A finales de 2017 un grupo de personas que no nos conocíamos previamente y a las que nos gusta la bici como medio de transporte nos juntamos en la plaza de Manuel Becerra, Madrid, para embarcarnos en una petición que nuestra ciudad tiene pendiente. Llevábamos años discutiendo, a veces agriamente, en redes sociales con otros activistas del mundillo. Nos llamaba la atención la ausencia de bicicletas en las calles de Madrid en comparación no ya con otras capitales europeas sino nacionales; localidades que miran al futuro como Valencia, Zaragoza, Sevilla o Barcelona.

Siendo una herramienta fundamental para una movilidad sostenible y una ciudad habitable, está claro que Madrid se encuentra lejos de lo deseado: anclada en un modelo propio de los años noventa, cuando se confundía el progreso con poseer un coche frente a los beneficios de la bicicleta. Para combatir esto nos juntamos unos y unas cuantas de manera espontánea en diciembre pasado.

Los datos avalan la situación precaria en la que nos hallamos. De hecho, la simple experiencia constata que vivimos en un lugar hostil a la bicicleta. Conforme al Plan Director de Movilidad Ciclista del Ayuntamiento de Madrid (PDMC), los desplazamientos en bici suponen el 1,3% del tráfico y el 0,4% del modal. Esto significa que por las calzadas de Madrid circula una bici por cada 99 motos, coches y camiones y que cuatro de cada mil personas se mueve en bici por la ciudad. ¡Cuatro! Frente a ochenta por cada mil en Sevilla.

Esto que criticamos puede comprobarse rápidamente: no hay más que dar un paseo por Madrid y contar el número de bicicletas que nos cruzamos por el camino, y después hacer lo mismo con los coches. No hay comparativa posible: los vehículos nos abruman. Intenten capturar una fotografía con cinco bicicletas a la vez en cualquier semáforo de Madrid, una escena muy fácil de ver en Sevilla o Barcelona. A diario y a cualquier hora del día

En Madrid todo va mucho más lento: cerca de dos millones de coches circulan a diario por las calles capitalinas. Un millón penetra cada día dentro de la M-30. La frágil recuperación económica ha incrementado los usuarios del Metro de Madrid y de la empresa municipal de autobuses EMT, pero también han aumentado los automóviles con la salida de la crisis. Resulta lógico, pues obedece al diseño de la ciudad, un entramado de vías muy cómodas para el coche culminado en la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón. En un espacio pensado, delineado y reglado para la circulación de vehículos pesados a motor, lógicamente no se emplea la bicicleta de forma masiva. Ni resulta cómodo ni la diferencia entre vehículos facilita una convivencia más que difícil, ni supone la opción más segura para los ciclistas. Por eso apenas hay; si acaso, grupos de turistas que alquilan bicis, ciertamente un fenómeno novedoso que empieza a calar por el centro y por Madrid Río.

Pero todo es insuficiente. No hay más que contrastar el mapa de las vías ciclistas de Madrid con la de otras ciudades que cuentan con un uso generalizado de la bici. Mientras que una, la capital, sufre una amalgama inconexa, incoherente a insuficiente de vías ciclistas de diseños variopintos, las otras han desarrollado una red de carriles bici conectados e intuitivos que vertebran la ciudad. Sí, la movilidad en Madrid es infumable.

La situación actual en la que se halla el Paseo de la Castellana se revela especialmente inhóspita para pedalear, en tanto que hablamos de una de las arterias más importantes ya no de Madrid sino de España. En la primera mitad del siglo XIX nacieron los Paseos del Prado y Recoletos. Desde entonces existía la necesidad de un eje Norte-Sur para Madrid: durante la Guerra Civil el límite septentrional de la capital era la Plaza de Colón, desde donde en la inmediata posguerra se concibió el Plan Bidagor (1941), que configuró una avenida imperial para la Castellana, la cual lógicamente recibió la nomenclatura franquista correspondiente: Avenida del Generalísimo. Era una avenida diseñada con los cánones del Modernismo, cuando ir en bici no era hipster.

En 1996 terminó la construcción de las Torres Kio, en la Plaza de Castilla. Y hasta ahí llega nuestra reivindicación de momento: un carril bici entre Atocha y esta plaza, porque somos conscientes de que el ámbito inmediatamente contiguo (Cuatro Torres, Estación de Renfe) pertenece a la Operación Chamartín, que parece estar desbloqueándose tras 25 años de discusiones.

Pero el Eje Norte-Sur capitalino ahí sigue, setenta años después, plagado de vehículos contaminantes. Solamente dispone de ciclocarriles en los laterales, frecuentemente ocupados por automóviles en doble fila y camiones de reparto. El 80% del espacio de la Castellana va para ellos, a bordo de los cuales solo viajan el 20% de las personas que se desplazan por esta arteria. Igualmente, el tipo de ciclista que se ve representa a un segmento de la población muy determinado, mostrando una brecha de género y de edad muy considerable. En Madrid las ciclistas ni siquiera alcanzan el 20%, mientras que en Sevilla se acercan al 40% y en Ámsterdam o Copenhague superan la mitad (60% en Ámsterdam, donde ellas son mayoría). En definitiva, lo que se ve en La Castellana refleja lo existente en toda la capital. Incluso peor: la cuota modal de bicis para la Castellana es del 0,04% según el PDMC revisado. Una cifra lamentable.

No obstante, esta avenida presenta unas características que le confieren una relevancia  estratégica, resultando capital para intentar cambiar de una vez por todas la configuración de Madrid. En primer lugar, es la vía más transitada de la urbe, una autovía de alta capacidad que la atraviesa de norte a sur, saturada a diario de vehículos motorizados atascados en horas punta o circulando a altas velocidades en horas valle. Esto la convierte en una frontera artificial que divide y separa más que une, mermando su habitabilidad y dificultando moverse en bici o caminando.   

La Castellana alberga uno de los centros culturales y económicos más importantes de Europa. No cabe duda de su capacidad para atraer rutas de visitas y paseos: Museo del Prado, Thyssen, Caixa Fórum, Reina Sofía, Museo de Ciencias Naturales, Museo de Cera, Museo Naval, así como sedes de grandes empresas y Administraciones Públicas.

¿Adivinan no ya cuál es la situación de la bicicleta en Prado-Recoletos, entre Atocha y Colón, sino de los propios viandantes? A la altura del Thyssen, miles de residentes y visitantes se hacinan en aceras mínimas impropias de una metrópoli que vive una burbuja turística e inmobiliaria. Los peatones aquí conviven con una calzada de cuatro carriles por sentido, una isleta peatonal que nunca se llena porque obliga a dar rodeos innecesarios y, de nuevo, más espacio para el coche en los carriles centrales del Prado (ahí va un reto: atraviesen en bici la Glorieta de Carlos V, frente a Atocha, y cuéntenos después la experiencia).   

Son numerosos los distritos que recorre la Castellana: Centro, Retiro, Chamartín, Chamberí, Salamanca, Tetuán, Fuencarral-El Pardo. En su longitud se localizan hasta cuatro estaciones de cercanías que ilustran las virtudes de esta calle como el mejor lugar para potenciar la bicicleta. Es un eje de todos los madrileños, y por eso todos ellos deberían poder decidir qué hacer con él en un proceso abierto y participativo.

No cabe duda de que los madrileños tenemos ganas de bici, queremos usarla como herramienta para desplazarnos. Las recogidas de firmas (25.000 en change.org en prácticamente una semana), los proyectos de carriles bici votados masivamente en los presupuestos participativos, así como el numeroso uso del anillo ciclista así nos lo revelan. Siguiendo el ejemplo de otras ciudades como Londres o Valencia, ha de comenzarse la red de vías ciclistas por una principal, de gran afluencia, a modo de tronco, para ir injertándole las ramas.

Un carril bici segregado, amplio y seguro que fomente el inicio de una transformación de paradigma urbano, que suponga el comienzo de la superación de la brecha de género, que haga habituales las bicicletas de carga para llevar niños pequeños y mercancías ligeras de reparto, que contribuya a rebajar el ruido, el estrés, la contaminación e impulse un cambio de mentalidad dependiente del vehículo a motor, cuyo uso masivo y excesivo pone en peligro la salud de todos y nos come todo el espacio.

Con estas intenciones reivindicamos esta iniciativa ciudadana que queremos visibilizar con la marcha ciclista del domingo 3 de junio, recientemente elegido por la ONU día mundial de la bicicleta, con un espíritu festivo y con una voluntad de cambio y mejora. Por eso queridas Manuela Carmena (alcaldesa, Ahora Madrid), Purificación Causapié (PSOE), Begoña Villacís (Ciudadanos) y José Luis Martínez Almeida (PP) tenéis, tenemos, una gran oportunidad en el año que queda hasta las elecciones municipales de 2019. Por favor, no la desaprovechemos.

La UE y EEUU están atrancados en varios puntos de la negociación del TTIP, el tratado de libre comercio e inversión en el que están inmersos ambos lados. Los episodios más complicados son las licitaciones públicas, los servicios, la protección al medio ambiente, los alimentos modificados genéticamente, los experimentos con animales… Y quizás por encima de todos estos escollos, las denominaciones de origen: Estados Unidos no reconoce las indicaciones geográficas, a diferencia de Europa que sí lo hace.

Por eso EEUU puede permitirse fabricar imitaciones de Champagne o vino de Jerez sin seguir un proceso determinado y sin hacerlo en el territorio o región al que pertenezca la denominación de origen. Sobre el Champagne o el Jerez, los documentos filtrados por Greenpeace Holanda revelaron que estas son dos de las 17 marcas las que Washington rechaza reconocer y que se seguirán produciendo en territorio estadounidense. Por eso ante el temor a un fracaso en el capítulo de denominaciones, la Comisión Europea reconoce que va a dar la batalla por 205 especialidades protegidas, entre las cuales hay quesos, jamones, aceites, cervezas y otros productos.

De las algo más de 200 denominaciones hay muchas conocidas. Y 25 de ellas (el 12,5%) son españolas. Hay aceites y grasas (aceite de Terra Alta, del Baix-Ebre, del Bajo Aragón, de Antequera, de Baena, de Les Garrigues, de Priego de Córdoba, de Cádiz, de Cazorla, de Segura, de Sierra Mágina, de Siurana); quesos (Idiazábal, Mahón, Manchego, de tetilla); “jamones” (Guijuelo, de Huelva, de Teruel); turrones (de Jijona, de Alicante, de la Estepa); y finalmente azafrán de La Mancha, cítricos valencianos y salchichón de Vic.

Así lo aseguran fuentes oficiales. Muchos de los alimentos de la lista de 15 páginas son todo un emblema de la gastronomía europea. Predominan los productos franceses, pero ante todo copan la lista los estados mediterráneos: España, Francia, Italia y Grecia, y varias especialidades alemanas, polacas o belgas. Francia, el que más protección pide, recoge el Camembert de Normandía, el Foie-Gras del sudoeste, el queso Emmental de Saboya, el jamón de Bayona, las ostras del Atlántico, el Roquefort…

Según fuentes de la negociación, el reconocimiento por parte de EEUU de la lista de más de 200 “productos alimenticios, aparte de vino y licores” es crucial para que el capítulo de las indicaciones geográficas no termine siendo un capítulo fracasado. Especialmente tras del desacuerdo en torno a los 17 vinos. “No conseguimos convencer a la otra parte de que aceptara las 17 marcas semi-genéricas”, explican en la Comisión.

