Iniciar un debate sobre el voto a partir de los 16 años es iniciar una cascada de reacciones que casi siempre ponen en tela de juicio la capacidad de las personas jóvenes para decidir en el ámbito político. Se trata de una cuestión que surge periódicamente y que, de momento en España, no hemos llegado a superar. Algunos países vecinos de la Unión Europea como Austria, Chipre o Malta ya han tomado una decisión al respecto y permiten a las personas de 16 y 17 años votar en todos los niveles electorales.

En nuestro país, sin embargo, tan sólo se ha trabajado en una iniciativa en el Congreso de las y los Diputados en abril de 2016 con la idea de modificar la Ley electoral. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por la mayoría del Congreso. Dos años después, en 2018 se volvió a poner en marcha una propuesta de reforma de la LOREG donde también se incluyó el voto a los 16 años, sin llegar a ningún término. Es extraño, que aún tengamos que discutir sobre si una persona puede tener acceso a uno de los derechos más fundamentales de una democracia, como es el de poder votar, pero vivimos tiempos muy contradictorios.

Hay quienes se oponen a este derecho aludiendo que las y los jóvenes son muy influenciables y se dejan llevar por sus emociones, basando su negativa en la inmadurez psicológica de tener 16 años. Argumento que, por desgracia, ya fue utilizado en el pasado para impedir votar a las mujeres y que carecen de una justificación real. Otras personas exponen que “mejor cuando eduquemos correctamente en Democracia” ya que “no se está realmente preparado a los 16 años para poder votar”. Pero ¿a los 18 años ya llegamos preparados y preparadas? ¿A los 18 ya tenemos la suficiente madurez psicológica? Son argumentos que, aunque se hagan con la mejor intención de salud democrática, conducen a un sendero peligroso; pues insinuar que hacen falta unas capacidades mínimas para votar nos desliga automáticamente de la cuestión de edad y nos conduce a hablar de niveles de ciudadanía. ¿Cómo se evalúa si se han alcanzado estas capacidades? ¿Con el final de la educación obligatoria (que ocurre, por cierto, a los 16 años)? ¿Creamos la escalofriante figura de un examen de derecho al sufragio? Y así es como se empieza a entender que haya personas que se quejen amargamente de que su voto “vale lo mismo” que el de otras personas.

Porque el problema de todo este razonamiento es que entran en contradicción con derechos que ya han sido reconocidos por Ley. Es a los 16 años cuando ya puedes trabajar y, por tanto, cuando pagas impuestos sobre la renta o cotizaciones sociales, cuando ya puedes emanciparte, casarte, dar tu consentimiento a tratamientos médicos o incluso portar armas. Todas estas capacidades que se reconocen antes de los 18 constituyen un cambio significativo en la manera en que esa persona se relaciona con su sociedad y, especialmente, como la sociedad entiende a esa persona.

Pero aun con todas estas capacidades reconocidas, las verdaderas preguntas siguen sin abordarse. Si las personas de 16 y 17 años, y en adelante, son reconocidas así por la sociedad ¿estamos asegurando que su participación democrática sea de la mayor calidad? ¿Es nuestro sistema democrático suficientemente representativo de un colectivo tan vulnerable como es la juventud?

La realidad es que muchas personas salen del sistema educativo sin tener claro qué es eso de la política o “pasando” de ella. La realidad es que no se educa en participación democrática ni política. Pero también sabemos que hay grandes agujeros en nuestro sistema educativo que hacen que una persona, de 16, de 18 o de 35 no haya recibido la información y formación suficiente para ejercer su derecho al voto. Esto, lejos de ser un argumento en contra, es una de las razones por las que apostar por el voto a los 16 años, porque la educación en la participación debe iniciarse en edades tempranas para que tenga mayor impacto. Además, esta cuestión es de vital importancia no sólo ante los altos niveles de abstención por parte de la juventud, sino también para combatir el crecimiento de la desafección política.

Actualmente, la pirámide poblacional se está invirtiendo junto a la composición de votantes. La voz de la juventud en los comicios es cada vez más reducida al igual que su peso, lo que supone que las referencias a la juventud en los programas electorales o de gobierno en materias como educación, empleo o vivienda se ven mermadas. Estas dos cuestiones no se arreglan una antes de otra. Es necesaria una reforma integral que reconozca el derecho al voto a las personas de 16 y 17 años, junto con un sistema educativo que apoye y prepare al ciudadano para este derecho y que motive a los Gobiernos a realizar propuestas sólidas y más políticas para la juventud, algo que, además, incentivaría una mayor participación juvenil en los comicios.

Cuando se afronte de nuevo el debate hay que centrarse en estas dos cuestiones y dejar a un lado los argumentos psicológicos o moralistas. Porque no nos engañemos, si las personas a partir de los 16 años pudieran votar, las respuestas a los problemas que viven las personas jóvenes serían más urgentes y ocuparían mayor centralidad en la opinión pública.

Participa Sevilla vive una crisis interna cuando apenas hace un mes que lograron tres concejales para entrar en el Ayuntamiento. El partido instrumental cercano a Podemos celebró este pasado sábado una asamblea en la que, según un grupo de militantes críticos con la dirección, Participa perdió su carácter asambleario para dejar toda la dirección política en manos de sus tres concejales.

Hace unas semanas, la dirección de Podemos en Sevilla rompió las relaciones con Participa al entender que Participa se negaban a coordinarse con el partido.

Ahora, el sector crítico dentro de Participa entiende que esta formación ha perdido su carácter asambleario y confiado la dirección política sin órganos suficientes de control. Este sector crítico entiende que la solución aprobada no es suficientemente democrática ni transparente. O se corrige esta situación, añaden, o abandonarán la formación.

No obstante, el debate no ha quedado cerrado en las reuniones mantenidas durante el fin de semana y aún se está terminando de elaborar el documento que salió de la asamblea. De hehco, en un comunicado, Participa Sevilla reconoce que sigue abierto “el debate más político” sobre su organización y la relación que establecerán en un futuro con Podemos. La organización defiende que su objetivo sigue siendo “construir desde abajo un municipalismo asambleario para la ciudad” y conformar una estructura para la tarea municipal a la que se enfrenta la formación.

El ex Defensor del Pueblo Andaluz José Chamizo se ha inscrito en el proceso de primarias abierto por Podemos para ser elegido senador por la comunidad autónoma andaluza. Chamizo cuenta con el aval del círculo de Triana. José Chamizo considera que era el momento de dar un paso al frente y llenar un hueco que cree necesario en la política. Aun así, actualmente medita si continuar ya que, afirma, ve “gente muy válida” entre los candidatos ya anunciados.

El proceso de primarias abierto por Podemos para elegir al senador autonómico concluirá con las votaciones telemáticas que se celebrarán durante este fin de semana. Se han inscrito 37 personas (10 mujeres y 27 hombres) como candidatos en un proceso que la organización considera “un hito participativo” en la historia de Andalucía.

La dirección de partido en Andalucía ha avalado a dos candidatos muy vinculados al activismo social. Maribel Mora, de la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía, y el profesor de Universidad de Córdoba Antonio Manuel Rodríguez, director del Laboratorio Jurídico contra los Desahucios, tienen en aval de la dirección del partido y el respaldo de su secretaria general, Teresa Rodríguez.

José Chamizo ocupó el cargo de Defensor del Pueblo Andaluz entre 1996 y 2013. Medalla de Andalucía en 1994, 'el cura Chamizo' fue reconocido por su labor en contra la drogodependencia, la marginación y la pobreza. Desde que abandonó su cargo como Defensor, José Chamizo nunca descartó entrar en la política activa. Vinculado a las distintas plataformas que buscan la convergencia de los grupos a la izquierda del PSOE, su nombre ya apareció entre las propuestas para la Alcaldía de Sevilla, aunque finalmente esta candidatura no fraguó. En las pasadas elecciones autonómicas formó parte del equipo que asesoró al candidato de IU, Antonio Maíllo. Sin embargo, rechazó tanto las propuestas de IU como de Podemos para integrarse en sus listas.

Antonio Manuel Rodríguez se define como “profesor, jurista, escritor, músico y activista”. Doctor en Derecho, Profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba, ha centrado su última etapa en el Laboratorio Jurídico Contra los Desahucios desde el que con un conjunto de alumnos estudian soluciones jurídicas para frena la pérdida de viviendas. Sus soluciones han sido escuchadas y valoradas por el Congreso de los Diputados y el Parlamento Andaluz. Está vinculado a la Fundación Blas Infante y se presentó como independiente en las lista del PA por Córdoba a las Elecciones Generales de 2011.

La abogada Maribel Mora hasta hace poco ocupaba le cargo de coordinadora general de la Asociación Andaluza Pro Derchos Humanos (APDHA). Desde donde ha realizado intensas campañas en torno a la marginación social, inmigración, chabolismo, racismo y xenofobia, menores, cárceles, paz y desarme, educación para la paz y los derechos humanos o la solidaridad internacional.

El lunes Podemos registrará en el Parlamento la propuesta de un hombre y una mujer candidatos para senador. El reparto paritario de candidaturas de los nueve senadores por la Cámara autonómica determinará definitivamente quién será el primer representante de Podemos en las Cortes. Al PSOE le corresponde cinco senadores, tres al PP y uno a Podemos. El Pleno que se celebrará el 1 de julio designará finalmente a los representantes a la Cámara alta.

Juan Marín, el presidente del grupo de Ciudadanos en el Parlamento andaluz, asegura que la rápida salida de Chaves, Griñán, Viera y Zarrías de las Cortes ha frenado una moción de censura que su grupo prepara ya contra el recién constituido Gobierno de Susana Díaz. El parlamentario recuerda que una parte esencial del acuerdo firmado entre PSOE y Ciudadanos para posibilitar a Díaz la investidura era la renuncia inmediata de su cargo de todo cargo imputado por la justicia. Ciudadanos, añade Marín, entiende que los socialistas han cumplido con su palabra.

Marín se arroga el éxito de la política de Ciudadanos para “regenerar la democracia”. El diputado añade que con la salida de Chaves y Griñán de la vida política “Andalucía cierra un periodo con más sombras que luces en la gestión de sus presidentes. Estos señores han defraudado la confianza que le dieron los andaluces como gestores púbicos”.

La confirmación de la salida del Congreso y el Senado de los imputados por el caso ERE llegó minutos antes de que Juan Marín se dirigiera a la prensa. Este tenía preparado un documento con un ultimátum para la presidenta Díaz: o los investigados por el Supremo abandonaban de forma inmediata sus ecaños o Ciudadanos promovería una moción de censura. “Que a nadie le quepa la menor duda de que si no se hubieran entregado las actas, habríamos exigido el cumplimento inmediato del acuerdo”, añade Marín.

