alonso, exgerente de la Fundación Empresa de la Universidad de La Laguna y hoy concejal de CC en el municipio de Aguere; Juan Antonio Núñez, exdirector insular; y el letrado de la sociedad pública que adquirió los terrenos, José Luis Luengo.

El fiscal que ha llevado las diligencias preliminares de investigación, Domingo González Martín, considera que en el conocido como pelotazo de Geneto existen indicios de dos delitos de prevaricación administrativa y uno de malversación de caudales públicos. El responsable del Ministerio Público concluye que los miembros del Consejo de Administración de PCTT apoyaron la compraventa a sabiendas de que iban a ser adquiridos terrenos que no tenían ninguna utilidad y sin garantías para evitar el desequilibrio financiero que la operación provocaría a las arcas de la empresa pública.

El fiscal pone el foco en las diferentes sesiones del Consejo de Administración de PCTT que abordaron la compraventa de los terrenos de Geneto. Aunque pide la declaración de diez personas en calidad de investigados, destaca el papel que jugaron los expresidentes Ricardo Melchior y Carlos Alonso para convencer al resto de miembros del órgano. Ambos llevaron la voz cantante y, con ayuda del letrado José Luis Luengo, disiparon las escasas dudas sobre la legalidad de la operación que fueron planteadas durante los debates. 

Parque Científico y Tecnológico, una empresa dependiente del Cabildo insular, adquirió en 2012 al CD Tenerife un total de 30.000 metros cuadrados de un suelo ubicado en la ciudad deportiva de Geneto. Según el informe del interventor, el valor real de los terrenos, en base a datos catastrales actualizados en 2017, es de tres millones. La Corporación pagó 18,9 millones al dar credibilidad a un informe de Tinsa, una tasadora externa que elevó el precio un 524%.

El club recibió 13 millones, mientras que los 5,9 millones restantes fueron a parar a la empresa NAP de África Occidental-Islas Canarias (cuyo 45% pertenecía entonces al Cabildo y el 55% restante a capital privado), que en 2007 había adquirido una de las parcelas para construir un centro de datos. El rescate con dinero público de esta sociedad mixta también ha dado pie a la apertura de otra causa penal por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Un despilfarro sin causa ni garantías

El primer delito de prevaricación lo sitúa el fiscal en la sesión del Consejo de Administración de PCTT celebrada el 28 de diciembre de 2011. Una jornada en la que se acordó proceder a la ejecución de los acuerdos previos adoptados para la compra de los terrenos. La importancia de este hito es clave porque, según el responsable del Ministerio Público, confirmó la decisión de adquirir las parcelas a sabiendas de que no tenían utilidad.

La intención original de comprar las parcelas de la ciudad deportiva, que partió de una moción plenaria presentada por el socialista José Luis Delgado en 2009, tenía como fin la ubicación de las instalaciones de un parque científico y tecnológico. Problemas urbanísticos y técnicos llevaron a trasladar la construcción a la zona de Cuevas Blancas, en Santa Cruz de Tenerife. A pesar de ello, la intención de adquirir el suelo de Geneto siguió adelante, esta vez bajo el pretexto de realizar una permuta con la Universidad de La Laguna (ULL) de los terrenos del denominado Hogar Gomero, en La Cuesta. Con estos antecedentes se llegó a la sesión de 28 de diciembre de 2011, pero ese día el guión previsto volvió a dar un giro.

Lo que parecía un acuerdo cerrado entre el Cabildo y la ULL saltó por los aires y, con ello, la posible justificación de una operación que iba a suponer un desembolso de cerca de 20 millones de euros. Lejos de provocar un freno a la compraventa de los terrenos, el Consejo aprobó un acuerdo para modificar el objeto del contrato, que descartaba ya la posible permuta y se centraba en “futuros desarrollos de acciones propias de la entidad”.

Este punto es clave porque el fiscal considera que se llegó a un acuerdo “que suponía privar de toda utilidad o interés público a la adquisición de los terrenos”; un hecho que sustenta los indicios de uno de los dos delitos de prevaricación detectado por el Ministerio Público.

En la sesión de 28 de diciembre de 2011 se produjo un hito clave, ya que el propio letrado de PCTT, según se recoge en el acta de la sesión, defendió que solo cabía la operación si su objetivo final era una permuta, ya que la situación urbanística de los terrenos impedía el desarrollo de acciones que se correspondieran con el objeto social de la empresa pública. La réplica llegó por parte del propio Carlos Alonso, que negó la posición del jurista y defendió la legalidad de la compraventa pese a no quedar justificada su utilidad. 

Fue en esta reunión en la que participó el hoy consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad de Canarias, Julio Pérez. El entonces primer teniente de alcalde de la capital tinerfeña fue una de las nueve personas que apoyaron el acuerdo, pero no lo hizo directamente, ya que tuvo que ausentarse de la sesión y delegó su votó en su compañero de filas José Luis Delgado. Antes, ambos habían manifestado sus dudas sobre la operación, pero terminaron por dar su visto bueno. 

El segundo delito de prevaricación lo ubica el fiscal en la sesión del Consejo de Administración de PCTT que tuvo lugar el 16 de enero de 2012, cuando se aprobó eliminar las condiciones que, en acuerdos anteriores del mismo órgano, se habían establecido como requisitos para garantizar la viabilidad financiera de la operación. 

Hasta ese día, la adquisición de las parcelas estaba condicionada a que el Consejo de Gobierno autorizara la operación de endeudamiento y a la existencia de un acuerdo sobre las aportaciones económicas que tendría que realizar el Cabildo para garantizar la estabilidad de Parque Científico y Tecnológico de Tenerife. En la sesión, a raíz de una propuesta defendida por Carlos Alonso, se enterraron los requisitos y se consideró aval suficiente el acuerdo plenario de 2009 y una carta remitida por Ricardo Melchior al resto de miembros del órgano en la que se comprometía a realizar un aumento de capital de la empresa pública de 20 millones.

Una vez más, el consejero José Luis Delgado intervino para preguntar en la sesión si con la propuesta de Carlos Alonso se cubrían los requisitos que se habían fijado para autorizar la operación, a lo que el letrado José Luis Luengo respondió que “sin duda alguna era así”. Para el fiscal, la decisión adoptada supuso, a sabiendas de su alcance, “comprometer gravemente la situación financiera económica de la propia entidad, así como el desarrollo de la actividad que le es propia”.

Un informe elaborado por la consejera delegada de PCTT en septiembre de 2020 puso de manifiesto que la aportación prometida por Melchior nunca se llevó a cabo. También destacó que, a fecha 31 de diciembre de 2019, la empresa pública se encontraba en situación de desequilibrio financiero, por lo que no cumplía con el objetivo de estabilidad presupuestaria. El documento señala como causa la adquisición de las parcelas de la ciudad deportiva, lo que provocó un endeudamiento que no vence hasta mayo de 2024. En el momento de la elaboración del escrito, el saldo pendiente era de siete millones de euros más los correspondientes intereses.

El fiscal concluye que el Consejo de Administración de la empresa del Cabildo sabía que la compraventa carecía de causa de utilidad o interés público, a lo que se añade el perjuicio económico que la adquisición de los terrenos produjo en las cuentas de PCTT. Unos hechos que, según la denuncia, también son constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos.

Una tasación caducada

El fiscal también pide que se tome declaración a seis testigos, entre los que figura el interventor general del Cabildo, Antonio Messía de Yraola, el funcionario que puso los hechos en conocimiento del Ministerio Público y del Tribunal de Cuentas. En la lista también se nombra a la actual consejera delegada del Instituto Tecnológico de Energías Renovables (ITER) o al perito Javier Risco Ceniceros, autor del dictamen que elevó la tasación de los terrenos un 524% por encima de su valor catastral.

