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David Cuesta

Licenciado en Historia y Ciencias de la Información por la Universidad de La Laguna. Actualmente, cursa el grado en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ha trabajado como redactor en los periódicos La Opinión de Tenerife, El Día y La Gaceta de Canarias. Ahora ocupa el puesto de director de Informativos en la cadena regional Mírame Televisión y colabora con COPE-Canarias y Radio Club Tenerife-Cadena SER.

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La Fiscalía denuncia al exconcejal de Urbanismo de Candelaria y a un hijo de Plasencia por una urbanización ilegal

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha presentado una denuncia, a la que ha tenido acceso Mírame Televisión, por presuntos delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación administrativa relacionados con la construcción de una promoción de 25 viviendas en el municipio de Candelaria. El Ministerio Público solicita en su escrito la declaración en calidad de investigados de seis personas, entre las que figuran el exconcejal de Urbanismo Domingo Ramos (PSOE) y Carlos Plasencia, hijo del empresario Antonio Plasencia, en prisión por su participación en la trama de Las Teresitas.

La denuncia de la Fiscalía, en la que también se señala a varios técnicos municipales y al arquitecto que redactó el proyecto, desenreda una madeja de expedientes administrativos entre los que se ocultan presuntas actuaciones delictivas vinculadas con la autorización de una promoción urbanística que invade suelo rústico y parte del barranco de Aroba, ubicado justo al lado de las viviendas que construyó Promotora Puntalarga SA, la empresa de cabecera de la familia Plasencia y que el Ministerio Público también señala como presunta responsable, como persona jurídica, de un delito contra la ordenación del territorio.

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La fiscal pide la declaración como investigado del exalcalde de Tegueste por presunta prevaricación urbanística

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado la declaración en calidad de investigado del exalcalde de Tegueste José Manuel Molina por un presunto delito de prevaricación urbanística. Los hechos están relacionados con la licencia que el político de Coalición Canaria concedió en junio de 2018 para la instalación en el municipio de una estación de servicios ilegal. En la denuncia del Ministerio Público, a la que ha tenido acceso Mírame Televisión, también se cuestiona que el Ayuntamiento no suspendiera las obras de la gasolinera pese a la existencia de varios informes técnicos que alertaban de que el permiso de la instalación era nulo de pleno derecho.

El escrito, que está firmado por la fiscal Lidia Fidalgo, tiene fecha de 8 de octubre de 2019 y fue presentado en los juzgados de La Laguna, donde ya existe una causa penal abierta por los mismos hechos a raíz de una querella presentada por otra gasolinera del municipio. La denuncia del Ministerio Público, que probablemente se incorpore a la causa que ya está en marcha, también pide que se cite como testigos a los dueños de la empresa promotora y al técnico de administración general del Ayuntamiento de Tegueste, así como también solicita que se llame como peritos a la aparejadora municipal y al arquitecto externo que alertaron de la ilegalidad de la licencia.

La actuación de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife responde a un escrito presentado por la Asociación El Árbol Rojo, a la que se adhirieron Sí Se Puede y Podemos, aunque descarta, al menos de momento, el presunto delito de malversación que también denunciaron los vecinos junto al de prevaricación. En la querella de la gasolinera competidora que ha llevado la polémica al juzgado también se añade otro tipo penal al apuntar a un supuesto tráfico de influencias.

La estación de servicios, que está ubicada en el barrio de Las Toscas, se encuentra precintada en la actualidad y no ha podido comenzar su actividad, pese a estar finalizadas las obras, ya que el Ayuntamiento anuló el permiso, con el visto bueno del Cabildo de Tenerife y del Consejo Consultivo de Canarias, tras abrir un procedimiento de revisión de oficio.

La denuncia pone el punto de mira en tres hechos destacados. El primero es la compra por parte de la empresa promotora de los terrenos a una sociedad perteneciente a la familia de la mujer del exalcalde por un total de 675.000 euros. En la escritura de la operación se condicionó el pago del 70% del precio a la obtención de la licencia urbanística, lo que no ha pasado desapercibido para la fiscal.

El Ministerio Público recuerda que los terrenos sobre los que se edificó la instalación "fueron vendidos por la entidad mercantil Alimentación Castillo SA a la entidad mercantil Canteras de La Laguna SL con una condición resolutoria consistente en la obtención de las licencias de obras necesarias para construir la estación de servicios". Un hecho que los vecinos denunciantes sobre todo destacan por la vinculación familiar entre los antiguos dueños del suelo y el exalcalde.

