La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha estimado íntegramente el recurso de apelación interpuesto contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Soria que condenó a un hombre por agredir a Carlos Martínez, exalcalde de Soria. El Tribunal ha absuelto al acusado de los delitos de atentado contra la autoridad y lesiones leves al considerar, en aplicación del principio in dubio pro reo (en caso de duda, a favor del reo), que no existe prueba suficiente que permita atribuir con la certeza exigida la autoría de los hechos al acusado.

En este sentido, la Sala ha subrayado que existen contradicciones en las declaraciones testificales y no hay una identificación concluyente del autor de la agresión. En consecuencia, el TSJCyL ha dictado una nueva sentencia absolutoria y ha acordado no imponer las costas procesales en ninguna de las dos instancias. La resolución no es firme y contra la misma cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, se hacen constar las testificales que no identificaban claramente al agresor, al no coincidir ni la estatura aproximada ni la ropa que llevaba.

“En definitiva, analizada toda la prueba practicada en el juicio oral, advirtiéndose las contradicciones que se han descrito, así como la falta de concreción, no de los hechos objeto de la denuncia, que tenemos por ciertos, sino de la identidad de quien aparece como acusado en el presente proceso, se está en el caso de aplicar el principio in dubio pro reo y, con estimación del recurso de apelación interpuesto, revocar la sentencia dictada por la Audiencia y absolver al acusado de los delitos de los que venía acusado”, dice la sentencia.

El tribunal aclara que “no es que los hechos analizados y que constituyen la base de la denuncia no sean ciertos, sino que no existe prueba bastante para, eliminada toda duda razonable, tener al acusado por autor de los mismos y entender que sucedieran de la forma que se narra en el escrito rector del proceso” por lo que le lleva a absolver al acusado “por cuanto sufre más la conciencia de la sociedad con la condena de un inocente que con la absolución de un culpable”.

La Audiencia de Soria había condenado al hombre a un año y tres meses de prisión por un delito de atentado contra la autoridad y otro de lesiones leves, por propinar dos puñetazos a Martínez, en un bar de la capital durante la celebración de un festejo en 2023. En concreto le impuso una multa de siete meses con una cuota diaria de 15 euros por el delito de atentado contra la autoridad, mientras que por el delito leve de lesiones le impuso otra sanción a razón también de 15 euros diarios. En concepto de responsabilidad civil, tenía que indemnizar con 240 euros a Carlos Martínez, actual secretario autonómico del PSOE.

Los hechos ocurrieron el 11 de junio de 2023, sobre las 00.30 horas en un bar situado en la plaza Mayor de la capital, durante la celebración del Lavalenguas, un festejo previo a las Fiestas de San Juan. El acusado, decía la primera sentencia, “guiado con ánimo de menoscabar el principio de autoridad y la integridad física del alcalde”, se dirigió hacia donde estaba diciéndole “prevaricador, hijo de puta”, y se abalanzó sobre él propinándole un puñetazo en la zona maxilar izquierda y otro que no le impactó. A consecuencia de la agresión, la víctima sufrió lesiones consistentes en traumatismo superficial, no acudiendo al médico por estos hechos, que tardaron en curar seis días de perjuicio básico según el informe forense.

Alfonso Fernández Mañueco ha sido propuesto como candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León tras finalizar la ronda de reuniones del presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, con los grupos parlamentarios. El candidato es lo único seguro cuando casi han transcurrido dos meses desde las elecciones. Ni hay acuerdo con Vox, ni fecha para el Pleno de investidura, ni se barajan plazos. Como ha subrayado Vázquez, la normativa no establece límites temporales para celebrar ese pleno.

Vázquez se ha reunido este jueves con el líder del PSOE, Carlos Martínez y con la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Leticia García. Para Martínez, ha sido un encuentro con “pocas novedades” y lo ha tildado de “trampantojo” obligado para escenificar un acuerdo que no pretende otra cosa que reeditar el gobierno “inestable” de la anterior legislatura. Lo importante, ha dicho, es conocer la “letra pequeña”, para ver “hasta dónde llega y a qué precio paga Mañueco la investidura”. Así, se ha preguntado a costa de qué derechos Castilla y León volverá a tener el mismo presidente, y ha enumerado los de los trabajadores, los de las mujeres o la lucha contra la violencia machista, algo que ha planteado al presidente de las Cortes para poder fijar una posición. “Vox no da nada gratis y estamos ante una nueva maniobra de distracción, con un acuerdo que no quieren sacar antes de las elecciones andaluzas con maniobras de distracción mediáticas. El problema es la parálisis y el ocultismo, el no saber hasta dónde, qué peaje paga Mañueco para ser presidente. Llevamos desde el 15 enero en pause, con dos años sin presupuestos”, ha recordado. Además, ha comentado que la fecha de la investidura la ponen las elecciones andaluzas y ha apostado por un límite del 25 de junio hacia atrás.