El documento del perito de TINSA, el mismo técnico que valoró por encima de su precio real el frente de playa de Las Teresitas, es un elemento que no pasa desapercibido para el fiscal. El primer hecho que destaca el Ministerio Público apunta a que la tasación que fijó el precio de la operación se encontraba caducada en el momento de la compraventa, ya que su vigencia expiraba el 18 de noviembre de 2011.

Otro aspecto destacado de la tasación es que se utilizaron como testigos, entre otros, calles céntricas de la capital tinerfeña, sin tener en cuenta ningún terreno de condiciones similares y en la misma zona que las parcelas de la ciudad deportiva. Además de que el propio perito advertía de que el valor alcanzado “corresponde al conjunto de las fincas funcionando como una sola unidad”. 

Pero lo más llamativo se encuentra en las observaciones que el propio técnico realiza, al poner sobre aviso en varias ocasiones que la validez de la tasación dependía del cumplimiento de los parámetros fijados en el acuerdo plenario de 2009, que considera “importantísimo para poder absorber la superficie máxima edificable, así como también para poder desarrollar como una única unidad la superficie de los terrenos”.

Es decir, el Cabildo pagó casi 20 millones por unos terrenos que no necesitaba en base a una tasación caducada y que establecía una serie de requisitos que nunca se cumplieron. Además de la necesidad de ubicar en las parcelas de Geneto el futuro parque científico, era requisito recabar un informe favorable del Consejo Insular de Aguas y del Ministerio de Defensa, por encontrarse en una zona de seguridad militar, así como la autorización de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda. Esta circunstancia provocó que la compraventa se llevara a cabo por una cuantía que no se encontraba justificada ni siquiera con el informe de Tinsa en la mano. 

La Fiscalía ha presentado una denuncia por la existencia de “indicios contundentes” de presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación en la operación de compraventa de dos parcelas propiedad del CD Tenerife y de la empresa NAP, ubicadas en la ciudad deportiva de Geneto, por parte de una sociedad dependiente del Cabildo insular. Así consta en un decreto emitido el pasado 21 de diciembre por el Ministerio Público, al que ha tenido acceso Mírame Televisión.

El decreto, firmado por la fiscal jefa en la provincia tinerfeña, María Farnés Martínez, apunta directamente al “presidente y Consejo de Administración de Parque Científico y Tecnológico”, la empresa dependiente del Cabildo que adquirió los terrenos en 2012 por casi 19 millones de euros, un precio un 524% superior a su valor catastral. Los hechos fuerondenunciados hace un año por el interventor general de la Corporación insular, Antonio Messía de Yraola, lo que propició la apertura de diligencias de investigación por parte del Ministerio Público.

Tras un año de pesquisas y análisis de la numerosa documentación aportada, las diligencias tuvieron que ser prorrogadas dada la complejidad de los hechos denunciados, la Fiscalía concluye que existen “indicios contundentes” de una actuación delictiva. La denuncia del Ministerio Público ya ha sido trasladada al Juzgado Decano de San Cristóbal de La Laguna para su reparto.

La decisión de la Fiscalía se produce en medio de la investigación judicial abierta por una operación directamente conectada con el pelotazo de la ciudad deportiva: el rescate con dinero público de la empresa mixta NAP de África Occidental-Islas Canarias, por la que están investigados todos los miembros del Consejo de Administración del Instituto Tecnológico de Energías Renovables (ITER), entre los que figuran los expresidentes del Cabildo Carlos Alonso y Ricardo Melchior, ambos de Coalición Canaria.

Carlos Alonso y Ricardo Melchior también formaban parte del Consejo de Administración de Parque Científico y Tecnológico (PCTT), la empresa que, según el interventor, adquirió los terrenos del CD Tenerife a un precio inflado. Ambos convencieron al resto de miembros para que respaldaran con su voto la operación. Melchior, que además era el presidente del órgano, llegó a enviar un carta a todos los consejeros para avalar personalmente la compraventa.

En total, la actuación se abordó en cuatro sesiones del Consejo de Administración de PCTT. En algunas de ellas también participaron y votaron a favor destacados cargos públicos del PSOE, como el actual portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, o un director general del Ejecutivo autonómico, José Luis Delgado.

Un precio inflado y una oportunidad perdida  

El resumen de la operación que denuncia la Fiscalía es el siguiente: el Cabildo, a través de la empresa pública Parque Científico y Tecnológico, adquirió en 2012 al CD Tenerife un total de 30.000 metros cuadrados de un suelo ubicado en la ciudad deportiva de Geneto. Según el informe del interventor, el valor real de los terrenos, en base a datos catastrales actualizados en 2017, es de tres millones. La Corporación pagó 18,9 millones al dar credibilidad a un informe de Tinsa, una tasadora externa que elevó el precio un 524%.

El club recibió 13 millones, mientras que los 5,9 millones restantes fueron a parar a la empresa NAP, cuyo 45% pertenecía entonces al Cabildo y el 55% restante a capital privado, que en 2007 había adquirido una de las parcelas para construir un centro de datos.

Los terrenos eran del CD Tenerife porque, solo unos meses antes de la operación, el club se fusionó con la promotora que años atrás habían montado una serie de destacados accionistas de la entidad para especular con los terrenos de Geneto. Parte de los inversores también tenían su capital en el NAP.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de la Fiscalía es el hecho de que el Cabildo renunció a comprar más baratos los terrenos de Geneto 20 meses antes del primer pago del pelotazo. La Corporación insular poseía desde 1999 una opción legal que le permitía negociar desde una posición preferente la compra de las fincas, pero en el año 2005, a petición del club, renunció a sus derechos. En 2007, a través del NAP, salían de las arcas públicas los primeros 4,5 millones con destino a Tenerife Inversiones y Proyectos Deportivos SA, la promotora.

Ni el NAP ni el edificio del Parque Científico se construyeron en Geneto porque los terrenos no cumplían con las condiciones urbanísticas y técnicas necesarias. En la ciudad deportiva no se movió una piedra, pero de las arcas de las empresas públicas del Cabildo salieron más de 30 millones entre ambas operaciones. Un dinero que ahora la Justicia tendrá que decidir si, además de una mala gestión administrativa, supuso un gasto delictivo. De momento, la Fiscalía ha encontrado “indicios contundentes”.

El expresidente del Cabildo de Tenerife Carlos Alonso (Coalición Canaria) jugó un papel decisivo en las operaciones de la empresa NAP de África Occidental-Islas Canarias, según revelan las actas de los consejos de administración de la entidad, a las que ha tenido acceso Mírame Televisión. El actual portavoz de los nacionalistas en la Corporación insular lideró acciones claves en la gestión de la entidad mixta, que fue rescatada por el Instituto Tecnológico de Energías Renovables (ITER) después de registrar pérdidas millonarias, y ostentó poderes en el proceso de compra de las acciones a los inversores privados de la sociedad.

La participación de Carlos Alonso llega a ser más activa que la del entonces presidente del Cabildo, Ricardo Melchior, que se mantenía en segunda línea en las sesiones, según se refleja en las actas de los consejos de administración. Junto a ambos, destaca la posición que jugó el entonces director-gerente del ITER, Manuel Cendagorta, otro de los vértices del triángulo de mando en las operaciones del NAP. Los tres están imputados en la causa penal abierta por el Juzgado de Instrucción Número 1 de Granadilla de Abona, tras una denuncia de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, por una presunta malversación de fondos públicos de 12 millones. 

Las actas de los consejos de administración del ITER, de la empresa Napwaci (por sus siglas en inglés) y de Parque Científico y Tecnológico de Tenerife (PCTT) revelan el papel protagonista de Carlos Alonso en decisiones como la compra de los terrenos de la ciudad deportiva de Geneto o la negociación para la adquisición de las acciones privadas del NAP.

Carlos Alonso tenía una participación activa en los consejos de Administración del NAP, donde actuaba en calidad de invitado, ya que ni siquiera ostentaba la condición de consejero. Una situación que no fue obstáculo para que el entonces vicepresidente del Cabildo asumiera la responsabilidad de defender gestiones como la venta a la empresa pública Parque Científico y Tecnológico de una parcela de Geneto, que la entidad había adquirido a una promotora del CD Tenerife, o la negociación con la sociedad Terremark sobre su continuidad en el proyecto. 

