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David Cuesta

Licenciado en Historia y Ciencias de la Información por la Universidad de La Laguna. Actualmente, cursa el grado en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ha trabajado como redactor en los periódicos La Opinión de Tenerife, El Día y La Gaceta de Canarias. Ahora ocupa el puesto de director de Informativos en la cadena regional Mírame Televisión y colabora con COPE-Canarias y Radio Club Tenerife-Cadena SER.

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La Fiscalía pide inhabilitar al alcalde de Puerto de la Cruz por prevaricar con la autorización de los mercadillos

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, mediante un escrito de acusación al que ha tenido acceso mirametv.com, solicita para el alcalde del municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz, Lope Afonso (del PP), nueve años y tres meses de inhabilitación especial por un delito de prevaricación.

El Ministerio Público concluye que el dirigente del PP (también es coordinador general del PP en Canarias, en el equipo de Asier Antona), cuando ocupaba el puesto de concejal de Comercio durante el mandato pasado, autorizó la instalación de diversos mercadillos en el municipio sin respetar el procedimiento administrativo que establece la legislación.

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Una exalcaldesa del PP y un concejal del PSOE se enfrentan a 10 años de inhabilitación por enchufar a 17 trabajadores en Santa Úrsula

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife solicita 10 años de inhabilitación especial para Milagros Pérez León (PP), exalcaldesa de Santa Úrsula, y para el que fuera su socio en el Gobierno municipal durante el anterior mandato, Víctor Hernández Barroso (PSOE), por dos delitos continuados de prevaricación.

Así consta en el escrito de acusación presentado por el Ministerio Público, al que ha tenido acceso  mirametv.com, donde se describen con detalle un total de 17 contrataciones de personal que se realizaron sin respetar los procesos de selección establecidos por la legislación.

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Los promotores de la gasolinera de Tegueste compraron el suelo a una empresa vinculada al círculo familiar del alcalde

La empresa promotora de la polémica estación de servicio que se prevé instalar en Tegueste, Canteras de La Laguna, SL, adquirió el 10 de enero de 2017 los terrenos donde se ubicará la futura gasolinera a la sociedad Alimentación Castillo, SA, entidad vinculada a la familia de la mujer del alcalde del municipio tinerfeño, José Manuel Molina (CC), por un total de 675.000 euros.

Según la escritura de compraventa, a la que ha tenido acceso mirametv.com, el 70% del pago, un total de 475.000 euros, se condicionó a la "obtención de las licencias de obra necesarias".

El documento incorpora una cláusula que especifica que, en el caso de no obtenerse los permisos para construir la estación de servicio antes del 30 de junio de 2018, la parte vendedora recuperaría la parcela, que tiene una superficie de 2.361 metros cuadrados, y conservaría los 194.000 euros de la primera entrega (6.000 euros se retuvieron en el acto de la compraventa para cubrir gastos), que se supeditó a la inmatriculación de la finca.

La licencia de obras fue concedida a Canteras de La Laguna, SL, por decreto del alcalde cuatro días antes de que expirase el plazo límite, el 26 de junio, con informe favorable de la Oficina Técnica y a propuesta del secretario municipal.

La parcela donde está planificada la futura estación de servicio, que ha despertado una importante contestación ciudadana y ha provocado que un centenar de vecinos presenten un recurso de reposición contra la licencia, limita con la principal carretera que atraviesa el municipio, la TF-13, en dirección a la Punta del Hidalgo.

El suelo fue adquirido por Alimentación Castillo, SA, en junio de 1998 por 108.180 euros, según consta en el Registro de la Propiedad, y vendido a Canteras de La Laguna, SL, por un precio seis veces superior 18 años y medio después. En julio de 2017, por decreto del alcalde a petición de los nuevos propietarios, la finca se segrega en tres partes. En septiembre de ese mismo año, tiene entrada en el Ayuntamiento el proyecto para implantar lo que pasa a denominarse como Estación de Servicios BP Tegueste.

