Al consejero de Hacienda de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, le faltó tiempo para anunciar que no acudiría a la reunión a la que le había convocado el ministro de Hacienda, Arcadi España. Desde Génova habían decidido que ningún consejero de Hacienda de las comunidades autónomas que gobierna el PP acudiera a reuniones bilaterales sobre un asunto de interés general como lo es la reforma de la financiación autonómica que legalmente tendría que haberse revisado en 2014. Va con 12 años de retraso.

La negativa al diálogo y al acuerdo ha sido una constante durante toda la legislatura, se trate de una pandemia, de una catástrofe natural, de una guerra o de la distribución de menores inmigrantes, para no dar oxígeno o legitimidad, como se prefiera, al Gobierno de Pedro Sánchez. Aún menos en las actuales circunstancias de proximidad de las elecciones locales y autonómicas, y de actuaciones policiales y causas judiciales focalizadas en el PSOE, que una parte de la ciudadanía está percibiendo con doble rasero y velocidad.

El interés partidario ha primado sobre el interés general. El PP no ha presentado alternativa alguna a la propuesta que acordaron previamente el Gobierno de España y la Generalidad de Cataluña como se comprobó en la reciente intervención de Alberto Núñez Feijóo en Barcelona en unas Jornadas del Círculo de Economía.

En presencia de Feijóo, la presidenta del Círculo de Economía, Teresa García Milà, animó a los dos grandes partidos a alcanzar acuerdos en cuestiones estratégicas en el actual contexto internacional que exige visión a largo plazo y grandes consensos: “No se puede construir desde la confrontación permanente”.

El líder del PP continúa sin dar con la tecla con Cataluña y tampoco con Euskadi, atrapado entre el concepto de nación única, que patenta la Comunidad de Madrid por boca de Isabel Ayuso y José María Aznar, y los Gobiernos con Vox. Un partido este último que quiere desmontar el Estado de las Autonomías, ilegalizar a los partidos independentistas, relegar el euskera y el catalán, y que está señalando a los inmigrantes, y en general a los que no son blancos y cristianos, en “abierta colisión” con el Papa León XIV.

Resulta paradójico, permítaseme la ligereza, que en la Comunidad que tiene como una de sus referencias globales más potentes al Real Madrid, ningún jugador de este equipo vaya a jugar con la selección española el inmediato Mundial de fútbol. En la convocatoria definitiva, sí están ocho jugadores del Barcelona y dos de los mejores son hijos de la inmigración africana, Lamine Yamal y Nico Willians. 

La advertencia de Aznar de que están en grave riesgo la comunidad nacional y el sentimiento de pertenencia conecta directamente con el rechazo a la plurinacionalidad y al federalismo. Nación única. Un concepto que es santo y guía de la Comunidad de Madrid que se presenta como guardiana de las esencias del Estado, también del que actúa desde la sombra, localizado en una línea recta que va desde Atocha hasta la plaza de Castilla con sus consiguientes derivaciones.

Concepto que se exporta a las comunidades próximas a través de la financiación de soportes digitales y contertulios de trinchera política, y, en clave de guerra cultural, de programaciones taurinas en las teles autonómicas como la Feria de San Isidro.

Desde la redacción del artículo segundo de la Constitución camino de los 48 años, continúan enfrentados los conceptos del centralismo, del federalismo y del independentismo. En los últimos tiempos, más enconadamente que nunca. Finalmente, quedó así: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”. La solidaridad apareció al final.

Cataluña ha sido el primer interlocutor de la propuesta de financiación autonómica de la que el PP no quiere dialogar bilateralmente. En realidad, no quiere hablar de ningún modo hasta después de las elecciones generales. En el caso de Aragón, el acuerdo se simplifica en 630 millones de euros más de aportación del Estado y en una quita de 2.124 millones de euros de deuda del Fondo de Liquidez Autonómica.

Pero es que Cataluña también fue el primer interlocutor para el presidente Aznar y su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cuando en 2001 pactaron bilateralmente con Jordi Pujol un nuevo modelo de financiación autonómica que se aplicó a todas las comunidades autónomas de régimen común que, por ejemplo, pasaron a gestionar el 30 por ciento de la recaudación del IRPF. Ese acuerdo fue la continuidad del Pacto del Majestic que había llevado a Aznar a la Moncloa con los votos de Convergència i Unió.

Lo dicho: casi 48 años después de aprobarse la Constitución la organización del Estado continúa inacabada, los españoles estamos cada vez más polarizados y la política representativa en una crisis más profunda que está radicalizando a los electores.

Como mantiene el primer presidente autonómico de Aragón, Santiago Marraco: “falta una definición constitucional de los procedimientos de coordinación, con efectos de obligatoriedad para todas las partes, que forman parte intrínseca de los Estados Federales”. Corresponsabilidad obligatoria en los asuntos de interés general. Por su convicción federalista, él y su Gobierno siempre estuvieron en el punto de mira de Ferraz entre 1983 y 1987.

Pánico financiero. Iñaki Gabilondo describía así la situación de los medios de comunicación en un reciente Foro del periódico La Vanguardia. Explicaba: “La realidad de la comunicación es en parte hija de la ideología y en parte hija de la desesperación financiera; buscando los atajos se llega a la frivolidad, al sensacionalismo, a radicalizar tantas cosas, a forzar las posturas y a disfrazarte de joven”.

Coincidieron estas afirmaciones con el anuncio de la salida de Ángels Barceló de la Cadena Ser y con el paso atrás de la primera línea informativa de Carlos Alsina en Onda Cero. Por distintas razones, me sentí cercano a los dos. Con Ángels porque desde lo local puedo ponerme en su lugar cuando se defiende la autonomía informativa frente al criterio del accionista principal, en este caso líder de un fondo de inversión, en pleno tambaleo de un Gobierno.

Con Alsina, “no estoy para tumbar Gobiernos pero tampoco para favorecer la presidencia de esos Gobiernos para quien no ha sabido ganársela por sí mismo”, porque me identifico con ese hartazgo por tratamientos informativos que se están travistiendo en un “reality show” diario. Poca reflexión, descalificaciones constantes, los autos judiciales se toman como sentencias, la centralidad de los datos atropellada por la polarización y los sobresaltos emocionales, y las investigaciones policiales espectaculares y en ocasiones imprecisas que están causando daños colaterales desde el punto de vista de la presunción de inocencia.

En lo local, no ha podido ser más machista y miserable –no me resisto a contarlo- que uno de esos medios digitales de ultraderecha, que desconocen Aragón pero que están financiados generosamente por quienes están gobernando las instituciones, califique de “topo” a una directora general, histórica militante del Par, porque tiene una relación de pareja con un periodista asesor de Pilar Alegría. La sucia filtración ha coincidido con la llegada de Vox al departamento pero es que la directora general ya lo era antes de que su pareja tuviese vinculación alguna con la líder socialista. Inmoral y repulsivo.

Más coincidencias. La misma mañana que el Papa León XIV recibe al presidente del Gobierno, la UCO entra en la sede del PSOE por una campaña de obstrucción y persecución a la Justicia. Leo al director de Agenda Pública, Marc López Plana: “No hace falta una condena judicial para que un procedimiento judicial produzca efectos políticos. La justicia está ocupando el espacio simbólico que la política deja vacío……ya no es un árbitro jurídico sino un actor central del clima político”.

Bajo esta dinámica, cada vez son más los ciudadanos, y no solo los afiliados, simpatizantes y votantes del PSOE, que pueden estar percibiendo que hay algunos jueces y magistrados que son militantes con una misión que cumplir. La judicialización de la política, en la que tan activas económicamente están siendo asociaciones como Manos Limpias, Hazte Oír o Abogados Cristianos, puede acabar alimentando la politización de la justicia.

Tiempos oscuros en los que si alguien está arrojando luz es el Papa que llegará a España el próximo 6 de junio. En su primera encíclica, 'Magnifica Humanitas', planta cara a los “tecnooligarcas”, los que se están beneficiando del pánico financiero en los medios de comunicación, al plantear que hay que desarmar la Inteligencia Artificial cuando ya hay sistemas autónomos que están decidiendo sobre la vida y la muerte en el campo de batalla.

León XIV está en sintonía con el Gobierno de España en la acogida a la inmigración y en la solidaridad siempre del lado de los más débiles. Sobre la polarización: “Es necesario fomentar un diálogo fructífero entre los diversos componentes de la sociedad civil, basado en el respeto mutuo y orientado a la promoción del bien común”. Que tomen nota nuestros líderes políticos y, con especial devoción, los confesionales.

En Zaragoza, el pasado miércoles apadrinada por la Fundación Bernardo Aladrén echó a andar la propuesta 'Zaragoza sueña fuerte', que lleva la firma de Francisco Pellicer, ex director adjunto de la Expo 2008, y de Jesús Alquézar, ex director de Zaragoza Activa, con una notable participación de asociaciones de vecinos y ciudadanas con el firme empeño de estimular la participación para alcanzar un pacto intergeneracional y un pacto social sobre el futuro de la ciudad.

Entre otras cosas, se habló de una ciudad que facilita el relevo generacional en los comercios y las pymes de los barrios tradicionales. De una ciudad esponja que lucha con zonas verdes y parques de lluvias contra los inesperados arreones de calor. Sí, contra el cambio climático. Con menos cemento y sin muros que, a juicio de Francisco Pellicer, nos van a alejar del disfrute del agua y del arbolado en el gran proyecto del Río Huerva en el que, lo contaba Luis Faci el pasado jueves, el equipo de gobierno de Zaragoza ha gastado 230.000 euros en apenas seis meses para promocionarlo en los medios de comunicación.

El pasado miércoles comenzó una conversación significativa en una Zaragoza que quiere seguir el hilo que tan emotivamente lanzó Paula Ortiz en el Pregón de las Fiestas del Pilar: se trata de construir una ciudad que no abandona a los débiles, que cuida a quienes nos cuidaron y a los que están por venir, que acoge a los que llegan. Precisamente ese mismo día, miles de musulmanes zaragozanos que conviven, o al menos coexisten con nosotros, habían celebrado el Día del Cordero en la explanada de la Torre del Agua y en el Parque Luis Buñuel.

A raíz de la reciente visita de Trump a China, se ha hablado reiteradamente de la “trampa de Tucídides”, el historiador y militar ateniense que teorizó sobre la alta probabilidad de un conflicto cuando rivalizan una potencia dominante (Esparta) y otra emergente (Atenas).

Toda decadencia empieza cuando la potencia dominante pierde la capacidad de distinguir entre administrar el mundo y tener algo que decir sobre él. Y China, han coincidido la mayoría de los analistas, tenía algo que decir al mundo, empequeñeció a Trump y visualizó la ventaja que lleva como la gran fábrica mundial de los productos más valiosos.

Tucídides amplió su reflexión para contarnos cómo se destruye la polis, la ciudad, al volverse incapaz de hablar sobre sí misma. ¿Zaragoza es una ciudad en ascenso o en declive? Si la miramos por población, la cuarta de España, por la situación en el cuadrante más rico de España, por la logística, la industria automovilística o por la masiva y cuestionada atracción de centros de datos, sería una ciudad en ascenso.

Sin embargo, si la evaluamos por los humillantes resultados deportivos de elite, con la excepción del Casademont de baloncesto femenino, por los vuelos de pasajeros del aeropuerto, por las iniciativas creativas e innovadoras, que están desapareciendo una tras otra, la última la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, o por su proyección internacional, sería una ciudad en declive o, por ser más benévolos, con poco que ofrecer al mundo. 

En lo que sí creo que podemos estar de acuerdo muchos es en que Zaragoza es una ciudad que habla poco sobre sí misma. Sin proyectos singulares y globales más allá de administrar la mejora de calles, plazas y avenidas, la desinhibida expansión urbanística a costa en repetidas ocasiones del patrimonio histórico, la recuperación de las orillas del Huerva, que quedó pendiente después de la Expo, y los eventos tan vistosos como efímeros y costosos. No hay debate de altura ni participación de profesionales, académicos, asociaciones ciudadanas y entidades y organizaciones sociales, sobre el futuro de la Zaragoza que queremos para las siguientes generaciones advertidas por las consecuencias del cambio climático.

Por eso, me parece relevante que el próximo miércoles 27 se vaya a presentar una propuesta, “Zaragoza sueña fuerte, hacia una ciudad saludable, justa y próspera” que lleva la firma del hiperactivo geógrafo Francisco Pellicer, un apasionado de la ciudad, y del que fuera director de Zaragoza Activa, Jesús Alquézar. La Fundación Bernardo Aladrén acogerá la presentación del proyecto. Más o menos, así se sembró la semilla de la Expo Internacional sobre Agua y Desarrollo Sostenible de 2008. 

