El aumento de los precios de la propiedad inmobiliaria, al calor de la evolución alcista del número de operaciones de compraventa, parece el signo de la resurrección del sector inmobiliario. En el caso español, esto transciende a la marcha de un área económica cualquiera ya que, como demostraron I. López y E. Rodríguez, desde el Observatorio Metropolitano de Madrid, la economía española se ha convertido en un polo de captación de capitales financieros internacionales con objeto de su procesamiento e incremento a través de esta especialización productiva. Desde una perspectiva política, éste es un contexto favorable a la continuidad del status quo, en la medida en que, por la particular estructura social de la propiedad, con una mayoría de propietarios, los periodos alcistas del ciclo inmobiliario-financiero se traducen en incrementos patrimoniales y sensaciones de riqueza bastante distribuidos, antítesis de la exclusión creciente que ha supuesto el rasgo sociopolítico y la oportunidad seguramente más singular de la crisis.

De forma menos coyuntural, desde la perspectiva de la producción de subjetividad y de las relaciones metropolitanas, la propiedad inmobiliaria marca una brecha sin mediación. Uno de los puntos de contacto recurrentes, en particular al inicio de curso, es el alquiler. Como toda interacción comercial, el arrendamiento de vivienda para uso habitual está repleto de violencias, especialmente crudas en torno a la necesidad impostergable que tiene una de las partes de disfrutar de un piso. La cualidad minoritaria de las poblaciones no-propietaras las convierte en sospechosas habituales. Constantemente deben exihibir pruebas de confianza, de solvencia y de vida normalizada que nunca se pedirían a la contraparte del contrato, cuyo título de propiedad atrae per se esa condición de ciudadano, sujeto de confianza y eje por escelencia de las democracias liberales. Incluso la ola municipalista, democratizante en su esencia, acusa de forma constante ese deje territorializador en la política de los barrios, de las asociaciones y de la ciudadanía propietaria en definitiva.

Nada muy distinto ocurre, como hemos comprobado estos días, en el impusto municipal por excelencia. En tanto que vinculado a la propiedad inmobiliaria, el IBI se encuentra en las antípodas de la universalidad. Sin embargo, existe tanta gente sin otro patrimonio que aquel objeto de gravamen que en el debate político, con motivos más o menos fundados, opera como asunto universal, igualando perversamente la condición de ricos hasta la nausea y de titulares mínimos, de personas para quienes la propiedad es su único medio de inclusión social y de empresas para quien es un puro medio de producción. Se trata todavía del terreno de la democracia ciudadanista de propietarios.

El derecho a la vivienda, cuyo corazón no se sitúa en la condición abstracta de la propiedad sino en la fáctica de la posesión, puede dibujar una ruptura respecto a este cierre de la polis de propietarios. Desde este enfoque, las políticas de empoderamiento de la condición de no propietario (medidas anti-desahucios, pro-arrendamiento, gravamen de viviendas injustificadamente vacías, estrategias de mediación a gran escala...) podrían reducir la intensidad de esa violencia invisible que atraviesa nuestras ciudades e integrar por la vía material más que retórica a ese cuerpo de excluidos tradicionales en el marco discursivo de la política metropolitana. Así, una democracia post-ciudadanista se parece más a la composición actual y plebeya de la riqueza urbana que aquella obligada a guardar las servidumbres hederadas de la estructura social tardofranquista.

David Vila-Viñas.

La transición económica de nuestras ciudades, necesitadas de encontrar nuevos sectores de actividad, empleo y producción rentable, requiere a menudo de fuertes inversiones en infraestructuras. Algunas son una extensión virtual de las infraestructuras de la era industrial, como las conexiones wi-fi, y es fácil mostrar el beneficio colectivo de su implantación. Otras infraestructuras tienen un sentido menos claro que incluso repele tal nombre. Por ejemplo, tener acceso a mejores datos de eficiencia y consumo energético de nuestros edificios mejoraría mucho la planificación familiar y urbana, y fomentaría esa necesaria línea de rehabilitación y economía verde. Un avance de este tipo (bien expuesto, claro) parece rentable, pero también costoso, debido a los sensores que habría que colocar, los servidores y sistemas necesarios para guardar y procesar esos datos y la inteligencia requerida para hacerlos útiles.

Aunque la posibilidad de esta riqueza social se imagina al alcance de la mano, la ausencia de capacidad financiera (y de liderazgo) del sector público hace que la mayor parte de las infraestructuras necesarias (levantadas o por levantar) para lanzar estos nuevos ciclos de producción solo puedan desplegarse bajo una titularidad privada que limita el potencial beneficio social de sus productos. No está de más recordar que la materia prima de la que se nutren las ciudades (y los procesos de las smart cities más que ningún otro) es la misma productividad social difusa, es decir, lo común.

Austeridad no significa tanto ahorro como ausencia de inversión. Algo que es fatal para una transición económica, por muy alta que la propuesta se sitúe entre las prioridades del programa electoral. En un contexto de austeridad (y de favorecimiento de las oportunidades de negocio, todo hay que decirlo) una fórmula común de financiación de las inversiones para la administración pública es la concesión de los réditos de la gestión. Conforme a esta fórmula, la entidad empresarial hace operativa una infraestructura dada a cambio de explotarla durante un periodo de tiempo más o menos extenso, prorrogable, intenso, etc. Solución financiera clásica y bastante obvia, el citado modelo abre, a su vez, dos nuevos problemas, si nos ceñimos a esta cuestión de cómo puede relanzarse en nuestro contexto la citada transición productiva.

Por una parte, la concesión tiene sus servidumbres. Buena parte de la riqueza levantada con ese avance infraestructural queda cerrada a la exclusividad de la explotación y del control del financista. Puede que la ciudadanía en su conjunto no pudiera explotar esos datos de manera directa (aunque también puede que sí; depende del caso) pero, en cualquier supuesto, al no tener acceso a los mismos, al venir de este modo restringida la información, va a ser difícil que participe en las decisiones sobre el uso de esos datos. ¿Debería tener el tranvía una segunda línea? ¿Por dónde debería pasar? Pues salvo que queramos tomar estas decisiones sacrificando cabras o según el vuelo de las palomas, sería bueno que la ciudadanía contara con datos precisos acerca de los viajeros que se mueven por tal itinerario o por cual línea de bus. Tampoco podrán participar demasiado en la orientación de esa transición económica para que ésta se dirija al beneficio del común ni en aprovechar las oportunidades de negocio o de utilidad que ofrezca.

Por otra parte, y dado que los ecosistemas de trabajo y explotación que se desarrollan son privativos y operan como cajas negras, no suelen garantizar mecanismos de transferencia tecnológica hacia el sector público y hacia la ciudadanía en general. Pasado el tiempo de la concesión, es poco probable que la ciudadanía y la administración sepan mucho más de lo que sabían sobre el servicio o las infraestructuras concesionadas y tampoco lo es mucho más que así puedan recuperar el protagonismo en la gestión de servicios que serán esenciales para la vida de las ciudades en un futuro muy próximo. Un conocimiento cerrado no nos permite aprender, de modo que aumenta nuestra dependencia tecnológica.

Resulta paradójicamente colonial que la soberanía tecnológica solo aparezca en las agendas políticas de los países del Sur, cuando cada proceso de innovación tecnológica al que se enfrenta una administración en los países del Norte destapa no pocas vergüenzas de desempoderamiento y de dependencia tecnológica de este estilo. La soberanía (dígase autonomía) en este terreno es una cuestión de interés general, más que una cuestión de Estado, en el sentido de que no puede alcanzarse solo por arriba, contando solo con buena capacidad técnica y financiera por parte de los cuerpos expertos de la función pública. En la ciudad de la producción basada en los comunes estas distancias solo operan como brechas.

