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David Cuesta

Licenciado en Historia y Ciencias de la Información por la Universidad de La Laguna. Actualmente, cursa el grado en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ha trabajado como redactor en los periódicos La Opinión de Tenerife, El Día y La Gaceta de Canarias. Ahora ocupa el puesto de director de Informativos en la cadena regional Mírame Televisión y colabora con COPE-Canarias y Radio Club Tenerife-Cadena SER.

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Las primeras imputaciones por la ampliación del Monkey Beach Club implican al Gobierno de Canarias y al Ayuntamiento de Adeje

La causa penal por las obras de ampliación del Monkey Beach Club, un local de ocio ubicado en la playa de Troya, en el municipio de Adeje, ha cogido velocidad de crucero en los últimos meses. El Juzgado de Instrucción Número 4 de Arona, tras encontrar indicios de presuntos delitos urbanísticos, investiga al exviceconsejero de Política Territorial de Canarias Jesús Romero (CC); al alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga (PSOE); al resto de la Junta de Gobierno local que autorizó las obras del conocido establecimiento del sur de Tenerife y a los técnicos municipales que informaron a favor.

El juzgado ha declarado la complejidad de la causa, por lo que el plazo de instrucción se ha ampliado hasta un máximo de un año y medio, período que también puede ser prorrogado. En los últimos meses se ha llevado a cabo la toma de declaración de los principales investigados, políticos y técnicos que participaron en los expedientes de autorización de las obras del Monkey Beach Club, y está previsto que en las próximas semanas se practiquen nuevas diligencias. También se ha reclamado a las administraciones implicadas toda la documentación relativa a los distintos permisos concedidos al local de ocio.

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La sombra de OHL en Canarias: 1.200 millones en adjudicaciones durante 15 años

Una peseta. Esa es la cantidad simbólica que el 31 de julio de 1987 pagó Juan Miguel Villar Mir, un ingeniero de caminos que hizo carrera política durante el Franquismo y la Transición, para hacerse con el control de la empresa Obrascón. Un primer paso que, más allá de lo anecdótico del precio, supuso el germen de una operación que se terminó de gestar en la década siguiente con la fusión de otras dos grandes sociedades, Construcciones Huarte y Construcciones Lain. Tres entidades que fueron las semillas de las que brotó Obrascón Huarte Lain SA, más conocida por sus siglas, OHL; un gigante del cemento que se encuentra entre los seis mayores grupos empresariales del sector en España. La compañía, que abandonó el IBEX 35 en 2016 pero cotiza en el mercado continuo, atraviesa su mayor crisis después de que la Audiencia Nacional haya abierto la caja de las sospechas por el presunto pago de comisiones ilegales para ganar adjudicaciones de las administraciones públicas. También en Canarias.

OHL siempre ha presumido de mantener buenas relaciones con las instituciones que gestionan el dinero público. En un publirreportaje publicado en el periódico La Provincia en 2004, en pleno trasiego de las presuntas mordidas que investiga el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón en una pieza separada de la Operación Lezo, la compañía se vanagloriaba de estar "detrás de gran parte de las obras que se llevan a cabo a diario en la Isla". Aunque el texto aludía solo a los trabajos adjudicados en Gran Canaria, la multinacional de Villar Mir, eterno aspirante a la presidencia del Real Madrid, ha manejado una importante cartera de negocios en todo el territorio autonómico. Para muestra, un dato: en los últimos 15 años ha movido cerca de 1.200 millones de euros en contratos con las administraciones del Archipiélago.

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La Fiscalía denuncia una presunta prevaricación en varias contrataciones de los casinos del Cabildo de Tenerife

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife he denunciado en los juzgados varias contrataciones de la sociedad pública Casinos de Tenerife, dependiente del Cabildo insular, al entender que existen indicios de un delito de prevaricación. El Ministerio Público, que abrió una investigación previa a mediados de 2018 tras un escrito presentado por Podemos, también pide que se cite al gerente de la entidad, Gildo Hernández Rodríguez, en calidad de investigado.

La denuncia de la Fiscalía, presentada el pasado 20 de agosto, a la que ha tenido acceso Mírame Televisión, dirige las sospechas sobre las contrataciones efectuadas por Casinos de Tenerife a las empresas JJ Fuentes Tabares SL y Borrella SA. Durante las diligencias previas, el Ministerio Público pudo corroborar que, a lo largo de varios ejercicios, ambas entidades facturaron cantidades que superaron los 18.000 euros anuales que permitía la legislación vigente para los contratos menores de suministros o servicios (cuantía que la nueva ley ha reducido a un máximo de 15.000 euros).

