La victoria de Trump confirma que ya estamos instalados ahí, en la pseudocracia. Es el régimen que gobierna quien más y mejor miente, porque nos convierte en viralizadores de su mentira (pseudo, en griego). Damos entidad a sus infundios. Incluso si respondemos con indignación, sarcasmo o ira. También así esparcimos el lodo que nos ciega. Nos zafamos con cerdos y gorrinas. Nos cubrimos de heces. Ellos y ellas, felices.

Desmintiendo al autócrata falsario le conferimos consistencia, alimentamos su imagen pública. La mentira es inasequible a evidencias y razones. La mentira tiene que ver con la intención, no con el contenido del mensaje. No existen las noticias falsas (fake news): sería una contradicción en términos, un oxímoron. Una noticia es más o menos veraz, pero nunca falsa. Y la desinformación no es consecuencia directa de Internet. La Red, eso sí, la ha abaratado y masificado.

La pseudoinformación (mejor que desinformación) es propaganda fraudulenta, notas y declaraciones oficiales no contrastadas de las fuentes con poder y publicidad corporativa encubierta, que los pseudoperiodistas disfrazan de información. Se ha mercantilizado (es un negocio) y estatalizado en las guerras híbridas. Las (inexistentes) armas de destrucción masiva, que “justificaron” la Guerra de Irak a finales del pasado siglo, aportan un ejemplo clásico.

Involuntaria e inconscientemente, generamos la mentira pública. Participamos en la pre- y postproducción. Se diseña, testa y mejora su eficacia con los datos que entregamos a las plataformas digitales. Pero el político falsario necesita titulares y pantallas televisivas para recabar votos y tener impacto institucional. Así que los pseudomedios (subvencionados o financiados bajo cuerda y/o con impuestos) generan una capa de pseudoinformación. Se considera que refleja la conversación interpersonal y pública en las mal llamadas redes sociales. Pero se trata de publicidad automatizada con IA e hipersegmentada, destinada a sectores específicos de la población. Cuanto más se polaricen, más fácil resultará manipularlos afectiva y emocionalmente.

El ruido y la furia trumpistas son propaganda y relaciones públicas falaces: no reconocen su intención ni a sus promotores. Está prohibida en el mercado de bienes y servicios. Quedan claras las prioridades del sistema pseudoinformativo. Porque en el terreno político, campa a sus anchas. Galopa en tres pasos. El trumpismo, primero, impone la agenda de los temas a debatir. Luego, los enmarca para eludir responsabilidades políticas e imputársela al adversario. Su propósito es hacer de las necesidades sociales un negocio privado, porque su agenda se limita a medrar y lucrarse. Así que acaba asentándose en un relato sobre “realidades alternativas”.

A lo mejor se entiende con un ejemplo. La DANA de Levante puede agendarse considerándola una “una gota fría” o consecuencia de la “crisis climática”. Con la primera opción, las “noticias” adoptarán marcos simplistas propios de una campaña de imagen de la Corona, la Generalitat o el Gobierno central. Es pseudoinformación deficitaria y sesgada, antepone la misión de recauchutar la monarquía o forzar la dimisión de Mazón o Sánchez a la realidad. Mutila, desvirtúa o virtualiza (inventa) hechos y declaraciones para secuestrar nuestra atención, bloquear el razonamiento y, en última instancia, deshumanizarnos: una semana hemos tardado en saber el número de víctimas posibles por la DANA. Las muertes se digieren, las tragamos mejor, a cuenta gotas. En la gota fría española y la gota malaya, el incesante goteo de muertes en Ucrania, Gaza…

Pero el dolor social no es cortoplacista, ni transitorio ni partidista. Déjense de posverdades. Hablemos de pseudocracia, sin considerar imbécil a la ciudadanía. La verdad cotidiana y palmaria, la que experimentamos en carne propia, es que “todos”, desde el Rey a la casta política, van a hacerse la foto. Y que los publicistas disfrazados de periodistas están para salvar ciertas cabezas cortando las del enemigo. A falta de guillotinas, el pueblo devuelve lo que antes le arrojaron: fango. Nadie lo gestiona mejor que Trump y los émulos patrios que le precedieron.

Este año es el XX aniversario del atentado yihadista del 11M. En marzo la FAES lanzó, otra vez, el peor bulo de nuestra historia reciente. Repetía el eslogan con el que Aznar instrumentalizó el dolor de los afectados. Quiso presentar al PP como adalid de una Constitución (que no votó) y del combate a ETA, que nada tuvo que ver con la masacre. Lo sabían entonces y ahora. Pero el comunicado oficial del shit tank del PP de este año se titulaba “Con las víctimas, con la Constitución y por la derrota del terrorismo”.

Es el relato trumpista que justifica el todo vale para derrocar al “perro Sánchez”. Era el lema de la manifestación oficial que Aznar convocó (unilateralmente) el 12 de marzo de 2004. Culpaba insidiosa e indirectamente a ETA, usando a las víctimas del yihadismo para blindar la Constitución, apropiársela y defenderla en pie de guerra. El gobierno de Aznar arriesgó (de nuevo) nuestras vidas en sus guerras bélicas y electorales. Éramos la retaguardia de la maldita guerra de Irak en la que nos había metido. Y de la guerra cultural desatada por un españolismo autoritario e involucionista, ahora más presente que nunca. En 2004, millones de madrileños y madrileñas se manifestaron, dos días antes de votar, bajo aquella pancarta. No sabían, como la Moncloa, que un comando de yihadistas seguía suelto. Más tarde, intentarían volar el AVE y se inmolarían antes de ser detenidos.

Las verdades absolutas e intemporales son materia prima del trumpismo. Aquí, ya saben: Dios, Patria y Rey. En la ultraderecha voxista o popular, bolsonarista o estadounidense, la Raza está llamada a ser Grande, Una y Libre de nuevo. Hacer un fact cheking, verificar la peudoinformación, la propaganda destilada de esas “Verdades”, resulta ridículo. Además, alimenta a quienes se llenan la boca con ellas. Retirémosles la atención y la palabra. No contraprogramemos con más espectáculo.

Agendemos, por ejemplo, la DANA como crisis climática. Y pongámosle marco, enfocándola desde la evidencia científica. Como sienten los voluntarios, todos somos responsables. Pero no en igual medida. La ciudadanía que paga impuestos ve recortados los servicios públicos, por presión de quienes más contaminan y degradan el territorio. En este caso, las corporaciones del ladrillo y el turismo que han controlado las agendas electorales y de gobierno, devastando el litoral mediterráneo. Allanaron el terreno a la DANA. Impiden adoptar medidas contra el calentamiento global.

Mejor que el marco precise la política pública a aplicar en los territorios afectados, ahora y en el futuro. Aquí, un excelente resumen de quienes saben del asunto. Y, por último, reescribamos un relato que aúne a viejos y jóvenes, derechas e izquierdas, indepes y españolistas, ecologistas todos. Serviría el Nunca Máis. Junto al SMS del Pásalo del 11M, dio lugar al 15M. La lucha contra la degradación y la devastación del planeta arranca a las puertas de casa. Limpiemos el fango de la riada y las pantallas. Después, los despachos. Mai Més.

