El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) cumple este año dos aniversarios simultáneamente. El más conocido, la declaración de guerra que propuso vencer al gobierno mexicano, derrotar las Fuerzas Armadas y avanzar hasta la capital de la República, el 1 de enero de 1994. Y el menos visible –aunque marca su continuidad–, el inicio de las negociaciones de paz en febrero de ese año, cuando la guerrilla bajó las armas, pero no renunció a la política.

Para el antropólogo Gilberto López y Rivas, exasesor del EZLN durante los diálogos por la paz e integrante del colectivo “Es la Hora de los Pueblos”, así como para el abogado Juan Carlos Flores, integrante del Consejo Nacional Indígena (CNI) y miembro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua–Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA-MPT), a 30 años del levantamiento armado el movimiento zapatista sigue vigente. Y “paz” y “vida”, dicen, son dos palabras con las que es posible entender la actualidad del movimiento.

Desde finales de octubre y hasta diciembre de 2023, el EZLN lanzó una serie de comunicados donde anunció una reestructuración interna y una nueva etapa en su lucha. “Nuestro silencio de estos años no fue, ni es, señal de respeto ni aval de nada [al gobierno], sino de que nos esforzamos por ver más lejos y buscar lo que buscan todos, todas: una salida de la pesadilla”, sentenciaron en una misiva enviada en noviembre pasado.

En la primera entrega, los rebeldes formalizaron la degradación de su líder militar, Marcos, quien pasó de subcomandante a capitán –cargo con el que ingresó a la guerrilla a mediados de la década de 1980–, así como un nuevo horizonte de victoria: 120 años. “Nosotros tenemos que luchar para que esa niña, que va a nacer en 120 años, sea libre y sea lo que le dé la gana ser. Entonces no estamos luchando para que esa niña sea zapatista o partidista o lo que sea, sino que ella pueda elegir, cuando tenga juicio, cuál es su camino”, escribió el ahora capitán insurgente Marcos.

En la siguiente entrega, anunciaron la disolución de las Juntas de Buen Gobierno (JBG) y Municipios Autónomos Zapatistas (Marez), que serían sustituidos por una estructura basada en unidades nombradas Gobierno Autónomo Local (GAL) y la reorganización de su estructura para aumentar la defensa y seguridad de su territorio “en caso de agresiones, ataques, epidemias, invasión de empresas depredadoras de la naturaleza, ocupaciones militares parciales o totales, catástrofes naturales y guerras nucleares”.

Por último, el EZLN ordenó establecer sus “extensiones de la tierra recuperada como del común”, es decir, terrenos en territorio rebelde ni “privados, ni ejidales, ni comunal, ni federales, ni estatales, ni empresariales, ni nada”, con invitación pública a trabajarlas. En los comunicados, los zapatistas calificaron estos años como una “pesadilla” y enumeraron una serie de causas, tras solidarizarse con los afectados del huracán Otis, en Acapulco: crisis ecológica, crimen, migración, violencia, crisis política, social y cultural. Y anticiparon que la “lucha por la vida” debía pasar por una reorganización de las estructuras políticas del zapatismo. Con el objeto, añadieron, de que los pueblos indígenas sobrevivan a las nuevas circunstancias nacionales e internacionales.

“El EZLN ha creado un nuevo marco para comprender lo que llamamos la cuestión étnico-nacional, ha capturado la imaginación de diversas personas que nos formamos en la izquierda. También ha revelado el racismo y desigualdad que impera en México”, comenta López y Rivas: “El EZLN nos ha ayudado a comprender el país con otros ojos y mantener una postura crítica sobre diversos pasajes de la política nacional e internacional. Si bien mantiene su poder militar, aún más, la capacidad para visualizar los acontecimientos que marcarán el futuro”. 

“Los recientes comunicados del EZLN nos muestran una nueva fase de la compartición de la autonomía. Los pueblos zapatistas nos muestran, con su propuesta de la ‘no propiedad’, una nueva fase de lucha: la liberación de los pueblos solo puede existir en la práctica”, añade Flores. “Proponen, ‘compartir la tierra’ con la sociedad civil, conocer diferentes luchas a nivel local, mundial y nacional, así como vincularse a ellas y proponer nuevos esquemas para ejercer la autonomía”.

Ambos coinciden en que los nuevos comunicados del movimiento, a 30 años de su aparición pública, suceden a una rebelión indígena que renunció a disparar sus armas: la “paz”. Mantienen su postura crítica contra la clase política y la organización económica reinante, el “capitalismo”: la guerra. Ambos reafirman que los pueblos indígenas marcan la “vanguardia” –palabra que López y Rivas y Flores pronuncian con pena– hacia otros movimientos sociales a nivel nacional e internacional: la “vida”. 

La “guerra contra el olvido”

El 1 de enero de 1994 –fecha de entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte–, el país amaneció con una insurrección armada protagonizada por miles de indígenas mayas que tomaron cinco cabeceras municipales en el estado de Chiapas. Según el antropólogo López y Rivas, la aparición pública del EZLN marcó el inicio de una rebelión armada sui generis, donde se puso de relieve “la cuestión étnico-nacional” y una “ruptura” con las guerrillas clásicas.

La “Primera Declaración de la Selva Lacandona”, documento que marcó el inicio de la lucha zapatista, ordenó a sus tropas cumplir las funciones de una guerrilla clásica: “avanzar hacia la capital del país venciendo al ejército federal mexicano”, “respetar la vida de los prisioneros y entregar a los heridos a la Cruz Roja”, “iniciar juicios sumarios contra los soldados del ejército federal mexicano y la policía política” y “formar nuevas filas con todos aquellos mexicanos que manifiesten sumarse a nuestra justa lucha”.

No obstante, ese documento también propuso un giro, que remarcó “la cuestión étnico-nacional” mencionada por López y Rivas: “Somos producto de 500 años de luchas”, señala la “Declaración”. “Somos los herederos de los verdaderos forjadores de nuestra nacionalidad, los desposeídos somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que se sumen a este llamado como el único camino para no morir de hambre ante la ambición insaciable de una dictadura de más de 70 años”.

Tras 12 días de combates donde el gobierno reconoció la baja de 15 miembros del Ejército y 71 insurgentes, los rebeldes emitieron una serie de comunicados en los que aceptaron dialogar con el Ejecutivo de Carlos Salinas de Gortari, sin desmovilizar su capacidad militar. En los documentos no solo ordenó el repliegue de sus tropas, también marcó una nueva ruta a la guerra.

“Olvidan ellos que una guerra no es una cuestión de armas o de un gran número de hombres armados, sino de política”, dijo Marcos, jefe militar del EZLN, luego de conocer las movilizaciones civiles que pedían el fin de los combates en ambos lados, gobierno y guerrilla. “La paz que ahora piden algunos siempre fue guerra para nosotros, parece que les molesta a los grandes señores de la tierra, el comercio, la industria y el dinero que los indios vayan ahora a morir a las ciudades y manchen sus calles”.

En sus memorias México, un paso difícil a la modernidad, el expresidente Salinas reconoció que el levantamiento provocó que su estado de ánimo transitara “de la sorpresa a la preocupación, y ahí a la duda”: “Hacia el final de la primera semana de enero me resultaba evidente que estábamos ante un momento decisivo. El ejército mexicano tenía el control militar de la zona y la guerrilla había fracasado militarmente, estaba en retirada. Por otra parte, los partidos políticos y el Congreso apoyaban una propuesta de diálogo ante el conflicto”.

Tras los diálogos de paz donde participó el obispo de Chiapas Samuel Ruiz, así como un representante del gobierno federal, Manuel Camacho Solís (quien además aspiraba a suceder a Salinas en lugar de Luis Donaldo Colosio), el EZLN lanzó la “Segunda declaración de la Selva Lacandona”. En el documento, la Comandancia General del EZLN ordenó a sus tropas una “prórroga unilateral del cese al fuego”.

Sin embargo, también convocaron a realizar una “Convención Nacional Democrática de la que emane un Gobierno Provisional o de Transición, sea mediante la renuncia del Ejecutivo federal o mediante la vía electoral”. Una tarea que los zapatistas construirían junto a la “sociedad civil” – incluidos partidos de oposición, como el Partido de la Revolución Democrática (PRD)– con el objetivo de redactar una nueva “Carta Magna en cuyo marco se convoque a nuevas elecciones”.

De la guerra al olvido

Desde la firma de los acuerdos de paz hasta 2001, según Juan Carlos Flores, los zapatistas plantearon a la “sociedad civil como el gran protagonista para respaldar su lucha”. “No obstante, esa influencia se fue diluyendo cuando entendieron que la simpatía ganada se basaba en el racismo y el engaño de los partidos políticos, incluido el PRD, así como las bases de lo que actualmente constituye Morena”, afirma Flores.

El 16 de febrero de 1996, la administración de Ernesto Zedillo, continuó con las negociaciones entre el gobierno y el EZLN que concluyeron en una propuesta de reforma constitucional donde el Estado se comprometía a reconocer la autonomía de los pueblos indígenas. “Los compromisos firmados por el gobierno de Zedillo, no sólo reconocían las formas de gobierno que determinaran los pueblos; también protegían los derechos de dichos gobierno y comunidades sobre las tierras donde se asentaran”, añade Flores, abogado del CNI.

Durante los siguientes años, los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), además del gobierno federal, acusaron al EZLN y a la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) –instancia creada por el Congreso de la Unión– de querer crear un “Estado dentro del Estado”. Acusación con la que la “clase política” rechazó la propuesta de “autonomía” que ellos mismos habían reconocido en los diálogos. 

Un informe del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, fechado en 1999, refiere que en Chiapas se concentró más del 20% de los efectivos militares con los que contaba el Estado mexicano. Por una parte, el gobierno de Zedillo negociaba la paz y por la otra preparaba la guerra. 

La aparente solución al “conflicto” en Chiapas, surgió en 2000, cuando el entonces candidato del PAN, Vicente Fox, se comprometió a negociar con los zapatistas una solución a la guerra en 15 minutos y mandar al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley en Materia de Derechos y Cultura Indígenas. En efecto, tras la victoria del guanajuatense, envió una iniciativa de ley, pero sus alcances no fueron bien vistos por el movimiento armado.

“Dicha reforma traiciona los Acuerdos de San Andrés (firmados el 16 de febrero de 1996) en lo general y, en lo particular, la llamada ‘iniciativa de ley de la Cocopa’ en los puntos sustanciales: autonomía y libre determinación, los pueblos indios como sujetos de derecho público, tierras y territorios, uso y disfrute de los recursos naturales, elección de autoridades municipales y derecho de asociación regional, entre otros”, reprochó el EZLN a través de una misiva publicada el 29 de abril de 2001.

Le llamaron una “traición” y “burla” contra los pueblos indígenas. Si bien el movimiento indígena no dejó las armas, comenzó a hacer a un lado el llamamiento a la “sociedad civil” y particularmente con el PRD, partido con el que había mantenido una “unidad táctica”, recuerda López y Rivas. Cinco años después, los rebeldes lanzaron la “Sexta Declaración de la Selva Lacandona”, así como una serie de comunicados donde rechazaron a los partidos que votaron los Acuerdos de San Andrés.

La condena alcanzó al grupo político del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, cuya primera candidatura política promovida por el PRD, parecía asegurarle la victoria contra el panista Felipe Calderón Hinojosa.

