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David Cuesta

Licenciado en Historia y Ciencias de la Información por la Universidad de La Laguna. Actualmente, cursa el grado en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ha trabajado como redactor en los periódicos La Opinión de Tenerife, El Día y La Gaceta de Canarias. Ahora ocupa el puesto de director de Informativos en la cadena regional Mírame Televisión y colabora con COPE-Canarias y Radio Club Tenerife-Cadena SER.

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El Ayuntamiento de Adeje precinta el Monkey Beach

El Ayuntamiento de Adeje ha ordenado este viernes el cese temporal de la actividad del Monkey Beach Club, un local de ocio ubicado en la playa de Troya, según han confirmado a   mirametv.com  fuentes municipales. La decisión se produce tras la apertura de un expediente después de que el establecimiento retomara su actividad el pasado 17 de junio sin haber concluido las obras de ampliación que lleva a cabo en la instalación, que también han sido denunciadas por la Fiscalía por presuntos delitos urbanísticos.

El precinto tiene lugar mediante un decreto emitido tras una inspección realizada por técnicos municipales a principios de julio, a raíz de varias denuncias presentadas por los vecinos del entorno, en la que se constató que las obras de ampliación acometidas por el establecimiento se desvían del proyecto autorizado por el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Adeje.

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La operación canaria de la trama de Fórum Filatélico logró desviar más de 15 millones de euros

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional  condenó el pasado 13 de julio a la cúpula de Fórum Filatélico por crear el “paradigma de la estafa piramidal”, en palabras de los magistrados responsables del fallo judicial, que impone penas de hasta 12 años de cárcel e indemnizaciones por más de 3.700 millones de euros. Un engaño sin precedentes que devoró los ahorros de más de 190.000 clientes a través de la puesta en marcha de una sofisticada ingeniería criminal, según señala Mírame TV. En un relato que alcanza los 200 folios , la sentencia describe las actuaciones de una red que también fijó sus intereses en Canarias. Una de las operaciones más complejas y rentables de las que llevó a cabo la trama, gracias a la que se desviaron más de 15,4 millones, tuvo como base la isla de Tenerife. 

Una historia que comienza con una portada de periódico o, para ser más precisos, con un auto judicial que dio pie a un titular de primera en   El País  que ha quedado grabado en la memoria de la hemeroteca:  “Garzón halla indicios de comisiones millonarias para Coalición Canaria”. El entonces juez de la Audiencia Nacional acababa de encontrar documentos que vinculaban directamente a la trama de Fórum Filatélico con la primera línea de la política tinerfeña y con diversas actuaciones urbanísticas en la isla. El calendario marcaba el 5 de diciembre de 2006, solo dos semanas antes de que otro acontecimiento terminase por apuntar en rojo la palabra corrupción en la agenda mediática del Archipiélago: la querella de la Fiscalía por el caso Las Teresitas.

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La Fiscalía denuncia la ampliación del Monkey Beach Club por presuntos delitos urbanísticos

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife presentó la semana pasada una denuncia por presuntos delitos urbanísticos relacionados con las obras de ampliación del Monkey Beach Club, un local de ocio ubicado a los pies de la playa de Troya, en el municipio de Adeje. Según ha confirmado  mirametv.com, el Ministerio Público, después de una investigación inicial que se ha prolongado durante seis meses, ha encontrado indicios de ilegalidades suficientes para solicitar al juzgado que instruya una causa que permita aclarar si existen responsabilidades penales.

La actuación de la Fiscalía se basa en los indicios de delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística hallados en las diligencias preliminares, durante las que se encargaron varios informes al Seprona de la Guardia Civil y a la Policía Local de Adeje y se requirió documentación sobre el expediente a las administraciones públicas implicadas. Los hechos parten de una denuncia presentada a finales de 2017 por la Comunidad de Vecinos Galaxia.

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El Ayuntamiento de Adeje abre un expediente para investigar la reapertura del Monkey Beach Club

El Ayuntamiento de Adeje ha abierto un expediente para investigar si la reapertura del Monkey Beach Club, que retomó su actividad el pasado 17 de junio, se ajusta a parámetros legales. A preguntas de mirametv.com, fuentes oficiales han confirmado este viernes que técnicos municipales "han cursado recientemente" una inspección al establecimiento para comprobar si la obra de ampliación que se ejecuta, y que supone la construcción de dos nuevas alturas, "mantiene incidencia sobre la licencia de apertura que tiene actualmente vigente" el local de ocio. 

Según el Ayuntamiento de Adeje, la actuación responde a "denuncias presentadas por la actividad que viene realizando" el Monkey Beach Club. El objetivo del expediente, que se produce en paralelo a la investigación abierta por la Fiscalía por la situación urbanística de la instalación, es averiguar si el establecimiento puede estar abierto al público con la licencia que tenía antes de comenzar las obras de ampliación de la construcción original. 

