El movimiento ciudadano Senadoras y Senadores por la Democracia, con la tenacidad de las hormigas y una inusual discreción en estos tiempos, ha logrado que haya una única candidatura de la izquierda al Senado en 43 provincias y 47 circunscripciones electorales. En todas menos en las de Cataluña (el PSC no quiere herir la sensibilidad de ERC con el que necesita pactar en la comunidad autónoma) y Canarias con la excepción de La Gomera. 

El Senado, irreconocible durante la pasada legislatura como Cámara territorial por la crispación y la instrumentalización partidaria, tiene que designar a los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional cuyo mandato expiró en diciembre, entre ellos el del presidente, Cándido Conde-Pumpido.

El PP y la Mesa del Senado se han negado a renovar esas vacantes. Si el partido de Feijóo, sumando con Vox, alcanzara los tres quintos de los senadores en las elecciones del 29-N, ambos partidos podrían dar un vuelco en el Tribunal Constitucional eligiendo a los cuatro nuevos magistrados y no solo a dos por otros dos el PSOE como ocurría hasta ahora.

Tendrían en su mano también designar 10 vocales del Consejo General del Poder Judicial, retrasar leyes, vetar los presupuestos generales del Estado y, atención, activar el artículo 167 para modificar la Constitución. Si nos atenemos al programa electoral de Vox, podrían recentralizar competencias como Educación, Sanidad, Seguridad y Justicia.

En el Senado -267 senadores, de ellos 209 serán elegidos el 29-N y 58 posteriormente por los Parlamentos autonómicos- se premia al partido más votado con 3 de los 4 escaños en la mayoría de las circunscripciones. De ahí la fuerza de la lista compartida de la izquierda, Senado de Progreso, anunciada 14 minutos antes del cierre de coaliciones, que pilló por sorpresa a los líderes del PP y de Vox. 

Feijóo la calificó inmediatamente de coalición de desesperados. Afirmación que se contradice con la posterior premura en buscar acuerdos con Vox en las listas al Senado. Prisas que denotan nerviosismo y debilidad, en particular de Santiago Abascal que no hace mucho tildaba al PP de “derechita cobarde”. Vox no obtuvo ningún senador en las anteriores elecciones de julio de 2023. Fueron los acuerdos con el PP en los Gobiernos autonómicos de Andalucía, Valencia, Aragón y Extremadura, los que le dieron 5 senadores.

La operación del Senado, con una significativa presencia de reservistas/veteranos progresistas, se empezó a tejer durante la pasada primavera. Podemos se desentendió enseguida pero el resto de las fuerzas de la izquierda, más después de los resultados en Andalucía y Castilla y León, y el adelanto electoral, se pusieron las pilas con especial empeño la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y el diputado de Sumar Enrique Santiago. Hubo un Manifiesto inicial, miles de firmas de adherentes, mucho trabajo callado con sobresaltos en las comunidades autónomas, hasta que el PSOE, IU, Sumar, Compromís, Más Madrid, Chunta y otras formaciones territoriales compartieran la papeleta Senado de Progreso.

En otro contexto, el de la transición democrática, esta movida nos trae a la memoria la Candidatura Aragonesa de Unidad Democrática (CAUD), el precedente de lista conjunta progresista en Aragón de las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de 1977. 

Entonces, las fuerzas de la izquierda y también la Federación de la Democracia Cristiana apoyaron una lista al Senado en la provincia de Zaragoza con los nombres de Ramón Sáinz de Varanda, que dos años después sería el primer alcalde democrático de Zaragoza, Lorenzo Martín-Retortillo y Mateo Antonio García Mateo. Su programa: una Constitución democrática y la autonomía.

Los tres recibieron entre 173 y 184.000 votos. Sáinz de Varanda se integró en el Grupo Parlamentario del PSOE y Martín-Retortillo y García Mateo, que habían concurrido como independientes, en el Grupo Progresistas y Socialistas Independientes. El cuarto senador por Zaragoza fue Isaías Zarazaga de la Candidatura Aragonesa Independiente de Centro (CAIC), impulsada por Hipólito Gómez de las Roces antes de que naciera el Partido Aragonés (Par).

El próximo 29 de noviembre, el PSOE encabezará las listas de Senado de Progreso por las provincias de Zaragoza y de Teruel y el segundo puesto será para la Cha. En la de Huesca el segundo puesto será para IU.

En unas elecciones decisivas para el futuro del país, la iniciativa ciudadana de Senadoras y Senadores por la Democracia demuestra el compromiso, la generosidad y la visión estratégica por compartir un espacio común de activistas, intelectuales, profesores universitarios y de los que ya no están en la primera línea de la militancia partidaria o sindical. De los reservistas/veteranos de progreso.

El gálibo es la horma de zapato o el arco de hierro en forma de U invertida de los túneles y pasos superiores ferroviarios. Genéricamente, es el perfil geométrico máximo en anchura y altura que se debe respetar para que un vehículo, en el caso que nos ocupa un tren, puede pasar sin riesgo. 

Pues bien, la falta de respeto al gálibo ha motivado que la línea ferroviaria Valencia-Zaragoza, tercera y cuarta ciudad de España por población, permanezca cerrada desde febrero de 2025, desde hace 20 meses. Iban a ser solo 9 meses pero, en el mejor de los casos, al final serán 25. Hasta el primer trimestre de 2027, los usuarios de la línea continuarán desplazándose por carretera en los autobuses contratados por Renfe.

Acabada la redacción del proyecto de electrificación y modernización de la vía, cuyas obras acometió el actual Gobierno después de décadas de espera, los técnicos detectaron con retraso que por su altura la catenaria no podía pasar por algunos túneles, pasos superiores y puentes de piedra, como, por ejemplo, por el denominado puente de la Equivocación en la capital turolense.

La buena noticia es que las obras de electrificación están avanzando a buen ritmo en las últimas semanas y que, cuando se reabra, los turolenses podrán tener un acceso más rápido por tren a Zaragoza y desde la capital aragonesa a Madrid. La mala es que continuará siendo un corredor de vía única que en el tramo Sagunto-Teruel precisará de dos locomotoras unidas en un mismo tren para superar las pendientes (el desnivel entre ambas ciudades es de más de 1.000 metros), con cruces de los trenes y velocidad limitada.

Según el ministerio de Transportes, la complejidad de las obras y el elevado coste económico, 4.000 millones de euros, comparado con la demanda de viajeros prevista y el número de trenes de mercancías que circularían en los próximos años, han aconsejado presupuestaria y técnicamente mantener ese cuello de botella en el Corredor Mediterráneo-Cantábrico por Aragón. Un Corredor que tiene el precedente histórico del Central de Aragón, el sueño inacabado, y ahora desmantelado, de unos inversores belgas para conectar el Mediterráneo con Santander en el inicio del siglo XX.

En el tramo Zaragoza-Teruel tampoco está prevista la doble vía. Lo que se está haciendo es adaptar el trazado de la vía original, suavizando curvas y pendientes en el tramo entre Calamocha y Cariñena, para que sea una vía única adaptada con sistemas avanzados de señalización y control informático del tráfico. También con apartaderos para los trenes de mercancías de 750 metros. Queda por comprobar en cuántos tramos del recorrido podrá alcanzar la velocidad mínima que establece el reglamento de la Red Básica Europea: 160 kilómetros por hora. Nada de corredor de altas prestaciones.

El Corredor por Aragón conecta el puerto de Valencia, el mayor puerto de España y del Mediterráneo en tráfico de contenedores, con los del Norte. También con las plataformas logísticas de Teruel, Zaragoza y del valle del Ebro. El descarte para que sea un corredor de altas prestaciones contrasta con el fuerte impulso que están experimentando las obras del Corredor Mediterráneo por la costa, desde Algeciras hasta la frontera francesa (1.300 kilómetros). El 83 por ciento de las obras están en construcción o ya concluidas, y un 36 por ciento en servicio. Las previsiones de Transportes apuntan a que los principales ejes (las conexiones con Alicante, Murcia, Cartagena, Almería y Málaga) estarán culminados entre 2027 y 2028.

El Corredor Mediterráneo es un eje ferroviario estratégico para la conexión entre Valencia y Barcelona, y para un transporte nacional e internacional más sostenible. Ahora mismo, el ferrocarril apenas mueve el 2 por ciento en el flujo anual de mercancías entre España y la Unión Europea. 

El eje de la costa concentra el 47 por ciento de la población española, por el circulan el 55 por ciento de las mercancías transportadas por España y entre sus puertos se mueve el 60 por ciento del tráfico marítimo. Conecta a lo largo de 3.500 kilómetros el norte de África con el centro de Europa, desde Algeciras hasta Estocolmo atravesando Marsella y los valles del Rin y del Ródano.

En consecuencia, el Corredor Mediterráneo-Cantábrico por Aragón va a quedar emparedado entre el Corredor Mediterráneo y el otro gran proyecto transeuropeo, el del Corredor Central: Algeciras, Madrid, Zaragoza, Pirineo, con ramal entre el puerto portugués de Sines, Badajoz y Puertollano.

Hubo una etapa de optimismo cuando un aragonés, Aurelio Martínez, presidió el puerto de Valencia entre julio de 2015 y marzo de 2023, y el corredor de doble vía y altas prestaciones por Aragón parecía estar más cerca. Le sucedió como autoridad portuaria Joan Calabuig que el pasado mes de abril fue nombrado Comisionado del Gobierno para el Corredor Mediterráneo. Un baño de realidad de la desproporcionada influencia de los grupos de presión económicos y políticos a favor del eje Mediterráneo, entre ellos las patronales valenciana y catalana. 

Habrá que hacer de la vía única y de la necesidad virtud. Digamos que, desde una perspectiva estratégica, el Corredor por Aragón podría definirse como un corredor auxiliar de descongestión o de emergencia para los dos ejes centrales.

En clave autonómica, como usuarios del tren contaremos con una conexión más rápida y cómoda entre Zaragoza, Teruel y Valencia, que puede contribuir a sacar vehículos y mercancías de la carretera, de la que también podrán beneficiarse las plataformas logísticas. En su estudio informativo, el ministerio de Transportes calcula que podrían circular hasta 86 trenes semanales de mercancías. Veremos. 

Zona de sacrificio es una expresión que se acuñó en Estados Unidos durante la Guerra Fría, en la década de los 70, para definir a los territorios despoblados y/o empobrecidos dañados por la minería del carbón y del uranio y por la radiación. Globalmente se asocia a la injusticia ambiental.

En Aragón sabemos mucho de eso por las características de nuestro territorio, por nuestra baja densidad, 29 habitantes por kilómetro cuadrado, envejecimiento y dispersión de los habitantes. Somos cerca de 1.400.000 habitantes repartidos en más de mil núcleos de población con la singularidad de que más de la mitad se concentran en Zaragoza y su área de influencia.

Ya en la década de los 70 surgieron organizaciones como Coacinca, Defensa de los Intereses del Bajo Aragón y del Bajo Aragón Teruel (Deiba y Deibate), para oponerse frontalmente a varios proyectos de centrales nucleares. Fue una etapa de entusiasmo por la libertad, por el debate y por las movilizaciones sociales, que se prolongó a lo largo de las décadas de los 80 y de los 90 con proyectos cuestionados por asociaciones ciudadanas como la construcción de la térmica de Andorra, la localización de la General Motors, los grandes embalses y, masivamente, los proyectos de trasvases del Ebro.

Colectivos ecologistas, investigadores y activistas como Mario Gaviria y sus equipos dinamizaron el debate público con publicaciones como “El Bajo Aragón expoliado” o “Zaragoza contra Aragón”. Con el paso del tiempo, la autocrítica le llevó a sustituir el contra por el “Zaragoza con Aragón”.

Con más conformismo y menos transparencia, en las primeras décadas del siglo XXI los debates se están centrando en la acelerada expansión de las energías renovables, de los centros de datos y de la Inteligencia Artificial.

El hilo conductor continúa siendo el mismo. Traslado la acertada definición de la Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel: “Zona de sacrificio es un territorio empobrecido o despoblado al que se le impone una sobrecarga excesiva de infraestructuras energéticas y extractivas que otros lugares o grandes ciudades rechazan en sus propios entornos”.

En ella caben los macroparques eólicos y solares, las plantas de biogás, los almacenes de baterías de litio, las macrogranjas de cerdos y la minería. Para hacernos una idea de las daños irreversibles del extractivismo minero en el paisaje y en las comunidades locales es muy recomendable leer el libro “Hijos del carbón” de la escritora leonesa Noemí Sabugal. Desolador.

De la definición de zona de sacrificio, quiero subrayar el término sobrecarga, que va asociado a la ausencia de planificación y control administrativo, y añado de mi cosecha desconsideración con las comunidades locales que son las que ceden los recursos naturales (tierras, agua y energía) y las que durante décadas soportarán los efectos negativos.