“Nos va a partir la madre”, antecedió el Subcomandante Marcos, en una misiva donde comparó a López Obrador con el expresidente Salinas. La equivalencia cayó mal en los sectores progresistas ligados a la izquierda partidista, antes simpatizantes del EZLN.

Poco tiempo después, el EZLN lanzó la “Otra Campaña”, encabezada por el subcomandante Marcos, una propuesta con la cual recorrió 32 estados de la República. Un recorrido en el que anticiparon luchar no sólo por los “indígenas de Chiapas” o “por los pueblos indios de México”, sino también por “todos los que son gente humilde y simple como nosotros y que tienen gran necesidad y que sufren la explotación y los robos de los ricos y sus malos gobiernos”. 

Pero el 3 y 4 de mayo de 2006, una brutal represión en el poblado de San Salvador Atenco, frenó la nueva iniciativa zapatista y obligó al movimiento armado a replantearse sus objetivos.

Cinco años de guerra en silencio

El 1 de enero de 2019, el EZLN lanzó un duro comunicado –leído por el subcomandante Moisés, nuevo jefe militar del grupo armado– contra la incipiente administración de López Obrador.

Moisés calificó como un “enfrentamiento” y una “porquería” la propuesta de construcción de uno de los proyectos emblema del sexenio: el Tren Maya, cuya primera parte fue inaugurada a mediados de diciembre de 2023. 

“No lo aceptamos. Que le ponga su nombre, no tiene nada que ver, si quiere así como no nos preguntó, que le ponga el nombre de su mamá”, reprochó. “Tampoco me van a cucar. O cómo se dice ahora, eso sí calienta”, respondió irónico.

Menos de mes y medio después, el activista Samir Flores Soberanes fue asesinado en el poblado de Amilcingo, en Temoac, Morelos. Flores Soberanes era el líder de los opositores a la termoeléctrica de la Huexca, en el municipio de Cuautla, a quienes el presidente López Obrador había llamado “radicales conservadores” por oponerse al proyecto promovido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

No sería ni la primera ni única vez en que el mandatario se enfrentaría con opositores a los megaproyectos promovidos por su administración.

Juan Carlos Flores, quien forma parte de la organización de Flores Soberanes, sostiene que “paz” y “vida” son dos palabras que definen la lucha zapatista y la de muchos pueblos indígenas del país agrupados en el CNI, cuya vigencia se extiende también al presente. “López Obrador sembró la esperanza en millones de mexicanos que creían que los ‘proyectos de muerte’ no continuarían con su administración. Se equivocaron… nos equivocamos –reconoce–, porque únicamente ha mantenido al pueblo mediatizado sin que exista una verdadera liberación nacional. Hoy creo que la verdadera liberación de los mexicanos será obra de nuestras propias manos, ahí está la vigencia de la lucha zapatista”.

Por su parte, Gilberto López y Rivas, afirma que el EZLN ha podido convocar a muchas luchas dispersas, aunque por el momento no se han podido unir a la que encabezan los pueblos zapatistas. Y enumera: feministas, ecologistas, desempleados, pueblos indígenas, opositores a megaproyectos, comunistas, entre otros. Para el antropólogo, el gobierno y Estado mexicano “han podido colocar en la población la noción de que esa lucha ya terminó y que no existe nada más que sus propias mentiras”.

“Existe una estrategia sistemática para invisibilizar el pensamiento crítico. Y hoy, los pueblos zapatistas y el EZLN conforman la conciencia crítica de la nación”, sentencia.

Un encuentro informal de apenas 15 minutos con Andrés Manuel López Obrador hace 23 años fue el inicio de la carrera política de Claudia Sheinbaum. Ahora será la candidata del partido Morena en las elecciones de 2024 y buscará no solo mantener al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el poder, sino convertirse en la primera mujer presidenta de México.

Después de las elecciones del 2 de julio de 2000, López Obrador citó a Claudia Sheinbaum en una cafetería del sur de Ciudad de México, meses antes de que él asumiera la jefatura del Gobierno local. En un par de entrevistas en las que ha mencionado aquella reunión, Sheinbaum recuerda que López Obrador le dijo que lo que él quería era bajar la contaminación atmosférica, que entendía que ella sabía cómo hacerlo y que conocía a los científicos que se dedicaban a eso.

Su primer encargo

Así, a sus 38 años, Claudia Sheinbaum aceptó su primer encargo en la administración pública: sería la secretaria de medio ambiente de la capital del país. Desde la creación del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 1989, Sheinbaum fue militante de base, pero nunca se involucró en la estructura del partido. Conocía, por supuesto, a López Obrador –quien dirigió la formación entre 1996 y 1999– pero no habían cruzado palabra hasta que José Barberán, asesor de él y amigo de la familia de ella, los puso en contacto.

Tras su triunfo, López Obrador comenzó con la selección de su gabinete, y para el tema del medio ambiente necesitaba a una persona con conocimiento científico, pues el entonces Distrito Federal registraba altos índices de contaminación. Consultó a Barberán, quien de inmediato pensó en Sheinbaum, que desde finales de la década de los noventa investigaba, de la mano del Premio Nobel de Química Mario Molina, la contaminación atmosférica de Ciudad de México.

En los 23 años que siguieron a aquella primera charla, Sheinbaum se terminó convirtiendo en una de las personas más cercanas al actual presidente López Obrador.

Fue su secretaria de Medio Ambiente y operadora de los segundos pisos ―una de sus obras emblemáticas como jefe de Gobierno―, entre 2000 y 2006; portavoz de la campaña en aquella cerrada elección; integrante del Gobierno Legítimo durante el sexenio de Felipe Calderón; fundadora y promotora de Morena en el primer trienio de Enrique Peña Nieto; jefa delegacional en Tlalpan de 2015 a 2017, y Jefa de Gobierno de Ciudad de México a partir de diciembre de 2018. 

Es tal su cercanía que desde hace más de dos años se le menciona como la más probable sucesora de López Obrador en la presidencia de la República. Arrancó como favorita en el proceso de selección y hoy es quien recibirá el bastón de mando de Morena, y se convertirá en candidata presidencial en los comicios de 2024.

Una vida de activismo

Claudia Sheinbaum nació el 24 de junio de 1962 en Ciudad de México. Se graduó en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) como licenciada en Física, con mención honorífica, y cuenta con maestría y doctorado en Energía. Fue la primera mujer en ingresar al doctorado en energía en la UNAM y, como parte de esos estudios, realizó una estancia de investigación en el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, en California (EEUU).

Desde muy joven participó en movimientos sociales. Ella misma ha dicho en sus mítines que la primera ocasión que participó en una marcha fue para apoyar el movimiento de estudiantes rechazados, a finales de los años 70. De ahí que el tema educativo se haya convertido en una de las causas por las que destacó en sus años universitarios.

A mediados de los años 80, Sheinbaum formó parte del Consejo Estudiantil Universitario (CEU), movimiento que logró frenar la reforma promovida por el entonces rector, en la que se proponía eliminar la gratuidad en las colegiaturas de la Universidad. “Desde que era estudiante luchaba por la democracia, por la justicia social y contra el modelo neoliberal del que se beneficiaban solo unos pocos”, dijo Sheinbaum en X (antes Twitter), donde compartió una foto de la época.

Si bien desde joven se interesó y participó en movimientos sociales, Sheinbaum no se involucró en la vida política electoral. Participó en las manifestaciones contra el fraude electoral de 1988, militó en el PRD desde su fundación, en 1989, pero su vida estaba en la academia: primero como estudiante y después como docente e investigadora.

Lucha contra la contaminación

Desde que estaba en la Facultad de Ciencias de la UNAM, Sheinbaum comenzó a estudiar la contaminación atmosférica en Ciudad de México. Años más tarde, a finales de los noventa, Molina la invitó a formar parte de un equipo multidisciplinario para investigar este tema. Su conocimiento en la materia la hizo aceptar la invitación de López Obrador y convertirse en secretaria de Medio Ambiente, en el 2000.

Durante su gestión, trabajó para mitigar la contaminación ambiental a través del impulso del transporte urbano como las ciclovías o la primera línea del Metrobús. La puesta en marcha de ese sistema de transporte público no fue fácil, pues Sheinbaum tuvo que enfrentarse a la negativa de los microbuseros que se negaban a abandonar la Avenida de los Insurgentes y a la crítica por la construcción del segundo piso del Periférico, el cual se inauguró el 23 de enero de 2005 bajo los señalamientos de privilegiar la construcción de infraestructura para el uso de los automóviles (una crítica que se mantiene hasta hoy en día).

En marzo de 2004, mientras ella encabezaba la Secretaría de Medio Ambiente del entonces distrito federal, su esposo, Carlos Imaz –quien era jefe delegacional en Tlalpan– fue exhibido en televisión nacional recibiendo fajos de dinero del empresario Carlos Ahumada, como parte del episodio conocido como “los videoescándalos”, que también involucró a otros personajes cercanos a López Obrador, como René Bejarano, su secretario particular, y Gustavo Ponce, su secretario de Finanzas.

Según relata el periodista Arturo Cano en su libro Claudia Sheinbaum: presidenta, un par de días después de la divulgación de los videos en los que aparecía Imaz, Sheinbaum solicitó ver a López Obrador para presentarle su renuncia. “López Obrador le dijo que ella no tenía por qué renunciar y la acogió durante un rato (ella estaba devastada) en uno de los espacios de su oficina”, escribe Cano.

Las tres campañas de Sheinbaum

En julio de 2005, cuando López Obrador se separó de la jefatura de Gobierno para irse a su primera campaña por la presidencia de México, Sheinbaum dejó su cargo como secretaria de Medio Ambiente local y, poco tiempo después, fue nombrada portavoz de su campaña. Desde ese momento, se dedicó a un objetivo: llevar a López Obrador a la presidencia.

En 2006, tras las polémicas elecciones en las que el panista Felipe Calderón le ganó por una diferencia de menos del 1% de los votos, Sheinbaum acompañó a López Obrador en la denuncia de fraude electoral, la toma del Paseo de la Reforma y, en noviembre de 2006, en el establecimiento del 'Gobierno Legítimo'. En una ceremonia multitudinaria celebrada en el Zócalo, Sheinbaum ayudó a colocarle la banda presidencial a López Obrador y, en el mismo acto, ella fue nombrada secretaria de Defensa del Patrimonio Nacional.

En 2012, tras su segunda campaña por la presidencia, López Obrador perdió frente a Enrique Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y, pocos meses después de los comicios, decidió romper en definitiva con el PRD, partido en el que militó durante 23 años y que –dirigido por la corriente de “Los Chuchos”– se aprestaba a firmar el Pacto por México con el PRI y el Partido Acción Nacional (PAN), partidos que defendían una agenda de reformas respecto a la que tenía serias objeciones.

Desde el 2 de octubre de 2011, López Obrador ya había fundado el Movimiento de Regeneración Nacional, pero en noviembre de 2012, aprovechó su ruptura con el PRD para formalizarlo como asociación civil e iniciar, en enero de 2013, el proceso para convertirlo en partido político. En todo ese proceso, Sheinbaum participó activamente.

El 9 de julio de 2014, tras un complejo proceso burocrático, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad el registro de Morena como partido político y, en 2015, el lopezobradorismo compitió por primera vez en unas elecciones como una fuerza política distinta al PRD.

Sheinbaum fue propuesta candidata a la jefatura delegacional de Tlalpan, cargo que ganó con el 29,52% de los votos, y se convirtió en una de las cinco candidatas morenistas que le arrebató al PRD una tercera parte de las 14 delegaciones que gobernaba: Tlalpan, Xochimilco, Tláhuac, Azcapotzalco y Cuauhtémoc.

