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David Cuesta

Licenciado en Historia y Ciencias de la Información por la Universidad de La Laguna. Actualmente, cursa el grado en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ha trabajado como redactor en los periódicos La Opinión de Tenerife, El Día y La Gaceta de Canarias. Ahora ocupa el puesto de director de Informativos en la cadena regional Mírame Televisión y colabora con COPE-Canarias y Radio Club Tenerife-Cadena SER.

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Vía libre para nombrar a la virgen de Candelaria presidenta de honor del Cabildo de Tenerife

Uno de los principales objetivos del presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, de Coalición Canaria, ya tiene el terreno preparado para convertirse en realidad. El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó este miércoles el Reglamento de Distinciones Honoríficas de la Corporación insular, después de un periodo de exposición en el que no se presentaron reclamaciones.

El nuevo marco jurídico, que entrará oficialmente en vigor el 15 de junio, ha sido modificado, según avanzó mirametv.com, para permitir el nombramiento de la virgen de Candelaria como presidenta honoraria y perpetua de la institución.

Con la publicación del reglamento en el BOP se da vía libre al nombramiento honorífico de la virgen de Candelaria, una propuesta que partió del propio Carlos Alonso y que ha generado un importante debate social y político. La iniciativa aún tendrá que atravesar un trámite administrativo que culminará con una votación del pleno, que, según la nueva normativa, será secreta y solo requerirá de mayoría simple para su aprobación.

La incoación del expediente también debe partir de un acuerdo plenario, que tiene que incluir los nombres de las personas que formarán la comisión especial que instruirá el procedimiento. Este órgano estará presidido por Carlos Alonso y contará con un representante de cada grupo político del Cabildo, además de por un número igual de personas que, "por sus especiales conocimientos o prestigio", se considere oportuna su inclusión. 

Según el reglamento, una vez constituida la comisión, su cometido consistirá en "recabar la información y documentación precisas, y acordará la práctica de cuantas pruebas fuesen necesarias para acreditar los méritos, servicios y circunstancias especiales en cada caso".

A continuación, se elaborará un dictamen en el que se propondrá la concesión, que posteriormente será remitido al Consejo de Gobierno insular. Este, a su vez, lo elevará al pleno, sin necesidad de pasar por ninguna comisión, para su aprobación definitiva.

El artículo 3 del reglamento expone que la distinción de presidente honorario y perpetuo del Cabildo "representará la especial vinculación de este con la ciudadanía de la isla de Tenerife y sus valores históricos, sociales, culturales y antropológicos". Una redacción que permite encajar como posible beneficiaria del reconocimiento oficial a la figura de la virgen de Candelaria, tras modificar la normativa vigente, que data de noviembre de 1985.

Otras distinciones que se regulan en el nuevo reglamento son las Medallas de Oro, Plata y Bronce; la Corbata de Honor para banderas o estandartes; el título de Hijo Predilecto, Hijo Adoptivo e Hijo Ilustre; el título de Consejero Honorario y el de Visitante Ilustre.

Los reconocimientos podrán ser revocados por el mismo procedimiento "cuando la persona o entidad de que se trate haya incurrido en gravísima causa de indignidad para seguir figurando en los galardonados por la Corporación", expone el reglamento.

La propuesta de Carlos Alonso ha levantado un intenso debate social, pero también político. Las mayores dudas se han generado en la bancada del PSOE, que comparte el Gobierno insular con Coalición Canaria, donde existe una disparidad de opiniones. La consejera de Patrimonio Histórico y secretaria de Organización de la Ejecutiva socialista en Tenerife, Josefa Mesa, en una entrevista en el periódico  La Opinión de Tenerife, aseguró que su partido "debe votar en contra" de la iniciativa.

Otros miembros del PSOE en el Cabildo han sido más flexibles en sus afirmaciones, como el consejero de Medio Ambiente, José Antonio Valbuena, que se ha posicionado a favor de la distinción si encaja dentro de "sus valores culturales y populares". Una posibilidad que está amparada en el nuevo reglamento. Cualquier discrepancia interna, salvo que se busque alguna alternativa para evitarlo, como ya ocurrió en una votación del Parlamento de Canarias relacionada con la Televisión Autonómica, quedará enterrada en el secreto de la votación plenaria.

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Las acusaciones populares piden hasta 70 años de cárcel para miembros de una red nacional de peleas de perros

Las acusaciones populares personadas en la causa que investiga una presunta red nacional dedicada a las peleas de perros, en representación de la Asociación Salvando Ángeles Sin Alas (SASA) y del grupo de Podemos en el Cabildo de Tenerife, solicitan hasta 70 años de cárcel para miembros de la trama por delitos de organización criminal y maltrato animal. Un total de 23 personas están procesadas por su participación en una sociedad supuestamente delictiva que mantenía ramificaciones en distintos puntos del territorio español; la más importante en Canarias.