Nadie puede negar la necesidad de los centros de datos en una sociedad digital pero, antes de anunciar a los cuatro vientos las cifras multimillonarias de inversiones y empleos, debería haberse ordenado la expansión y deberían haberse atado las compensaciones para las comunidades locales previa audiencia.

El Gobierno de Aragón se ha deslumbrado con las cifras y el liderazgo tecnológico, dejando de lado, por ejemplo, exigir a las compañías tecnológicas las compensaciones económicas para los municipios que han visto “puenteada” su autonomía. Por cierto, cuando se dan cifras de empleos sería preciso desglosar entre la construcción de las naves y la explotación.

La declaración de interés general para Aragón (PIGA) exime a esas compañías, Amazon, Microsoft, Blackstone, de pagar algunos impuestos que se recaudarían como ingresos municipales. Recientemente, nos hemos enterado de que alguna de las operadoras que van más avanzadas está pagando el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en Madrid y no en Aragón.

Están faltando regulación porque el acceso y la conexión a la red eléctrica es competencia estatal, porque se quiere garantizar la eficiencia energética, por ejemplo en el consumo de agua, la soberanía digital (las operadoras tecnológicas tendrán que estar establecidas en la UE) y la seguridad de los datos para que no accedan terceras compañías que estén fuera del Derecho europeo. 

Eso es lo que pretende el real decreto del Gobierno de España, que obligará a los centros de datos a cubrir con energía renovable el 80 por ciento de su consumo energético acreditado hora a hora.

Las prisas –se quiere aprobar como muy tarde las primeras semanas de noviembre- obedecen a que es un compromiso con Bruselas para cerrar el séptimo y último pago de los fondos europeos Next Generation: 25.861 millones de euros. La mayor inversión pública europea puesta en marcha tras la pandemia. 

La premura y el contenido del real decreto, con duras exigencias ambientales y de transparencia, motivaron que el presidente Azcón afirmara en un reciente Foro de la Cámara de Comercio estadounidense en Madrid que “Sánchez quiere sacrificar un futuro tecnológico y económico de Aragón por un puñado de votos”.

Otra vez la histeria con el presidente de Gobierno al que desde el minuto uno de la investidura le sacaron la bola negra. Entre el “Bienvenido, Mister Marshall” y el riesgo de una nueva zona de sacrificio debería haber un término medio, un equilibrio equitativo que beneficie a todos: a España, a los municipios de Aragón y a la justicia ambiental.

La fotografía captada en el Portillo refleja el contraste de la Zaragoza de los grandes desarrollos urbanísticos/inmobiliarios con la Zaragoza de los sin techo y de los sin hogar cuyas cifras se han disparado en los últimos tiempos. Una foto con la misma lectura podía haberse tomado debajo de los puentes del Ebro, alrededor del Centro de Historias o de la plaza de San Bruno, y en otros rincones y calles de la ciudad.

El usuario del asentamiento del Portillo se ha localizado detrás de una valla, que le sirve de tendedero, como si quisiera protegerse de un desalojo. Con dos banderas españolas, una más grande y otra más pequeña, está reivindicando su arraigo. Un porcentaje significativo de los sin techo o sin hogar han venido de otros países, mayoritariamente de África. Son tiempos en los que la cristiana dignidad de estas personas no encaja en la prioridad nacional.

Los datos de la Cruz Roja de 15 de septiembre de este año cuantificaban en 620 las personas que vivían en la calle o en chabolas en Zaragoza. Eran 204 más en relación a los datos del 28 de noviembre de 2025, algunos de ellos con serios problemas de salud mental que están reclamando con urgencia una actuación institucional coordinada e integral, en la que el protagonismo debería ser para las entidades y los trabajadores sociales.

La foto es una imagen seleccionada de una ciudad cuyos proyectos estrella avanzan entre sobresaltos presupuestarios, de plazos y de utilización de los fondos europeos, críticas por la falta de transparencia y de participación ciudadana y, por ejemplo, la remolonería para reclamar 12 millones de euros a una sociedad deportiva, Tiro de Pichón, antes de que prescriba el pago por la expropiación de unos terrenos.

Entre los proyectos estrella están la recuperación del Huerva, la Nueva Romareda o la “Ciudad del Cine”. Por cierto, la Gala de los Premios Goya ha vuelto a pasar de largo este año para quedarse en Pamplona. Y, 18 años después, la segunda línea Este-Oeste del tranvía continúa en estudio.

Otros proyectos más pequeños, como las reformas del Coso y de la plaza de San Miguel, están arrastrando una creciente irritación vecinal. Una pérgola, o para ser más precisos pergolita difusora de agua, es la avanzadilla de lo que en el medio plazo tiene que ser un refugio climático junto al Huerva en los límites de lo que fue la ciudad musulmana y romana. Ahora mismo, solo es un espacio tan renovado como duro e inhóspito. ¿Se escuchó previa y suficientemente a los vecinos y a los expertos?

Bajo el ruido y las prisas de las obras preelectorales, algo habitual en todas las Corporaciones, Zaragoza continúa aferrada a las señas de identidad de la basílica del Pilar, del Ebro y del Real Zaragoza, esta última en horas muy bajas. Después de muchos intentos frustrados, con el respaldo de Ibercaja se está intentando dar con la tecla universal de Goya, inseparablemente conectada con el Museo del Prado de Madrid.

Muy atrás quedan –se acaba de conmemorar el 30 aniversario- actuaciones como la de Michael Jackson, todas las de la movida de la década de los 80, una década prodigiosa de grandes conciertos y de creatividad musical, cultural y artística, o la propia Expo 2008. Algo que difícilmente se volverá a repetir.

Desde mi punto de vista, el equipo de gobierno –es una definición que le copio al profesor Manuel Delgado, autor del ensayo “Todas las ciudades están poseídas” – ha optado por concebir Zaragoza como un producto en venta que se coloca en una estantería de mercado. El modelo de futuro ni está ni se le espera, se improvisa sobre la marcha, eso sí reforzado con un equipo de influyentes.                                                                                                                                                                                                                      

El valor de cambio, acompañado del usufructo para unas minorías, se está imponiendo al valor de uso. Las administraciones prefieren a los clientes antes que a los ciudadanos a los que nos ven como consumidores. Algo que se comprueba, por ejemplo, con la ocupación desmesurada del espacio público por las terrazas. O cuando se peatonaliza una calle, que ya se está pensando en convertirla en un centro comercial al aire libre. 

¿Qué está ocurriendo? Que los cascos históricos de todas las ciudades son una copia con las mismas tiendas, los mismos clientes en la calle y la misma proliferación de viviendas turísticas. Y en los parques, al quiosco familiar de toda la vida lo ha desplazado La Tagliatella, la gran franquicia italiana de pasta. Uniformidad.

Hablando de señas de identidad, permítanme una digresión ahora que se acercan las fiestas del Pilar. Las Medallas de Oro de Zaragoza nos dan pistas sobre las preferencias de los equipos de gobierno. Salvo una excepción, la de los profesionales sanitarios en 2020, durante los últimos ocho años el resto se han concedido a instituciones o representantes del mundo económico, financiero o mediático: Ramón Alejandro (Saica), Ricardo Mur (CEOE), Javier Moll (Prensa Ibérica), Miguel Carreras (Carreras Grupo Logístico), Juan Manuel Cendoya (Banco de Santander), Paloma de Yarza (Grupo Henneo) y Amado Franco (Ibercaja). Algunas de las distinciones han coincidido con meritorios aniversarios y resultados pero la mirada vertical ha prevalecido abrumadoramente sobre la horizontal.  

Pedro Santisteve, de Zaragoza en Común (ZEC), entregó su primera Medalla de Oro como alcalde a una religiosa de las Hermanas de la Caridad, Milagros Hernández Obón, por el trabajo de la congregación con personas vulnerables y desfavorecidas, y otra a las alcaldesas de Barcelona y Cambrils tras los atentados yihadistas de 2017. También las hubo para la institución ferial y para la compañía “La Zaragozana”. Dos a dos.

Si miramos más atrás, durante sus últimos años de alcalde Juan Alberto Belloch tuvo especial debilidad por el mundo de la educación y de la cultura: Manuel López, rector de la Universidad de Zaragoza, la académica de la RAE Aurora Egido, la escritora Soledad Puértolas y el director de la RAE José Manuel Blecua Perdices.

Son decisiones de Alcaldía que proyectan la sensibilidad de unos y otros por uno u otro modelo de ciudad. En mi opinión, una Zaragoza más horizontal, más limpia y empática con la calle, con los servicios públicos, con la cultura, con el tejido social y con la diversidad, necesariamente debería ser una Zaragoza más humana y equitativa.

En Aragón, los gastos de vivienda (hipoteca o alquiler) sumados a los suministros básicos (agua, electricidad y gas) se “comieron” 10.985 euros anuales por hogar de media, según la Encuesta de Presupuestos Familiares de 2025 del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esa cantidad representaba el 31,3 por ciento de todo el gasto anual de las familias aragonesas cuyo promedio ascendía a 35.024 euros. Estamos en el límite recomendado por las organizaciones financieras para evitar el sobreendeudamiento y, atención, los tipos de interés han empezado a subir.

Si tenemos en cuenta que en Aragón una hipoteca se lleva de media el 29 por ciento del salario medio y un alquiler medio alcanza los 824 euros a los que sumar agua, electricidad y gas, los gastos de la vivienda se sitúan entre el 35 y el 38 por ciento de los ingresos individuales o de los hogares en los que entra un único sueldo.

A pesar de estos datos, el Gobierno de Aragón ha descartado de plano aplicar la Ley por el derecho a la vivienda, de 24 de mayo de 2023, que permite que los ayuntamientos puedan limitar el precio de los nuevos alquileres en áreas tensionadas donde el acceso a la vivienda resulta especialmente difícil.

En concreto, en aquellas en las que el coste medio de la hipoteca o del alquiler, más los suministros básicos, superen el 30 por ciento de los ingresos medios de los hogares de la zona o en las que el precio del alquiler o de la compra de una vivienda haya subido en los últimos 5 años más de 3 puntos porcentuales por encima del Índice de Precios al Consumo (IPC) autonómico de referencia. La limitación de precios tiene 3 años de vigencia prorrogables. La autorización la dan las comunidades autónomas a petición de los ayuntamientos.

El Ejecutivo autonómico mantiene que esta medida reduce la oferta de viviendas en alquiler y la desplaza hacia el alquiler de temporada o por habitaciones, al uso turístico o a la compraventa. La apuesta es construir más viviendas privadas y públicas, principalmente privadas, y reclamar más cesiones de suelo a las sociedades públicas recién creadas por el Gobierno de España como Casa 47, antigua Sareb o “banco malo”, que es la que gestiona ahora los activos inmobiliarios problemáticos de los bancos rescatados durante la crisis financiera de 2008. 

El consejero Octavio López proclamaba el pasado martes que el actual Gobierno de Aragón ya ha puesto en marcha 3.700 viviendas públicas en 37 meses de gestión y añadía que son solo tres las comunidades autónomas que están aplicando la declaración de zonas tensionadas.

Las imágenes del desahucio en Madrid de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba viviendo de alquiler 70 en la misma casa, le habrá hecho reflexionar. A muchos nos ha generado rabia y alguna que otra lágrima por la dejadez de las administraciones o, lo que es lo mismo, porque el mercado esté pasando por encima de la regulación y de la humanidad. ¿Cómo puede continuar pasando esto?

También le habrá hecho reflexionar a Octavio López el hecho de que adorando al Dios de la oferta ya tuvimos en 2008 una burbuja inmobiliaria y un gravoso rescate bancario con dinero público que nunca se devolvió. En Aragón, a pesar del aumento de licencias de viviendas públicas en los últimos meses, el 63 por ciento continúan siendo de promoción privada o libres y el 37 por ciento públicas o protegidas. El precio del metro cuadrado está en los 2.200 euros, con un incremento acumulado anual del 11,4 por ciento, según la cátedra en Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza

Por cierto, una de las tres comunidades autónomas que están aplicando la declaración de zonas tensionadas es Galicia, gobernada por el PP, tras pedírselo al Ejecutivo de Alfonso Rueda los ayuntamientos de La Coruña y de Santiago de Compostela, con alcaldesas del Partido Socialista y del Bloque Nacionalista Gallego. 

En Cataluña y en Barcelona, que son la comunidad y la ciudad que están yendo más lejos aplicando políticas de defensa de la vivienda, los alquileres han descendido un 3,7 por ciento de media en los municipios declarados zona tensionada y un 6,4 por ciento en la capital, según el registro de fianzas.

El Parlamento de Cataluña aprobó regular el precio del alquiler, impedir el uso fraudulento del alquiler de temporada, y dos leyes que permiten expropiar el uso de viviendas vacías y que impiden desahuciar a familias vulnerables.

Además, a través de un decreto autonómico el equipo de gobierno de Barcelona cerró 10.000 pisos turísticos que eran legales con la finalidad de que volvieran al mercado residencial y prohibió la apertura de nuevos establecimientos turísticos.