Un terremoto en su carrera

Entre 2015 y 2017, el PRD (aún con fuertes bases en Ciudad de México) buscaba la manera de recuperar el terreno que había perdido en la elección intermedia, por lo que echó a andar protestas y manifestaciones en las delegaciones de Morena y en las reuniones que sostenían sus funcionarios en la entonces Asamblea Legislativa.

El 14 de noviembre de 2016, por ejemplo, cuando Sheinbaum debía comparecer a la ALDF, un grupo de personas que exigían vivienda se postraron a las puertas del legislativo local y levantaron un improvisado muro con ladrillos. Afirmaban que no dejarían pasar a quien llamaban despectivamente “embajadora de Tlalpan” hasta que les diera una solución.

Sin hacerse acompañar de ningún miembro de su equipo, Sheinbaum –con su bolsa de mano cruzada y unos documentos que abrazaba a su pecho– caminó a un costado de ellos y entró al recinto de Donceles. Nadie la reconoció y, cuando ya estaba dentro, los diputados del PRD, PRI y PAN tuvieron que regresar al salón en donde se llevaría la comparecencia, pues habían dado por hecho que la protesta impediría su ingreso.

Como este episodio, la entonces jefa delegacional tuvo que sortear otras crisis durante su gestión. Sin embargo, el sismo del 19 de septiembre de 2017 la colocó en el ojo del huracán, cuando el Colegio Rébsamen colapsó y cobró la vida de 19 niños y siete adultos. 

En la parte superior de las instalaciones escolares, la directora Mónica García Villegas construyó dos departamentos que durante el sismo se convirtieron en una trampa mortal para los niños y adultos que murieron, pues el peso de la estructura cayó sobre la ruta de evacuación.

Minutos después del sismo, Sheinbaum se apersonó en el Colegio Rébsamen en donde coordinó y supervisó labores de rescate. Días después, con documentación en mano, afirmó que su administración no había entregado los permisos para que se construyeran departamentos arriba del colegio, sino que eso era responsabilidad de anteriores administraciones.

Había autorizaciones, reconoció, pero eran irregulares, por lo que insistió en que su Gobierno no era responsable. Durante su administración, la dueña del colegio, Mónica García Villegas, fue detenida y recluida en el Penal de Santa Martha. A pesar de ello, las críticas y acusaciones en su contra no han cesado hasta la fecha.

El 2 de febrero de 2023, exactamente cinco años, cuatro meses y 14 días después del sismo –y cuando ella ya estaba en su promoción como posible candidata presidencial de Morena– la aún jefa de Gobierno de Ciudad de México ofreció una disculpa pública a los padres y familiares de las 26 víctimas del Colegio Rébsamen.

En los difíciles días del sismo y de la reconstrucción de la ciudad, la elección presidencial y para la jefatura de Gobierno de la capital del 2018 estaban a la vuelta de la esquina y Morena debía definir los perfiles que competirían en las urnas. Como es costumbre en Morena, se dio pie a las encuestas para definir las candidaturas: López Obrador para la presidencial y Sheinbaum para el Gobierno capitalino, tras ganar a Ricardo Monreal.

Al frente de Ciudad de México

Con el 47% de votos (más de dos millones), Sheinbaum ganó los comicios del 1 de junio de 2018 y se convirtió en la primera mujer que ocuparía la jefatura de Gobierno por voto popular. Fue tendencia al publicar un video en el que mostraba que en su oficina había encontrado que las ventanas estaban blindadas. “No necesito ventanas blindadas, les informo que vamos a empezar a revisar el día de hoy para poder quitar las puertas blindadas de la oficina. La jefa de Gobierno no tiene miedo”, escribió.

Conformó un gabinete en el que priorizó el conocimiento técnico y científico de las distintas materias, antes de allegarse de perfiles políticos. Apostó por el cuidado al medio ambiente y la movilidad sostenible, además de que tenía el reto de disminuir los índices de inseguridad. Dos líneas de Cablebús, un trolebús elevado, la construcción de dos universidades, 300 Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares) y becas al 100% de los estudiantes de educación básica son algunos de las acciones que Sheinbaum consolidó durante su gestión al frente de Ciudad de México.

Sin embargo, no todo fue color de rosa. Sheinbaum tuvo que enfrentarse a duras críticas que involucraron los constantes fallos y accidentes mortales en el Metro capitalino: el choque de trenes en Tacubaya, el incendio del Puesto Central de Control (PCC1), el colapso de la Línea 12 y el choque de trenes en La Raza, accidentes que en conjunto cobraron la vida de 29 personas, han dejado a cientos de heridos y un sistema de transporte que no opera al 100%.

Otro de los reproches que Sheinbaum tuvo durante su gestión fue su política de “contención” en las manifestaciones feministas que ha sido definida como acciones de represión, además de la crítica permanente sobre la inseguridad en Ciudad de México, aunque ella asegure que durante su administración se redujeron en 60% los delitos de alto impacto.

Camino a las presidenciales

El 15 de junio pasado, en un evento multitudinario en el Monumento a la Revolución, Sheinbaum se despidió de la capital, presionada para separarse del cargo antes de que iniciara el proceso interno de Morena.

Apenas unos días después del triunfo de Delfina Gómez en el Estado de México, la sucesión presidencial se aceleró de la mano del también aspirante, Marcelo Ebrard, quien renunció a su cargo como secretario de Relaciones Exteriores y solicitó que todos aquellos que querían participar en la encuesta de Morena hicieran lo propio.

En el plan de Sheinbaum no estaba contemplado dejar su cargo, pues parecía cómoda con sus giras de fin de semana saliendo de Ciudad de México y promoviéndose en los estados del país, casi siempre arropada por gobernadoras y gobernadores de su partido.

Los recorridos y “asambleas informativas” la sometieron, además, al escrutinio público. Su estilo de hacer campaña, su forma de hablar, su desempeño en entrevistas y hasta su forma de vestir, fueron revisadas con lupa por rivales y simpatizantes en este periodo. Al mismo tiempo, su campaña adelantada le generó cientos de quejas y denuncias ante el Instituto Nacional Electoral, donde acumula más de 300 expedientes promovidos por panistas, perredistas, priistas, militantes de MC y por sus propios compañeros de Morena.

Antes de ser proclamada candidata, deberá someterse a la fiscalización del INE, que deberá auditar los gastos de mítines multitudinarios, transporte, propaganda, anuncios espectaculares, bardas, objetos utilitarios repartidos en sus eventos y miles de folletos y panfletos que se han imprimido y repartido en estos más de dos meses.

A 23 años de aquel café en el Sanborns de San Ángel, en donde Sheinbaum y López Obrador se conocieron, la científica y académica, especialista en energía y cambio climático, ya hizo historia, al arrancar como favorita la carrera presidencial de 2024.

Pero le queda aún un largo camino: más de 200 días de precampaña y la campaña antes de los comicios del 2 de junio de 2024, y una intensa contienda frente a Xóchitl Gálvez, la panista que, desde hace unos días, ya es formalmente la candidata opositora.

Yolanda Adriana Ramírez Soto, de 22 años, fue asesinada en diciembre de 2012 en el estado mexicano de Chihuahua. Cinco agentes de la Policía Federal dispararon contra la camioneta que conducía su novio, en la que ambos circulaban con sus hijas: los disparos le destrozaron la mano cuando ella la sacó por la ventanilla para pedirles que cesaran el fuego y advertirles de que había dos niñas en el vehículo. Luego dos balas la lesionaron en el cráneo.

Aunque se comprobó que los agentes sembraron armamento y droga en la camioneta para justificar su ataque, el novio de Yolanda fue sentenciado a siete años de cárcel por portación de arma prohibida, mientras que los cinco policías responsables del asesinato de la joven y de la manipulación de evidencias quedaron libres de todo cargo penal por “falta de elementos”.

Los policías federales estaban ahí, vigilando las calles, como parte de la estrategia conocida como ‘guerra contra el crimen organizado’ lanzada seis años antes por el entonces presidente de México, Felipe Calderón, y continuada por sus sucesores.

“Para mí –dice Dolores, la mamá de Yolanda– el Gobierno federal es el responsable [de su muerte], porque es el que manda esas instituciones aquí. Nos destruyó la vida a todos, a ella, a mí y a mi esposo, a mis hijos y a mi niña [la hija de Yolanda, de 3 años en el momento del ataque]. Pero a mí me hace sufrir más la situación de mi niña, porque soy una persona adulta, ya no tengo la manera de sacarla adelante; a veces tengo que andar trabajando todo el día, viendo las necesidades y viendo la falta que le hace su mamá, porque no la puedo sustituir, y eso gracias a la ley”. “Siempre eduqué a mis hijos a no pasar por encima de la ley y ¿para qué? Para que me hicieran esto”, añade.

Lejos de ahí, en el otro costado del país, en el estado de Michoacán, Alfredo sobrevivía y llevaba un poco de dinero a su madre cosechando limón. Él es un joven campesino sin tierra, que ahora tendría 25 años de edad, y que solía ir de pueblo en pueblo, de plantación en plantación como jornalero, es decir, laborando en ranchos por un salario diario.

De uno de esos plantíos de limón se lo llevaron por la fuerza los soldados de la Guardia Nacional un día de enero de 2020, ya durante el Gobierno del actual presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, en el que la guerra continúa. Desde ese día, Alfredo está desaparecido y solo Eufrosina, su mamá, lo busca.

En ausencia de la autoridad, fue ella quien recorrió el pueblo de donde se llevaron a su hijo, La Peña, y en soledad fue ella quien localizó dos grupos de testigos: primero, a jornaleros que presenciaron cómo su hijo fue privado de la libertad por los soldados. Luego habló con quienes vieron el momento en que los soldados entregaron a su hijo, en otro punto del poblado, a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, el grupo criminal que controla la zona, quienes se lo llevaron con rumbo desconocido en la batea de una camioneta pick-up.

“Mis carnes no son estas –dice Eufrosina, cuando han pasado más de tres años desde que busca a Alfredo–. Aunque me mire por fuera así, por dentro mi corazón está marchito… Odio al Gobierno”.

1.524 historias

Entre los años 2006 y 2022, es decir, desde que las autoridades nacionales declararon el inicio de la guerra contra el crimen organizado, en México se han podido documentar al menos 1.524 casos de desaparición forzada, asesinato y ejecución extrajudicial, cometidos supuestamente por cuerpos de seguridad federales y estatales en contra de personas inocentes o indefensas. 

Personas como Yolanda y Alfredo, sobre quienes no pesaba ninguna sospecha, que no tenían armas ni se enfrentaron a la autoridad, sin órdenes de aprehensión en su contra. Personas que sólo habían salido por algo de comer, jugaban a fútbol, fueron a la tienda o simplemente paseaban, como Yolanda y su familia.

Por supuesto, esos 1.524 casos documentados no representan la totalidad de las víctimas que ha dejado el actuar de autoridades durante esta guerra, ni tampoco todos los abusos oficiales cometidos en el país en el marco del conflicto armado interno. Son únicamente aquellos casos que han podido ser revisados y verificados por esta investigación de Animal Político, con base en los registros de comisiones de derechos humanos, organismos públicos de procuración y administración de la justicia, organismos civiles, investigaciones periodísticas y fundamentalmente por denuncias públicas de sus propias familias, que pudieron ser identificadas. 

