A diferencia de aquella primera huelga de mujeres que narran los textos de Aristófanes (411 a.C.), en la que Lisístrata lideraba a las mujeres de Atenas y Esparta para que, bajo amenaza de abstinencia sexual, los hombres pararan las guerras interminables del Peloponeso, en esta ocasión, las mujeres del siglo XXI reclamamos justicia social y económica, el fin de las desigualdades derivadas del reparto de roles de género y sus diferentes reconocimientos sociales, laborales y de remuneración.

En estas últimas semanas hemos vivido bajo una tormenta de datos sobre las diferencias salariales, el techo de cristal, los contratos parciales que soportamos mayoritariamente las mujeres, los cargos directivos que acaparan los hombres a pesar de que hace tiempo que nosotras les adelantamos en formación. Se han aportado cifras sobre a qué dedicamos el tiempo unas y otros, a las tareas de cuidados que nos echamos a la espalda sin remuneración y con ellas, las excedencias laborales. Se ha visibilizado el sexismo en las pensiones, las diferencias en jubilación, viudedad y otras.

Pareciera que en esta última quincena se hubiera concentrado toda la perspectiva de género que, de habitual, los medios de comunicación ignoran. Esto, con el consiguiente riesgo de intoxicar y llevar a la saturación.

Resulta evidente que sobran los motivos para la huelga de hoy, como es obvio lo que pasará si todas paramos. Se quejaban las derechas estos días de que esta protesta cuestiona el modo de vida occidental. Por esta vez no les falta razón, pues nuestra convivencia actual se sostiene sobre múltiples desigualdades, entre ellas en el trabajo de cuidados que realizan las mujeres, especialmente el que no cuenta con reconocimiento social ni remuneración, esos cuidados que hacen posible la vida y sin el que nuestras sociedades se desmoronarían.

Más desenfocadas de la realidad quedan las lecturas de las patronales canarias. Sus líderes provinciales aseguran que la discriminación por género no tiene que ver con la empresa ni con las relaciones laborales. Más allá de la evidencia de los datos que les desmienten, no cesan en el empeño de sacar de la vida pública, económica y política esta problemática, insistiendo en delimitar el machismo al ámbito privado, sin asumir que se trata de un problema estructural.

Sean cuales sean los números reales de la jornada de hoy, los que publiquen sus convocantes y contradiga el Gobierno, los titulares del día después, esta huelga habrá conseguido importantes objetivos. Entre ellos, el de generalizar un debate sobre las desigualdades sexistas y el papel clave de las mujeres en la economía, sacándolo del residual mundo del activismo, de los debates militantes, de las aulas y los foros universitarios. Lo ha puesto en las portadas de los periódicos, en los plenos de las instituciones y, sobre todo y más relevante, en las tiendas de los barrios y en las colas de los supermercados, en los centros escolares, en las barras de bar y las sobremesas familiares.

Por otra parte, esta convocatoria de huelga feminista ha convertido la reivindicación en un escenario posible para todas. La hayan secundado o no, millones de mujeres se han cuestionado su derecho y la legitimidad de parar. Una situación poco imaginable hace nada.

Claro está que corremos el riesgo de que estos logros sean efímeros, que se desvanezcan tras convertirse en modas pasajeras. En nuestras manos queda la tarea de aprovechar el momento para difundir nuestros discursos y propuestas o, de lo contrario, quedarnos reducidas a ser otro mecanismo más de drenaje del sistema.

El reto del día después de esta huelga es saber mantener vivo el debate en sectores amplios de la sociedad, integrar nuevas miradas y demandas, repensar nuestras formas de organización y acción, de uso del tiempo, para que quepamos todas, más diversas, más rebeldes. Que no tengamos que esperar al próximo 8 de marzo para que la sociedad reabra este debate.

Desde las instituciones, son también muchas las políticas públicas que deben ponerse en marcha. Empezando por afinar las herramientas de las que ya nos hemos dotado, para que sean realmente eficaces y pasemos de los derechos formales a los reales. Desde las administraciones podemos y debemos servir de ejemplo para que se constate que otra forma de relacionarnos es posible, en la vida laboral y en la pública.

Todos los agentes sociales, económicos, medios de comunicación, colectivos sociales, debemos revisar nuestro modus operandi y ver en qué medida sirven para perpetuar las desigualdades, para reproducir el sexismo.

Son apenas unos apuntes de la mucha tarea pendiente que nos queda si queremos avanzar hacia una democracia real, a una sociedad en la que quepamos todas las personas, donde convivir en igualdad y libertad.