Han sido estas políticas las que llevaron al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, a una cumbre de ciudades de todo el mundo, Urban20, promovida la pasada semana por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

Mamdani, que desde la izquierda se guía por el principio de la asequibilidad, de prestar más atención a las necesidades de las familias trabajadoras y de las clases medias y menos a la perspectiva de género, ha congelado los alquileres de 1 y 2 años del millón de apartamentos con renta controlada. Representan el 40 por ciento de todos los apartamentos en los 5 distritos de la ciudad. Simultáneamente, ha aprobado un impuesto a los propietarios de grandes mansiones que no viven la mayor parte del tiempo en Nueva York.

Su última iniciativa ha sido promover supermercados públicos asequibles para contrarrestar las subidas de precios de productos básicos. Alguien ya los ha comparado con los economatos que pusieron en marcha algunas grandes compañías públicas y privadas en España hace muchos años, por ejemplo en el extinguido sector de la minería del carbón, para vender productos de primera necesidad a precios más baratos que en el mercado habitual.

Mamdani es uno de los líderes progresistas que ha decidido competir no solo con limitaciones normativas sino también en el plano emocional, con una presencia constante en la calle y en las redes sociales, contra lo que el canciller alemán Merz ha denominado fascinación cada vez más profunda por lo autoritario.

Cuando el consejero aragonés de Vivienda, Octavio López, contrapone el aumento de la oferta de los Gobiernos de la derecha, más privada que pública, a la regulación e intervención del mercado de los de la izquierda, debería tener en cuenta que estamos ante un mandato constitucional para garantizar el derecho a una vivienda digna a todos los españoles.

Ambas propuestas no deberían ser incompatibles, tampoco el trabajo conjunto de las administraciones sean del color que sean, para evitarnos la vergüenza de tener que contemplar cómo una inmobiliaria consigue desahuciar de su casa y de su barrio a una casi nonagenaria tan vulnerable como digna.

Trump ha calificado de pobres y atrasados a los que están asumiendo que debe frenarse y regularse internacionalmente la acelerada expansión de los centros de datos y de la Inteligencia Artificial (IA). Entre ellos, a algunos de sus amigos multimillonarios, Sam Altman (Open AI), Dario Amodei (Anthropic) y Elon Musk (SpaceXAI) que se han sumado repentina y sorpresivamente al temor por el irreversible daño que una IA sin control humano puede ocasionar a nuestras vidas. Algo de lo que ya avisó el Papa León XIV el pasado mes de mayo en su encíclica “Magnífica Humanitas” (Magnífica Humanidad) al ensalzar la naturaleza humana y su dignidad única frente a la IA.

Recordemos que un centro de datos es una nave industrial para albergar sistemas informáticos que almacenan, procesan y ejecutan aplicaciones, alojan páginas web, procesan transacciones y entrenan modelos de IA para distribuir información digital a gran escala.

En Estados Unidos, donde no existe un mercado integrado y son operadores regionales los que generan, transportan y distribuyen la energía eléctrica, republicanos y demócratas se han puesto de acuerdo en la Cámara de Representantes y en el Senado para que los grandes consumidores paguen íntegramente la infraestructura eléctrica adicional de generación, transporte y distribución que exigen sus inversiones. Este requisito solo se aplicará a los que hayan firmado un contrato de suministro a partir de la entrada en vigor de la norma. 

Detrás de este acuerdo sin precedentes, que distancia a los republicanos de Silicon Valley, está la presión de las comunidades locales de estados y condados bajo una premisa: que la factura de las grandes tecnológicas no la paguen las familias trabajadoras. Haya o no sol y viento, los centros de datos consumen y se refrigeran continuamente durante las 24 horas de cada día mientras que los efectos positivos de las energías renovables son discontinuos. Algo que puede disparar el coste para el bolsillo de los consumidores si, por ejemplo, hay que recurrir al gas durante determinadas horas. 

Un ejemplo es el del condado de Pierce, en el estado de Washington, que tiene una población aproximada a la de Zaragoza y ofrece corredores industriales llanos como Aragón con acceso directo a las infraestructuras públicas de agua y de electricidad. Pierce ha congelado un año los permisos para centros de datos que superen los 10 megawatios. Quieren ganar tiempo para establecer salvaguardas permanentes para los contribuyentes, normas de transparencia en materia de consumos de agua y de electricidad, y estándares ambientales estrictos en cuanto a las emisiones de carbono.

Otro ejemplo. El del ayuntamiento de Seattle que ha aprobado por unanimidad una moratoria de un año en la tramitación de los nuevos centros de datos mientras los técnicos municipales realizan estudios exhaustivos sobre sus repercusiones reales en materia de energía, agua y salud pública. En Seattle, los centros de datos, que entre los finalizados y los que están en tramitación superan la treintena, ya están consumiendo la energía para abastecer a aproximadamente 300.000 hogares.

Y otro más. El gobernador republicano de Texas, Greg Abbot, ha paralizado tramitar nuevas conexiones hasta auditar todos los centros de datos pendientes. Las solicitudes superan 5 veces el máximo de consumo histórico del segundo estado más poblado de Estados Unidos. El de Pensilvania, Josh Shapiro, lo tiene claro: “Si las comunidades locales no aprueban un proyecto, el Estado tampoco lo aprobará”. 

En España y en Aragón, aunque esté generalizado el minifundismo de las comunidades locales, también es obligado escuchar, respetar la autonomía municipal y evaluar a fondo todos los proyectos de centros de datos solicitados o en tramitación.

El Gobierno de Azcón ha tirado por el camino más previsible, el de atacar al Gobierno de España por querer regular, en línea con la Unión Europea, la implantación de nuevos centros de datos. Sus argumentos: la inseguridad jurídica y los requisitos imposibles que pueden ahuyentar decenas de millones de euros en inversiones.

Según los datos del Gobierno de España, en Aragón los centros de datos (hay 11 tramitados como Proyectos de Interés General Autonómico) se han llevado ya más de 3.600 megawatios, el 67 por ciento de la nueva capacidad concedida a consumidores en la red. Más del doble del pico de demanda eléctrica de toda la comunidad autónoma.

En el borrador de real decreto del ministerio de Transición Ecológica, que pretende priorizar los proyectos más eficientes teniendo en cuenta la capacidad limitada de la red eléctrica, se exige que el 80 por ciento del consumo de los centros de datos proceda de energías renovables, que se proteja al consumidor y que los operadores tecnológicos estén establecidos en la UE (soberanía tecnológica).

¿Qué pasaría con los que ya tienen contratos en marcha y permisos de acceso a la red concedidos? Los derechos adquiridos, las hipotéticas indemnizaciones y el plazo de 6 meses para que los proyectos que ya tienen permiso de acceso se adapten a los nuevos requisitos, son algunas de las cuestiones que tendrán que debatirse en la tramitación parlamentaria.

En todo caso, un saludable escepticismo invitaba a no precipitarse con una barra libre de solicitudes y de ayudas públicas que puede colisionar no solo con algunos municipios a los que no se ha consultado previamente sino también con la gran industria (automóvil, siderurgia, metal, química, cerámica) que consume intensivamente electricidad y que estaba antes.

Son esas compañías las que están reclamando a las tecnológicas memorias obligatorias de consumo de agua, auditorías de costes para evitar fuertes subidas de la factura de la luz y prioridad frente a la IA a la hora de acceder al agua, a la red eléctrica y a los proyectos de descarbonización.

A bote pronto, en Aragón podemos visualizar ejemplos de proyectos logísticos, del sector del automóvil como la planta de baterías destinadas a coches eléctricos en Figueruelas o agroalimentarios como Bon Área en Épila.

No es un asunto de titulares en los que se van sumando con trazo grueso inversiones multimillonarias una tras otra. Ni tampoco de atrasados o de visionarios. Es un asunto complejo que requiere regulación, evaluación rigurosa, y criterios selectivos y eficientes. 

Un dato final. Los análisis económicos de The Guardian, un diario británico que está siendo un ejemplo de reporterismo humano sobre el terreno y de crítica global frente a la acelerada expansión de los centros de datos, revelan que este sector suele inflar los beneficios locales. Han evidenciado, por ejemplo, que los centros de datos en el Reino Unido apenas generan el 25 por ciento de los empleos que las tecnológicas prometen inicialmente. 

Aragón recibió las competencias de educación no universitaria el 15 de septiembre de 1998. Hace 28 años. El presidente era Santiago Lanzuela, el consejero de Educación Vicente Bielza y la ministra de Educación Esperanza Aguirre en un Gobierno presidido por José María Aznar.

Pues bien, 28 años y no sé cuántos Ejecutivos autonómicos después, la actual consejera de Educación, Carmen Susín, acusa a la izquierda de hundir el sistema educativo aragonés y, en particular, a Pedro Sánchez y a Pilar Alegría por el desplome casi generalizado de España y de Aragón en el Informe Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes 2025 (PISA) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Europeo (OCDE). Una insistencia previsible y llorica que ya satura, que revela impotencia y ausencia de iniciativas propias, con tal de no asumir la corresponsabilidad de gobernar en un Estado de las autonomías.

La consejera Susín anunció la puesta en marcha de una comisión de expertos para darle la vuelta al currículo escolar en las materias evaluadas en jóvenes de entre 15 y 16 años: Matemáticas, Lectura y Ciencia. Si tienes un alarmante problema por recibir los peores resultados de la historia, crea una comisión. Decisión razonable que confirma que has detectado tarde el problema y que, en el mejor de los casos, hasta el próximo curso no podrás introducir cambio alguno. Carmen Susín es la tercera consejera de Educación de los Gobiernos de Azcón en tres años después de Claudia Pérez y de Tomasa Hernández.

Pero es que, además, tal y como contó en este diario digital Luis Faci, el Gobierno de Aragón ha dejado sin ejecutar casi 3 de cada 4 euros de la transferencia que desde 2024 realiza el Ministerio de Educación para reforzar las asignaturas de Lectura y Matemáticas. De los 24,7 millones de euros transferidos solo se habían gastado 5,8 a fecha de hoy. Casi 19 millones se habían quedado en el papel en dos de las materias centrales del Informe PISA.

Nos iría mejor a todos si cada actor, en este caso el Gobierno de Aragón y el Gobierno de España, asumieran sus respectivas responsabilidades y se obligaran sean del color que sean a llegar a acuerdos para gestionar la educación, que es una prioridad de interés general y estratégica para el país. Sin señalamientos recurrentes que resultan infantiles, estériles y deprimentes para los ciudadanos.

Durante el curso anterior, en Aragón, que fue adelantada en introducir las pizarras digitales en la escuela, se dio el paso de prohibir los móviles en las aulas y de limitar por etapas el tiempo de uso de las pantallas a las actividades meramente educativas elegidas por los docentes y los equipos directivos.

Ahora, ya con el agua al cuello por los graves déficits de lectura, de atención y de concentración, puede ser el momento, por ejemplo y estoy copiando las sugerencias de una profesora del instituto de Tarazona, Patricia Esteban Erles, de reforzar la escritura en clase, la corrección de textos, la división en párrafos, la lectura en voz alta y tomar apuntes que la curiosidad del alumno deberá ampliar con la información que sea capaz de reunir.

La mejor receta contra la adicción a las redes sociales, a las pantallas y al algoritmo, está primero en manos de los padres y después de los profesores a los que hay que cuidar y motivar para que, con su esfuerzo y con los recursos necesarios, nos saquen del pozo de comodidad, pasividad y desatención en el que generacionalmente nos estamos metiendo, tal y como abruptamente ha desvelado el Informe PISA 2025. Ya no se puede perder más tiempo

El presidente Azcón quiere reforzar en el PP la filosofía y la línea política aragonesista. Por eso ha fichado sí o sí al presidente del Partido Aragonés (Par), Alberto Izquierdo. Una idea, solo es una conjetura, que se le podría haber ocurrido a algún sagaz ex presidente del Par con la que se pretende disimular políticamente la liquidación del partido aragonesista de centroderecha que fundara entre otros Hipólito Gómez de las Roces en 1978 y que llegó a sumar 19 diputados en las Cortes de Aragón en 1987.

En la liquidación se incluyen escisiones, deudas económicas y la desaparición del Parlamento autonómico. De cara a las elecciones locales del año que viene, en la liquidación también se valora, no sin riesgos, el activo de 90 alcaldes y alcaldesas sobre todo en pequeños municipios, especialmente en la provincia de Teruel.

Un apunte histórico. Antes de que naciera el Par, Gómez de las Roces se presentó a las primeras elecciones generales, las de 1977, por la Candidatura Aragonesa Independiente de Centro (CAIC). Salió elegido diputado por Zaragoza. La prioridad del que había sido hasta entonces presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza no fue inicialmente la autonomía sino una mancomunidad de las tres diputaciones. La CAIC no apoyó oficialmente ni participó en la multitudinaria manifestación por la autonomía del 23 de abril de 1978.