Parcelas

Son los terrenos el segundo punto clave de la denuncia de la fiscal, ya que inicialmente el suelo donde se ha construido la estación de servicios ocupaba una sola parcela, que fue segregada en tres partes para evitar los obstáculos urbanísticos que planteaba el planeamiento municipal. Una irregularidad que no pasaron por alto los técnicos consultados después de que se concediera el permiso, a pesar de que la licencia fue informada de forma favorable por el entonces secretario municipal, José Tomás Martín, que cumple condena en la cárcel por su participación en la trama de Las Teresitas.

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife recuerda que "en el expediente de la concesión de la licencia a la gasolinera se realiza una división de la parcela original en tres parcelas de superficie inferior a 900 metros cuadrados para, una vez parcelada, dar una licencia de ejecución para un proyecto global que se desarrolla sobre el conjunto de tres parcelas con una superficie total de 2.361 metros cuadrados".

Un dato que contrasta con las disposiciones del Plan General de Ordenación (PGO) de Tegueste, que establece que las parcelas destinadas a este tipo de actividades no pueden sobrepasar los 1.500 metros cuadrados. Para saltar la prohibición, con el beneplácito del Ayuntamiento, los promotores dividieron la parcela en tres y ubicaron en cada una de ellas una instalación distinta: una gasolinera, una tienda y un autolavado.

Los informes técnicos que se encargaron después de que saltara la polémica por la movilización de los vecinos, a un arquitecto externo y a una aparejadora municipal, advierten de que la estrategia de los promotores es inviable desde el punto de vista urbanístico. Como también explica la fiscal, "se trata de un proyecto único por cuanto, aunque en cada una de las parcelas se sitúe una edificación, las tres edificaciones funcionan como partes de un todo", a lo que añade que "esta circunstancia es una clara violación de la normativa de superficie máxima de la parcela al desarrollarse en una superficie mucho más amplia (...) y constituye un caso claro de fraude de ley".

Otras irregularidades detectadas en los informes técnicos y que son pilares de la denuncia del Ministerio Público están relacionadas con la imposibilidad de obtener la condición de solar de las tres parcelas, los retranqueos o la ocupación de los espacios libres privados resultantes de la restricción de la aplicación de la profundidad y el resto de los espacios libres al proyectarse la ocupación del subsuelo.

El tercer cimiento que sostiene la denuncia de la Fiscalía está vinculado con la pasividad del Ayuntamiento a la hora de suspender las obras y las posibles consecuencias económicas que puede provocar el pago de indemnizaciones a los promotores a raíz de la anulación de la licencia. En el escrito de la fiscal se recuerda que "a pesar de los informes emitidos por Walter Beltrán Espinosa [el experto al que se solicitó un dictamen externo] en noviembre de 2018 y los informes de la arquitecta técnica no consta que se haya adoptado por parte del alcalde ninguna medida cautelar relativa a la paralización de las obras o suspensión de los efectos de la licencia".

La representante del Ministerio Público explica que la arquitecta técnica municipal se ratificó en su postura durante el procedimiento de revisión de ofició y advirtió de que "la no paralización de las obras, y en caso de que se declarase la nulidad de la licencia, además de dificultar o de la imposibilidad de restaurar el suelo a su estado primitivo, supondría un incremento en el valor de las demoliciones, resultando, desde el punto de vista de quien suscribe, más lógico evitar que se construya cuando hay riesgo de demolición".

A pesar de las advertencias de los informes técnicos, de los vecinos y de la oposición política en el Ayuntamiento, las obras siguieron su curso. Agentes del Seprona de la Guardia Civil constataron el 27 de agosto y el 10 de septiembre de 2019 que "la construcción de la gasolinera se encuentra prácticamente finalizada", como incide la fiscal en su denuncia.

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El Carnaval de Tenerife desembolsó por Orishas un 55% más de lo que costó en La Palma una semana antes

El concierto que Orishas ofreció en el Carnaval chicharrero el 9 de marzo de 2019 costó un 55% más que la actuación que el mismo grupo realizó una semana antes en la capital de La Palma. Si se comparan ambos expedientes administrativos se pone de manifiesto que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pagó un sobreprecio de 26.234 euros en la contratación del trío de origen cubano, que se tramitó junto a la del cantante dominicano Juan Luis Guerra a través de un procedimiento plagado de irregularidades que ha desencadenado una denuncia de Podemos-IU en la Fiscalía Anticorrupción.

Según consta en los documentos incorporados en ambos expedientes, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife desembolsó por la actuación de Orishas un total de 73.357 euros, a pesar de que el Consistorio de la capital palmera pagó por la misma actuación, que tuvo lugar siete días antes, 47.123 euros. Las cuantías incluyen el coste del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC). Las concejalías de Fiestas en ambas administraciones estaban gestionadas en el momento de la contratación por la misma formación política, Coalición Canaria, aunque para el Carnaval chicharrero se acudió a un particular como intermediario, Alfredo Moré, mientras que en la Isla Bonita la adjudicación recayó en la empresa Amy Producciones SL.