Ciudadanos espera ahora explicaciones públicas de Susana Díaz sobre el caso ERE y el último auto del Supremo antes de solicitar una comparecencia parlamentaria. “Lo primero es escuchar y después actuar”, ha remarcado. Marín no considera que el último auto del Supremo salpique políticamente a la presidenta Díaz. “Hablamos de personas, no de partidos. Los partidos, como instituciones, no tienen nada que ver con los corruptos o presuntos corruptos”.

Marín dice no arrepentirse de haber facilitado con su voto la investidura de Susana Díaz, porque el papel de Ciudadanos es ejercer “una oposión responsable y valiente”. “Ciudadanos nunca ha valorado el acuerdo de investidura como un intercambio de cromos, como una cuestión para conseguir mejor imagen y más votos. Creíamos que Andalucía tenía que empezar a funcionar. Gracias a nuestro voto hoy está funcionando a pleno rendimiento el Gobierno y el Parlamento y pueden constituirse una comisión de investigación sobre el fraude en la formación y, como esta previsto, otra sobre la mina de Aznalcóllar”.

El Pleno del Parlamento previsto para el 23 de julio aprobará, con toda probabilidad, la creación de una comisión de investigación específica sobre el fraude en los cursos de formación, que echaría a andar en septiembre. Podemos y Ciudadanos facilitarán al PP sacar adelante su iniciativa. IU, casi seguro, también apoyará la creación de la comisión de investigación, aunque espera conocer más detalles de la propuesta popular. De esta manera, el PSOE arranca la legislatura confirmando que el nuevo reparto de fuerzas parlamentarias augura un mandato complicado para la presidenta Susana Díaz.

“Podemos no se va a oponer a la creación de comisiones para investigar casos de corrupción”, ha dicho este miércoles el parlamentario José Manuel Moreno Yagüe. “No le quepa la menor duda de que nuestro voto será favorable”, señaló minutos después Juan Marín, de Ciudadanos. Este añadió que la comisión de investigación debe servir para depurar responsabilidades políticas sobre este asunto.

Según el reglamento del Parlamento, los grupos parlamentarios tienen de plazo hasta el próximo sábado para manifestar si se oponen a la creación de la comisión de investigación solicitada por el PP. Si ningún grupo se opone, esta se considera automáticamente creada y se informa a Pleno. Si algún partido manifiesta su rechazo deberá discutirse en Pleno y el PP recabar la mayoría de los votos. Los populares, con sus 33 diputados, lo obtendrían con los 15 de Podemos y los 9 de Ciudadanos.

Deberá ir a pleno

El PSOE-A ya ha presentado este miércoles en el Registro del Parlamento un escrito en el que manifiesta su oposición a la creación de una comisión de investigación, por lo que esta deberá ir a Pleno para su aprobación. Mario Jiménez, portavoz socialista, sostiene que no es necesaria la comisión específica. “El Gobierno está dando información puntual a la Cámara sobre los avances de la investigación. La función del Parlamento no es sustituir a la Justicia”, dijo. Jiménez recordó las comparecencias periódicas del Ejecutivo en la pasada legislatura informando sobre cada novedad en la investigación que realiza la Junta relativa de los expedientes de los cursos de formación. Comparecencias que, se comprometió, continuarán produciéndose.

El portavoz del grupo parlamentario del PP-A, Carlos Rojas, ha pedido al resto de partidos que “no tengan miedo” a las comisiones de investigación “ni las demonicen”. Tres veces intentó el PP en la pasada legislatura que se conformara esta comisión, y en ningún caso lo consiguió.

Para Rojas, el fraude en los cursos de formación es “la madre de toda la corrupción de los gobiernos socialistas” y recordó que su formación ha presentado más de 120 iniciativas en el Parlamento desde que se conocieran las primeras informaciones sobre este caso. El portavoz popular mantiene, sin embargo, que no se ha recibido toda la información solicitada y que no han facilitado a la Cámara los informes de la Intervención en esta materia. “La comisión de investigación es la mejor fórmula para llegar al tuétano de este asunto”, añadió.

Preguntado sobre el cambio de jueza titular en la investigación sobre el fraude a la formación, en la que el PP-A está personado, mostró su “pleno respeto a sus procesos judiciales”. El PP-A ha presentado un recurso contra la primera decisión adoptada por la jueza sustituta de Mercedes Alaya, María Núñez Bolaños, que ha dejado sin efecto la ampliación de imputación de un exconsejero en la causa de las ayudas a la formación. “Son decisiones dentro del ámbito judicial y somos muy respetuosos con ellas”, contestó Rojas.

Rechazo a la comisión anticorrupción en el Congreso

El mismo día que el PP atisbaba un futuro prometedor para la comisión de investigación en Andalucía sobre los cursos de formación, el Grupo Popular vetaba en el Congreso de los Diputados la petición de la Izquierda Plural, con el apoyo de PSOE y UPyD, para abrir una comisión de investigación en el Congreso sobre la financiación de los partidos políticos.

El PSOE recuerda que a lo largo de la legislatura ha solicitado en 22 ocasiones la comparecencia en Pleno de Mariano Rajoy para dar explicaciones sobre la financiación de su partido y todas ellas han sido rechazadas por la mayoría absoluta del PP. Añaden, los populares han bloqueado en el Congreso todas las peticiones de la oposición para en comisión de investigación abordar la trama Gürtel, el Caso Bárcenas o el Caso Rato. Solo el PSOE ha registrado en cuatro ocasiones abrir una comisión de investigación sobre Bárcenas y la caja B del PP, todas ellas fueron rechazadas.

Comisión permanente sobre la corrupción

Andalucía comienza así una décima legislatura de autonomía que todo apunta que será rica en comisiones de investigación. IU quiere también una específica que aclare las relaciones entre el anterior gobierno en Jerez de la Frontera, bajo el mandato de la popular María José García Pelayo, y la trama Gürtel. No se descarta que también pueda crearse otra sobre la adjudicación de la explotación de la mina de Aznalcóllar, también bajo investigación judicial.

Izquierda Unida y Podemos entienden como lo más efectivo crear una comisión permanente no legislativa sobre transparencia democrática y lucha contra la corrupción. Ya han registrado su iniciativa en el Parlamento y, de momento, Ciudadanos la ve con buenos ojos. PSOE y PP esperan conocerla con más detalle antes de pronunciarse sobre ella.

La comisión de investigación sobre las ayudas a la formación será la décima en la historia del Parlamento andaluz. La última, hasta ahora, fue en la pasada legislatura y relativa al caso ERE. La creación de esta comisión formaba parte del pacto de legislatura entre PSOE e IU y el Pleno del Parlamento acordó su creación por unanimidad en junio de 2012.

Sin embargo, tras más de cinco meses de trabajo, el Pleno del Parlamento andaluz no logró consensuar un dictamen final ante las diferencias irreconciliables entre los partidos entonces presentes en la Cámara (PSOE, PP e IU). El documento situaba la “responsabilidad política directa” del caso de los ERE en el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, que es lo que planteó desde un principio el grupo socialista. Sin embargo, PP e IU no estaban de acuerdo y calificaron como fracaso los resultados de la comisión.

El Gobierno andaluz mantuvo este martes una reunión con los representantes de los empresarios andaluces y los dos sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, para retomar el diálogo social prácticamente paralizado en el útlimo año y abordar el cambio del sistema productivo en Andalucía. Hacía tiempo que no se encontraban todos juntos y del encuentro en San Telmo los agentes sociales salieron reclamando al nuevo gobierno de Susana Díaz entrar de inmediato en acción para asentar la recuperación económica, incentivar el empleo y disminuir las desigualdades.

“Este Gobierno no tiene los 100 días de gracia porque ya se desperdiciaron 80 para lograr la investidura. Es el momento de ponerse manos a la obra, actuar con decisión y voluntad”, señaló el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara.

González de Lara coincidió con los secretarios generales de CCOO y UGT, Francisco Carbonero y Carmen Castilla, en reclamar cuanto antes las políticas activas de empleo y apostaron por propiciar iniciativas que favorezcan la reindustrialización. Los agentes sociales coincidieron también en exigir a todos los actores políticos la estabilidad suficiente para atraer inversiones en la región.

El presidente de la CEA descartó preocupación en el empresariado por la llegada de nuevas formaciones políticas al escenario político andaluz y negó que se estén retirando inversiones. “Lo que sí le preocupa al empresario es la falta de estabilidad política”, añadió.

Francisco Carbonero, de CCOO, avanzó que la siempre defendida paz social ya no pasa por los acuerdos de concertación del pasado, tan elogiados por unos como denostados por otros. “Lo práctico ahora no son los acuerdos con mucho nombre y poco de gobernabilidad. Lo que es necesario son medidas concretas y fáciles de poner en marcha”. A su lado, Carmen Castilla asentía reclamando al gobierno “actuar ya para solventar los dos grandes problemas de Andalucía, el desempleo y la desigualdad”.

El objetivo, que la industria ocupe el 22% del PIB

Mayor crecimiento, y empleo de calidad, añaden, significa propiciar la reindustrialización de Andalucía. Sólo así se complementarían las principales actividades económicas de la región (turismo, agricultura y construcción) que están marcadas por la estacionalidad en el empleo. El consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, afirmó que “no se puede tener todos los huevos en la misma cesta” y recordó que el objetivo de la Agenda de Empleo 2014-2020 es que la industria pase a aportar en seis años el 22% del PIB andaluz, frente al 13% que ocupa ahora.

La aeronáutica, las energías renovables, el sector de las TIC, la minería y la inversión en I+D+i serán los sectores a través de los que conseguir recuperar reindustrializar Andalucía. “Nos referimos a industria en un sentido más amplio, tecnológico, no a la industria pesada tradicional”, matizó el consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, que avanzó que el dialogo social del Gobierno andaluz se extenderá a otros actores y se intensificará en las próximas semanas. “No ponemos un formato cerrado y habrá diálogo en todas las direcciones”, ha destacado.

Optimista, Sánchez Maldonado ha señalado que en 2015 Andalucía se situará “muy cerca” de la media del crecimiento en España y que en años posteriores será superior a la media del país. Para ello abogó por hacer de Andalucía una tierra “agradable” para los inversores extranjeros. El Gobierno prepara medidas para hacer más atractiva la contratación, eliminar las trabas administrativas y burocráticas y mejorar la financiación de las empresas a través de “grandes convenios con bancos”.

Rango de ley. Eso es lo que quiere dar el Gobierno Andaluz a las prestaciones de salud. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó este martes comenzar a tramitar la Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público, con el que el ejecutivo autonómico refuerza la protección, con rango de ley, de la prestación de los servicios sanitarios públicos bajo los principios de “universalidad, equidad, solidaridad social e igualdad”, según recoge el texto. La nueva norma, que podría estar aprobada en el primer trimestre de 2016, es a juicio del Gobierno una garantía extra, explican, frente a las tentaciones privatizadoras de los servicios sanitarios.

El anteproyecto de ley fija para la cartera complementaria autonómica la prohibición del copago. Entre estos servicios exclusivos de la comunidad se encuentra el diagnóstico genético preimplantatorio, la prueba del talón para determinadas enfermedades, la atención bucodental, algunos de las prestaciones en reproducción asistida, ginecología o la gratuidad de los medicamentos para los menores de un año.