David Vila

@dabivv

Lo que no aportó el programa es, una vez que tal modelo se ha impuesto, qué capacidad tenemos de darle de nuevo la vuelta a la tortilla. La única opción que parece intuirse se refiere a un retorno a la constitución de esa conciencia de clase pero, ¿es esto posible ahora en los mismos términos que antes?

En un momento del programa, Évole nos traslada a uno de los escenarios del cambio del modelo productivo: los astilleros de Asturias. En las localizaciones de la película Los lunes al sol, se nos ilustra acerca del papel que ha jugado el sindicalismo de concertación en la desmovilización y desactivación de los espacios de trabajo como lugar de luchas. En la cinta de Fernando León, Santa, el protagonista, es preguntado sobre el motivo por el cual no busca trabajo como hacen sus ex-compañeros, a lo que él responde que no puede tener otro trabajo, que él es soldador del naval y ya no hay soldadores del naval.

Posiblemente, esta es una de las claves. A Santa su trabajo, el remunerado, claro está, lo definía, le daba identidad. Esto es precisamente lo que ha cambiado. Preguntando a los empleados de una gran superficie o un call-center te dirán: “soy ingeniera, soy vegano, soy de Huesca o soy del Barça”, pero posiblemente ni los más veteranos habrán dicho jamás la frase “soy cajero” o “soy teleoperadora”. Lo que se utiliza es la fórmula “trabajo de”. No hay identificación con el trabajo realizado, sólo es lo que hago para subsistir, no lo que soy.

Si nos fijamos en los últimos conflictos sindicales con alguna presencia en los medios, éstos siempre se producen en espacios laborales más parecidos al astillero de Santa, como las plantas de Coca-cola o Panrico, por ejemplo. Se refieren a la resistencia del antiguo modelo productivo, mientras que, en el resto de espacios laborales, más disgregados, con mayor rotación y menores jornadas, la precarización avanza casi en silencio. Sin embargo, son estos últimos los trabajos que la mayoría de la masa laboral desempeña.

Al contrario de lo que pudiera parecer, las dificultades para utilizar este entorno laboral como lugar para el empoderamiento colectivo son mayores cada día. En parte esto se debe a que la capacidad de estos trabajadores para asumir riesgos es menor, ya que no pueden permitirse perder el empleo en el contexto de desprotección social en que se encuentran.

En todo caso, éste no es el único motivo. Gran parte del problema (o al menos de la novedad) se encuentra en que el trabajo remunerado nos parece, cada vez más, algo que hacemos un ratito al día, pero lo que somos es algo que se sustancia y ocurre fuera de él. Como si vendiéramos nuestros cuerpos y mentes por ese tiempo, como si no fuéramos nosotros los que estamos allí. Está claro que no nos interesa volver a ser como Santa y definirnos por lo que hacemos para subsistir, de modo que, por lo tanto, el tipo de conciencia de clase que movilizaba a trabajadores como Santa quizá ya no nos sirve.

Si lo que nos importa está fuera del centro de trabajo, es lógico que la construcción de movimientos de masa que intenten cambiar el sistema también lo esté, pero ¿una vez constituidos cómo se introducen y se expanden en el ámbito laboral?

Se da el hecho de que personas críticas con el sistema y muy activas en movimientos como las mareas o la P.A.H., al entrar a trabajar, no se molestan en luchar por sus derechos laborales, convirtiéndose en empleados dóciles, pensando sólo en acabar su jornada sin problemas y salir a luchar en otros espacios. La idea de temporalidad del trabajo y la esperanza de que pronto encontremos uno en el que nos sintamos mejor permite aguantarlo todo, pero lo que suele pasar es más bien que simplemente se cambia de un empleo a otro con peores condiciones.

¿Qué podemos hacer para saltar este muro que separa el sindicalismo social del entorno laboral? No creo que podamos permitirnos el lujo de abandonar ese terreno en el que habitamos tanto tiempo si queremos construir un movimiento lo suficientemente fuerte que tumbe al sistema.

Pato Pérez

@Patochadas

Hace casi un siglo ya se utilizaba la idea de la sociedad como un sistema interconectado y auto-organizado. Fue utilizada como un discurso para justificar el colonialismo del Imperio Británico. Hoy, la punta de lanza de esta idea es la

smart city

como un organismo vivo interconectado al servicio de un

status quo

neoliberal. Frente al discurso de una organización interconectada diseñada de forma centralizada, rescatamos la idea de

ecosistema

aplicado a lo social como una forma de analizar, no sólo cómo se interconecta un sistema, sino qué mecanismos tiene para conectarse con su realidad material

En los años 20 del siglo pasado el botánico y socialista británico Arthur Tansley, inspirado en la idea de Freud del cerebro como una compleja máquina de unidades eléctricas interconectadas y reguladas entre sí, propuso describir los sistemas naturales como sistemas interconectados en los que diferentes especies y procesos se regulan y equilibran mutuamente según leyes universales. Más adelante, Tansley plasmó esta idea en el concepto ecosistema.

Poco tiempo después, el general sudafricano Jan Smuts elaboró algunas ideas similares en una teoría mucho más ambiciosa a la que llamó holismo. Smuts defendía que la naturaleza y la sociedad se organizaban como una serie de sistemas que se integraban en otros sistemas holísticos mayores. Igual que las células de un organismo, o los electrones orbitando alrededor de un átomo, las diferentes partes del sistema se ponen al servicio de un orden mayor de forma desinteresada. Smuts proponía trasladar este “orden natural” a la política humana, las diferentes partes del sistema debían integrarse y actuar para preservar un macro-organismo mayor. Curiosamente, Smuts fue uno de los hombres más poderosos en el Imperio Británico, conocido como un “firme defensor” de los derechos humanos (autor del primer borrador del preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas en 1945) a la vez que reprimía brutalmente a la población negra sudafricana, sindicalistas y activistas políticos, siendo recordado como el general que encarceló a Gandhi.

Tansley criticó duramente las ideas de Smuts y sus seguidores, acusandoles de crear una filosofía de la naturaleza y su auto-organización con el objetivo de justificar la opresión de los sudafricanos negros y un orden social (el establecido por el Imperio Británico). Frente al holismo de Smuts, Tansley defendía su concepción de un ecosistema [1], en la que no hay un todo o un “organismo” último al que pertenecer, sino que la vida está basada en el mantenimiento mutuo entre las diferentes capas que lo componen: los ciclos climáticos, el mantenimiento de superficies fértiles, y las especies vegetales y animales participan en un proceso cooperativo en un equilibrio dinámico, sin que esto signifique que diferentes especies se fundan en un macro-organismo único.

La metáfora de la sociedad como un sistema auto-organizado y en red ha perdurado con fuerza y en la actualidad es inmensamente popular. La retórica de la smart city es hoy la punta de lanza de este discurso. Mediante soluciones inteligentes, podemos introducir tecnologías que permitan interconectar ciudadanos y administraciones, impulsar la participación ciudadana, mejorar la comunicación, etc. permitiendo a sociedad civil e instituciones regularse en mejores formas de gobernanza. No es raro escuchar la metáfora de que la smart city piensa la ciudad “como un organismo vivo”. El problema es que, a menudo, las soluciones propuestas han venido de la mano de grandes multinacionales o de gobiernos poco interesados en una participación democrática real.

En la práctica, la smart city no impide prácticas predatorias: apropiación por parte de grandes multinacionales de datos ciudadanos para su explotación, exclusión social tecnológica o entrada de grandes multinacionales en la gestión de lo público. Si la ciudad inteligente es un organismo vivo, su centro de operaciones está peligrosamente en manos del antiguo status quo de intereses empresariales y políticos. Igual que en la Sudáfrica de los años 20, una ideología de progreso basado en las redes y la autoorganización social se usa para justificar un sistema de dominación.