En su propuesta, Pellicer y Alquézar nos sitúan en la encrucijada de optar entre dos caminos. El de la ciudad como negocio rentable, que brilla pero no acoge, en la que gana su valor de cambio, su potencial como activo financiero, hostelero y turístico, que desde la pandemia está acaparando el espacio público. O el modelo de ciudad saludable y apacible que prioriza la calidad de vida, el bienestar colectivo y el urbanismo interdependiente entre los sistemas naturales y los procesos humanos.

Hablan, por ejemplo, de la ciudad esponja que se protege frente a las tormentas torrenciales y las inundaciones con parques de lluvias, como el Parque del Agua Luis Buñuel o el futuro pulmón verde en Arcosur que está promoviendo la Junta de Compensación.

Y alertan, al hilo del despliegue de hormigón y sensores acordado con Amazon Web Services (AWS) en el barranco de la Muerte, en Parque Venecia, que existe una diferencia importante entre usar la tecnología para gestionar una ciudad (sensores y sistemas predictivos que pueden salvar vidas) y convertir la ciudad en una plataforma tecnológica dependiente de corporaciones privadas. ¿Quién controla la infraestructura digital sobre la que empiezan a apoyarse servicios públicos esenciales? ¿Quién gobierna los datos urbanos?

La brecha digital también es una cuestión de sistemas que no se controlan y que no se pueden auditar a tiempo desde las administraciones públicas.

Los tres ejes estratégicos de la propuesta “Zaragoza sueña fuerte” son la planificación sostenible, la salud ambiental y la equidad social.

Planificación sostenible: reducir la dependencia del vehículo privado, ampliar los corredores verdes y azules que atraviesan la trama urbana y previenen el cambio climático y dar prioridad a la rehabilitación de los barrios consolidados.

Salud ambiental: renaturalizar los espacios degradados y los solares , la economía circular y el fomento de las energías renovables, del autoconsumo y de la eficiencia energética.

Equidad social: acceso a la vivienda, a la educación, a la cultura y a los servicios sanitarios de calidad en todos los barrios, integrar el bienestar psicológico, cultural y paisajístico como un valor esencial en el diseño urbano, y fomentar la participación ciudadana en todos los procesos de planificación para fortalecer el sentimiento de pertenencia.

Los autores del proyecto “Zaragoza sueña fuerte” consideran que “la inversión más rentable no es la que genera plusvalías, sino la que multiplica los encuentros, fortalece la salud y teje la cohesión social en cada barrio. Un banco a la sombra, una escuela abierta, una línea de tranvía o un árbol que resiste la sequía y el estrés urbano son formas de riqueza más estables y humanas que cualquier fondo de inversión”.

En definitiva, que la ciudad, en su sentido más profundo, no es un negocio. Es una conversación y ha llegado el momento de que Zaragoza lidere esa conversación y diga algo al mundo.

Escuchando el pasado martes a Óscar Camps, activista fundador de Open Arms, visualicé la barca neumática volcada con varias gaviotas en su lomo como única señal de vida que apareció los primeros días de mayo en una playa del Cabo de Gata. Durante aquellos días de mar calmado, la Guardia Civil llegó a rescatar 10 cadáveres en el litoral almeriense, desde Roquetas de Mar hasta Vera.

Camps, en la entrevista de Candela Canales publicada en este diario, afirmaba que hemos normalizado ver el dolor ajeno como si fuera una película. Esa misma sensación tuve esa tarde ante la expectación que levantó la llegada de la barca y el traslado por parte de voluntarios hasta la playa en un litoral al que ya han llegado las narcolanchas y el petaqueo (una nueva fuente de ingresos para los que desde tierra las abastecen con bidones de gasolina).

Desde enero hasta finales de abril, la Organización Internacional de Migraciones había sumado cerca de mil personas muertas o desaparecidas en el Mediterráneo. Un mar que continúa siendo una fosa común para los que huyen de las guerras, de las persecuciones y de la miseria desde África y Oriente Medio.

En la presentación en Zaragoza del libro 'Open Arms. Una misión a contracorriente', un libro en caja precintada sin lomo ni portada que contrasta con el algoritmo y la pantalla, Camps hizo un llamamiento a la responsabilidad y a la movilización de la sociedad civil: “No hemos sido nunca héroes, sino solo testigos que se negaron a callar”. 

La saturación informativa, las mentiras y la manipulación de guerras y emergencias humanitarias –basta comparar la respuesta de 2003 a la guerra de Irak con la apatía actual– está configurando una sociedad civil de brazos caídos. Ayer se cumplieron 15 años desde las movilizaciones del 15-M, aquel ejemplo de democracia directa en las plazas, y hoy el viento del malestar por la política y la precariedad económica sopla del lado de la extrema derecha. Se extienden la resignación y la frustración.

Frente al desánimo prolongado en el tiempo, Open Arms presenta 10 años de resistencia, 125 operaciones de salvamento marítimo y 72.000 personas salvadas de una muerte segura en el Mediterráneo y en el Egeo. 

Todo empezó el 2 de septiembre de 2015 con la aparición del cadáver de Aylan Kurdi, el niño ahogado en una playa turca en plena crisis migratoria siria. Diez años después, esta organización de voluntarios de salvamento marítimo continúa dando prioridad a la vida y a los derechos humanos –después de la flotilla de Gaza la siguiente misión será llevar placas solares a un hospital pediátrico de La Habana– pero ya no se les ve como héroes, se han convertido en villanos.

Resultan incómodos porque están descubriendo la pasividad y el cinismo de la Unión Europea con acuerdos como el de regar con miles de millones de euros a Turquía para que frene la ola migratoria. Además, Open Arms está en el punto de mira de la extrema derecha internacional porque al efecto llamada y a la expansión del miedo contraponen con datos el efecto huida. Solo entre el 10 y el 12 por ciento de los nmigrantes irregulares que llegan a España lo hacen en pateras. Si alguien está más cerca de ellos ahora mismo es el Papa León XIV y las oenegés de la Iglesia católica.

Un reciente estudio de la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) concluye que solo se quedaron 7 de los 15 millones de extranjeros que llegaron a España entre 2002 y 2024. Los motivos: el alto coste de la vivienda y la falta de empleo estable. La tasa de retención fue del 48 por ciento, muy lejos del 60 por ciento que registran Alemania y Suecia.

El estudio, “Los límites de la inmigración para el ajuste demográfico en España”, cuestiona la idea de que la inmigración pueda revertir la caída de la natalidad y resolver por sí sola el declive demográfico español. Los inmigrantes se concentran, sobre todo, en la Comunidad de Madrid, Cataluña y Baleares. Los analistas proyectan que en 2040 por cada menor de 15 años tendremos más de 5 personas que superarán los 50 años.

Se cae por su peso la idea conspiranoica y xenófoba del gran reemplazo. Villanos o héroes, el ayuntamiento de Zaragoza los distinguió en 2018 con la “Estrella Europa” y el Gobierno de Aragón los contrató dos años más tarde para realizar un programa piloto de prevención de la Covid con los temporeros de la fruta en la comarca de Calatayud, Open Arms continuará aferrándose a la convicción de que pase lo que pase, ninguna vida debe quedar a la deriva.

En los últimos días se ha producido una advertencia sobre los peligros de los nacionalismos extremos con conexión entre Londres y Zaragoza. La última obra de Banksy, un activista enigmático y genial, ha coincidido en el tiempo con la conmemoración de los 25 años del asesinato de Manuel Giménez Abad.

Con sus intervenciones en el espacio urbano, el misterioso artista de Bristol, denuncia sorpresiva y efímeramente las desigualdades y vergüenzas de nuestras sociedades.

La escultura de Banksy representa a un hombre vestido de traje que camina hacia adelante desde un pedestal mientras enarbola una bandera que se enreda en su rostro dejándolo ciego. Se descubrió en la plaza de Waterloo, cerca del Palacio de Buckingham, una zona diseñada a mayor gloria del imperialismo y el dominio militar británico del siglo XIX. El paralelismo con la tiranía del “emperador” Trump, “América primero” por encima del derecho internacional, parece evidente. 

A Manuel Giménez Abad fue otro nacionalismo identitario y criminal el que le disparó dos tiros en la espalda y un tercero en la nuca en la calle Cortes de Aragón un domingo 6 de mayo de 2001 cuando caminaba hacia el estadio de La Romareda con su hijo Borja, de 17 años. Euskadi estaba en campaña y, como se confirmó pocos días después con un descalabro electoral, las previsiones eran malas para el partido Euskal Herritarrok, anterior Herri Batasuna, el brazo político de ETA.

Giménez Abad, que había asumido la presidencia del PP de Aragón en enero, era consciente del riesgo que corrían él y su familia pero, conociéndole, no sería descartable que aquella tarde quisiera evitar que sus escoltas interrumpieran su descanso dominical.

Antes de ser nombrado consejero independiente en el Gobierno de Santiago Lanzuela (1995-1999) y de afiliarse posteriormente al PP, Giménez Abad, junto a otros cualificados funcionarios de formación autonomista y federalista, había sido secretario general técnico del departamento de Presidencia que dirigió Andrés Cuartero en el primer Gobierno autonómico elegido democráticamente del que fue presidente Santiago Marraco. 

Fue uno de los técnicos que cimentó la autonomía y, como consejero de Presidencia, tuvo un papel muy relevante en la gestión de la tragedia del campin “Las Nieves” de Biescas cuando todavía estaban muy verdes los protocolos de actuación en emergencias como la de la riada del 7 de agosto de 1996 en el barranco de Arás que se llevó 87 vidas y dejó cerca de 200 heridos. 

Como se ha repetido, era un hombre bueno, sin ningún ánimo de trascender y, debo destacarlo, era un gran servidor público al que se le veía incómodo con los zigzagueos de la política partidaria. Aún recuerdo su cara de incredulidad cuando después de haber sido claramente la candidatura más votada en las autonómicas de 1999 perdieron el Gobierno al pactar con el PSOE el que había sido hasta entonces su compañero de coalición, el Partido Aragonés que presidía José María Mur.

Como ha dicho estos días su hijo, el ahora eurodiputado Borja Giménez, mantener su memoria “ayuda a deslegitimar social, moral y políticamente la violencia; puede servir para dejar claro quiénes fueron sus verdugos y también como una inyección frente a derivas extremistas y discursos radicales”.

El autor material de los disparos, Mikel Carrera, alias “Ata”, fue condenado por la Audiencia Nacional en septiembre de 2023 a 30 años de prisión. Está cumpliendo condena a cadena perpetua en Francia por tres asesinatos en territorio galo: dos guardias civiles y un policía francés. Fue el único condenado por el asesinato del político aragonés.

David Pla, uno de los etarras que, viviendo en un piso franco en el barrio de Las Fuentes de Zaragoza, estuvo siguiendo a políticos aragoneses durante 8 meses, los meses previos al atentado, sería el jefe de la banda terrorista que leería en 2011 el comunicado del cese definitivo de la actividad armada de ETA.

Después de cumplir condena, sin haber condenado en firme el terrorismo, se incorporó a la dirección política de Sortu, antigua HB, hoy integrado en la coalición EH Bildu. La bandera de Banksy cegando la vista y el respeto por la vida hasta justificar los asesinatos como el resultado de una lucha colectiva.

Yendo al otro extremo del nacionalismo, los que conocimos a Giménez Abad estamos convencidos de que no hubiera aceptado los acuerdos de Gobierno del PP con Vox, un partido este último que rechaza lo que el tanto creía, el Estado de las autonomías, ni la prioridad nacional, ni la confrontación permanente hasta en crisis globales de salud pública, ni tampoco que un agitador de la tensión y del odio como Vito Quiles, esté protegido por el PP y sea protagonista en el cierre de una campaña electoral en Aragón. El valor de la legitimidad moral de unas convicciones.

Estoy seguro de que se sentiría más identificado con la respuesta de la catedrática de Ética y filósofa valenciana, Adela Cortina, que en una reciente entrevista contestó: “Si pudimos volver a la concordia hace 50 años después de una guerra civil en la que se habían hecho salvajadas, por qué no se va a poder ahora. Se tiene que poder”.

En la competición de visualizaciones del vídeo más impactante del Día de Aragón, en esta ocasión no ganó ni el del Gobierno de Aragón ni el de la empresa cervecera de la tierra. Ganaron contundentemente las deplorables imágenes de El Alcoraz proyectando en todo el mundo, pocas horas después de las celebraciones del 23 de abril, una imagen macarra de los dos principales clubes de fútbol de la comunidad autónoma. Mal juego, victoria de penalti del Huesca, pelea y agresiones al final del partido, tres expulsiones y, a falta de 5 partidos para finalizar la temporada, los dos equipos en puestos de descenso a la tercera categoría del fútbol profesional.