En 2006, un acuerdo de vinos entre la UE y EEUU facilitó el reconocimiento norteamericano de las principales denominaciones comunitarias como el Rioja o el Burdeos. Pero el trato no incluía los mencionados 17 semi-genéricos. La tradición de producir imitaciones del Champagne es centenaria en estados como California, aunque los productores de esta variedad no pueden exportar su Champagne al exterior. La negociación del TTIP no ha avanzado más en denominaciones, así que el progreso es del 0%.

“Es fundamental para nuestro sector agrario que la UE consiga un nivel de protección adecuado de las especificidades geográficas en el TTIP”, reclama la eurodiputada Inma Rodríguez-Piñeiro (PSOE). “Así lo exigimos los socialistas en una resolución del 8 de julio que recoge las reivindicaciones del Parlamento Europeo”. La Eurocámara tendrá la última palabra y podrá tumbar el tratado, al que someterá a una votación cuando la negociación concluya.

Hay muchos más productos, como el queso griego Feta, que causó una polémica en la última reunión de los 28 estados miembros a finales de abril para tratar el tratado de libre comercio UE-Canadá, conocido como CETA. Los griegos consideraron que estaba desprotegido de aquel acuerdo, ya concluido y pendiente de ratificación.

Aparecen igualmente en Italia el aceite balsámico de Módena, los quesos Gorgonzola y Grana Padano, la mortadela de Bolonia, la Mozarela de Buffala… Así hasta 200 denominaciones de muchos países. “No todos los estados miembros de la UE están tan preocupados por las indicaciones geográficas”, confían en la Comisión Europea. “Hay un país, Francia, que es el que más está batallando por conseguir un estándar de protección elevado. Pero hay otros que no tienen productos regionales como tal”.

Al menos en público, Francia se presenta como la nación más crítica con el TTIP. “Quiero tranquilizarles”, soltó el 26 de abril el ministro de Agricultura Stéphane LeFoll a la Asamblea francesa. “No liquidaremos aquello que sostiene nuestro campo, como las denominaciones de origen, por un mal acuerdo firmado en los próximos meses”.

LeFoll y otros altos cargos del Elíseo, como el propio presidente François Hollande, contemplan parar el TTIP si este no les satisface. Aunque París no actúa igual de puertas adentro: para un acuerdo similar o peor que el TTIP como es el CETA con Canadá, Francia presiona para que los 28 lo ratifiquen lo más rápidamente posible, según ha sabido este medio del último encuentro interestatal en Bruselas.

La prórroga de 14 meses concedida por los saudíes al consorcio español que construye el AVE a La Meca (una moratoria que se acordó hace un mes pero que se oficializó este martes) supone un alivio para las empresas nacionales, si no fuera porque el mayor contrato jamás obtenido por España en el extranjero (6.700 millones de euros) no gana para sustos. El principal, el problema de la arena del desierto que invade, en algunos casos completamente, algunos tramos de la vía y que ahora vuelve a estar sobre la mesa.

Según ha sabido este diario a través de un nuevo episodio de correspondencia entre Renfe, Adif e Ineco (las tres firmas públicas de las doce que componen el consorcio Al Shula), técnicos del operador ferroviario y del administrador de infraestructuras enviaron a la ingeniera Ineco el 6 de abril una carta solicitando una reunión entre expertos para abordar el tema, que viene coleando desde hace cuatro años. Pero según varias fuentes, la petición ha sido ignorada.

Preguntadas sobre la misiva, tanto Renfe como Adif no han contestado. Pero en ambas compañías la preocupación subsiste. Según la carta, “en nombre de Renfe y Adif” se solicita “una reunión con expertos de Ineco para conocer el desarrollo de los asuntos, todos ellos relacionados con el problema de la arena en el desierto”. 

Los asuntos que competen al problema de la arena son: primero, “el estado de los estudios que se tuvieran que llevar a cabo”; segundo, “el estado de las pruebas de campo”, esto es, sobre el terreno; tercero, “el estado del diseño de estas medidas”, es decir, su proyección y su cálculo. El Confidencial publicó a principios de marzo una foto con la vía de alta velocidad de la línea Medina-La Meca (500 kilómetros) completamente cubierta de arena.

“Nos preocupa mucho”

Las alarmas saltan al término del correo: “Como pueden imaginar, este asunto nos preocupa mucho porque afecta a la operación. Debemos justificar ante el cliente que el problema está arreglado y que no afecta a la operación de la línea”. La reunión nunca se celebró y de la carta ha pasado más de un mes.

La prórroga de 14 meses puede dar tiempo a Al Shula, donde además de las empresas públicas citadas están Copasa, OHL, Talgo, Consultrans… Además Riad, cuyas finanzas se ven afectadas por la caída del precio del petróleo, se ha comprometido a ponerse al día con los pagos. En noviembre el consorcio se quedó sin fondos y desde entonces los trabajos han ido al ralentí y en ocasiones se tuvieron que detener.

Según miembros del consorcio, el mal viene de lejos. Concretamente, de la Fase 1 (la superestructura) a cargo de un consorcio chino-saudí. “Para paliar este efecto, ellos construyeron lo que quisieron donde quisieron. Y nosotros, encargados de la Fase 2, jamás nos pusimos en contacto con ellos”.

La oferta del consorcio estipulaba cuatro puntos contra la invasión de arena. Primero, la vía en placa en tramos peligrosos; después, erigir un muro de 1,6 metros; a continuación, el mantenimiento de la vía; y finalmente, barreras de vegetación y permeables al viento.

La vegetación abundante: una solución ignorada

“Ineco ha hecho un estudio y ha identificado por tramos las zonas de riesgo, asignando diferentes grados en función del peligro. Hasta aquí bien. También bien la vía en placa: está bien colocada, cubre las zonas de riesgo e incluso un poco más. Pero los problemas no terminan ahí”, subrayan las fuentes.

“OHL ha construido dos muros de prueba cortitos en dos sitios. Uno parece que funciona, pero el otro no”. Una de las fotos publicadas en prensa muestra el tramo junto al segundo muro, tapado casi por completo por la arena.

¿Y la vegetación? “Ni se menciona. Es lo más barato y duradero. La vegetación natural crece a medida que se amontona la arena. Pero claro, esto no se ha contemplado siquiera. La vegetación exige una banda de protección de anchura indefinida. Y como digo, se desconoce la anchura. A nivel técnico hay mucha preocupación”. La dificultad arenosa fue advertida por primera vez en 2012 por el consorcio.      

Los siguientes meses revelarán si se resuelve la cuestión, que preocupa especialmente a Renfe y Adif porque son las que seguirán en Arabia Saudí cuando la mayoría de empresas de Al Shula se marchen. Hasta ahora ambas han sido desatendidas a pesar de las múltiples advertencias. Ahora, el cambio de consejero delegado en Al Shula afectará a los trabajos ya que Santiago Ruiz, que cobra 700.000 euros netos por año, negocia su salida.

También ha sido sustituido el ministro de Transportes saudí, y mientras el Gobierno español sigue en funciones. Hay un sobrecoste que se acerca a 2.000 millones cuya culpa recae, sobre todo, a los saudíes, ya que han cambiado puntos del contrato que no estaban previstos como adelantar la apertura de un tramo de la línea y hacer que las firmas españolas asuman el mantenimiento de las carísimas y enormes estaciones. Y en Renfe está cada vez más extendida la sensación de que las cuentas no cuadran y será la empresa pública o lo que es lo mismo, todos los españoles, los que pagarán el pato saudí.

El Eurogrupo, la reunión informal de ministros de Economía y Finanzas de la zona euro, ha expresado este lunes su intención de estudiar un posible alivio de la deuda pública griega (por encima del 180% del PIB), más de seis años después del estallido de la crisis de la deuda helena. En teoría, se tratará de concretar dicho acuerdo el próximo 24 de mayo, dentro de dos semanas, y de concretar algún tipo de reducción en la carga de la deuda estar sería sujeta a nuevas condiciones.

Igualmente, las instituciones acreedoras –la antigua Troika- han hablado de terminar la primera revisión del tercer rescate, dotada de 86.000 millones de euros. De esa cantidad faltan 5.200 millones de euros por entregar a Atenas, que ha llevado a cabo un programa vertiginoso de reformas (y recortes, aunque éstos se han centrado en las clases más pudientes de la sociedad griega) desde el doloroso acuerdo del pasado 13 de julio de 2015.

El anuncio por el cual se estudiarán en los próximos días “medidas a corto, medio y largo plazo” ha sido hecho por el presidente del Eurogrupo, Jeroem Dijssebloem, este lunes 9 de mayo. Llega tras una reunión precedida de cierta tensión entre los propios acreedores, envío cruzado de cartas, amenazas de largarse por parte del FMI y alguna exigencia extra que ya venía del pasado Eurogrupo de Ámsterdam.

Pero la revisión de la deuda supone en hito en los últimos seis años, incluida una reestructuración fallida (2012), caída del PIB y entrada continua en recesión. Según un documento al que ha tenido acceso el Wall Street Journal, el alivio a la deuda consistirá en “extender la amortización de los préstamos, limitar los reembolsos anuales y rebajar los tipos de interés”.

Es la propuesta que ha traído este lunes el Mecanismo de Estabilidad (Mede), una de las partes acreedoras. Ahora los técnicos necesitan trabajarla en detalle, porque los plazos de amortización de algunos créditos se van más allá de los 30 años.

Hubo tensión en los prolegómenos del encuentro, que ya no despierta tantos focos como el primer y agónico semestre de 2015 con Yanis Varufákis al frente de las finanzas helenas. Una carta del FMI filtrada el fin de semana pasado recogía la exasperación de su directora gerente, Christine Lagarde, con sus teóricos socios acreedores (BCE, Comisión, Mede).

El FMI amenazó con abandonar el rescate griego, y condicionó su permanencia a “si la financiación y el alivio de la deuda se basa en objetivos fiscales realistas”. Ante el runrún generado, el ministro de Finanzas de Grecia, Euclides Tsakalotos, envió una misiva a la Troika reclamando generosidad e instando a aceptar una reestructuración de deuda. Algo que por fin ha llegado.

Además del anuncio, cuya trascendencia se verá dentro de 15 días, el Eurogrupo ha acordado una serie de medidas (recortes) que suman hasta el 3% del PIB griego hasta 2018 que incluyen reformas de pensiones, reformas del impuesto de la renta, subidas del IVA y revisiones del salario de los funcionarios.

Son precisamente las medidas que el domingo por la noche el Gobierno de Tsipras sacó adelante en el Parlamento. Las futuras pensiones se verán afectadas, pero la carga impositiva que ha diseñado el Ejecutivo de Syriza recae sobre las rentas más altas. El Eurogrupo ha dado su visto bueno.

Otra de las grandes discrepancias de los acreedores es el superávit fiscal del 3,5% exigido a Atenas y las “medidas de contingencia” que se han  votado este 9 de mayo en caso de que Grecia no alcance el objetivo (y que supondrán nuevos recortes automáticos). El FMI no está de acuerdo con este objetivo, acordado en Ámsterdam, que considera poco menos que ficticio. El regreso de Grecia a los mercados parece hoy más cerca.

