“Nosotras, las mujeres reunidas en este congreso internacional... protestamos contra la locura y el horror de la guerra, que lleva consigo un sacrificio irresponsable de la vida humana y la destrucción de tantas cosas que la humanidad ha tardado siglos en construir (Resolución 1) ...protestando con vehemencia contra las odiosas agresiones de que son objeto las mujeres en tiempo de guerra y especialmente contra la violación, presente en toda guerra (Resolución 2).

Este Congreso Internacional de Mujeres, aboga por el desarme universal y consciente de que este sólo se puede asegurar mediante un acuerdo internacional urge a todos los países, como un paso hacia este fin, a que por acuerdo internacional pongan fin a la producción de armas y municiones de guerra y controlen el tráfico internacional de las mismas. Pues en los beneficios privados derivados de las grandes fábricas de armamento anida un obstáculo poderoso para la abolición de la guerra…“ (Congreso Internacional de mujeres en La Haya, 1915).

Europa y el Mundo, hoy como en 1915, se encuentra en un momento de máxima tensión militar. Somos conscientes de la ola fervorosa de militarización, rearme y escalada que existe, como si ese camino sirviera para garantizar la paz. Ni antes, ni ahora, ni en el futuro, el camino de la militarización puede llevarnos a un objetivo que no sea el de la destrucción mutua.

La configuración de nuestro orden mundial se encuentra atravesado por el debilitamiento de los espacios democráticos y el retroceso de los Derechos Humanos, en favor de los instrumentos de la guerra, que como la OTAN apuestan por la unilateralidad y el beneficio de la industria de la guerra.

En Europa, hemos tenido oportunidades en los últimos años para construir una Seguridad Europea Compartida diseñada en el Acta única de Helsinki (1975), en la Carta de Paris (1990) y en los sucesivos acuerdos de la OSCE, de Budapest (1994) a Astana (2010), sobre la base de una seguridad integral europea, cooperativa, igual e indivisible, que relaciona el mantenimiento de la paz con el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y vincula la cooperación económica y medioambiental con las relaciones pacíficas entre los Estados.

Esos pasos muy importantes para alcanzar un modelo de seguridad y confianza mutua, un espacio europeo que avance en su desmilitarización y en una zona libre de armas de destrucción masiva, naufragaron por la imposición de los países miembros de la OTAN de un modelo unilateral basado en la creciente militarización, el posible uso del arma nuclear, el aumento del gasto militar y una concepción de la seguridad basada en la seguridad de unos sobre la inseguridad de otros.

Según el SIPRI, en 2020, el gasto militar mundial creció hasta los casi 2 billones de dólares. En el primer año de la pandemia el gasto militar creció. El crecimiento del 2,6 % del gasto militar mundial se produjo en un año en el que el Producto Interior Bruto (PIB) se redujo un 4,4 % (proyección de octubre de 2020 del Fondo Monetario Internacional), principalmente a causa de los impactos económicos derivados de la pandemia de la covid-19. Como resultado de ello, en 2020, la proporción del gasto militar en el PIB —la carga militar— logró una media global del 2,4 %, respeto al 2,2% de 2019. Este fue el mayor incremento interanual de la carga militar desde la crisis financiera y económica global de 2009.

Parece poco razonable, desde el punto de vista de la Seguridad Humana que el gasto militar mundial en 2019 se estimase en 1,63 billones de dólares, el 2,2% del PIB mundial (la cifra más alta desde la guerra fría), frente a los 50.400 millones de euros de promedio anual durante el decenio de 1990 de ayuda oficial para el desarrollo.

Según Naciones Unidas con datos de 2019, más de 820 millones de personas pasan hambre y 2000 sufren su amenaza. El 26,4% de la población mundial no tiene asegurado un plato de comida al día y 80 millones de personas se convierten en refugiados al huir de las guerras.

El informe Social Mundial 2020 de Naciones Unidas, advierte de la creciente desigualdad, tanto en los países en desarrollo como en los ricos, exacerba las divisiones sociales y ralentiza el avance económico y social. Más de dos tercios de la población mundial viven en países donde la desigualdad ha crecido. El 1% de la población más rica tiene cada vez más dinero, mientras que el 40% más pobre obtiene menos de un 25 % de ingresos.

En ese escenario real, donde una parte muy importante de la humanidad vive en situaciones de insalubridad extrema, la apelación de los países OTAN a subir sus gastos militares al 2% del PIB, es una verdadera agresión a los valores y principios más elementales de equidad, solidaridad y justicia social.

En el caso de España, ese gasto militar inoportuno, comprometido por el Presidente de Gobierno Pedro Sánchez, se realizará, si no se remedia, a costa de la calidad de los servicios públicos, la lucha contra la pobreza en general y particularmente la infantil y una política estatal sobre los cuidados.

La sola existencia en el mundo de 13.865 misiles3 nucleares, tácticos y estratégicos, debería promover una acción urgente para alcanzar un Tratado de Prohibición y Destrucción ecológica de todo el arsenal nuclear.

