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David Cuesta

Licenciado en Historia y Ciencias de la Información por la Universidad de La Laguna. Actualmente, cursa el grado en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ha trabajado como redactor en los periódicos La Opinión de Tenerife, El Día y La Gaceta de Canarias. Ahora ocupa el puesto de director de Informativos en la cadena regional Mírame Televisión y colabora con COPE-Canarias y Radio Club Tenerife-Cadena SER.

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Siete años de inhabilitación para el exalcalde de Santa Úrsula Ricardo García por 22 contrataciones ilegales

El exalcalde de Santa Úrsula Ricardo García (AISU-CC) ha confesado un delito continuado de prevaricación administrativa, por el que ha sido condenado a siete años de inhabilitación especial para empleo y cargo público, y ha llegado a un acuerdo la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife para evitar sentarse en el banquillo de los acusados por la contratación ilegal de 22 personas entre los años 2005 y 2011.

La sentencia de conformidad, dictada el pasado 8 de julio por el Juzgado de lo Penal Número 1 de Santa Cruz de Tenerife, contra la que no cabe recurso, concluye que Ricardo García, "actuando en el ejercicio de su cargo público de alcalde de Santa Úrsula, con ánimo de parcialidad y con pleno conocimiento de que sus resoluciones eran contrarias a la legalidad", colocó en el Ayuntamiento a un total de 22 personas sin respetar los criterios de mérito, capacidad y concurrencia que establece la legislación.

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La disputa entre el Ayuntamiento de Santa Cruz y el Cabildo de Tenerife por los derribos en Miraflores encalla en los tribunales

El conflicto judicial entre el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Cabildo insular por el derribo de un edificio del barrio de Miraflores ha encallado en la jurisdicción contencioso-administrativa. Una sentencia dictada el pasado 26 de junio por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), a la que ha tenido acceso mirametv.com, resuelve la disputa sin entrar ni en el fondo ni en la forma al asegurar que no tiene competencias para ello.

En primera instancia, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Santa Cruz de Tenerife dio la razón a la Corporación insular al rechazar el recurso presentado por la Gerencia de Urbanismo contra la decisión del Cabildo de paralizar el derribo de una edificio del barrio de Miraflores, después de que técnicos del Servicio de Patrimonio Histórico informaran de los valores culturales del inmueble. La sentencia ha sido revocada ahora con la nueva resolución.

El fallo recuerda que "los tribunales carecen de competencia jurisdiccional para enjuiciar actos de trámite, habida cuenta de que por causa de la Ley no son impugnables mediante un recurso contencioso-administrativo, incurriéndose en causa de inadmisibilidad del recurso".

Aunque la sentencia supone dejar sin efecto la resolución de primera instancia, los magistrados del TSJC aprovechan para reprender la actitud del Ayuntamiento capitalino, que buscó la resolución del conflicto por en los juzgados en lugar de utilizar los mecanismos existentes en la vía administrativa. El fallo explica que la decisión del Cabildo de Tenerife de paralizar las obras, en aplicación del artículo 48.5 de la Ley de Patrimonio Histórico, se lleva a cabo mediante "un acto que no pone fin a ningún procedimiento, sino que lo inicia".

Los magistrados del TSJC reprenden a la Gerencia de Urbanismo porque "justamente es el Ayuntamiento recurrente el órgano competente para terminarlo decidiendo ratificar o alzar la medida cautelar, pero no debe renunciar a su competencia decisoria y eludir su responsabilidad transfiriéndola a los tribunales".

El edificio del litigio, que finalmente fue derribado, es uno de los seis inmuebles que los técnicos del Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife consideraban necesario proteger por sus valores culturales y arquitectónicos. Según los propios funcionarios de la Corporación insular, en toda la isla hay unos 10.000 bienes que se encuentran en esta situación, es decir, que tienen elementos que hacen necesario el estudio de su conservación pero que, al menos de momento, no han sido incluidos en los distintos catálogos municipales y, por tanto, pueden ser derribados.

La nueva Ley de Patrimonio Cultural de Canarias, que entró en vigor el pasado mes de junio, cambia el escenario al considerar que los informes de los técnicos del Cabildo, además de preceptivos, tienen la condición de vinculantes, por lo que son de obligatorio cumplimiento para los ayuntamientos.