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Investigan a un exdirectivo de Fred Olsen por el presunto cobro de más de 560.000 euros en comisiones ilegales

El Juzgado de Instrucción Número 2 de Santa Cruz de Tenerife investiga a un exdirector de Recursos Humanos de Fred Olsen por el presunto cobro de 561.241 euros en comisiones ilegales entre 2003 y 2012. En la instrucción hay un total de siete personas físicas y tres jurídicas imputadas por delitos contra la hacienda pública, estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y corrupción entre particulares.

La causa, que en junio de 2016 fue declarada compleja, parte de una querella que presentó la propia naviera en 2012. Según las investigaciones llevadas a cabo por el Juzgado, el principal investigado, que percibía las comisiones a través de su círculo familiar más cercano, emitió facturas falsas mediante sociedades pantalla de su propiedad a terceras empresas involucradas en la presunta trama delictiva.

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La Fiscalía investiga las obras de ampliación del Monkey Beach Club en la costa de Adeje

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife investiga presuntos delitos de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio en la obra de ampliación del Monkey Beach Club, un local de ocio ubicado al pie de la playa de Troya, en el municipio tinerfeño de Adeje, tras la denuncia presentada por la comunidad de propietarios del complejo Residencial Galaxia. 

Según consta en la documentación a la que ha tenido acceso   mirametv.com, el Ministerio Público solicitó en diciembre información sobre el expediente al Ayuntamiento de Adeje y a la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, además de requerir un informe acerca de las obras a la Demarcación de Costas de Santa Cruz de Tenerife y al Seprona de la Guardia Civil. Fuentes de la Fiscalía han confirmado que las diligencias para averiguar si existen indicios de delito en la ampliación del Monkey Beach Club siguen abiertas.

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La Fiscalía pide seis meses de cárcel para el profesor de la Universidad de La Laguna denunciado por acosar a una alumna

La Fiscalía solicita seis meses de prisión para un profesor de Economía de Aplicada de la Universidad de La Laguna (ULL) por un delito de acoso a una alumna. Según consta en el escrito provisional de acusación, al que ha tenido acceso mirametv.com , el Ministerio Público pide la apertura de juicio oral contra J. P. D. R., a quien considera responsable de causar un "estado de intranquilidad y desasosiego" a una estudiante de Ciencias de la Información a la que llegó a enviar 80 correos electrónicos de carácter personal, algunos en horario de madrugada, entre el 19 de abril y el 16 de junio de 2017.

La fiscal considera al profesor de la ULL autor de un delito de acoso y apoya su argumentación en los correos electrónicos que remitió sin descanso a una de sus alumnas en la Facultad de Ciencias de la Información durante casi dos meses. La representante de la acusación pública recuerda que el docente, ante la indiferencia que mostraba la estudiante, amenazó con la posibilidad de negarle el acceso a la matrícula de honor de su asignatura "si no acudía a la revisión del examen o persistía en su actitud".

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Los gestores socialistas en San Juan de la Rambla enjuiciados por prevaricación no serán expulsados del partido

La alcaldesa de San Juan de la Rambla, Fidela Velázquez, y el primer teniente de alcalde, Cayetano José Silva, ambos del PSOE, mantendrán en vigor el carné de su partido. Así lo ha decidido la Comisión Federal de Ética y Garantías del PSOE, a través de una resolución a la que ha tenido acceso mirametv.com, al considerar que los hechos por los que tendrán que ir a juicio no están relacionados con un delito de corrupción por no haber enriquecimiento de los implicados.

El documento, fechado el 24 de abril de 2018, está firmado por el secretario del órgano, Félix Bolaños, y por la presidenta, María Isabel Celaá, nueva portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez.

Tanto Fidela Velázquez como Cayetano José Silva están acusados de delitos de prevaricación continuada por la Fiscalía, que solicita inhabilitación especial para ambos, diez años para la alcaldesa y ocho para su mano derecha en el Ayuntamiento, por el pago de una indemnización prescrita a un aparcero y el abono de gratificaciones sin justificar a personal laboral del Consistorio tinerfeño.

La Comisión Federal de Ética y Garantías concluye que "no procede la expulsión de los comparecientes" al concluir que "no pesa ninguna acusación de enriquecimiento sobre los afectados, por lo que no estaríamos en presencia de un delito vinculado con la corrupción". El criterio del órgano de control del PSOE choca con el que mantiene el Consejo General del Poder Judicial, que considera la prevaricación, y otras actuaciones que no implican un enriquecimiento directo, delitos vinculados a la corrupción.

El escrito final, aunque resuelve a favor de los políticos socialistas, pide que se "mantenga informada a la Comisión de las novedades procesales que se vayan produciendo por si, en algún momento, concurriera algún hecho nuevo que aconsejara retomar este asunto".