Preguntado por el parentesco con los vendedores de la parcela, Molina admitió que sabía que el terreno pertenecía a una prima de su mujer (que figura junto a su marido en el Registro Mercantil como administradora solidaria hasta abril de 2014, momento en el que ambos cesan en beneficio de su hija), pero negó de forma insistente haber tenido conocimiento alguno de la operación de compraventa y de las condiciones pactadas por las partes en el momento en que concedió el permiso para la construcción de la estación de servicio. El dirigente de Coalición Canaria (CC), que ya ha anunciado que no se presentará a la reelección tras 12 años en el poder, también defendió que nunca ha hablado de la licencia con los gestores de Alimentación Castillo, SA.

"El primer dato del que tuve conocimiento fue cuando empezaron a pedir los informes urbanísticos de la parcela y cuando ya me vinieron luego a ver con cita y me preguntaron [en referencia a los promotores de la gasolinera]", explicó el alcalde. Sobre los representantes de Alimentación Castillo, SA, aseveró que "nunca han venido a hablar conmigo".

En referencia a la vinculación familiar de su mujer con los anteriores dueños del suelo, Molina recalcó que "eso no tiene nada que ver", e incidió en que "tiene muchos primos", igual que restó importancia al hecho de conocer otro de los antiguos administradores de la sociedad. "Simplemente lo conozco porque hemos estado en el mismo equipo de dominó", a lo que añadió que, "de hecho, jugamos juntos un campeonato y no me dijo nada".

"Tengo mi conciencia tranquila y he echado a gente de aquí cuando me ha insinuado que aquí tiene que ganar todo el mundo. Yo recibo a todo el mundo como te he atendido a ti. Sí te digo que ha habido personas a las que les he dicho salta para allá porque me indigno", explicó el alcalde de Tegueste, en respuesta a las preguntas de este medio de comunicación.

La escritura de compraventa, que se firmó ante notario por representantes de ambas empresas el 10 de enero de 2017, una vez fijada la retención de 6.000 euros por la parte compradora "para atender los costes de titulación e inscripción de gastos jurídicos previos", establece una serie de términos y plazos para el abono de los 669.000 euros restantes.

Un primer pago de 194.000 euros queda supeditado "a la inmatriculación de la finca o a la subsanación de los defectos de tracto registral", momento a partir del cual la escritura fija un plazo de dos meses para que los compradores abonen el precio acordado. El documento establece que una vez consumado este paso "la finca quedará transmitida como cuerpo cierto y conocido, con todos sus derechos".

La segunda condición resolutoria expone que la cantidad de 475.000 euros "se entregará en los siguientes 120 días a la obtención de las licencias de obra necesarias para construir la estación de servicio que se pretende ejecutar sobre la finca". La escritura fija como fecha límite el 30 de junio de 2018, y concluye que "la falta de pago de todo o de parte del precio aplazado a su vencimiento determinará de pleno derecho, conjuntamente con la pérdida de las cantidades entregadas, la resolución de la compraventa".

Con este acuerdo los vendedores se garantizaban conservar los 196.000 euros del primer abono y mantener el dominio de la parcela si los promotores de la gasolinera no obtenían el permiso requerido.

Una responsable de Alimentación Castillo, SA, atendió las preguntas de mirametv.com y quiso hacer hincapié en que la compraventa "no tiene nada que ver" con la relación familiar existente con la mujer del alcalde. "Que sea prima segunda no supone nada porque no tenemos relación directa ni hemos hablado de la venta con ellos", a lo que añadió que "en los pueblos todo el mundo tiene primos y eso no quiere decir nada".

Sobre el pago condicionado a la licencia, insistió en que todo se hizo "de forma completamente legal", y volvió a desvincular la operación de cualquier relación con el dirigente municipal. "Nosotros no tenemos nada que ver con esto, ni siquiera somos los promotores", volvió a recalcar en relación con la polémica por la autorización de la gasolinera.

El abogado de la entidad promotora, Canteras de La Laguna, SL, una sociedad constituida en Gran Canaria en marzo de 2015, declinó por el momento hacer declaraciones al respecto.