Víctor Sampedro es catedrático de Comunicación Política en la URJC y autor de Teorías de la Comunicación y el Poder. Opinión pública y pseudocracia (2023,Akal)

Hagamos caso a Aznar. Tras la derrota electoral de las izquierdas-más-allá-del-PSOE, no seamos “espectadores de nuestra propia ruina”. Hace diez años, Pablo Iglesias entró en Bruselas. Ahora, Pérez Alvise. E Irene Montero hereda el papel del primero compitiendo con la candidata que Yolanda Díaz elegió a dedo.

El combate a “la casta” se ha saldado con el avance de la antipolítica que se atreve a criticar a la monarquía. Mientras que los cargos de lo que iba a ser “la nueva política” se transmiten consanguíneamente, según familias ideológicas y/o conyugales.

La plebe asiste a una interminable trifulca de camarillas de palacio. Se creen propietarias de las siglas por haberlas registrado en el Ministerio de Interior. Ajustan cuentas entre sí, olvidando (con contadas excepciones) rendirlas ante quienes les han votado.

¿Solo queda, entonces, empantallarse ante una versión cutre y casera de Succession? Pero la política no es solo storytelling. A no ser que se reduzca a un cuento épico y frívolo. Mientras unos siguen emitiendo Juego de Tronos como si fuese la novedad de la temporada, otros contraprograman con los Mundos de Yupi.

Las series dramáticas y los programas infantiles, aplicados a la política, exacerban o enmascaran legítimas discrepancias. Lo peor es que los cuentistas se crean su propio relato. Si continúan soltándoselo a un público descreído y menguante, se arriesgan a provocar penita o, peor aun, vergüenza ajena.

La autocrítica invocada por las izquierdas desunidas les sirve para (auto)flagelarse. Victimizándose, disimulan la próxima purga. Y, después, la encubren con llamadas a la generosidad.

Los mea culpa ayudan a cortar cabezas, para mantener los mismos talking heads (bustos parlantes). La generosidad se traduce en menosprecio de los logros ajenos y en cuentas infladas de sus hazañas. Practican una autofagia disfrazada de altruismo. La disimulan con juegos de rol, de tronos y princesas.

Un poquito de compasión, por favor. Si no entre ustedes, por lo menos con los espectadores. Enrojecen. Sí, pero de vergüenza ajena. Insoportable, si la sienten propia. E imposible no sentirla ante tanta llamada a rebajar los ánimos y a desinflamar conflictos.

Templan gaitas mientras las (ultra)derechas celebran la comunión (común unión). Ellas sí se retroalimentan. Comparten pitanza de electores y cargos. Simulan diferencias, pero se trasvasan votos y cogobiernan avanzando una agenda común de involución.

Un poco de compasión, cargos electos. Compadézcanse de la plebe espectadora. Y muestren que padecen juntos. Únanse, al menos, para reprobar los ataques y agravios que todos ustedes han recibido. Han sufrido (y sufrirán) la misma guerra sucia y desinformación.

No compitan en agravios. Ni pierdan tiempo lamiéndose las heridas. Las que pudieran ser mortales proceden de guerras internas. Las peleas fratricidas entre “republicanos” podrían rematar, de nuevo, la faena del guerracivilismo. Los fachas muestran una vigencia e imagen públicas envidiables. Si antes pintaron la II República como una dictadura comunista, ahora lo aplican al “sanchismo” y a sus aliados “golpistas” y “terroristas”.

Se han desperdiciado los seis millones de votos que, en conjunto, llegaron a recabar las siglas de este espacio en 2015. Ahora ya no hay fuerza para asaltar los cielos. Ni suelo firme para tomar impulso.

Apenas cabe gestionar –aquí y ahora– lo que resta al alcance de las manos; es decir, mancomunadamente. No tiene sentido envidiar el Frente Popular francés sin reconocer que aquí gobierne y lo mucho que se ha hecho. Para recobrar protagonismo, lo primero sería reconocerlo en plural (sin patrimonialismos ni vetos) reivindicando la tarea conjunta. 

La compasión positiva y proactiva, las pasiones alegres a compartir renacerán sin inquisidores flagelantes ni mercadotecnia rosa. Que cese el “fuego amigo”, para recobrar un fondo mínimo de amistad y confianza. Reconozcan y denuncien juntos los costes que todos ustedes han pagado. Incluidos los excolegas, las exparejas y los excorreligionarios.

Hagan piña frente a la reacción. Y pasen, de inmediato, a celebrar lo alcanzado. Para seguir protagonizando e impulsando las medidas más atrevidas e innovadoras. Reivindiquen ciertas conquistas y asuman en conjunto otras de igual envergadura.

Avénganse sin venganzas ni terapias colectivas. La salida no es psicológica, de soluciones individuales. Esto no va (nunca debió haber ido) de conservar puestos orgánicos y cargos. Propongan al electorado medidas ambiciosas y pragmáticas. Es decir, a favor de la mayorías sociales; pero sensatas, concretas y viables.

Se trata de aunar dos corrientes que, más allá de las siglas, están presentes en cualquier organización o movimiento. Cuando los partidos verdes de los 90, se hablaba de realos (realistas) y fundis (fundamentalistas). Los primeros acometen reformas incrementales y los segundos reclaman cambios estructurales. Unos gestionan y otros presionan. Ambos ganan si se asumen como necesarios y suman fuerzas, dentro y fuera de las instituciones.

El electorado respaldará la coexistencia de las dos versiones de liderazgos y militantes. En la (ultra)derechas cohabitan sin problemas. El PP subvencionó y avaló públicamente a Alvise, que fue propagandista de UPyD, Ciudadanos, Vox y Hazte Oír. Habitan una casa común donde la coyunda asegura una prole nutrida y hermanada. Gestionan el bien público y los comunes como propiedades de la Familia. La sagrada familia de la gente de bien que deviene mafia.

Esta denuncia puede que esté calando. Pero las tribus de la (ultra)derecha sacarían pecho palomo. Reivindicarían, sin complejos ni codazos, una gestión de gobierno como la de las izquierdas; que no aprenden ni de Femen.

El problema de fondo no es que falten medios económicos y de comunicación. La cuestión es que este espacio no se lo cree. Ni siquiera a sí mismo. Se reclaman federalistas sin una organización que lo sea y quizás haya tantos nacionalistas españoles como en el PSOE caoba. Esto necesitaría desarrollarse con más calma, baste un apunte.

No se trataría tanto de federar territorios, que también. Antes y ante todo, cabe federar competencias. Implica desterrar la competencia cainita y reemplazarla por un reconocimiento recíproco y multilateral de competencias y recursos. Sin anteponer la filiación al terruño. Ni las siglas o el/la líder(esa).

La compasión (compartir derrotas y victorias) abre paso a una competencia virtuosa. Basada en logros incuestionables. Como lo es la gestión del ministerio de Trabajo, comandado por Yolanda Díaz y su equipo de CCOO. Pero el aval parlamentario se lo dio la coalición de gobierno “progresista” que Pablo Iglesias defendió en público y articuló en privado.