La mayoría de las prestaciones sanitarias, sin embargo, se acogen a la cartera de servicios comunes, dependiente del Sistema Nacional de Salud, y sobre la que ya se aplica el copago. En estos casos en los que Andalucía no tiene competencia, la Junta se compromete en su nueva ley a mantener “las medidas necesarias para minimizar el impacto en la ciudadanía” aunque aún no se especifican. Ponen como ejemplo lo ocurrido con el copago de medicamentos para jubilados. Mientras que en otras regiones los pacientes deben pagan una parte proporcional del fármaco, según su nivel de renta, y después solicitar el rembolso, en Andalucía, a través de la receta electrónica, no se realiza este adelanto del pago.

Sin memoria económica

El nuevo consejero de Salud, Aquilino Alonso, se ha encargado de presentar el anteproyecto de ley que viene sin memoria económica pero en el que se garantiza “la financiación suficiente y con carácter finalista”. Alonso señaló que el objetivo del Gobierno es que a final de legislatura Andalucía dedique a salud el 6,5% de su PIB, un objetivo “razonable y adecuado” cuando ahora dedica el 6,2%. El gasto por PIB en España se sitúa, según los últimos datos publicados por el Ministerio, en el 5,4% (2013).

Recuperar el 6,5 de gasto sanitario según el PIB para Andalucía para los próximos cuatro años permitiría incrementar la inversión en la sanidad pública andaluza, aunque aún quedaría lejos de las cifras previas a la crisis. En 2009 la región destinaba el 7,19% del PIB, según los datos de la Consejería de Salud, la media española era del 7%.

La Junta se compromete también por esta ley a garantizar el acceso a las nuevas tecnologías y tratamientos siempre que haya quedado suficientemente demostrada su eficacia. “No volveremos a vivir situaciones como con la Hepatitis C”, aseguró Alonso. En cuanto al gasto farmacéutico, el Servicio Andaluz de Salud continuará apostando por la prescripción por principio activo, la selección pública de medicamentos o la selección, adquisición y uso de las alternativas terapéuticas equivalentes más eficientes.

Los ingresos por investigación revertirán en el sistema

El Gobierno andaluz, añade el consejero, reafirma su compromiso en la investigación y la innovación, estableciendo además que los ingresos que se obtengan de la investigación se revertirán en el propio sistema. “La investigación genera riqueza, por cada euro invertido revierten 50, no podemos considerarla un gasto sino una contribución al sistema”, dijo el consejero.

La organización sobre recursos humanos y materiales, estrategias de formación, investigación y financiación quedarán fijados en un futuro con el Plan de Gestión del Sistema Sanitario Público de Andalucía. La Consejería de Salud prepara igualmente un Plan Estratégico de Investigación e Innovación y otro sobre Formación Continua y Excelencia para los profesionales.

Aquilino Alonso sintetizó la nueva normativa, una de las iniciativas legislativas que estaba pendiente de la anterior legislatura de gobierno PSOE-IU, como “pionera en España”. Para el consejero, Andalucía garantiza el sistema sanitario público “para evitar futuras tentaciones de desmantelamiento”.

El PSOE-A no considera una prioridad al iniciar la actividad parlamentaria crear una comisión de investigación sobre el caso del posible fraude en los cursos de formación, así lo ha señalado el secretario de organización, Juan Cornejo. Los socialistas no quieren iniciar la legislatura con la presión de una comisión de investigación como tuvieron que hacer en la pasada con el caso ERE. Cornejo ha recordado que la Cámara tiene información actualizada sobre cómo avanza este caso que, hasta ahora, investiga en los juzgados la jueza Alaya. Aunque también podría haber cambios pronto en la titularidad del juez encargado de la investigación.

El Gobierno andaluz, argumenta el PSOE, ha ido dando explicaciones periódicamente al Parlamento sobre el análisis que se está realizando de cada uno de los expedientes a las ayudas a la formación y se compromete a seguir haciéndolo. “El gobierno continuará compareciendo en comisión parlamentaria o como decidan los grupos, tendrán toda la información de todo el proceso de revisión de los expedientes y sobre las novedades en la investigación”, señaló Cornejo.

En frente, tiene a una oposición unida en la necesidad de conocer más sobre este caso. Aunque no está tan unida en cuál es la fórmula para obtener la información. El PP ha registrado la creación de la comisión de investigación y cuenta con el apoyo de Ciudadanos. IU ha registrado también su propia solicitud de comisión de investigación, pero también quiere otra sobre la implicación del Ayuntamiento de Jerez en la trama Gürtel. Mientras, Podemos sigue sin pronunciarse. La secretaria general del PP-A, Dolores López, sostiene que su grupo ha entrado ya en contacto con el resto de formaciones para reunir los apoyos necesarios. A los populares no le bastaría sólo los votos de Ciudadanos e IU para lograr la mayoría y aprobar en pleno la formación de la Comisión y necesita amarrar el voto positivo de Podemos.

En el PSOE entienden, en cualquier caso, que no debería ser en el primer pleno ordinario, previsto para el 1 de julio, cuando debería votarse la proposición del PP e intenta posponerlo a las siguientes dos convocatorias de pleno programadas para julio. La decisión la adoptará este miércoles la Junta de Portavoces, al decidir el orden del día del pleno del día 1.

Cornejo afirma que en el pleno previsto para la próxima semana, siguiendo la tradición parlamentaria, deberían nombrarse a los nueve senadores en representación de la cámara autonómica (5 de PSOE, 3 de PP y 1 de Podemos) y ratificar dos decretos ley que quedaron pendientes de la anterior legislatura. Deberán además constituir las 18 comisiones permanentes, 13 de ellas por cada ámbito de las consejerías y otras cinco no legislativas: la del Estatuto del diputado, la de la RTVA, la relativa a la financiación y control de los partidos, la de desarrollo estatutario y la de asuntos europeos. Lo primero en que se deben poner de acuerdo los grupos es en la composición de estas comisiones permanentes y cuántas presidencias le corresponden a cada uno de ellos.

Podemos Andalucía inicia y cierra en esta semana el proceso participativo para la designación del senador que le representará por la comunidad autónoma. El grupo parlamentario andaluz de Podemos elegirá al primer representante que tendrá la formación en las cortes y lo seleccionará a través de un proceso de primarias.

Los candidatos tienen hasta el próximo miércoles para lograr el aval de uno de los órganos andaluces de Podemos (uno de sus círculos o consejos ciudadanos) y firmar el código ético. Durante los próximos días tendrán a su disposición las plataformas de la formación política para dar a conocer sus motivaciones e intenciones para ser senador. El fin de semana, los inscritos en Podemos tomarán la decisión en una votaciones telemáticas.

El proceso es sencillo, relata la parlamentaria Begoña Gutiérrez, pero significativo porque por primera vez un partido político da la voz directamente a los ciudadanos para elegir sus representantes autonómicos en el Senado. En principio, ninguno de sus 15 parlamentarios tienen previsto participar en el proceso de primarias.

El secretario Político de Podemos Andalucía, David Benavides, ha subrayado que con este proceso “Podemos da un paso histórico en el sentido de democratizar las instituciones”.

“Veníamos a democratizar las instituciones y abrirlas a la ciudadanía y va a ser la primera vez en la historia que un senador andaluz designado por el Parlamento va a ser elegido por primarias, abiertas y ciudadanas, en las que podrán participar todos los andaluces”, ha explicado.

El Parlamento andaluz designará en su primer Pleno ordinario, previsto para la próxima semana, a los nueve senadores que le corresponden a la comunidad autónoma. De ellos, tras los resultados en las elecciones autonómicas, cinco le corresponden al PSOE, tres al PP y uno a Podemos. Ninguna de las formaciones ha anunciado aún sus candidatos.

Tal y como estaba previsto, el primer Consejo de Gobierno del nuevo Ejecutivo de Susana Díaz ha comenzado a tramitar el anteproyecto de Ley de retracto en desahucios de viviendas. Esta nueva ley, que podría entrar en vigor a principios de año si se acelera su tramitación parlamentaria, permitirá a la Junta ejercer el derecho de retracto en los procesos de ejecución hipotecaria llevados a cabo en viviendas libres por parte de entidades financieras. El Gobierno andaluz se haría así propietario de las viviendas desahuciadas para luego destinarlas al alquiler social.

La Junta de Andalucía da así una nueva respuesta legal al problema de los desahucios después de que el Tribunal Constitucional fallara que el Gobierno autonómico no tiene competencias para expropiar temporalmente a la banca viviendas desahuciadas, como prevé la Ley de Función Social de la Vivienda aprobada la pasada legislatura.

El vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios, consideró que con esta medida se busca “facilitar la permanencia de las familias afectadas en la vivienda, incrementar el parque público residencial de la Junta vinculado a las políticas sociales y asegurar una oferta suficiente de viviendas en manos de la administración dirigidas a personas con especiales dificultades y vulnerabilidad”. Jiménez Barrios recordó que se trata de un anteproyecto de ley que deberá mejorar y terminar de configurarse con el diálogo con los agentes implicados y la tramitación parlamentaria.

Tampoco hay fijada una primera partida presupuestaria para empezar a ejecutar la medida una vez aprobada la ley. El vicepresidente y consejero de Presidencia estimó que rondaría entre los 8 y los 10 millones de euros, tomando como referencia la inversión que dedicó la Generalitat de Cataluña al aprobar una medida muy similar para la compra de unas 1.500 viviendas.

En principio, lo que pretende el Gobierno autonómico es “trabajar desde las leyes para proteger a las familias que se enfrentan a un desahucio”. La administración adquirirá a la banca las viviendas sobre las que ejecuta desahucios. Lo hará ejerciendo en los juzgados el derecho de retracto y siempre por la cantidad estipulada como valor de transmisión por el juez instructor. A cambio, las familias desahuciadas y siempre que cumpla unos requisitos económicos, tendrán la opción preferente para permanecer en la vivienda a cambio de un alquiler social. Eso sí, la Junta sólo asume los costes asociados a la operación de compra. En caso de que la banca no acepte la dación en pago las familias deberán seguir haciendo frente a los gastos que se deriven de la cancelación de las hipotecas.

El Plan Autonómico de Vivienda, que estará concluido y aprobado antes de que acabe el año, aclarará puntos esenciales sobre el alcance de esta medida. De un lado, fijará los criterios socioeconómicos que debe cumplir las personas afectadas por un desahucio para activar la intervención de la administración. De otro, fijará las zonas geográficas sobre las que la Junta aplicará el derecho de retracto y compra de la vivienda. No se trata de una norma general aplicada en todo el territorio, sólo se ejecutará en zonas delimitadas por criterios como la demanda de vivienda en el territorio, las características de los inmuebles o la incidencia histórica de los desahucios.