En los consejos de administración del ITER, la voz cantante recaía sobre el entonces gerente, Manuel Cendagorta, que fue el encargado de explicar las operaciones que condujeron a la absorción del NAP y la compra de las acciones a los inversores privados (Napwaci era un entidad constituida al alimón entre el Cabildo de Tenerife y un grupo de empresarios), pero el desarrollo de las operaciones se dejaba también en manos de Carlos Alonso. 

Los 14 investigados en la causa penal son todos miembros del Consejo de Administración del ITER, es decir, las mismas personas que acordaron en mayo de 2012 la absorción del NAP y la compra de las acciones privadas. En las actas se evidencia que ninguno de los ahora imputados puso reparos o cuestionó la operación, ni en la sesión principal ni en el resto de reuniones que se celebraron para formalizar el rescate.

Donde único se expresaron dudas fue en el Consejo de Administración de PCTT que aprobó la compra de los terrenos de la ciudad deportiva. Fue el entonces consejero del PSOE José Luis Delgado, hoy director general del Gobierno de Canarias, quien preguntó por la viabilidad de una operación que habían defendido en distintas sesiones Ricardo Melchior y Carlos Alonso, encargados de convencer al resto de consejeros de la necesidad de adquirir las parcelas. Casi una década después, el Cabildo sigue sin dar uso al suelo de Geneto, por el que la empresa pública desembolsó casi 19 millones de euros.

Estos son los consejos de administración que adoptaron las principales decisiones que llevaron, por un lado, a la ruina del Napwaci y, por otro, al rescate de la empresa mixta y la compra de los terrenos de Geneto por un precio un 524% superior a su valor catastral. 

Consejo de Administración del NAP de 23 de julio 2009

En la sesión estuvieron presentes los cinco miembros del Consejo de Administración de Napwaci: Ricardo Melchior; Manuel Cendargorta; el empresario José Ana Pérez Labajos, principal inversor privado; Antonio Hernández Mancha, expresidente de Alianza Popular y representante de la entidad Terremark; y José Luis Pérez. 

También asistieron como invitados, entre otros, Carlos Alonso, que entonces era vicepresidente del Cabildo de Tenerife y tuvo un papel destacado en la sesión; José Luis Cendagorta, hermano del gerente del ITER y exconsejero delegado de otra empresa pública de la Corporación insular, Canalink; junto a Guillermo Amore, director de la entidad Terremark. 

Terremark es la empresa que fue contratada por Napwaci en 2006, el mismo día de su constitución, para llevar a cabo la formulación e implementación de un plan de ejecución para la construcción del edificio del NAP. La empresa representada por Hernández Mancha cobró 3,2 millones de euros por un proyecto que nunca se llevó a cabo, ya que el centro de datos se construyó en unos terrenos de Granadilla de Abona y no en Geneto, como estaba inicialmente previsto.

El cambio de ubicación de la infraestructura del NAP provocó que en el Consejo de Administración de 23 de julio de 2009 se debatiera una propuesta para modificar la relación con Terremark. La iniciativa fue defendida por Carlos Alonso, que intentó convencer a los delegados de la empresa para que se sumaran a la nueva estrategia.

Según el acta de la sesión, la propuesta consistía en que el ITER asumía la construcción del nuevo edificio, con un coste que se calculaba en 17 millones. Por el arrendamiento de la infraestructura, la sociedad del Cabildo cobraría a Napwaci el 7% del coste final del proyecto para los primeros mil metros cuadrados construidos y del 10% para el resto de los módulos. El precio del alquiler se compensaba mediante el coste de la gestión de la explotación, por lo que la opción planteaba “un resultado neto de ese flujo prácticamente cero”. 

El acuerdo propuesto por Carlos Alonso consistía en la entrada de Terremark en el accionariado del NAP con una aportación de dos millones y medio de euros antes del final del tercer trimestre de 2009, cuando el ITER completaría su participación con otros 500.000 euros. Para cerrar la operación se requería la firma de dos nuevos contratos.

La propuesta de Alonso tropezó con la oposición de Terremark. En la sesión, Guillermo Amore consideró “inaceptable no tener el control del tráfico”, a lo que el entonces vicepresidente insular respondió que “todo ha cambiado y que hoy este es el único modelo posible, señalando que el ITER está sosteniendo el proyecto”, según se recoge en el acta. En ese momento intervino Ricardo Melchior para manifestar que “hay que decidir sin dilaciones y que el único gesto aportado es el del Cabildo de Tenerife”.

El enfrentamiento culminó con el anuncio de Guillermo Amore de llevar la oferta ante la Junta General de la empresa, a lo que Ricardo Melchior respondió que “el que no quiera seguir, que no siga” y defendió que el Cabildo podía ejecutar el proyecto “con o sin Terremark”. Carlos Alonso cerró el debate con la petición de que la respuesta llegase en un plazo de 15 días “porque no se puede dilatar más”.

Ese mismo año 2009, Terremark rechazó la oferta y abandonó su colaboración con el Napwaci. En 2011, con el centro de datos ya en funcionamiento en Granadilla y sin justificación aparente, el ITER compró por cuatro millones el proyecto elaborado por Terremark (cuyo precio original fue de 3,2 millones) para la puesta en funcionamiento del centro de la infraestructura en Geneto, a pesar de que ya era propietario de la mitad por su condición de socio del NAP. Esta es una de las operaciones bajo sospecha judicial que han sido denunciadas por la Fiscalía Provincial.

En la misma sesión, el gerente del NAP ya advertía de la necesidad de obtener “una importante inyección económica para poder hacer frente al cumplimiento de las obligaciones contraídas”, en alusión a la deuda financiera, principalmente con CajaCanarias, por la compra de la parcela de Geneto. Fue el ITER el que llenó la caja de Napwaci mediante préstamos que también forman parte del esqueleto de la denuncia de la fiscal.

Consejo de Administración del NAP de 25 de noviembre 2009

Esta sesión es importante porque en ella se informó a los presentes de la situación en la que se encontraba la negociación para la venta de la parcela de Geneto, que en 2012 fue adquirida por PCTT, junto con otra aún propiedad del CD Tenerife, por un precio inflado, según el interventor general. Cuando se compraron los terrenos, ya se había tomado la decisión de instalar la infraestructura del parque tecnológico en la zona de Cuevas Blancas, en Santa Cruz de Tenerife. En la reunión participó, de nuevo como invitado, el vicepresidente Carlos Alonso.

Fue Carlos Alonso quien detalló el estado de la operación, que había tropezado con “enormes dificultades encontradas en el Ayuntamiento de La Laguna para incluir nuestra parcela de terreno en el futuro Parque Tecnológico de dicho municipio”. El vicepresidente insular aseguró que los obstáculos fueron superados gracias a que “la intensidad y dificultad de los trabajos han dado sus frutos, al haberse alcanzado un acuerdo con las instituciones implicadas”. Un optimismo que tropezó con la realidad tres años después, cuando se descartó la instalación en Geneto.

Que el parque científico tecnológico se desplazara a la capital tinerfeña no fue impedimento para adquirir la parcela en 2012. Y eso que ya el propio Alonso aseguraba en la sesión de noviembre de 2009 que se había cerrado el acuerdo con PCTT para la compra de los terrenos “por el mismo importe de adquisición” que pagó el NAP a la promotora del CD Tenerife.

El Consejo de Administración de Napwaci aprobó por unanimidad iniciar las gestiones de venta de la parcela a PCTT, con la designación de Manuel Cendagorta como mandatario “con el apoyo personal y directo de Carlos Alonso”.