Aún estamos a tiempo de plantear un enfoque alternativo y superar una visión de la tecnología y las redes como un instrumento al servicio de un superorganismo controlado desde el poder político y empresarial. En su lugar, la metáfora del ecosistema nos permite pensar en mecanismos para sostener y regular nuestras vidas de forma cooperativa y distribuida. ¿Cómo podemos mantener un suelo fértil que permita a cada persona acceder y cultivar la tecnología, los datos y el conocimiento para pertenecer a una sociedad del conocimiento? ¿Cómo implementar una economía social para defendernos y cuidarnos de los envites climáticos de las crisis financieras? ¿Cómo poner en marcha mecanismos que nos permitan intervenir para que nuestras instituciones no sean tomadas contra nuestra voluntad por “parásitos” políticos?

La metáfora de la ciudad inteligente sólo es liberadora si viene con los mecanismos que nos permitan organizarnos aprovechando la pluralidad, la diversidad y la autonomía de la ciudadana. Frente a una smart city diseñada de forma centralizada, necesitamos mecanismos de libre acceso a los bienes comunes (datos, conocimiento, tecnología), formas de democracia directa y formas de economía al servicio de la sociedad, abiertas y colaborativas. Si las políticas “smart” no permiten la conservación y desarrollo de un ecosistema social cooperativo y compartido, no podrán ir más allá de una suerte de colonialismo 2.0.

Miguel Aguilera

@pinkorad

[1] Tansley, A. G. (1935). The use and abuse of vegetational concepts and terms. Ecology, 16(3), 284-307.

La hipótesis municipalista que ha puesto a las ciudades en el centro de las estrategias de gobierno y tranformación social podría ser leída como un nuevo Renacimiento de las Ciudades-Estado. Sin embargo, los procesos abiertos permiten someter a crítica la noción misma de "Ciudad-Estado" y sustituirla por otra, no sólo con mayor capacidad explicativa, sino también de mayor alcance político: "la Ciudad contra el Estado"

La propuesta implícita en las candidaturas municipales de confluencia ciudadana que han accedido a gobernar los ayuntamientos de algunas de las ciudades más importantes del territorio español supone un importante desplazamiento en lo que a las formas de gobierno se refiere. Al situar a la ciudad en el centro de la estrategia de intervención y al reivindicarla como el lugar desde el que hacer política se ponen en entredicho otros ámbitos de gobierno, como pueden ser las Comunidades Autónomas y, sobre todo, la Nación.

Sin embargo, antes de celebrar este desplazamiento, conviente evaluar hasta qué punto y bajo qué condiciones este movimiento juega en favor o en contra de la racionalidad neoliberal que se dice estar tratando de enfrentar. El desplazamiento que situa a la ciudad en el centro no resulta necesariamente en un proceso de emancipación ni de profundización democrática, mucho menos aún de ruptura con las dinámicas de acumulación por desposesión. El movimiento municipalista se enfrenta a dos peligros que le son intrínsecos y que debe conjurar: 1. La sobrecodificación estatal de la ciudad y 2. La captura capitalista.

Para conjurar el primero de estos peligros hay que distinguir dos líneas de composición diferentes, que si bien pueden ser simultáneas e, incluso, en muchos casos encontrarse articuladas, no por ello deben ser confundidas. La línea de composición de la forma-ciudad no coincide con la línea de composición de la forma-estado. Uno y otro proceso son diferentes. Hasta el punto de que algunos investigadores han llegado a diferenciar entre dos modelos urbanos dependiendo de si la ciudad se encuentra o no capturada bajo el Estado. Así, habría un sistema palatino, en el que la ciudad sería una excrecencia del palacio o del templo, y un sistema ciudadano, en el que el palacio o el templo no serían más que un punto de concreción de la ciudad como conjunto de procesos periféricos. Por decirlo con las metáforas hoy en día en voga, habría un modelo construido de arriba a abajo, con un núcleo irradiador, y, frente a éste, un modelo construido de abajo a arriba en el que el centro sería sólo el efecto de entrecruzamientos.

En el marco histórico-político en el que nos encontramos esto se traduciría en dos dinámicas políticas del todo diferentes. Una primera en la que el ayuntamiento funciona como centro desde el que emanan las propuestas políticas y de participación ciudadana, y, por tanto, alrededor del cual se organiza la vida urbana; una segunda, en la cual son los procesos periféricos los que priman, sin por ello dejar de articular un punto de concreción secundario como lugar de autogobierno.

En cualquier caso, mientras que el modelo palatino responde a la integración de la ciudad en el mosaico del Estado, compuesto de múltiples ciudades asociadas organizadas en torno a una capital, el modelo ciudadano responde a un esquema de red en el que cada ciudad constituye un nudo en el interior de una malla distribuida, una zona caracterizada por un diferencial que la especifica respecto del resto de sus iguales, respecto del resto de ciudades con las que se encuentra conectada.

En definitiva, la ciudad nunca existe de manera aislada, sino siempre asociada a otras ciudades. Ahora bien, esta asociación puede ser horizontal y en red, dando lugar a un modelo urbano ciudadano; o bien puede ser vertical y en mosaico, dando lugar a un modelo palatino, con una capital como eje veretebrador, efecto todo ello de la captura por parte del Estado.

En este sentido, ha de ser puesta entre paréntesis la noción de “Ciudad-Estado” manejada por los historiadores. En la Antigüedad los fenicios, los griegos o los cartagineses producen redes de ciudades cuya organización no responde ni se refiere a la forma-estado si no es, precisamente, para conjurarla. Lo mismo ocurriría con la red de ciudades italianas a partir del siglo XI, o con las ciudades hanseáticas, sin funcionarios ni ejército. Estas redes de ciudades no son tanto Ciudades-Estado como Ciudades contra el Estado, en la medida misma en que su articulación les permite inhibir la captura en el mosaico de Estado.

La cuestión más inmediata ahora es cómo componer un tejido de ciudades rebeldes capaces de conjurar la captura estatal. Sin entrar a discutir si el Estado es un producto endógeno o exógeno de la red urbana, es necesario poner de relieve que el Estado siempre está presente como virtualidad de la red, como su peligro y su más inmediata posibilidad. La red siempre está a punto de convertirse en mosaico, aunque ello suponga su destrucción. Y es sólo a través de mecanismos de anticipación e inhibición de la forma-estado que se pueden desplegar las dinámicas de autogobierno ciudadano.

Como bien apuntara Braudel, en el conflicto entre Ciudad y Estado, casi siempre gana el Estado: “el Estado ha disciplinado a las ciudades, violentamente o no, con un ensañamiento instintivo, donde quiera que miremos a través de Europa”. Hoy, que el Estado ya no es exactamente el Estado-Nación, sino una composición de instancias supranacionales compuesta, entre otros, por la Comision Europea, el FMI y el BCE, en las cuales se concentra actualmente la soberanía, las ciudades han de articularse para renovar los mecanismos de inhibición y conjura. Para ello no parece que haya otra vía que la supresión de todo monopolio en lo que se refiere a la toma de decisiones y, por tanto, la implementación de procedimientos de redistribución del poder político.

Pablo Lópiz Cantó

@plopiz

Las decisiones sobre las deudas / inversiones tienen efectos muy intensos sobre la ciudadanía, como la crisis de la UE ha mostrado. Por ello es imprescindible que esas decisiones se realicen con las mayores garantías democráticas. Este es el objetivo de los procesos ciudadanos de auditoría de la deuda y de presupuestos participativos que ahora se inicia y que deben estar articulados

Desde 2010, casi todos los extremos de Europa padecen la austeridad como una subordinación a través de la deuda. La guerra contra Grecia a través de la deuda marcará nuestro imaginario sobre la gobernanza europea mucho más que la PAC y que los carteles de obras financiados por la UE. Suerte de las nuevas generaciones que podrán prescindir de Graeber, Lazzarato y de rastrear en Nietzsche para advertir lo que hoy se impone como evidencia: que la deuda es el principal instrumento de sujeción cuando el ambiente ahí fuera es, como en la canción, lo que algunos llaman paz.