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El presidente del Cabildo de Tenerife nombra 'a dedo' a varios directores generales sin cumplir los requisitos legales

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife, a propuesta de su presidente, Carlos Alonso (CC), nombró a dedo el pasado 21 de junio a siete directores insulares "provisionales", según publicó el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el pasado viernes. Tal y como informa Mírame TV, la decisión ha levantado malestar entre la Asociación por la Dirección Pública Profesional de Canarias (ADPC), que estudia recurrir las designaciones al considerar que incumplen con la Ley de Bases del Régimen Local y el Estatuto Básico del Empleado Público.

La polémica no es nueva. Los tribunales ya han dictado varias sentencias en las que ponen de manifiesto la obligación de nombrar los puestos directivos de las administraciones locales por medio de un procedimiento que garantice la publicidad y la concurrencia, tal y como establece la legislación estatal. La última, una resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, precisamente tras un recurso presentado por la ADPC, que ha tumbado la designación de la directora insular de Empleo del Cabildo, Susana Miras.

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El Cabildo de Tenerife considera nula de pleno derecho la licencia de la polémica gasolinera de Tegueste

La licencia de la nueva gasolinera de Tegueste, construida en el barrio de Las Toscas del municipio tinerfeño, es nula de pleno derecho. Así lo ha concluido la funcionaria del Cabildo insular que se ha encargado de instruir el expediente de la revisión de oficio del permiso otorgado a la empresa Canteras de La Laguna, SL, según confirmó la nueva alcaldesa, Ana Rosa Mena, durante una entrevista concedida este martes a Mírame TV.

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La jueza contradice al fiscal y alega carecer de competencia para pronunciarse sobre el cese del exdirector de Puertos de Tenerife

El Juzgado de lo Social número 3 de Santa Cruz de Tenerife ha desestimado una demanda presentada por José Rafael Díaz, exdirector general de la Autoridad Portuaria, tras ser destituido de su puesto por decisión del consejo de administración en abril de 2018. La jueza Tatiana Sanguino contradice a la Fiscalía, que se había adherido a las pretensiones del exdirectivo de la entidad pública, y alega una indebida acumulación de acciones, así como falta de competencia, para limitar su pronunciamiento a rechazar el supuesto acoso laboral planteado en la reclamación.

La destitución de José Rafael Díaz se adoptó después de que se produjera un enfrentamiento con el entonces presidente de Puertos de Tenerife, Ricardo Melchior, tras negarse el exdirector general a firmar facturas presuntamente irregulares, por las que el histórico dirigente de Coalición Canaria (CC) está investigado en la vía penal. Un hecho que destacó en su escrito el representante del Ministerio Público, pero que ha sido completamente ignorado por la jueza en su sentencia, igual que el resto de argumentos esgrimidos por el fiscal.

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Un ex alto cargo de CC manejó 240.500 euros en efectivo el año que se registraron las comisiones de OHL por las obras de La Estaca

Luis Suárez Trenor, uno de los históricos dirigentes de Coalición Canaria (CC) investigados en una pieza separada de la operación Lezo, manejó 240.525 euros en efectivo durante 2003, cuando presuntamente se pagaron las comisiones ilegales de OHL por la adjudicación de las obras del puerto de La Estaca, en la isla de El Hierro. Así consta en los informes elaborados por la Brigada de Delitos Económicos de la Policía Nacional durante la instrucción del conocido como caso Fórum, en el que también está imputado el que fuera presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife entre 1996 y 2007.

Las anotaciones en un archivo de excel intervenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil durante uno de los registros de la operación Lezo, adelantadas este miércoles por Canarias Ahora, revelan que las supuestas mordidas por la adjudicación de la obra de ampliación del puerto de La Estaca ascendieron a 360.000 euros, que se habrían repartido en los meses de febrero y junio de 2003.

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El juzgado rechaza indemnizar con 44 millones a la empresa que pretende urbanizar la trasera de Las Teresitas

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Santa Cruz de Tenerife, en una sentencia dictada el pasado 17 de junio, ha desestimado un recurso presentado por la entidad Desurcic, filial de Mapfre, para cobrar una indemnización por los supuestos daños provocados por la paralización de las obras de Las Huertas. El fallo, al que ha tenido acceso mirametv.com, supone un primer revés para la empresa que se aprovechó del pelotazo urbanístico que supuso la recalificación de los terrenos de la trasera de Las Teresitas, en una operación clave en la trama corrupta que ha llevado a la cárcel, entre otros, a Miguel Zerolo, exalcalde y exsenador de CC, y a los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González.