Recursos de partidos y vecinos

El alcalde de Tegueste no repetirá como candidato pese a acumular cuatro mandatos en la Alcaldía, después de tomar el bastón de mando tras las elecciones de 2007 gracias a un pacto con Coalición Canaria que le permitió gobernar pese a ser el único concejal electo del Centro Canario Nacionalista (CCN).  En 2010, Molina se pasó a las filas de CC, lo que provocó su expulsión de la formación centrista pero permitió su consolidación en el poder local durante 12 años.

La polémica de la gasolinera despide la gestión de Molina con una fuerte oposición política, incluso desde un sector de CC, y las constantes protestas ciudadanas que tienen lugar estos días en contra de la instalación de la estación de servicio en el municipio. Preguntado por esta situación, el alcalde manifestó que "todo se hizo de forma legal y según lo que me proponían los técnicos".

Molina apoya su actuación en el informe de la Oficina Técnica y en la propuesta jurídica  del secretario municipal, José Tomás Martín, uno de los funcionarios condenados en primera instancia por el caso Las Teresitas. Ambos se pronunciaron de forma favorable a la concesión de la licencia de construcción solicitada por Canteras de La Laguna, SL, para la instalación de una estación de servicio.

Tanto la oposición política, mediante un recurso de reposición de Sí Se Puede ya desestimado, como un centenar de vecinos, que por cuenta propia también han presentado otro recurso contra el decreto del alcalde que otorgó la licencia, cuestionan la legalidad de la resolución firmada por Molina.

En el escrito planteado ante el alcalde de Tegueste, los vecinos afectados argumentan que la licencia concedida por Molina no solo autoriza las obras de la estación de servicio, sino también la puesta en funcionamiento del establecimiento, que consta de una gasolinera, una tienda y un autolavado. De ser cierto, el expediente debería haber ido acompañado del preceptivo informe de calificación de la actividad, por lo que el recurso concluye que "nadie se ha molestado en verificar si cumple en materia de condiciones técnicas de seguridad y salubridad".

Tanto el alcalde como el secretario municipal negaron que la licencia autorice la actividad de la estación de servicio y aseguraron que esa cuestión se resolverá a través de un acto posterior que no implica que se tenga que dictar un nuevo permiso. Ambos explicaron que, en contra del criterio de los vecinos, tampoco era necesario abrir un periodo de información pública.

El recurso de reposición de los vecinos también considera que la resolución de Molina incumple las determinaciones sustantivas que en la parcela de la gasolinera dispone el vigente Plan General de Ordenación (PGO), aprobado en 2014. A ello añade que es "evidente" la imposible coexistencia "del uso predominante residencial con la implantación de este tipo de actividades".

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Un juzgado abre diligencias para investigar a Ricardo Melchior y a dos trabajadoras de la Autoridad Portuaria

El Juzgado de Instrucción Número 3 de Santa Cruz de Tenerife ha abierto diligencias previas para investigar a Ricardo Melchior, expresidente de la Autoridad Portuaria, y a dos trabajadoras del ente estatal, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso  mirametv.com.

En la causa, que surge a raíz de una denuncia presentada por el exdirector general de Puertos de Tenerife Rafael Díaz, figuran como investigados (término que sustituye al de imputado tras la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) el político de Coalición Canaria y dos trabajadoras de la Autoridad Portuaria, la jefa de Recursos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa, Maite Salazar, y la secretaria de la Presidencia, Ángeles Pérez.

Las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción Número 3 de Santa Cruz de Tenerife, que aún se encuentran en una fase inicial, se producen en paralelo a la investigación que desde finales de 2017 conduce de oficio la Fiscalía Provincial por diversas contrataciones efectuadas por Melchior durante su gestión al frente de la Autoridad Portuaria. 

Fuentes oficiales consultadas aclaran que, aunque las personas implicadas coinciden en ambos procedimientos, los hechos que se investigan en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Santa Cruz de Tenerife y en la Fiscalía Provincial son distintos. 

