El Gobierno regional costea la defensa de un ex alto cargo de Coalición Canaria investigado en el caso Monkey

Jesús Romero junto a Blanca Pérez y Nieves Lady Barreto.

El Gobierno de Canarias costea la defensa de uno de los 13 investigados en el conocido como caso Monkey, el procedimiento penal abierto por la ampliación de un local de ocio situado en primera línea de playa del municipio tinerfeño de Adeje. Según consta en la documentación, el Servicio Jurídico de la Comunidad Autónoma representa al exviceconsejero de Política Territorial Jesús Romero, a pesar de que fue cesado del cargo el 5 de agosto de 2019.

En las diligencias previas que impulsa el Juzgado de Instrucción Número 4 de Arona figura el Servicio Jurídico de la Comunidad Autónoma como abogado de Jesús Romero. De los 13 investigados es el único caso, ya que el resto de políticos implicados se costea de forma privada su defensa. La Abogacía del Estado representa a otros dos imputados, pero se trata de dos funcionarios de la Demarcación Provincial de Costas.

En la causa, además de otros técnicos y de la exjefa de Costas, también figuran como investigados el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, y la exconcejala de Urbanismo y actual directora de Desarrollo Socioeconómico del Cabildo de Tenerife, Ermitas Moreira. Ambos cuentan como defensa con un abogado propio.

Jesús Romero no ocupa un cargo público en el Ejecutivo autonómico desde que el 5 de agosto se publicó su cese en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). Poco después de su salida del Gobierno, el exviceconsejero de Política Territorial fue contratado por el Ayuntamiento de Mogán, en un expediente que ha sido trasladado al Ministerio de Hacienda para conocer si se ajustó a la legalidad.

Las fuentes oficiales consultadas justifican la decisión en que los hechos que provocaron la denuncia de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ocurrieron cuando Jesús Romero aún tenía responsabilidades públicas, es decir, "el acto administrativo objeto de investigación fue dictado en su condición de viceconsejero".

El reglamento

La respuesta del Ejecutivo autonómico se basa en la interpretación del artículo 17 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias. El texto establece que "las autoridades, funcionarios y demás personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma, entes y empresas públicas de ella dependientes, contra los que se inicie procedimiento penal, en razón de actos u omisiones en el ejercicio de su cargo, en los que no hayan sido vulneradas las disposiciones vigentes en la materia de que se trate, o cuando hayan actuado en cumplimiento de orden de autoridad competente, podrán ser defendidos por Letrado del Servicio Jurídico".

El artículo 17 establece una potestad discrecional, es decir, no obliga al Gobierno de Canarias a asumir la defensa, pero permite que se lleve a cabo en determinadas circunstancias. Para ello establece como requisitos que "el director general del Servicio Jurídico, a propuesta razonada del secretario general técnico del Departamento del que dependa el interesado, lo autorice mediante resolución motivada, teniendo en cuenta la concurrencia de los extremos reseñados y la inexistencia de conflicto de intereses entre el interesado y la Administración Autonómica en el asunto para el que se solicita el desempeño de la defensa". Este medio de comunicación ya ha solicitado ambos documentos al Ejecutivo.

En la respuesta oficial, respecto a la posible existencia de un conflicto de intereses, también se argumenta que "los actos administrativos dictados y por los que es investigado no han sido anulados, y gozan de presunción de legalidad y ejecutividad. En todo caso, no consta que por esta Administración se haya incoado revisión de oficio ni procedimiento de declaración de lesividad".

Si bien es cierto que las resoluciones que investiga la Justicia y que dictó Jesús Romero no han sido anuladas en la vía administrativa, no hay que perder de vista que el documento urbanístico en el que se apoyaron los actos que permitieron las obras del Monkey Beach Club sí ha sido tumbado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en una sentencia ratificada por el Supremo en diciembre de 2019. Se trata del polémico Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad (PMM) de Costa Adeje.

En la respuesta trasladada por el Gobierno de Canarias se afirma que "existen antecedentes de funcionarios y autoridades que han seguido siendo defendidos aun cuando ya hubieran dejado la Administración", aunque no se aportan más datos y el Ejecutivo se remite a que la información sea solicitada a través del Portal de Transparencia. No se conoce ningún caso que, al menos, haya trascendido a la opinión pública.

El letrado de la Comunidad Autónoma que defiende a Jesús Romero mantiene un perfil activo en la causa penal que instruye la jueza Sofia Elena Valdivia. El exviceconsejero de Política Territorial es el único de los 13 investigados que ha recurrido una providencia dictada por la magistrada el pasado 25 de enero, en la que amplía las cuestiones planteadas inicialmente al perito judicial encargado de elaborar un informe sobre las obras de ampliación del establecimiento.

Las resoluciones 

El 18 de enero de 2017, el entonces viceconsejero de Política Territorial de Canarias, Jesús Romero, dictó una resolución para autorizar la ejecución del proyecto de ampliación del Monkey Beach Club a la entidad Nuevo Servicio y Turismo JCC SL, sociedad que gestiona el conocido local de ocio. La empresa es propiedad de los hermanos Cabrera, hijos de José Fernando Cabrera, expresidente de Ashotel, la patronal hotelera en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

El 10 de mayo de 2017, con la autorización del Gobierno autonómico sobre la mesa y varios informes técnicos favorables, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Adeje otorgó a la sociedad que administra el Monkey Beach Club la licencia municipal de obras para el proyecto de ampliación del establecimiento.

Ya con la causa penal en marcha, después de la denuncia de la Fiscalía, que se produjo a mediados de 2018, el arquitecto responsable de la ampliación del Monkey Beach Club solicitó a finales de año la aprobación de un proyecto modificado que justificó "por necesidades de la obra y requerimientos de la propiedad".

De nuevo, Jesús Romero dictó una resolución el 14 de febrero de 2019 para autorizar el denominado como Modificado de Proyecto de Ampliación del Monkey Beach Club, que posteriormente obtuvo licencia del Ayuntamiento de Adeje.

En ambos casos, las administraciones implicadas apoyaron su decisión en las determinaciones del PMM, anulado de forma definitiva en diciembre de 2019, establecidas para el área urbana que ocupa el local de ocio, sin tener en cuenta que los trabajos se realizan sobre un edificio ubicado en una zona de servidumbre de protección, con las limitaciones que impone la Ley de Costas para estas actuaciones.

Un agente medioambiental del Servicio Provincial de Costas de Santa Cruz de Tenerife advirtió en enero de 2018 de presuntas ilegalidades en las obras de ampliación, pero los trabajos continuaron sin que se produjera la intervención del órgano estatal. Los hechos fueron denunciados por la Comunidad de Propietarios Galaxia ante la Fiscalía, que apreció indicios de un delito contra la ordenación del territorio y trasladó el caso Monkey a la Justicia. El procedimiento ha estado plagado de contratiempos, lo que ha retrasado la investigación y llevado a la jueza a prorrogar la causa durante otros 12 meses.

Etiquetas
Publicado el
23 de febrero de 2021 - 22:19 h

Descubre nuestras apps

stats