Dado que la asimetría de la deuda es el estado natural del tracto mercantil, tal es la situación de los Estados pero también de las distintas administraciones territoriales, las familias, los partidos políticos o los clubes de fútbol. La colección de malos ratos que recientemente estamos pasando en razón de la deuda (porque las experiencias latinoamericanas y africanas de décadas anteriores no tenían nada que ver con nuestro mundo) nos ha llevado a cogerle cierta tirria al mecanismo y entorpece su tratamiento político.

Por una parte, porque trasladamos la dinámica microeconómica de la deuda a unidades políticas. Tales unidades, pongamos un municipio, pueden tener problemas de liquidez (lo que no es menor) pero es muy difícil que tengan problemas reales de solvencia, es decir, de capacidad de producción de riqueza para gestionar tal o cual deuda. Hay que recordar que, incluso en el peor de los casos, los cuerpos políticos no se liquidan, como las empresas, y nada impide en último término, sino una violencia contraria a su naturaleza, el reinicio de sus capacidades productivas.

Por otra parte, es normal que con tanto esquilmar la riqueza colectiva parezca que el ciclo necesario de la deuda es el de redirigir inversiones sociales a los amigotes para perfilar los mecanismos de sujeción con los que redirigir nuevos recursos sociales a más amigotes y fortalecer el ciclo. Este círculo virtuoso del rentista está lejos, sin embargo, de la función que la deuda puede cumplir, como pasivo de la inversión, para ser el esfuerzo sostenido en el tiempo de una unidad política a fin de acortar los plazos de determinadas mejoras en las condiciones de vida.

En términos democráticos, el mecanismo es complejo porque compromete el esfuerzo de sujetos que ni siquiera están en el tiempo de constituir la deuda pero ésta se pagará por sí sola siempre que la inversión se destine a mejorar las condiciones de vida de las poblaciones y consecuentemente a aumentar sus capacidades productivas. Una comunidad política que no pueda recurrir a esos mecanismos de aceleración e intensificación y deba resignarse a las miserias de su presente es una comunidad imponente… o regida por la indiferencia de las clases medias.

Como en la vida, cualquier cuerpo político tiene que asumir que no es un agente autónomo, sino más bien interdependiente y que el núcleo de su democracia no está solo en la elección de sus sueños, sino también de sus servidumbres, siquiera sean transitorias. En tal sentido, las inversiones sobre la inversión / deuda, por los riesgos que ya no olvidaremos, deben contar con la mayor garantía de democracia. A este reto los movimientos democráticos están respondiendo con dos mecanismos principales: la auditoría de la deuda y los presupuestos participativos. Aparte de la prevención de las infracciones en este campo, la pregunta fundamental que estas operaciones se hacen en distintos tiempos es ¿qué sentido social tienen esas deudas / inversiones?

Bien están los controles de legalidad y constitucionalidad por arriba pero la ubicuidad de la deuda requiere colmarla de controles, conforme a nuestras actuales capacidades cognitivas y políticas, en las distintas capas y con la misma prolijidad con la que se generan. Si las decisiones que más nos comprometen ya no están solo en la ley, sino en esa miriada de ataduras de inversión / deuda, la democracia debe adoptar esa misma dirección de capilaridad.

Ahora que muchos municipios y CC.AA. empezarán auditorías y presupuestos participativos de todo pelaje, conviene subrayar que la distinta genealogía de estos movimientos ha hecho que ambos parezcan planetas distintos cuando no son sino fases del mismo proceso. No se trata de comités de expertas fiscalizadoras por un lado y de vecinas por otro decidiendo en qué gastar las partidas superfluas. Tienen que ser procesos articulados, convenientemente asesorados técnicamente pero horizontales y desarrollados en un ecosistema en que la información fluya de manera transparente, accesible y comprensible. Aunque los proyectos ciudadanos institucionales se jueguen la prensa en la recogida de basuras o en los gestos simbólicos, se juegan el sentido en hacer viable ese ecosistema.

David Vila-Viñas  @dabivv

A niveles muy diferentes, el gobierno de Tsipras y la cúpula de Podemos se enfrentan a sendas crisis de legitimidad entre parte de sus bases más activas. ¿Cómo construir mecanismos para evitar el aislamiento y ruptura entre la ciudadanía movilizada y los centros institucionales de toma de decisiones?

Después del dramático resultado de las negociaciones entre el gobierno Griego y el eurogrupo, el primer ministro Alexis Tsipras se enfrenta a una comprensible crisis de legitimidad entre las propias filas de Syriza. Después de la gran victoria del rotundo OXI en el referéndum griego, millones de personas entre asustadas e ilusionadas descubríamos que no había un plan B frente la extorsión del Eurogrupo que pudiera materializar la voz del pueblo griego. Poco después supimos, a través de una entrevista del ahora exministro de finanzas Yanis Varoufakis, que sí había un plan alternativo que planteaba tres medidas concretas para plantar cara al chantaje del Eurogrupo (la puesta en circulación de pagarés, el recorte del valor nominal de los bonos de Grecia de 2012, y la toma del control del Banco de Grecia). Sin embargo, el plan fue rechazado a favor de evitar el enfrentamiento directo con el Eurogrupo en una reunión de seis personas del núcleo duro del gobierno, en la que 4 personas votaron en contra y sólo dos (Varoufakis y otro ministro) a favor, provocando la dimisión de Varoufakis y la pérdida de uno de los personajes más carismáticos del nuevo gobierno griego

En unas horas, una decisión de 4 personas resquebrajaba buena parte del enorme consenso construido alrededor del ejercicio de valentía democrática de validar la posición del gobierno a falta de un referéndum. Todo el efecto de agregación, superación de la campaña del miedo, etc., se vio resentido ante la incomprensión de la decisión final y la pérdida de la confianza en la creencia de que “Tsipras tenía un plan” para hacer frente a la Troika. Durante estos días, vemos como incluso una parte considerable de los diputados de Syriza han votado en contra del acuerdo defendido por Tsipras, amenazando una ruptura con consecuencias más profundas a largo plazo. Independientemente de si el plan de Varoufakis pudiera haber funcionado o no, la tensión entre la construcción de un proyecto de emancipación colectiva y una decisión basada en un liderazgo hipercentralizado en la figura de Tsipras debilita el proyecto de construcción de un cuerpo democrático que construya una salida a la crisis desde abajo. De alguna forma, el cuerpo social que sostiene el proyecto político compartido se desgaja por la falta de mecanismos capaces de conectarlo al centro institucional de toma de decisiones. Desde la imposibilidad de abrir las negociaciones a una inteligencia colectiva más allá de la capacidad de Tsipras y su círculo cercano de sobrevivir a una sesión de 26 horas de negociación y tortura psicológica, a la ausencia de mecanismos económicos y sociales para hacer frente al chantaje de la Troika.