Las estadísticas del Poder Judicial muestran que en 2016 se registró una media de 391 denuncias diarias por violencia machista, 134.462 mujeres denunciaron en 142.893 ocasiones, lo que supuso un incremento del 10,6% respecto al año anterior.

El pasado domingo era asesinada otra mujer en Canarias, la tercera oficialmente confirmada por violencia machista en lo que va de año en nuestro archipiélago. Se repitieron los actos de repulsa por todas las islas e instituciones y, allí estaba, a las puertas de la sede de la Presidencia de Canarias en Tenerife, Fernando Clavijo, guardando minuto de silencio ante las cámaras. El problema surgió cuando tuvo que hablar públicamente sobre algo de lo que no entiende. Lo realmente grave es que el presidente de Canarias no entiende de un problema de semejante magnitud.

Fernando Clavijo mezcló prejuicios con argumentarios y, como quien no quiere la cosa, trasladó la violencia machista al ámbito de lo privado, devolviéndonos el planteamiento de que lo que ocurre de puertas adentro, en la intimidad del hogar, no es un asunto social, colectivo, sino un asunto individual en el que la sociedad no debe entrometerse.

Redundó Clavijo en esta idea y, negando a Rousseau, desechando la sociología y hasta la psicología social, insistió en que se trata de hechos cometidos por “personas individuales”. Obvio, quienes ejercen violencia contra las mujeres no suelen actuar en manada. Se deduce que el presidente jamás escuchó ni leyó la ya clásica consigna feminista de que lo personal es también político. Otra lástima, de lo contrario, si se hubiera permeado de feminismo, probablemente hoy tendríamos un presidente decente, además de defensor de la igualdad entre hombres y mujeres como única manera de acabar con lo que es ya una gravísima lacra social. Porque lo que dice el señor Clavijo es claramente una indecencia contra las mujeres y contra las ideas de igualdad.

Pretendía quizás Clavijo lavarse las manos, sacudirse toda responsabilidad sobre esta lacra, porque tampoco dudó en negar que se trate de un “fallo del sistema”. Peor aún, restó eficacia a protocolos y otras medidas preventivas.

Sospecho que la falta de un conocimiento exhaustivo del fenómeno por parte del presidente se vio aderezada por los prejuicios clasistas que genera en muchas ocasiones los detalles con los que se adornan este tipo de informaciones, convertidas en crónicas de sucesos.

Las realidades son siempre complejas, señor Clavijo. Y aunque variables como la exclusión social o las adicciones acentúan la peligrosidad de los comportamientos machistas, éstos están presentes en todos los niveles socioeconómicos y culturales, impregnan todas nuestras relaciones sociales y personales.

Las redes sociales hierven, poniéndole los puntos sobre las íes a sus desafortunadas declaraciones. Algo que habla mucho y bien de la alta conciencia social sobre este fenómeno que usted ha demostrado desconocer o, peor aún, relativizar.

Solo me queda pedirle que no nos devuelva a las cavernas, que no nos disfrace con las sombras de lo individual y lo doméstico lo que es un fenómeno lamentablemente generalizado, que se repite año tras años, mes a mes. No nos devuelva a la caverna franquista, no ignore las décadas de lucha feminista que ya han propiciado importantes avances en la conciencia colectiva de este país, de estas islas. Y tampoco se lave las manos ni se rinda. La lucha por la igualdad es responsabilidad de toda la sociedad, ciudadanía e instituciones, y en éstas ostenta usted, para desgracia de nuestra comunidad, una de las máximas responsabilidades.

Llevamos año y medio de una legislatura que se ha tornado particularmente difícil para los consejeros y consejeras de Podemos en el Cabildo de Gran Canaria. Ha sido un año y medio de ninguneo, boicot y acoso por parte de la dirección canaria de Podemos contra el pacto de gobierno insular del que formamos parte, contra nuestro trabajo, contra el proyecto común, contra la necesidad de cambio que precisa este archipiélago, contra la única administración que planta cara al avance neoliberal que imprime el insularista Clavijo desde el ejecutivo autonómico. Esta dirección de Podemos Canarias jamás asimiló que una lista alternativa le venciera en las primarias ni, mucho menos, que las bases ratificaran mayoritariamente que las cuatro personas de Podemos elegidas en las elecciones del 25M formemos parte del gobierno insular.