Quizás había otras vías y plazos, pero la alianza con las periferias soberanistas “en la gobernanza del Estado” ha permitido medidas laborales, que antes era imposible de pactar con el PNV y Convergència. Lo mismo puede argumentarse del legado de Irene Montero en el ministerio de Igualdad. 

La ministra realo y la más fundi imprimieron giros en materia laboral y de género estructurales y pioneros en el siglo XXI. Lo fueron, entre otras, “la ley de los raiders” y la “del sí es sí”. Pero no se reclaman como logros complementarios. Ni se reconoce el apoyo y la implantación de esas (y otras) políticas progresistas por partidos de ámbito más autonómico o específico, como los ecologistas.

La (ultra)derecha grita que le gusta la fruta. Así tapa los frutos de las izquierdas en lo material y lo simbólico; la economía, la batalla cultural y la del territorio. La pugna se libró en las instituciones. Pero también en la calle. No lo olviden, lo digo por la Ley Mordaza.

El balance que presento puede sonar grandilocuente. Las conquistas parecerán nimias a quien aún pretenda asaltar los cielos sin reconocer que nos ha dejado por los suelos. Pero algunos avances representan mucho para quien hace diez años no levantaba cabeza ante el patrón o el agresor. Esa es la línea a seguir, con una agenda igual de ambiciosa.

Un poquito de compasión, que (si se federan) Podemos Sumar en la dirección de una Izquierda Unida o un Frente Popular. Quiten las mayúsculas, pónganse a ello. Y abran juego; dejen paso a nuevos jugadores. Hagan caso a Aznar: “Quien pueda hacer, que haga”.

Este 11 de marzo, XX aniversario de los atentados de 2004, cae en lunes. Ni el Gobierno central, ni el autonómico, ni el municipal han tenido a bien considerarlo un día de luto oficial. Y eso que los asesinados por la yihad aquel día representan a una de cada dos víctimas mortales del terrorismo en Madrid y a una de cada cuatro o cinco, en España.

Hace poco, la Comunidad de Madrid estableció tres jornadas de duelo por el deceso natural de una monarca británica. El cosmopolitismo de la capital del Reino resulta ser cosmopaletismo falto de empatía con la gente más próxima. Y que, ante el dolor social, se muestra prepotente e indolente; sin atisbo de compasión. Invoca a quienes sufren el terrorismo, usándolos electoralmente, pero desentendiéndose de su suerte. Así se lo han reprochado no pocas víctimas de ETA, que los conspiranoicos del XXI reclaman como propias cuestionando la autoría yihadista del 11M.

Este 11 de marzo, a las 10:30, la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo celebrará, de nuevo, una suerte de vigilia laica que arranca en la estación de Atocha. Recuerda la que miles de ciudadanos oficiaron en ese mismo lugar en la madrugada de la jornada electoral de 2004, posterior a los atentados.

Antes de votar, aquella multitud había exigido saber quién había asesinado a casi 200 conciudadanos. Se autoconvocó con el SMS del “Pásalo”, el 13 de marzo ante la sede del Partido Popular. Y, después, marchó hacia el lugar del crimen. Mientras coreaba “Vuestras guerras, nuestros muertos”, se dirigió primero a la Puerta del Sol y, después, a Atocha. Hay imágenes de aquello (además, gratuitas), pero ninguna cadena televisiva las ha emitido.

Hace 19 años que los afectados del 11M sostienen lo mismo: que eran trabajadores, estudiantes y migrantes; que no murieron por España, ni “por la Constitución, ni por la derrota del terrorismo”. Eso rezaba la pancarta de la manifestación oficial que convocó Moncloa de forma unilateral el día 12, con una evidente intención electoralista.

Loa afectados del 11M tampoco entregaron sus vidas por la “civilización” occidental o la Cristiandad. Los mataron por estar desprotegidos antes, durante y después de una guerra ilegal e ilegítima como la de Irak. Existe una conexión innegable entre la participación española en aquel delirio bélico y la réplica del 11S que el 11M supuso. Justo un año antes, en marzo de 2003, había comenzado la invasión de Irak. En octubre, Al Qaeda ordenó atentar en España, antes de conocer la fecha de las Elecciones Generales de 2004. La masacre, por tanto, carecía de intención electoral. Y no habría sucedido sin el cúmulo de errores garrafales que impidieron prevenirla. Aquellos fallos de seguridad fueron tan graves que se encubrieron emponzoñando un debate público que ya venía envenenado. Las víctimas del yihadismo que así lo denunciaron siguen, desde entonces, revictimizadas.

Los responsables de haber evitado el 11-M lanzaron tres mentiras de enorme calado y un bulo atroz. Primero, José María Aznar mintió al alimón con George W. Bush y Tony Blair para que las Naciones Unidas asumiesen la existencia de unas ficticias armas de destrucción masiva en poder de Sadam Husein. El mismo 11 de marzo, el Gobierno español mintió de nuevo a la ONU, logrando que el Consejo de Seguridad condenase a ETA por los atentados en Madrid. Y, por último, el Gobierno de José María Aznar mantuvo ante los españoles la posibilidad de una autoría etarra.

Ningún conspiranoico ha realizado una mínima rendición de cuentas. Tampoco desagravio alguno. Ni una sola disculpa. Menos aún, un desmentido. Los más conspicuos reinciden hasta hoy en día. Sostienen el bulo más persistente jamás lanzado contra un gobierno democrático: que ganó las urnas atentando contra el electorado.

La Asociación de Afectados del 11-M rechazó en el anterior aniversario la petición de otras asociaciones oficialistas (respaldadas por PP, Vox y Ciudadanos) para que no prescribiese la causa del 11M. Recordemos que recibió sentencia firme de la Audiencia Nacional y que el Tribunal Supremo la ratificó hace 17 años. Desde entonces, no ha prosperado ningún intento de reabrir el caso.

Sin embargo, en 2023 los conspiranoicos aún exigían conocer el “autor intelectual”: una quimera que les sirve para criminalizar a sus adversarios políticos. También pedían desclasificar unos supuestos “documentos secretos”. La no prescripción afectaría también al asesinato de Miguel Ángel Blanco, del que tampoco existen dudas por resolver. Se trataba, una vez más, de fundir a la yihad y ETA para confundir a la opinión pública. Así “los etarras”, disueltos hace más de una década, son combatidos en una guerra “eterna” que les concede una omnipresencia a todas luces desmesurada.

¿Qué hicieron los afectados del 11M para merecer una revictimización que se traduce en indiferencia o acoso mediático y político; agresiones verbales y físicas, amenazas a su integridad… Pues para empezar, eran muchos, pobres y anónimos. Arrastraban la mala suerte, derivada de su clase social o su condición de migrantes y expatriados.

Esa mala suerte devino en una mala muerte. Las víctimas ni siquiera merecían una identidad pública que denunciase a sus verdugos. Los afectados díscolos fueron revictimizados en guerras electorales que, si cabe, se han recrudecido. Se convirtieron en bocas a tapar, objetivos a batir y víctimas colaterales que debían ocultarse. Fueron, además, estigmatizados por su coherencia y compromiso democrático. Su mera presencia denuncia la impotencia y la dejación de funciones de tantos otros, que aún conservan muchísimo poder.