La portavoz del PP por su parte ha celebrado la candidatura de Mañueco y ha resaltado que está “avalado por su gestión”. Además, ha descartado que el PP esté retrasando la firma del pacto hasta conocer los resultados electorales en Andalucía.  Se está trabajando, ha dicho, “sin ningún tipo de injerencia, desde Castilla y León y para Castilla y León”. Según García, dos meses después de las elecciones, el tiempo “es razonable” y no se está alargando.

“Estamos en un tiempo razonable ahora mismo, no hay tiempos alargados y ese es el contexto político y temporal”, ha resumido al ser preguntado por cuándo se alcanzará ese acuerdo y si el pleno de investidura estaría condicionado a que haya un acuerdo previo.

Por otro lado, ha reprochado a Martínez su poco “respeto” al reglamento por calificar de “paripé” o “trampantojo” las reuniones con el presidente de las Cortes, ya que está contemplado en el Reglamento de las Cortes. La portavoz ha recordado que el Partido Popular ganó las elecciones del 15 de marzo creciendo en votos, en porcentaje y en escaños, lo que avala la candidatura de Mañueco como “algo más que una opción política: es una verdadera garantía de crecimiento económico, de empleo y del mantenimiento de los servicios públicos en nuestra comunidad”. “El señor Martínez está perdido, entra en falsedades y ocurrencias de forma constante” Frente a las declaraciones del portavoz socialista, Carlos Martínez, García ha denunciado con rotundidad que el PSOE aborda la sanidad “desde la falsedad y la desfachatez”. En concreto, ha recordado que fue el propio Partido Socialista el que rechazó dar apoyo a los presupuestos autonómicos que incluían el plan de infraestructuras sanitarias que ahora reclama. “Lo rechazó sin siquiera abrirlos. Y ahora viene a pedir lo que él mismo bloqueó”, ha afirmado la portavoz.

Leticia García ha exigido rigor al portavoz socialista y le ha invitado a consultar el programa electoral del PP: “Muchas de las cosas que pide ya están recogidas en nuestro programa, con el que ganamos las elecciones de marzo”. “El señor Martínez está perdido, entra en falsedades y ocurrencias de forma constante. Cuando alguien no tiene nada que proponer, lo que hace es soltar ocurrencia tras ocurrencia”, ha concluido.

El parón es evidente. Castilla y León celebró sus elecciones autonómicas el pasado 15 de marzo con unos resultados que no dejan opción al PP: o pacta con Vox o no hay gobierno. Mes y medio después no hay gobierno, pero no porque no haya posibilidad de acuerdo sino por una cuestión estratégica. El Partido Popular quiere ver qué pasa con las elecciones en Andalucía, que se celebran el 17 de mayo para ver hasta dónde cede con Vox.

La normativa autonómica favorece este 'intermedio'.  El artículo 135 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León en su punto 1 establece que “… La propuesta -de candidato a la investidura- deberá formularse como máximo en el término de quince días desde la constitución de las Cortes o el Cese del presidente”, y no menciona plazo acerca de la celebración del Pleno para la investidura. De este modo, el límite para proponer candidato expira el 7 de mayo, pero no está claro hasta cuándo se puede retrasar el Pleno de Investidura. En este sentido la normativa establece que una vez que se celebra ese pleno sin que se consiga investir presidente, el plazo máximo no sobrepasará los dos meses. De ser así, habría que disolver las Cortes y convocar unas nuevas elecciones.

Aparentemente, desde la primera ronda de reuniones de Alfonso Fernández Mañueco con el resto de grupos parlamentarios, no se ha producido una segunda que estaría reducida a Vox, ya que el PP rechaza de plano una alianza con el PSOE y el único partido que le permite la suma suficiente para la mayoría parlamentaria es el de extrema derecha. Sin embargo, aunque no sean públicas, por fuerza se han producido conversaciones. De algún modo tuvo que acordarse dejar la presidencia de las Cortes en manos del PP cuando en la última legislatura las tuvo Vox. De hecho, ni siquiera sus procuradores acaban de entender esa maniobra y achacan lo ocurrido a un acuerdo entre Génova y Bambú. Lo que obtenga Vox a cambio se sabrá cuando haya pacto.