Es decir, son solo una fracción del total. Pero incluso así, tratándose solo de una muestra de casos, esas 1.524 desapariciones forzosas, asesinatos y ejecuciones extrajudiciales equivalen a una víctima de las autoridades cada seis días a lo largo de 16 años. 

Cada caso es una historia diferente pero, vistos en conjunto, narran la historia de una forma de violencia que en México se volvió cotidiana con la guerra: la violencia sistemática de Estado, aquella que el poder público ejerce de forma reiterada y premeditada, es decir, planificada, contra integrantes o grupos de la sociedad.

Estos crímenes han sido cometidos por soldados, marinos, guardias nacionales, policías federales, así como policías preventivos estatales y agentes ministeriales del fuero común y del federal. Es decir, por los integrantes de las instituciones encargadas de instrumentar la estrategia de combate al crimen organizado, durante los Gobiernos encabezados por Felipe Calderón (postulado por el Partido Acción Nacional), Enrique Peña Nieto (postulado por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde) y Andrés Manuel López Obrador (postulado por el partido Movimiento Regeneración Nacional, el Partido Verde, el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social).

Los asesinatos se produjeron en el marco de una política pública de seguridad basada en la confrontación armada, refrendada por cada grupo político que ha conquistado el poder de 2006 a la fecha, que ha golpeado a personas que no empuñaron un arma y que no estaban involucrados en alguna actividad ilícita. Casos, todos, que recuerdan que cualquiera puede ser víctima de unas fuerzas de seguridad que actúan impunes.

Una estrategia que, como han denunciado diversas organizaciones, viola la Constitución al poner a las Fuerzas Armadas como vigilantes del comportamiento de la población civil –tal como concluyó la Suprema Corte de Justicia de la Nación– y que en el tiempo que lleva en marcha ha cuadruplicado el número de muertes violentas en el país. 

Las 1.524 historias en las que se basa la presente investigación periodística dan cuenta de que los crímenes perpetrados por las fuerzas del Estado, de un lado, y la violencia homicida generalizada, de otro lado, son dos fenómenos que avanzan de la mano en México, ya que durante el tiempo que ha durado el conflicto armado interno, ambos indicadores de violencia incrementan en las mismas regiones y en los mismos periodos de tiempo. 

Las víctimas

Los crímenes recabados en esta investigación se perpetraron principalmente al amparo de operaciones o políticas de seguridad pública para abatir la incidencia delictiva, pero también ocurrieron durante operativos para reprimir protestas sociales, así como en actos delictivos perpetrados por agentes del Estado, de forma autónoma o en complicidad con la delincuencia organizada.

Además, estos actos de violencia fueron ejercidos contra regiones e integrantes de grupos específicos de la población civil, elegidos bajo criterios de edad, sexo, condición socioeconómica, características físicas o por alguna condición de vulnerabilidad fija o transitoria.

Las víctimas son, por ejemplo, personas jóvenes, personas que se encontraban solas o en grupos numéricamente inferiores ante los agentes, habitantes de ciertas localidades, manifestantes, integrantes de sectores económicamente marginados o de sectores estigmatizados (como personas con adicciones, sin ocupación o que portan tatuajes en el cuerpo), e incluso contra personas que mostraron comportamientos que para la autoridad fueron indebidos, aunque no representaran delito alguno (como no detener la marcha del auto, vestir cierta ropa o actuar con reservas, nerviosismo o miedo en presencia de uniformados).

Personas que salieron a comprar comida, a trabajar, a la escuela, a atender necesidades básicas, a divertirse. En todos los casos identificados, no representaban amenaza alguna para la autoridad y, además, estaban indefensas, por lo que tampoco eran un riesgo para las autoridades. Las víctimas eran personas inocentes.

Al estar enmarcados en una confrontación armada, este tipo de ejecuciones están prohibidas por las leyes internacionales de la guerra, establecidas en los Convenios de Ginebra, ya que estas no solo aplican para conflictos entre países sino también para todo tipo de confrontación armada “que surja en el territorio” de los Estados firmantes. México suscribió estos tratados en el año 1952.

Esas normas internacionales, que rigen el comportamiento de los Estados firmantes durante confrontaciones armadas, prohíben que las fuerzas oficiales incurran en “atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas”, “la toma de rehenes” y “las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales”. 

También establecen que, en el marco de conflictos armados, todas las personas, pero particularmente los civiles, “serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable, basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo”.

Los hechos de violencia en los que se basa esta investigación podrían inscribirse en la definición de crímenes de lesa humanidad recogida en el Estatuto de Roma (ratificado por México en el año 2000), que da forma a la Corte Penal Internacional, al tratarse de asesinatos y desapariciones forzadas cometidas por integrantes de fuerzas gubernamentales “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”, para lo cual es requisito que exista “una línea de conducta que implique la comisión múltiple de los actos mencionados contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización”.

Desapariciones y ejecuciones “sistemáticas”

La mayor cantidad de asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas atribuidas a autoridades federales y estatales mexicanas que esta investigación ha logrado identificar, se concentró en el estado de Veracruz, con un 20% de los casos; seguido de Tamaulipas (15%); Guerrero (10%); Michoacán (8%) y Chihuahua (6%).

Sin embargo, los datos recabados dan cuenta de que prácticamente en todo el territorio nacional se han registrado de forma reiterada este tipo de crímenes a lo largo de los 16 años que ha durado el conflicto armado interno.

Durante el gobierno de Felipe Calderón esta investigación identificó 444 asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas atribuidas a fuerzas estatales y federales (sin que esto represente que son la totalidad de los casos ocurridos) perpetrados en 26 de las 32 entidades del país.

Luego, en el gobierno de Peña Nieto, esta investigación logró identificar al menos 713 crímenes de lesa humanidad documentados en 29 entidades del país. Finalmente, durante los primeros cuatro años de gobierno del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se han documentado al menos 308 crímenes de Estado en 29 entidades.

La acumulación de todos estos casos durante tres gobiernos diferentes y a lo largo de toda la geografía mexicana es una muestra de que el asesinato, la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada son formas de violencia de Estado que se han ejercido de forma generalizada en contra de la población civil, en el marco de la política de seguridad vigente hasta el día de hoy.

“Fue el Estado”

De los 1.524 casos identificados en esta investigación, una tercera parte de las víctimas fue falsamente presentada por las autoridades como personas con actividades o antecedentes delictivos, o bien, como responsables de su fallecimiento o desaparición por su forma de vida o un comportamiento imprudente. Así, la criminalización es otro comportamiento sistemático por parte de las autoridades. 

A través de consultas de Transparencia, las 32 Fiscalías de Justicia del país reportaron haber iniciado investigaciones penales contra 241 funcionarios federales y estatales por asesinatos, ejecuciones y desapariciones cometidos durante el periodo de la guerra, aunque los tribunales estatales informaron que sólo contra 87 se emitió sentencia condenatoria. Las autoridades no pudieron aclarar el número de víctimas de dichos funcionarios públicos.

Cabe destacar que, durante esta investigación, no se ha logrado identificar ninguna sentencia emitida contra altos mandos de corporaciones federales o estatales por delitos de homicidio, ejecución extrajudicial o desaparición forzada cometidos entre 2006 y 2022, sino sólo contra elementos de tropa o mandos menores.

A la luz de esta información, para muchos la consigna “Fue el Estado”, con la que distintos sectores de la población han señalado la responsabilidad de los grupos en el poder durante manifestaciones contra la guerra a lo largo de estos 16 años, pierde su sentido metafórico y se vuelve literal. Para ellos, el responsable de los hechos aquí señalados es un Estado mexicano que ha extendido a sus agentes un permiso tácito para matar y para hacer desaparecer a personas.

Esta investigación fue publicada originariamente en Animal Político.

A los 52 años, Eloisa Campos Castillo volvió a enfundarse una falda ceñida y corta, se calzó unos tacones altos, se maquilló con rubor las mejillas y se metió muerta de miedo a un prostíbulo donde, sospechaba, el narco tenía secuestrado a su hijo.  

Era agosto de 2014. El hijo de Eloisa, Randy Jesús Mendoza Campos, de 22 años, había desaparecido después de asistir a su trabajo en una óptica de Orizaba, una ciudad de 120.000 habitantes en la zona centro de Veracruz. 

Días antes de meterse al prostíbulo, la mujer recibió una misteriosa llamada en su teléfono móvil.

—Usted no me conoce, pero tengo información sobre su hijo —le soltó una voz femenina sin mayor presentación—. Pero tiene que hacer lo que le digo: un hombre tiene que llamar a este número y decir que quiere mis servicios. 

—¿Cómo dice? —respondió desconcertada Eloisa—. Pero oiga…

—Usted haga lo que le digo —la cortó en seco la mujer—. Que un hombre llame y pregunte por mis servicios. 

Y colgó. 

Ocho años después, Eloisa, ahora de 60 años, se encuentra en un punto remoto del municipio de Río Blanco, cerca de Orizaba. Está parada a unos pocos metros de peritos forenses que excavan la tierra para tratar de confirmar la existencia de una fosa clandestina en las caballerizas abandonadas del “Rancho Cali”, un predio de 10 hectáreas que hace cinco años utilizaban Los Zetas como narcocementerio. 

En este mismo lugar, el Colectivo Familias Desaparecidos Córdoba-Orizaba ya encontró en 2017 ocho cuerpos en tumbas clandestinas. Y ahora, cinco años después, las madres del Colectivo —tras completar su ritual gritando al unísono “Porque la lucha por un hijo no termina y una madre nunca olvida”— buscan nuevas evidencias de tumbas clandestinas, en coordinación con las autoridades de la policía ministerial de búsqueda, servicios periciales e integrantes de la Comisión Estatal de Búsqueda.

Amparada bajo la sombra de unas espigadas palmeras, a un costado de un campo de cultivo donde dos campesinos tocados con sombreros labran la tierra sudorosos y ajenos al horror que tienen a tan solo unos metros de sus pies, Eloisa continúa narrando que aquel día que recibió la llamada misteriosa, fue a la casa de su hermano a pedirle ayuda. 

Ambos marcaron de nuevo al número telefónico y esta vez contestó una voz de hombre. 

Como instruyó la mujer, el hermano de Eloisa preguntó por ella. El precio del servicio, le informó una voz contundente, era 1.200 pesos nada más por dejarla salir a domicilio. El hermano de Eloisa aceptó y se la enviaron.

“Ella llegó con mucho miedo; decía que había metida gente muy peligrosa, narcos. Pero accedió a contarme que la dueña de la casa de citas donde trabajaba andaba con un hombre al que apodaban ‘el Conta’, y que vio cómo este fulano llegó un día a la casa y aventó una foto de mi hijo en una mesa y dijo: ‘Ay, si supieran dónde tengo metido a este chamaco’. Y luego se empezó a reír”. 

En los días siguientes, Eloisa salió tres veces con la mujer a dar recorridos por prostíbulos en localidades aledañas a Orizaba, hasta que le señaló uno que estaba en Cuautlapan, un pequeño pueblo de unos 8.000 habitantes próximo al municipio de Ixtaczoquitlán. Ahí, en la parte de atrás del local, la mujer le señaló que había una casa de seguridad de Los Zetas.

Poco después, la misteriosa mujer desapareció y no volvió a comunicarse.  

Eloisa recurrió entonces a su cuñada. Ambas fueron a las inmediaciones del bar-prostíbulo, donde atestiguaron un movimiento extraño de coches Tsuru de color blanco y sin placas, que entraban y salían del local. 