Los miembros de la Asociación 11-M expresaron un pacifismo internacionalista insobornable. Desde el primer momento, denunciaron la guerra de Irak como detonante de los atentados y mostraron su solidaridad con las poblaciones árabes afectadas. Rehuyeron la islamofobia y, de paso, desenmascararon el racismo de quienes negaban “a los moritos de Lavapiés” la autoría del 11M.

Los afectados del 11M mantienen un apartidismo radical, que no está en venta. Pero entienden las causas políticas, económicas, ideológicas y sociales de los distintos terrorismos. Precisamente, para combatirlos desde la raíz. No solo con represión, cárcel y censura. Además, reconocen el derecho a la participación política de los exterroristas, tras abandonar las armas y cumplir condena.

La Asociación del 11-M ha defendido el estado de Derecho. Al contrario que los conspiranoicos, acató unas sentencias bastante benévolas por la ausencia de precedentes y de una legislación que contemplase el yihadismo. Defendió y premió a los policías que aportaron pruebas concluyentes, a los peritos que las avalaron en el sumario, a la fiscal y a los jueces y magistrados que dictaron sentencia. Todos ellos fueron hostigados por pseudoperiodistas mercenarios, al servicio de políticos mendaces. Y viceversa. Hoy son y gritan sus embustes más que nunca.

En lugar de acaparar favores y privilegios, los afectados del 11M han exigido el reconocimiento de la condición de víctima a las parejas de hecho y al margen de figurar en el padrón municipal. No aceptan las exclusiones basadas en credos, uniones matrimoniales y pasaportes. Son gentes laicas, como la Constitución española. No obedecen a otra ideología que la Carta de los Derechos Humanos.

Este 11 de marzo a las 10:30 los y las afectadas del 11-M realizarán un vía crucis particular, sin palios ni sacerdotes. Serán silenciados por los medios e ignorados por los representantes públicos. Pero ellos y ellas partirán de Atocha y se trasladarán a la calle Téllez, que carecía de monumento hasta el año pasado, hasta que lo reclamaron con determinación. Por la tarde, este ritual de memoria democrática se repetirá en las “estaciones” de Santa Eugenia y aquí en el Pozo. Donde cayeron muertos, malheridos y mutilados más viajeros como nosotros.

Recordad: “Todos íbamos en esos trenes”. Son nuestros muertos. Todos nosotros, los afectados. Imaginad que este 11 de marzo, 20 años después, volvemos a Atocha. Y que el mensaje de convocatoria dice algo así como: “Lo llaman el XX aniversario, ¿y los afectados del 11-M están solos? Este lunes 11 a las 10:30 en Atocha. Sin partidos y en silencio. Acude a abrazarlos. ¡Pásalo!”. ¿Quieren compartir esto en sus redes?

Dos millones de desobedientes civiles acudieron al referéndum del 1 de octubre en Cataluña; incluidos los casi 200.000 votantes del NO, los 50.000 en blanco y los 20.000 nulos. Las cifras han sido redondeadas sin favorecer ninguna opción. Lo importante en democracia no es el porcentaje, sino lo que los votos expresan. Y el significado de haber ido a votar el 1-O, cualquiera que fuese la papeleta, resulta inequívoco.

Casi la mitad del censo electoral catalán desobedeció a las instancias máximas del Estado Español: pusieron urnas, papeletas y cuerpos para hacerse oír. Rebasaron a las fuerzas de orden público, desafiando el miedo a los tribunales y a los antidisturbios. Lo hicieron de forma pacífica, pública y manifiesta, sin máscaras. Aguantaron las porras y no huyeron de los tribunales. Hablamos de los votantes insumisos, no de quienes se arrogan representarles. Y decimos se lo arrogan, porque la desobediencia civil la practican los gobernados y no los gobernantes, estos últimos hacen y reforman leyes: tiempo han tenido (y tienen) de aprobar un marco legal que además sean considerado legítimo y justo por la ciudadanía.

La asunción de la desobediencia civil por parte de los políticos profesionales procesados por el procés es un oxímoron, algo imposible en los términos que se formula. Pero, además, en el caso catalán niega la realidad: casi todos los procesados que ocupaban un cargo han declarado que no tenían intención firme ni plan establecido para declarar la independencia. Invocar la desobediencia civil desde un puesto institucional es un intento de arrogarse (otra vez) la voz de la ciudadanía, más golpeada y en algunos casos procesada como quienes se sientan en el banquillo o esperan hacerlo.

¿Qué decir y hacer en este contexto? El ritmo y calado de los acontecimientos impide establecer conexiones históricas. Indispensables para posicionarse con perspectiva. El maniqueísmo y el sectarismo campan en los medios que construyen dos realities enfrentados que se proyectan desde MAD-ESP y BCN-CAT. Mantienen y rentabilizan una tensión que solo genera más de lo mismo: líderes celebrities (solo gesticulan, hacen gestos) y fans en las redes. Los primeros manufacturan mentiras o propaganda, que viene a ser lo mismo. Y los segundos la repiten en sus cámaras de eco digitales, para autoconsumo y escarnio del adversario.

Pero si todo era/es mentira y pura puesta en escena, ¿por qué encerrar a la gente en prisión? Si desde el arranque del procés MAD-ESP hubiera abordado el 1-O como un gesto sin demasiada trascendencia, algo a lo que (vista su magnitud) luego habría que encontrarle algún encaje político, la situación sería otra. Desde luego, no tendríamos por delante una campaña electoral agónica, centrada en el tema catalán pero sin el protagonismo que la sociedad civil catalana se merece. Y tampoco la española.

Si se cumplen los peores augurios electorales para el 28 de abril, el Aznarato de José María y la FAES, con su triple oferta electoral, se convertirá en el Triunvirato de Casado. Y las mordazas de ahora serán bozales. Recuerden cuando entre 2000-4 se consideraba no ya una traición negociar o pedir la negociación con ETA . “Terrorismo” era también no condenarla como una rendición palmaria y cobarde.

En lugar de obsesionarse con las “fake news” de Vox, repasen la peor mentira falsa y la más larga de nuestra historia reciente: la teoría de la conspiración del 11M. En ella participaron todos los que se hicieron la foto de Colón en medio de codazos. Tras las próximas elecciones generales, ganen o pierdan (y será por muy poco), seguirán en la misma línea. Intentarán marcar la línea, la agenda, desde el Gobierno o la oposición, desde las instituciones o desde la calle. Peones negros tienen de sobra y además controlan el tablero del ajedrez.

Quizás haya llegado el momento de retomar la voz o asumir que renunciamos a ella. La desobediencia civil de la mitad del censo electoral catalán y el deseo de votar de tres cuartas partes del mismo (sin porras ni cárcel, claro) son las únicas verdades que nos quedan. No las percibimos, porque hemos olvidado nuestras victorias. Y no sabemos ligar nuestras vidas privadas a una esfera pública colonizada por mercaderes de clicks y votos.