Hablando de aragonesismo, otro apunte al hilo del futuro del Centro Aragonés de la calle Joaquín Costa de Barcelona, obra del arquitecto Miguel Ángel Navarro a principios del siglo XX. Cataluña, además de ser el principal destino de la emigración aragonesa durante ese siglo y también el principal mercado de nuestros productos, fue en buena medida el origen de la conciencia aragonesista. 

Gaspar Torrente, nacido en Campo, fue el referente más destacado del aragonesismo político durante esos años. Pequeño empresario, periodista y promotor de la Unión Aragonesista, fue uno de los protagonistas del frustrado anteproyecto de Estatuto de Autonomía aprobado en Caspe en 1936, pocos días antes de que estallara la guerra civil, hace ya 90 años.

No fue el único anteproyecto que se movió al final de la II República. Sectores conservadores, tradicionales y académicos, promovieron otro anteproyecto de Estatuto de Autonomía de Aragón, el conocido como “Estatuto de los Cinco Notables”. En todo caso, lo que quiero subrayar es que el sentimiento aragonesista y autonomista está indisolublemente conectado con la emigración aragonesa a Cataluña, ese potencial humano que, en palabras del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, “contribuyó a que Cataluña alcanzara las cotas de prosperidad de las que hoy disfruta”.

Al debatir sobre el futuro del Centro Aragonés de Barcelona (hubo otros como el de la calle Canuda y muy posteriormente el de Sarriá pero ninguno con el simbolismo del de la calle Joaquín Costa), estamos debatiendo sobre un patrimonio sentimental para los que fuimos a trabajar o a estudiar hace ya cinco o seis décadas. Fue un un espacio de acogida y de ebullición para todos los grandes debates y movilizaciones de la transición (la emigración, la despoblación, las centrales nucleares, la General Motors, el trasvase, los regadíos, los cantautores que estaban como en su casa, el apoyo al periódico Andalán…).

No se trata solo de recuperar cubiertas y fachadas, y de generar ingresos a través de elevados alquileres para poder mantener el edificio. Se trata también, y probablemente ese ha sido el desencadenante de la dimisión de la junta directiva, de respetar y de no arrinconar la memoria histórica y cultural del aragonesismo, de la emigración y de la integración en Cataluña. 

Además de tener un flujo económico de más de 18.000 millones de euros, las dos comunidades compartimos proyectos y 350 kilómetros de vecindad y de lengua común en el Aragón oriental, desde la Ribagorza hasta el Matarraña.

Este patrimonio identitario y sentimental es mucho más trascendente que un fichaje muy a la baja del presidente de un partido aragonesista del que lo que más se recuerda es la expresión “Aragón va de cojón”. Lo de Izquierdo recuerda al capitán que se baja del barco que está naufragando y desde el bote salvavidas les dice a los suyos: ¡Sálvese el que pueda! 

¿Qué ha quedado del patrimonio de ilusión y de entusiasmo por recuperar Aragón de los primeros años de la autonomía y de las movilizaciones de los 90? 

La noche de San Juan, en algunas playas del Mediterráneo los vecinos aguardan expectantes a que lleguen las 12 de la noche para bañarse en el mar y pedir un deseo. Como si fueran las campanadas que preceden al Año Nuevo pero con agua salada en vez de uvas.

Es una tradición pagana de purificación acompañada de hogueras, en la que se comparte comida y bebida en las playas y en las calles, que, cual paradoja, coincide en Aragón con un Gobierno de coalición en el que uno de los dos partidos ni es autonomista ni quiere oír hablar de memoria histórica. Atentos al futuro que les puede esperar a museos como el de la Guerra Civil de Teruel o el del ferrocarril Canfranc-Casetas-Caminreal.

Para despedir el curso, le deseo al presidente Azcón que tenga un buen viaje marketiniano hacia el aragonesismo acompañado del vicepresidente copiloto de Vox, obsesionado este último con deshumanizar a los menores migrantes, desobedecer al Papa y negar el cambio climático.

A los ciudadanos en general les deseo que disfruten de las vacaciones, y que el que pueda hacer que haga. Que haga todo lo posible para escuchar a los otros, para favorecer la distensión, para desactivar la ira y el odio y para cuidar la convivencia. Hasta la vuelta, conmocionado por la tragedia de Venezuela. Ante esa catástrofe humanitaria, todo lo demás resulta insignificante.

Fue la consigna que el pasado martes reunió a su viuda Pili, y a un grupo de familiares y ciudadanos, en el Centro Pignatelli de Zaragoza para recordar a José Luis Batalla Carilla cuando se está acercando el primer aniversario de su fallecimiento. Una persona de una excepcional humanidad que desprendía la sencillez del cristiano de base, a la que no le gustaba la exposición pública, pero que a lo largo de su vida no dejó de impulsar proyectos innovadores de todo tipo en Aragón.

Fue referencia de valores como la generosidad y la solidaridad con los vulnerables, un adelantado en el compromiso con la paz, con la transición ecológica, con los acuerdos que resuelven conflictos sociales en el territorio y con la actualización del derecho civil aragonés.

También con una iniciativa periodística como 'El Día de Aragón', que nació a principios de los años ochenta, a la par que el Estatuto de Autonomía de Aragón, para renovar y modernizar el panorama informativo en un momento en el que la pluralidad estaba en riesgo por los cierres de medios de comunicación.

De su legado habló Jesús María Alemany, de su trabajo como registrador de la Propiedad Belén Madrazo, de la Candidatura Ciudadana Independiente que se presentó a las primeras elecciones municipales en 1979 Juan Rubio, de Cáritas Carlos Gómez, de El Día de Aragón el que esto suscribe, de la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes) José Manuel Marraco, de su pasión por el Derecho civil aragonés Carmen Bayod, de la amistad y de la familia Ramón Salanova, y del Seminario de Investigación para la Paz (SIP) Carmen Magallón que compartió la dirección del acto con Víctor Viñuales, ex director general de Ecodes.

Ciudadana e Independiente, como la candidatura por la que se presentó en 1979 a la Alcaldía de Zaragoza, son dos términos que se fundieron con la forma de ser y con la trayectoria de José Luis Batalla desde el principio hasta el final. Sus proyectos siempre nacían desde abajo hacia arriba. Escuchaba y se ponía en el lugar del otro, pero al mismo tiempo defendía con firmeza sus convicciones más profundas.

Por ejemplo, El Día de Aragón nació con 63 fundadores y alcanzó los 1.500 pequeños accionistas. Ninguno podía poseer más del 5 por ciento del capital social ni representar más del 15. Aquella aventura apasionante –ese fue el título del número cero- no pudo afianzarse como una empresa de largo plazo porque ese dilema y esa contradicción entre laaventura y la empresa nos acompañaron siempre.

Pagamos un peaje fue muy alto cuando el director general de la entonces Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja (CAMPZAR), José Joaquín Sancho Dronda, nos retiró la publicidad porque habíamos publicado unas informaciones sobre la empresa Actividades Agrícolas Aragonesas (Agrar), dedicada a la distribución de fertilizantes, abonos y productos para el campo, que dirigía su yerno Pedro de Wenetz.

En aquellos tiempos la Caja todavía olía a tomillo. Un informe del Banco de España había detectado una desmesurada concentración de riesgos con la entidad financiera, propietaria de la empresa, que se acercaban a los 9.000 millones de pesetas.

Nunca olvidaré que José Luis, que sabía lo que nos estábamos jugando, sin arredrarse se puso del lado de los periodistas y del derecho a la información.

Como tampoco se amedrentó con el “pelotazo” urbanístico de los suelos de la desaparecida estación ferroviaria del Arrabal. Renfe, en plena liquidación de patrimonio para hacer caja, se los había vendido por 250 millones de pesetas a una empresa, Lugarma, que se había constituido 14 días antes. A los tres meses, los compradores, que eran unos promotores sorianos, los revendieron por 1.042 a tres constructoras locales. Unas plusvalías de casi 800 millones de pesetas en un tiempo récord.

Contar aquello nos costó una querella por difamación del responsable de Patrimonio de Renfe, José Miguel Colmenares, que anteriormente en la primera Corporación democrática había sido gerente de Urbanismo de Zaragoza. Era una de esas querellas que intimidan por el alto coste económico que podían suponer para una modesta empresa periodística.

Con la gran defensa del abogado y fundador del periódico Alfonso Horno  se consiguió que el juez desestimara la querella. El derecho a la información prevaleció sobre el derecho al honor.

Batalla no fallaba, pero era humano y en algunas ocasiones sí lo hacía. Como aquel 10 de mayo de 1995 en el Parque de los Príncipes cuando –la anécdota la contó su sobrino Pepo- se perdió el gol de Nayim. Se acercaban los penaltis y José Luis decidió pasar por el urinario poco antes de que acabara la prórroga. Nayim marcó en el minuto 119 y 40 segundos. Las cosas del directo.

Gracias, José Luis, por cómo eras y por todo el camino que hiciste. Mantendremos siempre viva tus firmes convicciones de independencia y de ciudadanía y, como siempre decías, intentaremos cada día ser felices. En Aragón hacen falta muchos Batallas.

Paso página y finalizo recomendando vivamente el documental “Cuatro Casas”, dirigido por Jesús Bosque y protagonizado y guionizado por Mariví Broto Cosculluela y Severino Pallaruelo Campo, que se presentó la semana pasada en el Patio de la Infanta de Ibercaja, en un acto conducido por Genoveva Crespo.

Una narración personal y muy emotiva de la vida en núcleos como Guaso, Puyarruego, Escapa y Morillo de Sampietro, en los valles aislados del Sobrarbe en los que apenas había presencia del Estado, en los que regían la naturaleza, la tradición y la autosuficiencia, y en los que las personas no eran libres. Me quedo con dos sentimientos: el predominio de las Casas familiares sobre las personas y el hilo de araña o la cadena de goma que mantiene unidos de por vida a los protagonistas del documental con sus orígenes.

Les dejo con una entrevista con el director, Jesús Bosque.

Está pasando. A pesar de la suspensión temporal del concierto del bachillerato con entidades privadas, decidida por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) el pasado jueves, el Gobierno de Aragón está empeñado en abrir la vía para normalizar la financiación pública generalizada del bachillerato privado.

Al recurso interpuesto por 17 organizaciones defensoras de la enseñanza pública, el TSJA respondió que un Ejecutivo en funciones no puede aprobar convenios con entidades privadas de los que deriven obligaciones para la Hacienda autonómica salvo en casos de urgente y extraordinaria necesidad. No era el caso. Considera, además, que esa aprobación hipotecaba al nuevo Gobierno al que, eso sí, reconoce que la concertación es “una opción de planificación educativa de competencia autonómica”.

A algunos ya nos había sorprendido que esta medida la firmara y la anunciara una consejera de Educación en funciones que había renunciado a continuar en el cargo, Tomasa Hernández, antes de que el PP cerrara los pactos con Vox. ¿Pudo ser una de las condiciones previas que impuso el partido de Abascal?

Y aún nos sorprendió más que, sin esperar a la decisión del TSJA, el Consejo de Gobierno tirara para adelante el pasado miércoles, en un alarde de poder, autorizando que se incluyera por primera vez la financiación pública del primer curso de bachillerato en centros privados y concertados. Iban a ser 56,7 millones de euros hasta el curso 2030-2031 para una enseñanza que no es obligatoria.

Según el Ejecutivo, este cambio de modelo, suspendido temporalmente por el TSJA, obedecía a la demanda social, a la gratuidad y al principio de libre elección del centro educativo. No pueden argumentar el principio de igualdad de oportunidades porque en todo el territorio solo lo garantiza la enseñanza pública como tan bien lo sabemos los que hemos nacido y los que están naciendo en el mundo rural, a los que hay que cuidar especialmente en el Aragón despoblado. Como tan bien lo saben las familias con menos recursos económicos y la mayoría de los inmigrantes que estamos acogiendo. 

Políticamente, resulta clarificador que se quiera cambiar el modelo incluyendo como financiación pública singular enseñanzas que hasta ahora no eran obligatorias cuando hay tantas plazas por estabilizar –en Aragón alrededor de 2.000- y tantas necesidades que atender en los centros educativos públicos.

Por ejemplo, en un momento en el que las tempranas y frecuentes olas de calor acaban de desnudar la imprevisión de las administraciones con la adaptación climática de las escuelas de Primaria y los centros de Secundaria. Estos centros, incluidas las escuelas infantiles, son competencia de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. 

La Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) calcula que en España solo el 1 por ciento de los 19.338 centros educativos públicos está climatizado. Muchos se construyeron antes de que el cambio climático se convirtiera en un problema de salud pública y en los más recientes no se tuvo en cuenta esa previsión porque, total, en julio y agosto no hay clases. Una mentalidad de ahorro económico esta última que ha saltado por los aires cuando, por poner un ejemplo, el Observatorio Europeo del Clima y la Salud calcula que hasta 2040 la provincia de Sevilla registrará 41 días lectivos anuales por encima de los 29 grados centígrados. 