Consejo de Administración del NAP de 22 de enero de 2010

Una vez más, Carlos Alonso participó en la sesión como invitado, de nuevo, para informar sobre la venta del terreno de Geneto a PCTT. El vicepresidente del Cabildo dio a conocer que ya se había realizado la tasación de la parcela, “estando en este momento en una negociación a tres bandas” entre el CD Tenerife, la promotora y Napwaci “respecto a la repercusión del suelo sobre la volumetría o edificabilidad que corresponde a cada una de las parcelas afectadas”.

El acta de la sesión refleja que también se trató la desvinculación definitiva de Terremark con el NAP, con el anuncio de la renuncia tanto de Hernández Mancha como consejero y de Guillermo Amore como invitado en las sesiones. Después de la despedida y los halagos mutuos, el Consejo de Administración de Napwaci acordó la resolución del contrato con la entidad y la compra de la acción que poseía.

Carlos Alonso tomó la palabra para justificar la ruptura de las relaciones porque, “debido a las condiciones económicas diferentes en la actualidad de las del momento de la firma del acuerdo, el modelo de inversión, mercado y desarrollo de la infraestructura se han desviado significativamente de lo planteado originalmente”, según recoge el acta, donde se cita, entre otros hitos, el cambio de ubicación del centro de datos a Granadilla o la intención de vender la parcela de la ciudad deportiva de Geneto. 

Consejo de Administración de Parque Científico y Tecnológico de 16 de enero de 2012

Este fue el Consejo de Administración de PCTT que adoptó la decisión de adquirir al NAP, una empresa que se encontraba en causa de disolución, la parcela de Geneto en la que inicialmente se pretendía ubicar el Napwaci y otra aledaña que aún poseía el CD Tenerife. La operación se cerró por casi 19 millones, un precio que el interventor del Cabildo considera inflado.

En el acta de la sesión se refleja que fueron Ricardo Melchior y Carlos Alonso los encargados de convencer al resto de consejeros de la viabilidad de la operación. El propio presidente del Cabildo llegó a enviar una carta a cada uno de ellos en la que se comprometía a realizar una ampliación de capital de 20 millones entre 2014 y 2018.

Según el interventor general del Cabildo, la operación se cerró por un precio que aumentaba un 524% el valor catastral de los terrenos, sin seguir el debido procedimiento administrativo y sin causa que justificase la compra.

Consejo del ITER de 2 de mayo de 2012

Es la sesión clave para entender la presunta malversación que ha denunciado la Fiscalía. En ella estaban sentados los 14 investigados por la Justicia. En ella se defendió la propuesta de absorción del NAP, a pesar de que la empresa se encontraba en causa de disolución con más de seis millones de pérdidas, y la compra de las acciones a los inversores privados a su valor nominal o su canje por participaciones en una sociedad del Cabildo altamente rentable, Solten II. 

La propuesta, que se aprobó por unanimidad sin ninguna apreciación de los asistentes, fue informada por Manuel Cendagorta, que justificó la operación en un supuesto estudio de viabilidad que aseguraba recuperar la inversión en un plazo de entre 12 y 14 años.

El Consejo del ITER acordó la adquisición de las acciones a los socios privados de Napwaci “facultando al gerente y al vicepresidente Carlos Alonso para que, indistintamente cualquiera de ellos, pueda formalizar las operaciones de compra”.

La última de las acciones fue adquirida el 18 de junio. Con todas las participaciones en poder del ITER, el Consejo de Administración aprobó la absorción del NAP en una sesión posterior por medio de un procedimiento simplificado, lo que evitó la existencia de controles externos, que la ley permite en el caso de sociedades que son participadas de forma íntegra por capital público. 

El Foro Amigos del Sur de Tenerife (FAST) es una asociación de empresarios que organiza con asiduidad almuerzos en los que se invita a destacadas personalidades, principalmente del mundo de la política. Son actos donde lo público y lo privado se dan la mano. Por allí han pasado, entre otros, Fernando Clavijo, Carlos Alonso, Pedro Martín o Gustavo Matos. En marzo de 2014, el protagonista del coloquio no tenía un cartel tan conocido, pero su cargo entonces era más importante de lo que pudiera parecer. Era Rafael Castellano, gerente de Gesplan, la empresa pública que en aquel momento redactaba a contrarreloj los esperados planes de modernización de las zonas turísticas de Canarias.

Rafael Castellano fue presentado en el acto por el líder del FAST, José Fernando Cabrera, el anterior presidente de la patronal hotelera en la provincia tinerfeña. Un destacado empresario que sigue vinculado al mundo inmobiliario y cuyo hijo administra un conocido local de ocio ubicado a orillas de la playa de Troya, el Monkey Beach Club. El establecimiento se encuentra en Adeje, un municipio que controla desde hace más de 30 años un mismo alcalde, José Miguel Rodríguez Fraga (PSOE), que también estaba presente en el almuerzo de los amigos del sur. Sentado en la mesa principal.

El gerente de Gesplan acudió al evento para hablar de los planes de modernización. Y lo hizo durante más de una hora; tiempo suficiente para exponer al detalle todas las bondades de los PMM y alentar la tan necesaria renovación turística de las zonas degradadas de la costa canaria. Castellano apeló a la colaboración con el sector privado: “Ya tenemos más de 200 actuaciones concertadas con empresarios, y queremos duplicar esa cifra”. El público despidió su discurso con una ovación. El vídeo está subido en Youtube.

Durante el coloquio se habló de los “incentivos que permiten sacar esto con más fluidez”, pero no se entró en detalles. En el PMM de Costa Adeje, que redactó la empresa pública que dirige Castellano y aprobó Política Territorial un año después del almuerzo del FAST, se otorgaban plusvalías urbanísticas sin justificar a varias actuaciones privadas previstas en el municipio del sur de Tenerife. Uno de los casos más destacados es el del Monkey Beach Club, a quien el plan de modernización regalaba dos plantas extra y multiplicaba casi por nueve la superficie edificable.

El Monkey Beach Club es un local que ocupa las servidumbres de protección y de tránsito del dominio público marítimo terrestre desde 1977. En el Plan General de Ordenación (PGO) de Adeje se le concede una superficie de construcción de 163 metros cuadrados. El lápiz de Gesplan decidió que el negocio de los Cabrera merecía una edificabilidad mayor, así que aumentó un 780% esa cifra, hasta permitir 1.433 metros cuadrados. Y dos plantas más de altura.

La decisión de Gesplan es aún más conflictiva porque se estrella de lleno contra la Ley de Costas. La normativa estatal prohíbe de forma clara que se puedan autorizar obras de ampliación en establecimientos que ya existían antes de la entrada en vigor de la norma y que ocupan las servidumbres del dominio público marítimo terrestre, tanto de tránsito como de protección. Un aspecto que los responsables del PMM conocían, pero que no fue obstáculo para que saliera adelante en el documento. Ese fue el eje del pelotazo, porque a ese plan se agarró el Gobierno de Canarias para autorizar las obras. Y el Ayuntamiento de Adeje, cuyo alcalde se sentó en la misma mesa que Castellano y el padre del dueño del Monkey Beach en el almuerzo del FAST.

La ampliación de la sala de fiestas de la playa de Troya fue denunciada por la Fiscalía tras apreciar indicios de presuntos delitos urbanísticos. Un total de 13 personas han sido imputadas. En la lista de investigados figuran desde el propio Rodríguez Fraga hasta el anterior viceconsejero de Política Territorial, Jesús Romero (Coalición Canaria), un hombre cuya carrera siempre se ha desarrollado cerca de Rafael Castellano. También los responsables de la Demarcación Provincial de Costas y técnicos de todas las administraciones implicadas. Pero en el procedimiento judicial no hay ni rastro de Gesplan, al menos de momento.

El pasado mes de agosto, un perito judicial elaboró un informe que ya obra en poder de la jueza y que pone de manifiesto todos los incumplimientos del Monkey Beach Club. El autor del dictamen es tajante a la hora de asegurar que la ampliación del edificio ni se podía haber autorizado ni cabe su legalización. En su repaso de los distintos expedientes del pelotazo, el arquitecto nombra en varias ocasiones el destacado papel de Gesplan y pone el foco en el aumento de superficie edificable que generó el PMM en contra de lo permitido por la Ley de Costas.