Comparto una escena del 1 de octubre en un colegio “electoral” próximo a la Sagrada Familia. Un profesor universitario y un diputado de los Comunes hacen cola para “votar”. Se conocen de cuando fueron insumisos a la mili. Sonríen, ninguno se declara independentista catalán. Pero están felices, comentan: “qué alegría haberle partido el espinazo al ejército franquista y ahora al Estado que lo parió”. Creen en la desobediencia civil, no celebraron la victoria del sí. Según ellos, lo importante era responder al “A por ellos” (de Piolín) con el “A por ellas” (las urnas). Por principios democráticos y punto. Y porque cuando un cuerpo vota, ese sufragio no se puede ignorar ni manipular.

Los votos insumisos del 1-O no fueron la expresión de un pueblo racializado o de un territorio abanderado con hambre de más súbditos y territorio. Los sufragios del 1-O, cualquiera que fuese su signo, no expresan esencias patrias. Son el resultado del aprendizaje histórico de la ciudadanía y del tejido social catalán: capaces de plantar cara al poder y hablarle sin miedo a que se la partan. “No tinc por”. Decirle esto al yihadismo, tras el atentado de Las Ramblas, presupone mucho coraje. Y el coraje es contagioso.

Insumisión y auto-inculpaciones

La cuestión no es si el 1-O hubo muchos o suficientes votos (está claro que no) para reconocer la independencia de Cataluña. La realidad es que fueron muchísimos y no tienen miedo. Lo peor que hicimos a partir del 2-O fue ponernos a pelear por los resultados de un referéndum de independencia que nunca tuvo lugar. Esto implicó darle voz a quien (con contadas excepciones) se la quitaba a la ciudadanía catalana: unos con mordazas y otros con traducciones (traiciones) ininteligibles de anteriores promesas y proclamas. Quizás sea hora de recobrar la voz y la dignidad de las calles. Y la memoria.

8 de febrero de 2019, Jordi Cuixart escribe desde la cárcel de Soto del Real una misiva a Pepe Beunza, el primer insumiso español en 1971. ¿Qué año? Sí, antes de la muerte de Franco el antimilitarismo ya le hacía pupa entre sus filas. Jordi Cuixart escribe palabras semejantes a las de Beunza frente al tribunal militar: “hemos perdido el miedo y no puede haber ninguna sentencia que nos haga renunciar al ejercicio de la desobediencia civil para hacer efectivos los derechos que pisotean las leyes injustas.”

Según un informe de la Guardia Civil y en manos del juez Llarena, Beunza forma parte (con gentes de la calaña de Marina Garcés, Rubén Wagensberg o Antonio Baños) de la “cúpula” de los Comités de Defensa de la República (CDR). A pesar de recurrir a estrategias no violentas, varios miembros han sido acusados de delitos de terrorismo y rebelión. Igual que los insumisos, relacionados sistemáticamente con ETA y la kale borroka. Pepe Beunza se auto-inculpó en solidaridad con los Jordis, junto con otros 28 individuos en Madrid, incluido el que escribe. Un gesto así no es propio de quienes se ponen pasamontañas para no dar la cara.

En febrero de 1989 arrancó la insumisión antimilitarista en España. Sí, han pasado 30 años de aquella excepcionalidad histórica. Se trata del único movimiento de desobediencia civil que acabó con el ejército de recluta obligatoria en tiempos de paz. Dejamos claro que no estábamos dispuestos a socializarnos durante un año en los valores castrenses. Rematamos con el servicio militar en 12 años. La mili fue derribada por jóvenes que arriesgaron penas de cárcel, inhabilitación para cargos y funciones públicas, prohibición del carnet de conducir y pasaporte. En 2002 el Gobierno de Aznar concedió la amnistía a los cerca de 4000 insumisos que aún estaban procesados y comenzó el Ejército profesional. Tiene cierta gracia que la expresión más desacomplejada del nacionalismo español hasta aquel momento renunciase a socializar a los varones en los colores y valores de la bandera. No le dimos otra opción. Y eso que derribar la mili parecía entonces más difícil que convocar ahora un referéndum sobre la independencia o el encaje de Cataluña en España.

El éxito de la insumisión se debió a una explosión desobediente, en palabras y actos. El mensaje anti-mili no quedó recluido en los tribunales y las cárceles. Con cada insumiso se auto-inculpaban otras personas, pidiéndole al juez que les impusiese igual condena. Argumentaban haberles persuadido y ayudado a tomar aquella decisión. Afirmaban que habrían actuado de igual forma de haber estado en su lugar. Y juraron que estarían dispuestos a hacerlo de nuevo. No siempre era admitida a trámite, pero la auto-inculpación de allegados y figuras públicas le permitían a la desobediencia civil mostrar su potencia. Y su radical diferencia con el terrorismo.

ETA llamaba entonces a “socializar el dolor de los nuestros en el tejido social”. Es decir, aplicar la tortura del acoso, el chantaje y el asesinato a guardias civiles, policías y políticos “colonialistas” . Una espiral enloquecida de violencia y sinrazón. La que la desobediencia civil no violenta ha pretendido siempre parar. Y esto no para, dice KaseO, porque nadie lo para.

La insumisión socializaba la autodeterminación individual y la alegría de no reconocerse súbdito ni conscripto. Grupos muy dispares participaron en la estrategia, desde argumentaciones y estéticas diferentes y opuestas. La estrategia triunfó cuando la insumisión y las auto-inculpaciones se socializaron transversalmente, rebasando los foros estancos, los personalismos y liderazgos. La clave fue que ningún insumiso, ni ningún grupo de apoyo, se arrogó más representatividad o legitimidad. Justo lo contrario de lo que viene ocurriendo entre políticos y ciudadanos desde el 1-O.

Una campaña de auto-inculpación ciudadana representa un instrumento de participación democrática y expresión pública insobornable. Recapitulando: se trata de que individual o colectivamente nos auto-denunciemos de los mismos delitos que quienes están procesados y con quien(es) nos sintamos más identificados y sin dictar directrices desde arriba. Esto amplía la base social de respuesta a la represión e impide rentabilizarla espúreamente. Y, no menos importante, rompe las barreras de realidad que las pantallas de los realities han construido entre MAD-ESP y BCN-CAT.

A menos de 8 años del 15M ya no queda representación electoral alguna de dicha movilización. Nadie puede arrogarse su portavocía. Los partidos clásicos desoyeron y los nuevos instrumentalizaron las plazas. Unos dilapidaron en tiempo récord la energía social y la alegría colectiva que brotó de ellas. Otros las transforman ahora en prepotencia y miedo. Es hora de decir de nuevo, como en 1989, 2011 y 2017: “No tenemos miedo”, “No tinc por”.

En 2018 constatamos que los amos de nuestras comunicaciones (y nuestros datos) piden perdón, pero nunca permiso. Marc Zuckerberg dijo mucho “sorry” cuando compareció ante el Congreso de EEUU y el Parlamento de la UE. Parecía un adolescente al que le habíamos dado las llaves de casa.

Entró hasta el dormitorio, llevándose todo lo que quiso: a discreción y sin permiso. Y luego lo vendió al mejor postor. A pesar de sus 33 años y el destrozo provocado, solo pidió perdón. Hizo vagas promesas y no aceptó ningún compromiso. Se fue sin rendir cuentas. Sin aceptar hacerlo en el futuro.