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El extesorero de Coalición Canaria desvió 250.000 euros a Bermudas en pleno reparto de comisiones de OHL

Un ex alto cargo de Coalición Canaria (CC) investigado en la operación Lezo por el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones a la empresa OHL, Luis Suárez Trenor, desvió un total de 252.778 euros, entre los años 2004 y 2006, a una sociedad offshore ubicada en las Islas Bermudas.

Una comisión rogatoria encargada en el marco de la instrucción de una pieza separada del caso Forum, cuyos resultados se incorporaron al sumario en 2016, ha levantado el velo sobre las inversiones en el archipiélago británico del expresidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife en pleno reparto de las presuntas mordidas de la constructora, que están documentadas entre los años 2003 y 2008.

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Siete años de inhabilitación para el exalcalde de Santa Úrsula Ricardo García por 22 contrataciones ilegales

El exalcalde de Santa Úrsula Ricardo García (AISU-CC) ha confesado un delito continuado de prevaricación administrativa, por el que ha sido condenado a siete años de inhabilitación especial para empleo y cargo público, y ha llegado a un acuerdo la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife para evitar sentarse en el banquillo de los acusados por la contratación ilegal de 22 personas entre los años 2005 y 2011.

La sentencia de conformidad, dictada el pasado 8 de julio por el Juzgado de lo Penal Número 1 de Santa Cruz de Tenerife, contra la que no cabe recurso, concluye que Ricardo García, "actuando en el ejercicio de su cargo público de alcalde de Santa Úrsula, con ánimo de parcialidad y con pleno conocimiento de que sus resoluciones eran contrarias a la legalidad", colocó en el Ayuntamiento a un total de 22 personas sin respetar los criterios de mérito, capacidad y concurrencia que establece la legislación.

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La disputa entre el Ayuntamiento de Santa Cruz y el Cabildo de Tenerife por los derribos en Miraflores encalla en los tribunales

El conflicto judicial entre el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Cabildo insular por el derribo de un edificio del barrio de Miraflores ha encallado en la jurisdicción contencioso-administrativa. Una sentencia dictada el pasado 26 de junio por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), a la que ha tenido acceso mirametv.com, resuelve la disputa sin entrar ni en el fondo ni en la forma al asegurar que no tiene competencias para ello.

En primera instancia, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Santa Cruz de Tenerife dio la razón a la Corporación insular al rechazar el recurso presentado por la Gerencia de Urbanismo contra la decisión del Cabildo de paralizar el derribo de una edificio del barrio de Miraflores, después de que técnicos del Servicio de Patrimonio Histórico informaran de los valores culturales del inmueble. La sentencia ha sido revocada ahora con la nueva resolución.

El fallo recuerda que "los tribunales carecen de competencia jurisdiccional para enjuiciar actos de trámite, habida cuenta de que por causa de la Ley no son impugnables mediante un recurso contencioso-administrativo, incurriéndose en causa de inadmisibilidad del recurso".

Aunque la sentencia supone dejar sin efecto la resolución de primera instancia, los magistrados del TSJC aprovechan para reprender la actitud del Ayuntamiento capitalino, que buscó la resolución del conflicto por en los juzgados en lugar de utilizar los mecanismos existentes en la vía administrativa. El fallo explica que la decisión del Cabildo de Tenerife de paralizar las obras, en aplicación del artículo 48.5 de la Ley de Patrimonio Histórico, se lleva a cabo mediante "un acto que no pone fin a ningún procedimiento, sino que lo inicia".

Los magistrados del TSJC reprenden a la Gerencia de Urbanismo porque "justamente es el Ayuntamiento recurrente el órgano competente para terminarlo decidiendo ratificar o alzar la medida cautelar, pero no debe renunciar a su competencia decisoria y eludir su responsabilidad transfiriéndola a los tribunales".

El edificio del litigio, que finalmente fue derribado, es uno de los seis inmuebles que los técnicos del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife consideraban necesario proteger por sus valores culturales y arquitectónicos. Según los propios funcionarios de la Corporación insular, en toda la isla hay unos 10.000 bienes que se encuentran en esta situación, es decir, que tienen elementos que hacen necesario el estudio de su conservación pero que, al menos de momento, no han sido incluidos en los distintos catálogos municipales y, por tanto, pueden ser derribados.