Era el partido de rivalidad autonómica, el mejor cierre festivo a la programación de San Jorge, pero no asistieron ni el presidente de Aragón, todavía en funciones, ni las alcaldesas de Zaragoza y de Huesca. Todo un síntoma de los malos tiempos que corren para los equipos de fútbol más representativos de la comunidad autónoma, precisamente cuando más dinero público están recibiendo.

El estadio de El Alcoraz va a pasar a ser propiedad del Gobierno de Aragón –acordó el año pasado la compra por más de 24 millones de euros a pagar en cinco anualidades para compensar las pérdidas de la sociedad anónima– y a la Nueva Romareda cuando esté terminada el Ejecutivo autonómico y el Ayuntamiento de Zaragoza habrán destinado como mínimo 150 millones de euros. No tengo ninguna duda de que, en circunstancias deportivas más cómodas, las autoridades habrían estado en el palco.

Mirando al pasado, esas ausencias conectan también con la huida de las burguesías locales de la gestión de las dos sociedades anónimas. La Fundación 2032 se disolvió y las familias Alierta, Yarza y el empresario Carlos Iribarren salieron del consejo de administración del Real Zaragoza hace ya cuatro años. En el barco solo se quedó el empresario y promotor inmobiliario Juan Forcén.

Justo cuando desde el Pignatelli se reiteran mensajes triunfalistas sobre la situación económica de la comunidad autónoma y cuando Amazon en el caso del Huesca e Ibercaja en el del Zaragoza han firmado contratos de patrocinio de 3 y de 10 años respectivamente. El gigante tecnológico y el poder financiero autonómico echando una mano pero sin entrar en el capital social ni en los consejos de administración. El Real Zaragoza lleva ya 12 temporadas en Segunda División que, en el mejor de los escenarios, serán 13.

Al frente del consejo de la Sociedad Deportiva Huesca está Ricardo Mur, empresario tecnológico, ex presidente de la CEOE Aragón y ex concejal del ayuntamiento de Zaragoza en el que coincidió con Jorge Azcón, y como presidente de la Sociedad Anónima del Real Zaragoza figura Jorge Mas, empresario cubano estadounidense y presidente del Inter de Miami que esta temporada solo ha estado una vez en la capital aragonesa viendo un partido del Real Zaragoza. Fue el 6 de septiembre del año pasado contra el Valladolid (1-1).

Rodeado de la plantilla, con Messi a la cabeza, sí estuvo el pasado mes de marzo con Donald Trump tras ganar el Inter de Miami por primera vez en su historia la competición estadounidense de fútbol. En su discurso en la Casa Blanca, Mas destacó la cultura ganadora del club y el lema de la camiseta del equipo, ‘Libertad para soñar’, y dando un salto a la política, tras mencionar al secretario de Estado, Marcos Rubio, pronosticó que “se acerca el día de la libertad en Cuba”.

Con el Real Zaragoza, ni cultura ganadora ni libertad para soñar. Los resultados deportivos y empresariales transmiten apatía, desánimo y abandono, sin dejar de ponderar las 5 ampliaciones de capital, la reducción de la deuda y, en una situación límite, la decisión de poner al frente de la dirección deportiva a Lalo Arantegui. Los de casa siempre al rescate pero en esta ocasión muy tarde y a la desesperada.

Para finalizar, déjenme que les cuente una ocurrencia bienintencionada. Un modesto club escocés, el Heart de Edimburgo, está siendo uno de los modelos más singulares y exitosos del fútbol británico. Una empresaria tecnológica, Ann Budge, lo sacó de la quiebra en 2014 (tenía 30 millones de libras de deuda) y años después ya reflotado, en agosto de 2021, vendió sus acciones por un precio simbólico a la Fundación de los Corazones, de la que son propietarios los miles de aficionados que decidieron aportar a partir de un mínimo de 10 libras al mes. Más o menos lo que puede representar una suscripción de un diario digital o la cuota de una oenegé.

Resultado: más del 70 por ciento del capital social está en manos de unos 8.000 donantes que han recaudado en 5 años más de 20 millones de libras, el equivalente a 23 millones de euros. El resto pertenece a un inversor relacionado con el mundo analítico de fichajes de jugadores y entrenadores que, sin derecho a voto, desembolsó el año pasado 10 millones de libras. Pues bien, a falta de 4 partidos para finalizar la competición los Hearts son líderes por delante del Celtic de Glasgow y del Glasgow Rangers que desde 1985, hace 41 años, han ganado todos los títulos de Liga.

El Heart es el equipo propiedad de los seguidores más grande del Reino Unido. Es un ejemplo de gestión empresarial responsable y de arraigo solidario manteniendo un comedor social en un barrio, Georgie, en el que viven muchas familias vulnerables. Doce temporadas después del descenso a Segunda División uno se pregunta, ¿hubiera sido posible con generosidad empresarial, imaginación y trabajo, una fórmula similar para el Real Zaragoza?

* Una curiosidad histórica. En 1966, el Zaragoza de los Magníficos ganó al Heart una reñida eliminatoria de la Copa de Ferias con desempate incluido en La Romareda. El Zaragoza llegaría a la final que perdería contra el Barcelona.

Para calibrar el desatino de la decisión, basta comparar cómo estaba Jorge Azcón antes de adelantar las elecciones autonómicas y cómo está ahora. Forzado a mimetizarse ideológica y dócilmente con la extrema derecha, con el nadie de fuera por delante de un español, ha tenido que dejar en las manos de un partido hostil al Estado de las autonomías y a los inmigrantes los servicios sociales, la familia, que no las familias, el medio ambiente, atención a las trabas a las energías renovables, la agricultura, atención al choque con el Pacto verde europeo, la desregulación, que no deja de ser una copia sin definición de la motosierra de Milei, una vicepresidencia de las Cortes de Aragón y el senador autonómico. Esta última concesión dejará a Eloy Suárez sin la presidencia de la comisión de investigación “Koldo” en el Senado.

Todo bajo el eslogan de la prioridad de los españoles en las ayudas y prestaciones sociales, en los programas de vivienda y en el acceso a los servicios públicos. Estamos ante un concepto estratégico que les daría un vuelco radical a las políticas públicas al reconfigurar el principio constitucional de igualdad (artículo 14) que prohíbe discriminar por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión: todos los españoles somos iguales ante la ley.

Se abre el melón para que el acceso a los derechos básicos del estado de bienestar (sanidad, educación, vivienda, servicios sociales) pase de ser universal a ser selectivo. Se pretenden jerarquizar por origen y pertenencia. Quizá por eso el candidato del PP a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, está reclamando que se concentre el voto en su persona para no tener que pactar con Vox en una comunidad autónoma cuya economía necesita tanto a los trabajadores agrícolas nacidos fuera de España. Quizá también, en este caso por el peso del voto latino, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se desmarcó de lo que pactó su partido en Extremadura y, por extensión, en Aragón.

Además de la más que probable vulneración de la Constitución, el concepto de la prioridad nacional choca también con la Ley de Extranjería que prohíbe discriminar a las personas extranjeras respecto a los españoles y con el Evangelio porque para los creyentes ayudar al extranjero, migrante o necesitado, equivale a ayudar a Jesús.

La prioridad nacional no es ninguna novedad. La patentó hace ya 50 años el entonces presidente del Frente Nacional francés, Jean Marie Le Pen. Después la han reutilizado Donald Trump en Estados Unidos, “América primero”, y todos los partidos europeos de extrema derecha, “los de casa primero”. Nacionalismo selectivo.

El que va a ser presidente de Aragón, Jorge Azcón, y la que ya es presidenta de Extremadura, María Guardiola, intentan salir de la confusión en la que se han metido dejando caer que se respetará la ley y que lo de la prioridad nacional se basará en el arraigo y el afecto al territorio aunque se haya residido de forma irregular. Vox no dice lo mismo.

¿Qué pasaría si por ejemplo un catalán recién empadronado en Aragón quisiera acceder a los derechos del estado de bienestar y a una vivienda pública? ¿Cómo se mediría su arraigo y la intensidad de su afecto por la comunidad autónoma? ¿Y si nos vamos a Cataluña y la ultraderecha independentista llega tener en el futuro poder de decisión y utiliza esos mismos criterios para excluir a los españoles?

¿Con qué nos quedamos, con que se mantendrán las ayudas a las oenegés que trabajan con migrantes irregulares, muchas de ellas vinculadas a la Iglesia católica, o con que se suprimirán como proclama Vox?

¿Cómo pretenden luchar contra la supuesta imposición del catalán que hablan decenas de miles de aragoneses cuando esa lengua es optativa tanto en primaria como en secundaria y bachillerato y cuando, al igual que el aragonés, está protegida por el Estatuto de Autonomía, por la Ley de Patrimonio Cultural de Aragón, por la Ley de Lenguas, por la Carta europea de protección y promoción de las lenguas regionales o minoritarias y por el Consejo de Europa? Como afirmó en su día el que fuera consejero de Cultura y Educación en el primer Gobierno autonómico, José Bada: “El diálogo es un problema, la lengua un problemica y el nacionalismo un gran problema”.

Mal comienzo para un pacto de gobierno que nace con interpretaciones tan diferentes de los que lo han firmado y con tantas dudas sobre uno de los pilares del Estado liberal, la igualdad ante la ley, y sobre derechos de ciudadanía que son universales.

Bajo un cierzo de justicia, hace unos días hablaba en las puertas de su granja con un vecino de mi pueblo que hizo varias campañas de la remolacha en Francia a principios de los 70. Para la primera campaña necesitó el permiso paterno porque aún no había cumplido los 18 años. Me habló de las jornadas de trabajo que empezaban cuando todavía no había amanecido, del alojamiento, de la comida y del esfuerzo físico que exigía la recolección y, con satisfacción, de los ahorros en pesetas que poco después le permitieron hacerse una vivienda.

Fuimos y todavía somos un país de migrantes que, sí, que íbamos con los papeles en regla en busca de una vida mejor. Como la inmensa mayoría de los aproximadamente 500.000, entre 15 y 17.000 en Aragón, que va a regularizar el decreto aprobado por el Gobierno el pasado 14 de abril.

Entraron en España con visado o autorización legal y han sido la pérdida del empleo y la rigidez de los procedimientos, las dificultades para mantener o renovar permisos, los que los han dejado en una posición administrativa irregular.

En 2024 entraron en España 1.144.277 personas extranjeras, de ellas solo 63.970 lo hicieron por vía irregular marítima o terrestre. El 95 por ciento llegaron de forma completamente regular.

Si hiciéramos un retrato robot saldría el de una mujer latinoamericana que trabaja en el servicio doméstico, en el sector de los cuidados o en la atención a la dependencia. Son datos que he extraído de una reciente publicación de Federico Abizanda, miembro de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz, en la revista Actualidad de las Empresas Aragonesas (AEA).

Son personas que cuidan a mayores y dependientes, limpian nuestras casas, también los espacios comunes, nos traen los paquetes, recogen las cosechas en el campo, alquilan viviendas, estudian, consumen, dan vida a los barrios y contribuyen a garantizar nuestras pensiones con sus cotizaciones.

Un estudio de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) subraya que la irregularidad se está dando en ámbitos especialmente feminizados, con elevada economía sumergida y una fuerte demanda derivada del envejecimiento de la población. Lo que se traduce en muchos casos en salarios por debajo de convenio y en jornadas abusivas.

El cuello de botella se produce cuando el mercado laboral necesita mano de obra en determinados sectores, entre los que podemos incluir también la hostelería, y las administraciones son incapaces de ofrecer itinerarios ágiles para atender esa demanda de manera regular.

No estamos, por tanto, ante un problema de ellos frente a nosotros, alimentado por la desinformación e instrumentalizado políticamente para discriminar como se desprende de una primera lectura de los pactos del PP y de Vox en Extremadura. Estamos ante el desafío de cómo gestionar y ordenar un flujo migratorio seguro y regular, que haga innecesarias las regularizaciones masivas. Desde la década de los 90 ha habido seis con Gobiernos tanto del PSOE como del PP.

El decreto aprobado por el Gobierno sintoniza con la Iniciativa Legislativa Popular que hace dos años firmaron más de 600.000 personas y entidades sociales, entre ellas organizaciones de la Iglesia católica como Cáritas. El mensaje es que al fenómeno migratorio se le puede dar respuesta desde los derechos y no desde el miedo, el señalamiento y la represión.

A la regularización se podrán acoger las personas extranjeras que vivan en España desde antes del 1 de enero de este año, previos certificados de empadronamiento, vulnerabilidad y antecedentes penales. Las autorizaciones de residencia y trabajo tendrán la vigencia inicial de 1 año.

Un Informe del Consejo Económico y Social atribuye a la inmigración un 80 por ciento del incremento de la riqueza española entre 2019 y 2024 y cifra en 2,4 millones las necesidades de empleos en España hasta 2035. Según el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, hay más de tres millones de afiliados extranjeros a la Seguridad Social y el 43 por ciento del empleo creado desde la reforma laboral corresponde a trabajadores de otros países.