El mito de la democracia digital se vino abajo cuando supimos lo de Cambridge Analytica [CA] y las elecciones estadounidenses de 2016. El dueño de Facebook (y de Whatsapp e Instagram... de los datos de, al menos, uno de cada tres o cuatro habitantes del planeta) reconoció un desastre en términos democráticos. Facebook había permitido la injerencia de Putin en la campaña y a Trump usar las malas artes de CA. Empleó los datos de casi 90 millones de usuarios norteamericanos (en un censo de 137 millones) sin su consentimiento.

Objetivo: enmudecer y desactivar votantes de Hillary Clinton en estados clave para alcanzar la Presidencia.

Resultado: la soberanía nacional vulnerada y la popular manipulada. Las redes y el info-entretenimiento político con formato de reality se retroalimentaron. Y propulsaron a un candidato del que lo mínimo que podemos decir es que no está preparado para ocupar el cargo.

Nadie (excepto el joven Marc Z.) sabe el peso que tuvo CA en el triunfo de Trump. Pero quedó claro que las redes (mal llamadas sociales) son plataformas de vigilancia, experimentación y propaganda al servicio del mejor postor. Nosotros aceptamos “comunicarnos” renunciando a la privacidad. El ámbito que confiere libertad y autonomía. El derecho a estar solos o con quien decidamos.

Ojalá fuésemos el producto de este negocio, como dicen algunos. Porque nos arrogaríamos el glamour de un iPhone X (de eso va mucho trap). Pero somos esclavos que no queremos comprar la libertad. La intercambiamos por una marca digital.

Nuestro ocio: tiempo de trabajo no remunerado que la industria de datos monetiza. Usamos servicios “gratuitos” que nos ponen a minar datos. Y luego nos meten en la cadena de montaje de perfiles digitales, encadenándonos.

Ayudamos a formatear propaganda personalizada al detalle. Picamos datos y las redes criban perfiles psicológicos y biográficos, revelados al usar cualquier dispositivo. Y, tras exponer nuestras debilidades y tejer redes de confianza, nos convierten en objetivos y canales publicitarios. Vulnerables a una propaganda que se disfraza de información veraz y que viralizamos como diálogo social espontáneo.

Somos propagandistas de la basura que fabrican. Y que los rebeldes ya no tragan. Huídos de la mina y la cadena. Sin ponerse de perfil.

En 2018 los (pos)millenials entendieron por qué las redes les incitan a tener “un millón de amigos... y así con ellos poder cantar” la alegre monserga digital. Haciendo coros en plan Roberto Carlos, al dictado de los monopolios de Google (buscadores), Apple y Microsoft (equipos y programas), Facebook (redes) y Amazon (distribución).

Nadie necesita el número de “contactos” que fomentan. No aportan nada. No generan nada. Son como comida basura. ¿Sabéis cómo elaboraron esa comida? Determinaron científicamente la cantidad de sal y grasa que tienen que incluir para que sigamos comiendo. No tienes hambre, no necesitas la comida, no te ayuda en nada, pero sigues comiendo calorías falsas.

Todo lo que pasa debe ser conocido.

Compartir es cuidar de los demás.

La privacidad, un robo.

Eran estribillos muy populares hasta 2018. Se entonaban cada vez que poníamos las manos en un teclado o el dedo en la pantalla. Pero, finalmente, reconocimos que no podíamos conocerlo todo. Ni soportar más el perverso síntoma de habernos perdido algo. El hambre de reconocimiento y refuerzo positivo, por falta de autoestima, no se aliviaban compartiéndolo todo. Expoliaban y degradaban los verdaderos tiempos y espacios sociales. Nos hacían transparentes al poder. Y a este, opaco e irresponsable.

¿Sabes cuando acabas una bolsa de patatas y te odias a ti misma? Sabes que no has hecho nada bueno para ti. Es lo mismo, y lo sabes, después de cada atracón digital. Te sientes inútil y vacía y empequeñecida.

Empantallados 24/7 se hartaron de las descargas de dopamina del Deep Face: la cara oculta del interfaz. Iconos y alarmas diseñados para generar la hormona de la que van puestos los adolescentes, el neurotransmisor que la cocaína y la anfetamina ayudan a liberar.

La gente libre (la que pelea por serlo) se distinguirá por sus ayunos, dietas y otras rebeldías digitales. Frente a quienes serán aplastados por el sobrepeso de su huella digital. Estarán inmovilizados por el rastro que dejaron, por desconocimiento e inconsciencia.

“No me importa que me espíen”, dicen. Creen que las empresas les ofrecerán lo que desean, no lo que más beneficio genera. Aprovechando su ignorancia y carencias, creando falsas necesidades, desatendiendo las básicas, satisfaciéndolas con ficciones y adicciones.

A unos les espiaron porque se imaginaban consumidores soberanos bajo una cúpula de vigilancia. Otros escogieron ser refugiados y heremitas. Les llamaban así en el instituto porque rechazaban el Triángulo de las Bermudas que abduce a los adolescentes: comida basura, centro comercial y pantallas.

Los rebeldes digitales reinventan la contracultura y, por tanto, frecuentan el subsuelo, los desiertos y los bosques. Se alimentan de lo que está germinando. Son frugales, recolectan frutos salvajes. Ponen a dieta al Gran Hermano Estado y al Hermanastro Mercado. Generan herramientas y redes digitales descentralizadas (sin control jerárquico), abiertas (controladas por los usuarios) y libres (de usar, compartir y reprogramar).

La rebeldía del siglo XXI reside en hackear, reprogramar cuerpos, máquinas y algoritmos. Recombinar el código genético y digital expresando nuevos afectos, cuidándonos y combatiendo los bonapartes digitales que pretenden dirigir el manicomio.

Los y las cifus no se matriculan allí donde los certificados académicos siguen procesos reglados y transparentes; es decir, con exigencias y baremos idénticos para todo el alumnado. Alumnado que rinde cuenta de su trabajo, exponiéndolo en público. Porque públicos son los recursos, los funcionarios y las instalaciones que le han ayudado a realizarlo.

La inmensa mayoría de los posgrados de la universidad pública sigue este modelo. Y garantiza que funciona como escalera de ascensión social para las clases populares. Esta función resume la razón de ser de la universidad y de todo el sistema educativo público.

Puede que por la falta de recursos, en algunos casos, se prioricen la obtención de matrículas para que la titulación sobreviva. Y esto a veces conlleva la laxitud con los plazos, la asistencia presencial o las convalidaciones de asignaturas. La precariedad económica y la falta de becas son las razones últimas de estas excepcionalidades.

Nada de lo anterior se aplica al mastergate de Cristina Cifuentes. Desvela un negociado que expide titulaciones, sin otra exigencia que pagar la matrícula para aquellos que tienen dinero de sobras para hacerlo. Aquí los de arriba trepan y se instalan en la escalera universitaria que los de abajo sostienen con esfuerzo, tiempo y dinero.

Estas anomalías no pueden desacreditar toda la universidad pública. Ni los posgrados que mantienen la dignidad de la institución y el valor de sus titulaciones. Todo ello a pesar de los recortes presupuestarios y unas exigencias normativas que conllevan una gestión burocrática descomunal. Es motivo de satisfacción, poder reconocernos con humildad como servidores públicos, obligados a la transparencia y la rendición de cuentas con aquellos que nos sostienen. Es lo que aquí hacemos hoy, alumnos y profesores de la mano.

