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David Cuesta

Licenciado en Historia y Ciencias de la Información por la Universidad de La Laguna. Actualmente, cursa el grado en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ha trabajado como redactor en los periódicos La Opinión de Tenerife, El Día y La Gaceta de Canarias. Ahora ocupa el puesto de director de Informativos en la cadena regional Mírame Televisión y colabora con COPE-Canarias y Radio Club Tenerife-Cadena SER.

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Cristina Valido rechaza sancionar al director de la escuela infantil de La Palma pese a reconocer que cometió "mala praxis"

La consejera Cristina Valido reconoció este miércoles, durante la celebración de la comisión parlamentaria de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, que el director de la escuela infantil San Miguel Arcángel cometió "mala praxis" en la gestión del centro, ubicado en Santa Cruz de La Palma. Durante una intervención llena de contradicciones, la dirigente nacionalista justificó la decisión de no abrir un procedimiento sancionador contra el máximo responsable de la instalación en base al informe de una funcionaria, que decretó el archivo de las actuaciones después de que con anterioridad otro técnico hubiera informado por escrito de la existencia de irregularidades administrativas, según informa Mirame TV

A petición de los grupos parlamentarios del PSOE y del PP, después de que Podemos retirase su propuesta inicial por otra iniciativa referida al precio de la vivienda, Valido afrontó durante más de hora y media las preguntas de la oposición, que no pudo disponer con anterioridad a la sesión los informes que obran en el expediente "por una discrepancia entre la instructora y lo servicios jurídicos", aunque finalmente la consejera anunció que aportaría la documentación "salvaguardando los derechos del trabajador y los datos personales de las personas que fueron entrevistadas". En la comisión no estuvo presente, pese a ser miembro, la secretaria de Organización de Coalición Canaria, Guadalupe González Taño, esposa del director cuestionado por su gestión en la escuela infantil San Miguel Arcángel.

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El Gobierno ignoró informes que detectaron irregularidades del marido de la secretaria de Organización de CC

La Consejería de Políticas Sociales del Gobierno autonómico conocía desde principios de 2018 las irregularidades cometidas por el director de la escuela infantil San Miguel Arcángel, Patricio García Ducha. Un técnico de la Dirección General de Protección a la infancia elaboró por escrito un informe, fechado el 26 de enero de 2018, al que ha tenido acceso mirametv.com, en el que puso de manifiesto las anomalías detectadas en la gestión del centro educativo, ubicado en Santa Cruz de La Palma, cuyo máximo responsable es el marido de la secretaria de Organización de Coalición Canaria, Guadalupe González Taño.

En el informe, elaborado por el coordinador de las escuelas infantiles dependientes de la Dirección General de Protección a la Infancia, tras las quejas recibidas de varios usuarios por el pago en efectivo de la primera mensualidad y un supuesto aumento injustificado de las cuantías, se constatan los cobros de cuotas en mano por parte del director del centro, a través de unos recibos simulados que dejaron de usarse en 2013, a pesar de que la normativa vigente establece el pago de las mensualidades por medio del modelo 800. El técnico, que mantuvo un primer encuentro con García Ducha en Tenerife y que posteriormente se desplazó a La Palma para una segunda reunión, también advirtió de que en ninguna de las dos ocasiones se le entregó justificante alguno sobre el ingreso en la Agencia Tributaria Canaria del dinero percibido en efectivo.

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Las irregularidades del marido de la secretaria de Organización de CC en la escuela infantil San Miguel Arcángel se remontan a 2014

Las irregularidades del director de la escuela infantil San Miguel Arcángel, dependiente de la Consejería de Políticas Sociales del Gobierno autonómico, que hasta el momento ha descartado la apertura de un procedimiento sancionador, se remontan a la pasada legislatura. Técnicos de la entonces llamada Dirección General de Dependencia, Infancia y Familia detectaron en 2014 una serie de anomalías en la gestión del centro por parte de Patricio García Ducha, marido de la actual secretaria de Organización de Coalición Canaria (CC), Guadalupe González Taño, que también fueron perdonadas por el Ejecutivo regional.