El decreto del 14 de abril refuerza también la calidad democrática de una sociedad. Puede ser un punto de partida para ordenar el mercado laboral y desbrozar caminos para mejorar la inclusión, la convivencia, la integración en el territorio y, en definitiva, la cohesión social.

Ni invasiones, ni efecto llamada, ni propagación del odio. Los necesitamos. Tras el decreto de regularización en una España que se acerca a los 50 millones de habitantes, la prioridad para las administraciones debe ser ampliar la oferta de viviendas, planificar bien las repercusiones en los servicios públicos para que no se resientan y cooperar lealmente, sean del signo político que sean, en beneficio de la ciudadanía.

Abrir la vía de las subvenciones públicas a los centros privados de secundaria debilitará la enseñanza pública que es la que está asegurando la vida de los pequeños municipios y la progresión de todos salvando las diferencias de renta y patrimonio

La abogada, jueza y consejera de Educación en funciones, Tomasa Hernández, nació en Torrelacárcel, un pequeño pueblo de la comarca turolense del Jiloca que actualmente tiene alrededor de 130 habitantes. Entre su pueblo y el mío, Fuentes Claras, hay 30 kilómetros de distancia. Todos los que fuimos alumnos de la escuela rural de esa generación estudiamos el bachillerato elemental con los maestros del pueblo. En mi caso, con don Bernardo y don Manuel. Ni nuestros padres podían costearnos ese gasto en Teruel ni había centros de enseñanza secundaria en las cabeceras comarcales.

Al terminar el curso teníamos que examinarnos por libre en el instituto público José Ibáñez Martín de la capital para convalidar nuestro aprendizaje. Así fuimos superando los cursos hasta que llegamos al bachillerato superior y, en mi caso como en el de tantos otros, gracias al esfuerzo económico de nuestros padres entramos en el colegio seminario menor Las Viñas. Otros lo hicieron en La Salle en el que acabamos todos porque fue el único internado privado que impartió el primer Curso de Orientación Universitaria (COU). En la década de los 70 la única opción asequible para los alumnos rurales era el internado en los colegios religiosos, de misa diaria y ejercicios espirituales.

Así salimos adelante gracias a que la escuela pública nos había garantizado la progresión formativa, con el posterior salto a estudios superiores, cívica y social. Por eso, me ha llamado la atención el contraste de ver a una consejera en funciones, que conoce de primera mano la escuela pública, y en particular de la rural, anunciar que a partir del próximo curso se va a subvencionar/concertar con dinero público el bachillerato en 20 centros educativos privados en Aragón. Para empezar, unos siete millones de euros que irán incrementándose curso tras curso con más clases. 

El contraste fue aún mayor cuando hace ya unos días había trascendido que Tomasa Hernández se retiraba de la política y cuando todavía el PP y Vox están negociando el futuro Gobierno. Sobre la base de la libertad de elección y de atender a los alumnos vulnerables de los centros privados, se decide comprometer dinero público para voltear el modelo educativo cuando en la mayor parte del territorio no se puede elegir y son los centros públicos de primaria y de secundaria los que acogen a todos los alumnos vulnerables. En plena interinidad, con prórroga presupuestaria y sin escuchar a las organizaciones sindicales y sociales.

Afortunadamente, y he tardado a subrayarlo, ha sido la inversión pública la que ha facilitado que todas las comarcas cuenten ya con institutos de enseñanza secundaria y que los padres no tengan que romperse la cabeza ni el bolsillo para que sus hijos puedan estudiar. La equidad y la igualdad de oportunidades solo la garantizan los centros públicos corrigiendo discriminaciones e itinerarios selectivos. Es la justicia natural de dar a cada uno lo que merece y necesita, viva donde viva, reconociendo sus diferencias y sus características personales.

Resulta evidente que abrir la vía de las subvenciones públicas a los centros privados de secundaria debilitará la enseñanza pública que es la que está asegurando la vida de los pequeños municipios y la progresión de todos salvando las diferencias de renta y patrimonio. Por eso, necesita recursos suficientes para atender dignamente todo el territorio, incluido el profesorado de las escuelas infantiles.

En mi pueblo, en Fuentes Claras, está abierta una escuela infantil con 7 niños y la de primaria con más de 20. Como si nos hubiera tocado el gordo de la Lotería Nacional, la noticia que corre desde hace semanas de boca en boca es que al finalizar este año habrán nacido 7 niños más. Un seguro de vida para un municipio que tiene poco más de 400 habitantes.

Lo que está ocurriendo con los conciertos sugiere al menos dos interpretaciones. O Vox lo ha puesto como condición previa para hacer presidente a Jorge Azcón o el PP ha decidido aplicar la política de hechos consumados cuando, según las organizaciones sindicales y sociales de la enseñanza pública, hay más de 1.300 vacantes disponibles en la enseñanza pública.

El dato deja sin justificación docente las subvenciones públicas al bachillerato en los centros privados. La decisión apunta más bien a motivos ideológicos de desconfianza hacia la enseñanza pública. No olvidemos el precedente de las ayudas del actual equipo de gobierno del ayuntamiento de Zaragoza a los centros concertados que, a la espera de que haya sentencia firme del Tribunal Supremo, han sido tumbadas judicialmente tres veces desde el pasado mes de julio por discriminar a la escuela pública.

Les dejo con la cola musical de “Recuerdo infantil” de Antonio Machado interpretada por el cantaor y maestro de flamenco Calixto Sánchez.

Han coincidido en el tiempo. La cesión del Acuario de Zaragoza a Global Omnium, la compañía que gestiona el Oceanogràfic de Valencia y el Acuario de Sevilla, y unas Jornadas en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza (Unizar) para visibilizar al naturalista y científico aragonés, Odón de Buen, considerado el padre de la oceanografía española que murió exiliado en Méjico.

Jesús Morte, uno de los empresarios familiares más comprometido con la Expo 2008, reflotó el Acuario Fluvial tras el cierre de la cita internacional y la retirada del anterior concesionario. Años después, las dificultades económicas de una instalación única en Europa, dedicada a los ecosistemas fluviales en la que conviven 5.000 animales de 350 especies distintas, y la falta de relevo generacional le han motivado a ceder a Global Omnium la concesión en un proceso negociador paralelo al del Parque de Atracciones, este último con más incertidumbre sobre su futuro y el de los 81 puestos de trabajo.

Morte convirtió el Acuario, que exige una atención especializada, un control del agua y una atención veterinaria permanente, en un referente cultural y turístico de Zaragoza con más de 105.000 visitas anuales, un alto porcentaje de ellas de escolares.

Con la crisis del Acuario, el sueño poético de la Zaragoza marina del escritor Javier Delgado y del pintor e ilustrador Jorge Gay, una Zaragoza de vientos y mareas con el padre Ebro como protagonista, se desvanece. Lo positivo: Global Omnium ofrece la garantía de estar gestionando en Valencia el mayor Acuario de Europa, referente internacional en la conservación y divulgación del medio marino, conectado con universidades y centros científicos para facilitar la investigación aplicada y ambiental.

Como apasionado oceanógrafo, librepensador, europeísta, naturalista y científico, Odón de Buen, desde la aridez de su Zuera natal fue pionero en impulsar a principios del siglo pasado laboratorios de estudio e investigación de los mares y su biodiversidad en Barcelona, Palma de Mallorca, Santander y Málaga.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, descubrió el pasado noviembre un busto dedicado al científico aragonés en el Paseo de la Farola, frente a la sede actual de la Comandancia Naval que anteriormente albergó el laboratorio oceanográfico. Esa misma tarde en un Pleno extraordinario le concedieron la Medalla de la ciudad y lo distinguieron como Hijo Adoptivo.

El director de la cátedra María Domínguez de Memoria Democrática, Alberto Sabio, recordó que ni tiene una calle en la capital aragonesa ni hueco en los libros de texto escolares. Odón de Buen militó en la Unión Republicana de Nicolás Salmerón, presidente ejecutivo de la I República, fue concejal y senador por Barcelona y confrontó abiertamente con el clero en el debate de la ciencia versus la teología. La cátedra María Domínguez fue una de las organizadoras de las recientes Jornadas junto a la Unizar, la Fundación 14 de abril y la Fundación Odón de Buen.

Esta última se constituyó en Zuera hace poco más de 4 años, consecuencia del continuado reconocimiento a su figura de alcaldes y ex alcaldes del municipio como Andrés Cuartero, Luis Zubieta y Javier Puyuelo. Puyuelo está al frente de la Fundación que persigue difundir su legado a nivel internacional, en especial como fuente de inspiración para las nuevas generaciones.

Un colegio público de enseñanza infantil y primaria lleva su nombre en Zuera. El patio de recreo se diseñó con un anfiteatro para 250 personas en honor del naturalista y científico aragonés. El centro es pionero en nuevas estrategias educativas como así lo reconoció la reina Letizia abriendo en Zuera el curso escolar en 2021.

Odón de Buen, cuyos métodos de enseñanza abiertos a viajes y excursiones entroncaban con la Institución Libre de Enseñanza, fue encarcelado en Mallorca tras el golpe de estado de julio de 1936. Canjeado por otros prisioneros del bando franquista, marchó al exilio pasando por Francia para terminar fijando su residencia en México donde falleció en 1945. Desde 2004 sus restos descansan en un mausoleo del cementerio municipal de Zuera por el empeño de la Fundación Odón de Buen en repatriarlos.

Según su biógrafo, Antonio Calvo, la pasión del zufariense por el estudio de los mares despertó cuando se subió como naturalista a un barco de la Armada española. A partir de ahí, la biología marina pasó a ser oceanografía y desde el 21 de noviembre de 2024 el mayor buque de investigación oceanográfica de España lleva el nombre de Odón de Buen. Con una inversión de 85 millones de euros, tiene capacidad para desplegar equipamientos que estudian la biodiversidad y monitorizan el cambio climático en profundidades superiores a los 6.000 metros. Depende del ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que dirige Diana Morant.

La coincidencia entre el cambio de concesionario del Acuario de Zaragoza y las Jornadas sobre Odón de Buen en la Unizar pueden ser una oportunidad para reconocerlo en Zaragoza dando a ese equipamiento el nombre del visionario y todavía olvidado naturalista y científico aragonés.

En las Jornadas “Odón de Buen, el oceanógrafo aragonés exiliado” se proyectó el documental “El olvido del mar” de Mirella Abrisqueta protagonizado por Carmelo Gómez, que estrenó el pasado 30 de enero Aragón TV. Como cola musical, les dejo una de las interpretaciones de Joaquín Pardinilla, guitarra, y Juan Luis Royo, saxofón.

El portavoz de la Plataforma 13M, Javier Oquendo, verbalizó el pasado miércoles su preocupación por la fragmentación social que está ocasionando el despliegue desordenado de las energías renovables en el territorio aragonés. Lo dejó caer al final de una jornada en el centro Joaquín Roncal de Zaragoza en la que, al hilo de los casos Forestalia e Inaga, informaron de su actividad los movimientos sociales y ambientales: la Plataforma 13M, que agrupa a 17 entidades ciudadanas y ecologistas, la Plataforma en Defensa de los Paisajes de Teruel, con su portavoz Ana Cortés, y la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón, representada por Juan Antonio Gil.

Estos conflictos en el territorio desencadenan que dejen de hablarse vecinos, que no se saluden cuando se cruzan por la calle, que dejen de jugar la partida de cartas en el bar e incluso que se rechacen o intimiden. En definitiva, que dejen de convivir en un espacio reducido como lo es un pequeño municipio.

La herida vecinal que se abre es muy difícil de cicatrizar. El caso de los 15 municipios de la comarca del Maestrazgo lo podríamos hacer extensivo a las sierras de Albarracín, al Matarraña, a las Cinco Villas (Ejea ha sido una excepción al utilizar el plan de urbanismo para ampliar las zonas de protección incluyendo el regadío), a los Monegros, al Campo de Visiedo, a las Cuencas Mineras turolenses, al Campo de Belchite, atención a la permanente crispación en Fuendetodos, y al Campo de Daroca. A cualquier “territorio de sacrificio”, como denominan los movimientos críticos ciudadanos y ecologistas a estas zonas. La comarca del Maestrazgo tiene poco más de 3.000 habitantes y una densidad de población que no llega al 3 por ciento.

El ministerio de Transición Ecológica (Miteco), el Gobierno de Aragón y el Inaga no tuvieron en cuenta el riesgo de dañar la cohesión social. Tampoco Forestalia, que cuando en mayo de 2017 ganó la primera gran subasta ministerial al adjudicarse 1.200 megavatios, principalmente de energía eólica, era solo una iniciativa personal del avispado visionario Fernando Samper.