La presentación de los escritos provisionales de las acusaciones, a falta de que se pronuncie la Fiscalía, supone uno de los pasos previos a la apertura del juicio oral, después de una intensa investigación policial que tuvo su punto álgido en una operación sincronizada que comenzó en Tenerife, tras varios meses en los que se interceptaron las conversaciones telefónicas de los principales implicados. El 18 de febrero de 2017, una intervención en una finca del municipio de Güímar, que se saldó con 10 detenidos, dio el pistoletazo de salida a una secuencia de registros que durante los dos días siguiente se llevaron a cabo en Madrid, Alicante, Murcia y varios puntos de la isla. 

El operativo permitió rescatar a 226 perros, la mayoría en mal estado de salud, de los que 42 fallecieron. Entre los acusados figuran dos veterinarios y un policía local de Adeje. Aunque la cabeza de la presunta organización criminal se sitúa en Madrid, la instrucción ha puesto en evidencia el peso de la red en Canarias, donde residen ocho de los 23 procesados. 

Los indicios encontrados durante la instrucción, llevada a cabo en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Torrejón de Ardoz, en Madrid, han desvelado la existencia de una trama con una estructura jerárquica estable, que además llegó a desarrollar un vocabulario propio para referirse a sus actividades.

La organización está encabezada por las personas que preparan las peleas o "convenciones", como las denominan, así como las "topas", donde se prueba a los perros nuevos o cachorros. Son los encargados de dirigir la red: ponen en contacto a los miembros del clan para celebrar peleas o mercadear con los animales, además de tomar las decisiones sobre las medicaciones que se les suministran y su muerte cuando no alcanzan el nivel que consideran adecuado para competir.

En un segundo escalón figuran los encargados de la crianza y el entrenamiento de los perros de cara a las peleas. Obedecen las órdenes de los organizadores en cuanto al trato médico que deben recibir los anímales.

En este nivel, según los indicios encontrados durante la instrucción de la causa, también figuran los veterinarios que colaboran con la trama. Los profesionales sanitarios son una pieza clave para el desarrollo de las actividades clandestinas, ya que son los encargados de elaborar las recetas necesarias para obtener las sustancias que se aplican a los perros, que de otra forma no podrían conseguir sin desvelar las prácticas ilegales. Además, suministran la documentación necesaria para el traslado de los animales a lo largo del territorio nacional e internacional. 

En la posición inferior se encuentran las personas que participan en las peleas organizadas, donde se ha desarrollado una red de apuestas personalizada. En las escuchas telefónicas se aprecia cómo existen dos niveles diferenciados: por un lado, las apuestas por "puntos" (cada punto equivale a 1.000 euros), que son las realizadas por los dueños de los perros; por otro, las de menor cuantía que realizan los asistentes a los distintos eventos.

Las acusaciones consideran que el maltrato no solo se produce en las peleas, sino en todo el proceso, tanto antes como después. En los diferente registros policiales que se llevaron a cabo se encontraron animales en pésimas condiciones higiénico-sanitarias, además de que muchos son sometidos a tratamientos médicos por personas no especializadas, con las consecuencias que este hecho provoca en los animales, a los que se suministran sustancias para que ganen o pierdan peso (si no se cumple con la normativa interna de pesaje se penaliza al dueño) y mejoren su resistencia. A todo ello se suma que para llevar a cabo su entrenamiento se utilizan lo que la trama denomina chihuahuas, perros de razas menos agresivas y de menor tamaño que se utilizan como  sparrings de los competidores.

Jerarquía

Las acusaciones sitúan en la cúspide de la pirámide a A. O. R., conocido como el profe, a quien consideran el encargado de dirigir la organización desde Madrid. La instrucción ha permitido conocer que se trata de una persona vinculada con el mundo de las peleas de perros desde la década de los 90. La Asociación Salvando Ángeles Sin Alas solicita un total de 30 años de cárcel para el cabecilla de la red por delitos de organización criminal y maltrato animal.

En la operación policial de 19 de febrero de 2017, en su finca de Fuente el Saz de Jarama, se encontraron 17 perros rodeados de excrementos y atados a cortas cadenas en espacios reducidos, de los que cinco fallecieron en días posteriores a consecuencia de su estado de salud. 