Cada vez llaman más la atención los tratados de libre comercio e inversión que negocia la UE con otros países o regiones geográficas, empezando por el TTIP (siglas en inglés) entre Europa y Estados Unidos. La filtración masiva de documentos de este último acuerdo el 1 de mayo por parte de Greenpeace Holanda ha reafirmado la teoría de que el TTIP no se terminará de negociar “políticamente” bajo el mandato de Barack Obama, tal y como desea la Comisión Europea.

Apenas dos días antes de estas revelaciones hubo una disputa entre estados miembros en Bruselas a cuenta de otro tratado comercial. Se trata del denominado CETA (siglas en inglés), el acuerdo de libre comercio que negocian la UE y Canadá. Canadá supone un mercado de unas 33 millones de personas mientras que el TTIP se negocia con un país que tiene diez veces más población: por eso la negociación del CETA, llevada a cabo con sigilo, solo ha empezado a despertar interés antes de su conclusión.

Ésta se produjo en marzo tras un maquillaje de última hora de la Comisión Europea –la que negocia todos los tratados en nombre de la UE– sobre el polémico mecanismo de arbitraje. Ahora queda la ratificación del Parlamento Europeo y de cada uno de los 28 parlamentos nacionales. Y aquí es donde empiezan los problemas.

El viernes 28 de abril se reunió el Comité de Política Comercial del Consejo de la UE, el órgano que preside Donald Tusk y que representa a los estados miembros. Según relatan varias fuentes y confirma el propio Consejo, numerosos representantes de los 28 países cuyos Gobiernos deberán llevar a los parlamentos el CETA para su votación (sin descartar la posibilidad de referéndum en algunos casos) empezaron a mostrar dudas por varios episodios del acuerdo. La discusión continuó al día siguiente en el Comité de Representantes Permanentes (Coreper).

Al igual que el TTIP, una de las grandes preocupaciones son las denominaciones de origen. Grecia manifestó su inquietud por una de sus marcas gastronómicas estrella: el queso feta.

Rumanía y Bulgaria también saltaron, pero al parecer no por nada relacionado con el contenido del CETA; los representantes de Bucarest y Sofía se quejaron “por la falta de reciprocidad, porque la política de visados de Canadá con la UE excluye a estos dos países y les impide, por tanto, sacar partido al igual que el resto del acuerdo”, revelan portavoces del Consejo. “No es un problema del CETA pero si la situación no se desbloquea, los parlamentos rumano y búlgaro podrían darnos una sorpresa”.

Eslovenia por su parte expresó sus dudas por el polémico mecanismo de arbitraje para resolver litigios entre inversores y estados: en la víspera de cerrar el tratado la Comisión Europea planteó, como sucedió en el TTIP, una propuesta según la cual el clásico mecanismo ISDS (tribunal de arbitraje formado por jueces procedentes del sector privado, como bufetes de abogados) pasaba a ser sustituido por el ICS (Investment Court System).

Los críticos de estos tratados denuncian que el ICS mantiene los árbitros procedentes del sector privado aunque es cierto que también contempla jueces de carrera. Y el representante esloveno criticó este mecanismo. Eslovenia ha sido sorprendentemente crítico con los acuerdos de libre comercio, llegando su Ministerio de Economía a publicar el año pasado un estudio que apunta a un descenso del PIB nacional si entra en vigor el TTIP.

El último país en quejarse fue Austria. Su enviado a Bruselas alegó que los plazos dados por la Comisión antes de la ratificación definitiva del CETA son insuficientes tanto para su trámite parlamentario como para la discusión. “Austria pidió el tiempo necesario para examinar la letra pequeña del texto antes de aceptar la entrada en vigor provisional”.

En otoño el Parlamento Europeo deberá votar a favor o en contra del tratado con Canadá en Estrasburgo, y casi al mismo tiempo el acuerdo tendrá que ratificarse en los 28 países por la vía parlamentaria o referéndum.

La discreción de Canadá y Bruselas solo ha empezado a levantar polémica al final. Alemania ya expresó tiempo atrás sus reservas en el CETA por un punto del tratado que crea dudas en torno a la titularidad del agua como bien público. Varios testigos dicen que en la reunión del 28 de abril Alemania, Francia y varios países del Este pidieron que el acuerdo con Ottawa sea ratificado lo más rápido posible.

“El CETA es un TTIP 1.0”, opina la profesora de Derecho Laboral Adoración Guamán. “Los dos prevén mecanismos similares en cuanto a la cooperación reguladora y los tribunales especiales para inversores. Y Canadá y Estados Unidos están vinculados por la relación comercial bilateral más importante del mundo (NAFTA, entre EEUU, Canadá y México).

“Aunque no se apruebe el TTIP, si se aprueba el CETA se abriría una vía para la entrada de productos y servicios estadounidenses de manera indirecta. Enfrentarse al TTIP sin enfrentarse al CETA carece de sentido”, dice Guamán, autora del libro TTIP. El asalto de las multinacionales a la democracia.

Las delegaciones de los principales partidos españoles en el Parlamento Europeo, con la excepción del PP, unirán fuerzas para pedir la comparecencia del comisario de Energía y Acción contra el Cambio Climático, Miguel Arias Cañete, por los opacos negocios de su mujer, Micaela Domecq. PSOE, Ciudadanos, Podemos e Izquierda Unida ya se están movilizando para que el exministro de Agricultura acuda a la sesión plenaria de Estrasburgo, que arranca el próximo lunes.

Así lo confirman portavoces de los cuatro partidos. Domecq, esposa de Cañete, aparece en los Papeles de Panamá y, según se ha sabido esta semana, se acogió a la amnistía fiscal aprobada por el PP en 2012, el primer año de Gobierno de Mariano Rajoy, tal como ha publicado El Confidencial. “Demasiadas sombras de duda le rodean. No podemos recibir el silencio por respuesta”, clama Iratxe García, portavoz del PSOE en el Parlamento Europeo.

La Comisión Europea respondió a principios de abril, a raíz de conocerse que la mujer del comisario era tenedora de una sociedad offshore, que Cañete cumplía el código de conducta comunitario y que la empresa de su mujer radicada en un paraíso fiscal llevaba inactiva varios años, antes de que él asumiese la cartera de Energía en noviembre de 2014. “Nuestra posición no ha cambiado”, responde escuetamente el Ejecutivo comunitario sobre la acogida a la amnistía.

“Es muy importante tener en cuenta la separación de bienes entre Cañete y su mujer”, añade la Comisión Europea. Esta justificación es el subterfugio al que se agarra el comisario, que no se inhibió en el Consejo de Ministros de 2012 que aprobó la amnistía a la que a posteriori se acogería su esposa Micaela Domecq.

“Cañete es un conflicto de intereses en sí mismo y parece que la única persona que no lo ve es Juncker”, ironiza la portavoz de IU, Marina Albiol. “Juncker dio por bueno aquello de que lo de la empresa en Panamá es anterior a su época como comisario y es entendible que no hiciera nada porque básicamente es la misma doctrina que se aplicó a sí mismo con 'LuxLeaks'. Pero el pasado de Cañete parece no tener fin y le va a estar persiguiendo siempre”, remacha Albiol.

Entre las delegaciones de los partidos españo¡les en Bruselas hay quien se inclina por pedir la cabeza del comisario español, que empezó con mal pie por el posible conflicto de intereses al administrar, hasta el mismo año en que fue nombrado comisario de Energía, varias petroleras en Canarias; también apareció salpicado en el Caso Acuamed, sin consecuencias. “Si es verdad que su mujer se benefició de la amnistía fiscal que él aprobó siendo ministro y diputado, Cañete debe dimitir inmediatamente”, dice Albiol.

Podemos quiere que Cañete vaya a Estrasburgo la semana que viene. “Actuaciones como la de Cañete van en la dirección contraria a lo que debería hacerse y solo suponen un ataque a las instituciones”, lamenta Tania González. “En apenas año y medio, no han cesado de aparecer alrededor del comisario presuntos casos de corrupción”, asegura la eurodiputada de Podemos.

Ciudadanos Europeos, la delegación afín a C's en la Eurocámara, no ha hecho ninguna declaración, pero asegura a eldiario.es que comparte la filosofía de PSOE, Podemos e IU.

Las filtraciones del Tratado de Libre Comercio e Inversión (TTIP) que negocian la UE y Estados Unidos, realizadas por Greenpeace Holanda y conocidas como TTIPLeaks, amenazan con minar la “confianza” entre ambas partes, en palabras del negociador de la Comisión Europea, Ignacio García Bercero. Según el Ejecutivo comunitario, las revelaciones han dado lugar a conclusiones “erróneas e incompletas”. Pero las filtraciones también retratan la foto de la discusión, y eso es importante porque permiten conocer las posiciones de ambos países.

Es el caso del apartado ‘Tactical Stay of Play’ (traducible como situación táctica), en el cual Estados Unidos muestra su rechazo total a dejar de producir hasta 17 denominaciones protegidas en Europa, que entrarían en la categoría de vinos ‘semi-genéricos’: así aparece en los papeles y así lo ha confirmado a eldiario.es la Comisión Europea. Los productores estadounidenses seguirán fabricando Champagne, Oporto y Jerez porque son tres de las 17 indicaciones geográficas. Algo que solo es posible al no reconocer EEUU las denominaciones de origen.

“En vinos, la UE recordó que el TTIP debe incluir cierta flexibilidad en vinos y licores, basada en la incorporación de los acuerdos bilaterales existentes”, reza el párrafo filtrado. Entre los acuerdos que cita, se refiere al Acuerdo Vinos de 2006 firmado entre la UE y EEUU, en el que se rechaza la fabricación de los principales vinos europeos (Burdeos, Rioja, etcétera). Pero hay más: “La UE pide la eliminación de la posibilidad para los fabricantes norteamericanos de hacer cualquiera de los 17 vinos, denominados semi-genéricos, que aparecen en el Anexo II del acuerdo de 2006”.

La respuesta fue un no cortante: “Estados Unidos reiteró su oposición a la incorporación del Acuerdo Vinos al TTIP así como de la petición europea sobre semi-genéricos”. Las 17 denominaciones, además del Champagne, Oporto y Jerez, son: Burgundy, Chablis, Chianti, Claret, Haut Sauterne, Hock, Madeira, Malaga, Marsala, Mosela, Retsina, Rhine, Sauterne y Tokay (un vino húngaro).

Fuentes de la Comisión confirman el desacuerdo en este punto y explican que históricamente Estados Unidos produce champán desde el siglo XIX, especialmente en la región vinícola que es California, pero no puede vender este producto más allá de sus fronteras. “Es uno de los capítulos más complicados”.

“Uno de los argumentos más repetidos de la Comisión Europea ha sido que protegerá a los productores locales pequeños y medianos. Este documento muestra que no lo puede garantizar”, señala el periodista Ekaitz Cancela, cuyo libro sobre el TTIP está a punto de ver la luz. “En una negociación tan ambiciosa, todas las partes tienen que hacer cesiones. El problema radica en qué cede la Unión Europea y qué no”.

Bruselas ha hablado de “confusión” al interpretar los documentos filtrados. La comisaria Cecilia Malmström y el negociador insisten en que lo que aparentemente dicen los documentos no refleja para nada el resultado final. Los textos consolidados muestran corchetes con espacios en blanco que, según la Comisión, no significan que la UE no se oponga, sino al contrario: “Son textos consolidados no cerrados, en los que es posible que no se llegue a ningún acuerdo”, subrayó el lunes Bercero.