Aguantando los nervios y el miedo, Eloisa observó de cerca uno de los coches.

“Vi que en la parte de atrás traía harta ropa. Y yo hasta saqué los ojos cuando vi eso, porque pensé: ‘¿Y si esa ropa es de todos los muchachos y mujeres que se llevan secuestrados?’”. 

La veracruzana fue al día siguiente corriendo al Ministerio Público, con la esperanza de que el fiscal a cargo ordenara un cateo de la casa de seguridad.

“Pero no hizo nada. Nunca hizo nada. No buscó a mi hijo”. 

Para terminar de complicar las cosas, su cuñada le dijo que lo sentía mucho, pero que tenía pánico de meterse en broncas con el narco. Máxime en un estado como Veracruz, donde tan solo en los últimos cinco años se contabilizan, según datos oficiales, hasta 6.180 asesinatos —un promedio de 1.200 al año—, y peor aún, en aquel Veracruz que en 2014 aún estaba bajo dominio de Los Zetas, uno de los grupos delictivos más sanguinarios de México que desató un ‘reinado’ de terror en la entidad con cobros de piso al por mayor, tráfico de migrantes, asesinatos, desapariciones y fosas clandestinas. Un ‘reinado’ que ahora ocupa otro grupo delictivo de siglas diferentes: el Cártel Jalisco Nueva Generación. 

“Estaba desesperada. El tiempo pasaba, mi hijo no aparecía y no sabía a quién más acudir, ni qué hacer”, recuerda Eloisa. 

Así estuvo, hasta que, frente a un espejo, tomó una decisión desesperada. 

“Me puse una falda un poco corta, me calcé unos zapatos, me pinté de más y me metí al bar, que era una cantina de mala muerte”, narra la mujer, que vuelve a tirar de memoria para describir la escena:

—¿Qué se le ofrece? —le preguntó una mujer de mediana edad, “muy mal encarada”, que estaba detrás de la barra de la cantina. 

—Necesito trabajo. 

—Váyase, aquí no tenemos trabajo. Solo contratamos a mujeres jóvenes, señora.

—PUEDO TRABAJAR HACIENDO LA LIMPIEZA. 

Las mayúsculas son porque, en este punto de la plática, Eloisa dice que elevó el tono de voz a propósito. Pensaba que, si Randy Jesús estaba en alguna habitación de la casa de seguridad, él podría escucharla si gritaba. 

Ante lo raro de la escena de Eloisa gritando cuando tenía a la mesera frente a ella, la mujer de detrás de la barra comenzó a ponerse nerviosa al ver que los comensales se intercambiaban miradas de extrañeza. 

—Señora, le he dicho que se vaya de aquí —le advirtió, amenazante.

—Está bien. ¿ME PUEDE SERVIR ENTONCES UNA CERVEZA, POR FAVOR? —gritó de nuevo Eloisa, que trataba de ganar tiempo dentro del local. 

—No, no puedo. ¡Lárguese! 

Debajo de la sombra de las palmeras al interior del “Narcorrancho Cali”, a unos pocos metros de otra maraña de árboles y arbustos que crecen salvajes y que esconden el viejo caserón abandonado donde Los Zetas torturaban y desmembraban a sus víctimas, la mujer hace una pausa y se quita la gorra con la que se guarda del fuerte sol del mediodía. 

A lo lejos, se alcanza a escuchar el ruido de las piedras y de los bloques de concreto que sus compañeras del colectivo quitan del suelo rocoso de las caballerizas en ruinas y las avientan a un costado para que, luego, el equipo de forenses pase por la zona con un aparato que arrastran por el suelo para detectar posibles anomalías y remociones de tierra que pudieran indicar la existencia de fosas clandestinas. 

“El amor a mi hijo fue lo que me llevó a no pensar en las posibles consecuencias”, se arranca de nuevo Eloisa, que se vuelve a ajustar la gorra sobre la cabeza, para luego atusarse la blusa de rayas azul marino que viste con unos pantalones de mezclilla y unas botas estilo militar. 

“Yo, en ese momento, me decía tontamente: si hablo fuerte, mi hijo me va a escuchar y él va a gritar: ‘¡Mamá, aquí estoy! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame!’”, dice Eloisa, por cuyas mejillas comienza a resbalar un caudal de lágrimas. 

“Claro… ahora lo pienso y digo… híjole, fue la desesperación lo que me llevó a hacer algo tan arriesgado. Porque, imagínate, ¿qué hubiera pasado si mi hijo hubiera estado ahí? —se pregunta—. Ni modo que él me gritara, y entonces yo entrara a la fuerza y me lo llevara de la mano en un antro lleno de narcos, ¿verdad?”.

La mujer traga saliva y clava la mirada en el suelo. 

El viento, que corre ahora feroz a su alrededor, agita las bandas de plástico que piden “no pasar” y las decenas de banderitas rojas que, clavadas por los peritos en el suelo arcilloso, dibujan la silueta de una posible fosa clandestina. 

A continuación, Eloisa esboza una sonrisa cansada.

Con una mueca de tristeza en el rostro, se limpia las lágrimas y se queda en silencio.

“Sentada en la iglesia no voy a encontrar a mi hijo”

Después de que la echaron de mala forma, Eloisa estuvo varios meses yendo a las inmediaciones de la cantina, “disfrazada” con una gorra y unos lentes de ver que, en realidad, no tenían graduación. En un puesto de memelas cercano al prostíbulo, permanecía horas bajo el sol y las lluvias de la tarde junto a la dueña del changarro callejero a la que le pedía un café tras otro sin dejar de observar los movimientos del local. 

Finalmente, al no conseguir pistas de su hijo, la mujer se percató de que era tiempo de cambiar de estrategia; de dejar atrás los disfraces. Y el 14 de agosto de 2015, siete meses después de la desaparición de Randy, decidió asistir a una marcha convocada por el Colectivo Familias Desaparecidos Córdoba-Orizaba. Ahí fue cuando conoció a la señora Araceli Salcedo, férrea activista que lidera el colectivo y madre de Fernanda Rubí, una joven a la que Los Zetas desaparecieron tras salir de una discoteca en Orizaba hace diez años. 

“Araceli me preguntó por mi caso y yo rompí a llorar. Ella solo me abrazó y me dijo: ‘Tranquila, no estás sola’. Así empezó mi unión con el colectivo hasta el día de hoy”, explica la veracruzana, que agrega que, por aquel entonces, el fiscal a cargo del caso de su hijo seguía sin investigar ni dar resultados. “No hicieron nada hasta que lo cambiaron y me pusieron a la fiscal Rosalba, que de inmediato comenzó a hacer todo lo que el otro no había hecho, como pedir la sábana de llamadas del celular de mi hijo”.

Ahora, Eloisa es de las veteranas del colectivo, que agrupa a más de 350 familias de toda la zona centro de Veracruz, entidad donde, según cifras oficiales, en los últimos cinco años se interpusieron 3.651 denuncias por desaparición de jóvenes de cero hasta 29 años —el 55% de estas fueron por desaparición de niños, niñas y adolescentes menores de edad— , de las cuales hasta 1.460 siguen vigentes a la fecha, mientras que en 105 casos los jóvenes ya fueron localizados muertos. 

La mujer, como muchas otras del grupo de buscadoras, tuvo que dejar aparcado su trabajo en una tienda naturista y dedicarse al 100% a la búsqueda de Randy Jesús, algo que todavía, dice, hay mucha gente en la sociedad que no lo entiende.

“Hace poco una señora llegó y me dijo: ‘Ay, manita, ¿pero cómo? ¿Todavía andas en eso? Ya mejor déjalo, mujer. Ve a la iglesia, ponlo en manos de Dios y sigue con tu vida’”. 

Eloisa niega con la cabeza, observando de reojo a sus compañeras que no dejan de rastrear la tierra en las caballerizas abandonadas. 

“Y yo siempre les respondo lo mismo: que tendrían que estar en mis zapatos para entenderme, para entendernos. Y sí, creo en Dios firmemente. Pero sé que por ir a sentarme a la iglesia y rezar, mi hijo no va a aparecer así porque sí. Tengo que seguir buscando”. 

De hecho, la veracruzana asegura que en estos años en el colectivo ha aprendido que la búsqueda de un hijo o de una hija es también la búsqueda por los demás.

Y eso la reconforta y le da algo de paz. 

“Ya son muchos años en los que hemos ayudado a muchas familias”, dice orgullosa Eloisa, que explica que, a pesar de que existe entre las madres buscadoras un gran temor a encontrar a sus seres queridos en lugares como el “Narcorrancho Cali”, el salir juntas a buscar respuestas es lo que las mantiene de pie en mitad de tanta barbarie. 

“Este no es un lugar donde quisiera encontrar a mi hijo, claro. Porque veo esa casa donde torturaban a la gente y ruego que el que aparezca bajo tierra no sea él. Pero, al mismo tiempo, cuando no hay búsquedas yo siento que me consumo metida en casa. Porque esto que hacemos, las búsquedas, la búsqueda de mi hijo, es lo único que me da fuerza para seguir viviendo”, concluye Eloisa. 

Las carcajadas de este hombre contagian a cualquiera. No puede creer que Francisco, su vecino, sea dueño de una empresa que ganó contratos millonarios con el Gobierno federal. “Pero si él sólo hace chambitas de plomería, mire su casa”, dice mientras señala la vivienda que apenas se mantiene en pie en una ranchería con caminos de tierra y calles sin nombre, en Villahermosa, Tabasco.

Francisco no está en casa, sino barriendo un salón de clases. El hombre moreno que apenas rebasa los 40 años confirma que es el dueño de una empresa millonaria, o al menos en el papel, porque en realidad sólo tiene el empleo que acaba de conseguir como conserje en una escuela pública de la comunidad.

Dice que nunca recibió los 500 millones de pesos que “su empresa” ganó en contratos firmados en poco más de dos años. “Si hubiera tenido todo eso no estaría aquí”. Pero acepta que firmó unos papeles. “Unos contadores solicitaron mi apoyo, pero (la empresa) era de ellos, y lo de nosotros era prestación de servicio”.

La empresa que Francisco ayudó a crear es una de las 186 compañías que recibieron 7.670 millones de pesos del Gobierno federal, gracias a contratos que violan la Ley General de Adquisiciones, y que se reportaron en las Cuentas Públicas de 2013 y 2014.

Pero el fraude no quedó solo en esa violación a la ley. Más de 3.433 millones de pesos simplemente desaparecieron, porque terminaron en empresas fantasma.

El desvío de recursos lo hicieron once organismos, tan variados como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) o Petróleos Mexicanos, y contó con ocho cómplices: universidades públicas que cumplieron el papel de intermediarias y se quedaron con una comisión de mil millones de pesos por jugar este rol.

Los organismos involucrados son: Sedesol, durante la gestión de Rosario Robles Berlanga; Banobras, que tenía al frente a Alfredo del Mazo Maza –gobernador electo del Estado de México–; la SEP en la época de Emilio Chuayffet; FOVISSSTE, con José Reyes Baeza Terrazas.

También la Secretaría de Agricultura, cuyo titular era Enrique Martínez y Martínez; el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, con Alfredo Llorente Martínez; el Registro Agrario Nacional, con Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con Gerardo Ruiz Esparza como secretario, y la Secretaría de Economía, con Ildefonso Guajardo.