Jiménez Barrios reconoce que con esta medida el Gobierno se ha enfrentado a una dicotomía. Al comprar viviendas desahuciadas se está beneficiando a las familias para que no se queden si hogar pero, al mismo tiempo, se le resuelve a la banca el problema de no generar una bolsa inmobiliaria vacía y de difícil salida en el mercado. “Si hay que poner ambas cuestiones en la balanza, siempre nos decantamos por ayudar a la gente”. “Realizamos medidas ancladas en la realidad social, desde la legalidad y desde la vanguardia política”, sintetizó el consejero frente “a los golpes de efecto y los aplausos fáciles”.

Según los datos registrados por el Consejo General del Poder Judicial, en el primer trimestre de este año se alcanzaron 2.857 desahucios de inmuebles, lo que supone un repunte del 8,5% respecto al mismo periodo de 2014.

La diputada de IU y exconsejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía en la anterior legislatura, Elena Cortés, ha criticado esta iniciativa que “tiene el sello del poder financiero y el beneplácito y visto bueno de la banca”, al tiempo que ha asegurado que la “aumentará el número de desahucios”.

La secretaria general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, ha restado importancia a las medidas antidesahucios aprobadas. A su juicio son “propuestas con títulos grandilocuentes y que a la hora de cumplirse no provocan ningún efecto”.

Tribunal de Arbitraje

El Consejo de Gobierno de este viernes ha recuperado también el Proyecto de Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias en la Constratación de Préstamos y Créditos Hipotecarios sobre Viviendas. Se trata de una de las medidas legislativas muy avanzadas en la pasada legislatura pero que cayó tras el adelanto electoral.

Ahora el nuevo Gobierno le introduce una serie de novedades para facilitar soluciones extrajudiciales a los desahucios. Para ello propone la creación de un Tribunal Arbitral Andaluz para Ejecuciones Hipotecarias y Desahucios. La propia Junta de Andalucía, representantes de organizaciones de consumidos y del sector financiero conformarán este tribunal en el que se procurará encontrar soluciones consensuadas antes de recurrir a la justicia para ejecutar desahucios.

La incorporación a este sistema de arbitraje es voluntaria para la banca, aunque a Jiménez Barrios no le cabe la menor duda de que se logará la incorporación a este tribunal arbitral de la mayoría de las entidades financieras. El vicepresidente recordó que la Junta trabaja ya en la conformación de un gran acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial, con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), con ayuntamientos y diputaciones, para facilitar la coordinación de los servicios sociales y de vivienda con la administración de justicia para detección de supuestos de vulnerabilidad y evitar desahucios si las familias afectadas no tienen alternativa habitacional.

Dentro de la batería de medidas previstas en el campo de la vivienda, el Gobierno ha reformado el régimen sancionador en la Ley de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo. Las medidas adoptadas, dice, refuerza la protección de los adjudicatarios de los inmuebles mediante la ampliación de los supuestos sancionadores.

La reunión del Consejo de Gobierno de este viernes ha servido también para rechazar las dos primeras propuestas de ley surgidas desde el Parlamento en esta legislatura. Tanto la proposición de ley sobre Cuentas Abiertas presentada por Podemos y como la de reforma de la de Cámara Cuentas promovida por IU han sido rechazadas. Queda ahora en manos de la Junta de Portavoces del Parlamento la continuidad de estas iniciativas.

Los 13 nuevos consejeros y consejeras del Gobierno andaluz han tomado posesión esta mañana de su cargo con el primer encargo de la presidenta: salir a la calle, ser el reflejo de la sociedad y propiciar el diálogo “en todos los ámbitos”. La presidenta apeló a su gobierno a pasar cuanto antes a la acción porque “los hechos van a ser las varas de medir con las que nos van a juzgar los ciudadanos a partir de este momento”.

Para el nuevo ejecutivo Susana Díaz pidió “coraje y determinación”. Situó como prioritario dar un gran salto en la creación de empleo, reduciendo drásticamente las cifras del paro y generando empleo de calidad. Apostó por reformar el sistema productivo andaluz para hacerlo más innovador, abierto y competitivo.

En el Salón de los Espejos del Palacio de San Telmo, ante 350 invitados, uno por uno los consejeros han ido prometiendo su cargo, salvo José Fiscal, de Medio Ambiente, que optó por el juramento. Lo hicieron ante representantes de los sindicatos y de empresarios, miembros del PSOE, su personal de confianza y familiares y amigos. Como representantes de la oposición acudió Juan Ignacio Moreno Yagüe de Podemos, Julio Jesús Díaz Robledo de Ciudadanos y Antonio Maíllo por IU. Solo una ausencia reseñable. Nadie se vio por allí del PP andaluz. Tampoco asistió el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz.

A Manuel Jiménez Barrios le tocó pasar dos veces, una como vicepresidente y otra como consejero de Presidencia; Antonio Ramírez de Arellano lucía en la solapa la insignia de la Universidad de Sevilla, de la que hasta ayer era rector, y José Sánchez Maldonado titubeó a la hora de nombrar a su nuevo departamento, Empleo, Empresa y Comercio. Fuerte abrazo entre la presidenta y la nueva consejera de Educación, Adelaida de la Calle que deja el rectorado con la Universidad de Málaga, y muestra también de cercanía con la veterana Rosa Aguilar, de regreso a la política autonómica desde la Consejería de Cultura.

Rigor, austeridad y calidad de los servicios públicos son, a juicio de Díaz, las señas de identidad que deben marcar la acción de su gobierno. Por ello abogó por mejorar la calidad de la educación pública, apuntalar la sanidad pública apostando por un servicio de calidad e innovador en materia de biomedicina o mejorar los servicios sociales, como la dependencia y la atención a las situaciones de emergencia social. “Es imprescindible que se demuestre una vez más que es sostenible el sistema público al mismo tiempo que cumplimos con la estabilidad presupuestaria”, ha señalado.

Ya en los corrillos tras la toma de posesión tomaron la palabra los nuevos consejeros. “No hay ni un minuto que perder para dar soluciones a los andaluces”, dijo un ilusionado Manuel Jiménez Barrios. María Jesús Montero, que continúa en Hacienda, dice trabajar ya en “con mucha ilusión y muchas ganas” en elaborar los nuevos presupuestos que “tiendan a la excelencia”.

Rosa Aguilar, ahora en Cultura, dice que trabajará por el desarrollo de una política cultural en la que todos los andaluces “puedan reconocerse y se puedan encontrar”. Y Javier Fernández, en Turismo, señaló que los retos son la generación de empleo de calidad y la modernización en una de las principales industrias de Andalucía. Este viernes mantiene ya una reunión con los agentes económicos.

Aquilino Alonso, en Salud, destaca como fundamental buscar la “complicidad” con los profesionales, asociaciones de pacientes y el resto de sectores que trabajan en salud, y “trabajar por mantener el sistema sanitario en los niveles de cuota de calidad que tiene”. José Fiscal llega a la consejería de Medio Ambiente “con toda la ilusión del mundo” y con el propósito de relanzar la economía verde en la comunidad.

Adelaida de la Calle llega ya marcando distancias con la reforma educativa del ministro Wert. Una de las primera cuestiones a las que hará frente será la aplicación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE) para ver cómo “dentro de legalidad, Andalucía puede tener su propia personalidad”. El nuevo consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, confirmó que una de sus principales preocupaciones es aportar medidas para frenar los desahucios, además de confiar en que la mejora económica permita recuperar inversiones en infraestructuras. La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, María del Carmen Ortiz Rivas, garantizó el diálogo con todos los agentes y defiende la innovación “para ganar cuotas de mercado y de calidad de nuestros productos”.

El nuevo consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, reconoce en este gobierno una “apuesta valiente” para “encontrar una salida sostenible a esta situación económica y para el futuro de Andalucía”. José Sánchez Maldonado, al frente de Empleo, se mostró convencido de que Andalucía conseguirá mitigar las cifras de paro. Este reconoce que se sitúa al frente de una cartera que “da vértigo porque es un problema social que tenemos y que afecta los ciudadanos. Ellos serán el eje central de las políticas”.

“Ampliaremos el desarrollo de la ley de dependencia, que hemos mantenido a pesar de los obstáculos que el Gobierno de España ha puesto, sobre todo a nivel presupuestario”, dijo María José Sánchez Rubio como una de las medidas más importantes a desarrollar desde la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Continuidad en Justicia, donde Emilio de Llera ha apuntado la necesidad de conseguir “una reordenación de los recursos humanos implantando progresivamente la oficina judicial y fiscal”.

Tras la foto oficial, llegó el tiempo de los besos y los abrazos, de desear los mejores augurios a los recién llegados y buen porvenir a los que dejan el Ejecutivo: Luciano Alonso, Elena Viboras y María Jesús Serrano.

Manuel Jiménez Barrios

Manuel Jiménez BarriosEl gaditano Manuel Jiménez Barrios se consolida como el hombre fuerte en el nuevo Gobierno de Susana Díaz. Se confirma además como vicepresidente en un momento clave en el que debe levantar el discurso político del Gobierno y su capacidad de diálogo frente a un Parlamento más plural. La presidenta está además a punto de dar a luz, por lo que asumirá la Presidencia andaluza durante el previsible periodo de baja maternal.

Nacido en Bornos (Cádiz, 1957) y diplomado en Relaciones Laborales por la Universidad de Cádiz, Jiménez Barrios entró en el primer Ejecutivo que configuró Susana Díaz en 2013 como consejero de Presidencia. No hay administración andaluza por la que no haya pasado y no hay ninguna de la que no conozca sus entresijos. Como parlamentario ha sido portavoz adjunto del Grupo Socialista y portavoz en la Comisión de Administración Local y Relaciones Institucionales. En la administración autonómica desempeñó anteriormente los puestos de secretario general para el Deporte de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (2004-2011) y delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz (2011-2012). Ha sido alcalde de Chiclana de la Frontera (1994-2004), presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (2003-2004) y la de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz. Funcionario de la Diputación de Cádiz, ha sido también vicepresidente segundo del Consejo de Administración de Unicaja (1999-2004).

En sus intervenciones despliega el sentido más amable y afable de la política. Lidió con la coordinación del gobierno de coalición con IU cuando este entraba en sus horas bajas y ahora tiene una parte de responsabilidad importante para imprimir el carácter de “nuevo tiempo” al nuevo ejecutivo.

Antonio Ramírez de Arellano López

Antonio Ramírez de Arellano LópezEl nuevo responsable de la Consejería de Economía y Conocimiento es catedrático en el área de Física de la Materia Condensada y Licenciado en Economía por la Universidad de Sevilla. Es uno de los “independientes” del nuevo gobierno de Díaz y, hasta este miércoles, rector de la Universidad de Sevilla, cargo que ocupaba desde 2012. En su etapa como rector destaca su beligerancia contra la reforma educativa y del sistema universitario propuestas por el gobierno de Mariano Rajoy.