La empresa Desurcic llevó a la vía contencioso-administrativa la decisión del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de rechazar sus pretensiones de cobrar una indemnización de 43,9 millones de euros. La filial de Mapfre solicitó en su recurso, desestimado por el juez Francisco Eugenio Úbeda, el pago por parte del Consistorio del lucro cesante provocado por la imposibilidad de acometer la urbanización del valle de Las Huertas, después de que los vecinos se movilizaran para impedir el trabajo de la maquinaria de Dragados, la constructora encargada de las obras.

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La Fiscalía apuntala su acusación y mantiene la petición de inhabilitación para Lope Afonso (PP)

Lope Afonso (PP), exalcalde de Puerto de la Cruz y consejero electo del Cabildo insular, se sentó este martes en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal Número 2 de Santa Cruz de Tenerife por la autorización de unos mercadillos municipales que las acusaciones consideran ilegales, según publica Mírame TV. La Fiscalía ratificó en sus conclusiones, tras la celebración de la vista oral, la petición de 9 años y tres meses de inhabilitación especial para ocupar un puesto de concejal; mientras que los denunciantes mantienen su posición, que también incluye una solicitud de tres años de prisión por un presunto delito de malversación. La defensa, que lleva el abogado Esteban Sola, reclama la libre absolución.

Las acusaciones consideran que las autorizaciones de los mercadillos incumplen la normativa vigente y vulneran el principio de libre concurrencia, es decir, tenían que haber salido a concurso público. Un criterio que se vio reforzado este martes por la declaración en el juicio del exsecretario municipal Domingo Jesús Hernández, en la actualidad en el Cabildo insular, que ratificó la posición de la Fiscalía.

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La conexión entre el caso Las Teresitas y el puerto de Granadilla inquietó en OHL en pleno trasiego de comisiones: "Hay que tener cuidado, tío"

Una de las grabaciones intervenidas en el marco de la operación Lezo, relacionada con la pieza separada que investiga el presunto cobro de comisiones ilegales por parte de ex directivos de Coalición Canaria a cambio de la adjudicación de obras a la empresa OHL, muestra la preocupación que despertó entre los ejecutivos que se encargaban del reparto de las supuestas mordidas la querella de Las Teresitas, el caso de la compraventa del frente de playa de Santa Cruz de Tenerife que ha acabado con el exalcalde de CC Miguel Zerolo en prisión. 

En una de las conversaciones mantenidas en diciembre de 2006 entre tres de los imputados, días después de conocerse que la Fiscalía Anticorrupción había presentado una querella por el pelotazo de Las Teresitas, el exdirector general de Obra Civil de OHL, Paulino Hernández Ros, expresa en varias ocasiones su inquietud al conocer que Antonio Plasencia, con quien iban de la mano en el concurso de las obras del puerto de Granadilla, estaba implicado: "Hay que tener cuidado, tío".

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“Granadilla es el 3%”: los audios de la operación Lezo sobre las comisiones de OHL que comprometen a Coalición Canaria

Las grabaciones aportadas a la causa que se sigue por la llamada operación Lezo en la Audiencia Nacional apuntan directamente al corazón de Coalición Canaria. Directivos de OHL aparecen en los audios en poder del juez Manuel García Castellón comentando las comisiones repartidas entre al menos tres altos cargos de ese partido por obras relacionadas con puertos del Estado en la provincia de Santa Cruz de Tenerife: El Bufadero y Granadilla, en Tenerife, y La Estaca, en El Hierro. En todos los casos se habla de comisiones del 3%.

Tres de las 23 grabaciones incorporadas a la causa tienen como protagonistas a otros tantos dirigentes de Coalición Canaria: Luis Suárez Trenor, durante doce años presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife; Julio Bonis, consejero de Sanidad y de Presidencia en varios gobiernos autonómicos, y Antonio Castro Cordobez, que pasó por las consejerías de Agricultura y Obras Públicas hasta llegar a presidir el Parlamento de Canarias. Todos ellos aparecen expresamente mencionados en las grabaciones como receptores directos de esas comisiones del 3%. A Castro y a Suárez Trenor ya los menciona como investigados el juez García Castellón en sus últimos autos al entrar a analizar estas pruebas. Julio Bonis reside en México.

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