En Pemex los convenios empezaron a firmarse desde 2011, cuando era director Juan José Suárez y Felipe Calderón era presidente de la República, y continuaron en la gestión de Emilio Lozoya.

Las universidades involucradas son la Universidad Autónoma del Estado de México y su Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT), la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma del Carmen (Campeche), y las tabasqueñas Popular de la Chontalpa, Universidad Juárez Autónoma, Politécnica del Golfo de México, Instituto Superior de Comalcalco y Tecnológica de ese estado.

El mismo procedimiento se emplea desde 2010. Los datos recabados con solicitudes de información indican que, desde ese año, cuando Felipe Calderón todavía era presidente, y hasta la fecha, el Gobierno federal ha firmado 2.061 convenios, que involucran 31.668 millones de pesos.

Sin embargo, una exhaustiva investigación de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) se concentró en 73 convenios incluidos en las Cuentas Públicas de 2013 y 2014 de 11 dependencias públicas y en revisar si las 186 empresas contratadas existen, estaban legalmente constituidas o si cumplían con los mínimos requerimientos para dar los servicios contratados.

En su momento la Auditoría Superior de la Federación reportó que esos contratos eran ilegales. La investigación de seis meses de Animal Político y MCCI se abocó a dar con los domicilios de cada una de las empresas contratadas, cuestionar a los socios de las mismas, revisar la documentación que las acredita legalmente y confirmar si habían prestado los servicios contratados.

Eludir la ley

El esquema siempre es igual. Para eludir la Ley de Adquisiciones, que los obligaría a hacer licitaciones y poner a diferentes empresas a competir, los organismos firmaron convenios con universidades públicas. Le ley permite hacerlo, pero solo si las universidades realizan al menos el 51% del servicio contratado.

Pero éste no fue el caso. Las universidades subcontrataron a terceros la totalidad de esos servicios en la mayoría de los convenios firmados : distribuir despensas entre los más pobres, supervisar la perforación de pozos de PEMEX, organizar eventos o detectar a personas de 15 años o más que no supieran leer y escribir. En ningún caso hubo universidad que cumpliera con el requisito del 51%.

Las universidades subcontrataron a 186 empresas y cobraron por esta intermediación una comisión de entre el 10 y el 15% del total del convenio.

Esta triangulación viola la ley, como reconocen los propios funcionarios públicos consultados. Pero además, de las empresas elegidas, 128 presentan lagunas legales que les habrían impedido obtener contratos públicos y, peor aún, la mayoría ni siquiera hizo el servicio contratado.

¿Quién seleccionó a las empresas? Nadie quiere responder eso frente a una grabadora. Sin embargo, personal de las universidades, que hablaron a condición de anonimato, dicen que los funcionarios las “sugirieron”, mientras algunos funcionarios afirman que fueron las instituciones educativas.

Más allá de quién seleccionó, la comisión que cobró cada universidad implicó por sí mismo un sobreprecio de los servicios contratados, porque recibieron pagos por mil millones de pesos por no hacer nada, más que validar la triangulación de recursos.

El desfile de empresas fantasma

De las 186 las empresas seleccionadas en estos convenios, 128 presentan irregularidades, de acuerdo con las propias autoridades consultadas y a la visita que Animal Político y MCCI hicieron a sus oficinas: el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por ejemplo, entre 2014 y 2015 declaró “fantasma” a 11 e investiga a nueve más por la misma razón; 28 no tienen dirección; 12 fueron desmanteladas apenas recibieron los contratos; ocho no están en las direcciones que declararon; 44 no cuentan con registro ante la Secretaría de Economía, requisito indispensable para operar; seis se dedican a temas que no tienen relación con los servicios para los que recibieron contrato y 10 más no fueron localizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuando las buscó para revisar su legalidad.

Es decir, ninguna de estas 128 debieron recibir contratos públicos, según lo que establece la ley.

Un primer ejemplo: Publicidad y Mercadotecnia Infinitum S.A. de C.V. consiguió en 2013 dos contratos con el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT) de la UAEM por 4.934.000 pesos. La contrataron para dar “servicios administrativos para desarrollo del sistema informático” de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Pero el SAT la tiene catalogada desde julio de 2014 como empresa fantasma por realizar operaciones fraudulentas.

El mismo Fondo dio en 2013 un contrato por 17.578.000 pesos a la empresa Impactel S.A. de C.V., aunque ésta ya tenía una investigación abierta por la Procuraduría General de la República porque un año antes había incumplido un contrato con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes por 68 millones de pesos.

Otro caso. La empresa Dumago System Solutions, S. A. de C. V. supuestamente se dedica al “comercio al por menor de computadoras y sus accesorios”. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos le dio un contrato de 33.633.000 pesos para entregar despensas y organizar una feria de organizaciones sociales. Esta compañía no está registrada ante la Secretaría de Economía, el primer requisito para constituir una empresa legal.

Animal Político y MCCI visitaron más de 100 direcciones de empresas y de supuestos

accionistas. Hay ocho firmas que, por ejemplo, nunca estuvieron en los domicilios registrados y en su lugar hay casas particulares ubicadas en la periferia de Nezahualcóyotl y Ecatepec en el Estado de México, o Tláhuac, en la capital del país; 12 más que, pese a recibir contratos millonarios, fueron desmanteladas; nueve operan en despachos contables que aparentan ser legales, pero no tienen empleados ni infraestructura para operar o realizar servicios. Las casas de los accionistas están en colonias populares.

Los contratos irregulares obligaron a la Secretaría de Educación Pública a presentar, el 9 de febrero de 2015, una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República, según informó a Animal Político y MCCI.

Pero dos años después, la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCA/SP/M-V/050/2015 sigue abierta.

Campesino y trabajadores, los pretextos del fraude

Tener una casa propia es la meta natural de cualquier trabajador y nadie podría criticar que un organismo como el Fondo de Vivienda del ISSSTE simplifique los procesos burocráticos para obtener un crédito.

La Universidad Autónoma del Estado de México recibió 223.000.087 pesos del

FOVISSSTE por cinco convenios para supuestamente “rediseñar” o simplificar los procesos de atención a derechohabientes.

Pero la universidad no tenía la capacidad de dar el servicio, así que contrató a Interamericana de Negocios y Comercio, S. A. de C. V., que en realidad se dedica —según su acta constitutiva— a la venta de zapatos. A esta empresa le dio 15.389.000 pesos.

También contrató a otras tres empresas —Icalma Servicios y Consultoría, S. A. de C. V., Consolidación de Servicios y sistemas Administrativos, S. A. de C. V. y Evyena Servicios, S. A. de C. V.— que son investigadas desde octubre pasado por el SAT por hacer operaciones irregulares; y a tres más que no están registradas ante la Secretaría de Economía.

El ISSSTE dijo a Animal Político y MCCI que los servicios sí se realizaron y que “el Fondo de Vivienda recibió en tiempo y forma todos los entregables derivados de la contratación”.

“Fue la propia Universidad quien declaró expresamente que estaba en condiciones y capacidad de realizar las acciones contratadas”. Y añadió: “no es competencia del contratante (FOVISSSTE) ser auditor del proceso de la prestación de servicios del proveedor (U.A.E.M)”.

Sin embargo, en la revisión de la Cuenta Pública 2013, la Auditoría Superior de la Federación encontró lo contrario y concluyó que no hay prueba de que la universidad o las empresas hayan dado los servicios contratados. La ASF explicó que los únicos comprobantes son documentos que “carecen de nombre y firma del personal que elaboró, verificó y aceptó los servicios”, por lo que se realizaron pagos injustificados para servicios que no se realizaron.

Y hay más casos: el programa Proagro debía servir para financiar a productores del campo. El problema es que la Secretaría de Agricultura firmó un convenio por 13.077.000 pesos con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que no hizo el trabajo.

Lo que sí hizo esa universidad, sin que hubiera un solo contrato de por medio, fue transferir todo el dinero a siete empresas. Una de ellas fue Comercializadora GEAR, S. A. de C. V., que reportó su domicilio fiscal en Santa María la Ribera, en donde no hay ninguna oficina, sino una casa particular. El inquilino dijo que tiene cinco años viviendo en el lugar y que está “harto” de que personas y el SAT busquen a una empresa que “nunca ha estado ahí”

El dinero también llegó a Fortalitia, S. A. de C. V., CEO Marne México, S. A. de C. V. y Soluciones Globales Reggan, S. A. de C. V. Ninguna de las tres ha operado en la dirección fiscal que registraron, según se confirmó al visitar los domicilios. Y una más, Grupo Comercializador Cónclave S. A. de C. V., que en abril pasado fue declarada como fantasma por el SAT.

Animal Político y MCCI solicitaron a la Secretaría de Agricultura comprobantes de que los servicios se ejecutaron. Vía transparencia pública se pidieron fotografías, documentos, bases de datos o cualquier prueba sobre los servicios. La Secretaría de Agricultura, en su respuesta oficial, aceptó que no existen comprobantes del servicio.

También los analfabetos

El fraude también involucró apoyos destinados a cuatro millones de analfabetos del país. El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) firmó un convenio en 2014 con la Universidad Autónoma del Estado de México por 97 millones de pesos. La contrató para desarrollar una metodología que permitiera la “ubicación de personas de 15 años o más de edad que no supieran leer y escribir un recado en español”.

De nuevo, la Universidad se declaró incapaz de hacer la totalidad del servicio y subcontrató a Estrategia Solutions, S. A. de C. V., que ganó 9.558.000 pesos. Además de no estar registrada ante la Secretaría de Economía, en la visita a su domicilio fiscal en Sevilla 30, colonia Juárez, en la Ciudad de México, trabajadores del edificio confirmaron que la empresa no opera ahí, pero cada determinado tiempo acude una persona a recoger correspondencia.

Del resto del dinero, 87 millones de pesos, no se sabe nada. Animal Político y MCCI

solicitaron, vía transparencia, las pruebas de que el servicio se realizó, pero el INEA respondió que los únicos datos disponibles están respaldados en discos compactos con un “formato inactivo” de lectura, por lo que ya no es posible tener acceso a la información.

Una y otra vez

Los fraudes documentados por Animal Político y MCCI no siempre son iguales. Los casos más simples se resumen en dos pasos: una dependencia del Gobierno federal le da dinero a una universidad pública y ésta lo transfiere a una empresa fantasma.

Pero hay casos donde el esquema involucra hasta 12 empresas en un mismo contrato. Una o dos empresas realizan el servicio y el resto cobra por no hacer nada.

Por ejemplo, el gobernador electo del Estado de México, Alfredo del Mazo, estaba al frente del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) en 2013, cuando el organismo firmó tres convenios por 491 millones de pesos con el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT) de la Universidad Autónoma del Estado de México, un fideicomiso público que ofrece asesorías, outsourcing o capacitación, y cuya gestión es independiente de la Universidad.

Para hacer los servicios “de control, operación y soporte” de la red interna de Banobras, el Fondo contrató a dos empresas, una de ellas Intellego Servicios de Consultoría S.A. de C.V., que se quedó con una comisión y que a su vez contrató a cinco más. Todas, excepto una, tienen una constante: irregularidades —como que no tienen ni siquiera dirección fiscal— que les impedirían recibir contratos públicos de manera directa.

La única localizada, que opera de forma aparentemente legal, fue QUITZE, S. A. de C. V. Recibió 452.500 pesos para realizar los servicios, es decir, el 1.18% del monto original de los convenios firmados por Banobras. Prácticamente nada. Del resto, 490 millones de pesos, no hay rastro.