La normativa de prevención de riesgos laborales dice que por encima de los 27 grados no se debería realizar actividad alguna y la Asociación Española de Pediatría mantiene que en las aulas a partir de los 26 grados se deteriora el aprendizaje y por encima de los 30 el aula deja de ser un lugar adecuado para aprender. 

A pesar de que el consejero de Educación de Madrid frivolizara afirmando que “el calor inspira” o una diputada aragonesa de Vox “que los niños no son de mantequilla”, estamos hablando de una prioridad política a la que el Gobierno de Aragón respondió con el Plan “Aulas que respiran”. Inspirador lema para enviar un cuestionario de diagnóstico a todos los centros públicos, también a los integrados y a los de educación especial. El plazo para responderlo finaliza este próximo lunes. A partir de ahí se conocerán las necesidades de cada centro y se iniciara una “estrategia progresiva” a desplegar durante años. Vamos tarde. La ciencia ha ido mucho más rápido pero, en fin, más vale tarde que nunca.

Lo cierto es que estamos ante una prioridad que desborda las posibilidades de una sola administración. Los técnicos calculan que serían necesarios 10.000 millones de euros para garantizar el confort térmico en todos los centros públicos educativos de España.

En el caso de las escuelas infantiles se está avanzando más rápido gracias a la iniciativa de las asociaciones de padres y de madres, y de los ayuntamientos. No se trata solo de climatizar con bombas de calor o placas fotovoltaicas, o de aislar, ventilar y colocar toldos. Se trata, mirando al futuro, de hacer también habitables con sombra y fuentes los patios escolares y, en definitiva, de ir transformando los centros educativos públicos en refugios climáticos.

El Gobierno de España, a través del ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), aprobó el pasado martes una inversión de 368 millones de euros para la rehabilitación y eficiencia energética de instalaciones públicas: 200 millones para colegios e institutos públicos y 168 para hospitales, centros de salud y consultorios locales. Serán insuficientes pero, al menos, la ministra Sara Aagesen ya llevaba adelantado el diagnóstico. Otra cosa será que lleguen a coordinarse el Gobierno de España, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

La crispación lo está solapando pero está pasando y no solo en la educación. También en la sanidad pública aragonesa: 3,2 millones de euros en solo 14 meses en contratos con Ribera Salud, propiedad de un grupo privado francés, para atender consultas, guardias e intervenciones quirúrgicas, en los hospitales de Huesca, Teruel, Calatayud, Alcañiz y Barbastro.

Otro cambio de modelo –el avance de la externalización en la atención sanitaria pública- que los aragoneses tendremos que evaluar serenamente si podemos aislarnos de la ruidosa contaminación en el debate público. 

Y hablando de calor, finalizo con Radio Futura y su Escuela de Calor. Con el zaragozano Santiago Auserón al frente, fue uno de los grupos musicales más reconocidos de la movida de los 80.

Al consejero de Hacienda de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, le faltó tiempo para anunciar que no acudiría a la reunión a la que le había convocado el ministro de Hacienda, Arcadi España. Desde Génova habían decidido que ningún consejero de Hacienda de las comunidades autónomas que gobierna el PP acudiera a reuniones bilaterales sobre un asunto de interés general como lo es la reforma de la financiación autonómica que legalmente tendría que haberse revisado en 2014. Va con 12 años de retraso.

La negativa al diálogo y al acuerdo ha sido una constante durante toda la legislatura, se trate de una pandemia, de una catástrofe natural, de una guerra o de la distribución de menores inmigrantes, para no dar oxígeno o legitimidad, como se prefiera, al Gobierno de Pedro Sánchez. Aún menos en las actuales circunstancias de proximidad de las elecciones locales y autonómicas, y de actuaciones policiales y causas judiciales focalizadas en el PSOE, que una parte de la ciudadanía está percibiendo con doble rasero y velocidad.

El interés partidario ha primado sobre el interés general. El PP no ha presentado alternativa alguna a la propuesta que acordaron previamente el Gobierno de España y la Generalidad de Cataluña como se comprobó en la reciente intervención de Alberto Núñez Feijóo en Barcelona en unas Jornadas del Círculo de Economía.

En presencia de Feijóo, la presidenta del Círculo de Economía, Teresa García Milà, animó a los dos grandes partidos a alcanzar acuerdos en cuestiones estratégicas en el actual contexto internacional que exige visión a largo plazo y grandes consensos: “No se puede construir desde la confrontación permanente”.

El líder del PP continúa sin dar con la tecla con Cataluña y tampoco con Euskadi, atrapado entre el concepto de nación única, que patenta la Comunidad de Madrid por boca de Isabel Ayuso y José María Aznar, y los Gobiernos con Vox. Un partido este último que quiere desmontar el Estado de las Autonomías, ilegalizar a los partidos independentistas, relegar el euskera y el catalán, y que está señalando a los inmigrantes, y en general a los que no son blancos y cristianos, en “abierta colisión” con el Papa León XIV.

Resulta paradójico, permítaseme la ligereza, que en la Comunidad que tiene como una de sus referencias globales más potentes al Real Madrid, ningún jugador de este equipo vaya a jugar con la selección española el inmediato Mundial de fútbol. En la convocatoria definitiva, sí están ocho jugadores del Barcelona y dos de los mejores son hijos de la inmigración africana, Lamine Yamal y Nico Willians. 

La advertencia de Aznar de que están en grave riesgo la comunidad nacional y el sentimiento de pertenencia conecta directamente con el rechazo a la plurinacionalidad y al federalismo. Nación única. Un concepto que es santo y guía de la Comunidad de Madrid que se presenta como guardiana de las esencias del Estado, también del que actúa desde la sombra, localizado en una línea recta que va desde Atocha hasta la plaza de Castilla con sus consiguientes derivaciones.

Concepto que se exporta a las comunidades próximas a través de la financiación de soportes digitales y contertulios de trinchera política, y, en clave de guerra cultural, de programaciones taurinas en las teles autonómicas como la Feria de San Isidro.

Desde la redacción del artículo segundo de la Constitución camino de los 48 años, continúan enfrentados los conceptos del centralismo, del federalismo y del independentismo. En los últimos tiempos, más enconadamente que nunca. Finalmente, quedó así: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”. La solidaridad apareció al final.

Cataluña ha sido el primer interlocutor de la propuesta de financiación autonómica de la que el PP no quiere dialogar bilateralmente. En realidad, no quiere hablar de ningún modo hasta después de las elecciones generales. En el caso de Aragón, el acuerdo se simplifica en 630 millones de euros más de aportación del Estado y en una quita de 2.124 millones de euros de deuda del Fondo de Liquidez Autonómica.

Pero es que Cataluña también fue el primer interlocutor para el presidente Aznar y su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cuando en 2001 pactaron bilateralmente con Jordi Pujol un nuevo modelo de financiación autonómica que se aplicó a todas las comunidades autónomas de régimen común que, por ejemplo, pasaron a gestionar el 30 por ciento de la recaudación del IRPF. Ese acuerdo fue la continuidad del Pacto del Majestic que había llevado a Aznar a la Moncloa con los votos de Convergència i Unió.

Lo dicho: casi 48 años después de aprobarse la Constitución la organización del Estado continúa inacabada, los españoles estamos cada vez más polarizados y la política representativa en una crisis más profunda que está radicalizando a los electores.

Como mantiene el primer presidente autonómico de Aragón, Santiago Marraco: “falta una definición constitucional de los procedimientos de coordinación, con efectos de obligatoriedad para todas las partes, que forman parte intrínseca de los Estados Federales”. Corresponsabilidad obligatoria en los asuntos de interés general. Por su convicción federalista, él y su Gobierno siempre estuvieron en el punto de mira de Ferraz entre 1983 y 1987.

Pánico financiero. Iñaki Gabilondo describía así la situación de los medios de comunicación en un reciente Foro del periódico La Vanguardia. Explicaba: “La realidad de la comunicación es en parte hija de la ideología y en parte hija de la desesperación financiera; buscando los atajos se llega a la frivolidad, al sensacionalismo, a radicalizar tantas cosas, a forzar las posturas y a disfrazarte de joven”.

Coincidieron estas afirmaciones con el anuncio de la salida de Ángels Barceló de la Cadena Ser y con el paso atrás de la primera línea informativa de Carlos Alsina en Onda Cero. Por distintas razones, me sentí cercano a los dos. Con Ángels porque desde lo local puedo ponerme en su lugar cuando se defiende la autonomía informativa frente al criterio del accionista principal, en este caso líder de un fondo de inversión, en pleno tambaleo de un Gobierno.

Con Alsina, “no estoy para tumbar Gobiernos pero tampoco para favorecer la presidencia de esos Gobiernos para quien no ha sabido ganársela por sí mismo”, porque me identifico con ese hartazgo por tratamientos informativos que se están travistiendo en un “reality show” diario. Poca reflexión, descalificaciones constantes, los autos judiciales se toman como sentencias, la centralidad de los datos atropellada por la polarización y los sobresaltos emocionales, y las investigaciones policiales espectaculares y en ocasiones imprecisas que están causando daños colaterales desde el punto de vista de la presunción de inocencia.

En lo local, no ha podido ser más machista y miserable –no me resisto a contarlo- que uno de esos medios digitales de ultraderecha, que desconocen Aragón pero que están financiados generosamente por quienes están gobernando las instituciones, califique de “topo” a una directora general, histórica militante del Par, porque tiene una relación de pareja con un periodista asesor de Pilar Alegría. La sucia filtración ha coincidido con la llegada de Vox al departamento pero es que la directora general ya lo era antes de que su pareja tuviese vinculación alguna con la líder socialista. Inmoral y repulsivo.

Más coincidencias. La misma mañana que el Papa León XIV recibe al presidente del Gobierno, la UCO entra en la sede del PSOE por una campaña de obstrucción y persecución a la Justicia. Leo al director de Agenda Pública, Marc López Plana: “No hace falta una condena judicial para que un procedimiento judicial produzca efectos políticos. La justicia está ocupando el espacio simbólico que la política deja vacío……ya no es un árbitro jurídico sino un actor central del clima político”.

Bajo esta dinámica, cada vez son más los ciudadanos, y no solo los afiliados, simpatizantes y votantes del PSOE, que pueden estar percibiendo que hay algunos jueces y magistrados que son militantes con una misión que cumplir. La judicialización de la política, en la que tan activas económicamente están siendo asociaciones como Manos Limpias, Hazte Oír o Abogados Cristianos, puede acabar alimentando la politización de la justicia.

Tiempos oscuros en los que si alguien está arrojando luz es el Papa que llegará a España el próximo 6 de junio. En su primera encíclica, 'Magnifica Humanitas', planta cara a los “tecnooligarcas”, los que se están beneficiando del pánico financiero en los medios de comunicación, al plantear que hay que desarmar la Inteligencia Artificial cuando ya hay sistemas autónomos que están decidiendo sobre la vida y la muerte en el campo de batalla.

León XIV está en sintonía con el Gobierno de España en la acogida a la inmigración y en la solidaridad siempre del lado de los más débiles. Sobre la polarización: “Es necesario fomentar un diálogo fructífero entre los diversos componentes de la sociedad civil, basado en el respeto mutuo y orientado a la promoción del bien común”. Que tomen nota nuestros líderes políticos y, con especial devoción, los confesionales.

En Zaragoza, el pasado miércoles apadrinada por la Fundación Bernardo Aladrén echó a andar la propuesta 'Zaragoza sueña fuerte', que lleva la firma de Francisco Pellicer, ex director adjunto de la Expo 2008, y de Jesús Alquézar, ex director de Zaragoza Activa, con una notable participación de asociaciones de vecinos y ciudadanas con el firme empeño de estimular la participación para alcanzar un pacto intergeneracional y un pacto social sobre el futuro de la ciudad.

Entre otras cosas, se habló de una ciudad que facilita el relevo generacional en los comercios y las pymes de los barrios tradicionales. De una ciudad esponja que lucha con zonas verdes y parques de lluvias contra los inesperados arreones de calor. Sí, contra el cambio climático. Con menos cemento y sin muros que, a juicio de Francisco Pellicer, nos van a alejar del disfrute del agua y del arbolado en el gran proyecto del Río Huerva en el que, lo contaba Luis Faci el pasado jueves, el equipo de gobierno de Zaragoza ha gastado 230.000 euros en apenas seis meses para promocionarlo en los medios de comunicación.

El pasado miércoles comenzó una conversación significativa en una Zaragoza que quiere seguir el hilo que tan emotivamente lanzó Paula Ortiz en el Pregón de las Fiestas del Pilar: se trata de construir una ciudad que no abandona a los débiles, que cuida a quienes nos cuidaron y a los que están por venir, que acoge a los que llegan. Precisamente ese mismo día, miles de musulmanes zaragozanos que conviven, o al menos coexisten con nosotros, habían celebrado el Día del Cordero en la explanada de la Torre del Agua y en el Parque Luis Buñuel.