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La Fiscalía denuncia al exalcalde de Tegueste por permitir las obras de una gasolinera ilegal

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha presentado una denuncia en los juzgados, según han confirmado fuentes oficiales a Mírame Televisión, para que se investigue la licencia ilegal que en junio de 2018 concedió el exalcalde de Tegueste José Manuel Molina, de Coalición Canaria, para autorizar la instalación de una gasolinera en unos terrenos que la empresa promotora, Canteras de La Laguna SL, adquirió a la familia de su mujer.

La decisión del Ministerio Público llega después de seis meses de diligencias preliminares de investigación, abiertas a raíz de una denuncia interpuesta en la Fiscalía por la asociación de vecinos El Árbol Rojo de Tegueste, a la que se adhirieron las formaciones políticas de Unidas Podemos y Sí Se Puede, por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.

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La contratación de Juan Luis Guerra en el Carnaval de Tenerife llega a la Fiscalía por presunta malversación y prevaricación

La polémica contratación de Juan Luis Guerra y Orishas en el último Carnaval chicharrero, a tan solo 76 días de las elecciones locales y con un coste que se disparó por encima del medio millón de euros, ya está en manos de la delegación provincial de la Fiscalía Anticorrupción. Ramón Trujillo, concejal de Podemos-IU, presentó este martes una denuncia en las dependencias del Ministerio Público en la que solicita la apertura de diligencias preliminares de investigación por la presunta comisión de delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación.

La denuncia de Podemos-IU pide a la Fiscalía que investigue los movimientos de la cuenta bancaria donde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ingresó los 501.194 euros del contrato, cuyo titular es Alfredo Moré Silva, el particular que actuó de intermediario con los artistas. En el escrito presentado en Anticorrupción, Ramón Trujillo solicita que “se libre oficio” a la entidad financiera con el objetivo de “conocer cuál fue el destino final del dinero y cómo fue repartido y si, realmente, fue invertido en su totalidad en la celebración del concierto y sus gastos o si, por el contrario, se utilizó para pagar otros presuntos compromisos económicos con Radio Club Canarias SA en período preelectoral”. También expone la necesidad de reclamar al Organismo Autónomo de Fiestas y a la Sociedad de Desarrollo “la relación de facturas” vinculadas al concierto, por si se “gastó otra cantidad” que no se conozca.

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Orishas actuó en Fuerteventura cuatro meses antes del Carnaval chicharrero por 30.000 euros menos

El concierto que Orishas ofreció el 10 de noviembre de 2018 en el Festival Arena Negra, organizado por el Ayuntamiento de Tuineje en la playa de Gran Tarajal, costó a las arcas públicas del municipio del sur de Fuerteventura 42.800 euros. Una cifra que contrasta con el desembolso que, tan solo cuatro meses después, realizó el Organismo Autónomo de Fiestas de Santa Cruz de Tenerife para que el mismo grupo actuara, el 9 de marzo de 2019, en el Carnaval chicharrero: 73.357 euros.

En ambos casos se siguió el mismo procedimiento administrativo, un negociado sin publicidad por razones de exclusividad, aunque la contratación de Orishas en el Carnaval de 2019 se llevó a cabo junto a la del cantante Juan Luis Guerra, por un montante total de 501.194 euros, en un expediente donde se han detectado diversas irregularidades. A diferencia del Organismo Autónomo de Fiestas de Santa Cruz de Tenerife, el Ayuntamiento de Tuineje, según consta en el pliego de prescripciones técnicas, contactó “directamente con el artista con el fin de conocer si estaría en Europa en las fechas de celebración del festival”.

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El concierto de Juan Luis Guerra en el Carnaval de Tenerife se pagó el mismo día que se encargó

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pagó la mitad del precio del concierto conjunto de Juan Luis Guerra y Orishas en la última edición del Carnaval, con un desembolso de 501.194 euros, el 14 de febrero de 2019, el mismo día en el que la concejala de Fiestas Gladis de León (Coalición Canaria) firmaba el contrato con el intermediario de los artistas, Alfredo Moré Silva, durante una mañana frenética en la que se tramitó casi todo el expediente. Ese abono de 250.597 euros correspondiente al primer pago fraccionado, cuyo importe líquido fue de 215.301 euros, se llevó a cabo el último día de tramitación administrativa, a pesar de que en el pliego de cláusulas se establecía que el desembolso del dinero se tenía que realizar “a la presentación de factura” por los vuelos internacionales, seguros de viaje, visados, alojamientos y otros gastos relacionados con la dieta de los contantes.