Su mano derecha es R. R. D., el otro miembro más experimentado y respetado de la trama. La acusación popular de SASA pide para R. R. D. 33 años y medio de cárcel. El 19 de febrero, la Policía también entró en su finca de Batres, donde se rescataron un total de 22 perros, de los que 11 fallecieron.

Las otras personas que componen el clan de Madrid son L. M. M., que reside en la misma finca que el cabecilla principal, y se enfrenta a una petición de 22 años de cárcel; M. R. B., hija de R. R. D. para quien se solicitan 30 años y medio de prisión; la misma pena que se reclama para V. G. C., amigo de los anteriores; y para C. M. Y., el veterinario que da apariencia de legalidad a algunas de las prácticas de los acusados.

En el archipiélago

El papel de la rama canaria de la organización es clave en la estructura de la red. En Tenerife se inició el operativo policial que desarticuló el clan, con la redada de 18 de febrero en Güímar, y en la isla residen otras piezas claves del entramado. Es el caso del considerado líder en el Archipiélago, E. P. C., para quien SASA solicita 42 años y medio de cárcel, mientras que Podemos le pide 21 años y seis meses de prisión. Llegó al mundo de las peleas de la mano de R. R. D., pero ahora mantiene una relación más directa con A. O. R., a quien se dirige como "el profe".

Con la ayuda de otros acusados organizó lo que llamaron la "Convención Canaria 2017 BIS", el evento que fue interrumpido por la Policía el 18 de febrero cuando ya se había celebrado una pelea en la que, precisamente, falleció una perra propiedad de E.P.C. El 19 de febrero, un registro en su finca permitió rescatar a 32 animales. En una de las conversaciones telefónicas se le escucha lamentarse de que a su hija de 12 años "le gusten los perros, pero no verlos pelear y hacerse daño".

Aunque los investigadores destacan el papel de liderazgo de E. P. C., resaltan la participación imprescindible de otras dos personas en la organización. Es el caso de un policía local de Adeje que, según las fuentes oficiales consultadas, se encuentra apartado del servicio, aunque sigue recibiendo parte de su retribución, pese a que ha solicitado su incorporación. Es el encargado de conseguir las sustancias anabolizantes que se suministran a los perros de la trama en Canarias.

No hay que olvidar que una de las funciones de un policía local es la protección de los animales. En su finca, el 19 de febrero de 2017 se rescataron un total de 44 perros en malas condiciones de salud. Al lado de la propiedad se encontró un acantilado, donde aparecieron cuerpos de perros muertos en estado de descomposición. La acusación popular de SASA le pide 54 años y medios de cárcel, mientras que Podemos solicita 30 años y tres meses de prisión. 

La tercera pieza clave de la organización en las Islas es G. U. G. G., a quien "está apadrinando" A. O. R., según unas de las escuchas telefónicas interceptadas durante la investigación. En su casa se encontraron 29 perros, de los que cuatro fallecieron, y un ring donde entrenaba a los animales. SASA reclama una pena de 37 años de cárcel, mientras que Podemos pide 21 años y un mes de prisión. 

Junto a ellos están acusados J. A. L. G. (11 años y medio de cárcel y siete años y seis meses, a petición de SASA y Podemos, respectivamente), S. M. E. B. (para quien ambas acusaciones piden siete años y medio de cárcel), G.M.R. (misma pena que el anterior), y J. A. R. T. (17 años y medio y nueve años y seis meses), en cuya finca se rescataron siete perros, de los que dos perdieron la vida.

A ellos se suma J. C. H. V., de profesión veterinario, considerado una pieza fundamental en la organización. Llega a dejar recetas en blanco a los cabecillas de la red y documentación para el traslado de los perros. E. P. C. se refiere a él por teléfono como "orito en paño". SASA le reclama 39 años y seis meses de cárcel, mientras que Podemos pide para el profesional sanitario 18 años y medio de prisión. 

Alicante 

Especial importancia adquiere también la ramificación que la organización mantiene en Alicante. De ella forma parte el acusado al que se solicita una pena mayor: T. A. A., para quien la acusación popular de la Asociación Salvando Ángeles Sin Alas solicita 70 años de cárcel. 

Los investigadores concluyen que T. A. A. lleva mucho tiempo dedicado al mundo de las peleas de perros, sin que se le conozca otro trabajo regular o fuente de ingresos. Está asociado con los otros dos cabecillas de la trama alicantina, R. N. y H. A. M., pero de los pinchazos telefónicos se interfiere que mantiene importantes diferencias con ellos.

El 19 de febrero de 2017, la Policía intervino 46 perros entre su finca de Crevillente y otra de sus propiedades. La mitad de los animales estaban destinados a las peleas y la otra mitad eran los conocidos como chihuahuas. Un total de 15 perros fallecieron, uno incluso antes de ser trasladado. 