A raíz de la reciente visita de Trump a China, se ha hablado reiteradamente de la “trampa de Tucídides”, el historiador y militar ateniense que teorizó sobre la alta probabilidad de un conflicto cuando rivalizan una potencia dominante (Esparta) y otra emergente (Atenas).

Toda decadencia empieza cuando la potencia dominante pierde la capacidad de distinguir entre administrar el mundo y tener algo que decir sobre él. Y China, han coincidido la mayoría de los analistas, tenía algo que decir al mundo, empequeñeció a Trump y visualizó la ventaja que lleva como la gran fábrica mundial de los productos más valiosos.

Tucídides amplió su reflexión para contarnos cómo se destruye la polis, la ciudad, al volverse incapaz de hablar sobre sí misma. ¿Zaragoza es una ciudad en ascenso o en declive? Si la miramos por población, la cuarta de España, por la situación en el cuadrante más rico de España, por la logística, la industria automovilística o por la masiva y cuestionada atracción de centros de datos, sería una ciudad en ascenso.

Sin embargo, si la evaluamos por los humillantes resultados deportivos de elite, con la excepción del Casademont de baloncesto femenino, por los vuelos de pasajeros del aeropuerto, por las iniciativas creativas e innovadoras, que están desapareciendo una tras otra, la última la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, o por su proyección internacional, sería una ciudad en declive o, por ser más benévolos, con poco que ofrecer al mundo. 

En lo que sí creo que podemos estar de acuerdo muchos es en que Zaragoza es una ciudad que habla poco sobre sí misma. Sin proyectos singulares y globales más allá de administrar la mejora de calles, plazas y avenidas, la desinhibida expansión urbanística a costa en repetidas ocasiones del patrimonio histórico, la recuperación de las orillas del Huerva, que quedó pendiente después de la Expo, y los eventos tan vistosos como efímeros y costosos. No hay debate de altura ni participación de profesionales, académicos, asociaciones ciudadanas y entidades y organizaciones sociales, sobre el futuro de la Zaragoza que queremos para las siguientes generaciones advertidas por las consecuencias del cambio climático.

Por eso, me parece relevante que el próximo miércoles 27 se vaya a presentar una propuesta, “Zaragoza sueña fuerte, hacia una ciudad saludable, justa y próspera” que lleva la firma del hiperactivo geógrafo Francisco Pellicer, un apasionado de la ciudad, y del que fuera director de Zaragoza Activa, Jesús Alquézar. La Fundación Bernardo Aladrén acogerá la presentación del proyecto. Más o menos, así se sembró la semilla de la Expo Internacional sobre Agua y Desarrollo Sostenible de 2008. 

En su propuesta, Pellicer y Alquézar nos sitúan en la encrucijada de optar entre dos caminos. El de la ciudad como negocio rentable, que brilla pero no acoge, en la que gana su valor de cambio, su potencial como activo financiero, hostelero y turístico, que desde la pandemia está acaparando el espacio público. O el modelo de ciudad saludable y apacible que prioriza la calidad de vida, el bienestar colectivo y el urbanismo interdependiente entre los sistemas naturales y los procesos humanos.

Hablan, por ejemplo, de la ciudad esponja que se protege frente a las tormentas torrenciales y las inundaciones con parques de lluvias, como el Parque del Agua Luis Buñuel o el futuro pulmón verde en Arcosur que está promoviendo la Junta de Compensación.

Y alertan, al hilo del despliegue de hormigón y sensores acordado con Amazon Web Services (AWS) en el barranco de la Muerte, en Parque Venecia, que existe una diferencia importante entre usar la tecnología para gestionar una ciudad (sensores y sistemas predictivos que pueden salvar vidas) y convertir la ciudad en una plataforma tecnológica dependiente de corporaciones privadas. ¿Quién controla la infraestructura digital sobre la que empiezan a apoyarse servicios públicos esenciales? ¿Quién gobierna los datos urbanos?

La brecha digital también es una cuestión de sistemas que no se controlan y que no se pueden auditar a tiempo desde las administraciones públicas.

Los tres ejes estratégicos de la propuesta “Zaragoza sueña fuerte” son la planificación sostenible, la salud ambiental y la equidad social.

Planificación sostenible: reducir la dependencia del vehículo privado, ampliar los corredores verdes y azules que atraviesan la trama urbana y previenen el cambio climático y dar prioridad a la rehabilitación de los barrios consolidados.

Salud ambiental: renaturalizar los espacios degradados y los solares , la economía circular y el fomento de las energías renovables, del autoconsumo y de la eficiencia energética.

Equidad social: acceso a la vivienda, a la educación, a la cultura y a los servicios sanitarios de calidad en todos los barrios, integrar el bienestar psicológico, cultural y paisajístico como un valor esencial en el diseño urbano, y fomentar la participación ciudadana en todos los procesos de planificación para fortalecer el sentimiento de pertenencia.

Los autores del proyecto “Zaragoza sueña fuerte” consideran que “la inversión más rentable no es la que genera plusvalías, sino la que multiplica los encuentros, fortalece la salud y teje la cohesión social en cada barrio. Un banco a la sombra, una escuela abierta, una línea de tranvía o un árbol que resiste la sequía y el estrés urbano son formas de riqueza más estables y humanas que cualquier fondo de inversión”.

En definitiva, que la ciudad, en su sentido más profundo, no es un negocio. Es una conversación y ha llegado el momento de que Zaragoza lidere esa conversación y diga algo al mundo.

Escuchando el pasado martes a Óscar Camps, activista fundador de Open Arms, visualicé la barca neumática volcada con varias gaviotas en su lomo como única señal de vida que apareció los primeros días de mayo en una playa del Cabo de Gata. Durante aquellos días de mar calmado, la Guardia Civil llegó a rescatar 10 cadáveres en el litoral almeriense, desde Roquetas de Mar hasta Vera.

Camps, en la entrevista de Candela Canales publicada en este diario, afirmaba que hemos normalizado ver el dolor ajeno como si fuera una película. Esa misma sensación tuve esa tarde ante la expectación que levantó la llegada de la barca y el traslado por parte de voluntarios hasta la playa en un litoral al que ya han llegado las narcolanchas y el petaqueo (una nueva fuente de ingresos para los que desde tierra las abastecen con bidones de gasolina).

Desde enero hasta finales de abril, la Organización Internacional de Migraciones había sumado cerca de mil personas muertas o desaparecidas en el Mediterráneo. Un mar que continúa siendo una fosa común para los que huyen de las guerras, de las persecuciones y de la miseria desde África y Oriente Medio.

En la presentación en Zaragoza del libro 'Open Arms. Una misión a contracorriente', un libro en caja precintada sin lomo ni portada que contrasta con el algoritmo y la pantalla, Camps hizo un llamamiento a la responsabilidad y a la movilización de la sociedad civil: “No hemos sido nunca héroes, sino solo testigos que se negaron a callar”. 

La saturación informativa, las mentiras y la manipulación de guerras y emergencias humanitarias –basta comparar la respuesta de 2003 a la guerra de Irak con la apatía actual– está configurando una sociedad civil de brazos caídos. Ayer se cumplieron 15 años desde las movilizaciones del 15-M, aquel ejemplo de democracia directa en las plazas, y hoy el viento del malestar por la política y la precariedad económica sopla del lado de la extrema derecha. Se extienden la resignación y la frustración.

Frente al desánimo prolongado en el tiempo, Open Arms presenta 10 años de resistencia, 125 operaciones de salvamento marítimo y 72.000 personas salvadas de una muerte segura en el Mediterráneo y en el Egeo. 

Todo empezó el 2 de septiembre de 2015 con la aparición del cadáver de Aylan Kurdi, el niño ahogado en una playa turca en plena crisis migratoria siria. Diez años después, esta organización de voluntarios de salvamento marítimo continúa dando prioridad a la vida y a los derechos humanos –después de la flotilla de Gaza la siguiente misión será llevar placas solares a un hospital pediátrico de La Habana– pero ya no se les ve como héroes, se han convertido en villanos.

Resultan incómodos porque están descubriendo la pasividad y el cinismo de la Unión Europea con acuerdos como el de regar con miles de millones de euros a Turquía para que frene la ola migratoria. Además, Open Arms está en el punto de mira de la extrema derecha internacional porque al efecto llamada y a la expansión del miedo contraponen con datos el efecto huida. Solo entre el 10 y el 12 por ciento de los nmigrantes irregulares que llegan a España lo hacen en pateras. Si alguien está más cerca de ellos ahora mismo es el Papa León XIV y las oenegés de la Iglesia católica.

Un reciente estudio de la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) concluye que solo se quedaron 7 de los 15 millones de extranjeros que llegaron a España entre 2002 y 2024. Los motivos: el alto coste de la vivienda y la falta de empleo estable. La tasa de retención fue del 48 por ciento, muy lejos del 60 por ciento que registran Alemania y Suecia.

El estudio, “Los límites de la inmigración para el ajuste demográfico en España”, cuestiona la idea de que la inmigración pueda revertir la caída de la natalidad y resolver por sí sola el declive demográfico español. Los inmigrantes se concentran, sobre todo, en la Comunidad de Madrid, Cataluña y Baleares. Los analistas proyectan que en 2040 por cada menor de 15 años tendremos más de 5 personas que superarán los 50 años.

Se cae por su peso la idea conspiranoica y xenófoba del gran reemplazo. Villanos o héroes, el ayuntamiento de Zaragoza los distinguió en 2018 con la “Estrella Europa” y el Gobierno de Aragón los contrató dos años más tarde para realizar un programa piloto de prevención de la Covid con los temporeros de la fruta en la comarca de Calatayud, Open Arms continuará aferrándose a la convicción de que pase lo que pase, ninguna vida debe quedar a la deriva.

En los últimos días se ha producido una advertencia sobre los peligros de los nacionalismos extremos con conexión entre Londres y Zaragoza. La última obra de Banksy, un activista enigmático y genial, ha coincidido en el tiempo con la conmemoración de los 25 años del asesinato de Manuel Giménez Abad.

Con sus intervenciones en el espacio urbano, el misterioso artista de Bristol, denuncia sorpresiva y efímeramente las desigualdades y vergüenzas de nuestras sociedades.

La escultura de Banksy representa a un hombre vestido de traje que camina hacia adelante desde un pedestal mientras enarbola una bandera que se enreda en su rostro dejándolo ciego. Se descubrió en la plaza de Waterloo, cerca del Palacio de Buckingham, una zona diseñada a mayor gloria del imperialismo y el dominio militar británico del siglo XIX. El paralelismo con la tiranía del “emperador” Trump, “América primero” por encima del derecho internacional, parece evidente. 

A Manuel Giménez Abad fue otro nacionalismo identitario y criminal el que le disparó dos tiros en la espalda y un tercero en la nuca en la calle Cortes de Aragón un domingo 6 de mayo de 2001 cuando caminaba hacia el estadio de La Romareda con su hijo Borja, de 17 años. Euskadi estaba en campaña y, como se confirmó pocos días después con un descalabro electoral, las previsiones eran malas para el partido Euskal Herritarrok, anterior Herri Batasuna, el brazo político de ETA.

Giménez Abad, que había asumido la presidencia del PP de Aragón en enero, era consciente del riesgo que corrían él y su familia pero, conociéndole, no sería descartable que aquella tarde quisiera evitar que sus escoltas interrumpieran su descanso dominical.

Antes de ser nombrado consejero independiente en el Gobierno de Santiago Lanzuela (1995-1999) y de afiliarse posteriormente al PP, Giménez Abad, junto a otros cualificados funcionarios de formación autonomista y federalista, había sido secretario general técnico del departamento de Presidencia que dirigió Andrés Cuartero en el primer Gobierno autonómico elegido democráticamente del que fue presidente Santiago Marraco. 

Fue uno de los técnicos que cimentó la autonomía y, como consejero de Presidencia, tuvo un papel muy relevante en la gestión de la tragedia del campin “Las Nieves” de Biescas cuando todavía estaban muy verdes los protocolos de actuación en emergencias como la de la riada del 7 de agosto de 1996 en el barranco de Arás que se llevó 87 vidas y dejó cerca de 200 heridos. 

Como se ha repetido, era un hombre bueno, sin ningún ánimo de trascender y, debo destacarlo, era un gran servidor público al que se le veía incómodo con los zigzagueos de la política partidaria. Aún recuerdo su cara de incredulidad cuando después de haber sido claramente la candidatura más votada en las autonómicas de 1999 perdieron el Gobierno al pactar con el PSOE el que había sido hasta entonces su compañero de coalición, el Partido Aragonés que presidía José María Mur.

Como ha dicho estos días su hijo, el ahora eurodiputado Borja Giménez, mantener su memoria “ayuda a deslegitimar social, moral y políticamente la violencia; puede servir para dejar claro quiénes fueron sus verdugos y también como una inyección frente a derivas extremistas y discursos radicales”.