Esta dirección ha hecho de Podemos Canarias una organización profundamente vertical, donde se persigue la disidencia. No existe debate, ni democracia, ni proyecto canario. Con ello han lesionado seriamente la ilusionante irrupción de Podemos en las islas, que superó los 130.000 votos. No por casualidad ha dimitido la mayoría de los consejos insulares y el Autonómico hace equilibrios en un quórum ficticio.

En este contexto y con estas claves es como puede entenderse la intencionada construcción del conflicto Pita-Brito. Un imaginario diseñado por la dirección de Podemos y difundido a través de los medios de comunicación en un intento de ocultar la existencia de diferentes visiones de lo que debe ser la alternativa de cambio en Canarias.

Desde el primer momento, esta dirección en las islas no ha dudado en dar crédito y apoyar ataques sin fundamentación a la vida privada, en intentar agitar el rechazo a cualquier decisión o acción de los suyos en el Cabildo, sin debate ni consulta previa, en busca del conflicto y el descrédito personal y político. Siempre presentando al compañero Juan Manuel Brito como presunto líder de una trama perversa en su contra. El discurso vertido convierte en zombis sin voluntad propia al resto del grupo en el Cabildo, como si los demás no tomáramos decisiones, no tuviéramos criterio ni opinión y nos limitáramos a cumplir sus órdenes. Tratamiento similar recetan a las decenas de personas que durante décadas han invertido sus esfuerzos en el desarrollo de proyectos en las organizaciones sociales en las que Juan Manuel Brito ha participado, hasta llegar a verbalizarlas como si las ONGs fueran de su propiedad. De igual modo invisibilizan a las muchas personas y proyectos que apuestan por Sí se puede en el archipiélago, como herramienta y agente protagonista de la marea de cambio en Canarias.

Resulta igualmente inquietante que la dirección canaria que se ha esmerado en vaciar de contenido los Consejos Ciudadanos Insulares, órganos naturales de coordinación de Podemos con los cabildos, sea la misma que acusa a Juan Manuel Brito de no rendir cuentas a un partido que, por otra parte, lo ha mantenido apartado de militancia desde el comienzo de la legislatura.

Uno de los logros de este Gobierno de Gran Canaria ha sido la creación, por primera vez en su historia, de la Consejería de Igualdad, un área específica que nos permite trabajar coordinadamente la igualdad de género, la violencia sexista, la diversidad sexual y las identidades de género. Dando la espalda a este logro, que no es de Podemos sino del feminismo, se ha enhebrado un discurso interesado y sexista.

Quisiera creer que lo que ha llevado a esta dirección a tener una actitud marcadamente sexista con mi trabajo y mi persona ha sido su empeño en mostrar que el problema en Podemos Canarias es Brito, y que es justamente este empeño el que les ha llevado a atacar, calumniar, expedientar y amenazar con expulsar a Juan Manuel Brito por decisiones que he tomado yo, como consejera de Igualdad, porque son de mi estricta competencia, como es el caso de la elección de la dirección general. También le acusan de adjudicar subvenciones que no dependen de él y sí, en parte, del área que yo dirijo, en base a una convocatoria pública valorada por personal técnico en la que yo no participo. Le responsabilizan especialmente de las adjudicadas a una ONG a la que yo también pertenecí pero que, miren por dónde, en mi persona no les resulta grave.

En la misma línea de despropósitos sexistas está el asunto que tiene que ver con el conflicto de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC). Siendo yo la representante de Podemos en la Fundación de la OFGC, es a él a quien acusan de separarse de la posición oficial del partido, una posición construida sin pedirme opinión, pero sí con la participación de personas que eran parte interesada del conflicto. En cualquier caso, la lógica señalaría que la desobediente fui yo, por apostar por el diálogo que finalmente condujo al acuerdo.

Por si fuera poco, trabajo con un grupo amplio de personas para la puesta en marcha y consolidación de Sí se puede en Gran Canaria, hasta el punto de ser una de las portavoces de la promotora en la isla. No deja de ser cuanto menos llamativo que sumen la promoción de Sí se puede a la lista de infracciones unipersonales de Juan Manuel Brito. Es público y notorio que esta formación formó parte desde los inicios de la constitución de Podemos en las islas y que son muchos los cargos públicos que integran las dos formaciones, sin que nada prohíba expresamente la llamada doble militancia.