Una de las posibilidades es que Vox haya arrancado al PP el compromiso de 'darles' un senador por designación autonómica y de esa manera buscar acomodo a uno de los damnificados por el juego electoral, el exprocurador por León Miguel Súarez Arca. Con Pollán de candidato por León y la obligación de listas cremallera -alternar hombres y mujeres-, Suárez Arca se vio relegado al puesto número tres, y no consiguió escaño. Fuentes del partido aseguran que desde la misma noche electoral Suárez Arca exigió que se le recolocase. En algún momento incluso se planteó la renuncia de la número 2 pero finalmente se descartó.

“Cordialidad”

Hasta ahora, dicen hay “cordialidad” en las negociaciones soterradas que se llevan a cabo, pero las tornas pueden cambiar. El PP puede sentirse fuerte si consigue revalidar la mayoría de Juanma Moreno o ser aún más dependiente de Vox si los necesita para sumar. De ese resultado en las andaluzas dependen las negociaciones que presumiblemente se reactivarán públicamente a partir del 18 de mayo.

Por el momento, lo esperable es que el flamante presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, comunique el próximo jueves que el candidato es Alfonso Fernández Mañueco.

El Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado a la Junta a través de la Mesa de las Cortes que precise si ha contratado, bien a través de las consejerías, bien a través de fundaciones o empresas públicas, a la empresa Eventos El Espino SL, propiedad del concejal del Ayuntamiento de Burgos, presidente de la Diputación y del PP provincial, Borja Suárez. En caso de que la respuesta sea afirmativa, pide que se detalle consejería, fecha, importe y concepto de cada contrato.

Tal y como publicó elDiario.es, Suárez posee el 33% de Eventos el Espino, una empresa de cáterin con la que el Ayuntamiento de Burgos a través de sus concejalías y de la empresa pública Proburgos contrató una docena de veces. Tal y como establece la normativa, existía una prohibición de contratar que no se respetó y Suárez debió elegir entre el acta de concejal y su empresa, pero compatibilizó ambas. Aunque tras la publicación de los hechos por parte de este periódico la alcaldesa, Cristina Ayala, solicitó un informe al secretario municipal y los contratos se declararon nulos, ni se ha devuelto el dinero ni Suárez ha renunciado a su acta de concejal que le posibilita ser presidente de la Diputación.

Pero no sólo el Ayuntamiento contrató a la empresa de Suárez, también lo hizo la Junta de Castilla y León. La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta adjudicó varios contratos a Eventos El Espino en noviembre de 2023, para un café para los invitados de la entrega de Medallas al Mérito Policial, por 3.300 euros. También en ese mes y por otros 3.300 le adjudicó el servicio de hostelería para el encuentro de mujeres policías locales, así como otro de 600 euros por el alquiler mobiliario y material adicional para el desarrollo del servicio de café a asistentes de la gala de medallas de Policía Local 2023.

Otra Consejería que apostó por Eventos El Espino fue la de Economía, que en febrero de 2025 le pagó 2.200 euros por el vino español y el café que se sirvió en el Comité de Seguimiento del Programa Feder 2021-2027 que se celebró en Burgos.

Suárez no podía compatibilizar su actividad de empresario con la de concejal al tener más del 10% de las acciones de la empresa, pero lo hizo. Tras publicar elDiario.es la información, aseguró que se desharía paulatinamente de las acciones “con harto dolor” y poco después aseguró que ya no tiene acciones; sin embargo, no hay constancia documental en el Ayuntamiento de que eso sea así.

En cuestión de horas y sin ninguna disculpa o aclaración, la Junta de Castilla y León ha eliminado de su portal de Educación los recursos 'Escritorio de Verano' para estudiantes de primaria y secundaria. Lo hace después de que elDiario.es publicase los graves errores de información y de ortografía que contenían. No ha enviado todo, aún permanece en la web un juego sobre Santa Teresa en la que se sitúa a Valladolid en el mapa como “Vallalodid”.

Estos recursos fueron adjudicados a la empresa Infinity Consulting Group SL, una empresa de Madrid especializada en educación, elearning y content factory. Infinity se ha encargado del contenido educativo de la web a lo largo de 2019 (17.980,60 euros), 2020 (17.980,60 euros y 3.509 euros), 2021 (18.029,00 euros), 2022 (17.980,60 euros) y (3.623,95 euros para un recurso sobre el ciberacoso), 2023 (18.029 euros) y 2024 (18.029,00 euros) según la información que aparece en la Plataforma de Contratos de Sector Público. Así, en los últimos años se han pagado más de 100.000 euros sin que nadie revisase que el contenido fuese correcto.