Según Lola Sánchez, eurodiputada de Podemos, “las filtraciones que ha publicado Greenpeace son absolutamente verídicas. Yo he leído cada uno de los documentos en la reading room y en ellos se funda mi oposición al TTIP. He comparado las filtraciones con las notas que pude tomar, pero no enseñar, en esa sala de lectura y no cabe ninguna duda”. “Ante la falta de voluntad de la Comisión Europea de aportar transparencia sobre las negociaciones, tenemos que dar las gracias a Greenpeace por la filtración”, declara Florent Marcellesi, de Equo en Bruselas.

La Comisión Europea ha salido en tromba para responder a la filtración masiva de documentos sobre las negociaciones del tratado de libre comercio e inversión (TTIP, en inglés: casi 250 páginas repartidas en decenas de tomos) hecha pública el domingo por la tarde por Greenpeace Holanda. eldiario.es ha puesto a disposición de sus lectores los documentos íntegros filtrados por la ONG. “Efectivamente, los documentos son incompletos y en algunos puntos completamente falsos”, ha subrayado en una rueda de prensa el negociador europeo, el español Ignacio García-Bercero.

Los documentos, recogidos por algunas de las principales cabeceras europeas junto con anotaciones de Greenpeace, revelan las diferencias “irreversibles” en opinión de EEUU acerca de algunos puntos sobre la mesa como protección medioambiental, cosméticos u organismos genéticamente modificados (OGM). En una entrada urgente de su blog este lunes por la mañana, la comisaria de Comercio Internacional, Cecilia Malmström, ha señalado que esas discrepancias no reflejan para nada el resultado final ya que se trata solo de “textos consolidados”.

“Al contrario de lo que muchos creen, los textos consolidados en una negociación comercial no son el resultado. Reflejan cada posición dentro de la negociación y nada más. Y no debería de ser una sorpresa que EE UU y la UE tengamos diferentes puntos de vista”, ha respondido Malmström.

El negociador García Bercero ha abundado en la misma idea. “Los documentos filtrados, además de incompletos, se limitan a un número determinado de capítulos. Y están completamente equivocados en algunos casos que cita. Por ejemplo, en el apartado medioambiental, nuestra posición acerca del principio de precaución –que previene de riesgos contra la salud, los animales y la naturaleza– no está en cuestión. Y en los productos fitosanitarios no hemos hecho ninguna propuesta”, ha indicado, para negar que Bruselas vaya a ceder terreno.

Discrepancias normales

Bercero ha reconocido que es normal que EE UU y la UE discrepen y hasta que Washington consulte a su industria en determinados episodios del TTIP, algo que ocurre en ambas partes desde que arrancó la negociación en 2013. “Es sabido que una de las demandas que pide Estados Unidos es que reduzcamos nuestros estándares protectores”, ha recordado, agregando de paso que eso no quiere decir que la UE vaya a hacer lo propio.

Preguntado si la confianza quedaba dañada tras la filtración de Greenpeace, Bercero ha respondido afirmativamente. “Por ahora estamos lejos de un acuerdo. Pero mantengo que una conclusión política del TTIP bajo la Administración Obama es posible, aunque difícil”, ha destacado. Ya hemos dicho que no vamos a sacrificar ninguna línea roja“.

La Comisión Europea negocia en exclusiva el TTIP en nombre de la UE, y el equipo negociador concluyó la semana pasada la 13ª ronda negociadora en Nueva York. Bercero ha expuesto “significativos avances en homologación de normas para vehículos” y en el sector “farmacéutico”.

La 'Buy American'

Las principales discrepancias en realidad están en otra latitud que ni siquiera ha sido abordada en las últimas rondas negociadoras: las compras públicas, esto es, el acceso de las compañías europeas a las grandes obras públicas lanzadas por el Ejecutivo estadounidense, en las cuales las firmas norteamericanas tienen más opciones de ganar los contratos debido a una vieja ley de los años 30 que discrimina a las multinacionales foráneas. Es la denominada Buy American, un símbolo proteccionista de EE UU que nadie espera que sea derogada en el Congreso.

Sobre este obstáculo, Bercero ha sido claro. “No podremos cerrar el TTIP sin acceso al mercado norteamericano. La situación actual discrimina a nuestras empresas”.

Una serie de documentos filtrados acerca de las negociaciones del tratado de libre comercio e inversión entre la Unión Europea y Estados Unidos, más conocido por sus siglas en inglés TTIP, revela diferencias “irreconciliables” entre ambas partes. Los informes pertenecen a la víspera de la 13ª ronda negociadora que tuvo lugar en Nueva York la semana pasada y pueden suponer la puntilla a un tratado que no iba bien encaminado: si bien las cuestiones donde las posiciones parecen más enfrentadas (cosméticos, protección medioambiental, organismos genéticamente modificados) no son las más complejas, la imposibilidad de lograr un acuerdo en estos puntos deja la negociación en evidencia. Sobre todo, teniendo en cuenta que los dos capítulos más espinosos, compras públicas y denominaciones de origen, ni siquiera han sido abordados.

La filtración, publicada por varias medios internacionales entre ellos The Guardian, procede de Greenpeace Holanda y refleja principalmente la impotencia de Washington por cambiar estándares a la baja allí donde la Unión Europea los mantiene más elevados (pruebas en laboratorio, por citar un caso). Por ejemplo, en los cosméticos “la visión de UE y la de Estados Unidos permanecen irreconciliables” porque las restricciones de la UE afectarán a las empresas norteamericanas.

Las diferencias entre los negociadores dan lugar a “continuas reticencias de Estados Unidos por comprometerse” en los cosméticos, prosigue el texto filtrado, debido a la prohibición europea de hacer test con animales. En los documentos que cuelga la Comisión Europea sobre su posición ante el TTIP se contemplaba la posibilidad de hacer pruebas con animales si previamente habían sido validadas por la OCDE. Pero en la mesa de negociación la postura de la UE ha resultado ser mucho más dura en el apartado de cosméticos.

Los cosméticos ya fueron objeto de debate en febrero del año pasado a raíz de una información de eldiario.es que apuntaba a que la Comisión estaba dispuesta a aceptar comerciar productos prohibidos en la UE a condición de que estuvieran etiquetados. Poco después la Comisión Europea –la institución que negocia el TTIP en nombre de la UE– daba marcha atrás y vetaba la entrada al millar largo de cosméticos autorizados en EEUU pero no en Europa.

También se habla de concesiones norteamericanas a la UE, como el apoyo que Washington está dando al nuevo sistema de arbitraje entre inversores y gobiernos, antaño conocido como ISDS y ahora ICS, por sus siglas en inglés. Este sistema que permite a empresas –sobre todo multinacionales– querellarse contra estados está tradicionalmente compuesto por árbitros que proceden del sector privado. Con el nuevo ICS la Comisión trata de dar un barniz público a tan opaco mecanismo, aunque los árbitros podrán seguir perteneciendo al sector privado y no serán jueces de carrera.

El ICS es una creación de la comisaria de Comercio Internacional, la sueca Cecilia Malmström, que ha sido respaldada por la Casa Blanca sin demasiado entusiasmo. A cambio, el equipo de Barack Obama quería rebajar los estándares medioambientales, apuntalados por la propia comisaria en un artículo que publicó en noviembre de 2015 para tranquilizar a los críticos con el TTIP. Aquí no hay tampoco acuerdo a la vista.

Igualmente, se menciona el intento de EEUU por enmendar otros capítulos, como el llamado “ciencia y riesgo”. La intención de Washington es que las compañías tengan más peso en las decisiones regulatorias. Concretamente en el capítulo de pesticidas, quiere que las disputas sean resueltas por la vía del Codex Alimentarius, que es una organización dependiente de la OMS dentro de la cual se da más poder a las grandes firmas que con las actuales normas comunitarias, según ha criticado Greenpeace Holanda en The Guardian.

Pero donde los negociadores chocan contra un muro es en el episodio de los organismos genéticamente modificados, comúnmente abreviados por sus siglas en inglés GMO. Según los documentos, EEUU quiere abrir una puerta a los alimentos modificados genéticamente en Europa.

“Un bajo nivel de presencia”, dice el texto, incluyendo productos que ahora están directamente prohibidos en la UE. La Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria (EFSA, del inglés) no está a dispuesta en este punto a ceder. La EFSA solo ha reconocido hasta ahora 58 productos adulterados a través de este sistema.

Se trata de diferencias técnicas de calado que complican mucho la “conclusión política” del TTIP que públicamente airea la Comisión Europea para finales de 2016 o principios de 2017, siempre durante la Administración Obama. Y llegan justo después de la visita del presidente estadounidense a Berlín, donde defendió el tratado delante de Angela Merkel.

Sea como fuere, el hueso duro de la negociación, si llega, serán las compras públicas. Desde los años 30 rige una ley en EEUU según la cual la industria norteamericana tiene prioridad en las grandes obras públicas lanzadas por el estado. Si en este punto no hay acuerdo, el TTIP puede no tener ninguna razón de ser.

Unión Progreso y Democracia (UPyD) murió dos veces en Bruselas en 2014. La primera vez fue el 25 de mayo, cuando parecía que el partido magenta iba a echar raíces tras siete años de existencia. Las elecciones europeas dieron a UPyD poco más de un millón de votos y cuatro eurodiputados y a Ciudadanos –hasta entonces Ciutadans, solo presente en Cataluña- medio millón de votos y dos escaños. La segunda muerte llegó cinco meses más tarde, el 17 de octubre de 2014. Las críticas de la dirección propiciaron la renuncia del ex portavoz en el Parlamento Europeo Francisco Sosa Wagner, que era favorable a pactar con Ciudadanos. Parecía una dimisión más, pero fue el pistoletazo de salida para la desintegración de UPyD.

Ahora, año y medio después de la dimisión de Sosa Wagner, el partido está clínicamente muerto y sus cuatro eurodiputados desperdigados por Bruselas, cada uno a su aire. Dos de ellos responden ante estructuras partidistas: Maite Pagazaurtundúa continúa en la formación rosa (es la única cargo electo junto con Gorka Maneiro en País Vasco) y Teresa Giménez Barbat se ha integrado junto con Carolina Punset y Javier Nart en la delegación de Ciudadanos Europeos, próxima a Ciudadanos. Los otros dos no responden ante nadie: Beatriz Becerra y Enrique Calvet Chambon solo trabajan para la familia liberal europea.

Tras las elecciones europeas surgió una corriente en UPyD que pedía acercarse a Ciudadanos. La encarnaron Sosa Wagner y Fernando Maura (que renunció en noviembre como eurodiputado pasado para ser diputado de Albert Rivera en Madrid y cedió su puesto a Giménez Barbat). Aunque el segundo trató de convencer al primero de que no dimitiera, la salida del leonés propició la entrada de Calvet, otro favorable a la alianza con Ciudadanos. Maura y Calvet se enfrentaron durante meses a Pagaza y Becerra, entonces incondicionales de Rosa Díez, hasta que los dos díscolos fueron expulsados en abril de 2015. Después vendrían las elecciones de mayo y diciembre en España y la irrelevancia política para UPyD, eclipsada por Ciudadanos.