Dos técnicos de la Consejería de Políticas Sociales informaron en 2014 de la existencia de diversas irregularidades vinculadas con la gestión de la escuela infantil San Miguel Arcángel, ubicada en Santa Cruz de La Palma, sin que ello provocase la adopción de medidas disciplinarias contra García Ducha. Entre las anomalías detectadas destaca la presentación de facturas de cuantías elevadas por la compra de material sin seguir el procedimiento establecido, la solicitud de dinero en efectivo a los padres y otros defectos administrativos como la ausencia de una lista de espera o la costumbre de no enviar los expedientes de los usuarios en tiempo y forma al Gobierno de Canarias.

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El juzgado que investiga a Ricardo Melchior retomará en marzo el interrogatorio al exdirector de Puertos

Ocho meses después de su primera declaración en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Santa Cruz de Tenerife, José Rafael Díaz, exdirector general de la Autoridad Portuaria, volverá a prestar testimonio en el marco de las diligencias abiertas para investigar la gestión de Ricardo Melchior al frente de Puertos de Tenerife. El primer interrogatorio al denunciante de la causa, que fue suspendido el 24 de julio de 2018 después de que se aportara numerosa documentación al procedimiento, se reanudará el próximo 19 de marzo, según consta en una providencia tal y como ha informado mirametv.com. 

La jueza que investiga a Ricardo Melchior, en una causa en la que también figuran como imputadas la que fuera su secretaria en la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y la directora de Recursos Humanos de la entidad, dictó el pasado mes de diciembre una providencia en la que acuerda la personación del exdirector general de Puertos como acusación particular y, "a la vista del estado de las presentes diligencias previas", señala la continuación de la declaración del denunciante para el próximo 19 de marzo.

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Condenado el exalcalde de Santiago del Teide a un año y seis meses de cárcel por la tragedia mortal de la playa de Los Guíos

Un año y seis meses de cárcel por la imprudencia que costó la muerte de dos personas en la playa tinerfeña de Los Guíos en 2009. La magistrada titular del Juzgado de lo Penal Número 8 de Santa Cruz de Tenerife, María Teresa Hernández, ha condenado al exalcalde de Santiago del Teide Juan Gorrín (PP) y a dos técnicos municipales por dos delitos de homicidio imprudente. La sentencia, contra la que cabe recurso, escribe el penúltimo capítulo de uno de los sucesos más desoladores de los últimos años en Canarias: el derrumbe de un talud que acabó en tragedia mortal un caluroso domingo de noviembre.

La sentencia de primera instancia, que también condena a Juan Gorrín por un delito de prevaricación a cinco años de inhabilitación especial para para empleo o cargo público, fija indemnizaciones que superan los 150.000 euros a las familias de las víctimas y de las que tendrán que responder de manera solidaria los tres condenados y la compañía Mapfre, así como el Ayuntamiento de Santiago del Teide y la Dirección General de Costas de forma subsidiaria.

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El alcalde de Tegueste oculta un informe de una aparejadora municipal que cuestiona la legalidad de la nueva gasolinera

"El alcalde de Tegueste, José Manuel Molina (CC), informó de que desde el Consistorio se paralizarán los informes solicitados en referencia a la tramitación de la licencia para la construcción de la estación de servicio que se está construyendo en Las Toscas". Con este párrafo comienza la nota de prensa que el Ayuntamiento tinerfeño remitió a los medios de comunicación el pasado 2 de enero, tras conocer la admisión de un recurso contencioso-administrativo presentado por una empresa competidora contra el permiso de la nueva gasolinera.

Se trata de una huida adelante del dirigente de Coalición Canaria, presionado por la oposición para que inicie la revisión de oficio de la autorización, que oculta un dato trascendente: una técnico municipal emitió un dictamen el pasado 7 de diciembre que cuestiona la legalidad de la instalación.