Para R. N. y H. A. M., la acusación popular pide 65 años y medio de prisión. La tercera persona acusada por su vinculación a la red de Alicante es D. S. H., pareja de T. A. A., para quien SASA solicita 62 años y seis meses de cárcel. 

El tentáculo del entramado en Murcia está encabezado por S. R. H., que gestiona la organización local junto a su pareja, A. M. C., y su amigo R. G. R. Para el primero, la acusación popular pide 37 años y medio de cárcel, mientras que los otros dos acusados se enfrentan a 34 años y seis meses.

En la única intervención que se llevó a cabo el 20 de febrero de 2017, en una propiedad de S. R. H., el operativo policial consiguió rescatar a 29 perros, de los que cinco fallecieron posteriormente por las malas condiciones de higiene y salud en la que fueron encontrados.

Entre los acusados también figuran dos personas relacionados con actividades de la trama en Almería y Málaga. Para J. M. T. R., SASA solicita siete años y medio de cárcel, la misma pena que para F. M. C. D.

En total, la Asociación Salvando Ángeles Sin Alas pide 781 años y cuatro meses de cárcel, además de penas de inhabilitación especial para oficios o actividades relacionados con animales, para los 23 acusados; mientras que el Grupo de Podemos en el Cabildo de Tenerife solicita para todos ellos 470 años de prisión, junto a la inhabilitación especial. 

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La Justicia investiga las contrataciones 'a dedo' del exalcalde de Garachico

La gestión del Ayuntamiento de Garachico entre los años 2005 y 2014 se encuentra en el punto de mira de la Justicia. A raíz de una denuncia presentada por la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, a la que ha tenido acceso mirametv.com, el Juzgado de Instrucción Número 1 de Icod de los Vinos investiga al exalcalde Ramón Miranda por presunta prevaricación continuada, al detectar indicios delictivos en diversas contrataciones a dedo del exdirigente de Coalición Canaria (CC).

Aunque Ramón Miranda es el único imputado en la causa, la denuncia del fiscal también pide que se investiguen contrataciones relacionadas con el actual alcalde de Garachico, Heriberto González (CC). Las diligencias previas comenzaron a finales de 2015, pero hasta el momento el juzgado se ha limitado a estudiar la ingente documentación que ha remitido el Ayuntamiento tinerfeño. Está previsto que en las próximas semanas se notifiquen las citaciones de los primeros testigos que prestarán declaración en el procedimiento.

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Un técnico ratifica ante la jueza que el Gobierno canario deriva pacientes a un hospital sin homologar

El Hospital ICOT Ciudad de Telde, antigua Residencia Médica Asistida Nuestra Señora del Mar La Garita, recibe pacientes del Servicio Canario de Salud pese a no estar homologado como centro de media estancia, según ha ratificado un técnico ante la jueza que investiga las derivaciones del Gobierno regional a la clínica.

El testigo, como consta en su declaración de octubre de 2017 a la que ha tenido acceso MírameTV, también advirtió de que solo dos instalaciones de Gran Canaria cumplen con los criterios establecidos por el Decreto 105/2006, que fija los requisitos para que los centros privados puedan atender a usuarios procedentes de la sanidad pública.

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El Gobierno publica el plan de Plasencia para gastarse solo cinco millones en restaurar una cantera de Güímar y evitar la cárcel

La Consejería de Industria del Gobierno regional ha anunciado este miércoles en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la salida a exposición pública del proyecto presentado por el empresario Antonio Plasencia, condenado a 18 meses de cárcel por las extracciones ilegales de áridos en Güímar (Tenerife), mediante el que pretende gastarse solo cinco millones de euros en restaurar la cantera ubicada en el barranco de Badajoz. La cifra está muy alejada de la cuantía calculada por los peritos que intervinieron en la causa judicial, que elevaron a más de 50 millones de euros el coste de la rehabilitación.

Según se publica en Mírame TV, e l plan presentado por Plasencia no solo supone un ahorro considerable para el empresario, sino que también permitiría, de ser aceptado, que el expresidente de la patronal de la construcción evite su entrada en la cárcel. La reparación del daño causado por las extracciones ilegales es la condición que se fijó en la sentencia del caso, dictada por los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, para suspender las penas privativas de libertad de los tres areneros que se declararon culpables. El único que rechazó el acuerdo, Francisco Javier del Rosario, cumple condena en prisión en estos momentos.