La última en llegar, Teresa Giménez Barbat, se encontró con el desaguisado en noviembre de 2015 por lo que ha sido ajena a todas las cuitas. “UPyD estaba ya muy debilitada, y por eso su integración dentro de la delegación de Ciudadanos Europeos era lo más natural”, confían en su oficina. A esa delegación pertenecía Fernando Maura, del que heredó el escaño. Ciudadanos y UPyD están dentro del partido liberal Alde, al igual que Convergencia o el PNV.

A efectos prácticos, Giménez Barbat trabaja con Ciudadanos. Se dio de baja de UPyD el pasado mes de abril aunque llevaba tiempo alejada del partido. Diez años antes, la eurodiputada fue una de las fundadoras de la asociación que dio luego paso a Ciudadanos. Recaló después en UPyD, como la mayoría. Está en la Comisión de Cultura y mantiene una buena relación con los otros tres dirigentes que llegaron a Bruselas dentro de la misma lista.

Enrique Calvet también era un crítico que pedía la confluencia con Ciudadanos, aunque él ha ido dando tumbos y a día de hoy no responde en Madrid ante ningún partido sino ante sí mismo. “Que no esté en las filas de un partido no significa que no luche denodadamente por su circunscripción y quienes la componen: España y sus ciudadanos”, proclaman en su equipo.

Está en la Comisión de Empleo. En su día Calvet rechazó entrar en la delegación de Ciudadanos Europeos aunque justo la víspera del 20-D “recomendó” el voto para Albert Rivera. “No hay ningún acercamiento a formación política alguna. Está adscrito al grupo Alde y desde allí seguirá trabajando por España y por la integración europea”. La decena de notas de prensa enviadas que ha enviado su equipo desde que tomó posesión gravitan, principalmente, en torno a la cuestión catalana. Apuesta por la “Gran Coalición” PP-PSOE-Ciudadanos.

“El trabajo y actividad de Enrique Calvet es intenso y sagrado, y se reparte en muy distintos lugares. Él está convencido de utilizar todos los instrumentos que pone a disposición el Parlamento. De otra manera, se estaría defraudando a los electores”, indica su gabinete. Antes de su expulsión, UPyD le acusó de gastar 7.475,36 euros en comidas a través de sus gastos de representación en diciembre de 2014 y enero de 2015.

En octubre pasado Calvet declaró en Youtube “tener un déficit de cara al Parlamento” de 10.000 euros. Según su oficina, es dinero que el eurodiputado “adelantó”, que corresponde a“gastos imprescindibles” como “costes de equipamiento de oficina, costes de gestión y mantenimiento, teléfonos, red de contactos, actividades de networking, alquiler de salas, contratación de intérpretes, traducción de documentos, desplazamientos y alojamiento de ponentes”. Portavoces oficiales del Parlamento Europeo aseguran que es imposible “adelantar dinero” a la institución. “Cada eurodiputado tiene un sobre cerrado con gastos de representación de 4.320 euros. No hay más”.

Beatriz Becerra fue la última en irse de UPyD: lo hizo el pasado 1 de abril junto a otros 28 militantes aunque poco antes, el 8 de febrero, mostró su sorpresa en Twitter al enterarse de la baja de Rosa Díez, la fundadora y líder. “UPyD es un partido que se ha desintegrado y ha dejado de ser útil a los ciudadanos. Y llegó un momento en el que, para seguir sirviéndolos eficazmente, tenía que dejar unas siglas que no aportaban nada a mi trabajo”, responde la propia eurodiputada.

Becerra siempre fue una dirigente próxima a Díez y muy “del partido”; inicialmente opuesta a la unidad con Ciudadanos, protagonizó un rifirrafe sonado con Sosa Wagner. La situación es muy distinta ahora. “He sido y seré la voz de las víctimas de violaciones de Derechos Humanos, las de la Talidomida, de ESSURE, de las cláusulas bancarias abusivas y preferentes, de las del ébola y la hepatitis C, las de violencia de género, radicalización, acoso, inseguridad jurídica... Ninguno me pregunta qué siglas tengo detrás, sino qué puedo hacer por ellos”. Su Twitter es un altavoz de noticias internacionales en el que Venezuela juega un papel central.

Pese a su proximidad a la líder, Becerra apoyó la opción de Irene Lozano antes de las elecciones generales, que salió derrotada frente a la de Andrés Herzog. A continuación Lozano fichó por Pedro Sánchez (PSOE) para las elecciones del 20 de diciembre.

En UPyD solo sigue militando Maite Pagazaurtundúa, hermana de Joseba, asesinado por ETA en 2003. “Lo de UPyD es un caso de libro”, ironiza Pagaza. “Nuestro partido ha sufrido una convulsión extraordinaria. Y es normal que pasen cosas”.

Sobre su futuro y el de UPyD, Maite Pagaza solo habla de “respeto” hacia la militancia, evitando decir si se inclina por la desaparición o la continuidad. Subraya que “tampoco hay tantas diferencias” ahora que antes ya que cada oficina trabaja de forma “autónoma”. Sustituyó a Maura en una de las vicepresidencias de Alde y ha elaborado un informe de gestión de una treintena de páginas en el que sintetiza su labor en la Eurocámara.

De acuerdo con las declaraciones recabadas de los cuatro eurodiputados, ninguno se plantea dejar el puesto en Bruselas, que incluye un salario neto de 6.500 euros mensuales y generosos gastos extra.

Sesenta y siete millones de empleados del hogar en la Unión Europea (de los que el 88% son mujeres, según datos de la OIT, por lo que cabría hablar de empleadas) vieron el jueves 28 de abril cómo sus derechos ganan algo de fuerza. Por abrumadora mayoría, la Eurocámara, a propuesta de las eurodiputadas Kostadinka Kuneva (Syriza) y Tania González (Podemos) aprobó un informe para reconocer el trabajo doméstico como una profesión más, con idénticos derechos y deberes.

“Se trata de hacer visibles a los invisibles”, proclamó Tania González. El informe, según explicó Kuneva, implica un reconocimiento de la profesión, que iría acompañado de una certificación sobre el conocimiento y las capacidades de las trabajadoras domésticas. La resolución establece que este colectivo, al ser tenido como una profesión más, podrá disfrutar de derechos como la afiliación sindical, los convenios colectivos, las vacaciones pagadas, las bajas laborales o las cotizaciones a la seguridad social.

La letra del informe implica a empleados y empleadores y pedirá cambios en la legislación laboral de países que no contemplen el reconocimiento. Los 28 estados miembros deberán igualmente ratificar el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (España no lo ha firmado) y concede por primera vez la potestad sindical de poder afiliarse a una central para defender los derechos laborales y actuar colectivamente. Solo 22 países en el mundo, seis de los cuales pertenecen a la UE, han firmado este convenio.

La griega Kostadinka Kuneva es, dentro de la defensa de los empleados domésticos, todo un símbolo para este colectivo. Ex secretaria de la Asociación de Limpiadoras y de Empleadas Domésticas de la Provincia de Ática, en 2008 fue rociada con ácido en la cara por su actividad sindical y perdió la visión de un ojo y de parte de otro. Por eso ahora, como eurodiputada de Syriza, comparece con gafas de sol.

El informe tuvo con 269 votos a favor y 105 en contra en la mini-sesión plenaria que ha tenido lugar esta semana en Bruselas. “La derecha no ha dejado que pasemos una enmienda que obligue a la Comisión Europea a adoptar cuantas medidas legislativas y no legislativas estén en su mano, como las directivas comunitarias, para hacer cumplir el informe”, resaltó Kuneva. La helena sin embargo aseguró que la comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, la socialista checa Vera Jourova, ve “con muy buenos ojos” el informe.

En vez de estar obligada a elaborar una directiva, la Comisión solo está atada a estudiar, valorar y dar una respuesta al informe. Pero para las dos ponentes este puede ser un buen punto de partida ya que, como subrayó Tania González tras la votación, la desprotección a este colectivo salta a la vista: el 45% de las empleadas del hogar no cuenta con vacaciones; el 33% no tiene derecho a bajas por maternidad; y hay un 90% de excluidas de la Seguridad Social del país que habitan.

“Hasta puede ser un yacimiento de empleo”, valoró la dirigente de Podemos. “Según CCOO, si los estados miembros invirtieran un 2% del PIB en la economía de cuidados (algo que incluye pero que va más allá de las empleadas del hogar) podrían crearse 21 millones de puestos de trabajo en la UE”.

Entre los eurodiputados que votaron a favor, hubo quien criticó la actitud “timorata” del Parlamento Europeo, caso de Enrique Calvet (exUPyD, partido liberal). El español lamentó que hubiera 204 abstenciones y recriminó a los demás miembros de la cámara “la falta de contundencia ante un tema de tanta trascendencia”. Con todo, Calvet celebró la aprobación del informe.

La limpieza en Ifema que Manuela Carmena empezó en agosto del año pasado para cortar de raíz los privilegios exagerados (buenos sueldos, grandes despachos, chóferes, secretarias) de la cúpula directiva está llegando a su fin. Concluirá aproximadamente dentro de un mes, pero ya hay movimientos inmediatos: según fuentes oficiales de la Institución Ferial de Madrid, el presidente ejecutivo Luis Eduardo Cortés, ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid entre 1995 y 2003, abandona este mismo sábado 30 de abril el cargo.

La estrategia se encuadra dentro de la redacción de unos nuevos estatutos para Ifema, redactados al alimón entre Comunidad de Madrid y Ayuntamiento, basada en cortar de raíz tanto el número de directivos como las retribuciones percibidas. El único puesto que tendrá unos honorarios relativamente altos será el de director general, posición que ocupa actualmente Fermín Lucas.

No durará mucho en el cargo Lucas, el hermano del expresidente de la Junta de Castilla y León Juan José Lucas, que llegó a Ifema en 1998. Su salida, según portavoces de Ifema, se prevé para dentro de un mes como máximo. Su puesto estaba remunerado con 250.000 euros y ahora se contempla una reducción además de un salario que se ajustará en función de los resultados de la institución ferial, que nunca en sus 36 años de historia ha dado pérdidas. Los demás directivos cobrarán poco más que las dietas.

La salida de Cortés y Lucas coincide con las revelaciones de eldiario.es de que el primero acudió nada menos que casi 300 veces a sus restaurantes de lujo (Jockey y Club 31) en tanto que presidente ejecutivo mientras que el segundo era un habitual de los hoteles de lujo. Todo cargado con tarjetas de la institución, que era la que pagaba los gastos.

La acción de Carmena, que ha contado con la cooperación de Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, la ha llevado su hombre fuerte en el Ayuntamiento, Luis Cueto, que preside la Junta Rectora de Ifema y sustituyó en agosto pasado en el puesto al ex alcalde de Madrid José María Álvarez del Manzano. En los últimos años las retribuciones a los directivos no pararon de crecer: de 2008 a 2014, Ifema tuvo un positivo neto de 33,8 millones de euros de los cuales 4,3 millones fueron a pagar los salarios de la alta dirección. Especialmente significativo es el balance del ejercicio 2014: Ifema obtuvo unos raquíticos beneficios de 185.000 euros, pero la remuneración de la cúpula fue de 615.000 euros. Cuatro veces más que los beneficios de la empresa.