Como ya ha informado este periódico, e l Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pagó 501.194 euros por las actuaciones de Juan Luis Guerra y Orishas en la última edición del Carnaval chicharrero, cuando el área de Fiestas estaba en manos de Coalición Canaria y faltaban tan solo 76 días para las elecciones locales. El procedimiento de contratación se gestionó mediante la fórmula de un negociado sin publicidad por la vía de urgencia entre el 6 y el 14 de febrero de 2019. El precio que se abonó por las dos horas que estuvo en el escenario el afamado cantante de merengue dominicano fue de 427.837 euros, una cuantía que no coincide con el coste establecido en el pliego de prescripciones técnicas que obra en el expediente: 339.021 euros. El concierto se celebró con entrada libre en pleno corazón de la ciudad y ante la presencia de 400.000 personas, según fuentes oficiales.

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La Universidad de La Laguna reactivará el expediente abierto al profesor absuelto de acosar a una alumna

La Universidad de La Laguna (ULL) retomará el expediente disciplinario abierto contra el profesor de Economía Aplicada que el pasado mes de julio fue absuelto por el Juzgado de lo Penal Número 8 de Santa Cruz de Tenerife de un delito de acoso, tras ser denunciado por una alumna de la Facultad de Ciencias de la Información a la que llegó a enviar 80 correos electrónicos en dos meses. Fuentes del Rectorado han confirmado a Mírame Televisión que, una vez que se ha conocido que la sentencia de primera instancia es firme, ya que no fue recurrida por las partes, "lo que procede ahora es levantar la suspensión" del procedimiento para que "la instructora nombrada en su día continúe la tramitación".

Sobre el contenido de la sentencia, que absuelve al profesor Juan Pablo del Río Disdier pero recuerda que su conducta "puede ser sancionable en otras esferas o ámbitos", las fuentes oficiales explican que "la Universidad no tiene nada que decir". La jueza consideró en su fallo que no se daban todos los elementos para condenar al docente porque "no provocó una alteración grave en la vida cotidiana" de la alumna, aunque reprueba su comportamiento, que tildó de "excesivo e inadecuado", además de insistir en que las comunicaciones mantenidas con la estudiante "excedieron de lo académico".

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Coalición Canaria infló el precio del concierto de Juan Luis Guerra en el Carnaval de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pagó 501.194 euros por las actuaciones de Juan Luis Guerra y Orishas en la última edición del Carnaval chicharrero, cuando el área de Fiestas estaba en manos de Coalición Canaria y faltaban tan solo 76 días para las elecciones locales. Según consta en la documentación del procedimiento de contratación, que se tramitó mediante un negociado sin publicidad por la vía de urgencia entre el 6 y el 14 de febrero de 2019, el precio que se abonó por las dos horas que estuvo en el escenario el cantante dominicano fue de 427.837 euros, una cuantía que no coincide con el coste establecido en el pliego de prescripciones técnicas que obra en el expediente: 339.021 euros

Al ser cuestionado por esta diferencia de cifras, de más de 88.000 euros, el gerente del Organismo Autónomo de Fiestas en el momento de la tramitación del contrato, José Ángel Alonso (Coalición Canaria), cuya firma electrónica figura en el pliego del expediente, aseguró que se trata de un “error”. El que fuera máximo responsable técnico del ente encargado de organizar el Carnaval, destituido tras la llegada del PSOE a la Alcaldía, entregó un segundo pliego de prescripciones técnicas, que no aparece foliado como el resto de documentos del procedimiento, en donde se fija un precio de 427.837 euros, cantidad que coincide con el desembolso que se realizó por la actuación de Juan Luis Guerra y 4:40.

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La jueza absuelve a un profesor de la Universidad de La Laguna denunciado por acosar a una alumna

Juan Pablo del Río Disdier, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna (ULL), ha sido absuelto del delito de acoso por el que fue procesado por la denuncia de una estudiante, según consta en una sentencia dictada el pasado 1 de julio por el Juzgado de lo Penal Número 8 de Santa Cruz de Tenerife. El fallo, que es firme tras no haber sido recurrido por las partes, reprueba el comportamiento del docente, que llegó a enviar 80 correos en dos meses a una alumna de la Facultad de Ciencias de la Información, pero considera que su actitud no es delictiva porque no alteró de forma grave el desarrollo de la vida cotidiana de la joven.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Mírame Televisión, describe el desarrollo de los acontecimientos que llevaron a una estudiante de Periodismo a denunciar, primero ante la Universidad de La Laguna y después en los juzgados, al profesor de una asignatura que cursaba en el segundo cuatrimestre del primer curso de la carrera. Según se recoge en el fallo, el docente envió a la alumna 80 correos electrónicos entre los días 19 de abril y 16 de junio de 2017, a través del aula virtual, postales desde Madrid y cartas. La jueza María Teresa Hernández considera que estas comunicaciones se extralimitaron de la mera relación académica.

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