Más cerca y en una situación mucho menos límite que la griega, durante las últimas semanas también hemos asistido a una considerable crisis de reputación de los líderes de Podemos ante el diseño y ejecución de su proceso de primarias. Unas primarias ‘exprés’, manteniendo las impopulares (al menos para una buena parte de las bases más activas y ‘críticas’) e imponiendo una circunscripción estatal que cercena las posibilidades de listas alternativas constituidas a escala provincial o autonómica, han provocado una buena contestación por parte de las bases y cargos de Podemos (casi 8000 personas, un millar de cargos internos y un 37% del total de diputados autonómicos), unida al surgimiento de la plataforma Ahora en Común, que ha recabado más de 26.000 apoyos invitando a una confluencia para las elecciones generales. En contraste, las primarias de Podemos han tenido una participación de algo menos de 60.000 personas, confirmando una tendencia descendiente desde las 112.000 que participaron en la votación de sus estatutos en medio de un enorme debate público a través la herramienta Plaza Podemos. De alguna forma, la falta de mecanismos de para ejercer una influencia real desde el enorme agente social corporizado con el impulso de Podemos, hacen que la movilización languidezca. Si bien Podemos ha sido un ejemplo de la potencia de la participación ciudadana directa en muchos aspectos (y la propuesta de desarrollo de un programa colaborativo para las generales podría ser un buen ejemplo de ello), en muchos aspectos fundamentales no está poniendo en práctica mecanismos que permitan canalizar la potencia y entusiasmo de una ciudadanía en un proceso de revolución democrática.

¿Cómo resolver el problema recurrente del aislamiento de las cúpulas y la desafección progresiva de quienes son relegados a la periferia del ‘núcleo irradiador’? Varoufakis, en un artículo basado en su experiencia en la empresa de desarrollo de videojuegos Valve, proponía que el problema del capitalismo no es (o no sólo) la existencia de mecanismos de mercado que se regulan de forma distribuida, sino que precisamente las empresas y corporaciones son inmunes a estos mecanismos de regulación distribuida al configurarse como estructuras despiadadamente jerárquicas. Frente a esto, Varoufakis defendía el modelo de Valve – sin jefes formales, altamente distribuido y transparente y donde cada empleado decide libremente en qué proyectos invierte su tiempo de trabajo – como una vía hacia un escenario post-capitalista en el que el control y la imposición por formas distribuidas y transparente de trabajo y colaboración.

De la misma manera, aunque el afuera de las nuevas y viejas instituciones se configure de manera democrática (elecciones, primarias, referéndums), nos enfrentamos a límites evidentes a la hora de cambiar las formas de hacer política si los espacios centrales de decisión y producción de políticas siguen blindados por estructuras jerárquicas y su tendencia a la centralización de la información y las decisiones, así como el aislamiento de las personas sobre las que se concentran las decisiones. Más que nunca, es preciso seguir innovando para construir mecanismos y formas de funcionamiento que permitan funcionamientos democráticos y económicos más proclives a la descentralización, la transparencia y la colaboración, a potenciar la inteligencia colectiva en lugar de limitarla.

Miguel Aguilera

@pinkorad

Sales de casa, te diriges al cajero y sacas efectivo. Subes al bus y picas tu tarjeta para registrar el viaje. Entras en una piscina y picas tu tarjeta de abonado, mientras envías un tuit desde tu movil geolocalizado

La ciudad es sede de una producción masiva y constante de información: datos de movilidad, datos de consumo, datos acerca de formas de vidas. Alrededor de estos flujos constantes de información se organiza el gobierno y de ellos se extrae valor económico. Todo ello a través de un entramado tecnológico que opera como substrato y como interfaz a la vez. Poner la cuestión de la ciudad democrática es entonces poner la cuestión de la propiedad de los datos, del poder sobre la tecnología y, por último, de la democratización de la ciencia. Esta cadena que va desde la ciudad democrática a la democratización de la ciencia resulta incomprensible si no asumimos un punto de vista, nada ortodoxo, que pone en relación -bidireccional- pensamiento científico y práctica tecnológica con el tejido social y sus transformaciones.

Dos cambios radicales se han dado conjuntamente en el campo de las ciencias y en el del tejido social. Desde el lado de la ciencia hemos pasado del estudio y el control de la materia inerte, hacia la materia viviente (biología y biotecnología) y la mente (neurociencia), mientras que en el campo social se da un cambio radical en el modo de producción de la riqueza, desde los bienes materiales a la llamada economía del conocimiento, que se acompaña con la desaparición de alguno sujetos sociales y la emergencia de otros.

En ambos casos juegan un papel fundamental las disciplinas informáticas y las ciencias de sistemas complejos. Las primeras, a través de la formalización del concepto de información y de la introducción del bit como unidad de medida, han permitido el desarrollo de algoritmos capaces de manipularla gracias a máquinas que la procesan de manera cada vez más rápida. Las segundas proporcionan modelos capaces de simular la circulación de información dentro de un sistema para estudiar su organización.

Todo esto mientras que el mundo de la producción científica atraviesa también cambios profundos como todo sector de trabajo. Hasta hace unos años la producción científica era en gran mayoría producción académica. Por lo tanto se daba dentro de una institución relativamente estable, organizada burocráticamente y que dialogaba con las instituciones del estado, tratando a la vez de mantener cierta autonomía sobre sus programas científicos. La financiarización de todo sector de producción no ha dejado de lado la producción científica, produciendo por un lado la fuga de buena parte de la investigación hacia el sector privado y por otro la precarización del trabajo de investigación. En este escenario super-competitivo de recursos escasos el único parámetro de valoración es el número de publicaciones y patentes, lo cual hace que toda producción de ciencia se organize alrededor de un único parámetro de la valorización económica.

En este cuadro, la tecnología, en tanto ciencia socializada, opera como vector de organización de la sociedad, por un lado, y como vector de extracción de riqueza por el otro. Por lo tanto, la consigna quincemayista de democracia real ya no es practicable sin un poder tecnológico distribuido y una democratización de las prácticas científicas. En este escenario los datos brutos son materia prima del ciclo de valorización de la información así como fuente a partir de poder y gobierno , por lo que se encuentran sometidos a cercamientos. Es un ejemplo el hecho de que los datos relativos a los/as pasajeros/as del transporte público en Zaragoza no están en la disponibilidad del Ayuntamiento, sino que la empresa gestora del transporte se reserva los derechos sobre ellos.

¿Cómo puede una ciudadanía decidir democráticamente acerca del transporte en su ciudad si ni los datos de desplazamiento de pasajeros son públicos? Y en esta valoración entran muchos factores, ya que la vertebración del transporte en una ciudad es unos de los responsables de la estratificación socio-económica de ésta a la vez que define el contexto de todo desarrollo social futuro.

Pero la cuestión no acaba con la publicidad de los datos. Esta información bruta necesita ser mezclada con información de naturaleza distinta (por ejemplo la renta promedio por barrio, los datos de movilidad con transporte privado, los planes urbanísticos a futuro, etc.), necesita ser procesada a través de modelos y simulaciones, los cuales producirán otra información en términos de previsión a futuro sobre la ciudad y sobre la base de esta última se podrá tomar una decisión democrática informada.

Este cambio de modelo productivo, junto al cambio de forma de gobierno, indica que la política científica, prerrogativa del estado ayer, y sometida a las finanzas hoy, tiene que pasar al nivel municipal o de federaciones entre municipios. El impulso democratizador de las candidaturas ciudadanas que han logrado hacerse con la alcaldía de muchas ciudades deberían impulsar una nueva relación con las instituciones científicas. Relaciones destinadas a conectar las demandas sociales con la programación científica y a desarrollar nuevas instituciones científicas autónomas de base municipal.

Hoy en día es el mercado y las finanzas quienes absorben la función de conexión entre  programación científica y demanda social, lo cual resulta en la reducción al mero factor económico de esta relación, multidimensional como tal por si misma multíplice. lo cual provoca la reducción de esta relación multidimensional al único factor económico.