En su haber figuran más de 30 proyectos como investigador, autor de cuatro patentes y más de 150 publicaciones. Como profesor universitario ha efectuado estancias en universidades y centros de investigación norteamericanos y como investigador ha participado en tareas con transferencias de resultados al tejido productivo.

En la Universidad Hispalense ha desempeñado, entre otros cargos, los de vicerrector de Infraestructuras (2008-2012); vicerrector de Posgrado y Doctorado (2006-2008); director del Centro de Investigación, Tecnología e Innovación, CITIUS (2004-2006), y coordinador del Vicerrectorado de Investigación. Ramírez de Arellano López es también miembro de la Comisión Permanente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas y presidente de la Fundación Andalucía Tech, órgano de gobierno del Campus de Excelencia Internacional del conjunto de las universidades.

Destaca en su perfil su experiencia en la transferencia de resultados de la investigación universitaria al ámbito empresarial y la incubación de empresas de base tecnológica. Fue el primer director del CITIUS, el Centro de Investigación, Tecnología e Innovación de la Universidad de Sevilla desde donde entró en contacto con las principales empresas andaluzas. Bajo su responsabilidad quedan ahora las diez universidades públicas andaluzas, que la presidenta quiere que se afirmen como motor de cambio del sistema productivo andaluz.

María Jesús Montero Cuadrado (@mjmonteroc)

María Jesús Montero Cuadrado (@mjmonteroc)@mjmonteroc

De nuevo consejera de Hacienda y Administración Pública. Médico de profesión (Sevilla, 1966), repite cartera y previsiblemente idénticas competencias, a expensas del decreto de estructuras, y se convierte en la más veterana del nuevo gabinete: lleva once años consecutivos como consejera, primero en Salud (2004-2012) y en Hacienda desde 2013.

Su saber hacer en este complicado y desagradecido departamento tenía difícil sustitución y su experiencia en la Administración parecía que cualquier otro nombre que se pusiera sobre la mesa no estaría a la altura de lo que le pudiera exigir la presidenta. Montero aúna el perfil político y técnico, así como veteranía.

En su haber estos dos años al frente de las cuentas andaluzas está que Andalucía ha cerrado los dos últimos ejercicios cumpliendo con el tope de déficit fijado por el Gobierno de Rajoy para las comunidades autónomas. Su Consejería, hace sólo unos meses, consiguió colocar el mayor paquete de venta de inmuebles que hasta ahora han sacado al mercado las comunidades autónomas, adjudicando 70 inmuebles por 300 millones de euros a una gestora de fondos.

Adelaida de la Calle Martín (@AdelaidaUMA)

Adelaida de la Calle Martín (@AdelaidaUMA)@AdelaidaUMA

La rectora de la Universidad de Málaga es otra de las independientes que se suma al Gobierno andaluz. Aunque nunca ha ocultado su cercanía al PSOE, esta malagueña de adopción es una de las figuras más reconocidas y respetadas de la capital de la Costa del Sol.

De la Calle es licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense y doctora en la misma materia por la Universidad de La Laguna (Tenerife), su actividad profesional ha estado siempre ligada al ámbito académico. Entre otros, ha desempeñado los cargos de presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (2011-2013), de la Fundación General de la Universidad de Málaga (desde el año 2004) y de la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas (1994-2003). Además, ha sido vicepresidenta de Universia España (2009-2011), miembro del EIB Institute’s Supervisory Board (desde 2013) e integrante del Consejo Asesor de la Fundación Mujeres por África (desde 2008).

Tras publicarse su nombramiento como consejera decía sentirse “feliz y agradecida” con que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, haya querido contar con ella. Afronta la nueva etapa con “mucha ilusión, ganas de trabajar, de hacer un buen proyecto y devolver a Andalucía algo de lo mucho que ha hecho por mí, porque aquí he desarrollado mi vida personal y profesional”. De la Calle se incorpora al Gobierno en un momento clave, cuando hay que preparar el nuevo curso en el que Andalucía, dentro de sus competencias, se enfrenta a la aplicación definitiva de la LOMCE, la reforma educativa de Mariano Rajoy. A ella se le encarga impulsar un pacto por la educación en Andalucía y reforzar la educación infantil (de 0 a 3 años) con la creación de 12.000 nuevas plazas.

Aquilino Alonso Miranda

Aquilino Alonso MirandaForma parte de las nuevas caras del Gobierno pero es viejo conocido en la administración andaluza. Desde 2013 era viceconsejero de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, anteriormente se encargó de dirigir los distritos Metropolitano de Granada (2003-2012) y Loja (1988-2003). Además ha compatibilizado estos cargos con el de profesor en la Escuela Andaluza de Salud Pública.

Este asturiano (Santa Cruz de Mieres, Asturias, 1960) tiene una amplia experiencia en la gestión sanitaria. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo, máster en Salud Pública y Administración Sanitaria por la Universidad de La Habana (Cuba) y máster en Prevención de Riesgos Laborales por la de Granada.

María José Sánchez Rubio (@mjsanchezrubio)

María José Sánchez Rubio (@mjsanchezrubio)@mjsanchezrubio(Casarabonela –Málaga-, 1954), consejera de Igualdad y Políticas Sociales. “Muy ilusionada y comprometida”, sostendrá de nuevo la cartera de los servicios sociales aunque llevará menos peso, ya que las competencias de Salud, nada menos, se las queda su hasta ahora viceconsejero, Aquilino Alonso.

“Cada uno debe colaborar desde donde esté y a mí me ha tocado estar en esta responsabilidad”, aseguraba tras el Comité Director del PSOE-A. Esta licenciada en Psicología y diplomada en Trabajo Social y Gerontología seguirá siendo el azote del Gobierno central a la hora de defender la apuesta social de la Junta frente a los “recortes” procedentes de Madrid. En ese sentido, la ley de dependencia volverá a ser una de las principales bazas de la consejera andaluza.

José Sánchez Maldonado

José Sánchez MaldonadoEl malagueño José Sánchez Maldonado toma optimismo y responsabilidad su nueva responsabilidad al frente de la consejería de Empleo, Empresa y Comercio. “El empleo es uno de los problemas básicos de esta comunidad y tiene la enjundia para tener una consejería propia. Es un reto que vamos a sacar adelante entre un equipo magnífico y la gente va a terminar contenta con la acción de este consejero”, decía tras su nombramiento.

Nacido en Málaga en 1952, es doctor en Economía y catedrático de Hacienda Pública y director del Departamento de Hacienda Pública de la Universidad de Málaga, y desde 2013 ha formado parte del Gobierno andaluz. Sánchez Maldonado ha sido presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga (2012-2013) y miembro del Consejo Económico y Social de Andalucía, como experto designado por el Gobierno andaluz.

En sus dos años como consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo su labor por impulsar la reactivación económica de Andalucía se ha visto ensombrecida por los escándalos de corrupción heredados en su departamento: el caso de los ERE. Ahora deberá lidiar con la investigación judicial en torno al fraude en torno a los cursos de formación. Se despide del área de Economía, además, con la judicialización de un nuevo caso en el que él ya sí era responsable del departamento, la adjudicación de la explotación de la mina de Aznalcóllar, que actualmente se investiga judicialmente.

Felipe López García (@f_lopezgarcia)

Felipe López García (@f_lopezgarcia) @f_lopezgarcia

(Alcalá la Real -Jaén-, 1954), consejero de Fomento y Vivienda. De profesión, maestro y psicólogo (ejerció entre 1977 y 1987), su primer cargo institucional lo obtuvo en 1979 como concejal en su pueblo natal, municipio del que fue alcalde entre 1987 y 1993, informa Concha Araújo. Ese año fue elegido diputado por Jaén, cargo que abandonó en 1995, cuando fue nombrado presidente de la Diputación de Jaén. En este cargo estuvo hasta abril de 2010. Ese año conectó por primera vez con la administración autonómica ya que, hasta ser elegido senador en noviembre de 2011, ejerció como delegado del gobierno andaluz en Jaén.

Su nombre se barajó en varias ocasiones como parte de los gobiernos de Chaves y Griñán. Esta vez no había sonado en las quinielas, aunque responde al perfil político de altura que se había apuntado. López ha sido uno de los hombres fuertes del PSOE de Jaén desde mediado de los 90 y ha mantenido el pulso a los gobiernos del Partido Popular, desde la Diputación, con temas emblemáticos para la ciudad como la pugna por la cesión de la antigua prisión provincial para construir el Museo Internacional de Arte Ibero, una de las actuaciones pendientes de finalizar el Jaén.

De su etapa como delegado son dos propuestas significativas para la provincia, el Plan Activa Jaén -que comprometió una fuerte inversión del gobierno de España en la provincia- y el I Plan Estratégico Provincial, que buscaba el desarrollo de infraestructuras para propiciar el impulso económico. Hecho al debate político, cabe esperar que repita su confrontación con el recién reelegido alcalde de la capital, el popular José Enrique Fernández de Moya, que tiene en el tranvía (competencia de la consejería a la que llega López) uno de los instrumentos de oposición política a la Junta más recurrentes.

López es, actualmente, portavoz de presupuestos del grupo socialista en el Senado. Entre sus caballos de batalla habituales ha estado la reivindicación del eje central del corredor Mediterráneo, exigiendo que se potenciara la línea Algeciras-Jaén-Madrid. El PP ya ha expresado su opinión. Critican que Jaén pierda la consejería de Agricultura, ejercida hasta ahora por la también alcalaína Elena Víboras, y ha exigido a López un impulso a proyectos como la Autovía del Olivar o el puerto seco de Linares.

Francisco Javier Fernández Hernández (@JaviFernandezHd)

Francisco Javier Fernández Hernández (@JaviFernandezHd)@JaviFernandezHd

Sevillano, de Utrera, nacido en 1969. Es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla, en la especialidad de Análisis Geográfico Regional, y además es experto en Alta Dirección de Instituciones Sociales por el Instituto Internacional San Telmo. Javier Fernández, ahora parlamentario andaluz y delegado del Gobierno andaluz en Sevilla durante la pasada legislatura, se hace ahora cargo de la Consejería de Turismo y Deporte.

Hombre cercano a Susana Díaz, su perfil político y profesional va mucho más allá de la amistad labrada desde la juventud con la presidenta. Dicen de él que es un hombre de partido, con mano izquierda en la negociación, de los hacedores en la sombra al que le gusta buscar soluciones. Fue director de las áreas de Educación y Universidades (2003-2007) y Juventud y Empleo (1999-2003) del Ayuntamiento de Sevilla. Se incorporó a la administración autonómica en el año 2010 en la delegación de Medio Ambiente, donde, entre otras cuestiones, terminó de desencallar las obras para las conducciones del pantano de Melonares hasta el sistema de abastecimiento en la capital. En el año 2012 se hizo cargo de la delegación en Sevilla del Gobierno de la Junta.