Lo cierto es que Podemos demoniza a una persona en un intento de negar que éste es un conflicto político, que va más allá del compañero, niega que somos muchas las personas que discrepamos, pensamos y aportamos miradas alternativas. Podemos contradice sus eslóganes de participación y horizontalidad, bloqueando cualquier posibilidad de diálogo y confluencia. Y todo, a cualquier precio, en una vorágine de todo vale. Ignora que los procesos deben ser coherentes con las metas que dicen querer alcanzar. Mientras, Canarias espera.

En 1999, Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre Día Internacional de la violencia contra la mujer. En el Estado español se dispone de cifras oficiales a partir del año 2003, que señalan un total de 865 mujeres asesinadas, según la definición de violencia de género que recoge la legislación estatal. Treinta y nueve, en lo que va de 2016, dos de ellas en Canarias, una en Gran Canaria y otra en Tenerife, además de otras cuatro que están aún en investigación o quedan fuera de la ley. En Canarias, entre 2003 y 2016, las cifras del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad señalan un total de 54 asesinadas, 22 en Las Palmas y 32 en Santa Cruz de Tenerife.

La violencia machista, si bien hunde sus raíces en el sexismo, como ocurre con la homofobia o la transfobia, es una violencia específica contra las mujeres, por el mero hecho de serlo. Las cifras son alarmantes, pero el fenómeno sería igual de detestable aunque contabilizara una única muerte, sin olvidar el dolor y enorme daño emocional y psicológico que ocasiona en los entornos familiares, especialmente en menores.

En 51 años, entre 1960 y 2011, los atentados de ETA costaron la vida a 829 personas, cifra inferior a la acumulada por la violencia machista en solo 14 años, 865. La comparación podría invitar a la equiparación de los fenómenos, pero creo que ayuda poco considerar el machismo como terrorismo. Éste no es una acción coordinada contra el Estado, carece de propósitos políticos y tampoco pretende invertir ninguna relación de poder. Equiparar la violencia machista con el terrorismo, no ayuda a reconocer su singularidad y precisamente, del conocimiento y reconocimiento de la singularidad de la violencia machista depende en buena parte las medidas que se adopten para contrarrestarla, siendo medidas éstas que tienen que ir dirigidas al conjunto de la sociedad.

Más que interpretarlo en clave terrorista, habría que sumergirse en los mismos cimientos de lo social, donde anida el sexismo y la discriminación. Estamos hablando de comportamientos muy arraigados, que impregnan eso que se ha dado en llamar “inconsciente colectivo” y que desata su ira también contra aquellos hombres que no se sujetan al patrón binario establecido.

Precisamente por impregnar todos los rincones del espacio público y privado, por presentarse en todas nuestras formas de relación e incluso de representación, el machismo no puede afrontarse como el terrorismo, para acabar con sus asesinatos no basta un pacto de Estado, negociaciones políticas o medidas policiales. Este problema precisa de mecanismos de coordinación con garantías financieras que impliquen a todas las administraciones en educación, dependencia, sanidad, empleabilidad, condiciones laborales.

Aún así, para llegar a todos los espacios en los que se manifiesta y reproduce el sexismo, no son suficientes las iniciativas institucionales. Hay que propiciar la implicación ciudadana, generar espacios de igualdad que afronten de forma activa esta lacra vergonzosa en una sociedad del siglo XXI, pretendidamente democrática. Es necesario reformular el reparto de tareas y los cuidados, la educación, las relaciones laborales… que sitúan a las mujeres en una posición de salida profundamente desigual para su desarrollo social y su independencia económica.

Últimamente se han activado las alarmas por las cifras de denuncias entre la población juvenil. La gente joven está hoy más preparada que nunca y es mucho más consciente de la necesidad de convivir en igualdad. Es precisamente esta conciencia y la abundante información que manejan la que está en la base de la visibilización y el aumento de las denuncias, tanto jurídicas como en el ámbito escolar y familiar.

Así las cosas, no podemos dejar de reflexionar sobre el incremento de las conductas de control en las relaciones juveniles. Más allá de los discursos y la información, están los aprendizajes asimilados a través de la imitación. En la medida en que las nuevas generaciones siguen creciendo en espacios sexistas, poblados de comportamientos discriminatorios, donde se legitiman y potencian los sentimientos de propiedad como expresión indisoluble de los afectos, continúan reproduciendo estas formas de relación. Con todas las potencialidades de las nuevas tecnologías –chats, geolocalizadores, redes sociales-, el poder y los efectos del control que ejercen se multiplican exponencialmente.