Les hablo pues de lo nuestro, que es lo suyo. No es auto-publicidad, sino reivindicación de la calidad que compartimos con tantas otras titulaciones. El Máster en Comunicación, Cultura y Ciudadanía Digitales (CCCD) es un posgrado de la Universidad Rey Juan Carlos. Presumimos de ser el único Máster oficial abierto en el mundo. Eso quiere decir que cualquiera puede acudir a nuestras clases, hasta llenar el aforo. Somos públicos y renegamos de la mercantilización y la privatización de saberes.

En www.cccd.es nos tienen a su disposición, también pueden descargarse los Trabajos Finales de Máster (TFM). ¡Faltaría más! Y pueden acceder a los videos, audios, bibliografías y muchos otros materiales de nuestros seminarios. Socializamos habilidades y conocimientos.

Fundamos el CCCD hace seis años. Lo dirigí los cuatro primeros, gracias a la ayuda de Manuel Sánchez Duarte. Y estoy en deuda con las compañeras que ahora lo coordinan. Los desvelos, cuidados y noches en blanco que exige un programa de este tipo nunca han tenido el debido reconocimiento.

Tardamos dos años en tramitar la aprobación oficial de la titulación. No nos entendían: éramos un grupo interdisciplinar, sin caudillo ni mandarines académicos. Solo nuestros curricula vitae desatascaron la cerrazón y desconocimiento de quienes nos evaluaban. Finalmente, implantamos los estudios de Internet que desde hacía años se impartían en el extranjero. Y nos abrimos a la sociedad.

Cada curso hemos reunido alrededor de una veintena de docentes. Proceden de tres universidades públicas madrileñas (UCM, UNAM y URJC) y una privada (IE University). Abarcan una docena larga de especialidades que van de la ingeniería a la filosofía, de la ciencia política al periodismo, del derecho a la antropología, de la sociología a los estudios de género.

Nuestro alumnado, nacional e internacional, no entra pagando. Para matricularse debe presentar un proyecto que denominamos prototipo. Para eso estamos: para convertir en realidad los sueños intelectuales y los perfiles profesionales de quienes requieren nuestro servicio. Casi nunca hemos sobrepasado la decena de matriculas. Hubo un tiempo en que cobrábamos según su número, es decir, casi nada. Pero hacemos aquello en lo que creen nuestros alumnos. Creemos en ellas y ellos. Sus TFM nos motivan a seguir adelante con esta plataforma de docencia, investigación e intervención social.

Nuestro Máster, por todo lo dicho, es suyo. De los TFM salieron, entre otras muchas iniciativas, una asociación que vela por la calidad y la cultura democrática de las organizaciones, artículos indexados en revistas internacionales y que forman parte de tesis doctorales en curso…. y hasta un documental sobre punk y movilizaciones juveniles, que ha sido premiado y será emitido por Televisión Española. Desde el arranque incorporamos en debates o la docencia a periodistas muy reconocidos y reporteras aguerridas, trabajadores de algunos medios que luego destaparían el Cifu mastergate. El próximo curso tutorizarán más proyectos de innovación periodística y audiovisual.

No es vano ni banal que impartamos bastantes seminarios en el MediaLab Prado, un laboratorio de innovación y tecnología ciudadana, dependiente del Ayuntamiento de Madrid. La alianza (no siempre fácil) entre la universidad y un centro municipal ha reafirmado nuestra vocación pública.

Este es nuestro orgullo y razón de ser. Como el de muchísimos otros posgrados de la universidad española, que existen y sobreviven gracias a esfuerzos personales y colectivos, nunca recompensados en su justa medida y poco valorados por su mérito.

En la universidad pública somos multitud quienes mantenemos posgrados de calidad porque amamos y creemos en lo que hacemos. Hemos obviado la miseria con la que pagaban las tareas de implantación y coordinación de estas titulaciones. Siendo voluntarias, suponen un ejercicio de auto-explotación. Como a tantos otros compañeros no nos ha importado que nuestros artículos y proyectos de investigación fuesen aplazados o quedasen sepultados por la burocracia y las labores administrativas. Ni que nuestra actividad apenas computase en la carga docente o para la promoción académica.

Somos la pública y, aunque quienes nos desgobiernan nos piensan como empresas paralelas y academias privadas, nos tienen enfrente. No es autobombo. Ni una declaración de intenciones. Estamos del lado de la ciudadanía que sostiene el país. Para servirle sin distingos ni prebendas. Para rendir cuentas y exigírselas a quienes exhiben un título. No basta con haberlo pagado. Esta no es una universidad para Cifus.

En Galicia la M (con mayúsculas) ya no pertenece a Don Manuel Fraga

Cuando el dinosaurio se fue a dormir el sueño eterno, surgieron las mareas municipalistas que le han ganado la batalla en la evolución del ecosistema político

En Galicia la M (con mayúsculas) ya no pertenece a Don Manuel Fraga. Cuando el dinosaurio se fue a dormir el sueño eterno, surgieron las Mareas Municipalistas. Le han ganado la batalla en la evolución del ecosistema político. Galicia, que fue el laboratorio electoral de Podemos, lo es también de las plataformas de unión popular. Éstas se gestaron en tres fases, que proporcionan otros tantos elementos con los que debieran contar quienes apuestan por esta fórmula desde la izquierda social y transformadora.

Una lectura desapasionada y en detalle de los resultados electorales del 24 de marzo da la razón a los dos modelos en liza. O más, en concreto, a una lista de confluencia que no renuncie al nombre de Podemos, pero con algún añadido o expresión que reconozca la existencia e importancia de sus compañeros de viaje. El partido de P. Iglesias catalizó voto allá donde no había suficiente tejido social movilizado, ni representantes de la sociedad civil capaces de catalizar el voto indignado con la fuerza de los líderes de Podemos. Quienes defienden de “confluencia y desbordamiento de Podemos”, según el modelo de A. Colau o M. Carmena, debieran considerar si cuentan con, al menos, tres factores que han propiciado su éxito.

Uno, dos y tres. Primero, un ciclo de movilización social prolongado, cuya cristalización institucional se demora en el tiempo y sufre vaivenes. Segundo, el fracaso previo de coaliciones de gobierno entre partidos de viejo cuño. Y, tercero, el realineamiento de los liderazgos políticos y culturales, en sintonía con los sectores de la opinión pública más renovadores. La receta se resume en tres M con nombre propio. Nunca Máis, Xosé Manuel Beiras y Manuel Rivas. Más allá de personalismos, representan la evolución imprescindible del campo social, político y cultural para que esa dichosa “unión popular” no sea una quimera y la candidatura que la represente, un artefacto electoral fallido. Las tres M resumen la labor de zapa del legado de don Manuel, realizada por el “viejo topo” que ha arrebatado el poder a sus herederos.