En el año 2000, la energía solar y eólica no llegaban al 3% de la generación eléctrica en España. Veintiséis años después pasan del 41%. Si se les añade la hidroeléctrica y otras minoritarias, el 55,5% de la energía eléctrica en España se está produciendo con fuentes renovables. Y eso a pesar del freno que supuso el apagón del 28 de abril del año pasado, atribuido por un reciente informe de la Unión Europea a una combinación de factores, no a la dependencia de España de las energías limpias.

Las investigaciones sobre el clúster del Maestrazgo han trascendido al ámbito nacional y europeo gracias a las denuncias de los movimientos ciudadanos, a la investigación de la Guardia Civil y a la apertura de diligencias de un juez de instrucción de Teruel, que tendrá que decidir en los próximos días sobre el futuro de una inversión de 1.000 millones de euros.

Una potente inversión a la que presuntamente se allanó el camino con evaluaciones de impacto ambiental (EIA), con presiones y represalias a funcionarios, y con autorizaciones de evacuación a la red eléctrica que se saltaban la Red Natura 2000, el Geoparque mundial de la Unesco,  y otras figuras de protección de aves y naturaleza. 

Las investigaciones justo han trascendido cuando la guerra de Irán y el cierre del estrecho de Ormuz están revalorizando el modelo energético español, elogiado por influyentes medios de comunicación internacionales como el “Financial Times”. Una coincidencia que está revelando actuaciones especulativas y fallo de los controles públicos en el despliegue de las energías limpias.

Nueve de los 15 municipios de la comarca del Maestrazgo (La Iglesuela del Cid, Cantavieja, Mirambel, Bordón, La Cuba, Tronchón, Fortanete, Villarluengo y Puertomingalvo) constituyeron la asociación “Viento Alto” a principios de 2020. En octubre de 2022 firmaron un acuerdo con Forestalia sobre la base de que el proyecto de los 800 megavatios de potencia es “una herramienta de bienestar social contra la despoblación”: desarrollo económico, empleo y el recibo de la luz gratis para sus vecinos. El más poblado, Cantavieja, tiene poco más de 700 habitantes. 

Los otros seis son Allepuz, Cañada de Benatanduz, Molinos, Pitarque, Villarroya de los Pinares y Miravete de la Sierra. Este último y singular municipio medieval, con una treintena de vecinos empadronados, acogió el 14 de agosto de 1977, recién estrenada la democracia, la primera movilización ciudadana de la provincia bajo el lema '¡Salvemos Teruel!' y detrás de una pancarta en la que se leía 'Teruel olvidado, Aragón expoliado'. Treinta y un años después, una original campaña publicitaria lo proyectaría a nivel nacional como “el pueblo en el que nunca pasa nada”.

Con el primer boom de las renovables, el del 2000, se destapó la “Operación Molinos”, el caso de corrupción de La Muela, el municipio vecino de Zaragoza en el que ataban los perros con longaniza, que finalizó con una condena de 11 años de prisión para su alcaldesa. 

Con el segundo desordenado despliegue de las renovables, ha estallado el caso Forestalia. Boom, falta de transparencia y presunta corrupción son recurrentes. Estamos avisados para el despliegue inversor multimillonario de los centros de datos. 

En el encuentro del pasado miércoles, Javier Oquendo criticó el silencio del Fondo de inversión danés, que avaló desde el primer minuto el proyecto que ha rebautizado como Clúster Teruel, y lanzó un nuevo desafío renovable: luchar contra la división vecinal que producen estos conflictos en el territorio. Un daño que puede ser irreversible.

Mes y medio después de las elecciones autonómicas continuamos esperando que Aragón pueda contar pronto con un Gobierno. Si no se ejecutan antes de junio, el parón político puede hacernos perder 300 millones de euros de fondos europeos. Fondos que van destinados, entre otras prioridades, a la salud, a la formación profesional, a la despoblación, a la gestión energética y a la vivienda. Es solo un ejemplo.

Arrinconado por el huracán Forestalia, pasó desapercibido que Aragón fue la comunidad autónoma en la que más subieron los precios de la vivienda durante el cuarto trimestre de 2025, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Un 31,2 por ciento. Casi 4 puntos por encima de la media española, con una fuerte demanda de compra de viviendas de segunda mano, y 7 puntos más que en Cataluña. La comunidad vecina es una de las pocas que está regulando los precios y limitando las rentas de alquiler en las zonas declaradas tensionadas en aplicación de la nueva Ley de Vivienda.

Un informe de la Cámara de Cuentas nos descubrió también que, desde hace 13 años, en Aragón no existe un registro unificado y actualizado de solicitantes de vivienda pública. Los datos están dispersos y se planifica a salto de mata buscando hojas Excel de aquí y de allá, en las oficinas de vivienda de Huesca y de Teruel, en el Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ), en páginas web y en plataformas de gestión.

Algo tan llamativamente fuera de lo común como que no estén claramente delimitadas las zonas donde se pueden instalar parques eólicos. O que frecuentemente se estén anunciando nuevos centros de datos con escasa transparencia sobre la planificación técnica, sobre los consumos de agua y de electricidad, y sin un debate institucional previo en el que los ayuntamientos afectados también deberían participar.

Son referencias de un modo de gestionar que agrietan la confianza en el Gobierno de Aragón cuando anuncia que a través de promotores privados va a impulsar 3.000 viviendas asequibles, en las que el alquiler no debería superar el 30 por ciento de los ingresos de los inquilinos, o las ayudas al alquiler para las rentas más bajas o el Plan Aragón más Vivienda 2024-2030 con 300 millones de euros de inversión pública para favorecer la emancipación de 47.000 jóvenes.

Si abrimos el foco a la Unión Europea, desde 2010 los precios de compra de una vivienda han aumentado un 60 por ciento y los alquileres casi un 30 por ciento. Al mismo tiempo, los permisos de construcción residencial han caído más de un 20 por ciento. El déficit total de viviendas se estima en 10 millones en el conjunto de los 27 países. Son datos del primer Informe de Vivienda de la historia aprobado por el Parlamento europeo del que ha sido ponente el eurodiputado aragonés Borja Giménez Larraz (Partido Popular Europeo).

Borja Giménez, poco partidario de las regulaciones y de poner límites a los alquileres, recomendaba en un reciente artículo de opinión que además de señalar a los inversores y a los grandes tenedores de viviendas se tiene que evaluar la lentitud de las administraciones. Lo que él considera el verdadero freno: el “Estado lento”.

El Informe del Parlamento europeo calcula que un proyecto de construcción puede tardar 10 años en completar todos los trámites necesarios hasta que se empiece a levantar el edificio, con el consiguiente aumento de los costes financieros que repercuten en el precio final.

Más datos. El 49 por ciento de los jóvenes europeos entre los 18 y los 34 años viven todavía en casa de sus padres. En España, la edad media de emancipación se sitúa en los 30 años, según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud. Los jóvenes necesitan el 92 por ciento de su salario para pagar un alquiler en solitario.

El 70 por ciento del parque de alquiler en la Unión Europea está en manos de pequeños propietarios, de familias que alquilan una segunda vivienda o de particulares que invierten sus ahorros en un inmueble. Si exagera e irresponsablemente se les mete miedo desde un extremo con las ocupaciones y la inseguridad jurídica y, desde el otro, se coloca en el mismo saco a pequeños y grandes propietarios, puede suceder que los primeros pierdan la confianza en el sistema, que los precios suban, que la oferta de vivienda disminuya y que los más vulnerables resulten perjudicados. 

El Informe –recordemos que no existe un mercado único inmobiliario y que las competencias pertenecen a Gobiernos, autonomías y ayuntamientos- propone que los permisos de construcción se concedan en un plazo máximo de 60 días. Si se sobrepasa el plazo, el silencio debería ser positivo.

Recomienda también que se module el coste técnico sobre rendimientos energéticos de los edificios y que se rebaje el IVA para construir y rehabilitar viviendas asequibles a una horquilla entre el 2 y el 5 por ciento. Y, finalmente, que el Banco Europeo de Inversiones, que preside Nadia Calviño, se movilice para financiar proyectos que a los promotores privados no les resultan rentables.

Coincido con Borja Giménez en que la vivienda es la principal política democrática de esta legislatura en la UE y en España. Desde una visión ideológica opuesta, algo parecido traslada el diputado Gabriel Rufián cuando advierte una y otra vez que, si no se interviene contundentemente, la vivienda se va a llevar por delante a la izquierda.

Lo que está en juego es frenar el flujo de jóvenes que se sitúan en la desafección política al perder la confianza en los Estados democráticos que no les están garantizando su bienestar.

Desde el verano de 2024, dos zonas del aeropuerto de Teruel albergan 122 torres que se aproximan a los 200 metros, turbinas y 360 palas de 70 toneladas. Fabricados por General Electric en Castellón, son los componentes de los aerogeneradores del fondo de inversión danés que tiene que desarrollar el macroproyecto del Clúster del Maestrazgo con una inversión de alrededor de 1.100 millones de euros.

El insólito almacenamiento no tiene nada que ver con el uso aeroportuario o espacial. El arrendamiento de esas 32 hectáreas, que ya le ha supuesto a Copenhagen Infrastructure Partners el desembolso de 2 millones de euros, puede eternizarse porque la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, anunciaba el pasado miércoles la suspensión de los proyectos de Forestalia que están bajo recurso, una auditoría interna en su ministerio y la máxima colaboración con la Justicia.

La ministra se adelantaba al juez de instrucción número 1 de Teruel, Juan José Cortés Hidalgo, que, una vez finalizado el expediente judicial y escuchadas las partes, tendrá que decidir el futuro del proyecto. La Fiscalía ha pedido la suspensión provisional por los daños y perjuicios medioambientales que se podrían derivar de su construcción.

Forestalia, presidida por Fernando Samper, vendió al fondo de inversión danés el paquete de 744 megavatios del Clúster Maestrazgo que había ganado en subasta pública. Una veintena de proyectos y 122 aerogeneradores, 85 de ellos en un paisaje que forma parte de la Red Natura 2000 y que está reconocido por la Unesco por su singularidad y belleza.

Sorprende sobremanera comprobar cómo avanzaba política y administrativamente un macroproyecto tan cuestionable desde los propios mapas de paisajes protegidos del ministerio y del Gobierno de Aragón. También desde el sentido común. Faltaba una zonificación/delimitación clara y respetuosa con la protección del paisaje en el despliegue de las energías renovables.

Públicamente, trascendían las constantes movilizaciones y la oposición frontal de plataformas ciudadanas como la Plataforma 13 de marzo Aragón por la Racionalidad Energética, la Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel, por boca de su portavoz Javier Oquendo, y de Teruel Existe, por boca de su portavoz Ernesto Romeo. Fue este partido político el que movió ficha al interponer en 2023 una denuncia en el juzgado de instrucción número 1 de Teruel.

La posterior investigación de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil (UCOMA) descubrió presuntas manipulaciones de las Declaraciones de Impacto Ambiental y mordidas millonarias a través de sociedades opacas con la cooperación necesaria de un notario que señalan, entre otros, a un ex subdirector general del ministerio de Transición Ecológica, Eugenio Domínguez, nombrado por el último Gobierno de Rajoy, que continuó en su cargo con Teresa Ribera hasta que se jubiló en 2023.

Según el informe de la Guardia Civil, Domínguez se habría valido de una estructura paralela, a través de la empresa pública Tragsatec, para evaluar y agilizar bajo su supervisión directa las Declaraciones de Impacto Ambiental de Forestalia eludiendo los controles de los técnicos ministeriales. En concreto, las de los proyectos de más de 50 megavatios de potencia porque la competencia de los de menos es del Gobierno de Aragón.

La Guardia Civil también ha dirigido el foco de la investigación hacia el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) durante los años en los que fue director Jesús Lobera, desde septiembre de 2016 hasta agosto de 2023, por supuestamente dar prioridad a los proyectos de Forestalia en la comunidad autónoma.

Según un reciente informe de la Cámara de Cuentas, Lobera se atribuyó las competencias de tramitar los expedientes de las energías renovables, que trascendían de sus competencias ordinarias y no se habían añadido en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

Además, en octubre de 2022 en la declaración de compatibilidad que tenían que firmar los técnicos de Sarga, una sociedad instrumental del Gobierno de Aragón, y de las consultoras externas contratadas por el Inaga, se suprimen las referencias expresas a la “inexistencia de relación alguna de interés personal o profesional directa o indirecta con la entidad promotora”. De este modo, los mismos profesionales podían evaluar el impacto ambiental de los proyectos de las empresas en las que trabajaban. Juez y parte.