En las primeras diligencias practicadas, el Juzgado ya ha tomado declaración al denunciante y ha solicitado documentación relacionada con los procesos de contratación impulsados por Ricardo Melchior, además de otros expedientes que se encuentran bajo sospecha por la presunta actuación delictiva del expresidente y de su círculo de personas de confianza.

Rafael Díaz fue destituido como director general de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife en abril de 2017 por discrepancias mantenidas con Melchior, a quien acusó de haber cometido irregularidades en su gestión. Tras el cese, presentó una denuncia que ha desencadenado la apertura de diligencias previas de investigación. 

Discrepancias

Ricardo Melchior fue nombrado presidente de Puertos de Tenerife en octubre de 2015, pero también fue destituido de su cargo el pasado mes de julio. Desde septiembre, al frente de la Autoridad Portuaria se encuentra Pedro Suárez, del Partido Popular. En una reciente entrevista publicada en el periódico Diario de Avisos, el también expresidente del Cabildo aseguró que Rafael Díaz "mintió en los juzgados y en todas sus intervenciones". 

Las afirmaciones de Melchior contrastan con el criterio mantenido por la Fiscalía, que durante el procedimiento por el que se juzgó la contratación ilegal de una asesora del expresidente de Puertos consideró "clarificadora" la declaración del exdirector general, quien, "fiel a su deber de ser veraz, dio fe de las intenciones de la actora de regularizar su situación laboral", según aseguró el representante del Ministerio Público en su escrito de conclusiones.

La asesora, que fue colocada a dedo y cobró 30.000 euros durante algo más de un año de relación laboral, ganó su plaza por sentencia, que ha sido ratificada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), y su caso forma parte de los expedientes que investiga Provincial desde finales de 2017, cuando abrió diligencias de oficio a requerimiento del fiscal "a la vista de los indicios de discrecionalidad y arbitrariedad en la contratación".

No fue la única que llegó a Puertos de Tenerife por la puerta de atrás. Hay registros de abonos que superan en total los 35.000 euros, también durante más de un año, a otra trabajadora colocada por Melchior sin contrato para realizar labores de asesoramiento. En la documentación que ya está en manos del juzgado y de la Fiscalía Provincial figuran otros pagos por contrataciones que no están relacionadas con la gestión portuaria y sobre las que pesan sospechas de arbitrariedad.  

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), en una reciente auditoria realizada sobre los procesos de contratación llevados a cabo por Puertos de Tenerife entre enero de 2016 y julio de 2017, también ha detectado irregularidades administrativas en diversos expedientes tramitados durante la presidencia de Ricardo Melchior.

El informe elaborado por la IGAE, entre otras deficiencias, halla adjudicaciones de contratos menores que incumplen la cuantía límite legal, fraccionamientos, sobrecostes, ausencia de trámites obligatorios y, en relación a la situación laboral de dos informáticos, advierte de una posible "cesión ilegal de trabajadores".

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Una auditoría de la Intervención del Estado detecta irregularidades en Puertos de Tenerife

Una auditoría elaborada por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), a la que ha tenido acceso  mirametv.comdetecta irregularidades en diversos expedientes de contratación tramitados por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife entre enero de 2016 y julio de 2017, bajo la presidencia del nacionalista Ricardo Melchior. El informe, entre otras deficiencias, halla adjudicaciones menores que incumplen la cuantía límite legal, fraccionamientos, sobrecostes, ausencia de trámites obligatorios y, en relación a la situación laboral de dos informáticos, advierte de una posible "cesión ilegal de trabajadores".

El informe se realiza dentro de las competencias atribuidas a la IGAE para auditar el cumplimiento de los procesos de contratación por parte de las autoridades portuarias, que se rigen por un marco jurídico distinto al que regula con carácter general a las administraciones públicas. El trabajo del órgano fiscalizador, que "detecta deficiencias que exigen la adopción de medidas correctoras", evalúa un período de tiempo que coincide con la presidencia de Ricardo Melchior en Puertos de Tenerife, a quien investiga la Fiscalía Anticorrupción por diversos expedientes vinculados con su gestión en la entidad estatal, de la que fue destituido el pasado mes de julio. 