Irregularidades en la tramitación

En la tramitación del PMM se han identificado numerosas irregularidades. Con el texto redactado, y con la soga del final de la legislatura al cuello, Política Territorial solicitó a Costas el 12 de febrero de 2015 un informe sobre el nuevo documento. No es un trámite de andar por casa, ya que la necesidad de que el órgano estatal dé el visto bueno al plan es preceptiva y vinculante. En los siguiente meses no se emitió el esperado dictamen, pero en los expedientes se recoge que se llevaron a cabo reuniones informales entre ambas administraciones.

Fruto de ese intercambio de pareceres, el 15 de mayo de 2015, Política Territorial envió un escrito a Gesplan donde solicitaba la necesidad de introducir correcciones en el PMM. La empresa pública respondió tres días después para asegurar que ya estaba todo en orden, tras haber incluido, supuestamente, los cambios requeridos. El día 20, el nuevo documento salió rumbo a la Demarcación Provincial de Costas. 

Sin tiempo para la respuesta del órgano dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Gesplan remitió al Gobierno de Canarias el 21 de mayo el documento definitivo del PMM de Costa Adeje para su aprobación. El documento fue acompañado de dos informes, uno técnico y otro jurídico. En el escrito firmado por una arquitecta de la empresa pública se concluyó que las correcciones solicitadas por Costas habían sido subsanadas, a pesar de que el documento aún contemplaba actuaciones claramente contrarias a la normativa estatal. Como la ampliación del Monkey Beach Club.

La flexibilidad del informe técnico contrasta con la posición del dictamen jurídico realizado por una abogada de Gesplan. La letrada advirtió de la necesidad de incorporar al PMM las limitaciones que recoge la Ley de Costas en su artículo 25, que regula las actuaciones prohibidas en la servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre. También alertó de la obligación de que el órgano estatal diese el visto bueno al plan antes de su aprobación definitiva. Lo que nunca ocurrió.

Al día siguiente, y dos días antes de las elecciones autonómicas de 2015, la Consejería de Obras Públicas aprobó el PMM de Costa Adeje con el pelotazo del Monkey Beach Club incluido. Pero con un matiz clave. A raíz de la advertencia de la jurista de Gesplan, Política Territorial añadió antes del sonido de la campana una disposición adicional única que venía a poner por escrito la necesidad de cumplir con las limitaciones de la Ley de Costas. Un pequeño párrafo que lo cambiaba todo, aunque nadie lo tuvo en cuenta.

Ya con el PMM aprobado, entraron en el Gobierno de Canarias dos nuevos escritos redactados por Costas que advertían de la incompatibilidad de realizar obras de ampliación en las zonas de servidumbre o la imposibilidad de construir pantallas arquitectónicas. También recordaban que para aprobar el plan era necesario contar con el informe definitivo y vinculante del departamento estatal. 

Entonces se produce un hito para el que el perito judicial no encuentra una explicación razonable. El 10 de julio de 2015, el jefe de Servicio de Planeamiento Urbanístico Oriental de la Viceconsejería de Política Territorial emitió un informe para asegurar que el PMM de Costa Adeje contenía “la totalidad de las determinaciones del informe sectorial de Costas”, lo que no se corresponde con la realidad y abre varias dudas sobre la actuación del técnico.

Preguntas que también se realiza el perito judicial en su dictamen, donde cuestiona “cómo es posible que el PMM tuviera en cuenta el informe sectorial de Costas” cuando el documento “tuvo registro de entrada en la Consejería de Obras Públicas el 6 de junio de 2015”, es decir, después de la aprobación definitiva del plan de modernización. 

A pesar de que no existía el informe vinculante de Costas y de que el PMM conservó en la ordenación pormenorizada actuaciones contrarias a la legislación nacional, el técnico de Política Territorial certificó con su informe que el plan cumplía con la normativa para poder ser publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), lo que tuvo lugar el 23 de julio de 2015.

Con el PMM aprobado y publicado en el BOC, la Demarcación Provincial de Costas, en lugar de iniciar un proceso de nulidad contra el plan de modernización, volvió a remitir a Política Territorial, el 30 de noviembre de 2015, las dos informes de trabajo que ya habían entrado en el Gobierno de Canarias en el mes de junio. 

El perito judicial plantea sus dudas sobre si Costas tendría que haber iniciado un procedimiento para anular el PMM, pero se muestra contundente a la hora de responsabilizar a Gesplan de contribuir a la aprobación de una plan de modernización que incumplía la Ley de Costas.

Al haberse aprobado sin el informe preceptivo y vinculante de Costas, el PMM de Costa Adeje estaba condenado a su anulación desde que fuera recurrido. Y así ocurrió de manera definitiva en 2019, cuando el Tribunal Supremo tumbó el documento, curiosamente, por otros defectos formales. El plan de modernización estrella del sur de Tenerife cayó sin necesidad de que un juez entrara en su fondo y sin que nadie reparase en las numerosas plusvalías que concedía a inversores privados sin una justificación razonable.

Licencias

El PMM fue la llave que utilizaron tanto el la Viceconsejería de Política Territorial como el Ayuntamiento de Adeje para abrir la puerta de las autorizaciones y licencias que permitieron las obras de ampliación del Monkey Beach Club. De nuevo, Costas juega un papel decisivo en la concesión de los permisos, ya que también tiene que emitir un informe preceptivo y vinculante para el Gobierno de Canarias.

El informe llegó a través de un documento emitido el 16 de diciembre de 2016 por el Jefe de Servicio Provincial de Costas, Juan Antonio Troya, que se limitó a describir de forma vaga los aspectos legales. En opinión del perito judicial, el técnico del órgano estatal tenía que “haber advertido de la imposibilidad de poder autorizar proyectos de ampliación de preexistencias edificatorias que están afectadas por la servidumbre de tránsito (...) o que dicha actuación provocaría una pantalla arquitectónica”. No lo hizo, lo que ha llevado a Troya a formar parte de la lista de imputados en la causa.

Cuatro días después del informe de Costas, un técnico del Servicio de Ordenación del Litoral Occidental emitió un informe donde “viene a hacer suya, como propia, la descripción que hace de la edificación objeto de la licencia el arquitecto” de la empresa promotora en el proyecto de ampliación. Un profesional que, tanto en la comunicación previa como en el proyecto, se había atrevido a asegurar que con las obras “no se aumenta la superficie construida ni el aforo actual”.

Los promotores del Monkey Beach Club no tocaron con su proyecto la servidumbre de tránsito, por lo que no materializaron toda la edificabilidad que les permitía el PMM. Aun así, construyeron un edificio que pasó de tener menos de 200 metros cuadrados a casi 800. Y dos plantas más de altura, lo que ha provocado una pantalla arquitectónica que impide contemplar la playa desde distintos puntos del paseo marítimo de Las Américas.

El informe del técnico de Política Territorial está lleno de afirmaciones irreales, en opinión del perito judicial, que también recuerda que se basó en otro escrito de un funcionario del Ayuntamiento de Adeje, investigado en la causa, que manifestó que el Monkey Beach Club era compatible con los usos permitidos, en contra de la Ley de Costas.

Con estos informes viciados, en criterio del perito judicial, el entonces viceconsejero de Política Territorial, Jesús Romero, concedió en enero de 2017 la autorización para la ampliación del Monkey Beach Club. El permiso del Gobierno de Canarias llevaba el trámite administrativo al último escalón, donde se encuentra la competencia del Ayuntamiento de Adeje.

En total, dos técnicos del Ayuntamiento de Adeje emitieron cuatro informes antes de que la Junta de Gobierno Local decidiera la concesión de la licencia de obras. Todos coincidieron en la viabilidad de la ampliación del Monkey bajo el paraguas del PMM. Ninguno comprobó la incompatibilidad de la actuación con la Ley de Costas. Ambos funcionarios y los miembros del Consistorio que dieron el visto bueno al permiso están imputados. 