El sustituto de Luis Eduardo Cortés no está decidido, pero hay dos o tres candidatos. Más importancia parece cobrar el reemplazo de Fermín Lucas: Ifema, participada al 31% por Ayuntamiento, Comunidad y Cámara de Comercio, ha contratado a un HeadHunter (cazatalentos) para fichar a “un empresario senior con una buena agenda de contactos y volcado en la apertura comercial española”. Según fuentes de la feria, hay una lista de diez posibles sustitutos.

El 7% restante está en manos de la Fundación Montemadrid (Caja Madrid hasta 2014), así que las decisiones deben adoptarse entre Cifuentes y Carmena. El voto de los empresarios también es clave, pero según varias personas “el consenso que está teniendo lugar es sorprendente”.

Ifema fue durante mucho tiempo considerado como el cementerio de elefantes del PP en Madrid. Además de los mencionados, el ex vicealcalde Manuel Cobo también abandonó la sociedad en septiembre del año pasado, poco después de lanzar Manuela Carmena su operación de limpieza.

La empresa pública cuenta hoy con 60 millones en caja. Sin embargo, ha habido excesos. Al hilo de las informaciones publicadas por eldiario.es, el comité de empresa de la institución lanzó un comunicado la semana pasada. En la nota, el comité dice querer “salir al paso de las informaciones que se han publicado últimamente sobre los gastos antiestéticos, poco solidarios e inmorales de una parte de su directiva”.

“La plantilla”, continúa la nota, “formada por cerca de 400 personas, ha demostrado su profesionalidad durante 36 años y ha conseguido que Madrid sea un referente ferial a nivel mundial. ”Rechazamos tajantemente que una parte de la directiva no haya realizado el enorme esfuerzo que ha hecho la plantilla y confiamos que la nueva Junta Rectora, apoyándose en los nuevos estatutos que están a punto de aprobarse, tome nota de la situación“. Los nuevos estatutos contemplan además una auditoría de la gestión y del gasto.

La exministra de Sanidad Ana Mato, que dimitió el 26 de noviembre de 2014, justo después de un auto del juez Pablo Ruz que la relacionaba con la trama Gürtel, ya ha encontrado trabajo en el PP de la mano de Esteban González Pons. El portavoz de la delegación de los populares españoles en el Parlamento Europeo ha anunciado mediante una escueta nota de prensa este viernes la creación de una “Universidad Europea”. La nota de prensa termina así: “A tal efecto la ex-ministra Ana Mato ha aceptado dirigir la Universidad Europa para el próximo mes de septiembre”.

Que Ana Mato iba a ser recolocada en el PP ya se intuía. El pasado 15 de abril trascendió que el PP daba el visto bueno a su “reingreso en el partido”, una decisión que fue aprobada el 9 de febrero por la Oficina de Conflictos de Intereses. Pero no dónde. Ahora ya se sabe que su destino inmediato pasa por esta universidad que, según el comunicado, nace “para fomentar entre los jóvenes el conocimiento sobre las políticas de la UE y aportar el punto de vista del PP”. Mato llega para dirigir los cursos de septiembre.

“Mato no ha pedido volver”

Al conocerse la noticia de que el PP aceptaba la vuelta de mano, fuentes del partido citadas por Europa Press aseguraron que la ex ministra no trabajaría en la formación y que el visto era sólo de una formalidad para que Mato no pierda sus derechos laborales. “Mato no ha pedido volver”, dijeron. Pero no era cierto, a tenor de su reciente nombramiento.

Su nuevo puesto de trabajo, lejos de ser una facultad propiamente dicha, será una suerte de foro que “se celebrará dos veces al año con una duración media de una semana, tendrá una sede y un director diferente cada vez y recibirá a un número máximo de 90 alumnos que serán seleccionados teniendo en cuenta su formación y currículo y que no serán necesariamente afiliados a Nuevas Generaciones”.

La primera sesión de septiembre, que dirigirá Mato, “se hará en colaboración con el partido portugués PSD”, la formación homóloga del PP en Portugal. Comparará las políticas sociales y de igualdad en ambos países ibéricos. “Las jornadas incluirán conferencias, debates y mesas redondas sobre los grandes asuntos comunitarios, como la política económica y monetaria, o la política exterior y de seguridad común. Los ponentes invitados serán ministros, expertos, profesores y parlamentarios con acreditada experiencia en el ámbito de la UE”.

El auto del juez Ruz que provocó la dimisión de Mato como ministra proponía juzgarla como partícipe a título lucrativo por los supuestos regalos y viajes que la trama Gürtel hizo a su marido a través del que fue su marido, el exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda.

Tras su cese, Mato siguió como diputada rasa hasta final de legislatura. Renunció a ir en las listas para las elecciones del 20-D, pero fue una de los 64 diputados que pidieron una indemnización al Congreso por no encontrar trabajo, tal como adelantó eldiario.es. Este medio ha preguntado al PP cuál será su retribución en la Universidad Europea, sin obtener respuesta.

Bruselas, 26 de abril, edificio del Parlamento Europeo. En la cuarta planta del edificio central, Arnaldo Otegi da una ponencia sobre la paz con marcado acento electoral ante los comicios vascas de finales de año. En la tercera planta, una muchedumbre guarda un minuto de silencio por las víctimas del terrorismo motivado por la visita del líder y candidato de la izquierda abertzale. La visita de Otegi y la respuesta de PP, PSOE y Ciudadanos (y UPyD) han marcado la agenda europarlamentaria del martes en la capital belga. Con Podemos e IU en medio del fuego cruzado.

Otegi, recién llegado de Inglaterra donde ha hablado ante el Parlamento de Westmisnter, ha entrado a una sala llena invitado por varios grupos políticos europeos para dar una breve conferencia titulada ‘Actual situación del proceso de paz en Euskadi’. Ha arrancado brevemente en vasco. “Perdonad, sé que no hay traducción. Es algo en lo que debemos trabajar cuando tengamos estado propio, en el reconocimiento del euskera en la UE”, ha señalado. Se ha guardado un minuto de silencio por el aniversario del Bombardeo de Gernika.

La conferencia ha gravitado en torno al fin de ETA, su estancia en la cárcel y la situación actual, “con una actitud del Estado español de sabotaje y obstrucción”, ha criticado. “La posición del Gobierno es absurda, basada en las más bajas pasiones y renuncias a la búsqueda razonable de soluciones”.

Otegi no ha renunciado a una “República Vasca Independiente” pero ha asegurado que harán política “de manera constructiva” de cara al proceso de paz. Y ha reconocido que él y los suyos han sido parte del problema. “No tenemos una actitud negativa al reconocer que somos responsables de parte del dolor causado. Pero no vamos a perder la sonrisa ni la dignidad”. En ocasiones su discurso ha recordado al de Podemos al referirse a la estrategia del PP con ETA como la “vieja política” y también la “estrategia de tinta del calamar”.

“Mientras desde la Eurocámara se impulsan y apoyan procesos de paz en Colombia o Irlanda, el Gobierno no quiere que se implique en Euskadi ni que yo venga a hablar a esta sala. ¿Cómo entender que tras 50 años de conflicto y ETA dispuesta a neutralizar su arsenal, el Estado español se mantenga en posiciones inmovilistas? ¿Alguien me puede poner un ejemplo en otra parte del mundo?” Asimismo, Otegi ha defendido el acercamiento de presos y hasta ha llegado a hablar de “refugiados”.

Una planta debajo de donde tenía lugar la conferencia, una treintena de personas se congregaba para guardar un minuto de silencio por las víctimas del terrorismo. Lo han convocado dos eurodiputadas que son víctimas de este fenómeno, como Teresa Jiménez-Becerril (PP) y Maite Pagazaurtundúa (UPyD), las dos con allegados asesinados por ETA. Al acto se han sumado Ciudadanos y PSOE.

Las dos parlamentarias también enviaron la semana pasada al presidente de la Eurocámara, Martin Schulz, pidiendo la expulsión del Parlamento de Otegi si éste hacía apología del terrorismo, cosa que no ha sucedido. Los socialistas españoles han enviado una nota de prensa proclamando que no van a “contribuir a la campaña electoral de Otegi”.

El acto ha sido organizado por la asociación Friendship, en el que hay eurodiputados de los Verdes/Alianza Libre Europea (donde está ERC), la izquierda del GUE (la familia de Podemos e IU, pero también de Bildu) y los conservadores europeos, liderados por Cameron y por los independentistas flamencos del NVA. La presencia de dirigentes del GUE en Friendship, caso de miembros del Sinn Féin irlandés, ha provocado alguna crítica furtiva a Podemos y a IU.

“Han dicho que Otegi ha sido invitado al Parlamento europeo por Podemos e IU para difamar. Estas difamaciones, procedentes de personas como González Pons, no ayudan nada al momento histórico que vive la sociedad vasca hacia la paz”, ha denunciado ante este medio el eurodiputado Xabier Benito, de Podemos. Fuentes de este partido puntualizan que si bien creen que Otegi “se equivoca al no condenar rotundamente la violencia” el PP miente. “Y no se puede hacer política mintiendo”.  

Al acto han acudido eurodiputados españoles como el propio Benito (“a título individual”), Jordi Sebastiá de Compromís, Lidia Senra de Anova, Josep-María Terricabras de ERC, así como miembros de otros partidos.

Bruselas no permanece impasible ante las críticas al TTIP, el tratado de libre comercio e inversión que negocian la UE y Estados Unidos, conocido por sus siglas en inglés. Mientras por un lado la Comisión Europea debe lidiar con una oposición mayoritaria en varios estados miembros a tenor de las encuestas (mas de la mitad de la población de algunos países ricos como Holanda, Alemania o Luxemburgo está en contra de ese acuerdo), por otro tiene que hacer frente a la rebeldía de las administraciones públicas. En este segundo escollo aparece España en primer lugar: tras las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015, cinco regiones y 150 ayuntamientos españoles se han declarado zonas “libres de TTIP”.

Preocupada por la tendencia creciente a renegar institucionalmente del tratado, la Comisión ha enviado directamente a altos funcionarios desde Bruselas para discutir con los ayuntamientos. Un miembro del equipo que negocia el TTIP con EEUU y un representante comunitario en España se vieron hace dos semanas con el director de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de Barcelona, según confirman el Ejecutivo comunitario y el Consistorio barcelonés.

Desde Bruselas acudió Fernando Perreau de Pinninck, un alto funcionario de la Comisión Europea. Le acompañó el responsable de relaciones con la sociedad civil de la oficina de representación de la Comisión Europea en Barcelona. Los detalles de la reunión no han trascendido pero giraron en torno al rechazo municipal al TTIP.

Perreau de Pinninck, que pertenece a la Dirección General de Comercio Exterior, aprovechó un “viaje informativo” al Parlamento catalán, en el que también se abordó el TTIP para discutir con el equipo de la alcaldesa Ada Colau. Aunque más de un centenar de consistorios se han sublevado contra el tratado, el de Barcelona es el que mantiene una actitud más beligerante. Precisamente el jueves arrancaba en la Ciudad Condal el Primer encuentro paneuropeo “Autoridades locales y la nueva generación de tratados de libre comercio’, que ha reunido a políticos, intelectuales y personalidades en contra del TTIP.