La resolución de la Comisión se apoya en el artículo 5.2 del Código Ético del partido, donde se expone que "cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura de este y solicitará la baja voluntaria. En caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido".

En el Reglamento de desarrollo de los Estatutos Federales, aprobado el pasado 17 de febrero, se aclara que, "a efectos del artículo 5.2 del Código Ético, la apertura del juicio oral que supone la dimisión del cargo ha de referirse a delitos ligados a corrupción, violencia de género, acoso o discriminación, contra la libertad e indemnidad sexual, torturas o contra la integridad moral, así como la comisión de hechos constitutivos de delitos graves".

La normativa interna de los socialistas nada dice de la necesidad de que exista un enriquecimiento de los implicados, como tampoco detalla qué delitos considera vinculados a la corrupción. Es ahí donde entra la interpretación de la Comisión Federal de Ética y Garantías, encargada de emitir un dictamen sobre cada caso cuando así lo requiera la Comisión Ejecutiva.

Para resolver el procedimiento de San Juan de la Rambla, el órgano basa sus conclusiones en un informe jurídico, interesado por ambos implicados, y en un escrito del PSOE de Tenerife. En ambos documentos se solicita "la no expulsión del partido (...) pues no se imputa enriquecimiento ilícito a la alcaldesa ni al teniente de alcalde".

La resolución también expone que "el único documento que se facilita a esta Comisión" es un auto del Juzgado de Instrucción Número 5 de La Orotava que "ordena la apertura de juicio oral", sin que conste que sea firme. No hace referencia al escrito de acusación de la Fiscalía, donde se detallan los criterios que llevan al Ministerio Público a pedir la inhabilitación especial para cargo o empleo público de Fidela Velázquez y Cayetano José Silva.

Acusación

La acusación pública también solicita ocho años de inhabilitación para el exconcejal Víctor Manuel García. El fiscal Santiago Guibert considera probado que los tres acusados cometieron delitos continuados de prevaricación. El representante del Ministerio Público recuerda que el 23 de noviembre de 2012, a pesar de tener sobre la mesa un informe negativo del secretario municipal, la Junta de Gobierno acordó reconocer una indemnización de 4.220 euros a un vecino por la "extinción improcedente de un contrato de aparcería".

En el escrito de acusación se argumenta en que los acusados votaron a favor de la proposición "con pleno conocimiento de que era contraria a derecho", ya que la reclamación del aparcero se produjo en septiembre de 2011, siete años después de que cesara el contrato, por lo que el fiscal considera prescrita la posibilidad de obtener una indemnización.

Para entender el segundo de los expedientes por los que se sentarán en el banquillo los tres acusados hay que remontarse al 8 de febrero de 2013, el día hábil anterior a la moción de censura que permitió a Tomás Mesa (entonces en el PP), el denunciante de la causa, arrebatar la alcaldía a Fidela Velázquez. Ese viernes la alcaldesa dictó un decreto para conceder gratificaciones de 300 euros a favor de 16 trabajadores del Ayuntamiento tinerfeño. La resolución, una vez más, se hizo en contra del criterio del secretario municipal.

Según el fiscal, el decreto concedía "una cantidad a tanto alzado (...) sin atender o comprobar, en primer lugar, si habían realizado las horas extraordinarias y, en su caso, cuántas". El escrito de acusación recuerda que el nuevo equipo de Gobierno, con Tomás Mesa a la cabeza (PP), no dio efectividad al decreto ante "las flagrantes irregularidades que contenía".

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El CD Tenerife tendrá que pagar por el uso del estadio tras el Cabildo 'perdonárselo' al menos desde 1994

Se acabó la barra libre para el CD Tenerife. El principal usuario de las instalaciones del Heliodoro Rodríguez López, propiedad del Cabildo, tendrá que pagar a la administración pública insular una tasa del 5% de todos los ingresos que le genere por temporada la utilización del estadio, tal y como se publica en la web de Mírame TV.

Así lo acordó de forma inicial el último pleno de la Corporación insular, que aprobó la modificación de la ordenanza que regula el uso de los bienes de dominio público, después de las constantes advertencias del interventor sobre el incumplimiento de la normativa vigente.

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El Gobierno canario no podrá expropiar casas a los bancos que desahucien a personas en emergencia social

El Gobierno de Canarias no podrá expropiar casas a los bancos que desahucien a personas en situación de emergencia social. Como recoge Mírame TV, una sentencia del Tribunal Constitucional, publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tumba dos artículos y una disposición adicional de la Ley de Viviendas de Canarias, que en 2014 modificó la anterior normativa de 2003.

La decisión del Tribunal Constitucional mantiene la línea seguida en dos procedimientos análogos que afectan a las comunidades de Andalucía y Navarra, por lo que el fallo era previsible. La sentencia estima en parte el recurso presentado por el Estado y declara inconstitucionales los preceptos que regulan la expropiación de viviendas a entidades financieras.

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