Llama poderosamente la atención el silencio de las cancillerías europeas sobre la existencia de un arsenal nuclear y los comentarios que surgieron de su posible uso en la maldita guerra de Ucrania.

La prohibición de la guerra, solemnemente proclamada en el preámbulo y en los dos primeros artículos de la Carta de las NNUU, puede considerarse el principio constitutivo de la juridicidad del nuevo ordenamiento internacional con el nacimiento de las Naciones Unidas.

Para hacer imperativa esa prohibición, es necesario avanzar en la reforma de las Naciones Unidas para alcanzar, tal como lo define Luigi Ferrajoli, un modelo de “democracia internacional”, un ordenamiento basado en el carácter democrático-representativo de los órganos supraestatales y, sobre todo, en su función de garantía de la paz y de los derechos fundamentales de las personas y los pueblos

Quienes suscribimos este artículo lo hacemos porque nos une una visión compartida del mundo basado en la solidaridad, igualdad, fraternidad, la justicia social, la paz y el desarme. Nos une el deber de garantizar para nuestro presente y para las futuras generaciones, un orden mundial democrático, guiado por el interés general, que sitúe la vida en el centro.

La paz entre pueblos no es una utopía, es una necesidad. Y sabemos que no hay paz sin derechos y libertades al igual que no hay derechos y libertades sin paz. La experiencia europea con las grandes guerras, con la guerra civil española, con la guerra de Yugoslavia, pero también con la guerra de Israel contra Palestina, o de Marruecos contra el Sáhara, o las guerras invisibilizadas, y ahora la guerra de Rusia contra Ucrania, nos demuestra que cualquier avance democrático de los pueblos será arrasado por la lógica de la guerra y el rearme.

La cumbre por la Paz a realizar en Madrid los días 24, 25 y 26 de junio, convocada por diferentes plataformas pacifistas, se convierte en una oportunidad para defender una alternativa viable a la cumbre oficial de la OTAN de los días 29 y 30 de junio que reafirmará su decisión de ampliación, aumento del gasto militar, su posible uso del arma nuclear y su disposición a actuar fuera del marco de la Carta de las Naciones Unidas.

Esa cumbre alternativa por la Paz se convertirá en un acontecimiento internacional que congregará a todas las mujeres y hombres del mundo dispuestos a seguir luchando por la desmilitarización de la seguridad y construir una Seguridad Humana compartida.

En palabras de la pacifista alemana Luise Rinser: “Hasta ahora tendíamos a considerar la guerra como una maldición, y la paz como una bendición divina. Actualmente sabemos que los humanos hacemos y permitimos las guerras y que a nosotros nos corresponde forjar la paz, si queremos gozar de ella”.

Mientras se construye la segunda burbuja inmobiliaria, ahora con las viviendas deshabitadas, el Tribunal Constitucional anula parcialmente la ley andaluza de vivienda, la única que ponía coto a la especulación de las viviendas vacías en manos de entidades financieras.

¿Se imaginan un gobierno que asuma como fundamental su obligación de garantizar y realizar el derecho humano a la vivienda? ¿Se imaginan que sea un gobierno autonómico de una de las regiones del Sur de Europa donde se vulnera sistemáticamente el derecho humano a la vivienda? ¿Se imaginan un país en el que se produzcan más de treinta desahucios diarios de primera vivienda sin que las autoridades hagan nada para impedirlo? Y ¿se imaginan que en ese país existan 3,5 millones de viviendas deshabitadas?

Ese era el contexto en marzo de 2012, cuando Izquierda Unida entró a formar parte de un gobierno de coalición en Andalucía, asumiendo las competencias de fomento y vivienda e impulsando la aprobación de la Ley 4/2013 de función social de la vivienda, que a grandes rasgos perseguía dos objetivos fundamentales: por un lado, evitar desahucios de familias en riesgo de exclusión social mediante la expropiación temporal del uso de las viviendas embargadas por entidades financieras, ofreciéndoles hasta tres años de alquiler social; y, por otro, propiciar la salida en alquiler de las viviendas deshabitadas mediante incentivos a personas físicas y sanciones a entidades financieras que mantuvieran viviendas deshabitadas, a fin de promover el alquiler, que sólo representa un 16% del total de tenencia de vivienda en Andalucía, la mitad de la media europea.

Cualquier gobierno con una mínima decencia y sentido democrático sabe que puede y debe garantizar el derecho fundamental a techo, pero es que además es una obligación, según se establece en el artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Sabíamos que la vivienda, a pesar de ser un derecho humano fundamental de reconocimiento internacional, nacional y autonómico, era y es en la práctica una mercancía sujeta a las leyes inhumanas del mercado. En España, fruto de la liberalización del mercado inmobiliario y de la flexibilización en el comercio del suelo, se permitió y se incentivó la especulación incontrolada en manos de banqueros y constructores, haciendo que un bien de primera necesidad como la vivienda se regulara por las leyes del mercado.