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Un peritaje judicial evaluará los efectos de los vertidos del polígono de Güímar sobre la salud humana y la biota marina

El Juzgado de Instrucción Número 1 de Güímar, a petición de la Fiscalía de Medio Ambiente, ha encargado un nuevo dictamen pericial para evaluar la potencial incidencia en la biota marina y en la salud de las personas de los vertidos del polígono industrial. Según informa este viernes Mírame TV, un primer informe, elaborado por Godoy Consultores, detectó un "importante grado de contaminación" en las aguas residuales evacuadas al mar en esta zona del litoral tinerfeño. 

A pesar de de las conclusiones del primer dictamen pericial, dividido en dos informes, uno provisional de diciembre de 2017 y otro definitivo de abril de 2018, el fiscal considera que existen limitaciones que deben ser corregidas en un nuevo análisis. En un escrito presentado el 8 de mayo, al que ha tenido acceso mirametv.com, el representante del Ministerio Público solicita la designación de un nuevo perito judicial "con la suficiente cualificación profesional, experiencia y solvencia en el ámbito de la biología marina que pueda paliar las deficiencias planteadas y pueda concretar (...) la potencial incidencia continuada en el tiempo (al menos desde el año 2007) de los vertidos denunciados en su día y que hoy continúan produciéndose".

Una denuncia de concejales de IU-Los Verdes y Alternativa Sí Se Puede ha provocado la apertura de una macrocausa, que consta de 34 tomos y más de 17.000 folios, por presunta prevaricación y delitos contra el medio ambiente por los vertidos de aguas residuales sin control y sin autorización en el polígono industrial. En el procedimiento hay  un total de diez personas investigadas, entre otros, los tres alcaldes de los municipios responsables de la gestión (Arafo, Candelaria y Güímar), los ediles de Urbanismo y un representante de la Asociación Mixta de Compensación.

El fiscal insiste en la necesidad de que la nueva prueba pericial, que también elaborarán expertos de la empresa Godoy Consultores, se centre en "los efectos potenciales sobre la biota marina y la salud de las personas". El escrito del Ministerio Público reclama que se tenga en cuenta, además del potencial riesgo lesivo de los vertidos, si se ha causado "un daño sustancial a la calidad de las aguas marinas". 

El nuevo dictamen tendrá que analizar los resultados no solo en base al Reglamento de Control de Vertidos de 1994, como hizo el primer informe, sino en relación al resto de normativa fijada en las ordenanzas municipales y en los distintos reales decretos que se han dictado hasta la fecha sobre la gestión de la calidad del agua. El fiscal también solicita que se amplíen las muestras que deben ser analizadas, ya que el trabajo inicial se basó en las obtenidas por Aqualia, el Ayuntamiento de Arafo y el Seprona entre marzo y mayo de 2017, pero no tuvo en cuenta otras que han sido tomadas posteriormente por técnicos municipales y del Servicio de Medio Ambiente de la Universidad de La Laguna, que elaboró un informe a petición del Consejo Insular de Aguas del Cabildo de Tenerife. 

Contaminación

El primer informe pericial realizado por Godoy Consultores detectó importantes niveles de contaminación en las muestras analizadas, cuyos resultados arrojaron una serie de parámetros que superaban los límites fijados por el Reglamento de Control de Vertidos para la Protección del Dominio Público Hidráulico.

El dictamen apreció un exceso de demanda biológica de oxígeno (DBO), que es la cantidad de este elemento que los microorganismos, especialmente bacterias, hongos y plancton, "consumen durante la degradación de las sustancias orgánicas contenidas en la muestra". La perito judicial explica que este valor "se utiliza para medir el grado de contaminación, cuanto mayor sea su valor, mayor contaminación de la muestra". El límite que fija el Decreto 174/1994 es de 30 miligramos por litro. Catorce de los dieciséis puntos analizados superan el valor de referencia y algunos de los resultados alcanzan los 800 miligramos.