La nueva Ley de Patrimonio Cultural de Canarias, que entró en vigor el pasado mes de junio, cambia el escenario al considerar que los informes de los técnicos del Cabildo, además de preceptivos, tienen la condición de vinculantes, por lo que son de obligatorio cumplimiento para los ayuntamientos.

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El presidente del Cabildo de Tenerife nombra 'a dedo' a varios directores generales sin cumplir los requisitos legales

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife, a propuesta de su presidente, Carlos Alonso (CC), nombró a dedo el pasado 21 de junio a siete directores insulares "provisionales", según publicó el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el pasado viernes. Tal y como informa Mírame TV, la decisión ha levantado malestar entre la Asociación por la Dirección Pública Profesional de Canarias (ADPC), que estudia recurrir las designaciones al considerar que incumplen con la Ley de Bases del Régimen Local y el Estatuto Básico del Empleado Público.

La polémica no es nueva. Los tribunales ya han dictado varias sentencias en las que ponen de manifiesto la obligación de nombrar los puestos directivos de las administraciones locales por medio de un procedimiento que garantice la publicidad y la concurrencia, tal y como establece la legislación estatal. La última, una resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, precisamente tras un recurso presentado por la ADPC, que ha tumbado la designación de la directora insular de Empleo del Cabildo, Susana Miras.

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El Cabildo de Tenerife considera nula de pleno derecho la licencia de la polémica gasolinera de Tegueste

La licencia de la nueva gasolinera de Tegueste, construida en el barrio de Las Toscas del municipio tinerfeño, es nula de pleno derecho. Así lo ha concluido la funcionaria del Cabildo insular que se ha encargado de instruir el expediente de la revisión de oficio del permiso otorgado a la empresa Canteras de La Laguna, SL, según confirmó la nueva alcaldesa, Ana Rosa Mena, durante una entrevista concedida este martes a Mírame TV.

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La jueza contradice al fiscal y alega carecer de competencia para pronunciarse sobre el cese del exdirector de Puertos de Tenerife

El Juzgado de lo Social número 3 de Santa Cruz de Tenerife ha desestimado una demanda presentada por José Rafael Díaz, exdirector general de la Autoridad Portuaria, tras ser destituido de su puesto por decisión del consejo de administración en abril de 2018. La jueza Tatiana Sanguino contradice a la Fiscalía, que se había adherido a las pretensiones del exdirectivo de la entidad pública, y alega una indebida acumulación de acciones, así como falta de competencia, para limitar su pronunciamiento a rechazar el supuesto acoso laboral planteado en la reclamación.

La destitución de José Rafael Díaz se adoptó después de que se produjera un enfrentamiento con el entonces presidente de Puertos de Tenerife, Ricardo Melchior, tras negarse el exdirector general a firmar facturas presuntamente irregulares, por las que el histórico dirigente de Coalición Canaria (CC) está investigado en la vía penal. Un hecho que destacó en su escrito el representante del Ministerio Público, pero que ha sido completamente ignorado por la jueza en su sentencia, igual que el resto de argumentos esgrimidos por el fiscal.

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Un ex alto cargo de CC manejó 240.500 euros en efectivo el año que se registraron las comisiones de OHL por las obras de La Estaca

Luis Suárez Trenor, uno de los históricos dirigentes de Coalición Canaria (CC) investigados en una pieza separada de la operación Lezo, manejó 240.525 euros en efectivo durante 2003, cuando presuntamente se pagaron las comisiones ilegales de OHL por la adjudicación de las obras del puerto de La Estaca, en la isla de El Hierro. Así consta en los informes elaborados por la Brigada de Delitos Económicos de la Policía Nacional durante la instrucción del conocido como caso Fórum, en el que también está imputado el que fuera presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife entre 1996 y 2007.

Las anotaciones en un archivo de excel intervenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil durante uno de los registros de la operación Lezo, adelantadas este miércoles por Canarias Ahora, revelan que las supuestas mordidas por la adjudicación de la obra de ampliación del puerto de La Estaca ascendieron a 360.000 euros, que se habrían repartido en los meses de febrero y junio de 2003.

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