Las conclusiones de la arquitecta técnica del Ayuntamiento, a las que ha tenido acceso mirametv.com, forman parte de los informes supuestamente paralizados por el alcalde tras tener constancia de la apertura de un procedimiento judicial, pese a que nunca se ha dado a conocer su existencia de forma pública ni se ha trasladado su contenido a la oposición.

El documento, que aprecia una serie de incumplimientos urbanísticos del proyecto que se acomete en la actualidad, es una respuesta al dictamen de un experto externo que concluyó que la licencia se concedió en fraude de ley.

La aparejadora municipal explica en su informe que "se confirma que los documentos que forman parte del proyecto se refieren a un conjunto de parcelas, como si de una se tratara, y que las actuaciones pretendidas que se contemplan en este no se ajustan a la ordenación urbanística, pues no basta con que solo se justifique de forma independiente el cumplimiento de algunos parámetros de la ordenación pormenorizada, habiéndose comprobado que, incluso así, no se ha tenido en cuenta el retranqueo, la ocupación de los espacios libres privados resultantes de la restricción de la aplicación de la profundidad y del resto de espacios libres al proyectarse la ocupación del subsuelo".

Entre los incumplimientos detectados en el proyecto de la nueva estación de servicio, que se ubica sobre unos terrenos que fueron propiedad de la familia de la mujer del alcalde, destaca, a criterio de la técnico municipal, el hecho de que se pretende colocar en la parcela número tres un aljibe de 5.000 litros en una zona destinada a espacios libres. Lo mismo ocurre con la parcela dos, donde se plantea la construcción de los depósitos de almacenamiento de combustible.

La arquitecta técnica recuerda que la ordenanza municipal de urbanización y edificación establece que "el espacio libre interior de la parcela no puede ocuparse en el subsuelo por ningún tipo de edificación ni pueden ejecutarse construcciones ocupando su superficie". 

Otro de los incumplimientos detectados por la aparejadora del Ayuntamiento de Tegueste alude al retranqueo de los linderos, cuyo ancho mínimo de separación tiene que ser de tres metros, "condición que no se cumple en la parcela dos, con la marquesina de la zona correspondiente a la instalación del combustible". 

El informe va más allá y entra de lleno en una de las principales polémicas que rodean a la concesión de la licencia: que se haya dado permiso para un proyecto que se plantea sobre una parcela única cuando se trata de tres espacios segregados. Este hecho es fundamental porque la ordenación urbanística solo permite un tope de 900 metros cuadrados edificables por parcela, lo que llevó en su momento a los nuevos dueños de los terrenos a solicitar la división en tres partes de la finca para acometer la construcción de la estación de servicio; que se compone de una gasolinera, una tienda y un autolavado.

La técnico municipal es contundente a la hora de aseverar que "la licencia de edificación debe referirse a cada una de las tres parcelas que resultaron segregadas, de forma que cada una de ellas sea susceptible de obtenerla de forma autónoma, justificándose el cumplimiento con la ordenación territorial, urbanística y demás legislación aplicable". 

Una conclusión que es decisiva en el análisis del procedimiento llevado a cabo por el Ayuntamiento de Tegueste porque, como se expone en el informe, "se ha obviado que las parcelas situadas en suelo urbano, para poder ser edificadas, deben tener la condición de solar", lo que no se cumple en las parcelas uno y dos al no estar dotadas de una conexión a la red de saneamiento que permita la evacuación de las aguas residuales. 

Pendiente de respuesta del Servicio de Carreteras del Cabildo

A criterio de la arquitecta técnica, también es necesario que el Servicio de Carreteras del Cabildo de Tenerife "se pronuncie sobre la viabilidad de la implantación, teniendo en cuenta que se trata de tres parcelas, así como, en caso necesario, establezca los condicionantes técnicos a tener en cuenta, tanto en el proyecto de ejecución como durante la ejecución de las obras, a fin de poder determinar si los incumplimientos detectados resultan subsanables". 