En el informe de la Guardia Civil aparecen también ex altos cargos de los últimos Ejecutivos autonómicos, algunos de los cuales han mantenido y continúan manteniendo relaciones contractuales con esa compañía que sorprendió al sector de la energía en enero de 2016 (era una desconocida) al ganar la primera gran subasta de megavatios siendo José Manuel Soria ministro de Industria, Energía y Turismo, del Gobierno de Mariano Rajoy.

Soria puso en marcha un nuevo sistema de subastas después de haber recortado las primas a las energías renovables, un tijeretazo de 2.700 millones de euros, y de aprobar el “impuesto al sol” para frenar el autoconsumo eléctrico. Tres meses después tuvo que dimitir al revelarse en los denominados “Papeles de Panamá” que participaba en empresas familiares radicadas en paraísos fiscales. Al poco tiempo, montó una consultora que asesoró a Forestalia. En este país, las puertas giratorias continúan siendo una asignatura pendiente de salud democrática.

Contexto. En 2023, por iniciativa del PP y de Vox, se empezó a tramitar una Comisión de Investigación de las Cortes de Aragón sobre la implantación de las energías renovables en Aragón y la actuación del Inaga. A finales de junio del año pasado, las conclusiones dijeron que no se había encontrado delito ni irregularidad administrativa alguna. 

Hubo unanimidad para reclamar más personal y medios técnicos para el Inaga, una ordenación territorial de los recursos energéticos de Aragón, una zonificación ambiental acorde con la Unión Europea para el despliegue preferente de las energías renovables, una mayor apuesta por las comunidades energéticas y el autoconsumo frente a las grandes compañías eléctricas y fondos de inversión, la supervisión por funcionarios públicos de las asesorías externas, la simplificación de las autorizaciones ambientales, y la prohibición de los parques fotovoltaicos en los embalses aragoneses.

El informe de la Guardia Civil sobre las actuaciones de Forestalia ha desatado una potente tormenta eléctrica de consecuencias todavía imprevisibles. Por lo pronto, apunta a la existencia de una burbuja especulativa de compraventa de proyectos de energías renovables con los permisos aprobados. Apunta también a un “modus operandi” de grandes compañías que, sobre todo con la energía eólica, estarían penetrando con ánimo depredador en áreas despobladas, envejecidas, con rentas limitadas y fragmentadas municipal y socialmente. 

La tormenta está poniendo de manifiesto que la concienciación, la movilización ciudadana y el análisis crítico, son más necesarios que nunca. En el caso que nos ocupa, tanto Teruel Existe como la Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel y la Plataforma 13M, y otras organizaciones ciudadanas y ecologistas, están dando un ejemplo de rebeldía y de tenacidad en la defensa del patrimonio cultural y natural que contrasta con el tibio resultado de la Comisión de Investigación parlamentaria.

Queda pendiente el debate –algunos partidos lo llevan en sus programas electorales- sobre las compensaciones para los pequeños municipios como, por ejemplo, que un porcentaje de la facturación de los proyectos eólicos y fotovoltaicos se invierta de forma directa en el territorio afectado.

Somos transversales. Así definió a Teruel Existe su líder, Tomás Guitarte, cuando los dos votos en blanco de sus diputados hicieron presidenta de las Cortes de Aragón en segunda votación a la candidata del PP, María Navarro. Transversal tiene una segunda acepción en la Real Academia Española (RAE) más incómoda que la primera: algo que se aparta o desvía de la dirección principal o recta. Algo que puede ser sesgado, oblicuo o torcido.

Ciertamente, hubiera sido una anomalía democrática que en un Parlamento con 40 diputados/as en el espacio de la derecha por 25 en el de la izquierda (dejamos sin sexo ideológico a los 2 de Teruel Existe) la elección hubiera recaído en el candidato socialista, Fernando Sabés. Anomalía democrática atribuible, en todo caso, a la incapacidad de entenderse del PP y de Vox.

La entonces Agrupación Electoral Teruel Existe ya había sido transversal en enero de 2020 cuando el voto de Guitarte, que contó con protección policial en las horas previas porque había recibido amenazas e insultos, facilitó la investidura de Pedro Sánchez a cambio de un Pacto de Estado por la repoblación y el reto demográfico.

Como lo fue en julio de 2023 en la elección del presidente de la Diputación Provincial de Teruel (DPT), Joaquín Juste (PP), con sus votos y los del Par. Para entonces, Teruel Existe ya era un partido y había perdido el aura de movimiento ciudadano transversal en la primera acepción de la RAE: aquello que se extiende atravesado de un lado a otro. Se quedó con la vicepresidencia primera y con la misma responsabilidad en la comarca Comunidad de Teruel (46 municipios). En este último caso, la presidencia tenía que ser rotatoria, la tenía que haber asumido en mayo del pasado año pero el PP le hizo la cobra.

Sucedieron más cosas. La jefa de gabinete de la vicepresidenta primera, Nieves Sánchez, eventual en la DPT, gestionó desde su despacho privado de arquitecta dos contratos públicos sin haber solicitado la preceptiva compatibilidad. Nieves Sánchez es la mujer de Tomás Guitarte. Desde el punto de vista político, ético y estético, el asunto tiene mala digestión y más en un partido que tiene su origen en el fresco contrapeso de la movilización ciudadana. Pues bien, salvo que yo esté equivocado, no ha trascendido públicamente autocrítica alguna pero sí una reacción victimista.

Teruel Existe, al que le sigue dando réditos electorales el mensaje de “Teruel, primero”, principalmente en la capital, en los pequeños municipios y en la comarca de Cuencas Mineras que preside, perdió durante los últimos 6 años el diputado en el Congreso de los Diputados, los dos senadores, y, jugando en casa, un diputado en las recientes elecciones autonómicas. Se está resignando a quedarse como un partido exclusivamente provincialista.

Del desgaste de credibilidad de los últimos años, le consuela haber sacado de la carrera autonómica en las últimas elecciones al PAR, con el que se está disputando “con la vena en el cuello” los votos en muchos pequeños pequeños municipios turolenses. Desde lo más pequeño, los dos necesitan tocar poder, tener influencia y capacidad de decisión en los presupuestos públicos. Cuestión de vida o muerte. Al PAR de poco le sirvió el despliegue de directores generales en el Gobierno de Azcón.

Teruel Existe también se puede atribuir en buena medida el mérito de haber liderado tenazmente desde hace años, junto con las plataformas ciudadanas en defensa del paisaje de Teruel y algunos ayuntamientos, la denuncia y posterior judicialización de las autorizaciones medioambientales a Forestalia, especialmente en el Clúster del Maestrazgo.

Solo en esa comarca se han proyectado 22 parques eólicos con más de 120 aerogeneradores de 200 metros de altura con las consiguientes afecciones en la avifauna y en un paisaje muy singular. Además, están bajo la vigilancia de las plataformas ciudadanas otras 30 instalaciones solares y eólicas de Teruel, más pequeñas, tramitadas por el Gobierno de Aragón.

Si la comisión de las Cortes de Aragón, promovida por el PP y Vox en 2020 (todavía estaban en la oposición), se cerró en junio de 2024 sin indicios de irregularidades administrativas graves ni delitos, el juzgado de instrucción número 1 de Teruel ha abierto una investigación penal sobre manipulaciones de Declaraciones de Impacto Ambiental (DÍA) y sobre mordidas que presuntamente señala al propietario de Forestalia, a un ex alto funcionario del ministerio de Transición Ecológica nombrado por el último Gobierno de Mariano Rajoy y ya jubilado, y a otras cuatro personas.

Interconectado con el “boom” de los centros de datos, estamos ante un asunto de mucho calado energético para arrancar la legislatura con el PSOE reclamando una nueva comisión de investigación en las Cortes de Aragón y Cha e IU la moratoria de los procedimientos administrativos con Forestalia bajo investigación judicial.

Cuarenta y cinco años después, recuerdo la noche del 23-F en el cuartel del Batallón de cazadores de montaña Estella XXI. Aquella noche se me quedaron grabados para siempre el miedo de algunos compañeros vascos que temían una ocupación militar de su territorio y el nerviosismo de los oficiales y suboficiales. También la indiferencia generalizada. Solo unos pocos soldados estuvimos pendientes del transistor a lo largo de la noche.

El ánimo alterado de los mandos se atemperó al día siguiente cuando vieron las imágenes de TVE en las que guardias civiles zarandeaban e intentaban abatir al teniente general y vicepresidente primero del Gobierno, Manuel Gutiérrez Mellado, en la sesión de investidura del presidente Leopoldo Calvo Sotelo. En aquel cuartel navarro, que se cerró en 1993, hubo un antes y un después del discurso del Rey, ya bien entrada la noche, y sobre todo de la agresión a Gutiérrez Mellado. Para los mandos, la disciplina era sagrada.

Solo un mes más tarde del intento de golpe de Estado, la Junta de Jefes de Estado Mayor (Jujem) desplegaba unidades militares a lo largo de los 143 kilómetros de frontera hispano francesa “para impedir los movimientos y el paso de armamento de los terroristas de ETA”. En Navarra, desde Vera de Bidasoa, valles del Baztán y del Roncal, hasta Valcarlos. Con su aprobación, el presidente Calvo Sotelo y el ministro de Defensa, Agustín Rodríguez Sahagún, cedían a las presiones militares para intentar bajar la temperatura en los cuarteles. 

Fueron dos fases de operaciones militares sin precedentes, Alazán e Iruña, con la misión de vigilar la frontera fuera de los pasos autorizados, reforzar los controles con la Guardia Civil y sustituir a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en los servicios de vigilancia de instalaciones.

Veníamos del intento de golpe de Estado del 23-F y de un año, 1980, con el récord de asesinatos de ETA, entre 92 y 95 guardias civiles, militares, policías y civiles. Eran los años de plomo y había mucho ruido en la Casa Real, en los cuarteles y entre los nostálgicos de la dictadura. Tras la dimisión de Adolfo Suárez en enero de 1981, la Unión de Centro Democrático (UCD) se desmoronaba.

En los sectores nacionalistas abertzales, la utilización del Ejército en la lucha antiterrorista, el ir y venir de las unidades militares por los municipios fronterizos, se interpretó como una declaración de guerra. Veían un paralelismo con lo que estaba sucediendo en Irlanda del Norte con el IRA.

Nuestra compañía acampó, si no recuerdo mal, en dos tandas de mes y medio cada una primero en la colegiata de Roncesvalles, después en Burguete y, finalmente, en el alto de Ibañeta. En ella conviví con paisanos turolenses de Bello, de La Puebla de Valverde, de Berge y de Royuela.

El paisaje te atrapaba entre restos prehistóricos, historias de contrabandistas, el Camino de Santiago, el mito de Roland, los búnqueres de la posguerra, las ovejas lanudas “latxas”, el pico Ortzanzurieta desde el que divisábamos la Mesa de los Tres Reyes fronteriza con el Pirineo aragonés y con Francia, los escalofriantes desniveles y la generosa naturaleza de prados y hayas. 

De vez en cuando nos desplegábamos en el paso fronterizo de Valcarlos, con casco metálico y subfusil en bandolera. Para los franceses que entraban en España por Valcarlos teníamos que estar dando la viva imagen de un país militarizado.

Eran frecuentes también las marchas nocturnas para teóricamente impedir los movimientos de los terroristas. En una de ellas, en una noche de perros en la que no paraba de jarrear, en la denominada senda de Napoléon, que une Saint Jean Pied de Port con Roncesvalles, uno de los pelotones, que siempre iban acompañados de guardias civiles para los controles y reconocimientos, divisó una romería de luces en una noche más oscura que la boca de un lobo.

En medio de una enorme tensión y acojono se oyó un enérgico grito, “Alto, la Guardia Civil”, e inmediatamente atemorizados respondieron los portadores de las luces: “somos peregrinos, somos peregrinos”. Eran 9 peregrinos haciendo el Camino de Santiago a los que se les identificó y se les trasladó al cuartel de la Guardia Civil de Burguete. El incidente terminó con una multa del gobernador civil de 200 pesetas para cada uno de ellos por cruce ilegal de frontera.

Esta situación berlanguiana tuvo el contraste trágico poco meses después, el domingo 4 de julio de 1982 (los de mi compañía ya nos habíamos licenciado 6 meses antes), cuando ETA asesinó en Burguete a un joven guardia civil, Juan García González, y dejó malherido a otro, Francisco López García. Los dos con 21 años, hijos de guardias civiles, solo llevaban dos meses en el Grupo especial de intervención de montaña.

Mientras estaban en la discoteca “Biltoki-70”, los terroristas les habían colocado dos bombas lapa, con tres kilos de goma dos cada uno de ellas, debajo del Ford Fiesta en el que se desplazaban. Solo estalló la de las ruedas traseras. Fue la respuesta cobarde y criminal de ETA por aquel despliegue militar en la frontera navarra que pagaron a un precio tan elevado como injusto dos familias, una de Marchamalo (Guadalajara) y otra de Granada.