Por contra, una política científica democrática tendría en la relación entre gobierno municipal y universidad su eje central. Así como en la producción científica financiarizada la universidad asume una función de capitalista colectivo, impulsando la creación de empresas tecnológicas a través de patentes y bases de datos privativos, en la ciudad democrática, la universidad y una constelación de laboratorios y centros de investigación autónomos concurrirían a la producción de una base común y abiertas de datos, proyectos, algoritmos y análisis que funcionarían como materia prima para la economía social del conocimiento.

Emanuele Cozzo

@ecozzo

En nuestras ciudades, duramente golpeadas por la crisis y las políticas de austeridad, la forma de trabajar y producir riqueza se ha transformado y este hecho debe servir para diseñar las políticas que nos permitan construir una economía postcapitalista basada en el buen vivir

Tal y como estaba previsto en los programas, el arranque de los dispositivos electorales ciudadanos que han alcanzado posiciones de gobierno está siendo poner en marcha las medidas de emergencia que palíen las urgentes necesidades sociales que han causado la crisis y las duras políticas de austeridad.

Pero igual de importante nos parece, para no quedarse atascado apagando un fuego que no deja de crecer, hacer frente a las causas económicas de la crisis que nos han traído hasta esta dramática situación. Es decir, si desde fuera y dentro de las instituciones no nos ponemos pronto a producir e implementar políticas públicas innovadoras y transformadoras que nos lleven a un nuevo modelo productivo, a una nueva economía sostenible construida democráticamente y fundamentada en los derechos sociales, la justicia social y el respeto al medioambiente, difícilmente podemos ver un camino de salida que escape a un deterioro cada vez mayor o como mucho una hipotética nueva generación de burbujas inmobiliarias y financieras como inútilmente intenta la deteriorada máquina neoliberal.

Parece conveniente por tanto para esta tarea, analizar las transformaciones que en esta última época se han producido ya en las ciudades y comprobar en qué medida pueden servirnos para orientar e impulsar estas políticas innovadoras.

En este sentido, es interesante prestar atención a la ciudad desde el punto de vista de la productividad: intentar observar, como si viéramos la ciudad desde fuera, cómo se trabaja, cómo se produce riqueza y cómo se distribuye. Uno de los cambios importantes que podemos constatar hoy es la dificultad de delimitar la actividad laboral a un espacio concreto como antes era la fábrica. Es más, tal y como varios autores y autoras han explicado ya en distintas ocasiones, las ciudades son la fábrica actual en la que se trabaja hasta el punto que ni siquiera podemos distinguir las actividades productivas de otras actividades que no lo fueran. Por tanto el trabajo y la producción de riqueza excede por completo el ámbito del intercambio mercantil en el que suelen quedar reducidos según los códigos que manejamos habitualmente.

En las ciudades encontramos una producción difusa que no tiene como principal cometido la producción de mercancías sino que está basada y utiliza aquello mismo que produce: conocimiento, lenguajes, códigos, afectos, hábitos, etc.

A menudo los economistas o los sociólogos usan metáforas, incluso fábulas para construir, explicar y transmitir modelos económicos de los que se pueden deducir también moralejas o valores sociales y que intervienen de forma definitiva en las elaboraciones teóricas.

Es el caso de Bernand Mandeville que en su obra de 1714 elaboró una fábula con las abejas para demostrar que la avaricia, el interés individual, el egoísmo son las bases de una economía de mercado efectiva, y que una sociedad sin vicios se desmorona, apuntalando de esta forma la defensa moral de la economía liberal. Según Mandeville, en una colmena, cada abeja mira por lo suyo y el resultado de todos esos trabajos individuales es un panal de rica miel. Así, la mano invisible que regula el mercado actúa cuando cada abeja mira por su interés y se olvida de las demás.

Pero resulta que esta fábula de las abejas se puede invertir y el resultado es un modelo que puede explicar mejor esta forma difusa en la que la gente produce y se organiza hoy en las ciudades a la que nos hemos referido arriba.

Las abejas producen miel en la colmena con el polen que recogen de las flores en el exterior. Pero mientras se trasladan de una flor a otra y a la colmena, las abejas recogen y dejan caer (trasladan) el polen de las mismas llevando a cabo la importante función de polinización. De forma que si, como apunta Yann Moulier Boutang, en lugar de obcecarnos con la miel y la cera como productos de la actividad de la abeja en la colmena, prestamos atención a la polinización y a su valor económico, resulta que la polinización que las abejas llevan a cabo representa la tercera parte del PIB agrícola mundial. En comparación, la polinización de las abejas representa anualmente entre 790 y 5000 veces el valor comercial de la miel y la cera que producen. Y entonces la situación de fábula cambia por completo: ahora tenemos unas abejas que, lejos de pensar cada una en lo suyo, llevan a cabo una actividad de elevado valor basada en la cooperación y en el apoyo mutuo, totalmente implicada en las necesidades de la flor de la que también se beneficia.

De la misma forma, al igual que la fábula se centraba la producción de miel y cera y no veía la producción de riqueza de la polinización, los discursos y análisis económicos actualmente vigentes que responden también al diseño institucional claramente desfasado, conciben la producción en la ciudad de forma restringida al ámbito del mercado laboral. Trabaja quien tiene un contrato y una nómina, o como mucho quien cobra por una actividad aunque sea de forma irregular en la economía sumergida.

La idea de polinización en la ciudad nos invita a pensar en una producción socializada, una producción del común en la que el polen, la sustancia que se acumula en los sujetos individuales y colectivos y que enriquece y permite que la ciudad florezca, es esa sustancia inmaterial propia de la actividad humana y compuesta de conocimiento, de lenguaje, de afectos, de códigos, de imágenes, etc. Es la vida al completo en la ciudad la que se ha vuelto productiva y sujeta por tanto también a la explotación.

Muchas son las consecuencias de este nuevo paradigma productivo que hay que tener en cuenta para llevar a cabo ese cambio en la matriz productiva hacia una Economía Social del Conocimiento: las nuevas formas de explotación del capitalismo cognitivo, el paso de una renta individual a una renta colectiva (renta básica), los diferentes modelos de propiedad de la producción inmaterial, etc. Pero nos parece que esta perspectiva de las transformaciones acontecidas nos va a permitir orientar las políticas y el trabajo institucional y de gobierno para salir del pozo de la crisis del neoliberalismo y del gobierno de la finanzas, avanzando hacia un modelo de economía democrática y ecológicamente sostenible.

Guillermo Valenzuela - @llermo

El meme de Smart City es el nuevo mirlo blanco de un capitalismo que se basa cada vez más en la explotación de una intelectualidad común y difusa. Como, así enunciada, la cosa no tiene mucho recorrido, la etiqueta de Smart City parece más adecuada para revitalizar el viejo arte de poner a trabajar a la administración en la creación de oportunidades privadas de negocio

El éxito de esta etiqueta se cifra en su capacidad de leer el cambio en la organización de la producción y la premisa de que la vida cotidiana de la ciudad, al margen de la caída de los circuitos formales del empleo, es una fuente enorme de creación de riqueza social. El reto de la Smart City es cómo convertir eso en valor para el mercado y, por torpe que esté siendo el mercado en asimilar este cambio, encuentra muchas vías: los datos que producimos constantemente con nuestros movimientos y consumos son oro para el marketing, la complejidad de la vida social requiere y produce constantemente soluciones para los problemas más variados, la escalada de la autorganización de la cooperación social a través de las TIC permite  hacer negocio donde antes solo había reciprocidad, entre otras.

Si a todo ello se le suman las industrias tecnológicas y de servicios personales anejos se obtiene un régimen de acumulación que no le llega ni a la suela de los zapatos al glorioso modelo del ladrillo, pero que da para ir tirando y relanzar alguna burbuja financiera aquí y allá, con suerte y recursos públicos mediante.