Intellego Servicios de Consultoría opera en Paseo de la Reforma 1236. Mauricio Barragán, que se identificó como consultor externo de relaciones públicas de la firma, envió por correo electrónico dos cartas en las que confirmó que la empresa subcontrató a otras para los servicios del FONDICT con Banobras.

Pero sobre la legalidad de esas compañías dijo que Intellego “no verifica el registro de sus proveedores ante la Secretaría de Economía” porque no es de su competencia, y agregó que la emisión de facturas les “da plena confirmación de la ”existencia legal“ de cualquier firma.

Banobras, para probar que se realizaron los servicios, entregó vía transparencia 82 hojas con informes mensuales en los que personal del Banco Nacional describen que las redes de comunicación interna funcionan, pero no se menciona nada del sobreprecio ni del destino final del dinero.

Además respondió a Animal Político y MCCI que “en el presente ejercicio fiscal no se ha suscrito contrato alguno con institución de educación superior” y que “es política de esta administración reducir al mínimo indispensable las contrataciones” usando el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, que se violó en este esquema.

Alfredo del Mazo, por su parte, se negó a responder sobre las irregularidades que esta investigación confirma y que ocurrieron durante su mandato al frente de Banobras.

En palabras del auditor superior, Juan Manuel Portal, los titulares de las dependencias federales son los responsables aunque los que firman los convenios con las universidades son mandos medios de las dependencias. En el caso de Banobras, la firma estuvo a cargo del subdirector de Recursos Materiales, Luis Efrén Ramírez García; y del gerente de Servicios de Tecnologías de la Información, Gerardo Pavón Luna. Mientras que por el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnología (FONDICT) de la UAEM, firmó Erick Harzaín Torres Mulhia, director general.

La estafa documentada por Animal Político y MCCI sumó 7.760 millones de pesos, y fue hecha por 11 instancias del Gobierno federal: el Banco Nacional de Obras (491 millones), el Registro Agrario Nacional (447 millones), la SEP (278 millones), FOVISSSTE y SUPERISSSTE (249 millones), el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (138 millones), el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (97 millones), la Secretaría de Economía (96 millones), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (52 millones) y la Secretaría de Agricultura (19 millones).

Las dos dependencias con los mayores desvíos son la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que alcanzó los 2.224 millones de pesos, y Petróleos Mexicanos con 3.576 millones. Esos dos casos se desarrollarán en las siguientes entregas de este reportaje.

De la revisión de los convenios y de cada una de las empresas involucradas, se concluye que 3.433 millones de pesos fueron a parar a empresas irregulares; y las universidades públicas se quedaron con mil millones más por ser parte de la estafa, sin realizar un solo servicio.

Para el fraude, los prestanombres como Francisco, el conserje de escuela, son indispensables. La empresa Maheca, S. A. de C. V., de la que era supuesto dueño, fue creada en 2010 en Villahermosa, Tabasco y en los siguientes dos años ganó 502 millones de pesos en ocho contratos con PEMEX-Producción y Exploración.

Aunque la empresa supuestamente se dedicaba a la “prestación de servicios profesionales propios de los licenciados en derecho y en informática”, fue contratada para la “asistencia técnica en materia de producción y perforación de pozos para la Subdirección de Producción Región Marina Noreste” de la petrolera. Tampoco hay pruebas de que haya hecho el servicio.

Como parte de la investigación, se visitaron 84 direcciones de empresas y 21 de accionistas en cinco entidades: Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Nuevo León, Chiapas y el Estado de México. Se entrevistó a un centenar de personas, entre supuestos dueños, representantes legales y vecinos de los lugares donde debían estar las empresas, pero nadie conocía la existencia de las compañías.

El equipo de investigación hizo 350 solicitudes de información a las dependencias y

universidades sobre los convenios y contratos que realizaron entre ellas y con las supuestas empresas. Las respuestas sobre los comprobantes de los servicios fueron de dos tipos: que“no existe evidencia” del servicio contratado; o documentos que dicen “sí se dieron los servicios”, pero sin ningún elemento que lo pruebe.

El rastreo de cada una de las 186 empresas incluyó, además, la revisión en el Registro Público de Comercio, Compranet, el Registro Único de Proveedores del Gobierno, el Sistema Empresarial Mexicano, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el directorio de Proveedores y contratistas sancionados y en los Portales de Transparencia de las dependencias.

También la relación de empresas fantasmas del SAT, donde se alista a empresas falsas, que no reportan ingresos o que no cuentan con empleados, pero que aun así fueron contratadas por las dependencias. Y finalmente, en todos los casos, la Secretaría de Economía proporcionó un informe, donde se consigna los nombres de las empresas que ni siquiera tienen registro legal.

Un rayo anaranjado del sol recio de mediodía se cuela entre los barrotes de la ventana y disecciona de un corte casi perfecto el rostro de Yader Antonio Solís, migrante nicaragüense de 29 años.

Han pasado cuatro meses desde aquella mañana de septiembre de 2014, pero Yader recuerda la cara redonda de un ranchero ya entrado en años, de piel atezada y “labios trompudos”, que con el brazo derecho en alto trazó la estela plateada de un machetazo.

Un tajo seco rasgó la luz pálida del alba.

Plac.

“Todo fue en segundos”. El migrante traga saliva al describir la escena ocurrida en las inmediaciones de la zona que llaman La Chatarrera, a unos 25 kilómetros de donde se encuentra sentado ahora, sobre un camastro del albergue de Chahuites, en Oaxaca (México).

“Cuando vi que el machete del asaltante caía sobre mí, sólo me dio tiempo a quitarme la mochila de la espalda para cubrirme con ella la cabeza”.

El ranchero forcejó con Yader que se aferraba a la bolsa en la que traía ropa y botellas de agua, pero el migrante no confió en la resistencia de la mochila, y antes de que le cayera de nuevo el filo de la hoja oxidada, soltó la mochila y salió disparado por un sendero de terracería.

–¡Corran! ¡Corran! –gritaba fuera de sí–.

El resto del grupo, tres guatemaltecos y dos hondureños, se esparció como gota que se estrella contra el suelo. Sin embargo, el pánico los hizo torpes. Dos de ellos iban empujándose entre sí. Cayeron, provocando que un tercero que venía rezagado tropezara y también cayera.

A trompicones, los dos primeros en caer se levantaron y continuaron la carrera. El tercero ya no pudo hacerlo: otro asaltante que surgió de entre unos matorrales lo agarró del hombro y le puso un machete en el cuello.

–No te muevas cabrón –le espetó–. O te sobo el pescuezo con el machete.

Los demás siguieron corriendo desorientados por el miedo, hasta que dejaron atrás a los rancheros y trotaron para recuperar el aliento.

“Todos me preguntaban a mí qué íbamos a hacer”, la voz de Yader se torna en este punto áspera, grave. “No sabíamos si volver, hasta que alguien dijo que los asaltantes también cargaban pistola”.

“Queríamos rescatar a nuestro amigo”, añade lacónico, escudriñando con los ojos negros las imperfecciones del suelo, y con el lado izquierdo de la cara enterrado bajo una sombra densa. “Pero ellos iban armados y nosotros no. No tuvimos más remedio que continuar el camino”.

Exhaustos y desanimados, los migrantes reanudaron el trayecto a pie. Pero no caminaron mucho.

A los pocos minutos, una combi del Instituto Nacional de Migración (INM) de color blanco y con rayas naranjas pintadas en los costados, pasó por la carretera paralela al sendero por el que deambulaban los indocumentados. Aminoró la marcha hasta que dio un frenazo.

–“Abusados, muchachos” –advirtió el nicaragüense al resto del grupo–. “Porque esos güeyes ya vienen detrás y nos van a corretear”.

Tras unos segundos en los que todos contuvieron la respiración, la puerta lateral del vehículo se deslizó bruscamente. De inmediato, una estampida de agentes de migración uniformados con camisa blanca y pantalón beige comenzó a cercarlos con el apoyo de otra camioneta de la Policía Federal.

Los migrantes reaccionaron rápido y echaron a correr “como caballos” hacia las profundidades del monte. Sabían que ahí, agazapados con machetes, los esperaban los mismos asaltantes de los que habían huido sólo unos minutos antes.

Pero no tenían alternativa.

Tras ellos, la troca de los policías federales rugió con el motor pasado de revoluciones y los agentes de Migración les gritaban mentadas para que detuvieran la huida.

Otra cacería acababa de comenzar.

La captura de migrantes aumentó casi un 50% en 2014

El 7 de julio de 2014, tres meses antes de que Yader corriera por entre los recovecos de una montaña para evitar ser “cazado” por delincuentes y autoridades, el presidente Enrique Peña Nieto presentó en el municipio chiapaneco de Playas de Catazajá el Programa Frontera Sur.

El propósito de esta iniciativa, explicó el mandatario, es doble: por un lado, proteger los derechos de los migrantes cuando éstos se internan ilegalmente en México; y, por el otro, ordenar los cruces internacionales. Para ello, el presidente mandó la ejecución de cinco líneas de acción, entre las que se encuentran la obtención de una Tarjeta de Visitante Regional, combatir el tráfico de personas, y crear “centros de atención integral” en la frontera con Guatemala. Todo ello, siempre desde un enfoque de “protección al migrante”.

“El Programa Frontera Sur es un ejemplo de cómo se puede mejorar el trato a los migrantes”, aseveró el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, invitado especial al evento, quien agradeció en varias ocasiones a Peña Nieto su “visión humanitaria” en el tema migratorio.

Sin embargo, pasada la euforia de los aplausos, organizaciones civiles y académicas, como la Clínica Jurídica de la UNAM, han señalado que la iniciativa del presidente es, en realidad, un plan que “se hizo al vapor” como respuesta a la presión de Estados Unidos para frenar el flujo migratorio.

Un plan, además, que no explica cómo se llevarán a cabo las acciones que plantea, y del que no hay información pública más allá del anuncio de Peña Nieto y del documento publicado un día después en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Y un plan, en definitiva, que lejos de tener una “visión humanitaria” ha convertido a México en un coto de caza, en el que las autoridades han arrinconado a migrantes como Yader a tomar rutas alejadas de las poblaciones, donde los criminales los están esperando.

“Del Plan Frontera Sur sólo sabemos que hay dos hojas que presentó Peña Nieto. A partir de ahí, no hay nada. Hemos ido a la PGR, al Ejército, a la Policía Federal y a Migración, y nadie dice nada. Lo único que (sus funcionarios) saben es que esto viene de arriba, y que ellos tienen orden de detener y deportar”, señala el director de la casa del migrante La 72 de Tenosique, Tabasco, Fray Tomás González.

“Lo cierto es que, hasta ahora, les ha salido muy bien el Programa. México está haciendo detenciones y deportaciones masivas de personas sin importarles quiénes son solicitantes de refugio por la violencia en Centroamérica”, agrega el activista, que como prueba de sus palabras remite a las cifras oficiales del Instituto Nacional de Migración, las cuales son reveladoras: 2014 fue el año con más capturas de migrantes desde 2007.

Así, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria del INM, en 2014 se registraron 119.714 eventos de detención de centroamericanos.

Cabe precisar que un migrante puede ser detenido varias veces por las autoridades, por lo que estos “eventos de detención” no representan el número total de extranjeros capturados, sino el número de veces que se llevaron a cabo detenciones. Aún así, esta cifra significa que las detenciones aumentaron 48% en comparación con 2013; 46% si se compara con 2012; y 92% y 85% en relación a 2011 y 2010.