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El alcalde de La Laguna señala a la directora de Seguridad para descargar su responsabilidad en el caso Grúas 

Poco más de una hora ha durado este lunes la declaración como investigado del alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz (de Coalición Canaria -CC-), al que se le imputan delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias en el conocido como caso Grúas.

Después de que la Audiencia Provincial ordenara el interrogatorio por su participación en el expediente bajo sospecha, el dirigente de CC se presentó puntual a la cita con la jueza que instruye la causa, Celia Blanco, pero se negó a contestar a las preguntas de las acusaciones populares. Eso sí, aprovechó el interrogatorio del resto de las partes para desviar la responsabilidad hacia la figura de la directora de Seguridad, Rosario Hernández, una de las personas de la máxima confianza del dirigente nacionalista. 

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La Justicia tumba el premio de jubilación para funcionarios que aprobó el pleno de Icod antes de las elecciones de 2011

El Tribunal Supremo ha dado un nuevo revés al acuerdo sobre condiciones y retribuciones de trabajo del personal funcionario del Ayuntamiento de Icod de los Vinos, aprobado por el pleno el 26 de abril de 2011, un mes antes de las elecciones municipales.

En una sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, a la que ha tenido acceso mirametv.com, los magistrados anulan dos artículos del texto referidos a los premios de jubilación al considerar que incumplen la legislación básica del Estado. 

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El Supremo avala la intervención del Gobierno regional en CajaCanarias

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia, a la que ha tenido acceso   mirametv.com, en la que ratifica la decisión del Gobierno autonómico de intervenir en la extinta CajaCanarias, que fue transformada por decreto del Ejecutivo en una fundación de carácter especial en 2013.

El Supremo desestima los argumentos esgrimidos por la representación legal de CajaCanarias que, tal y como anunció en su momento en los medios de comunicación el último de sus presidentes, Álvaro Arvelo, presentó un recurso de casación contra la sentencia de 2015 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que avaló la decisión del Gobierno regional de intervenir la entidad.

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El funcionario investigado por la duplicidad de pagos en el caso Carreteras tuvo el respaldo de su directora insular

El Juzgado de Instrucción Número 2 de Santa Cruz de Tenerife ha suspendido este jueves la declaración del único investigado por una presunta malversación de dos millones de euros en el área de Carreteras del Cabildo, el exjefe de Servicio de Conservación de Carreteras y Paisaje, el funcionario Miguel Pintor Sepúlveda. Es la segunda ocasión que se aplaza el interrogatorio del técnico insular, que fue citado por primera vez el pasado 4 de julio de 2017. La decisión se produce en un momento clave de la instrucción ya que la jueza tiene sobre su mesa una petición de las acusaciones para citar a dos técnicos más de la Corporación insular como imputados y un recurso del abogado de la defensa que solicita el archivo de la causa.

El  caso Carreteras investiga varios expedientes vinculados con presuntas duplicidades en los pagos, gastos por servicios no prestados y otra serie de irregularidades denunciadas por los propios Servicios Jurídicos del Cabildo y por el exconsejero del área José Luis Delgado. El expediente que afecta de forma más directa al único investigado está relacionado con el supuesto cobro indebido por parte de la empresa Traysesa de 414.479 euros por la vigilancia de un tramo en obras de la TF-1 a pesar de que el Gobierno de Canarias había asumido el coste del servicio. Una decisión que Pintor Sepúlveda consultó previamente con la directora insular, Ofelia Manjón, tal y como ha podido contrastar  mirametv.com a través de su declaración como testigo el 30 de junio de 2017. 

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La Justicia investiga precios inflados y pagos irregulares en la obra del canal de Barlovento

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Santa Cruz de La Palma investiga presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos vinculados con la segunda fase de los trabajos de reparación del canal Barlovento-Fuencaliente, una obra de emergencia que el Gobierno de Canarias adjudicó a Dragados en 2010 por 3,6 millones de euros. Las diligencias parten de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, que detectó indicios delictivos en las actuaciones del exconsejero del Gobierno de Canarias Juan Ramón Hernández, del exdirector general de Aguas Mariano León y de los funcionarios Pedro Calderón y Francisco Javier González.

Según consta en la documentación a la que ha tenido acceso mirametv.com, la Policía Judicial de la Guardia Civil elaboró un atestado en 2016 en el describió la existencia de diversas irregularidades en los trabajos de reparación del canal de Barlovento-Fuencaliente, consistentes en la construcción de un túnel de trasvase sobre el Barranco del Río. Los agentes que llevaron a cabo la investigación pusieron de manifiesto la presencia de indicios que apuntaban a precios inflados, pagos por medidas que no se correspondían con las obras ejecutadas y otros gastos sin justificar.

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