Gesplan, Política Territorial, Costas, el Ayuntamiento de Adeje, los PMM… La investigación penal del Monkey Beach es un botón de muestra de una forma de entender el urbanismo que antepone el interés particular al general y que camufla actuaciones ilegales bajo la propaganda de la renovación turística. Discursos que son aplaudidos por los empresarios en almuerzos donde lo público y lo privado comparten mesa.

Un contundente informe de 107 folios, elaborado por el perito judicial Juan Jesús Cabrera, ya está sobre la mesa de la jueza que investiga presuntos delitos urbanísticos en la ampliación del Monkey Beach Club, un local de ocio ubicado en primera línea de playa del municipio tinerfeño de Adeje. El dictamen, al que ha tenido acceso Mírame Televisión, es tajante: ni era posible autorizar las obras ni cabe su legalización.

A lo largo del extenso dictamen, el arquitecto enumera numerosos incumplimientos detectados tanto a nivel urbanístico como durante la tramitación administrativa. Según el perito, las obras del Monkey Beach Club violan la Ley de Costas y el planeamiento municipal. El experto va más allá y contradice el principal argumento en el que se apoyaron las administraciones implicadas para conceder las autorizaciones, al considerar que la ampliación de la sala de fiestas también es incompatible con el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa Adeje (el conocido como PMM, anulado en 2019 por el Tribunal Supremo). 

El estudio, que da respuesta a una serie de preguntas planteadas por la jueza, también señala todos los informes técnicos y resoluciones dictadas durante la tramitación que incumplen la legislación. El abanico de responsabilidades que se derivan de las conclusiones del perito apunta directamente a las tres administraciones competentes: la Viceconsejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, la Demarcación Provincial de Costas y el Ayuntamiento de Adeje. Pero no son los únicos, ya que el dictamen no olvida el papel clave de Gesplan, la empresa pública que se encargó de la redacción del PMM. 

En la causa penal que investiga el Juzgado de Instrucción Número 4 de Arona figuran como imputados todos los miembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Adeje que concedieron las licencias del Monkey Beach Club, incluido el actual alcalde y una directora insular del Cabildo de Tenerife; el exviceconsejero de Política Territorial Jesús Romero; la anterior jefa provincial de Costas, Teresa Sánchez; así como los técnicos que emitieron informes decisivos durante la tramitación de los permisos. 

El dictamen pericial emitido por el arquitecto Juan Jesús Cabrera es la diligencia clave para que la jueza decida si abre el procedimiento abreviado contra los investigados, lo que llevaría directamente a la fase de presentar los escritos de acusación de cara al posible juicio. De momento, habrá que esperar, ya que el informe ha sido recurrido en apelación por los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma, que se encargan de costear la defensa del exviceconsejero Jesús Romero. No hay que olvidar que Política Territorial lleva más de un año para resolver el expediente de revisión de oficiode las autorizaciones del Monkey Beach, como han solicitado los vecinos afectados. 

Ley de Costas

El informe pericial ratifica punto por punto los argumentos que a lo largo de los últimos cuatro años han sostenido los vecinos de la Comunidad Galaxia, que mantienen abierto un Contencioso-Administrativo para lograr el derribo de las obras de ampliación, además de haber impulsado las actuaciones que culminaron con la denuncia de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife por presuntos delitos urbanísticos. 

El arquitecto Juan Jesús Cabrera concluye que las obras de ampliación del Monkey Beach Club incumplen la Ley de Costas. Aunque son muchas las ilegalidades detectadas, la incompatibilidad con la normativa estatal resulta la más importante por su predominio en el orden jerárquico. Es por ello que el perito no se cansa de repetir la misma frase una y otra vez en su informe: “Ni era posible autorizar las obras ni cabe su legalización”. 

El edificio original del Monkey Beach está datado por las imágenes de Grafcan, al menos, desde 1977. Esto es decisivo para entender por qué no cabe la actuación investigada. El perito recuerda que la disposición transitoria cuarta de la Ley de Costas impide autorizar obras de ampliación de construcciones preexistentes cuando invadan las servidumbres del dominio público marítimo terrestre, como es el caso del local ubicado en la playa de Troya, propiedad de una conocida familia de empresarios del sur de la isla (el administrador del establecimiento es hijo de José Fernando Cabrera, expresidente de la patronal hotelera).

Y no hay duda de que las obras del Monkey Beach han supuesto una ampliación de la construcción original. No solo porque se puede comprobar a simple vista, sino porque las mediciones del perito ratifican que la superficie ha pasado de 187 a 868 metros cuadrados, con una altura que ha crecido de una a tres plantas. 

No es el único incumplimiento de la Ley de Costas. Juan Jesús Cabrera también hace hincapié en que el artículo 59.1 del Reglamento General “prohíbe autorizar fachadas arquitectónicas de gran impacto y volumen, como el que nos ocupa”. 

En el informe también se insiste en que “el no cumplimiento material con la Ley de Costas no se agota por aumentar en superficie, altura y volumen de la construcción primigenia, sino que se extiende, también, al uso de restauración previsto en ella”.

Es decir, que no solo es ilegal la ampliación, sino que tampoco son compatibles los diferentes usos que los dueños del local quieren dar al establecimiento, ni como sala de celebración de eventos ni como espacio de restauración. Esto es importante porque en la actualidad el Ayuntamiento de Adeje ha permitido la actividad de un restaurante en las instalaciones que ocupa el Monkey Beach Club.

Planeamiento

Todos los permisos investigados en la causa penal del Monkey Beach Club se apoyaron en un mismo argumento: la entrada en vigor del PMM de Costa Adeje, que aumentaba la edificabilidad de la parcela que ocupa el establecimiento de ocio. Un planteamiento que se estrella directamente contra el informe pericial, que considera que las obras no cumplen ni con el documento aprobado por el Gobierno de Canarias ni con el planeamiento municipal de Adeje.

El PMM de Costa Adeje fue anulado por el Tribunal Supremo de manera definitiva en 2019, pero el documento ya contenía “vicios de nulidad”, en opinión de Cabrera, por no haber incorporado el informe preceptivo y vinculante de Costas que marca la normativa. Esto es crucial si se tiene en cuenta que, en la actuación del Monkey Beach Club, el Plan de Modernización incumplía de manera evidente la legislación de Costas.

Pero el perito pone la puntilla cuando sitúa el foco en la disposición adicional única del PMM, que remite a la necesidad de cumplir con el artículo 25 de la Ley de Costas y las disposiciones transitorias de la norma estatal, justo los mismos preceptos legales que incumple la ampliación del Monkey. 

El resumen es que Gesplan redactó un PMM que permitía actuaciones contrarias a la Ley de Costas, el ejemplo más conocido es el del Monkey Beach, pero incluyó a última hora una disposición adicional única que obligaba a cumplir la normativa estatal que se saltaba en su articulado, lo que, en la práctica, dejaba sin efecto la posibilidad de culminar pelotazos urbanísticos como el investigado a orillas de la playa de Troya.

En opinión del perito, ni siquiera en base al PMM podían haberse autorizado las obras de ampliación, como han sostenido hasta hoy todas las administraciones implicadas. Con el Plan de Modernización fuera de juego, solo queda comprobar si el proyecto se ajusta al Plan General de Ordenación (PGO) de Adeje. Aquí el arquitecto vuelve a ser tajante al considerar que “no cumple con los parámetros urbanísticos de edificabilidad, ocupación y planta”. 

Más allá de la posible resolución del recurso de apelación presentado, que plantea que la jueza se ha excedido en las cuestiones planteadas al perito, el dictamen marca un antes y un después en la causa penal al ratificar todos los incumplimientos técnicos detectados por Fiscalía y los vecinos denunciantes. Esto, en los procedimientos judiciales por presunta corrupción urbanística, es una prueba que suele ser decisiva. 