El boom de la construcción propició la proliferación de un modelo de ciudad diseminada, cara y difícil de surtir de servicios. En los últimos 25 años, el incremento del tejido urbano continuo y discontinuo ha sido del 52%, un disparate totalmente insostenible. El Instituto Nacional de Estadística revelaba en 2011 que en España había entonces cerca de 3,5 millones de viviendas vacías.

En ese contexto las tradicionales políticas públicas de vivienda son insuficientes. No se trata de que la autoridad pública satisfaga la demanda de vivienda mediante la construcción de viviendas protegidas, ni tampoco de intervenir entre la oferta y la demanda. Se trata de cumplir el mandato constitucional de garantizar una vivienda digna mediante la regulación de la función social de la vivienda y acabar con los desahucios.

Eso es lo que pretendía la ley andaluza, única ley que ha parado desahucios y que demostraba que sí se podía y puede hacer política de otra manera.

Pero el Tribunal Constitucional (TC), dejándose llevar por la derecha económica y política, la ha tumbado con una sentencia que contraviene su propia doctrina, pulveriza el sistema de competencias de las autonomías, debilita el contenido constitucional del derecho a la vivienda y eleva a doctrina el dogma neoliberal de que todos los derechos quedan subordinados al interés de los mercados, fortaleciendo la idea de que la vivienda es un bien para la especulación.

Así, anula los preceptos de la ley que suponen el verdadero avance en las políticas públicas de vivienda, como el artículo 1.3, que determina que “forma parte del contenido esencial del derecho de propiedad de la vivienda el deber de destinar de forma efectiva el bien al uso habitacional previsto por el ordenamiento jurídico”; o la Disposición Adicional Segunda, que permite al gobierno expropiar el uso de viviendas para que las familias vulnerables víctimas de desahucio puedan permanecer, al menos, durante tres años más mediante un alquiler social.

Una sentencia que demuestra hasta qué punto las instituciones jurídicas tienen más en cuenta la orientación económica y las políticas de “austeridad” de la Comisión Europea y la constitucionalización de la doctrina neoliberal que supuso la reforma del artículo 135 de la Constitución, impulsada por el PSOE y el PP, que la Constitución y su propia doctrina.

Para anular la ley andaluza, el TC sostiene fundamentalmente dos cosas:

1.- Que respecto a la obligación de destinar la vivienda a su uso habitacional efectivo (art.1.3 de la Ley), la Comunidad Autónoma, pese a ser competente para legislar sobre vivienda y para hacerlo mediante el uso del Decreto-Ley convalidado, regula una competencia exclusiva del Estado, como es el derecho a la propiedad privada.

2.- Que respecto a la expropiación del uso de una vivienda embargada por una entidad financiera a una familia en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional, la Ley invade la competencia exclusiva del Estado sobre “Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica” (art. 149.1.13 CE).

Es evidente que el TC apuesta, en primer lugar, por una recentralización absoluta, despreciando la soberanía autonómica, especialmente de las que gozan de mayor autogobierno, como la andaluza, e interpretando de forma centralista el Título VIII de la Constitución.

En segundo lugar, ignora la lectura conjunta de los artículos 47, 33 y 128 de la CE para definir y consolidar la función social de la vivienda, tal y como se hace en todo el acervo legal y constitucional de los países del centro y norte de Europa, dejando pasar una oportunidad de oro para dar una paso en la regulación del derecho a la vivienda en nuestro país, que es hoy víctima de una conculcación sistemática sin que las autoridades públicas hagan nada por evitarlo.

Recuerda el Alto Tribunal, los esfuerzos que desde el gobierno del PP se están haciendo para “sanear” al sistema financiero español: “firmar con la Unión Europea un Memorando de Entendimiento (...) por el que el sistema financiero español recibía asistencia financiera externa para reforzar la solvencia de las entidades con déficit de capital (...) Por otra parte, el Estado ha dictado una normativa en la que, incidiendo de un modo limitado en el sistema de ejecución hipotecaria, atiende a la situación de quienes, por habitar viviendas constituidas como colateral de un préstamo que ha quedado impagado, están en riesgo de perder su vivienda”. En este punto el TC habla del Fondo Social de Viviendas que ha puesto en marcha el Gobierno del PP en el marco de la Ley 1/2013 de medidas para proteger a los deudores hipotecarios.

En definitiva, justifica la anulación de la ley con la peregrina argumentación de que el gobierno del PP ha puesto en marcha medidas para acabar con los desahucios y el sobreendeudamiento de las familias.

Sólo mediante leyes efectivas que garanticen la función social de la vivienda podremos establecer políticas públicas que busquen realizar un derecho humano que soporta otros derechos fundamentales, y sólo mediante medidas que pongan límite al acaparamiento de viviendas por entidades jurídicas que buscan especular con ellas, podremos movilizar los 3,5 millones de viviendas vacías que hay en España para que sean habitadas por familias con necesidades habitacionales.