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David Cuesta

Licenciado en Historia y Ciencias de la Información por la Universidad de La Laguna. Actualmente, cursa el grado en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ha trabajado como redactor en los periódicos La Opinión de Tenerife, El Día y La Gaceta de Canarias. Ahora ocupa el puesto de director de Informativos en la cadena regional Mírame Televisión y colabora con COPE-Canarias y Radio Club Tenerife-Cadena SER.

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El fiscal pide anular la destitución del exdirector de Puertos que denunció las irregularidades de Ricardo Melchior

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado al Juzgado de lo Social Número 3 que anule la destitución de José Rafael Díaz, el exdirector general de la Autoridad Portuaria que denunció en la vía penal las irregularidades en la gestión de Ricardo Melchior que han desencadenado que el histórico dirigente de Coalición Canaria esté investigado por presuntos delitos de prevaricación, malversación y acoso laboral. Así consta en el escrito de conclusiones del representante del Ministerio Público, al que ha tenido acceso mirametv.com, donde también pide dejar sin efecto el acta del Consejo de Administración que adoptó la decisión del cese, en la sesión de 25 de abril de 2018, por "vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de indemnidad".

El informe del fiscal, firmado electrónicamente el pasado 6 de mayo, contiene las conclusiones del Ministerio Público tras el juicio laboral celebrado a raíz de la demanda que José Rafael Díaz presentó después de ser destituido. El escrito da la razón al exdirector de Puertos de Tenerife y considera que la decisión del Consejo de Administración, pese a ser un puesto de libre designación, no está lo suficientemente motivada, sin que se hayan justificado las causas de "pérdida de confianza y deslealtad" que utilizó Ricardo Melchior para proponer el cese.

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Los dos empresarios condenados por Las Teresitas vaciaron en tres años más de 60 millones de la empresa con la que dieron el pelotazo

Inversiones Las Teresitas (ILT), la sociedad que crearon en 1998 los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia para adquirir los terrenos de la principal playa de Santa Cruz de Tenerife, se encuentra en vías de disolución por su estado de insolvencia. Hubo un tiempo en que el dinero llenaba de ceros las cuentas de la empresa, gracias a un pelotazo urbanístico que infló su patrimonio en más de 120 millones de euros, hasta que se evaporó de forma progresiva a medida que se acercaba la resolución de una investigación judicial que ha conducido a los dos constructores a la cárcel por delitos de malversación.

La empresa que constituyeron Plasencia y González, con un testaferro de por medio, perdió más de 60 millones de euros de patrimonio neto en solo tres años. Un vaciado que provocó que el valor de Inversiones Las Teresitas, según datos del Registro Mercantil a los que ha tenido acceso mirametv.com, pasara de 87,1 millones en 2009 a 26,2 millones en 2012.

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La Fiscalía investiga la contratación de una exconcejala del PSOE inhabilitada en el Ayuntamiento de Icod

¿Puede una exconcejala inhabilitada para cargo público ser contratada por el mismo ayuntamiento donde cometió delitos continuados de prevaricación urbanística y administrativa? Esta es una de las preguntas que se hacen los funcionarios que han llevado a la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife la incorporación de Ana María Pérez, exedil del PSOE, en el Consistorio de Icod de los Vinos. Pero no es la única.

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Vecinos de Adeje piden la demolición del Monkey Beach Club por incumplir la Ley de Costas

Nuevo frente judicial que afecta al futuro del Monkey Beach Club, un conocido local de ocio ubicado en el sur de Tenerife que en la actualidad se encuentra precintado por carecer de licencia de actividad. Vecinos de Adeje han presentado un recurso contencioso-administrativo, al que ha tenido acceso mirametv.com, en el que solicitan que las obras de ampliación del establecimiento sean declaradas contrarias al interés general por incumplir la Ley de Costas y la adopción de "cuantas medidas procedan para el pleno restablecimiento del orden jurídico perturbado".

Un nuevo paso judicial que se suma a la denuncia que hace más de un año y medio presentó la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife por considerar que existen indicios de presuntos delitos urbanísticos en las obras de ampliación del Monkey Beach Club, autorizadas por el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Adeje, lo que ha dado pie a la apertura de diligencias penales.

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Problemas de seguridad por la ampliación del Monkey Beach motivan el precinto del local de ocio del sur de Tenerife

Las obras de ampliación del Monkey Beach Club, un conocido local de ocio ubicado en el sur de Tenerife, han provocado una serie de modificaciones sustanciales en la instalación que, según el criterio de un ingeniero municipal, generan problemas de seguridad y son incompatibles con la actual licencia de apertura.