También se detectaron valores anormales en la demanda química de oxígeno (DQO), necesaria para la oxidación de la materia orgánica por medios químicos y convertirla en dióxido de carbono y agua. El valor de referencia es de 160 miligramos por litro; una cuantía que se superó en 12 de los 16 puntos analizados y que, en algunas muestras, rebasó los 1.000 miligramos.

La prueba pericial inicial recogió excesos de escherichia coli. "Un alto nivel de bacterias coliformes fecales, por lo general, indica la presencia en el agua de una gran cantidad de heces y otros materiales orgánicos sin tratar que pueden tener un serio impacto en el ambiente", concluyó la técnico. También se detectaron valores que superan los permitidos en seis de los puntos donde se tomaron muestras de los vertidos.

Otros límites legales que se rebasaron fueron los registrados por material sedimentable, nitratos, hierro, aluminio, nitrógeno amoniacal, sólidos en suspensión, detergentes, aceites y grasas, fenoles, sulfuros, cinc, cobre, sulfitos y plomo. 

La perito de Godoy Consultores destacó en las conclusiones de su informe "la importancia que la mayoría de contaminantes tiene sobre la reducción del oxígeno disuelto en el agua, de crucial importancia para los seres vivos que en ella se desarrollan o que lo necesitan para realizar diferentes procesos biológicos". En el dictamen aseveró que la zona donde se produce el contacto del vertido con el agua "es donde podemos encontrar un ambiente anóxico poco saludable para el desarrollo de la vida acuática y, si fuera el caso, para la salud de las personas que estuvieran en contacto con estas aguas en este punto".

Como aclaración, también hizo hincapié en que a cierta distancia de la zona de vertido, las concentraciones de contaminantes "van a ser pequeñas", por la capacidad de dilución de estas sustancias que se produce en una gran masa de agua marina. La experta alertó también del peligro que supone, además de la contaminación bacteriana, la introducción de tóxicos (metales pesados o compuestos orgánicos nocivos) como "uno de los mayores peligros" de la evacuación de aguas residuales al mar.

Limitaciones

En el informe se reconocieron las limitaciones del dictamen y, con el fin de aclarar los posibles efectos negativos, se solicitó "un estudio más completo en el medio marino donde afecta directa o indirectamente el vertido y tener en cuenta que los daños son también acumulativos, es decir, la suma de otras muchas acciones que se producen en este medio".

No sin antes recordar que se confirmó, en el momento del muestreo, "el nefasto funcionamiento" de la planta de pretratamiento que recoge las aguas residuales antes de verter al mar a través del emisario, así como que los parámetros físico-químicos y biológicos "superaron en muchos de los casos los valores máximos permitidos por la legislación vigente"; la perito volvió a insistir en su dictamen en que el estudio complementario que se lleve a cabo analice diferentes puntos y la biota de la zona.

La incapacidad del primer dictamen para establecer una relación directa entre la contaminación de los vertidos y sus efectos en la biodiversidad marina y la salud de las personas, cuyas limitaciones admite el propio informe, es lo que ha motivado que la Fiscalía de Medio Ambiente solicite un estudio ampliatorio que aclare con precisión los posibles daños provocados.

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Diez investigados y una causa de 17.000 folios por los vertidos ilegales del polígono industrial de Güímar

El Juzgado de Instrucción número 1 de Güímar tiene en sus manos una extensa causa penal de más de 17.000 folios, dividida en 34 tomos, abierta para dilucidar las posibles responsabilidades penales por los continuos vertidos contaminantes que se han producido en el polígono industrial que comparten los municipios tinerfeños de Arafo, Candelaria y Güímar. Un procedimiento con un total de diez investigados por presunta prevaricación y delitos contra el medio ambiente que fue declarado complejo en septiembre de 2017, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso  mirametv.com.