Es necesario continuar y potenciar la educación en valores, poniendo el énfasis también en la deslegitimación de la violencia para la resolución de conflictos. Más allá de los medios y los espacios, los valores igualitarios y democráticos permitirán que la ciudadanía se desarrolle en libertad, con respeto a la diversidad y en igualdad de oportunidades.

En definitiva, un problema como desactivar el sexismo, tan arraigado en todas las capas y ámbitos de nuestra sociedad, necesita una respuesta coordinada, igual de múltiple, multitudinaria y multidisciplinar. Sin la participación de todo lo social: instituciones, agentes sociales y ciudadanía, no será posible acabar con la lacra social que supone la violencia contra las mujeres.

Nos echamos a andar en una calle emblemática para el feminismo gran canario: la calle Buenos Aires. Esta calle dio cobijo, allá por los años 70, precisamente en una de las sedes que hoy ocupa esta consejería, a uno de los primeros colectivos feministas de Gran Canaria así como dio cobijo también al primer colectivo gay. Estamos, por tanto, de celebración y de evocación de la historia, en la historia del feminismo hay aportaciones que siguen siendo absolutamente relevantes para pensar el presente.

Tenemos que celebrar que desde aquellos años 70, con la instauración de un régimen democrático y con la presión del movimiento feminista se han conseguido numerosos y sustantivos cambios. A pesar de las insuficiencias y dificultades, hoy las mujeres tienen derecho a acceder a todas las profesiones, a controlar su capacidad reproductora y participar en igualdad de condiciones que los hombres en la vida política, social y cultural, no siendo menor el cambio que experimenta la estructura familiar con la aparición de nuevos tipos de familia.

Pero este 8 de Marzo acontece también en un contexto de deterioro de la situación social, en un momento de esperanzas y temores en relación a qué gobierno se conformará, a si va a ser el gobierno de cambio por el que tanta gente apostó o un gobierno disfrazado de cambio pero continuista con las políticas de recortes en lo económico y en lo social que han supuesto un serio retroceso en los derechos de las personas más desfavorecidas, y de manera particular en los derechos de las mujeres.

A pesar de los avances habidos, hoy la discriminación salarial sigue siendo muy acusada, el acceso a los puestos de mayor responsabilidad parece cerrado a las mujeres en la empresa privada, en muchos de los servicios públicos y en el ámbito de la política. Los sectores de la producción mejor pagados siguen siendo básicamente masculinos. El trabajo doméstico, el cuidado de los hijos y la atención a las personas dependientes recaen mayoritariamente sobre las mujeres. En lo referente a la violencia machista, en educación sexual y educación para la igualdad, en derechos identitarios y sexuales, así como en relación al derecho al aborto hay mucho que avanzar. Para posibilitar estos avances, se hace, pues, imprescindible trabajar políticas de igualdad desde la transversalidad y desde la coordinación y cooperación interinstitucional

El desigual reparto del trabajo doméstico y de cuidados, no pagado, entre hombres y mujeres, la disminución de las rentas familiares, los recortes en los servicios públicos destinados a la atención y cuidado y el freno a las políticas de apoyo a las

familias en España, explica la mayor dedicación que realizan las mujeres a este tipo de trabajo, lo que tiene incidencias negativas en la calidad de vida, condiciona sus posibilidades de incorporación al mercado laboral y en general a su participación social y política. Cabría esperar que ante la mayor disponibilidad de tiempo de los hombres, como efecto de la destrucción de empleo masculino, hubiese una mayor dedicación de ellos al trabajo de cuidados familiares, máxime en estos años de recortes en los servicios públicos destinados al cuidado infantil y a la atención a la dependencia. Sin embargo esto no es lo que muestran las estadísticas, así, en la encuesta de uso del tiempo de 2010 se constataba que el tiempo dedicado por las mujeres en un día al hogar y la familia en Canarias era de 4 horas y 27 minutos, mientras que el de los hombres era de 2 horas y 35 minutos. Y esa encuesta en 2013 da a conocer que los porcentajes de mujeres que afirman participar siempre en las diversas tareas de la casa alcanzan, en general, el 50%, mientras que sólo un 30% de hombres participa, y lo hace principalmente en el cuidado de los niños y en la compra de alimentos.

Vivimos bajo un modelo socioeconómico que se muestra a todas luces insostenible porque prioriza los mercados frente a la vida, desde los poderes públicos resulta imprescindible la elaboración de políticas que defiendan la vida en todas sus dimensiones: en relación a la salud, a la educación, a la vivienda o al cuidado.