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha decidido cambiar la hoja de ruta establecida inicialmente por la jueza del caso NAP, que el pasado 21 de septiembre citó a más de 30 testigos en la causa que investiga una presunta malversación de 12 millones de euros en el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) del Cabildo de Tenerife. A petición del Ministerio Público, la magistrada ha dictado una nueva providencia para dejar sin efecto el calendario de las declaraciones señaladas, que tenían que haber comenzado el pasado viernes 5 de noviembre, con el objetivo de que sean los 14 imputados los primeros interrogados durante la instrucción, según MírameTV.

La decisión de la magistrada supone retrasar la declaración de los más de 30 testigos citados, la mayoría inversores privados del NAP, para que acudan en primer lugar los investigados, entre los que figuran los expresidentes del Cabildo de Tenerife Ricardo Melchior y Carlos Alonso. Según la providencia dictada por la magistrada, a la que ha tenido acceso Mírame Televisión, todavía no hay fecha para el interrogatorio de los imputados, ya que la jueza ha decidido abrir antes las actuaciones para que pueda ser consultadas por las defensas.

Con el objetivo de asegurar las garantías legales que amparan a toda persona investigada, en cumplimiento con el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la magistrada ordena dar “traslado de copia de la denuncia formulada, estando las actuaciones a disposición de las partes” en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Granadilla de Abona “para su acceso una vez se termine de escanear toda la documentación”. No será hasta que finalice este trámite cuando “se fijarán las fechas de las declaraciones de investigados y testigos”, según la providencia. 

La Fiscalía presentó el pasado 12 de julio una denuncia por la presunta comisión de delitos continuados de malversación de fondos públicos y prevaricación en la gestión de la sociedad NAP de África Occidental-Islas Canarias. Los hechos ponen en el punto de mira judicial el desvío de 12 millones de dinero público para tapar los agujeros de una empresa en números rojos y permitir que los accionistas privados, que acumulaban más del 50% de la entidad, no sacrificaran ni un céntimo. 

Una operación de rescate que se realizó desde las arcas del ITER, lo que ha llevado a la Fiscalía a solicitar la declaración en calidad de investigados de los miembros del Consejo de Administración de la empresa pública que aprobaron la absorción de la entidad, sin tener en cuenta que se encontraba en causa de disolución, y la compra de todas las acciones privadas a su valor nominal.

Además de Carlos Alonso y Ricardo Melchior, el Ministerio Público ha pedido la imputación del exvicepresidente del Cabildo de Tenerife Aurelio Abreu (PSOE); el actual viceconsejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Pérez (PSOE); el exdirector-gerente del ITER, Manuel Cendagorta; el expresidente de CajaCanarias Álvaro Arvelo; la actual consejera delegada de la entidad INtech Tenerife, Raquel Lucía Pérez Brito; el anterior rector de la Universidad de La Laguna, Eduardo Doménech; el exconsejero delegado del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) Nicolás Díaz; los exconsejeros insulares Antonio García Marichal (CC), Magaliz López García (CC) y Jesús Morales (CC); el exconcejal de Urbanismo de Granadilla Esteban González (PP); y el director del Instituto de Astrofísica de Canarias, Francisco Sánchez.

Más de 30 testigos, la mayoría inversores privados de la empresa NAP de África Occidental-Islas Canarias, comenzarán a declarar este viernes en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Granadilla de Abona. Así consta en un auto judicial, al que ha tenido acceso Mírame Televisión, dictado el pasado 21 de septiembre por la jueza que investiga una presunta malversación de 12 millones de euros en el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) del Cabildo de Tenerife.

El auto de la magistrada María Isabel Pardo-Vivero, que también solicita un informe pericial para acreditar el “perjuicio económico sufrido por la entidad pública ITER”, anuncia que los 14 investigados en el conocido como caso NAP, entre los que figuran los expresidentes del Cabildo de Tenerife Carlos Alonso y Ricardo Melchior (ambos de Coalición Canaria), serán llamados a declarar “una vez practicadas las declaraciones testificales”, que comienzan este viernes y se prolongarán hasta el próximo 17 de diciembre.

Los 14 investigados que aparecen en el auto del Juzgado de Instrucción Número 1 de Granadilla de Abona, tal y como había pedido la Fiscalía en su denuncia, son los miembros del Consejo de Administración del ITER que aprobaron la operación de rescate del NAP, una empresa arruinada que fue creada para la instalación de un punto de conexión de datos, así como la compra de todas las acciones de los inversores privados de la sociedad, en la que el Cabildo de Tenerife poseía alrededor del 50% del capital. 

Además de Carlos Alonso y Ricardo Melchior, en el auto figuran el resto de personas que serán citadas en calidad de investigadas una vez concluyan las declaraciones de los testigos: el exvicepresidente del Cabildo de Tenerife Aurelio Abreu (PSOE); el actual viceconsejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Pérez (PSOE); el exdirector-gerente del ITER, Manuel Cendagorta; el expresidente de CajaCanarias Álvaro Arvelo; la actual consejera delegada de la entidad INtech Tenerife, Raquel Lucía Pérez Brito; el anterior rector de la Universidad de La Laguna, Eduardo Doménech; el exconsejero delegado del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) Nicolás Díaz; los exconsejeros insulares Antonio García Marichal (CC), Magaliz López García (CC) y Jesús Morales (CC); el exconcejal de Urbanismo de Granadilla Esteban González (PP); y el director del Instituto de Astrofísica de Canarias, Francisco Sánchez.

Rueda de testimonios

Las declaraciones de los testigos comenzarán este viernes con el testimonio de la actual consejera delegada del ITER, María Elena Rodríguez, que fue la encargada de poner los hechos que ahora se investigan en manos de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife. A ella le seguirán otras cuatro personas, entre las que destaca el empresario José Ana Pérez Labajos, el principal inversor del NAP e investigado en una de las piezas separadas del caso Forum. 

El segundo día de interrogatorios será el lunes 8 de noviembre, cuando están citados otros cinco testigos. Será el turno, entre otros, del dueño de la constructora Daltre, Manuel Jesús Dharandas, vinculado también al accionariado del CD Tenerife. Las declaraciones continuarán el viernes 12 de noviembre con dos nuevos testimonios.

Los interrogatorios se reanudarán el lunes 22 de noviembre con cinco testigos más, entre los que figura otro destacado empresario vinculado al CD Tenerife, Pedro Suárez. No hay que olvidar que la entidad, a través de una promotora creada por diversos accionistas, es una pieza clave en el conocido como pelotazo de Geneto, donde el Cabildo de Tenerife compró varias parcelas a un precio inflado, entre ellas un terreno donde estaba previsto construir el edificio del NAP, que finalmente se levantó en Granadilla.

Otra ronda de cinco testigos continuará el 26 de noviembre. Será el turno del empresario Francisco Javier del Rosario, uno de los areneros condenados por las extracciones ilegales de áridos en Güímar. Las declaraciones se reanudarán en la sesión del siguiente lunes, 29 de noviembre, a la que seguirá una nueva ronda de testificales el 3 de diciembre, cuando está previsto que sea interrogado el expresidente de la CEOE en la provincia tinerfeña Enrique Rodríguez de Azero. 

Las dos últimas fechas para interrogar a los testigos serán el 13 y el 17 de diciembre. A partir de ese momento, la jueza citará a los 14 investigados para que presten declaración acompañados de sus abogados, según el auto dictado por el Juzgado de Instrucción Número 1 de Granadilla de Abona.

La magistrada también ha solicitado al ITER el contrato por el que la empresa del Cabildo de Tenerife se subrogó en el préstamo hipotecario existente con la extinta CajaCanarias “en relación a los cuatro terrenos adquiridos el 12 de marzo de 2007” en la ciudad deportiva de Geneto.