Un problema añadido del régimen de la Smart City es su funcionamiento opaco, como caja negra, construido a partir de herramientas privativas cuyo código la ciudadanía no puede alterar ni conocer. Bajo este régimen de subsunción vertical de la inteligencia ciudadana hacia los gestores de las aplicaciones, la participación no puede ser sino consumo o simulacro.

¿Qué sería, en cambio, inteligente para una ciudad?

En primer lugar, potenciar esa inteligencia colectiva, fuente de riqueza. Y esto no pasa por la simple difusión de las útimas tecnologías e infraestructuras digitales, que ayudan, sino por el fortalecimiento de ese corpus de derechos vintage (vivienda, educación, salud, seguridad, renta) que marca la diferencia en la capacidad productiva de una población.

En segundo lugar, aprovechar esa producción de riqueza y su utilidad social, al margen de que pase después, o no, por una estructura de mercado. 

Hackear la lógica de la Smart City neoliberal como aparato de captura de la riqueza y la inteligencia colectivas que se producen en la metrópoli, y su encuadramiento exclusivo en términos de mercado y negocio.

Frente a la Smart City como caja negra neoliberal, frente al software privativo y opaco, negocio para multinacionales, es posible erigir un modelo centrado en la transparencia y el código abierto, asequible y disponible para ser gestionado por empresas y cooperativas de proximidad asentadas en nuestro territorio. 

Eso implica integrar en la  gestión municipal ese saber difuso y obligarnos a desarrollar  dispositivos, no de captura de la inteligencia ajena, sino de  proliferación: difusión de información, canales de debate, mecanismos de participación real. Es decir, explotar hasta sus últimas consecuencias el circuito virtuoso entre sociedad del conocimiento, uso intensivo de nuevas tecnologías y democracia.

Una lógica capaz de hablar de riqueza, pero más allá de los límites estrechos en los que el dinero es capaz de pensar la riqueza. Una lógica que habla de oportunidades y nicho de negocio, y al mismo tiempo es capaz de pensar en Derechos de Ciudadanía, Comunidad, retornos y externalidades positivas. 

Es decir: aprovechar las posibilidades que los comunes del conocimiento tienen en el mercado dentro de una institucionalidad económica justa, vinculada al  territorio, al trabajo, a la economía social y a la sostenibilidad, en vez del trinque transnacional, felicista y new age.

Avanzar en la definición del marco de la Commons City y de la economía social del conocimiento como presente de nuestra ciudad. Una apuesta por el material en bruto del que disponemos para construir el futuro: el enorme talento humano del que disfrutamos en la Zaragoza metrópoli del siglo XXI.

Una  economía colaborativa para ser competitivos como sociedad. Colaboración  entre ciudadanos y entre ciudades,  rompiendo el marco de competición interterritorial entre ciudades en el que se ha venido desarrollando la  gran ciudad como máquina de crecimiento en las últimas décadas.

Es decir, pensar la ciudad inteligente como ciudad del común, como ciudad democrática y como ciudad de la economía social del conocimiento. Se trata de una  larga apuesta por un marco productivo para nuestra ciudades, intensivo en conocimiento libre y talento humano, virtuoso en la relación entre nuevas tecnologías y territorio, enraizado en el suelo y la comunidad  sobre la que se asienta, capaz de producir valor de forma sostenible y devolver algo al ecosistema que lo hace posible.

Ese es el reto que proponemos para Zaragoza, Ciudad Inteligente. Ser un prototipo de la Commons City del siglo XXI.

Raúl Royo @xambre_

David Vila @dabivv

La idea de que Zaragoza en Común (ZeC en adelante) ha sido una candidatura de convergencia de la izquierda, cuya composición se deriva directamente de las siglas anteriores de sus militantes, no es nueva, aunque su mayor exponente fue Eloy Suarez en el debate electoral, con su famoso anuncio de agua mineral "usted es al 80% Izquierda Unida"

Pero esa idea está siendo aun más utilizada tras el éxito electoral de esta candidatura para esgrimir el argumento de que este éxito radica precisamente en que previamente se ha conseguido que los partidos de izquierda converjan en una única opción.

Sin embargo, es difícil ver rasgos de una convergencia de la izquierda en la articulación preelectoral de ZeC. Y, aunque estos han podido ser discursos muy relevantes para la motivación inicial de muchos militantes, el primer periodo de crecimiento, el primer desborde interno, coincide en realidad con una serie de debates y tomas de decisión marcadas más por la búsqueda de un sentido común que por una componenda de los intereses de izquierda preexistentes o por una suma de cuotas o por una  de negociación y reparto de aliados. Los procesos de apertura iniciales (recuerden que ZeC hizo una apuesta a la ciudadanía por la que si no conseguía 5000 firmas ni se presentaba) y, sobre todo, la confección de la lista electoral señalan bien esta formación de un nuevo sentido común. Muchos candidatos son perfectamente reconocibles dentro de partidos políticos preexistentes, pero otras tantas (el 1, la 2, las 6, 7 y 8, que no es poca cosa) son nuevos agentes, avalados no por los partidos sino por el conjunto de la ciudadanía que participó en las primarias. No por casualidad a este proyecto no se llama Zaragoza Converge o, por ejemplo, Zaragoza por la Unidad Popular, sino que se llama Zaragoza en Común.

La noción de común o comunes ha sido fundamental en la apuesta política de estas candidaturas municipalistas. Lo común es lo que es de todas y de todos (omnia sunt communia). Cuando se habla de lo común no se hace referencia a lo que no es de nadie, sino más bien a aquello que, siendo de todos, no es susceptible de apropiación por nadie en particular. Hay que entender que la apuesta por lo común no es un gesto romántico del postureo político, sino que señala la condición que permite que todo el mundo, en su conjunto, pueda sentir el proyecto como propio y participar en él. 

El demonio está en los detalles

Aunque tendemos a utilizar los términos “convergencia” y “confluencia” indistintamente, las ideas de convergencia y confluencia  denotan procesos ligeramente diferentes: mientras que el primero apunta a trayectorias que se dirigen hacia un mismo punto o fin último, la segunda implica una tendencia a juntarse en un mismo momento y lugar. Así, el proceso ZeC no puede entenderse como un proceso de convergencia de la izquierda porque no ha existido un centro o fin último que articule el proceso. ZeC ha sido un proceso político distribuido y articulado sobre necesidades e iniciativas concretas. No ha tenido un centro sobre el cual converger y a partir del cual crecer. Ha tenido un candidato a alcalde, pero no una cúspide, ha tenido órganos de debate, trabajo y decisión, pero no un comité central, ha tenido una pluralidad de voces y cuentas oficiales en redes, pero no un portavoz central.

¿Cómo actuar en común sin un polo de referencia (p.ej. la unidad de la izquierda) hacia el que converger? Desde el 15M llevamos ensayando modelos de acción colectiva confluyendo en lo concreto: componiendo sobre la marcha la diversidad, adaptando iniciativas políticas a nuestro contexto local, creando redes de apoyo mutuo y pensamiento colectivo, etc. Las guías no son referencias absolutas, sino objetivos que conseguir aquí y ahora (más participación, más democracia, más derechos...). Lo que el éxito de las candidaturas municipalistas construidas desde abajo demuestra es que la política innovadora, la que está rompiendo la losa de la vieja política, no funciona con el partido como sujeto. Lo interesante no es que grupos de personas pertenecientes a unas siglas u otras se pongan de acuerdo para ir juntas en un mismo sentido y hacer más fuerza. La nueva política está funcionando más allá de este esquema tradicional, a través de nuevas formas de construcción de fuerzas políticas basadas en procesos radicalmente distintos de composición y de agregación ciudadana de masas y de construcción de fuerzas políticas. Por avanzar un poco este punto, nos parece que el nuevo modelo de confluencia ciudadana funciona como un modo de agregación molecular basado principalmente en:

1) La potencia de los encuentros entre singularidades. Desde el 15M los espacios políticos que se van creando y construyendo son auténticos lugares de encuentro. Espacios políticos a la vez que físicos en los que se facilita el encuentro entre personas y en los que lo importante es tanto lo que tienen en común como lo que las diferencia. Encuentros generalmente alegres, y que por lo tanto componen ese cuerpo colectivo que es más potente que lo que eran las individualidades previas al encuentro. Ese cuerpo colectivo formado y sostenido por esos encuentros es lo que actualmente llamamos organización política, que se construye por tanto no a partir de compartir un ideario o una ideología sino en base a la fortaleza de esos encuentros que sin la creación de estos espacios políticos no podría tener lugar dada la dispersión y la enorme individualidad con la que se vive en la ciudad.