El cuidado de los menores y de las personas dependientes es también responsabilidad de los poderes públicos. Por ello es imprescindible la creación de una red amplia de servicios escolares y guarderías, así como de atención a la dependencia, que facilite de una forma armoniosa que hombres y mujeres se dediquen tanto a la vida pública como a la privada. Las políticas de conciliación que se llevan a cabo en España se concretan –y se ciñen, prácticamente– a una legislación que entiende la conciliación de la vida laboral y familiar como el establecimiento de permisos laborales, durante espacios de tiempo determinados, motivados por la necesidad de cuidado de personas –niños o mayores–. Y el contenido específico de estas políticas de conciliación posibilita que las mujeres puedan participar en el ámbito laboral sin dejar de atender a las responsabilidades familiares (con claras limitaciones en ambos ámbitos), pero no garantiza la participación de los hombres en el ámbito doméstico. No se considera la división sexual del trabajo que preside, actualmente, la organización de la vida cotidiana, por lo que, mientras se sigan impulsando estas políticas de conciliación, como una cuestión de y para las mujeres, persistirán las desigualdades de género dentro y fuera del mercado de trabajo.

Por otro lado, las políticas de conciliación anteponen las necesidades del mercado de trabajo a las de la vida familiar y personal, es decir, están pensadas desde una clave productivista, según la cual la actividad laboral es el eje central de la vida de las personas y la actividad familiar se coloca subordinada o dependiente de ella. Es, por tanto, necesario reflexionar sobre la duración de la jornada laboral. Aunque en estos tiempos de reformas neoliberales, de crisis y de paro puede parecer utópico, una jornada laboral más corta y una sociedad menos consumista suponen un horizonte al que no podemos renunciar.

Este 8 de Marzo desde la Consejería de Igualdad hemos elegido el lema Buenos Aires para todas queriendo enfatizar así que es imprescindible acabar con las discriminaciones en el trabajo, en el ámbito familiar, en el libre ejercicio de la sexualidad; con las dificultades para compaginar maternidad con vida autónoma; también con las dificultades para interrumpir un embarazo que no es deseado; con la violencia machista, y desde el pleno convencimiento de que la igualdad de género tiene un efecto beneficioso para el desarrollo humano y por tanto para toda la sociedad.

Este 25 de noviembre queremos decir a las víctimas de la violencia sexista que no están solas, que estamos con ellas, que desde el Cabildo de Gran Canaria tenemos una Red de Servicios de atención en colaboración con el Instituto Canario de Igualdad y con los municipios de la isla, encaminados a asesorar, ayudar y acompañar a las víctimas de esta violencia. Pero este día es también una oportunidad para la reflexión y el diálogo social sobre lo que estamos haciendo y sobre lo que nos queda por hacer en Canarias en el camino hacia la erradicación de la violencia. A este necesario diálogo queremos contribuir desde la Consejería de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria, incidiendo en apostar fuertemente por la igualdad entre mujeres y hombres, por poner los medios necesarios para la prevención de la violencia sexista, por poner en marcha medidas de actuación tendentes a erradicarla.

La violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo -por el rol social que cumplen- entraña un problema estructural con hondas raíces culturales. Podrá discutirse si la única causa de dicho problema radica en el histórico desequilibrio de poder entre hombres y mujeres y la consecuente subordinación a la que éstas se han visto sometidas, pero resulta innegable que la violencia sexista constituye un fenómeno social específico, que hay que afrontar como tal.

Hacer visible la grave vulneración de los derechos humanos de las mujeres que la violencia sexista conlleva está suponiendo un largo y difícil proceso de cambio. El feminismo ha conseguido que dicha violencia se perciba como un problema social y político, enraizado en la desigualdad estructural entre mujeres y hombres, y ha impulsado cambios legales espectaculares, que, en ciertos casos, han ido por delante de la mentalidad social.

La Ley Integral de Violencia de Género (en adelante LIVG) supone un punto de inflexión a la hora de abordar la violencia sexista, partiendo de una concepción de ésta como un fenómeno complejo y diseñando una respuesta integral, con múltiples perspectivas y ámbitos de actuación, con una intervención, por tanto, multidisciplinar, lo que ha supuesto un enorme avance en el abordaje del fenómeno.