La empresa ruinosa del NAP generó un agujero financiero que fue cubierto gracias a la inversión llevada a cabo por el ITER con dinero público. La jueza María Isabel Pardo-Vivero investiga, además de la compra de los terrenos de Geneto, los distintos préstamos que se emitieron para saldar la deuda de la sociedad, sin que los inversores particulares pusieran ni un céntimo de su bolsillo. Una operación que culminó mediante la absorción de la entidad, sin tener en cuenta que se encontraba en causa de disolución, y la compra de todas las acciones privadas a su valor nominal, a pesar de la devaluación que habían sufrido.

Mientras se acercan a la recta final las diligencias penales que investigan presuntos delitos urbanísticos en la ampliación del Monkey Beach Club, un local de ocio ubicado en primera línea de playa del municipio tinerfeño de Adeje; la Viceconsejería de Política Territorial del Gobierno regional mantiene en punto muerto la revisión de oficio de las autorizaciones que permitieron las obras del edificio y por las que está imputado, entre otros, el anterior responsable del área, Jesús Romero (Coalición Canaria), según publica Mírame TV.

Más de un año ha transcurrido desde que la Viceconsejería de Política Territorial, a petición de la Comunidad Residencial Galaxia, aceptó iniciar un expediente de revisión de oficio de las dos resoluciones dictadas por Jesús Romero para permitir la ampliación del Monkey Beach Club y un modificado posterior del proyecto. A día de hoy, sigue sin resolverse un procedimiento que, según han confirmado fuentes oficiales a Mírame Televisión, “está pendiente de que se manifiesten el resto de partes”.

La inactividad de la Viceconsejería de Política Territorial en la vía administrativa contrasta con la laboriosa estrategia que la Comunidad Autónoma mantiene en el ámbito penal, donde se encarga de la defensa del propio Jesús Romero. Dos caminos que persiguen un mismo destino: evitar el derribo de un edificio que incumple la Ley de Costas, según el criterio que sostienen tanto la Fiscalía como la acusación popular, representada por los vecinos afectados por la ampliación del edificio.

Los representantes de la Comunidad Galaxia solicitaron en junio de 2020 la revisión de oficio de las autorizaciones dictadas por la Viceconsejería en 2017 y 2019, en las que se amparó el Ayuntamiento de Adeje para conceder las licencias que permitieron la ejecución de las obras. Las resoluciones de Política Territorial son claves, además de porque impulsaron la actuación municipal, por tener el Gobierno autonómico la competencia para interpretar la Ley de Costas en lo que se refiere a las construcciones que ocupan la servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre, como el caso del Monkey.

La Ley de Costas es tajante a la hora de prohibir las obras en edificios que ocupen la servidumbre de protección y que supongan un aumento de volumen, como también lo es para impedir la formación de pantallas arquitectónicas en primera línea de mar. Objeciones legales que fueron ignoradas en las autorizaciones y que se atragantan en los despachos de Política Territorial, donde el PSOE se toma con calma el análisis de la posible nulidad de unos permisos que concedió Coalición Canaria. Dos partidos enfrentados en el Parlamento regional pero unidos por un mismo interés en el litoral de Adeje.

No hay que olvidar que en la causa penal, junto al nacionalista Jesús Romero, se investiga la participación de los responsables de Costas en la provincia tinerfeña; de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Adeje, incluido su alcalde, José Miguel Rodríguez Fraga; y de una directora insular del Cabildo de Tenerife, la exconcejala de Urbanismo Ermitas Moreira. Todos ellos bajo el cuño del PSOE. 

Aunque los vecinos presentaron la solicitud en junio de 2020, no fue hasta septiembre cuando Política Territorial se dirigió a la Comunidad Galaxia para solicitar la entrega de más documentación que acreditase su personalidad jurídica, así como una dirección de correo electrónico para llevar a cabo las notificaciones sobre el procedimiento. En el escrito ya figura la apertura del expediente de revisión de oficio bajo el número 2020/20181.

Recurso al TSJC

Los meses transcurrieron sin que sonora la alarma en la bandeja de entrada de la Comunidad de Vecinos, que decidió acudir a la vía judicial ante la falta de respuesta de Política Territorial. En febrero de 2021, una vez transcurridos los seis meses que marca la legislación, presentaron un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias para solicitar la revisión de oficio de las autorizaciones y, lo más importante, pedir a los magistrados que entrasen en el fondo del conflicto, dada la inactividad de la administración, para dictar la nulidad de los permisos otorgados.

El 17 de febrero, un decreto del TSJC daba trámite al recurso de los vecinos y acordaba solicitar el expediente administrativo a Política Territorial. Pero la entrada en el conflicto de un actor con toga tampoco sirvió para sacar de su letargo a los responsables de la Viceconsejería, que siguieron sin recabar los informes necesarios hasta mayo.

Sin novedad pasaron en el calendario los meses de marzo y abril, hasta que el TSJC, cansado de la falta de respuesta del Gobierno regional, remitió un nuevo escrito a Política Territorial el 7 de mayo de 2021 en donde, “nuevamente”, solicitaba “la urgente remisión del expediente administrativo”. Esta vez sí, la comunicación surtió efecto, ya que solo unos días después el procedimiento de revisión de oficio de las autorizaciones del Monkey Beach Club entraba en el principal tribunal de la Comunidad Autónoma, según se ratifica en una diligencia de ordenación fechada el 17 de mayo. 

Fue en mayo cuando se llevaron a cabo las comunicaciones a las partes implicadas. Primero a Costas, en un escrito en el que se pide la emisión de un informe “para que se analicen aquellas cuestiones relativas a la afección de la ampliación del proyecto Monkey Beach Club a las distintas servidumbres”. En la misiva también se reclama que el dictamen aborde “la incidencia de las construcciones y de las actividades que las mismas generen sobre la integridad del dominio público, la estabilidad de la playa y la defensa de la costa”.

En mayo se emitieron otras comunicaciones dirigidas al Servicio de Ordenación del Litoral Occidental de la propia Viceconsejería de Política Territorial, con el objeto de que vuelva a informar sobre la revisión de oficio de las autorizaciones, y a los promotores del Monkey Beach Club, un establecimiento que es propiedad de los hijos de José Fernando Cabrera, expresidente de la patronal hotelera en la provincia tinerfeña.

A pesar de que han transcurrido más de cinco meses desde que se emitieron las comunicaciones, desde la Viceconsejería se limitan a justificar que el procedimiento sigue en trámite porque algunas partes no han contestado a los requerimientos de Política Territorial. Un supuesto bloqueo que impide subir el escalón definitivo para resolver el expediente, lo que pasa por solicitar un dictamen al Consejo Consultivo, que es preceptivo y vinculante para llevar a cabo la posible anulación de las autorizaciones. 

Desde Política Territorial, a día de hoy, tampoco se ha respondido a Mírame Televisión una serie de preguntas, remitidas el pasado viernes, sobre el expediente de revisión de oficio. Quien sí se ha pronunciado en las últimas semanas es el TSJC, que ha trasladado el conflicto a un bucle sin salida.

En un auto dictado el pasado 5 de octubre, los magistrados acordaron rechazar el recurso de la Comunidad Residencial Galaxia por “satisfacción extraprocesal”, al considerar que ya no cabe la reclamación de los vecinos porque la revisión de oficio está en trámite en la Viceconsejería de Política Territorial. Es decir, el TSJC no resuelve a expensas de que lo haga la administración que ha abierto el procedimiento, pero la lentitud con la que el Gobierno tramita el expediente retrasa la posible resolución del conflicto. 

Los vecinos ya han anunciado que recurrirán el fallo judicial porque insisten en que los tribunales no se pueden quedar de brazos cruzados mientras la administración no actúa. Por eso piden que el TSJC entre en el fondo del conflicto y declare nulas las autorizaciones, lo que también supondría un impulso para una causa penal en la que, a raíz de las últimas diligencias practicadas, cada vez hay más indicios que apuntan a la incompatibilidad de las obras de ampliación del Monkey Beach Club con la Ley de Costas.