El autor material de los disparos, Mikel Carrera, alias “Ata”, fue condenado por la Audiencia Nacional en septiembre de 2023 a 30 años de prisión. Está cumpliendo condena a cadena perpetua en Francia por tres asesinatos en territorio galo: dos guardias civiles y un policía francés. Fue el único condenado por el asesinato del político aragonés.

David Pla, uno de los etarras que, viviendo en un piso franco en el barrio de Las Fuentes de Zaragoza, estuvo siguiendo a políticos aragoneses durante 8 meses, los meses previos al atentado, sería el jefe de la banda terrorista que leería en 2011 el comunicado del cese definitivo de la actividad armada de ETA.

Después de cumplir condena, sin haber condenado en firme el terrorismo, se incorporó a la dirección política de Sortu, antigua HB, hoy integrado en la coalición EH Bildu. La bandera de Banksy cegando la vista y el respeto por la vida hasta justificar los asesinatos como el resultado de una lucha colectiva.

Yendo al otro extremo del nacionalismo, los que conocimos a Giménez Abad estamos convencidos de que no hubiera aceptado los acuerdos de Gobierno del PP con Vox, un partido este último que rechaza lo que el tanto creía, el Estado de las autonomías, ni la prioridad nacional, ni la confrontación permanente hasta en crisis globales de salud pública, ni tampoco que un agitador de la tensión y del odio como Vito Quiles, esté protegido por el PP y sea protagonista en el cierre de una campaña electoral en Aragón. El valor de la legitimidad moral de unas convicciones.

Estoy seguro de que se sentiría más identificado con la respuesta de la catedrática de Ética y filósofa valenciana, Adela Cortina, que en una reciente entrevista contestó: “Si pudimos volver a la concordia hace 50 años después de una guerra civil en la que se habían hecho salvajadas, por qué no se va a poder ahora. Se tiene que poder”.

En la competición de visualizaciones del vídeo más impactante del Día de Aragón, en esta ocasión no ganó ni el del Gobierno de Aragón ni el de la empresa cervecera de la tierra. Ganaron contundentemente las deplorables imágenes de El Alcoraz proyectando en todo el mundo, pocas horas después de las celebraciones del 23 de abril, una imagen macarra de los dos principales clubes de fútbol de la comunidad autónoma. Mal juego, victoria de penalti del Huesca, pelea y agresiones al final del partido, tres expulsiones y, a falta de 5 partidos para finalizar la temporada, los dos equipos en puestos de descenso a la tercera categoría del fútbol profesional.

Era el partido de rivalidad autonómica, el mejor cierre festivo a la programación de San Jorge, pero no asistieron ni el presidente de Aragón, todavía en funciones, ni las alcaldesas de Zaragoza y de Huesca. Todo un síntoma de los malos tiempos que corren para los equipos de fútbol más representativos de la comunidad autónoma, precisamente cuando más dinero público están recibiendo.

El estadio de El Alcoraz va a pasar a ser propiedad del Gobierno de Aragón –acordó el año pasado la compra por más de 24 millones de euros a pagar en cinco anualidades para compensar las pérdidas de la sociedad anónima– y a la Nueva Romareda cuando esté terminada el Ejecutivo autonómico y el Ayuntamiento de Zaragoza habrán destinado como mínimo 150 millones de euros. No tengo ninguna duda de que, en circunstancias deportivas más cómodas, las autoridades habrían estado en el palco.

Mirando al pasado, esas ausencias conectan también con la huida de las burguesías locales de la gestión de las dos sociedades anónimas. La Fundación 2032 se disolvió y las familias Alierta, Yarza y el empresario Carlos Iribarren salieron del consejo de administración del Real Zaragoza hace ya cuatro años. En el barco solo se quedó el empresario y promotor inmobiliario Juan Forcén.

Justo cuando desde el Pignatelli se reiteran mensajes triunfalistas sobre la situación económica de la comunidad autónoma y cuando Amazon en el caso del Huesca e Ibercaja en el del Zaragoza han firmado contratos de patrocinio de 3 y de 10 años respectivamente. El gigante tecnológico y el poder financiero autonómico echando una mano pero sin entrar en el capital social ni en los consejos de administración. El Real Zaragoza lleva ya 12 temporadas en Segunda División que, en el mejor de los escenarios, serán 13.

Al frente del consejo de la Sociedad Deportiva Huesca está Ricardo Mur, empresario tecnológico, ex presidente de la CEOE Aragón y ex concejal del ayuntamiento de Zaragoza en el que coincidió con Jorge Azcón, y como presidente de la Sociedad Anónima del Real Zaragoza figura Jorge Mas, empresario cubano estadounidense y presidente del Inter de Miami que esta temporada solo ha estado una vez en la capital aragonesa viendo un partido del Real Zaragoza. Fue el 6 de septiembre del año pasado contra el Valladolid (1-1).

Rodeado de la plantilla, con Messi a la cabeza, sí estuvo el pasado mes de marzo con Donald Trump tras ganar el Inter de Miami por primera vez en su historia la competición estadounidense de fútbol. En su discurso en la Casa Blanca, Mas destacó la cultura ganadora del club y el lema de la camiseta del equipo, ‘Libertad para soñar’, y dando un salto a la política, tras mencionar al secretario de Estado, Marcos Rubio, pronosticó que “se acerca el día de la libertad en Cuba”.

Con el Real Zaragoza, ni cultura ganadora ni libertad para soñar. Los resultados deportivos y empresariales transmiten apatía, desánimo y abandono, sin dejar de ponderar las 5 ampliaciones de capital, la reducción de la deuda y, en una situación límite, la decisión de poner al frente de la dirección deportiva a Lalo Arantegui. Los de casa siempre al rescate pero en esta ocasión muy tarde y a la desesperada.

Para finalizar, déjenme que les cuente una ocurrencia bienintencionada. Un modesto club escocés, el Heart de Edimburgo, está siendo uno de los modelos más singulares y exitosos del fútbol británico. Una empresaria tecnológica, Ann Budge, lo sacó de la quiebra en 2014 (tenía 30 millones de libras de deuda) y años después ya reflotado, en agosto de 2021, vendió sus acciones por un precio simbólico a la Fundación de los Corazones, de la que son propietarios los miles de aficionados que decidieron aportar a partir de un mínimo de 10 libras al mes. Más o menos lo que puede representar una suscripción de un diario digital o la cuota de una oenegé.

Resultado: más del 70 por ciento del capital social está en manos de unos 8.000 donantes que han recaudado en 5 años más de 20 millones de libras, el equivalente a 23 millones de euros. El resto pertenece a un inversor relacionado con el mundo analítico de fichajes de jugadores y entrenadores que, sin derecho a voto, desembolsó el año pasado 10 millones de libras. Pues bien, a falta de 4 partidos para finalizar la competición los Hearts son líderes por delante del Celtic de Glasgow y del Glasgow Rangers que desde 1985, hace 41 años, han ganado todos los títulos de Liga.

El Heart es el equipo propiedad de los seguidores más grande del Reino Unido. Es un ejemplo de gestión empresarial responsable y de arraigo solidario manteniendo un comedor social en un barrio, Georgie, en el que viven muchas familias vulnerables. Doce temporadas después del descenso a Segunda División uno se pregunta, ¿hubiera sido posible con generosidad empresarial, imaginación y trabajo, una fórmula similar para el Real Zaragoza?

* Una curiosidad histórica. En 1966, el Zaragoza de los Magníficos ganó al Heart una reñida eliminatoria de la Copa de Ferias con desempate incluido en La Romareda. El Zaragoza llegaría a la final que perdería contra el Barcelona.

Para calibrar el desatino de la decisión, basta comparar cómo estaba Jorge Azcón antes de adelantar las elecciones autonómicas y cómo está ahora. Forzado a mimetizarse ideológica y dócilmente con la extrema derecha, con el nadie de fuera por delante de un español, ha tenido que dejar en las manos de un partido hostil al Estado de las autonomías y a los inmigrantes los servicios sociales, la familia, que no las familias, el medio ambiente, atención a las trabas a las energías renovables, la agricultura, atención al choque con el Pacto verde europeo, la desregulación, que no deja de ser una copia sin definición de la motosierra de Milei, una vicepresidencia de las Cortes de Aragón y el senador autonómico. Esta última concesión dejará a Eloy Suárez sin la presidencia de la comisión de investigación “Koldo” en el Senado.

Todo bajo el eslogan de la prioridad de los españoles en las ayudas y prestaciones sociales, en los programas de vivienda y en el acceso a los servicios públicos. Estamos ante un concepto estratégico que les daría un vuelco radical a las políticas públicas al reconfigurar el principio constitucional de igualdad (artículo 14) que prohíbe discriminar por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión: todos los españoles somos iguales ante la ley.

Se abre el melón para que el acceso a los derechos básicos del estado de bienestar (sanidad, educación, vivienda, servicios sociales) pase de ser universal a ser selectivo. Se pretenden jerarquizar por origen y pertenencia. Quizá por eso el candidato del PP a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, está reclamando que se concentre el voto en su persona para no tener que pactar con Vox en una comunidad autónoma cuya economía necesita tanto a los trabajadores agrícolas nacidos fuera de España. Quizá también, en este caso por el peso del voto latino, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se desmarcó de lo que pactó su partido en Extremadura y, por extensión, en Aragón.

Además de la más que probable vulneración de la Constitución, el concepto de la prioridad nacional choca también con la Ley de Extranjería que prohíbe discriminar a las personas extranjeras respecto a los españoles y con el Evangelio porque para los creyentes ayudar al extranjero, migrante o necesitado, equivale a ayudar a Jesús.

La prioridad nacional no es ninguna novedad. La patentó hace ya 50 años el entonces presidente del Frente Nacional francés, Jean Marie Le Pen. Después la han reutilizado Donald Trump en Estados Unidos, “América primero”, y todos los partidos europeos de extrema derecha, “los de casa primero”. Nacionalismo selectivo.

El que va a ser presidente de Aragón, Jorge Azcón, y la que ya es presidenta de Extremadura, María Guardiola, intentan salir de la confusión en la que se han metido dejando caer que se respetará la ley y que lo de la prioridad nacional se basará en el arraigo y el afecto al territorio aunque se haya residido de forma irregular. Vox no dice lo mismo.

¿Qué pasaría si por ejemplo un catalán recién empadronado en Aragón quisiera acceder a los derechos del estado de bienestar y a una vivienda pública? ¿Cómo se mediría su arraigo y la intensidad de su afecto por la comunidad autónoma? ¿Y si nos vamos a Cataluña y la ultraderecha independentista llega tener en el futuro poder de decisión y utiliza esos mismos criterios para excluir a los españoles?

¿Con qué nos quedamos, con que se mantendrán las ayudas a las oenegés que trabajan con migrantes irregulares, muchas de ellas vinculadas a la Iglesia católica, o con que se suprimirán como proclama Vox?

¿Cómo pretenden luchar contra la supuesta imposición del catalán que hablan decenas de miles de aragoneses cuando esa lengua es optativa tanto en primaria como en secundaria y bachillerato y cuando, al igual que el aragonés, está protegida por el Estatuto de Autonomía, por la Ley de Patrimonio Cultural de Aragón, por la Ley de Lenguas, por la Carta europea de protección y promoción de las lenguas regionales o minoritarias y por el Consejo de Europa? Como afirmó en su día el que fuera consejero de Cultura y Educación en el primer Gobierno autonómico, José Bada: “El diálogo es un problema, la lengua un problemica y el nacionalismo un gran problema”.

Mal comienzo para un pacto de gobierno que nace con interpretaciones tan diferentes de los que lo han firmado y con tantas dudas sobre uno de los pilares del Estado liberal, la igualdad ante la ley, y sobre derechos de ciudadanía que son universales.

Bajo un cierzo de justicia, hace unos días hablaba en las puertas de su granja con un vecino de mi pueblo que hizo varias campañas de la remolacha en Francia a principios de los 70. Para la primera campaña necesitó el permiso paterno porque aún no había cumplido los 18 años. Me habló de las jornadas de trabajo que empezaban cuando todavía no había amanecido, del alojamiento, de la comida y del esfuerzo físico que exigía la recolección y, con satisfacción, de los ahorros en pesetas que poco después le permitieron hacerse una vivienda.

Fuimos y todavía somos un país de migrantes que, sí, que íbamos con los papeles en regla en busca de una vida mejor. Como la inmensa mayoría de los aproximadamente 500.000, entre 15 y 17.000 en Aragón, que va a regularizar el decreto aprobado por el Gobierno el pasado 14 de abril.

Entraron en España con visado o autorización legal y han sido la pérdida del empleo y la rigidez de los procedimientos, las dificultades para mantener o renovar permisos, los que los han dejado en una posición administrativa irregular.

En 2024 entraron en España 1.144.277 personas extranjeras, de ellas solo 63.970 lo hicieron por vía irregular marítima o terrestre. El 95 por ciento llegaron de forma completamente regular.

Si hiciéramos un retrato robot saldría el de una mujer latinoamericana que trabaja en el servicio doméstico, en el sector de los cuidados o en la atención a la dependencia. Son datos que he extraído de una reciente publicación de Federico Abizanda, miembro de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz, en la revista Actualidad de las Empresas Aragonesas (AEA).