Amante de los toros, de la música más desgarrada de Bambino y de la lectura de ensayos políticos, Javier Fernández se hace ahora cargo de una cartera reservada tradicionalmente a la provincia de Málaga. No son pocos los deberes encomendados por la presidenta. A lo largo de la legislatura debe sacar adelante una Alianza Andaluza por el Turismo, el nuevo Plan General de Turismo Sostenible, Planes contra la Estacionalidad Turística y un Plan Renove de recualificación de la planta hotelera.

Rosa Aguilar Rivero

Rosa Aguilar Rivero(Córdoba, 1957), consejera de Cultura. Una de las sorpresas en la composición del Ejecutivo andaluz. No por nueva, ya que regresa a la Junta de Andalucía. Hace cuatro años y medio, el que fuera el fichaje estrella de Griñán en 2009 como consejera de Obras Públicas y Vivienda, acudió a la llamada de Zapatero para ser, desde octubre de 2010, ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Diez años antes de la primera llamada de la Junta, en 1999, se convirtió en la primera mujer alcaldesa del Ayuntamiento de Córdoba, cargo al que concurrió en las listas de IU.

De carácter fuerte asume la cartera de la consejería recuperada por Susana Díaz, tal y como prometió en la campaña electoral de las andaluzas, acumula competencias de lo más varado desde que se unió a la gestión socialista (obras públicas, vivienda, medio ambientem agricultura, ahora cultura). La que fuera sustituta de Julio Anguita en su escaño del parlamento andaluz, entre 1989 y 1992, tendrá que afrontar, entre otras muchas cuestiones, la posición de la administración andaluza respecto a uno de los patrimonios culturales más valorados de Andalucía, la Mezquita de su ciudad natal.

Con escasa vinculación al mundo de la cultura en Andalucía, se hace ahora cargo de la recuperada Consejería. Desde este departamento tiene el encargo de elaborar la Ley del Mecenazgo, que incorporará deducciones, bonificaciones y gravámenes reducidos en impuestos y tasas para actividades relacionadas con la cultura. Otro de los grandes proyectos pendientes es la Ley del Cine, la del sector audiovisual y la de las Artes Escénicas.

Emilio de Llera Suárez-Bárcena

Emilio de Llera Suárez-Bárcena Badajoz, 1951. Otra vez consejero de Justicia e Interior. Arrancará su segunda legislatura con idéntica cartera, tras recibir en mayo de 2012 la confianza de José Antonio Griñán y mantenerse con Susana Díaz en la remodelación de septiembre de 2013. Fiscal en excedencia, no ha tenido grandes sobresaltos durante los últimos tres años más allá de los que, con cierta deformación profesional, le ha dado la jueza Alaya, si bien ha moderado, aconsejado, sus comentarios respecto a sus decisiones.

En este último ha resuelto uno de las piedras que llevaba arrastrando desde que entró en la Consejería, como ha sido la reanudación del servicio de asistencia jurídica en los centros penitenciarios andaluces. Uno de sus retos está en la reestructuración de las oficinas judiciales, para que los jueces se dediquen a impartir justicia y descargarles de otras tareas administrativas.

Mientras, volverá a insistir en sus visitas a Madrid en la recuperación del dinero recaudado por las tasas judiciales y es de esperar que siga tratando de mejorar el acceso a un servicio público como la Justicia que no es de los mejores valorados por la ciudadanía en general.

María del Carmen Ortiz Rivas

María del Carmen Ortiz Rivas Nació en Fiñana (Almería) en 1957, Consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Nombramiento que podría considerarse estratégico por un triple sentido. Con ella se cumple de nuevo con la cuota de tener al menos un consejero por provincia y hará que Almería vuelva a contar con representación en el Consejo de Gobierno. Además, accede desde la presidencia del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (Ifapa), organismo adscrito a la Consejería que ahora va a dirigir, así que puede considerarse una persona que conoce la casa. En esa línea, el nombramiento de esta licenciada en Psicología, funcionaria de carrera de la Diputación de Almería desde 1985, ha sido del agrado de las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, que valoran el conocimiento y la experiencia en el sector agrario de la nueva consejera.

Ortiz Rivas tiene una larga trayectoria parlamentaria que le ha llevado a ocupar escaños en el Parlamento de Andalucía, el Congreso de los Diputados y el Parlamento Europeo, y también ha sido concejal en el Ayuntamiento de Almería, según destaca la Junta. La nueva consejera ocupará el lugar de la jiennense Elena Víboras, que ha peleado en Europa la Polìtica Agraria Común y ha lidiado con el veto ruso, entre otras cuestiones, a las que se deberá enfrentar en una materia tan importante para una comunidad como Andalucía.

José Fiscal López (@Josefislop)

José Fiscal López (@Josefislop)@Josefislop

Recupera para la provincia de Huelva la Consejería de Medio Ambiente. Onubense, nacido en 1968, es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. José Fiscal regresa a una consejería que conoce bien. Fue el jefe de Gabinete de Cinta Castillo y en la etapa de José Juan Díaz Trillo ocupó la dirección general de Cambio Climático y Medio Ambiente Urbano (2010-2012). Hasta ahora era el delegado del Gobierno de la Junta en Huelva.

Le gusta las rutas de senderismo los fines de semana por la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. 'Runner' por las calles de su ciudad, ha participado en las maratones de Madrid o Londres. Natural de Valverde del Camino, es un apasionado del Recreativo de Huelva y el Real Madrid, y de su padre heredó, entre otras cosas, la de seguir a la Olímpica Valverdeña, el equipo de su pueblo.

En su curriculum está, antes de entrar en política, haber formado parte de la redacción de La Voz de Huelva, que se editó en la capital onubense entre 1995 y 2000, así como haber dirigido el gabinete de comunicación del Ayuntamiento de Lepe, informa Fermín Cabanillas.

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha presentado en la tarde del miércoles al Comité Director del PSOE-A las caras de su nuevo gobierno. Satisfacción entre los suyos por un ejecutivo en el que se equilibra continuidad (repiten cinco consejeros) y renovación (ocho caras nuevas); un gobierno con hombres de peso dentro del partido pero que incorpora como independientes a los rectores de las universidades de Sevilla y Málaga; además de contar con la presencia de consejeros de todas las provincias (Díaz ha reconocido como un error no contar con Almería en el ejecutivo anterior).

“Un gobierno potente que demuestra que se puede ser político y técnico, con capacidad de innovar, con experiencia, juventud y talento”, sintetizó la presidenta.

En el nuevo Ejecutivo andaluz, que tomará posesión este jueves a las 12.00 y celebrará su primer Consejo de Gobierno al día siguiente, viernes, destaca la vuelta de la que fuera exministra de Medio Ambiente y exconsejera de Obras Públicas y Vivienda con José Antonio Griñán, Rosa Aguilar, que asume la cartera de Cultura, la consejería que prometió recuperar Susana Díaz durante la campaña electoral. Su nombramiento coincidía esta tarde con la Comisión de Justicia en el Congreso, de la que era portavoz y de la que salía entre aplausos. Poco se ha detenido la presidenta en su discurso en Rosa Aguilar, la ex alcaldesa de Córdoba con IU a la que José Antonio Griñán atrajo a las filas socialistas.

Tres son las áreas prioritarias del nuevo Ejecutivo: Economía, Educación y Salud. Al hasta ahora rector de la Universidad de Sevilla, Antonio Ramírez de Arellano, le encomienda Díaz pivotar uno de los principales objetivos de la nueva legislatura “asentar un nuevo modelo productivo en Andalucía, porque tenemos potencia y capacidad pare crecer más y mejor”. Ramírez de Arellano se hará cargo de la consejería de Economía y Conocimiento, desde la que tendrá también la competencia en las Universidades.

Otra independiente y también rectora, Adeliada de la Calle, se hace cargo de Educación, otro de los pilares del nuevo gobierno. “Adelaida de la Calle es una mujer referente en España en la defensa de la educación pública porque tiene claro que en la educación pública está la defensa del futuro de Andalucía”, dijo la presidenta. De la Calle, rectora de la Universidad de Málaga, fue entre 2011 y 2013 la primera mujer al frente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE). En noviembre del pasado año fue la encargada de firmar el oficio para la apertura de un expediente informativo al objeto de aclarar si el secretario de Política de Podemos, Íñigo Errejón, incumplió sus obligaciones laborales en un proyecto de investigación para el que estaba contratado. Siempre ha estado entre las candidatas, incluso para las municipales, para dar el salto a la política.

Díaz agradeció la incorporación de los rectores al gobierno y lo tradujo en un gesto para “hacer del PSOE el partido de la gente, el partido que afronta la recuperación de otra manera”.

El tercer eje sobre el que rotará la acción del gobierno es la Consejería de Salud, “que tendrá junto a Educación el respaldo presupuestario para recuperar los servicios y la calidad”, se comprometió la presidenta. Díaz ha desgajado en dos la anterior Consejería de Igualdad, Salud y Servicios Sociales. La parte sanitaria sale reforzada con departamento propio del que se encarga Aquilino Alonso Miranda, hasta ahora viceconsejero. Mientras, María José Sánchez Rubio se mantiene dirigiendo la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales;

La predidenta mantiene como consejeros a dos de los pilares de su anterior ejecutivo. En la coordinación política del gobierno continúa con Manuel Jiménez Barrios como vicepresidente y consejero de Presidencia. El apartado de las cuentas públicas sigue bajo la responsabilidad de María Jesús Montero como titular de Hacienda y Administración Pública.

Díaz recupera también como departamento propio la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, al frente de la cual sitúa a José Sánchez Maldonado, hasta ahora consejero de Economía. Continúa también Emilio de Llera al frente de la Consejería de Justicia e Interior. También sigue como portavoz Miguel Ángel Vázquez, que será nombrado en el primer Consejo de Gobierno. Salen del Gobierno Luciano Alonso, Elena Víboras y María Jesús Serrano.

Las otras cuatro caras nuevas serán los hasta ahora delegados de la Junta en Sevilla y Huelva (Francisco Javier Fernández Hernández, en la Consejería de Turismo y Deporte -el primer consejero socialista de Turismo que no procede de Málaga-, y José Fiscal, en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio). Completan el cuadro la presidenta del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (Ifapa), María del Carmen Ortiz Rivas, en la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural; y Felipe López García, en la Consejería de Fomento y Vivienda, hasta ahora senador por el PSOE y antiguo delegado de la Junta en Jaén.

La composición del nuevo Ejecutivo incluye a representantes de las ocho provincias, cinco de ellos de la provincia de Sevilla (la propia presidenta Susana Díaz y los consejeros Antonio Ramírez de Arellano, María Jesús Montero, Francisco Javier Fernández y Emilio de Llera). Granada y Málaga cuentan con dos representantes cada uno -Aquilino Alonso y María José Sánchez Rubio, y Adelaida de la Calle y José Sánchez Maldonado-. El resto de provincias cuentan con un consejero: María del Carmen Ortiz (Almería), Manuel Jiménez Barrios (Cádiz), Rosa Aguilar (Córdoba), José Fiscal (Huelva) y Felipe López (Jaén).