La Marea Humana formada tras el Prestige, para “limpiar las playas y los despachos”, se ha prolongado en el tiempo. A lo largo de diez años resurgió en múltiples contextos, señalizando la obslolescencia institucional, la autonomía de la sociedad civil y su capacidad de auto-organizarse. Los miles de voluntarios que acudieron a Galicia denunciaban la democracia del chapapote y anticipaban el No a la Guerra. Ahí empezaron a militar – sin partidos y con medios propios generados en la Red - muchos de quienes hoy protagonizan la nueva política y el nuevo periodismo. Entonces apenas contaban con veinte años. Hoy son los treintañeros que saltaron “da praza ao Pazo” el 24M.

Podemos tiene su base sociológica en el 15-M, hace apenas cuatro años. Quienes le exigen renunciar a su marca en favor de una candidatura de unión popular a nivel estatal deben preguntarse por la calidad y las urdimbres del tejido social que quieren representar. Las diferencias son notables a lo largo de la geografía española. Y el tempo do orballo – el del calabobos o xirimiri, lento, pero imparable - es un buen antídoto contra “el síndrome de Dos Hermanas”. El que aquejó a Podemos cuando sus líderes calificaron como derrota lo que, en realidad, fue un auténtico éxito: ser la tercera fuerza política más votada en el feudo andaluz del PSOE. La incultura política de la urgencia señaló el resultado como un fracaso. Sólo justificaban esa valoración las expectativas desmesuradas y el derrotismo fruto de la impaciencia.

También el PP obtuvo mayoría absoluta tras el Prestige, pero en aquellas elecciones el voto de izquierda superó al de la derecha. No ocurría desde 1936. El realineamiento del voto se materializó en el gobierno bipartito del PSOE y BNG. Que luego sería sancionado por la falta de cooperación y la competencia desleal de los presuntos socios, que replicaron los vicios de la vieja política, al servicio de las organizaciones partidarias antes que del cuerpo social. El PSdeG apenas se replanteó nada en el plano programático u organizativo. El BNG quiso emular a los partidos hegemónicos de los nacionalismos catalán y vasco. Tras esa decepción vino otra mayoría parlamentaria del PP. Es decir, otra lección clave: además de lenta, la traducción institucional del cambio social experimenta avances y retrocesos, flujos y reflujos... sí, como la marea.

Se representa al gallego en una escalera, sin saber si sube o si baja. Es el estereotipo de una mirada rápida y cortoplacista. Otra más demorada le mostraría subiendo dos peldaños arriba y bajando otro. Algo propio de quien se sabe débil y ante un poder que le quiere inmóvil. Subirá cuando vea a otros señalizando y haciendo factible la ascensión. Los políticos y tertulianos que reprochan a la ciudadanía no haber finiquitado el bipartidismo en las urnas debieran considerar cuántos notables, con visibilidad pública, han desertado de las filas del PPSOE. ¿Cuántos han roto amarras con sus tradiciones ideológicas, con los aparatos de partido y comunicación a los que servían? ¡Qué fácil les resulta exigir al electorado una ruptura que ellos son incapaces de protagonizar! ¡Cuánta similitud con la militancia y la comandancia ortodoxas que, inconscientes de sus contradicciones, desprecian las de la gente común!

Los voluntarios de mono blanco ocupan ahora los muncipios más relevantes de la provincia de A Coruña. Pero Xosé Manuel Beiras ya había dado a mediados de los 90 del siglo pasado el giro hacia la nueva política. Visitaba los foros altermundistas y constataba la pujanza de nuevos imaginarios y artefactos políticos que rebasaban los límites de la izquierda clásica. Luego rompió (con) el BNG. Una estrategia que, por ejemplo, Anguita ha sido todavía incapaz de formular, menos aún de impulsar respecto a la IU rehén del PCE.

Fue en Galicia donde Pablo Iglesias comenzó a hacer campañas electorales para AGE. Alternativa Galega de Esquerdas, con X.M. Beiras a la cabeza, rompió el tabú nacionalista. Quienes abandonaron la secta identitaria, romperían luego el techo electoral del BNG, con alianzas antes consideradas anti-natura. El pacto electoral con IU daba primacía al tema social sobre el nacional. Todo un anatema para quienes consideran la política un asunto identitario. Todo un ejemplo de cómo rebasar al PP y al PSOE que habían hecho del “galleguismo” un ejercicio de “enxebrismo” (el transunto galaico del casticismo). Mientras, el BNG se iba quedando solo, algo lógico en quien pretende arrogarse la exclusividad monolítica del nacionalismo... o de la izquierda “verdadera”. No es cuestión (sólo) de etiquetas y vocabulario. Una candidatura de unidad requiere nuevos aprendizajes, rupturas con el pasado y la reformulación de un presente preñado de futuro. Eso sí que es desbordar y no surfear lo que, al final, se revela una moda y un simple modismo.

Manuel Rivas aportó la tercera M. El escritor gallego con mayor reconocimiento y capital simbólico, también respaldó las mareas. Al igual que Beiras, no asumió protagonismo y rechazó figurar en la primera línea de las listas y en los mítines. Rivas representa la intelectualidad que, con la Burla Negra (la facción cultural de Nunca Máis) aprendió a vivir a la contra, renunció a la dependencia institucional, y la reemplazó por un sostén social y comunitario. La disposición al diálogo – antes que al monólogo – representa al nuevo intelectual. Se sabe apenas un nodo más de una red y que – antes que el enfrentamiento, consciente de su labor catalizadora – se muestra conciliador y amable. Sin fronteras pero con raíces, como el emigrante gallego: sensible tanto a lo local como a lo global. En comparación nada odiosa sino palmaria, ni uno solo de los (muchos) comentaristas madrileños de El País se sentó a hablar en público con M. Carmena, como hizo Rivas con Ada Colau en la campaña de la Marea Atlántica. Menos aún puso en peligro su columna y renunció a ella.

Les pido un ejercicio de imaginación. Piensen qué habría ocurrido si dos históricos de la política y la cultura irredentas y con igual reconocimiento público hubiesen apoyado la candidatura municipalista madrileña. La Marea Atlántica de A Coruña triunfó en una ciudad donde la L de su nombre era objeto constante de disputa falaz: sus habitantes hablan, simplemente, de Coruña. La nueva ortografía y gramática políticas usan código abierto y libre. Esto explica el uso del gallego que hicieron las mareas en campaña: una seña de identidades plurales y amables, nunca un ariete, un muro numantino o una marca partidista.

La unidad popular vendrá de la mano de las evoluciones y los giros del tejido social, los partidos y los referentes intelectuales. La vieja política concibe las candidaturas unitarias incompatibles con el logo de Podemos. Un partido cuyo objetivo de alcanzar la mayoría electoral en solitario resulta improbable; al menos, a corto plazo. Pero sin el cual no será posible adelantar electoralmente al PSOE o andarle a la zaga, muy de cerca, hasta el próximo embate en las urnas. La discusión sobre la fórmula electoral se basa todavía dinámicas de exclusión o cooptación. No confiere suficiente importancia a las sinergias que pudieran emerger en una coalición de las diferencias. Y las diferencias reales no están en las siglas, sino en las trayectorias individuales y colectivas, que o son convergentes o no. Y ahí, en el realismo para constatarlo, radica, creo yo, la verdadera cuestión.