En la Comisión indican que este tipo de prácticas no son “sistemáticas”. Pero tampoco se descartan más reuniones próximamente con los ayuntamientos y comunidades autónomas. Se da la paradoja además de que muchos concejales y diputados regionales del PSOE votan a favor de declarar su territorio “libre de TTIP” pero luego la delegación socialista española en el Parlamento Europeo vota con el PP europeo a favor del tratado. Y eso a pesar de una fuerte oposición en el seno del grupo socialdemócrata.

“Tranquilizar” a la ciudadanía

No es la única medida preventiva de Bruselas ante la reacción contraria de las administraciones locales. Recientemente se envió una carta al Ayuntamiento de Sevilla para “tranquilizar” a la ciudadanía y a las autoridades porque la Comisión entiende que “no se han tenido en cuenta los esfuerzos de las instituciones europeas por hacer más transparente el proceso a fin de fomentar un debate basado en hechos”.

La carta, adelantada por El Salmón Contracorriente, alude a la protección de los servicios públicos aunque deja claro que “el objetivo de las negociaciones del TTIP es que las empresas que prestan servicios puedan hacerlo tanto en la UE como en EEUU”. También contiene objetivos dirigidos a acabar con el proteccionismo: “Queremos eliminar los aranceles desde el primer día de las negociaciones”, así como otros argumentos supuestamente en defensa de las pymes y otros aspectos.

Aparentemente solo Sevilla habría recibido una carta de la Comisión. “El Ayuntamiento de Barcelona, al contrario que otros ayuntamientos como el de Sevilla”, no ha recibido “ninguna carta de la CE después de la aprobación de la moción contra el TTIP”, avanzan en el Consistorio barcelonés.

Fermín Lucas, director general de Ifema desde 2002, era un asiduo de los hoteles de lujo hasta 2010, fecha a partir de la cual se pierde la contabilidad a la que ha tenido acceso eldiario.es. El hermano del expresidente de Castilla y León, Juan José Lucas, pasó durante ocho años a cuenta de la Institución Ferial de Madrid copiosos gastos en ese periodo, como una estancia de cinco días en Nueva York por 5.500 euros en marzo de 2006 u otra de 3.400 euros por cuatro noches en la misma ciudad en mayo de 2007.

Lucas justifica sus estancias: “Yo apenas decidí dónde quedarme en uno o dos hoteles. Lo demás lo contrataba con el departamento de Relaciones Exteriores o acudía a ferias internacionales en las que el hotel nos venía designado. Y no eran de cinco estrellas sino de cuatro”. Con todo, de los 61 hoteles analizados, 41 son de cinco estrellas, un 70%.

Hoteles donde se alojó Fermín Lucas con cargo a sus tarjetas de Ifema

En 2010, Ifema pasa de facturar 150 millones a alrededor de 110. Y a partir de entonces, Lucas contrata los alojamientos a través del departamento de Exteriores. Pero de 2002 a 2010, el actual director general abona los gastos con, al menos, ocho tarjetas de crédito distintas. “Las íbamos cambiando. Recuerdo que tuvimos un problema de seguridad con una tarjeta en Argentina”, evoca.

En los hoteles de lujo el director general, cuya salida de Ifema, al igual que la del presidente ejecutivo Luis Eduardo Cortés, se espera para mayo, se deja algo más de 30.000 euros. El 10 de marzo de 2006 acude a Nueva York para la celebración de la feria de arte contemporáneo Armory Show. Se aloja en el Mandarin Oriental Hotel, en el centro de la ciudad neoyorkina. Allí se deja más de mil euros por noche, aunque en Ifema aseguran que muchas veces “se incluyen cenas, ágapes u otros eventos”.

Sin embargo, las facturas que carga Lucas a Ifema en ese periodo incluyen la mayoría de las veces recibos separados en gastos de almuerzo. El 23 de octubre de 2005 Lucas se deja 1.400 euros por tres noches en Moscú. Dos años antes, el 27 de julio de 2003, el director general acude tres días a Verona (Italia) a la Feria del Vino por 1.550 euros. “En época de ferias, los hoteles pueden ser mucho más caros”, puntualiza, poniendo como ejemplo el Mobile World Congress de Barcelona y la situación de alta ocupación cuando este evento se celebra.

A finales de agosto de 2002, Fermín Lucas viajó a Londres y se alojó en tres hoteles distintos. Según los cargos realizados a sus tarjetas, los primeros días se alojó en un Bed and Breakfast y en un hotel de tres estrellas. Los últimos días los pasó en un hotel de cinco estrellas: The Holborn Hotel. Aunque se desconoce cuántos días llegó a alojarse en este hotel de lujo, dos cargos -uno del lunes 26 y otro del miércoles 28- revelan que se dejó en total 2.113 euros. Según afirma el propio Fermín Lucas, su estancia en Londres fue de 11 días y se debió a que por entonces “realizaba un curso de inglés intensivo” en la capital británica.

En mayo de 2007, Lucas abona 3.400 euros con motivo de la presentación de la feria de Arco en Nueva York. Se hospedaba en el Hotel Gramercy Park, un hotel de lujo situado en el centro de Nueva York. A finales de octubre de ese mismo año, en la misma ciudad, acude a la presentación de MadridModa en el Spanish Institute. El mismo hotel de cinco estrellas le sale por 2.200 euros. Lucas también se aloja en dos ocasiones en el hotel Alfonso XIII, el más caro de Sevilla. El resto lo completan viajes a Canarias, a China, a Croacia, a Lisboa… casi siempre en hoteles de cinco estrellas.

Evolución del gasto en hoteles de Fermín Lucas con sus tarjetas de Ifema

“Hay que tener en cuenta los países donde me he alojado”, justifica el alto cargo de Ifema. “Si en España una habitación puede salir por 200 euros, en Italia, en Reino Unido o en Estados Unidos la misma pieza cuesta de media unos 800 euros”, subraya.

Según la encuesta realizada por el Hotel Price Index, una habitación en un hotel de cinco estrellas en Madrid cuesta 175 euros de media. En Pekín, 190 euros. En Londres, 294 euros. Tampoco en la ciudad de Nueva York, 421 euros de media por noche, alcanza los 800 que argumenta Fermín Lucas.

El lunes 25 de abril tendrá lugar en Nueva York la 13º ronda del TTIP, el Tratado Transatlántico de Libre Comercio que negocian la Unión Europea y Estados Unidos. Una ronda que llega marcada por las prisas y los escollos difíciles de superar: mientras por un lado la Comisión Europea –que negocia el TTIP en nombre de toda la UE– insiste en que “es posible” todavía encontrar un acuerdo durante la Administración Obama (cuya presidencia vence a principios de 2017), por otro el Ejecutivo comunitario reconoce que hay capítulos cuya solución se desconoce por completo.

“Aún no hay acuerdo en, sobre todo, dos cuestiones muy difíciles”, avanzan fuentes comunitarias antes de ir a Nueva York. La primera son las grandes contrataciones públicas, el public procurement en inglés, en el que por ejemplo entraría la obra pública civil; en este apartado EEUU, un país considerado como un símbolo del liberalismo, ejerce un proteccionismo explícito desde los años 30 que beneficia a sus compañías y trabajadores y que poco tiene que ver con el libre comercio de bienes y servicios.

El segundo problema es un viejo escollo con pocos visos de solución: las denominaciones de origen, o en la jerga internacional las indicaciones geográficas protegidas. Europa reconoce las especifidades regionales y Washington no, y ahí radica el problema: el jamón de Jabugo, el vino de Burdeos, el queso de Parma, las salchichas de Baviera, todos ellos pueden producirse en cualquier parte de Estados Unidos.

“Es un capítulo que se dejará para la parte final”, señalan fuentes de la Comisión Europea. Dejar hoy algo para el final de la negociación del tratado significa solo unos meses más, de acuerdo con los planes de la Dirección de Comercio Internacional de la Comisión, que tutela la comisaria Cecilia Malmström.

“La normativa estadounidense, con algunas excepciones, protege las denominaciones bajo la legislación relativa a las marcas pero no de manera específica”, explica la profesora de Derecho Internacional Adoración Guamán. “En EEUU el objetivo no es proteger una determinada producción sino evitar la confusión del consumidor”.

La profesora, autora de un reciente libro crítico con el TTIP, avanza un caso ejemplarizante sobre denominaciones de origen y libre comercio ocurrido hace poco que puede anticipar lo que suceda en las próximas negociaciones. “Estados Unidos ha sido uno de los oponentes más serios frente a las pretensiones del establecimiento de la protección de las denominaciones de origen a nivel internacional. Nada hace esperar que esta postura cambie, cuando, por ejemplo, en el Tratado Transpacífico (TPP) firmado por doce países, entre ellos EEUU, el 4 de febrero en Nueva Zelanda, se ha prohibido la protección de las denominaciones de origen”, señala. 

La preocupación de los productores europeos también influye. Y apenas hay debate sobre la cuestión de las denominaciones de origen, que está en un callejón sin salida. Hace pocas semanas, el Partido Popular Europeo presentó un documental en el Parlamento Europeo sobre las bondades que tendrá el TTIP para el sector del vino cuando la propia Comisión ha dicho que no hay avance en este terreno.

Lo público en discusión

La cosa tampoco avanza en las, ya mencionadas arriba, contrataciones públicas. En Estados Unidos está en vigor desde 1933 la Buy American Act, que es una ley que blinda de facto los mercados públicos estadounidenses a los inversores extranjeros. Un megacontrato público sería así pues ventajoso para las firmas estadounidenses. Se estima que el mercado de EEUU de contratos públicos está abierto un 32% a la inversión extranjera, mientras que en la UE la apertura del mismo sector va hasta el 85%.

Fuentes del Departamento de Comercio de EEUU –que negocia el TTIP en nombre de Washington– citadas por la edición estadounidense del diario Politico confirman que las posturas están distanciadas. “No esperamos nada en el apartado de los contratos públicos”, avanzan estas fuentes. “Si hubiera cambios en la Buy American, el Congreso estadounidense se opondría con uñas y dientes”.

Hay igualmente apartados relevantes que quedan por clausurar, como el acceso a los mercados, que tanto interesa a algunos estados miembros de la UE (Francia) y en el que no hay avances significativos. Pero el calendario que se ha autoimpuesto la Comisión deja poco margen.

Un lobbista estadounidense citado por Politico confiesa que las prisas se notan en la manera de negociar. “La Administración está al borde de un ataque al corazón. Se está trabajando a la desesperada por encontrar un acuerdo”. Aparte de Hillary Clinton, otros aspirantes a suceder a Obama como Donald Trump o Bernie Sanders han denunciado, por la derecha y por la izquierda, el TTIP. De ahí la importancia para Bruselas de llegar a una “conclusión política”.

Hay quien ve imposible que se pueda cerrar acuerdo alguno durante la Administración Obama. “Hay cierta molestia entre los negociadores europeos rumoreando que la parte estadounidense 'no tiene la misma disposición'”, señala Tom Kucharz, de Ecologistas en Acción. “El informe de la Comisión Europea de la 12º ronda de negociaciones (febrero) no dice mucho, excepto cuando se lee entre líneas. Ahí podemos ver dónde progresan y dónde no las negociaciones”.

Según Kucharz, los mayores contratiempos aparecen en “servicios, cooperación reguladora, compra y licitación pública, denominaciones de origen y los sectores químico y sanitario-fitosanitario”. Para Kucharz, cerrar la negociación este año es imposible. “El mismo jefe negociador de EEUU, Froman, ha reconocido con ocasión de la última ronda de negociación (febrero 2016) que no será posible cerrar las negociaciones antes de la salida de Obama de la Casa Blanca”, dice.