El posible riesgo para los usuarios es el principal motivo que ha llevado al Ayuntamiento de Adeje a precintar el establecimiento, mediante un decreto ejecutado este lunes por la Policía Local. La empresa tenía previsto celebrar esta Semana Santa, una de las épocas más rentables para el negocio, su duodécimo aniversario. La resolución del Consistorio también ha prohibido la venta de entradas para las distintas fiestas anunciadas.

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El Ayuntamiento de Adeje vuelve a precintar el Monkey Beach Club

El Ayuntamiento de Adeje ha precintado este lunes el Monkey Beach Club, un conocido local de ocio ubicado en la primera línea de la playa de Troya, en el sur de Tenerife. Fuentes oficiales confirmaron que la Concejalía de Urbanismo ha dictado un decreto por el que se ha ordenado el cese de la actividad de la instalación, al detectar una serie de incumplimientos urbanísticos.

Miembros de la Policía Local procedieron este lunes a colocar las correspondientes cintas de seguridad para dejar constancia del precinto, que se produce justo en el comienzo de la Semana Santa, una de las épocas de mayor actividad para el local de ocio, que ya había anunciado la celebración de distintos eventos en sus redes sociales de cara a los próximos días.

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La Fiscalía reafirma su acusación contra Evaristo González y pide 16 años de cárcel para el empresario por el caso Corredor

El empresario Evaristo González Reyes, cuyas actividades tienen como epicentro al municipio tinerfeño de La Laguna, nunca pasa inadvertido. Este viernes, durante la celebración de la tercera sesión del juicio por la pieza principal del caso Corredor, decidió adornar su ya de por sí llamativa imagen con una bufanda roja que resaltaba aún más su presencia entre el resto de letrados, según informa Mirametv.com

Sentado en la bancada de los abogados, a pesar de ser el principal acusado de una presunta trama dedicada a perpetrar supuestas estafas, escuchó con atención el anuncio de la Fiscalía, que reafirmó en sus conclusiones la pena que solicita para el dueño de numerosos locales de ocio de la ciudad de Aguere: 16 años de cárcel.

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El juzgado cita a la exalcaldesa de Santa Úrsula del PP para entregarle la sentencia tras no conseguir localizarla

La exalcaldesa de Santa Úrsula Milagros Pérez (del PP), un municipio del norte de Tenerife, se resiste a reconocer su condición de condenada por un delito continuado de prevaricación administrativa.

A pesar de que ha transcurrido más de un mes desde que se dictara el fallo, que fijó una pena de ocho años y medio de inhabilitación por colocar a personas afines en el Ayuntamiento de manera ilegal, la también exsenadora del PP mantiene un discurso ajeno a su realidad procesal. Además de apurar al máximo sus nulas opciones de presentarse de nuevo en las elecciones locales del próximo mayo, la dirigente tinerfeña tampoco se ha preocupado de recibir la notificación judicial de la sentencia.

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La Fiscalía acorrala al histórico dirigente de CC Ricardo Melchior por presunta malversación de fondos, prevaricación y acoso laboral

Ricardo Melchior, expresidente del Cabildo de Tenerife y de la Autoridad Portuaria, tiene por delante un complicado panorama judicial. La Fiscalía Provincial acorrala al histórico dirigente de Coalición Canaria en varias causas que impulsa por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y acoso laboral. Las actuaciones, que lleva directamente la fiscala María Farnés Martínez, se dividen en tres procedimientos penales abiertos en los juzgados, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso mirametv.com.

El Juzgado de Instrucción Número 3 de Santa Cruz de Tenerife acordó el pasado 19 de marzo, mediante una providencia, la apertura de diligencias previas por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, relacionados con la gestión de Ricardo Melchior en la Autoridad Portuaria. Las nuevas actuaciones son consecuencia de la ampliación de una denuncia presentada por el exdirector general de Puertos de Tenerife, José Rafael Díaz, el 25 de abril de 2018, día en que fue destituido por negarse a firmar contrataciones que consideraba irregulares.

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La Junta Electoral prohíbe el Día del Vecino de Ofra y el Día de la Juventud de La Salud tras denuncia del PSOE

La Junta Electoral de Zona ha prohibido la celebración de los actos del Día del Vecino de Ofra y del Día de la Juventud del barrio de La Salud, organizados por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y previstos para los días 30 y 23 de marzo, respectivamente, tras una denuncia del PSOE. La resolución, a la que ha tenido acceso mirametv.com, desautoriza ambas iniciativas por haber sido anunciadas sin contar con el permiso pertinente.

El órgano jurídico expone que "no existe autorización por parte de esta Junta Electoral de Zona para la celebración de dichos eventos", en relación a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General "sobre actos celebrados por los poderes públicos en período electoral". La resolución resuelve "desautorizar la celebración de tales actos y requerir al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para que elimine la publicidad sobre los mismos, todo ello con los apercibimientos en materia de responsabilidad que pudieran corresponderle en el caso de que no fuera atendido el requerimiento y la desautorización".

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