Sin embargo, habiendo cumplido ya la LIVG diez años, el diseño de las expectativas que despertó están lejos de alcanzarse. En particular, no puede afirmarse que, en esta ya larga década de vigencia, se haya reducido la violencia contra las mujeres. Los registros estadísticos demuestran que en los últimos años han disminuido las denuncias, pero ello, lejos de ser un indicio tranquilizador, parece ser todo lo contrario.

Aunque las muertes son sólo la punta del iceberg, la parte más visible y estremecedora de esta extendida vulneración de los derechos humanos, la constatación de que en muchos de los casos en los que se llega al fatal desenlace no hubiese denuncia, lleva a pensar que hay mujeres que sufren maltrato y no lo denuncian –o “retiran” la denuncia- porque la respuesta que obtienen del sistema no les satisface, no es la que buscaban, o no les resulta útil para rehacer su vida libre de violencia.

La dura y larga crisis económica y las medidas adoptadas por la UE y, en nuestro caso, por el Gobierno del Partido Popular, suponen un fuerte ataque contra el bienestar de las personas, especialmente contra las que forman el eslabón más débil de la estructura social. La crisis económica ha afectado radicalmente al desarrollo de las medidas de apoyo social y económico previstas en la ley. Por una parte, los derechos laborales de las mujeres que han sufrido violencia sólo pueden ejercerse si éstas tienen un puesto de trabajo y es sabido que la crisis ha golpeado con especial fuerza al empleo femenino. Tener en cuenta el impacto específico que el desempleo y los recortes en el gasto social están suponiendo para las mujeres es imprescindible en la elaboración de políticas que contribuyan a la igualdad.

Por otra parte, este empobrecimiento de la población –y de las mujeres en particular- ha supuesto un notable incremento de las demandas de ayudas económicas que, en muchos casos, dificulta su obtención, también para las víctimas de violencia de género. A esto se suma la progresiva desaparición de los programas de coeducación que se habían implantado en los centros escolares y que en Canarias estaban fuertemente consolidados, así como las pocas horas que la Consejería de Educación destina al trabajo del profesorado en la Red de Escuelas para la Igualdad, y la eliminación de la única asignatura que garantizaba la impartición de los temas relacionados con la igualdad.

El plan de actuación diseñado por la LIVG no se ha cumplido más que en una pequeña parte. Sin duda, la coyuntura económica no ha ayudado a ello, pero considero que tienen más peso las razones ideológicas que, en una situación de escasez de recursos, han optado por sacrificar absolutamente los destinados a políticas de igualdad. Parecería que, si bien la sociedad española y sus gobernantes han asumido el discurso contra la violencia de género, lo han hecho de modo superficial, sin convencerse de que el avance hacia la igualdad real entre mujeres y hombres es el único medio eficaz para reducir la violencia de género.

Como es sabido, la discriminación está prohibida tanto por mandato constitucional como por las leyes positivas, pero la realidad nos da de frente. Los datos demuestran que se mantienen las desigualdades salariales entre hombres y mujeres. las empresas, especialmente las privadas, pero también las públicas, mantienen esta discriminación valiéndose de medios indirectos, como las catalogaciones de los puestos de trabajo, la selección de personal para puestos de responsabilidad o el abuso de las jornadas a tiempo parcial para las mujeres.

Cabría esperar que ante la mayor disponibilidad de tiempo de los hombres, como efecto de la destrucción de empleo masculino, hubiese una mayor dedicación de ellos al trabajo de cuidados familiares, máxime en estos años de recortes en los servicios públicos destinados al cuidado infantil y a la atención a la dependencia. Sin embargo esto no es lo que muestran las estadísticas. La orientación de las políticas de ajuste en España ha hecho resurgir el modelo 'familiarista' a través de la reprivatización de los servicios de cuidados en el entorno familiar. Esta derivación de responsabilidades, desde lo público a las familias, establece una mayor presión sobre las mujeres, ya que, a través de la 'norma social' son quienes asumen, casi en exclusividad, las responsabilidades familiares y domésticas.

Mientras siga recayendo sobre las mujeres el mayor peso del trabajo doméstico y de los cuidados, no será posible que dediquen el mismo tiempo y esfuerzo que los hombres a la promoción en el trabajo asalariado y profesional, y en este terreno es poco lo que hemos avanzado. Hay otros aspectos en los que se manifiesta el ataque a la libertad de las mujeres, especialmente a la libertad sexual, como el retroceso en el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, la homofobia, la marginación de las personas transexuales, con la patologización de la transexualidad y la rigidez del sistema de géneros .