Las diligencias, que llevan codo con codo la Fiscalía de Medio Ambiente y el juez instructor, parten de una denuncia de representantes de IU-Los Verdes y Alternativa Sí Se Puede en los tres municipios afectados. Aunque el procedimiento fue archivado provisionalmente, la causa fue reabierta en abril de 2017. Entre los investigados figuran las alcaldesas de Güímar y Candelaria, Luisa Castro (PP) y Mari Brito (PSOE), respectivamente; el actual alcalde de Arafo, Juan Jesús Lemes (CC); el exalcalde de Candelaria Gumersindo García (PSOE); los concejales de Urbanismo de Arafo, Domingo Marrero; Candelaria, Fernando Alduán, y Güímar, Francisco Javier del Rosario; los exconcejales Domingo Ramos y Rosendo Batista, así como un representante de la Asociación Mixta de Compensación del Polígono Industrial de Güímar, Antonio Daroca.

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El expresidente de Puertos de Tenerife contrató ilegalmente a una asesora personal, sentencia el TSJC

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha desestimado un recurso de la Autoridad Portuaria contra la sentencia que declaró nulo el despido de   una asesora colocada a dedo por el expresidente Ricardo Melchior, según consta en el fallo judicial al que ha tenido acceso   mirametv.com. Los magistrados consideran que Puertos de Tenerife cometió fraude de ley en la contratación al obviar "de forma grosera" los mecanismos legales de contratación.

La relación laboral de la asesora de Melchior con la Autoridad Portuaria es una de las actuaciones que investiga la Fiscalía Anticorrupción, que tiene en el punto de mira la gestión del expresidente de Puertos de Tenerife, destituido el pasado mes de julio. Tal y como acredita la sentencia, la trabajadora nunca tuvo un contrato ni se llegó a tramitar un procedimiento administrativo previo a su incorporación, pese a que llegó a contar con despacho propio y desempeñó sus funciones como una empleada más de la entidad. 

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Puertos de Tenerife pagó 65.000 euros a dos trabajadoras sin contrato colocadas a dedo por el nacionalista Ricardo Melchior

Puertos de Tenerife abonó más de 65.000 euros a dos trabajadoras sin contrato a las que colocó a dedo Ricardo Melchior, presidente de la Autoridad Portuaria hasta julio, para realizar trabajos de asesoramiento. Según consta en la documentación a la que ha tenido acceso mirametv.com, las dos asesoras recibieron hasta 30 pagos distintos, durante más de un año de relación laboral, por diversos conceptos que variaban con el tiempo. Estas facturas forman parte de las actuaciones que investiga la Fiscalía Anticorrupción en unas diligencias que se abrieron a finales de 2017 y que afrontan su recta final, antes de que el Ministerio Público decida si aprecia indicios delictivos en la gestión del dirigente de Coalición Canaria.

Los pagos a las dos trabajadoras que llegaron a Puertos de Tenerife de la mano de Melchior son solo la punta del iceberg que tiene en las manos el Ministerio Público, que también ha solicitado documentación sobre otras contrataciones por servicios que no están relacionados con la actividad portuaria o que muestran indicios de arbitrariedad. Además del expresidente de Puertos, ante la Fiscalía Anticorrupción han prestado declaración el exdirector general, otros tres funcionarios y, hasta la fecha, una de las dos trabajadoras investigadas por presuntos pagos irregulares.

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Una funcionaria implicada en el expediente del caso Grúas abandona el Ayuntamiento de La Laguna

La funcionaria sobre la que el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, descargó su responsabilidad en el caso Grúas durante su declaración como investigado, ha abandonado su puesto como directora del Área de Seguridad Ciudadana del municipio tinerfeño para incorporarse a la Consejería de Educación del Gobierno autonómico, ha informado Mírame TV.

Según consta en el Boletín Oficial de Canarias publicado el 13 de julio de 2018, Rosario Hernández fue designada mediante orden de la consejera de Educación, Soledad Monzón, para ocupar el cargo de Jefe de Servicio de Asesoramiento Jurídico y Atención a Centros Educativos. La exdirectora de Seguridad del Ayuntamiento de La Laguna accedió al puesto mediante un procedimiento de libre designación.

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