Arropada y reforzada por su partido, nadie ha tomado el turno de palabra tras la intervención de la presidenta, Susana Díaz afirma que se pone al frente de un Gobierno que trabajará por el diálogo, el acuerdo y el consenso. “Tenemos el compromiso de hacer útil la política”, dijo en un mensaje dirigido tanto a los suyos como a la oposición.

Ya en clave interna, defendió que el PSOE andaluz ha recuperado en España la centralidad política como un partido con vocación mayoritaria que aspira a cambiar la vida de la gente. Frente a los socialistas ha situado a aquellos que creen que el camino “es arrasar con las normas, saltarse la Constitución o cambiar las reglas del juego de la convivencia democrática” o a aquellos otros que utilizan esas normas o la Carta Magna para llevarse por delante los derechos de los ciudadanos.

La secretaria general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, intenta templar las divergencias surgidas entre su formación y los concejales de Participa Sevilla en el Ayuntamiento de la capital. Todo después de que la dirección de Podemos en Sevilla se desvinculara este martes del futuro político de Participa en el Consistorio.

Teresa Rodríguez pidió respeto a las decisiones que adopten en los ayuntamientos las distintas agrupaciones que, de una u otra forma, representan a Podemos. Al mismo tiempo, les requirió diálogo para converger y enriquecerse en una relación directa. “En los ayuntamientos han entrado candidaturas autónomas a las que les respetamos su ámbito de decisión, pero también queremos tener una relación directa con ellas”, dijo la parlamentaria.

Rodríguez defendió que formaciones autónomas como Participa Sevilla sólo deben responder ante la ciudadanía y ante el programa electoral con el que se presentaron. “Otra cosa es que podamos participar en el debate y enriquecernos mutuamente”, añadió.

La secretaria general de Podemos rechazó, además, intervenir en el futuro de estos grupos y cómo termina de configurarse su relación con Podemos. “Será algo que ellos tendrán que decidir y será una postura respetada”.

Participa Sevilla optó también por acercar posturas este miércoles después de las divergencias manifestadas ayer. “Apostamos por una coordinación política con Podemos y un diálogo constructivo”. Para los representantes de esta organización, los desencuentros surgidos hasta ahora en su coordinación con Podemos se deben únicamente a problemas de fechas. “Los obstáculos formales de fechas, plazos y reglamentos deben ser superados por un diálogo que construya una coordinación política e institucional”, manifiestan.

Participa deja sin embargo abierta la puerta sobre su futuro político, en el que debaten si finalmente desaparecen como formación y se integran en Podemos o si apostarán por reforzar su autonomía. “La candidatura tiene un carácter plural y no está conformada exclusivamente por miembros de Podemos, por todo lo cual es necesario un debate que dé acomodo a esta pluralidad”.

Podemos sobre Twitter: la responsabilidad comienza al tomar posesión del cargo

Teresa Rodríguez eludió entrar en la “caza de brujas” que a su juicio se está produciendo sobre la participación de representantes de Podemos en las redes sociales. “A los representantes públicos se nos exige control de los mensajes que emitimos, pero a partir de la asunción de la responsabilidad pública”, sentenció la secretaria general andaluza de Podemos.

Rodríguez rechazó valorar la publicación de Juan Antonio Pontones, concejal de Sí se puede Puerto Real, que en 2001 publicó en Facebook un comentario en el que lamentaba que “ya no existan los Grapo” para “darles su merecido” a efectivos de la Policía que detenían a un redactor que cubría el 15M.

“Las intervenciones en redes sociales no siempre son correctas, pero sucedieron hace cuatro años. A mí no me preocupan las cuentas en Twitter sino las cuentas en Suiza”, sentenció la parlamentaria.

Todo apunta a que Susana Díaz podría dar a conocer este miércoles los nombres de las mujeres y hombres que compondrán su nuevo Gobierno. Una convocatoria, la reunión durante la tarde del Comité Director del PSOE-A y de la Comisión Ejecutiva Regional, hacen intuir que así será. Tradicionalmente, los presidentes socialistas han reunido previamente a la dirección del partido antes de dar a conocer los miembros de su Ejecutivo. Aunque tratándose de Susana Díaz, y de la formación de un nuevo gobierno, el modo condicional es la mejor fórmula a emplear. Nada se da por seguro.

Desde que tomara posesión del cargo de presidenta el pasado domingo, Díaz ha estado terminando de meditar la nueva estructura de su Ejecutivo y completando el rompecabezas de las personas que lo compondrán. La tarde del martes se reunió con sus colaboradores en el palacio de San Telmo para ultimar la composición. Se trata del primer ejecutivo que diseña libre de cargas, el anterior lo heredó con una estructura pensada por José Antonio Griñán y gobernando en coalición con IU. Ahora el PSOE gobernará en solitario, aunque con un Parlamento más fragmentado y en el que resulta más complicado conformar mayorías.

Díaz necesita un Gobierno fuerte con capacidad para sacar adelante en el Parlamento las 24 leyes a las que se ha comprometido en su discurso de investidura. Todo apunta además a que habrá una vicepresidencia fortalecida con la presidenta a punto de tener su primer hijo.

El pasado lunes en el Parlamento, la presidenta avanzó ante la prensa que será un gobierno “de personas comprometidas con Andalucía, con sensibilidad y formación. Consejeros con talante y mucho talento”. Poco más se sabe del perfil del nuevo Ejecutivo. Sí ha señalado la presidenta que priorizará las áreas de Educación, Sanidad y Economía. Unos apuntan a que lo hará consolidándolas como consejerías únicas, desprendiéndolas de otras competencias como tenían hasta ahora. Otros señalan que pondrá al frente de ellas a independientes de reconocido prestigio.

Lo que sí es seguro es que volverá a tener una Consejería de Cultura. Se trata de uno de los compromisos que adquirió en el discurso de investidura. También lo es que el nuevo Ejecutivo será paritario, porque así lo obliga la Ley del Gobierno de Andalucía y porque ese es el deseo manifiesto de la presidenta.

Volviendo al condicional, si se conociera este miércoles los nombres de los nuevos consejeros y consejeras, éstos podrían tomar posesión del cargo el jueves, una vez que sus nombramientos hayan sido publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). La primera reunión del Consejo de Gobierno, que se programaría también para el jueves, aprobaría ya las dos primeras medidas. De un lado, las becas para que los universitarios puedan examinarse este julio y certificar el nivel B1 de conocimiento de una lengua extranjera. De otro, medidas para la protección de los derechos de los consumidores en la contratación de préstamos hipotecarios.

El mapa del poder municipal andaluz, tras la constitución de los ayuntamientos y la consumación de los pactos, ha permitido al PSOE recuperar el ansiado control de buena parte de la comunidad y agrandado la herida abierta al PP en la que es su reserva de voto andaluz: las grandes y medianas ciudades. La conformación de los nuevos consistorios han confirmado el vuelco sobre el poder municipal en Andalucía, si hace cuatro años los populares consiguieron gobernar desde los ayuntamientos al 65% de la población andaluza, ahora apenas lo hacen sobre el 25%.

Andalucía ha arrancado este lunes con 443 municipios gobernados por el PSOE, 184 alcaldías para el PP, 64 para IU, 17 para el PA, cuatro para agrupaciones cercanas a Podemos, tres ayuntamientos de Ciudadanos y 46 bajo mandato de formaciones locales. Los socialistas gobernarán desde las alcaldía a 4,7 millones de andaluces, el PP a menos de la mitad, 2,1 millones. Además, el PSOE espera en las próximas semanas hacerse con seis de las ocho diputaciones provinciales. Volverá también a tener el control de una debilitada Federación Andaluza de Municipios y Provincias.

Satisfacción por el “éxito” en los resultados electorales y en su política de pactos por parte del PSOE-A. Su secretario de organización, Juan Cornejo, valora además la fortaleza de las dos grandes formaciones históricas, PSOE y PP. “Aunque a veces los focos no dejan ver la realidad, la realidad en Andalucía es que PSOE y PP son los partidos que suman más del 80 por ciento de las alcaldías”, dijo al valorar la conformación de los ayuntamiento.

Enfado en las filas del populares por los “frentes antiPP”, como los llama su presidente en Andalucía, Juan Manuel Moreno. En su opinión, los bipartitos, tripartitos y cuatripartitos que se han conformado estos días en muchos ayuntamientos andaluces “contra el PP” volverán a mostrar el “denominador común que los caracteriza: enchufismo, descontrol de las cuentas públicas, irregularidades y perdida en la calidad de los servicios públicos”.

Moreno y los ciudadanos “perjudicados”

El PP, aun habiendo sido la lista más votada en buena parte de las 29 ciudades de más de 50.000 habitantes, sólo gobernará en 9 de ellas, antes lo hacía en 23. Tampoco tiene más suerte en los 49 municipios entre 20.000 y 50.000 habitantes. De ellos, 30 quedan en manos socialistas, 12 para los populares.

“Hemos superado todo un reto para el PSOE, que siempre ha tenido una gran dificultad en las grandes ciudades”, mantuvo Cornejo al valorar estos datos. Además, el secretario de organización socialista mantiene que su partido ha sido tan castigado como el PP en la conformación de los pactos post-electorales ya que han perdido el poder en 23 de los municipios donde fueron lista más votada. “En muchos de ellos porque el PP ha hecho todo lo posible para que no gobernemos”, añadió.

En el otro lado de la balanza, Juan Manuel Moreno responde que lo que se produjo este sábado fue la constitución de pactos que “no respetan la preferencia clara de los ciudadanos en los municipios donde el PP ha sido la lista más votada. Estas decisiones al final a quien perjudican es a los ciudadanos”. Moreno puso como ejemplo el caso de Marbella, donde el PP se quedó a 600 votos de la mayoría absoluta pero que, gracias a la alianza sellada entre cuatro grupos, gobernará el PSOE.

El presidente del PP-A se esforzó por lanzar un mensaje optimista a los suyos valorando los resultados en las municipales como los segundos mejores en la historia de su partido. Hoy, dice, tienen 184 alcaldías, 81 menos que en 2011, pero 71 más que en 2007.

El primer acto de Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía ha sido hacer pública su declaración de la renta y la de su marido, José María Moriche. La presidenta andaluza ha entregado en la mañana de este lunes al Parlamento andaluz su declaración y la de su pareja, luego la han publicado en la página web de la Junta de Andalucía. “Quiero que los andaluces tengan la tranquilidad de saber qué entra en casa de su presidenta”, dijo. Díaz se ha comprometido a que todos los miembros de su nuevo gobierno tendrán que hacer también pública su última declaración de la renta y la de sus parejas. Apuntó que también tendrán que hacerlo los diputados del PSOE.

El matrimonio formado por Susana Díaz y José María Moriche ingresó durante 2014 un total de 78.125,6 euros. De ellos 59.348,15 euros corresponden a ella; 18.719,4, él. Siempre como ingresos netos, no brutos. Hacienda tendrá que devolver a la presidenta 1.397,44 euros, mientras que su marido recibirá 1.028,11 euros.