2) En el entendimiento y el afecto de las ideas, los puntos de vista, principios y objetivos que se comparten. La crisis, las políticas de austeridad, el bloqueo político, la corrupción, por un lado, y el 15M y estos últimos años de luchas y de resistencia contra la barbarie de las políticas que han causado el drama social en el que vivimos, por otro, han producido una subjetividad política con un grado de madurez que es incapaz de convivir, de soportar la vida social y política tal y como nos viene impuesta.  A esa subjetividad, a este modo de sentir y de pensar, le hacía falta encontrar el modo de cristalizar, de tomar cuerpo colectivo, de convertirse en una fuerza política capaz de llevar a cabo un cambio. Por eso resulta tan emocionante descubrir que tanta gente compartimos un diagnóstico común sobre lo que está pasando y sobre lo que hay que hacer para cambiarlo. Por eso resulta tan emocionante constatar la facilidad con la que entre extraños llegamos a estar de acuerdo en lo fundamental. 

Bonus track

Durante estos días se repite el mensaje de que la lección del 24M impone replicar el modelo de confluencia exitoso en muchas ciudades a lo autonómico e, incluso, a nivel estatal con vistas a las próximas generales.

Aplicar aspectos virtuosos de la metodología municipalista a proyectos políticos a otra escala resulta, sin duda, interesante, siempre que no se haga pasar lo ocurrido por el aro de un plan previo que no existió.  En cualquier caso, su formulación distribuida, abierta y no prediseñada  en torno a temas concretos no puede trasladarse automáticamente a otra escala. La idea de convergencia o unidad presupone la existencia de unas agendas a sumar o a negociar que pueden tener interés, pero que no responden a la manera en que se han construido las metodologías, los programas, las comisiones de trabajo, las candidaturas y las campañas de las candidaturas municipales. Por el contrario, la confluencia requiere un cuidado de los procesos, la construcción de espacios comunes de participación, que son muy efectivos en las ciudades grandes, pero quizá no tanto en municipios pequeños o con distancias grandes de por medio.

Si nos tomamos en serio las virtudes de los modelos de confluencia municipalista, replicarlos a nivel autonómico o estatal no es algo que deba lanzarse a la ligera, sino que se trata de una tarea compleja para la que hace falta algo más que voluntad política. Hace falta reflexionar y avanzar en los nuevos modelos de agregación, establecer mecanismos para definir estrategias y objetivos programáticos comunes, elaborar listas abiertas efectivas y equilibradas territorialmente, y, sobre todo, construir un espacio organizativo  que coordine escalas locales, regionales y estatal capaz de alcanzar con éxito los niveles de innovación y potencia comunicativa requeridos.

Miguel Aguilera

David Vila

Guillermo Valenzuela

Qué se hace en una jornada de reflexión, nos preguntamos el #23M. Nadie tenía una respuesta muy clara, así que nos fuimos al cine, armados de palomitas, a ver "Mad Max: Road Fury". Esta reflexión empieza donde termina Mad Max. Y no te preocupes, no habrá spoilers

Es lo que no te cuentan las películas de búsqueda y aventura, lo que Hollywood no nos explica: ¿Qué pasa después del trepidante asalto al poder? ¿Qué sucede después de que Imperator Furiosa sube por la plataforma?

¿Qué sucede cuando ganamos, cuando termina la épica y comienza la vida, cuando hemos conquistado la Ciudadela y tenemos que sembrar los campos? Lo que empieza tiene lugar en un universo de ciclos más largos que durante la fase de asalto sólo pueden apuntarse como sugerentes posibilidades: la maleta de la cuidadora de semillas, la apertura de las llaves de agua para devolver la gestión de la vida al común... Aprender juntos y juntas a contestar esa pregunta es la próxima historia que tenemos que vivir en común.

Sembrar y regar. La vida y las posibilidades del asalto para recuperarla se juegan en una cuidadosa coordinacion de ambas. Lo sembrado durante años de movimientos ciudadanos desde el 15M es recogido por Podemos en las elecciones europeas, amplificando un torrente que se utiliza para regar lo sembrado por los movimientos municipalistas para ganar muchas de las grandes ciudades, bajo marcas ciudadanas construidas desde abajo recogiendo buena parte de la diversidad que no estaba recogida en Podemos.

En Aragón, como en otros territorios, se ha demostrado que esta fase de cambio empieza en lo municipal. La potente apuesta de Podemos Aragon con Pablo Echenique, que consigue los mejores resultados de Podemos a nivel autonómico, se ha quedado a un punto de superar al PSOE, aunque castigada por el reparto electoral por provincias se queda como llave de gobierno.

En Zaragoza capital arrasa Zaragoza en Común. Con Pedro Santisteve a la cabeza conseguimos 9 concejales: uno por cada mes de trabajo incensante en las calles, los barrios y las redes, de contagio de tú a tú, de persona a persona del “sí se puede”, del sentido de la oportunidad histórica combinada con la virtud de tejer, cuidar, armar un proceso capaz de implicar a cientos y emocionar a miles (más de 80.000 que, la verdad, son muchos miles).

¿Cómo conseguimos que se sigan realimentando los circuitos de riego y siembra? ¿Cómo pueden coordinarse la posición clave como llave en el gobierno autonómico, el gobierno del ayuntamiento de Zaragoza y los múltiples movimientos ciudadanos que seguirán en las calles?

Esa es la pregunta que tenemos que aprender a contestar ahora. En ello nos lo jugamos todo. Las repuestas no son fáciles y habrá que encontrarlas construyendo. Pero parece fundamental que para que sean satisfactorias conviene entender que es necesario cuidar y fomentar el potente ecosistema de ilusión y movilización ciudadana, su diversidad y su arraigo a múltiples niveles. Desde el 15M vemos cómo las hipótesis más potentes no son las que se encierran en “hipótesis ganadoras”, sino las que abren el campo de lo político permitiéndonos ir más allá, franqueando límites, generando más participación, más derechos, más democracia. Los resultados del domingo mostraron, ademas, que todo ello no lima en absoluto la eficacia electoral.

PD: En el barrio, los yonkis del banco esta mañana hablaban de pactos políticos. Soñábamos con repolitizar la vida, que los de abajo recuperáramos el poder y la ilusión de dirigir nuestra vida. 4 años de lucha. Parece que lo estamos consiguiendo. Quizá la verdadera aventura no haya hecho más que empezar.

Nociones Comunes Zaragoza son:

Miguel Aguilera (C.C. Podemos Aragón)

Raúl Royo (Comunicación Zaragoza en Común)

David Vila (FLOK Society)

Elena Giner (Zaragoza en Común)

Pablo Lópiz (Zaragoza en Común)

Elena Pilcher (C.C. Podemos Aragón)

Guillermo Valenzuela (Podemos Aragón)

Emanuele Cozzo (Coordinadora Zaragoza en Común)

Pato Pérez (Zaragoza en Común)