La institución ferial de Madrid Ifema se ha reunido la tarde del martes 19 de abril tras la revelación por parte de eldiario.es de que el actual presidente ejecutivo, Luis Eduardo Cortés, acudió 290 veces a sus restaurantes de lujo entre 2008 y 2012 y cargó las comidas, almuerzos y cenas a cuenta de la institución. “Lo que ha sucedido ha sido impresentable. Pero vamos a separar lo legal de lo antiestético, y esto es, cuando menos, antiestético e inmoral”, señalan asistentes al término de la reunión.

Así pues, la dirección de Ifema ha dicho que pondrá a técnicos a estudiar la legalidad del asunto, esto es, que se revise si los casi tres centenares de comidas están justificadas a través de un recibo o una factura. Cortés acudió en esos cuatro años asiduamente al Jockey y al Club 31 y abonó la cuenta con la tarjeta de ifema. En total, gastó algo más de 48.000 euros. En ambos era accionista mayoritario hasta que cerraron, en 2012.

Ifema es una empresa pública participada a partes iguales (31%) por Comunidad, Ayuntamiento y Cámara de Comercio. El 7% lo ostenta la antigua Fundación de Caja Madrid, hoy Bankia. Las decisiones necesitan cierto consenso.

Hasta ahora, la cúpula directiva ha estado copada por miembros del Partido Popular, como José María Álvarez del Manzano (cesado por Manuela Carmena), Manuel Cobo (dimitió en septiembre pasado) o el propio Cortés. Tras las elecciones autonómicas y municipales y el retroceso del PP, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento se tienen que poner de acuerdo.

“Para no perjudicar la buena imagen de Ifema y dado que Luis Eduardo Cortés ha admitido la culpabilidad, si las comidas estaban justificadas no reclamaremos el dinero. Pero sí, se trata de una actuación impresentable”, añaden desde la dirección.

La salida de Cortés, de la que faltaban algunos flecos por cerrar, se confirma para mayo. Probablemente se producirá al mismo tiempo la de Fermín Lucas, hermano del ex presidente de la Junta de Castilla y León Juan José y otro de los dirigentes del PP que lleva muchos años en Ifema. En el caso de Lucas, algo menos de 15 años.

La Comisión Europea no es lo suficientemente “estricta” y “no llega lo suficientemente lejos” a la hora de pedir reformas estructurales y otras medidas de austeridad a los países miembros para encauzar los objetivos de déficit público. Es la principal conclusión a la que llega un informe del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, con sede en Estrasburgo, publicado este martes. Una conclusión que llega precisamente el mismo día que trasciende un pacto entre Bruselas y el Ejecutivo del PP en funciones para cambiar los objetivos de déficit en los próximos dos años.

La auditoría destaca que la Comisión Europea “no aplica de modo suficientemente riguroso el Procedimiento de Déficit Excesivo”. El PED (por sus siglas en inglés) es un procedimiento gradual que trata de corregir los niveles de deuda cuando éstos se desmadran en algunos estados miembros. Los 28 ya acordaron no rebasar el límite anual de déficit presupuestario, fijado en el 3% del PIB, y de deuda, en el 60% del PIB.

La Comisión, según el Tribunal de Cuentas, “se centra en los aspectos legislativos más que en la ejecución real de reformas”. Esto es, da por buenas las medidas que aprueban los Gobiernos pero luego no comprueba que se cumplan. Aunque hay “señales muy positivas”, Bruselas “no es suficientemente estricta ni eficaz en la tarea de obtener datos fiables de los Estados miembros” y tampoco está aplicando el PED con la dureza que debería.

La auditoría ha supervisado la aplicación del Procedimiento de Déficit Excesivo en seis países (Chipre, República Checa, Francia, Alemania, Italia y Malta ya que también se está en el procedimiento por exceso de deuda) y ha detectado “problemas en la aplicación” del procedimiento. La Comisión, por ejemplo, no consigue la manera de obtener “datos completos” o de hacer cumplir las recomendaciones, véase reformas o recortes.

El informe parece avalar las tesis de Alemania según las cuales el Ejecutivo que dirige Jean-Claude Juncker yerra al implementar una austeridad rigurosa en los países con desequilibrios macroeconómicos. “Sigue faltando información sobre las hipótesis y los parámetros de datos aplicados por la Comisión y su interpretación de conceptos fundamentales”, critica el Tribunal de Cuentas.

“Además”, prosigue, “la Comisión, incluso cuando ha establecido normas internas claras, puede decidir desviarse del procedimiento establecido, lo que plantea dudas acerca de la fiabilidad general de sus evaluaciones”. Uno de los autores del informe, Milan Martin Cvikl, señala que la Comisión “debe ser más estricta pues no está muy al tanto de lo que sucede en la realidad ni aplica las reglas de forma homogénea”.

El informe se refiere a la situación española en algunos pasajes. Al analizar la efectividad del PED, recuerda que “de los 23 Estados miembros que se encontraban sometidos a un PDE en noviembre de 2011, 15 consiguieron salir del procedimiento a finales de 2015 y todos ellos han mejorado tanto su presupuesto como su equilibrio estructural”. Sin embargo y de acuerdo con las previsiones de invierno de la Comisión para 2016, “Grecia, España, Francia y Finlandia fueron los únicos Estados miembros cuyo déficit de referencia aún supera el umbral del 3% en 2015”.

La auditoría incluye numerosas recomendaciones a la Comisión, a la que pide “centrarse en la reducción de la deuda pública, en especial en estados miembros muy endeudados”; para ello, le aconseja “reforzar el seguimiento de la ejecución de las reformas estructurales” y “vigilar más estrictamente la presentación de información de los estados miembros”.

También propone “mejorar los parámetros de evaluación de la calidad y documentar mejor el trabajo”, “adoptar medidas para aumentar la eficacia de sus verificaciones in situ”, mejorar la transparencia publicando “todas las orientaciones dirigidas a los estados miembros” y “aplicar definiciones claras, revelando todos los datos de cálculo y evaluación”.

Por último, el tribunal auditor recomienda al Consejo de la UE, la institución que representa a los 28 estados miembros y que preside Donald Tusk, que adopte “medidas más duras e imponga sanciones cuando corresponda”.

De 2008 a 2012 Luis Eduardo Cortés, vicepresidente de la Comunidad de Madrid de 1995 a 2003 y actual presidente del comité ejecutivo de Ifema, la institución ferial de Madrid, pagó con la tarjeta de Ifema 290 comidas en restaurantes de lujo de su propiedad en tanto que accionista mayoritario: el famoso Jockey y el Club 31, clausurados por la crisis en 2012, ambos situados en el centro de Madrid. Así lo indican los datos a los que ha tenido acceso eldiario.es, confirmados por la propia institución.

Cortés fue designado presidente de Ifema en noviembre de 2007. Ese año cargó dos comidas más a Ifema, por lo que el total de facturas a cargo de la institución con sede en Campo de las Naciones asciende a 292. Entre 2008 y 2012 Luis Eduardo Cortés se gastó 48.000 euros sólo en esos almuerzos, lo que arroja una media de 166 euros por comida en sus establecimientos.

Cortés se mantiene en la presidencia de Ifema a pesar de la reorganización lanzada en agosto pasado al alimón entre Manuela Carmena y Cristina Cifuentes. “Yo comía fuera de casa entre ocho y diez veces por semana. Así que una vez por semana, quizás dos, iba a alguno de mis restaurantes por motivos estrictamente laborales”, confirmó Cortés a eldiario.es. Precisa que estuvo ocho años a cargo de la vicepresidencia de la región madrileña sin jamás haber pasado “un duro” en sus restaurantes “a la cuenta de la Comunidad”.

Evolución del gasto mensual de Luis Eduardo Cortés en sus restaurantes (2008-2012)

“¿Por qué iba con cierta frecuencia a mis locales? Nada más llegar y con la experiencia que ya traía del Gobierno regional, lo primero que hago es preguntar si acudir de vez en cuando a mis restaurantes para tratar de cerrar negocios y ferias para Ifema era incompatible con mi cargo”, continúa. “Y la respuesta que recibí fue que no, no era incompatible. Yo estaba obligado a comer y cenar fuera y a verme con mucha gente, entre ellos periodistas. Y si esos encuentros se producían en el Jockey, que aunque yo fuera su principal accionista es por derecho uno de los restaurantes emblemáticos de Madrid, es porque allí yo tenía mucho ganado a favor de Ifema”.

“Puedo haberme equivocado”

Cortés recuerda al otro lado del teléfono el éxito de uno de esos encuentros, con empresarios alemanes de la feria internacional de Fráncfort. Sin embargo, concede que pudo equivocarse al ir con tanta asiduidad a sus restaurantes a cargo de la institución pública que dirigía. “Admito, lo digo aquí, que puedo haberme equivocado. Yo fui ocho años vicepresidente regional y consejero de Obras Públicas y jamás he tenido un escándalo. Yo nunca entré en la política para enriquecerme”.

A qué establecimientos cargó Luis Eduardo Cortés más gastos al Ifema (2008-2012)

En los cinco años que van de 2008 a 2012 Cortés carga a la tarjeta de Ifema 94.000 euros. Y en el Jockey y en el Club 31 se deja 48.000, el 51% de todos sus gastos. En julio de 2012 se emite el último recibo en el Jockey. En septiembre de ese mismo año el local, que ya había perdido una estrella Michelín y bajado el precio del cubierto de 120 a 60 euros, echa el cierre. La clausura del Club 31 no tardó en producirse. En diciembre de 2012, en una entrevista con El País, Cortés aseguró que estaba “sin un duro”.

En verano de 2015 Ifema volvió a los titulares al destituir el Ayuntamiento a José María Álvarez del Manzano, exalcalde de Madrid, como presidente de la Junta Rectora. Entonces salieron a la luz los privilegios en la institución ferial, que incluían sueldos de alrededor de 100.000 euros anuales, secretarias y chóferes. En septiembre el exvicealcalde Manuel Cobo dimitió de su cargo en Ifema, según adelantó eldiario.es.

Ifema es una institución pública participada a partes iguales (31%) por Ayuntamiento, Comunidad y Cámara de Comercio de Madrid, mientras que la antigua Fundación de Caja Madrid, hoy Bankia, posee el 7% restante. El control del PP del Consistorio y del Ejecutivo regional a partir de 1995 ha ido provocando un trasvase de dirigentes del PP a esta institución, considerada por ello como un 'cementerio de elefantes'.

Cortés fue precisamente vicepresidente madrileño durante la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón (1995-2003). Pero siempre se le ha vinculado políticamente a Esperanza Aguirre. Su nombramiento en Ifema levantó cierta polémica en el PP en la pelea interna que mantuvieron Gallardón y Aguirre.

Más de ocho años después de su ingreso en Ifema, Cortés indica a eldiario.es que su salida se producirá en torno a mayo, como resultado de las conversaciones que han tenido los equipos de Carmena, Cifuentes y la Cámara de Comercio. “Me iré de Ifema con cero euros de deuda, cero euros de subvenciones públicas recibidas y 60 millones de euros en caja”, proclama.