En el sur, cuatro estados concentran el 75% de las detenciones: Tabasco, Chiapas, Veracruz, y Oaxaca. En estas entidades las estadísticas muestran también una notable evolución en comparación con 2013: en Tabasco las capturas aumentaron 101%; en Chiapas, 46%; en Veracruz, 40%; y en Oaxaca, 24%.

En 2015 la tendencia de detenciones se mantiene al alza. En enero –mes en el que la migración es menor debido a las condiciones climatológicas adversas en la frontera Norte–, el INM registró poco más de 14 mil eventos de detención; cifra 123% mayor a la de enero de 2014. Desde 2006, nueve años atrás, no se tenía un dato tanto alto.

En cuanto a los migrantes menores de entre cero y 17 años de edad, en 2014 se realizaron 23.096 eventos de detención en México, 140% más que en 2013.

“Es cierto que la población migrante infantil está viviendo una tragedia. Pero no es una tragedia que haya sucedido sólo entre abril y junio del año pasado, cuando se mostraron las fotos en las que menores de edad aparecían hacinados en los centros de detención de Texas. Esto es algo que ya viene de años atrás”, aclara el director del albergue La 72, Fray Tomás González.

“Por eso creemos que este mito de la migración infantil fue el verdadero pretexto para cerrar la puerta del sur de México –recalca el activista–. Y por supuesto que esto viene de Estados Unidos, tal y como se vio en la reunión que tuvieron Peña Nieto y Obama (el 6 de enero de 2015), en la que Peña dijo que México iba a seguir cooperando con Estados Unidos en el sellamiento de la frontera con Guatemala”.

Del Río Bravo al Río Suchiate: la influencia de EU en la creación de una “Frontera del Siglo XXI” en México

La Coordinadora del Programa Latinoamérica de la Washington Office on Latinoamerica (WOLA), Maureen Meyer, coincide con Fray Tomás González: el aumento de las detenciones en México se debe, en buena medida, a la presión de la Administración Obama a raíz de la llamada crisis de los niños migrantes.

No obstante, la académica hace hincapié en que estas cifras son también consecuencia de un largo proceso de cooperación entre La Casa Blanca y Los Pinos, cuyo punto más álgido fue la firma del Plan Mérida en 2008.

Como resultado de esa cooperación, Meyer pone como ejemplo el tramo carretero que va de Tapachula a Tonalá, en Chiapas. Un corredor estratégico de 224 kilómetros que el Gobierno mexicano destaca ante la inversión extranjera como “una puerta de entrada y salida al mercado de Centroamérica”, y en el que opera una amalgama de policías, agentes de Migración y soldados –hay un retén de seguridad cada 22 kilómetros– con el apoyo millonario de Estados Unidos.

“Dentro de la Iniciativa Mérida hay un pilar que se llama Construyendo una Frontera del Siglo XXI, que estaba enfocado originalmente a la frontera norte entre México y Estados Unidos –explica Meyer–. Pero esa frontera se está yendo ahora cada vez más hacia el sur de México, y por eso Washington está proporcionando equipos de inspección para retenes en toda la frontera con Guatemala, y ha invertido mucho dinero en Aduanas como la de Huixtla, en Chiapas”.

El informe Mexico: Background and US Relations, elaborado por el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, apunta que desde 2008, año en que se lanza la Iniciativa Mérida, hasta el presente año fiscal 2015, Estados Unidos ha invertido algo más de 2 mil 500 millones de dólares (casi 38 mil millones de pesos, según el tipo de cambio actual) para asistir a México en el combate a los grupos criminales del narcotráfico, y para crear “una Frontera del Siglo XXI”.

Asimismo, el documento refiere que el Departamento de Estado de Estados Unidos ya ha invertido 86 millones de dólares en la capacitación de los elementos de seguridad que patrullan la frontera sur de México, y en la entrega de equipos de comunicación y aparatos de inspección no intrusiva, como vehículos equipados con rayos X, escáneres y rayos gamma, para detectar armas, drogas, explosivos, dinero ilícito y productos de contrabando, en autobuses, camiones, tráilers y coches particulares.

Equipos modernos de inspección que no sólo se destinan para los retenes del sur, sino también para los múltiples puntos fijos que la Sedena, la Semar, la Policía Federal y Aduanas, tienen repartidos por toda la República, de acuerdo con el documento US–Mexico Border Cooperation Under the Mérida Initiative elaborado por la sección Antinarcóticos de la Embajada de Estados Unidos en México.

Como consecuencia de esa inversión millonaria, organizaciones civiles critican que México ha militarizado su frontera sur aplicando una “política del miedo” para contener el flujo migratorio de Centroamérica, la cual ya se refleja en las estadísticas de detención y deportación.

“Antes, Chiapas tenía una relación de hermandad con Centroamérica. Pero ahora el estado se está militarizando. En las carreteras no sólo hay agentes de Migración, sino también policías y soldados deteniendo a migrantes”, apunta desde Tapachula la abogada del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Ana Isabel Nigenda.

La Secretaría de Gobernación corrobora lo expuesto por el Centro Fray Matías. En el oficio 041111000022815 la dependencia informa en respuesta a una solicitud de información pública que, en efecto, en los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, más de 2 mil migrantes fueron detenidos y remitidos al INM en 2014 por parte de alguna autoridad de la Defensa Nacional, entre policías de los tres niveles, agentes ministeriales, soldados y marinos.

En Chiapas, por ejemplo, el oficio detalla que de las mil 046 remisiones de extranjeros indocumentados al INM, 771 fueron hechas por agentes ministeriales de la PGR (73%), mientras que otras 246 fueron realizadas por policías federales.

Para el director del albergue del Centro Comunitario de Atención al Migrante en Altar, Sonora, Prisciliano Peraza García, tanto estos datos estadísticos, como los hechos sobre el terreno –plagado de retenes de policías y militares–, muestran que México se ha convertido en un embudo del flujo migratorio que está al servicio de Estados Unidos.

“México se ha vuelto un rompeolas de la migración centroamericana para Estados Unidos. A los migrantes los están volviendo más invisibles, haciéndolos ir por lugares más inhóspitos, más difíciles, porque pareciera que apestan y tienen que esconderlos”, critica el activista. “Los gringos”, opina con sarcasmo, “planearon mal el muro de su frontera”.

“Mejor lo hubieran puesto en el sur de México –plantea el defensor de migrantes manteniendo el tono ácido en sus palabras–. Ya de plano que pongan su muro ahí en Ciudad Hidalgo, en el Río Suchiate”.

Más que un traslado 'virtual' de la frontera estadounidense hacia el sur de Chiapas, el investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Ernesto Rodríguez, considera que lo que está sucediendo tras la crisis de los niños migrantes en Estados Unidos, y la influencia que ésta tuvo en el posterior lanzamiento del Programa Frontera Sur, es “la reactivación de una política migratoria en México que tampoco es nueva”.

“Los operativos y las acciones de control sobre los flujos migratorios irregulares han formado parte de una política del Gobierno mexicano que ha sido constante”, recuerda el académico.

“Ahora bien, lo que está claro es que esta política de control ha tenido momentos de mayor y menor énfasis, y que a partir de este Programa Frontera Sur se ha retomado ese énfasis en tratar de controlar o retener el flujo migratorio –resalta Rodríguez–. Y eso es lo que se está viendo en las cifras de detenciones”.

“Se ha puesto más difícil cruzar México que Estados Unidos”

“No sabemos qué ha pasado –Orlin, hondureño de 24 años y ojos verde aceituna encoge los hombros sin perder de vista la posición estratégica de las fichas sobre el tablero de ajedrez–. Pero se ha puesto muy difícil la situación en México. Creo que ahora es más difícil para nosotros cruzar México que cruzar a Estados Unidos”.

Frente a él, un salvadoreño de 46 años que prefiere omitir su nombre, alto, flaco, y también de ojos verdes, se acaricia el bigote ralo que le hace una sombra en el labio superior y asiente con la cabeza.

“En el camino ahora hay muchos retenes. Ya no puedes ni caminar 15 minutos en combi sin que te salga la mentada volanta (camioneta) de migración, o sin que te encuentres un control –lamenta el hondureño, quien repone fuerzas y ánimo en el albergue Hermanos en el Camino, en Ixtepec, Oaxaca–. Además, en la combi tampoco puedes ir tranquilo. Los choferes están aliados con los de Migración; si te ven subir con mochila los llaman por teléfono para que se pongan adelante, y si no les das dinero te entregan con ellos. Por eso hemos tenido que tomar la opción de caminar”.

A unos metros de distancia de donde los indocumentados juegan la partida de ajedrez, detrás de una puerta enrejada del albergue Hermanos en el Camino, una solitaria fila de vagones se desliza sobre los rieles emitiendo un lúgubre ruido metálico.

Ante la escena, se cuestiona a los dos centroamericanos sobre los riesgos de viajar en un viejo ferrocarril de carga, y sobre la medida del gobierno de mexicano de impedir que los indocumentados suban a 'La Bestia'.

“Sí, el tren es peligroso –admite Orlin, que voltea la mirada aceitunada hacia el ferrocarril que pasa a lo lejos–. Pero por culpa de migración nos toca buscar rutas que son más peligrosas que ese tren. En los caminos hay robos, secuestros y violaciones, ¡y ahí no hay ninguna autoridad que te cuide! –extiende los brazos, dejando a la vista su apellido tatuado con letras góticas en el antebrazo derecho–. En el tren, al menos tienes un chance de escaparte. Pero caminando solos por la montaña, ¿qué podemos hacer? –traza de nuevo una cruz en el aire–. ¿Si nos matan en el monte quién se va a dar cuenta?”

El salvadoreño de 46 años rompe el silencio y la concentración de la partida de ajedrez. Se acomoda la gorra sobre la cabeza menuda y comienza a relatar que él también fue asaltado, “como todos los migrantes que estamos en este albergue”.

“Nos bajamos del tren para rodear un retén y cerca de las vías nos salieron tres personas. Nos quitaron 20 pesos, nos tiraron al suelo y, como no traíamos más dinero, nos agarraron a patadas”, cuenta el migrante, que apunta a las autoridades como las responsables de las agresiones.

“Para mí, esto es culpa de Migración. Porque ahora andan en las vías correteándonos, y ya nos persiguen hasta con los soldados, como si fuéramos los peores criminales. Y no se dan cuenta de que están dando de comer a los asaltantes porque, cuando nos persiguen, nosotros nos metemos a la montaña. Y allí es donde vamos a caer en sus manos”.

“Entonces –remata–, es mentira eso que dice el gobierno de México de que con ese plan nos van a proteger. ¿O es que protegernos es perseguirnos como animales? –cuestiona enojado–. Yo creo que protegernos sería que nos dijeran: 'muchachos, no se suban al tren porque la cosa está así con los delincuentes'. Pero lo que están haciendo es ponernos en bandeja para los criminales. Nos están mandando pal matadero”.

Animal Político buscó al coordinador del Programa Frontera Sur, Humberto Mayans, para obtener su evaluación sobre los resultados que esta iniciativa ha generado hasta la fecha, y para conocer su postura ante los testimonios de los migrantes. La respuesta del funcionario fue que, “por cuestiones de agenda,” no podía conceder la entrevista.

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Más información sobre la frontera sur de México con Estados Unidos en el Especial “Programa Frontero Sur: Una cacería de inmigrantes”, compuesto de tres entregas, publicado originariamente en el medio digital mexicano Animal Político.