Son personas que cuidan a mayores y dependientes, limpian nuestras casas, también los espacios comunes, nos traen los paquetes, recogen las cosechas en el campo, alquilan viviendas, estudian, consumen, dan vida a los barrios y contribuyen a garantizar nuestras pensiones con sus cotizaciones.

Un estudio de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) subraya que la irregularidad se está dando en ámbitos especialmente feminizados, con elevada economía sumergida y una fuerte demanda derivada del envejecimiento de la población. Lo que se traduce en muchos casos en salarios por debajo de convenio y en jornadas abusivas.

El cuello de botella se produce cuando el mercado laboral necesita mano de obra en determinados sectores, entre los que podemos incluir también la hostelería, y las administraciones son incapaces de ofrecer itinerarios ágiles para atender esa demanda de manera regular.

No estamos, por tanto, ante un problema de ellos frente a nosotros, alimentado por la desinformación e instrumentalizado políticamente para discriminar como se desprende de una primera lectura de los pactos del PP y de Vox en Extremadura. Estamos ante el desafío de cómo gestionar y ordenar un flujo migratorio seguro y regular, que haga innecesarias las regularizaciones masivas. Desde la década de los 90 ha habido seis con Gobiernos tanto del PSOE como del PP.

El decreto aprobado por el Gobierno sintoniza con la Iniciativa Legislativa Popular que hace dos años firmaron más de 600.000 personas y entidades sociales, entre ellas organizaciones de la Iglesia católica como Cáritas. El mensaje es que al fenómeno migratorio se le puede dar respuesta desde los derechos y no desde el miedo, el señalamiento y la represión.

A la regularización se podrán acoger las personas extranjeras que vivan en España desde antes del 1 de enero de este año, previos certificados de empadronamiento, vulnerabilidad y antecedentes penales. Las autorizaciones de residencia y trabajo tendrán la vigencia inicial de 1 año.

Un Informe del Consejo Económico y Social atribuye a la inmigración un 80 por ciento del incremento de la riqueza española entre 2019 y 2024 y cifra en 2,4 millones las necesidades de empleos en España hasta 2035. Según el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, hay más de tres millones de afiliados extranjeros a la Seguridad Social y el 43 por ciento del empleo creado desde la reforma laboral corresponde a trabajadores de otros países.

El decreto del 14 de abril refuerza también la calidad democrática de una sociedad. Puede ser un punto de partida para ordenar el mercado laboral y desbrozar caminos para mejorar la inclusión, la convivencia, la integración en el territorio y, en definitiva, la cohesión social.

Ni invasiones, ni efecto llamada, ni propagación del odio. Los necesitamos. Tras el decreto de regularización en una España que se acerca a los 50 millones de habitantes, la prioridad para las administraciones debe ser ampliar la oferta de viviendas, planificar bien las repercusiones en los servicios públicos para que no se resientan y cooperar lealmente, sean del signo político que sean, en beneficio de la ciudadanía.

Abrir la vía de las subvenciones públicas a los centros privados de secundaria debilitará la enseñanza pública que es la que está asegurando la vida de los pequeños municipios y la progresión de todos salvando las diferencias de renta y patrimonio

La abogada, jueza y consejera de Educación en funciones, Tomasa Hernández, nació en Torrelacárcel, un pequeño pueblo de la comarca turolense del Jiloca que actualmente tiene alrededor de 130 habitantes. Entre su pueblo y el mío, Fuentes Claras, hay 30 kilómetros de distancia. Todos los que fuimos alumnos de la escuela rural de esa generación estudiamos el bachillerato elemental con los maestros del pueblo. En mi caso, con don Bernardo y don Manuel. Ni nuestros padres podían costearnos ese gasto en Teruel ni había centros de enseñanza secundaria en las cabeceras comarcales.

Al terminar el curso teníamos que examinarnos por libre en el instituto público José Ibáñez Martín de la capital para convalidar nuestro aprendizaje. Así fuimos superando los cursos hasta que llegamos al bachillerato superior y, en mi caso como en el de tantos otros, gracias al esfuerzo económico de nuestros padres entramos en el colegio seminario menor Las Viñas. Otros lo hicieron en La Salle en el que acabamos todos porque fue el único internado privado que impartió el primer Curso de Orientación Universitaria (COU). En la década de los 70 la única opción asequible para los alumnos rurales era el internado en los colegios religiosos, de misa diaria y ejercicios espirituales.

Así salimos adelante gracias a que la escuela pública nos había garantizado la progresión formativa, con el posterior salto a estudios superiores, cívica y social. Por eso, me ha llamado la atención el contraste de ver a una consejera en funciones, que conoce de primera mano la escuela pública, y en particular de la rural, anunciar que a partir del próximo curso se va a subvencionar/concertar con dinero público el bachillerato en 20 centros educativos privados en Aragón. Para empezar, unos siete millones de euros que irán incrementándose curso tras curso con más clases. 

El contraste fue aún mayor cuando hace ya unos días había trascendido que Tomasa Hernández se retiraba de la política y cuando todavía el PP y Vox están negociando el futuro Gobierno. Sobre la base de la libertad de elección y de atender a los alumnos vulnerables de los centros privados, se decide comprometer dinero público para voltear el modelo educativo cuando en la mayor parte del territorio no se puede elegir y son los centros públicos de primaria y de secundaria los que acogen a todos los alumnos vulnerables. En plena interinidad, con prórroga presupuestaria y sin escuchar a las organizaciones sindicales y sociales.

Afortunadamente, y he tardado a subrayarlo, ha sido la inversión pública la que ha facilitado que todas las comarcas cuenten ya con institutos de enseñanza secundaria y que los padres no tengan que romperse la cabeza ni el bolsillo para que sus hijos puedan estudiar. La equidad y la igualdad de oportunidades solo la garantizan los centros públicos corrigiendo discriminaciones e itinerarios selectivos. Es la justicia natural de dar a cada uno lo que merece y necesita, viva donde viva, reconociendo sus diferencias y sus características personales.

Resulta evidente que abrir la vía de las subvenciones públicas a los centros privados de secundaria debilitará la enseñanza pública que es la que está asegurando la vida de los pequeños municipios y la progresión de todos salvando las diferencias de renta y patrimonio. Por eso, necesita recursos suficientes para atender dignamente todo el territorio, incluido el profesorado de las escuelas infantiles.

En mi pueblo, en Fuentes Claras, está abierta una escuela infantil con 7 niños y la de primaria con más de 20. Como si nos hubiera tocado el gordo de la Lotería Nacional, la noticia que corre desde hace semanas de boca en boca es que al finalizar este año habrán nacido 7 niños más. Un seguro de vida para un municipio que tiene poco más de 400 habitantes.

Lo que está ocurriendo con los conciertos sugiere al menos dos interpretaciones. O Vox lo ha puesto como condición previa para hacer presidente a Jorge Azcón o el PP ha decidido aplicar la política de hechos consumados cuando, según las organizaciones sindicales y sociales de la enseñanza pública, hay más de 1.300 vacantes disponibles en la enseñanza pública.

El dato deja sin justificación docente las subvenciones públicas al bachillerato en los centros privados. La decisión apunta más bien a motivos ideológicos de desconfianza hacia la enseñanza pública. No olvidemos el precedente de las ayudas del actual equipo de gobierno del ayuntamiento de Zaragoza a los centros concertados que, a la espera de que haya sentencia firme del Tribunal Supremo, han sido tumbadas judicialmente tres veces desde el pasado mes de julio por discriminar a la escuela pública.

Les dejo con la cola musical de “Recuerdo infantil” de Antonio Machado interpretada por el cantaor y maestro de flamenco Calixto Sánchez.

Han coincidido en el tiempo. La cesión del Acuario de Zaragoza a Global Omnium, la compañía que gestiona el Oceanogràfic de Valencia y el Acuario de Sevilla, y unas Jornadas en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza (Unizar) para visibilizar al naturalista y científico aragonés, Odón de Buen, considerado el padre de la oceanografía española que murió exiliado en Méjico.

Jesús Morte, uno de los empresarios familiares más comprometido con la Expo 2008, reflotó el Acuario Fluvial tras el cierre de la cita internacional y la retirada del anterior concesionario. Años después, las dificultades económicas de una instalación única en Europa, dedicada a los ecosistemas fluviales en la que conviven 5.000 animales de 350 especies distintas, y la falta de relevo generacional le han motivado a ceder a Global Omnium la concesión en un proceso negociador paralelo al del Parque de Atracciones, este último con más incertidumbre sobre su futuro y el de los 81 puestos de trabajo.

Morte convirtió el Acuario, que exige una atención especializada, un control del agua y una atención veterinaria permanente, en un referente cultural y turístico de Zaragoza con más de 105.000 visitas anuales, un alto porcentaje de ellas de escolares.

Con la crisis del Acuario, el sueño poético de la Zaragoza marina del escritor Javier Delgado y del pintor e ilustrador Jorge Gay, una Zaragoza de vientos y mareas con el padre Ebro como protagonista, se desvanece. Lo positivo: Global Omnium ofrece la garantía de estar gestionando en Valencia el mayor Acuario de Europa, referente internacional en la conservación y divulgación del medio marino, conectado con universidades y centros científicos para facilitar la investigación aplicada y ambiental.

Como apasionado oceanógrafo, librepensador, europeísta, naturalista y científico, Odón de Buen, desde la aridez de su Zuera natal fue pionero en impulsar a principios del siglo pasado laboratorios de estudio e investigación de los mares y su biodiversidad en Barcelona, Palma de Mallorca, Santander y Málaga.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, descubrió el pasado noviembre un busto dedicado al científico aragonés en el Paseo de la Farola, frente a la sede actual de la Comandancia Naval que anteriormente albergó el laboratorio oceanográfico. Esa misma tarde en un Pleno extraordinario le concedieron la Medalla de la ciudad y lo distinguieron como Hijo Adoptivo.

El director de la cátedra María Domínguez de Memoria Democrática, Alberto Sabio, recordó que ni tiene una calle en la capital aragonesa ni hueco en los libros de texto escolares. Odón de Buen militó en la Unión Republicana de Nicolás Salmerón, presidente ejecutivo de la I República, fue concejal y senador por Barcelona y confrontó abiertamente con el clero en el debate de la ciencia versus la teología. La cátedra María Domínguez fue una de las organizadoras de las recientes Jornadas junto a la Unizar, la Fundación 14 de abril y la Fundación Odón de Buen.

Esta última se constituyó en Zuera hace poco más de 4 años, consecuencia del continuado reconocimiento a su figura de alcaldes y ex alcaldes del municipio como Andrés Cuartero, Luis Zubieta y Javier Puyuelo. Puyuelo está al frente de la Fundación que persigue difundir su legado a nivel internacional, en especial como fuente de inspiración para las nuevas generaciones.

Un colegio público de enseñanza infantil y primaria lleva su nombre en Zuera. El patio de recreo se diseñó con un anfiteatro para 250 personas en honor del naturalista y científico aragonés. El centro es pionero en nuevas estrategias educativas como así lo reconoció la reina Letizia abriendo en Zuera el curso escolar en 2021.

Odón de Buen, cuyos métodos de enseñanza abiertos a viajes y excursiones entroncaban con la Institución Libre de Enseñanza, fue encarcelado en Mallorca tras el golpe de estado de julio de 1936. Canjeado por otros prisioneros del bando franquista, marchó al exilio pasando por Francia para terminar fijando su residencia en México donde falleció en 1945. Desde 2004 sus restos descansan en un mausoleo del cementerio municipal de Zuera por el empeño de la Fundación Odón de Buen en repatriarlos.

Según su biógrafo, Antonio Calvo, la pasión del zufariense por el estudio de los mares despertó cuando se subió como naturalista a un barco de la Armada española. A partir de ahí, la biología marina pasó a ser oceanografía y desde el 21 de noviembre de 2024 el mayor buque de investigación oceanográfica de España lleva el nombre de Odón de Buen. Con una inversión de 85 millones de euros, tiene capacidad para desplegar equipamientos que estudian la biodiversidad y monitorizan el cambio climático en profundidades superiores a los 6.000 metros. Depende del ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que dirige Diana Morant.

La coincidencia entre el cambio de concesionario del Acuario de Zaragoza y las Jornadas sobre Odón de Buen en la Unizar pueden ser una oportunidad para reconocerlo en Zaragoza dando a ese equipamiento el nombre del visionario y todavía olvidado naturalista y científico aragonés.

En las Jornadas “Odón de Buen, el oceanógrafo aragonés exiliado” se proyectó el documental “El olvido del mar” de Mirella Abrisqueta protagonizado por Carmelo Gómez, que estrenó el pasado 30 de enero Aragón TV. Como cola musical, les dejo una de las interpretaciones de Joaquín Pardinilla, guitarra, y Juan Luis Royo, saxofón.