Al funeral, que se ofició en la iglesia de San Miguel de Pamplona, asistió el director de Seguridad del Estado, Francisco Laína, que había sido gobernador civil de Zaragoza y presidente en funciones durante las horas en las que los diputados, el presidente y los ministros del Gobierno, permanecieron secuestrados el 23-F en el Congreso de los Diputados .

Hay una realidad interior, la de la confrontación diaria, los insultos y la feroz deshumanización, y hay una mirada exterior, desde la distancia, que descubrimos por ejemplo en los votos de los aragoneses residentes en el extranjero.

En el Censo Electoral de los Residentes Ausentes (CERA), los resultados de las elecciones autonómicas se invirtieron. Los partidos de la izquierda (PSOE, Chunta e IU-Sumar) obtuvieron 534 votos más que los de la derecha (PP y Vox).

El PSOE recibió el 32,6% de los votos, cuatro puntos más que en 2023. El PP, el 23,8%, casi un punto menos. Vox, el 12,3%, casi dos puntos más que en las anteriores pero lejos del 18% que alcanzó el pasado 8 de febrero. Chunta el 7%, IU-Sumar el 5,3% y Aragón Existe el 2%.

La muestra de los que participaron es pequeña, 4.355 votantes, aproximadamente el 10% del censo exterior total, pero indicativa de que los aragoneses que viven fuera ven el país con más optimismo y orgullo que los de dentro. Como también lo ven prestigiosos medios de comunicación de los países en los que residen que están subrayando la vitalidad económica de España.

Medios de comunicación que destacan también la relevancia internacional del presidente Pedro Sánchez en estos tiempos tan oscuros en los que el orden mundial que nació tras la II Guerra Mundial, definido por el multilateralismo y por la mediación de la ONU, ha saltado por los aires tras la irrupción imperialista de Trump, de los multimillonarios tecnológicos y de los teóricos de la Ilustración oscura que ven incompatible su concepto de la libertad con la democracia que legisla y regula.

Sánchez es el mismo presidente del que el líder de la oposición alardea que no puede salir a la calle porque España se cae a trozos (es el mensaje central del PP) y a cuyo Gobierno los dirigentes de Vox llaman habitualmente criminal. Se pueden rechazar y castigar electoralmente los pactos del presidente Sánchez para gobernar pero lo que no se puede es marcarle como enemigo de la sociedad cuestionando su legitimidad desde el minuto uno de la legislatura.

Copio a Elvira Lindo: “Como Feijóo, yo también creo que Sánchez no puede ir tranquilo por la calle, y me parece mezquino que dicha realidad le haga sentir más cerca de su victoria”. Feijóo, el de los continuos volantazos que ha terminado atrapado en la calle sin salida de Vox, debería saber que respetar la democracia es respetar lo que hemos votado los electores en las urnas. Lo otro se asemeja más a la mezquindad, a la frustración y al despecho. La espiral de odio que se está alentando en las redes sociales pero también, y esto es más irresponsable, en las sedes parlamentarias y en la conversación pública, puede llegar a ser de difícil retorno.

Lo están confirmando las recientes elecciones autonómicas, convocadas por deseo del líder de la oposición. La ruptura cainita entre los dos grandes partidos está engordando el populismo de Vox. Extremismo que está calando a fondo en los entornos periféricos, rurales y urbanos, donde ha enraizado el resentimiento de sentirse abandonados por las élites de las grandes ciudades.

Está calando hasta tal punto ese malestar que votan contra sí mismos, contra el colchón de seguridad de las políticas de la Unión Europea, contra las políticas de igualdad entre hombres y mujeres, contra el pago de impuestos, contra el cambio climático, contra las autonomías, contra las comarcas y contra los inmigrantes, señalando especialmente a los musulmanes, que les construyen y reforman las viviendas, que son imprescindibles en algunas tareas agrícolas, que cuidan a sus padres o abuelos y que les llevan a diario los paquetes de Amazon. “Tiene que haber un cambio o al final se nos comen, no se les pueden dar tantos derechos”, leí que opinaba de los inmigrantes un ganadero turolense mientras su empleado extranjero echaba paja a las ovejas en las jaulas.

Tengo debilidad por los responsables públicos que, como Juan Manuel Moreno Bonilla o Salvador Illa, por poner dos ejemplos, respiran institucionalidad y convivencia, no insultan ni atacan verbal y visceralmente a los rivales, que no enemigos. En su primera comparecencia tras la enfermedad bacteriana que dejó sin fuerza sus piernas, el presidente de la Generalitat insistió en que “hemos de recuperar la buena política, mejorar el debate político, los nexos personales y las relaciones entre territorios”.

Todo bajo el hilo conductor de la humanidad: “Hemos de transformar los valores de humanidad en beneficios tangibles para mejorar la vida de la gente”. Valores que son lo más opuesto a las estrategias trumpistas que se están extendiendo con gran despliegue de medios a las sucursales europeas de la ultraderecha.

Por qué no decirlo para finalizar, he recibido un soplo de aire fresco y de esperanza al comprobar que para los aragoneses del exterior ni Aragón ni España se están cayendo a trozos.

La gerente de Zaragoza Cultural, María Uriol, comunicó recientemente a los responsables de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) que el contrato de la Cincomarzada pasaba de ser un contrato de colaboración a un contrato de patrocinio.

El equipo de gobierno municipal se desvincula de su papel de organizador para limitarse a aportar la subvención de 20.000 euros, incluido IVA, sin que esa cantidad se haya actualizado desde antes de la pandemia. A partir de la firma del nuevo contrato, la responsabilidad organizativa correrá por cuenta de la FABZ, que agrupa a más de 40 asociaciones vecinales.

Dicho una manera gráfica: el Ayuntamiento de Zaragoza ya no estaría obligado a destinar las brigadas municipales para los montajes, ni para los equipamientos, ni para las instalaciones sanitarias, en el Parque el Tío Jorge. Toma la subvención con IVA incluido y apáñate por delegación. El presidente de la FABZ, Arturo Sancho, lo define así: “Es como cuando una asociación organiza la hoguera de San Antón, un pasacalles en el barrio o una semana cultural”. Solo que la Cincomarzada es la segunda fiesta local junto a la de San Valero y también la más participativa después de la fiesta nacional del Pilar.

Eso sí, les han garantizado que este año todavía contarán con la tutela técnica de los servicios municipales. En la Cincomarzada participan alrededor de un centenar de peñas, colectivos y entidades ciudadanas.

La gerente de Zaragoza Cultural les explicó que la asesoría jurídica ha puesto reparos. Reparos jurídicos que no han existido durante 45 años desde que el primer alcalde democrático la declaró fiesta local en 1981. La motivación de Ramón Sáinz de Varanda y de la primera Corporación democrática: celebrar la recuperación de las libertades. La Cincomarzada, que nació en 1842 como una fiesta popular al aire libre, de punta a punta de la ciudad, había estado prohibida por el franquismo desde 1937. 

Conmemora la victoria de los zaragozanos movilizados espontáneamente contra las tropas carlistas/absolutistas que habían ocupado la ciudad por sorpresa en 1838. Fue un episodio de defensa vecinal que le valió a Zaragoza el título de “Siempre Heroica” otorgado por la reina Isabel II a la que respaldaban los liberales. Por ser una fiesta ciudadana y participativa singular en España, la FABZ tiene adelantada la documentación para que el Gobierno de Aragón o el Gobierno de España la declaren Bien de Interés Cultural Inmaterial.

¿Estamos ante una decisión de guerra cultural disimulada? Lo parece. Más con el precedente del año pasado cuando la Cincomarzada se hizo coincidir con la entrega de unos Premios al Mérito Cultural en el salón de plenos municipal.

En aquella ocasión, el presidente de la FABZ afirmó enérgicamente que “si Zaragoza es lo que es, es gracias al movimiento vecinal”. Y añadió: “No encontramos ninguna razón lógica ya que se trata de unos reconocimientos sin arraigo y que no hacen otra cosa que contraponer una cultura con otra”. Contraposición entre fiesta popular/reivindicativa, gobierne quien gobierne, y fiesta institucional.

Un año antes, en 2024, el equipo de gobierno hizo coincidir la presentación de la nueva comparsa de gigantes y cabezudos, que incorporó a los gigantes Palafox y Agustina de Aragón, con la “Marcha de los Barrios”, el desfile central reivindicativo de la FABZ, que sale de la plaza del Pilar y finaliza en el parque del Tío Jorge. Tradicionalmente, el desfile siempre había ido acompañado por la Comparsa. En esa ocasión no pudo ser.

Con estas decisiones del equipo de gobierno municipal, uno llega a pensar, siguiendo el hilo de la politóloga Estefanía Molina, que “lo que construyeron los padres en la transición ya no sirve para los hijos”.

Tampoco la fórmula de fiestas populares, de calle y gratuitas, que surgió durante los primeros años de la democracia. Basta contrastar, por poner un ejemplo, la redefinición jurídica de la Cincomarzada con el concierto en la Plaza del Pilar del Padre Guilherme, conocido como el “cura DJ”, durante los días previos a las pasadas fiestas del Pilar con un coste de 50.000 euros. Techno y música sacra.

Debe ser el signo de los tiempos. Retomo el hilo de Estefanía Molina: “este sistema, hecho para los ”boomers“ está agotado”. Los “boomers” somos los nacidos entre 1946 y 1964 durante la época de prosperidad económica y el boom de nacimientos posterior a la II Guerra Mundial. Según la politóloga, está agotado por el declive de la clase media y por el auge de una generación antisistema indiferente al estado del bienestar y a la necesidad de pagar impuestos. ¿Por qué? Porque ven que sus esfuerzos para progresar socialmente no dan resultados.

No quiero pasarme de trascendental pero los resultados de las recientes elecciones autonómicas, subrayo autonómicas, han agrandado el espacio de la derecha y de la extrema derecha en Aragón hasta una mayoría sin precedentes. En especial, en la capital aragonesa. Con el tiempo comprobaremos si esa mayoría es coyuntural o hegemónica. Lo digo porque existe el precedente de Podemos al que se le han esfumado los 14 diputados autonómicos de 2015 en 10 años. Los mismos que acaba de lograr Vox doblando escaños.

En la Zaragoza en la que nació la FABZ en 1978, el año del referéndum de la Constitución, el PP y Vox han sido mayoritarios en todos los distritos y barrios rurales, también en la Margen Izquierda, Las Fuentes y Torrero, de tradición izquierdista, con caídas del PSOE en muchos de ellos entre 5 y 7 puntos. El peor resultado del partido mayoritario de la izquierda en votos, perdió casi 17.000, y en representación. Mejor no extenderse con los resultados de las nuevas urbanizaciones de Zaragoza y de su entorno. Chalés, viviendas unifamiliares, adosados, nuevas promociones, hipotecas, que refuerzan el individualismo/conservadurismo y debilitan el sentimiento comunitario de los barrios tradicionales.

Estamos ante un escenario propicio para las guerras culturales y las revisiones históricas. Tiene tajo por delante Pilar Alegría, que se autodefinió en la campaña electoral como la líder de una mayoría de progreso que todavía está lejana. Alegría tiene la responsabilidad extra de haber obtenido la mayoría de concejales en 2019, 10, antes de dejar 8 meses después el Ayuntamiento de Zaragoza por la delegación del Gobierno.

En la noche electoral, después de ganar las elecciones perdiendo dos escaños y más de 13.000 votos, Jorge Azcón enfatizó ante sus seguidores el “Tic, Tac” del cocodrilo que, además de la mano del tiránico capitán Garfio, se comió un despertador.

La película de Disney Peter Pan le sirvió de metáfora sobre el cercano e inevitable final del sanchismo. Una estrategia obsesiva, una necesidad de revancha electoral, que les está haciendo perder de vista que el “Tic,Tac” también está sonando desde su extrema derecha.

De 7 a 14 escaños, acercándose al 20 por ciento de los votos, Vox está en una posición el doble de fuerte que cuando Azcón adelantó las elecciones por primera vez en la historia de Aragón. Con la finalidad de debilitar a Vox y de desgastar al Gobierno de Pedro Sánchez personalizado en esta ocasión en la ex portavoz y ex ministra de Educación, Pilar Alegría, que ha caído al suelo electoral del PSOE en Aragón y tiene una ardua tarea de oposición por delante.

El riesgo de bloqueo de la comunidad autónoma es mayor que lo era cuando se convocaron las elecciones. Basta con mirar hacia Extremadura y hacia Castilla y León, próxima estación de la gincana electoral diseñada por Alberto Núñez Feijóo que continúa sin digerir el shock de no haber conseguido alcanzar la presidencia después de las elecciones generales de 2023. En Aragón después del 8-F, Vox reclamará proporcionalmente a sus resultados departamentos potentes y partidas presupuestarias previamente cerradas.