En el dictamen se aclara que si el proyecto no obtiene una nueva autorización sectorial por parte del Cabildo de Tenerife, que ya dio el visto bueno sin tener en cuenta que afecta a tres parcelas segregadas, se determinaría "la denegación de la licencia solicitada". La funcionaria pone la pelota en el tejado de la Corporación insular y asegura que, "en caso de que se considere procedente la propuesta, se elevará a definitivo el informe técnico municipal".

El primer informe que emitió el Cabildo se produjo antes de la segregación, lo que no tuvo lugar hasta el 27 de julio de 2017. Antes, los promotores solicitaron un informe sobre alineaciones y rasantes para una sola parcela, que fue autorizado por la Corporación insular en diciembre de 2016.

A pesar de que en julio de 2017 se llevó a cabo la división en tres parcelas, el Servicio de Carreteras, en base a su primer dictamen sobre alineaciones y rasantes, informó de forma favorable en noviembre a la consulta de viabilidad realizada por la empresa promotora, Canteras de La Laguna, SL, "sin tener en cuenta la segregación efectuada, y con resultado de obligación a que el acceso se efectúe desde el diario municipal, quedando la parcela uno sin posibilidad de acceso rodado".

A la fecha de hoy, el Cabildo aún no se ha pronunciado sobre la petición de la arquitecta técnico del Ayuntamiento de Tegueste, aunque cinco días después del informe municipal volvió a sacar a información pública todo el expediente referido a la polémica estación de servicio, al estar obligado a subsanar un error cometido en la anterior convocatoria, cuando se ubicó la gasolinera en un punto kilométrico equivocado.

El alcalde de Tegueste, pese a conocer la existencia del nuevo informe municipal, que se suma al dictamen externo que apreció fraude de ley en la licencia, sigue enrocado en su postura de no iniciar la revisión de oficio del permiso de la gasolinera, cuyas obras siguen su curso a velocidad de crucero. Los vecinos y la oposición política han exigido, sin éxito, que se proceda a la suspensión de los trabajos hasta que se resuelvan las dudas de legalidad. Molina, sin embargo, se agarra a la apertura de un contencioso en los juzgados para eludir cualquier responsabilidad del Ayuntamiento, lo que puede llevar a la circunstancia de que los trabajos estén concluidos antes de que exista una resolución del conflicto.

Vecinos y la oposición política en el Ayuntamiento de Tegueste han convocado una concentración de protesta a las puertas del Cabildo de Tenerife este jueves 10 de enero a partir de las 12.00.

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El triángulo de Las Teresitas, con Zerolo en uno de sus vértices, se repite en la operación Plasencia

El nuevo negocio urbanístico que tiene entre manos el empresario Antonio Plasencia, condenado por la trama de Las Teresitas y por la extracción ilegal de áridos en Güímar, puso su primera piedra tres años después de que se cerrara, por algo más de 50 millones de euros, la compraventa corrupta del frente de la principal playa de Santa Cruz de Tenerife.

El 20 de julio de 2004, el Ayuntamiento capitalino publicó el anunció de la venta de la parcela que en la actualidad ocupa el edificio que pretende adquirir el Cabildo insular por 23 millones de euros para ubicar un centro sociosanitario. Hasta esa fecha, los terrenos, ubicados en una de las zonas de expansión urbanística más importantes del municipio, eran de titularidad pública, pero el Consistorio que dirigía por entonces Miguel Zerolo (Coalición Canaria) decidió desprenderse de la parcela mediante una subasta. La empresa Carlacand SL, propiedad de Carlos Plasencia, hijo del también expresidente de la patronal de la construcción, se hizo con la puja por 13 millones.