Es imprescindible invertir en Igualdad. Sabemos que en el largo plazo, hay una relación directa entre la igualdad, el desarrollo y la sostenibilidad de la vida. Y es por ello que la igualdad no debería ser relegada ni considerada como algo subsidiario a otro tipo de objetivos sociales o económicos, sino integrada como el principio ético-político que garantice que el necesario cambio de modelo de desarrollo económico y social responda al principio horizontal de equidad.

Queda todavía un largo camino por recorrer para la igualdad y el respeto a la libertad de las mujeres. Pero esto no debe impedirnos apreciar los avances logrados en muchos terrenos, porque ver siempre el vaso medio vacío –o casi sin agua– lleva al victimismo que, con frecuencia, desemboca en la impotencia.

Se hace necesaria una nueva escala de valores: la autonomía personal y comunitaria, el reconocimiento, la interdependencia, la reciprocidad, la soberanía, la solidaridad y la cooperación son el paquete básico de principios que fundamentan la alternativa que el feminismo hace a un nuevo modelo social.

Cuando pienso en nombrar una dirección general, el punto de partida es la consideración de su valía, en ningún caso con quién se va a la cama

Definición de nepotismo: es la preferencia que tienen funcionarios públicos para dar empleos a familiares o amigos, sin importar el mérito para ocupar el cargo, sino su lealtad o alianza.

Como dicen las reglas de la lógica proposicional, la conclusión que se obtiene en un razonamiento lógico, depende de las premisas que se utilicen como partida del razonamiento. Como también sabemos, la lógica nos sirve para ver si un razonamiento es o no correcto y, por tanto, válido, aplicándose sólo en el ámbito estricto del razonamiento, no en el de la realidad. De esta manera, por ejemplo, el siguiente y ramplón razonamiento: “si llueve, me mojo, llueve, luego me mojo”, es válido desde el punto de vista de la lógica, pero no lo es, al menos necesariamente, desde el de la experiencia, ya que en ésta pueden suceder múltiples causas que hagan que aún lloviendo, no me moje.

Esto viene a pelo de la lógica ramplona que, sin detenerse en factores de la experiencia, sostiene que: si alguien que tiene una relación de parentesco con un funcionario público entra en la administración pública, está enchufado-a , alguien con esa condición ha entrado en la administración, luego está enchufado. Decíamos antes que la lógica no parte de la realidad sino de las reglas del razonamiento. En mi decisión como Consejera de Igualdad de nombrar una dirección general se ha partido de las necesidades que esta consejería tiene y se ha buscado un perfil que es el que se considera mejor para cubrirlas.

Desde hace muchos años (desde que a finales de los 70 el feminismo nace en nuestro país) las mujeres venimos exigiendo que se nos considere como seres con determinación propia y autonomía y no, como todavía se tiende a hacer, como parte de alguien con quien, en la mayoría de los casos, se tiene una relación amorosa. Cuando esta consejera piensa en nombrar una dirección general, el punto de partida es la consideración de su valía, experiencia e implicación social, en ningún caso se utiliza como punto de partida con quién se va a la cama o con quién comparte su vida, cosa, por lo demás, poco relevante para el buen ejercicio de su función.

Si fuera éste el caso se estaría, una vez más, ante un burdo nepotismo donde, sin importar los méritos para ocupar un cargo, lo que se tiene en cuenta es la relación amistosa o familiar que se tiene con esa persona. Posiblemente se quiera hacer prevalecer la cercanía con alguien frente a su valía, aprovechando que en este país se nos ha acostumbrado a ello y, porque de manera mal intencionada, se está utilizando este falso punto de partida para dinamitar el pacto de progreso más importante de los últimos 30 años en nuestra isla.

En la toma de posesión del cargo recordaba las palabras del sabio Aristóteles: “la política es tarea de personas decentes”, hay que decirlo claro: no vale todo en política y nunca el fin debe justificar los medios, porque entonces estamos despojando de la política lo que la hace noble, que es justamente su sentido ético: la búsqueda del bien común.

En la tarea de gobierno que llevamos desde el Cabildo nos empuja justamente un marcado sentido ético: la igualdad entre las personas y la justicia social, por ello se ha pensado en incorporar a personas a esta tarea que cumplan con el perfil de compromiso, experiencia y reconocimiento social, personas con reconocimiento intelectual y moral, muy alejado todo ello de la consideración de ser “pareja de”, o, más burdamente todavía, “mujer de” con la que mentes mal intencionadas han querido desprestigiar una decisión que se aleja desde su punto de partida del nepotismo.