En el PP estaban avisados. El cocodrilo del “Tic, Tac” ya se había comido al centroderecha en Francia y en Italia, y está amenazando con hacerlo en el Reino Unido, en Alemania y en Portugal. En la segunda vuelta de las presidenciales portuguesas, que coincidieron con las elecciones en Aragón, fue el líder de la extrema derecha, André Ventura, el que compitió con el candidato socialista, Antonio Seguro. El candidato del PSD, el equivalente al PP, había quedado el quinto en la primera vuelta a pesar de que el líder de su partido, Luis Montenegro, es el primer ministro del país.

El candidato socialista arrasó en la segunda vuelta con el 67 por ciento de los votos pero Ventura, admirador del dictador Salazar, alcanzó el 33 por ciento de los votos, un porcentaje que le acerca al liderazgo en el espacio de la derecha. Lo diferencial, y esto es lo más importante, es que líderes del centroderecha, como ex presidente de la República Aníbal Cavaco Silva y el alcalde de Oporto, Pedro Duarte, pidieron el voto para el candidato socialista. La centralidad. La prevención frente al extremismo. Ursula von der Leyen: “La voz de Portugal en defensa de nuestros valores europeos compartidos sigue siendo firme”.

Por contra, en España y en Aragón el PP se está mimetizando cada vez más con Vox (inexplicable lo de Vito Quiles y Los Meconios en el cierre de campaña) y el PSOE de cara a las elecciones generales parece sentirse cómodo y hasta ridiculiza la dinámica de Feijóo, pese a la alarmante pérdida de debate interno, de poder y de liderazgos en los territorios.

Ni unos ni otros se están dando cuenta de que los electores los están castigando por la bronca diaria, que insensibiliza la gestión que beneficia a los ciudadanos, y por la falta de acuerdos en las grandes cuestiones de Estado. Con alguna ejemplar excepción como la de Andalucía tras la tragedia ferroviaria de Adamuz. Cuanto más se alejan de la centralidad/moderación, el PP y el PSOE más cerca tienen al cocodrilo del “Tic,Tac”, más engordan a Vox. Y, en el caso de los socialistas, abren el abanico para que opciones territoriales con un liderazgo fresco, como el de Chunta, sean bien recibidas por los electores mientras que otra histórica y zalamera con el Poder, como el Par, se queda sin representación parlamentaria después de 43 años de autonomía.

Giuliano Da Empoli, el autor de 'La hora de los depredadores', afirmaba en una reciente entrevista en Agenda Digital que “el nuevo mundo solo ocurrirá si, en algún momento, entramos en un conflicto comercial digital con Estados Unidos”. Por nuevo mundo entiende el choque regulatorio para preservar la democracia liberal frente a la convergencia explícita entre depredadores digitales (propietarios de las plataformas digitales y figuras relevantes del sector tecnológico) y políticos extremistas mayoritariamente de la derecha y de la extrema derecha.

La toma de decisiones está siguiendo cada vez más la lógica de las reglas del ámbito digital. Incluyen también las interferencias en los procesos electorales democráticos. Tecnológicamente, caminamos hacia un Poder sin contrapesos en el que el uso de la fuerza es una posibilidad real como ya se ha comprobado en Estados Unidos. El presidente Trump ha excedido los límites constitucionales e institucionales.

En esta atmósfera hay que interpretar el tuit en su plataforma X del hombre más rico del mundo, Elon Musk: “El sucio Sánchez es un tirano y un traidor al pueblo español”. Segundo tuit: “Sánchez es el verdadero fascista totalitario”. El presidente español acababa de anunciar en una Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái que España va a prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales. Una medida que ya se está aplicando en Australia, que se ha consensuado en Dinamarca pendiente de su entrada en vigor y que se está tramitando como proyecto de ley en Francia. Dinamarca y Francia dejan el límite de la prohibición en los 15 años.

Comenzando por la protección infantil (obligando a las plataformas a incorporar sistemas de verificación de la edad, de seguimiento de los mensajes de odio y de manipulación de los algoritmos) se trata de recuperar el poder regulatorio frente a plataformas globales que desde Estados Unidos operan fuera del control europeo.

El acceso directo al debate público, lo que Sánchez denominó “estado fallido”, está en manos de los dueños de las plataformas tecnológicas. La prueba más reciente ha sido que el fundador de Telegram, Pável Dúrov, se ha dirigido personalizadamente a los usuarios españoles de esa plataforma para cuestionar a un presidente elegido democráticamente.

Manipulan la libertad de expresión –“queremos que todos puedan decir y eventualmente hacer lo que quieran”– para blindar un boyante modelo de negocio y de control de las mentes. En el Parlamento europeo han cifrado en un 30% los ingresos de las redes sociales que proceden de publicidad dirigida a menores.

Según la International Data Corporation (IDC), en 2024 los cinco principales proveedores estadounidenses de “nube” acapararon el 83% del mercado europeo. Modelo del que están siendo colaboradores necesarios la inmensa mayoría de los responsables públicos europeos que publican a diario en X o en Telegram y de los medios de comunicación, creadores de contenidos, contertulios e “influencers” que priorizan y amplifican los mensajes.

Según Da Empoli, en términos de usuarios de redes sociales aproximadamente el 90% del contenido lo generan solo el 5% de los usuarios. La arquitectura de las redes enfatiza el contenido más atractivo que es el del conflicto, el de segmentar las audiencias y el de crear tanta división como sea posible. Unas minorías extremas atraen la atención de todos los demás y barren hacia los extremos en vez de hacerlo hacia el centro.

El aldabonazo de Pedro Sánchez en Dubái, al que Abascal respondió aplaudiendo a Musk mientras que Feijóo prefirió pasar “de ese lío”, sirve para concienciarnos de que sin soberanía digital, la Unión Europea no será independiente. Están en juego la salud de los menores, también la del resto de las edades, y la autonomía estratégica de nuestro continente.

A pesar de que el Parlamento europeo aprobó una resolución para impulsar criterios de contratación pública y medidas para favorecer a los proveedores europeos, todavía estamos en mantillas.

La Comisión Europea también está acelerando iniciativas para promocionar las “nubes locales” y legislación que proteja datos y servicios estratégicos (por ejemplo los de nuestras administraciones públicas) y permita sancionar los abusos de las plataformas tecnológicas estadounidenses.

Todavía estamos muy lejos de contar con campeones tecnológicos europeos. Este último fue el término que utilizó Macron en la reciente cumbre de Davos para añadir: “esto es simplemente una negativa a ser vasallos”. Vasallos de los señores feudales tecnológicos.

Curiosamente, a pesar de que Francia ha sido pionera en la prohibición del acceso de menores a las redes, y la Fiscalía ha abierto una investigación sobre X, Musk nunca ha arremetido contra Macron. El editor de economía de la BBC, Faisal Islam, lo atribuye a las cenas del propietario de X en los palacios de Versalles y del Elíseo, y también a las ventas del Tesla en el país vecino.

En síntesis, las afirmaciones de Sánchez y de Macron pretenden que las decisiones sobre el entorno digital respondan a criterios democráticos europeos (educación en valores, respeto a las minorías, sociedad del bienestar y una saludable discusión pública que salga de los extremos) y no solo a las cuentas de resultados de Silicon Valley.

Sin vasallajes y con valor añadido en el territorio. Esto vale para Europa, vale para España y vale para Aragón que se está convirtiendo en un polo de atracción de inversiones tecnológicas.

Entre la afirmación de que una expansión incontrolada puede terminar en un “suicidio anunciado” y el canto de inversiones millonarias que recuerdan el sorteo de la Navidad, la mayoría de ellas todavía por concretar, tiene que haber una salida intermedia. 

La primera afirmación es del relator especial de la ONU sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, el profesor Pedro Arrojo. La segunda es del presidente Azcón que ya se atribuye más de 70.000 millones de euros de inversiones y 50.000 nuevos empleos directos e indirectos en 2028, la mayoría de ellos en centros de datos (el último aireado en campaña electoral: el traslado de Cariñena a Épila de un campus de centros de datos, denominado “proyecto Epilon”).

Los centros de datos son naves llenas de procesadores imprescindibles para la Inteligencia Artificial que alojan los datos que se guardan en la nube y donde se ejecutan cálculos para dar servicio a aplicaciones o para minar criptomonedas. Procesadores que sin refrigeración, se asfixian.

Sabemos que la práctica totalidad de esas inversiones se concentrarían en el área de influencia de Zaragoza y en el corredor con Huesca. Relativicen, por tanto, el principio del reequilibrio territorial.

Sabemos -las cifras varían según las fuentes- que son voraces consumidores de energía y de agua (se localizan cerca de los cauces fluviales, de las autopistas eléctricas y de las concurridas vías de comunicación) y que los empleos se jibarizan y especializan cuando termina la construcción. 

Sabemos que a iniciativa de IU y de Vox se aprobó por unanimidad en las Cortes de Aragón a finales del pasado abril una Comisión Especial de Estudio que murió antes de nacer por el adelanto electoral. 

Sabemos que, además de las grandes tecnológicas de Silicon Valley como Microsoft y Amazon y de grandes empresarios nacionales como Florentino Pérez, potentes compañías aragonesas como Samca y Forestalia también proyectan centros de datos interconectados con sus proyectos para exportar energías renovables (parques eólicos y plantas solares) a autonomías vecinas como el País Vasco, Cataluña o la Comunidad Valenciana.

Sabemos que los Planes de Interés General Autonómico (PIGAS), que acortan trámites y otorgan generosas bonificaciones y exenciones fiscales, han dejado de ser excepcionales para ser habituales con razonables dudas sobre el rigor de las evaluaciones medioambientales.

Sabemos que no se conocen los contratos que firman de suministro de agua o de energía. No hay registro de detalle de las necesidades reales de energía y de agua. 

Sabemos, salvo error u omisión, que no se ha consultado al Consejo Consultivo de Aragón, el órgano superior de consulta del Gobierno de Aragón integrado por expertos juristas.

Sabemos que no se ha contado con los ayuntamientos afectados que han sido convidados de piedra en más de un caso, ni con las organizaciones sociales. También se echan en falta las aportaciones de la Universidad de Zaragoza. Lo que no sabemos todavía es cómo podría repercutir el aluvión de centros de datos en el coste de la energía para los residentes locales.

Un colectivo de activistas, en el que están entre otros Ecologistas en Acción y una red universitaria bajo el paraguas de la cátedra Unesco en Derechos Humanos y Sostenibilidad, ha presentado ante el Tribunal Superior de Aragón el primer contencioso en España por parte de la sociedad civil contra un proyecto de centros de datos. Se trata de la ampliación de 5 instalaciones de Amazon Web Services (AWS).

Contexto rápido. En Estados Unidos grupos de activistas han bloqueado o retrasado proyectos de datos valorados en 64.000 millones de dólares en Michigan, Wisconsin y California. También hay contestación ciudadana en Virginia y en Oklahoma acaban de aprobar una moratoria de 3 años.

En Europa, Irlanda ha mantenido durante los últimos 4 años severas restricciones hasta aprobar un nuevo Plan para reanudar el desarrollo de centros de datos bajo un estricto control eléctrico (en 2024, los centros de datos absorbieron el 22 por ciento del consumo eléctrico del país).

Los Países Bajos y el ayuntamiento de Amsterdam aprobaron una moratoria en 2020 para frenar su desarrollo en zonas metropolitanas. En Alemania y en Suecia también se han aprobado restricciones para cumplir los requisitos medioambientales y de eficiencia energética.

En España, el ayuntamiento de Lleida fue el primero en vetar la construcción de dos centros de datos. “Son cajas de zapatos, no aportan nada a la economía local”, opinó el alcalde Fèlix Larrosa (PSC). En Aragón, la candidata socialista a la presidencia de Aragón, Pilar Alegría, lleva en su programa electoral un impuesto solidario a los centros de datos que revierta en beneficio de los municipios aragoneses y de los servicios públicos. IU-Sumar, Cha, Podemos y Aragón-Teruel Existe se han posicionado activa y radicalmente en contra de una posible burbuja de cifras infladas de empleos.

Debería ser uno de los grandes debates de la sociedad aragonesa y de la campaña electoral como décadas atrás lo fueron las centrales nucleares en el Bajo Cinca y en el Bajo Aragón, la térmica de Andorra, la General Motors o Gran Scala, “Las Vegas” de los Monegros. Sin embargo, el Gobierno de Aragón está llevando adelante una política de anuncios de grandes inversiones a medio camino entre el márquetin electoral y los hechos consumados en la que los grandes ausentes están siendo el debate social y político, y la evaluación rigurosa. Hay ya más de 30 centros datos tramitados o pendientes de tramitación. Nos estamos jugando la explotación de los recursos naturales de Aragón en tiempos de sequías y cambio climático.