Esta es la tercera declaración de la renta que hace pública Susana Díaz desde que ocupa el cargo de presidenta. Ya lo hizo con la de 2012 y la de 2013. Susana Díaz aseguró que mayor transparencia aporta más tranquilidad a los andaluces.

La presidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, mostró su “respeto a la decisión personal” de José Antonio Griñán al anunciar su inmediata salida del Senado.

Díaz apreció poca novedad en este anuncio, una vez que el expresidente andaluz, actualmente investigado por el Supremo por el caso ERE, había decidido no repetir como senador designado por la comunidad autónoma. “Él ya lo comunicó hace tiempo, me lo manifestó a mí y nos lo comunicó al conjunto de los ciudadanos”, dijo la presidenta.

La presidenta andaluza recordó que apenas quedan semanas para que se elijan los ocho senadores que le corresponden la comunidad autónoma, por lo que la salida de Griñán de la Cámara Alta iba a ser rápida. Es una de las primeras decisiones que adopta Parlamento al iniciarse la legislatura, normalmente en el segundo Pleno tras el de investidura. El PSOE designará a cuatro senadores, tres el PP y uno Podemos, que ya ha anunciado que lo elegirá por el sistema de primarias.

Sobre una salida rápida de Manuel Chaves del Congreso de los Diputados la presidenta se limitó a decir: “Manuel Chaves no es senador, su decisión personal ya es conocida por el conjunto de los ciudadanos”. El expresidente comunicó que no repetiría en las listas del PSOE en las próximas elecciones generales, previstas para final de año.

El presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno, consideró que José Antonio Griñán, “se ha ido un minuto antes de no ser reelegido”. “Susana Díaz no ha echado al señor Griñán, ni tampoco al señor Chaves, que sigue plácida y cómodamente sentado en su escaño, sin que nadie le haya dicho que se tiene que marchar”, ha sido la valoración del Moreno recogida por Europa Press.

Teresa Rodríguez, de Podemos, valoró a través de su cuenta en Twitter la salida del expresidente:

La salida de Manuel Chaves y José Antonio Griñán de la vida política fue una de las tres exigencias de Podemos para negociar con el PSOE la investidura de Susana Díaz, aunque esta se produjo finalmente con los votos favorables de Ciudadanos.

El presidente del grupo parlamentario de Ciudadanos, Juan Marín, entendió la salida de Griñán de la vida política como un “primer gesto” dentro del cumplimiento de los acuerdos firmados para posibilitar la investidura de Susana Díaz. Dentro de estos acuerdos, Ciudadanos exigió al PSOE la salida de Manuel Chaves y José Antonio Griñán de las Cámaras. La presidenta andaluza comprometió su palabra de que exigiría el acta de diputado si finalmente los expresidentes eran imputados de algún delito por el Supremo. Marín mostró su respeto a la labor realizada por el expresidente de la Junta de Andalucía, “empañada por su imputación en el asunto de los ERE”.

Por su parte, desde Granada, el coordinador regional de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha mostrado su “respeto” a la renuncia de Griñán y ha recordado que su salida de la política era algo ya “anunciado”. Maíllo ha indicado que ese respeto lo traslada además desde “el punto de vista personal”, independientemente de las “responsabilidades políticas” que se puedan derivar del caso de los ERE.

La acción de la oposición en el Parlamento de Andalucía arrancará, casi con toda probabilidad, con la creación de una comisión de investigación sobre el fraude en los cursos de formación. Nada más terminar el Pleno de Investidura el presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno, ha anunciado que su grupo solicitará la creación de este órgano. Ciudadanos e IU apoyan la medida. Teresa Rodríguez, de Podemos, aún no se ha pronunciado. La postura de Podemos será esencial para que prospere, o no, la creación de esta comisión. El reglamento del Parlamento andaluz establece que, si algún grupo se opusiera, es necesaria la mayoría del Pleno para aprobar las comisiones de investigación. Los diputados de PP (33), Ciudadanos (9) e IU (5) empatan en número de escaños con los 47 del PSOE.

Juan Manuel Moreno reclamó a la recién reelegida presidenta que deje atrás “el tiempo del ordeno y mando, de la soberbia”. El grupo Popular, avanzó, realizará “una oposición muy constructiva, de diálogo, pero al mismo tiempo firme, muy contundente”. Aun así, vaticinó una legislatura corta después de que Díaz “haya roto todos los récords al necesitar cuatro sesiones plenarias para su investidura”. En los próximos días el PP presentarán una batería propuestas centrada en la “lucha contra el desempleo, para que la comunidad no se quede descolgada de la recuperación económica”. Igualmente solicitará la creación de la comisión sobre los cursos de formación y la comparecencia de la presidenta para que dé explicaciones sobre la adjudicación de la explotación de la mina de Aznalcóllar, investigada judicialmente.

Teresa Rodríguez, de Podemos, salió del Pleno arrogándose el papel de única alternativa de oposición después de que Ciudadanos “haya dado un balón de oxígeno a un bipartidismo decadente”. “Andalucía sabe que somos una organización coherente con nuestros principios, que ha puesto en el centro las ideas, ya que en ningún momento nos ha temblado el pulso a la horas defender que las personas y la situación de emergencia de Andalucía tenían que estar en el centro”, dijo la parlamentaria que anunció una oposición constructiva y vigilante.

Juan Marín y su grupo, Ciudadanos, que han abierto la puerta de la investidura a Díaz, intentó marcar ya distancias con la recién elegida presidenta. “Ahora toca hacer oposición seria y exigente, anteponiendo los intereses de los andaluces”, dijo el parlamentario que señaló su formación no contempla nuevos pactos ni acuerdos con el PSOE “más allá del que ya hemos firmado”. Vigilar que se cumplan las 70 medidas acordadas y promover la transparencia en la Cámara, esos son los dos ejes sobre los que basculará su oposición. Por ello apoyará una comisión de investigación sobre los cursos de formación y solicitará una segunda sobre la adjudicación de la mina de Aznalcóllar.

El coordinador andaluz de IU, Antonio Maíllo, pidió a Díaz que forme gobierno cuanto antes y que “intensifique su actividad”. IU, señaló, “combatirá democráticamente el giro a la derecha en el gobierno socialista”. La formación presentará la semana que viene una batería de iniciativas vinculadas a las iniciativas legislativas que no desarrollaron en la pasada legislatura, en la que gobernaron junto al PSOE. Entre ellas se encuentras las leyes de Banca Pública, Participación Ciudadana, Memoria Democrática, Movilidad y Suministros Mínimos Vitales.

Susana Díaz ha sido investida este jueves presidenta de la Junta de Andalucía por el Parlamento autonómico por mayoría absoluta. La presidenta contó con el apoyo de los 47 diputados socialistas y los nueve de Ciudadanos. PP, Podemos e IU mantuvieron su voto en contra. En total fueron 56 votos a favor y 51 en contra (se ausentaron dos diputadas del PP).

Queda así cerrado el Pleno de Investidura más largo de la historia de la autonomía, se ha alargado durante un mes y una semana. Atrás quedaron 81 días desde las elecciones autonómicas y tres derrotas previas en las votaciones de la Cámara (la última se produjo el 14 de mayo).

El primer gesto de Díaz tras ser elegida presidenta ha sido acercarse al escaño de Juan Marín (Ciudadanos). Un beso y un apretón de manos sellan la nueva alianza. El cambio en el sentido de voto de Ciudadanos, cerrado tras las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo, permite finalmente poner en marcha la nueva legislatura andaluza. La presidenta, posteriormente se dirigió a saludar a los líderes del resto de los grupos, a los que pidió responsabilidad y cooperación para dar estabilidad a la legislatura. “Espero que todos los partidos dejen a un lado los intereses propios y pongan los de Andalucía por delante. Si eso es así, estoy convencida de que Andalucía va a abrir los mejores años”, dijo nada más salir del hemiciclo. El PP ya ha anunciado que solicitará una comisión de investigación sobre el fraude en los cursos de formación. Ciudadanos e IU están dispuesto a apoyarles en la iniciativa. Podemos aún no se ha pronunciado.

A Díaz le corresponde ahora formar el nuevo Ejecutivo que el próximo martes celebrará su primer Consejo de Gobierno. Le urge formar gobierno, “tenemos 80 días por recuperar, tenemos que trabajar el doble y conseguir que Andalucía dé el salto que necesita”, dijo la presidenta. Una vez que se ha obtenido el voto mayoritario del Parlamento este jueves, el siguiente paso es que el Rey y el presidente del Gobierno sancionen el nombramiento y la publicación del Real Decreto tanto en BOE como BOJA (el boletín oficial autonómico). El acto de toma de posesión de Susana Díaz está previsto para el domingo.

Ya se conoce la primera medida que aprobará, becar a los universitarios andaluces la certificación en B1 de una segunda lengua. La medida estará ya en vigor para la convocatoria de exámenes de julio. Díaz anuncia también pronto gestos en torno a la política de vivienda, una vez que el Tribunal Constitucional ha fallado en contra del Decreto-Ley sobre Función Social de la Vivienda y su capacidad para expropiar temporalmente pisos desahuciados por la banca. El primer gran pulso con la oposición llegará pronto, con la tramitación de los presupuestos para el próximo año.

Susana Díaz inicia esta décima legislatura de la autonomía con un gobierno en minoría. Lo complicado de su nombramiento como presidenta ya ha puesto de manifiesto el difícil equilibrio de fuerzas en el Parlamento andaluz. La mayoría holgada del PSOE, 14 escaños sobre la segunda fuerza (PP), no es suficiente para impedir que el resto de grupos puedan llegar a bloquear la acción de Gobierno con facilidad, como ha ocurrido estas semanas. Consciente de las dificultades que implica este tiempo nuevo, ha lanzado ya este jueves un mensaje reconciliador: “Hoy se representa en esta Cámara a todos los andaluces, a quienes tienen mucho que aportar a nuestra tierra, y espero que en ese ejercicio de responsabilidad estemos a la altura de un gran pueblo y de su gente”, 

Estas semanas de negociaciones han deteriorado de forma importante las relaciones entre socialistas y populares, también con Podemos. IU está abierta a los pactos “en lo concreto”. El PSOE aprecia en ellos una posición más dialogante con el que fue su socio de gobierno la pasada legislatura. La formación de izquierdas, en cualquier caso, cuenta con cinco escaños, insuficientes para configurar mayorías.

Ciudadanos se ha convertido de esta forma en socio preferente de los socialistas para sacar adelante la legislatura. Ellos facilitaron el desbloqueo definitivo el pasado martes cuando ambas formaciones se comprometieron a desarrollar en los próximos años hasta 70 medidas en torno a tres bloques: Medidas para la defensa de la educación y la sanidad como servicios públicos esenciales (18 puntos), medidas para la reactivación de la economía y la creación de empleo estable y de calidad (17); y medidas para la regeneración democrática, la transparencia y la participación ciudadana (35).