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La Fiscalía pide un año de cárcel para el denunciante del caso Corredor por un intento de estafa a una compañía de seguros

El empresario Carlos Calderón, denunciante de la trama Corredor, que sentará en el banquillo al abogado Evaristo González Reyes por delitos de estafa y contra la Seguridad Social, se enfrenta a una pena de un año de cárcel por intentar engañar a una aseguradora. Así consta en el escrito de acusación de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, al que ha tenido acceso mirametv.com, por el que se acusa al dueño de la antigua discoteca Sketch de La Laguna de tratar de cobrar 155.000 euros a la compañía FIATC por los daños que sufrió el local en un incendio anterior a la contratación de la poliza. El juicio oral estaba señalado para el pasado lunes 17 de diciembre en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial, pero la vista ha sido suspendida.

Los hechos guardan una estrecha relación con el caso Corredor, que surgió después de que Carlos Calderón denunciase las presuntas presiones que sufrió por parte de Evaristo González Reyes para desprenderse del Sketch, donde el supuesto cabecilla de la organización tenía previsto ubicar un local de apuestas. El joven empresario, antes de un primer fuego que afectó a su local el 13 de diciembre de 2009, fue víctima de un incendio en su vivienda el 17 de abril de ese año, aunque en la instrucción no se llegaron a encontrar indicios sólidos que relacionaran ambos incidentes.

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El Gobierno descarga en una funcionaria la decisión de no abrir expediente por las irregularidades del director de la escuela infantil de La Palma

La Consejería de Políticas Sociales del Gobierno autonómico ha enviado un comunicado en el que intenta salir al paso de las informaciones publicadas por mirametv.com sobre las irregularidades cometidas por el director de la escuela infantil San Miguel Arcángel, ubicada en Santa Cruz de La Palma. En la nota se señala directamente a una jefa de servicio como la responsable de elaborar la propuesta por la que se descartó, tras una investigación previa, abrir un expediente al máximo responsable del centro, Patricio García Ducha, a quien se niega haber dado un trato de favor por ser el marido de la actual secretaria de Organización de Coalición Canaria y diputada autonómica, Guadalupe González Taño.

Según el comunicado, "se siguió un procedimiento informado por parte de un funcionario imparcial que determinó que no había habido mala fe ni malas prácticas en el cobro de las cuotas del primer mes de escolarización", y se concreta que una "jefa de servicio, técnico funcionaria de la administración, propuso el archivo del asunto no encontrando razones para la incoación de expediente".

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El marido de la diputada González Taño (CC) amenazó con quitarle la plaza a una familia sin recursos por negarse a pagar una cuota irregular

Patricio García Ducha, marido de la diputada autonómica y secretaria de Organización de Coalición Canaria, Guadalupe González Taño, dirige con total impunidad la escuela infantil San Miguel Arcángel, ubicada en Santa Cruz de La Palma y dependiente de la Consejería de Políticas Sociales. A las irregularidades vinculadas con el cobro indebido de cuotas y el uso de recibos sin validez para recaudar dinero en efectivo a usuarios del centro, perdonadas por el Gobierno regional tras una investigación previa que culminó sin que se adoptaran medidas disciplinarias, se une el trato humillante que reciben de forma habitual las madres que se atreven a cuestionar sus métodos. Algunas de ellas, que han querido compartir sus experiencias personales, narran situaciones que evidencian prácticas por parte del máximo responsable de la instalación educativa que exceden de sus competencias.

Es el caso de una usuaria del centro que ha tenido que soportar las amenazas de García Ducha por negarse a pagar una cuota que no le correspondía, según adelantó mirametv.com. El máximo responsable del San Miguel Arcángel, incluso por escrito, llegó a advertirle de que, aunque estaba exenta del pago por su situación económica, perdería la plaza de su hija si no abonaba un total de 90 euros, a pesar de que un director de una escuela infantil pública no tiene capacidad ejecutiva para resolver expedientes relacionados con la baja de alumnos.

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