Entre los errores más llamativos estaban la imagen de un falso Delibes que no se correspondía con la del escritor una imagen que atribuía una fiesta de León con otra de México o una imagen duplicada para un castillo de Soria y para la muralla de Ávila.

La Junta de Castilla y León tiene un portal educativo destinado a estudiantes de infantil y secundaria plagado de errores, que ya ha retirado. Los juegos que proponen no ayudan a aprender: hay denominaciones incorrectas, imágenes que no corresponden y faltas de ortografía y todo ello en un solo juego generado con inteligencia artificial.  Cuando se presentó el Escritorio de Verano, se destacó que la Consejería había puesto el foco “en la lectura y escritura creativa, matemáticas divertidas, robótica e Inteligencia artificial, el patrimonio de Castilla y León, la internacionalización y el bienestar emocional” y están pensados para “reforzar y ampliar lo aprendido durante el curso”.

Tal y como ha comprobado elDiario.es, en el 'escritorio de verano 2025' para alumnos de primaria, aparece el juego 'Guardianes del Patrimonio'. Según decía la Junta, “los estudiantes no solo aprenderán sobre los monumentos y personajes de la Comunidad, sino que también desarrollarán un sentido de pertenencia y respeto hacia el patrimonio cultural”. El objetivo no parece fácil de lograr. De entrada porque hasta el logotipo del juego tiene un error de base: un bosquejo de la Sagrada Familia, que está en Barcelona.

El juego consiste en contestar preguntas tras mostrar una colección de imágenes. Como no podía ser de otra forma, en el apartado de “personajes históricos” aparece el escritor vallisoletano Miguel Delibes, o más bien su nombre, porque el hombre que aparece en la foto no es él. Aparentemente, la Inteligencia Artificial ha decidido qué aspecto debería tener en lugar de optar por una imagen real.

En el apartado de Espacios Naturales se pregunta a los estudiantes por la 'Rivera del Duero', una falta ortográfica llamativa si se tiene en cuenta que la Ribera del Duero es una de las Denominaciones de Origen más conocidas de España. No sólo eso, llega a utilizar la misma imagen para ilustrar la Ribera del Duero y el Parque natural del Lago de la Baña.

Y lo mismo ocurre con el Castillo de Gormaz (Soria) y la Muralla de Ávila: para la Junta son el mismo monumento, y usa la misma imagen. Cuando muestra la fachada de la Universidad de Salamanca, aparece a un lado una iglesia que no existe.

También llama la atención cómo ilustra la Romería de la Virgen del Camino: no usa la talla original, que es una piedad, sino que tira de una virgen con niño

Para la Fiesta del Judas, que se celebra, entre otros municipios, en Sahagún, usan una foto que corresponde a León, pero en el estado de Guanajuato (México).

Y algo parecido ocurre con la famosa fiesta de Las Águedas, donde se podría haber usado una foto de la fiesta en Zamarramala (Segovia) y se usa otra generada por IA en la que las mujeres llevan un traje más parecido al sardo o al albanés.

Tampoco aparece bien escrito Valladolid, que figura en un mapa como “Vallalodid”.

Por último, ni los recursos destinados a aprender inglés son correctos. En una de las pantallas preguntan a los estudiantes You are good in movies? (¿eres bueno en películas?) cuando la fórmula correcta sería Are you good in movies?

El Ayuntamiento de Burgos, a través de su alcaldesa, Cristina Ayala, ha responsabilizado a los técnicos municipales por la contratación de catering a la empresa de su concejal y presidente de la Diputación y del PP, Borja Suárez, pero no les ha abierto expediente. Así lo han confirmado desde el Consistorio, desde donde tan sólo trasladan que se están “revisando” todos los contratos con Eventos El Espino SL.

 “Podíamos no haber hecho nada, podíamos no haber hecho un protocolo, pero en mi autoexigencia ética quiero que se las cosas se hagan como se tienen que hacer, nuestra ética es hacer mejor las cosas, incluso cuando nuestros servicios técnicos cometen un error como es el caso”, dijo Ayala en el último Pleno en el que se realizó una “toma de razón”, sobre la situación de Suárez. El Ayuntamiento sólo se interesó por los contratos de la empresa de su concejal cuando elDiario.es publicó la información: Borja Suárez tenía el 22% de una empresa -según su declaración de bienes, aunque luego reconoció un 33% a este medio- y aunque la ley prohíbe contratar cuando un concejal tiene más del 10%, se hizo. La normativa también contempla que Suárez debió ser obligado a elegir entre ser concejal y tener una empresa; sin embargo, eso nunca ocurrió. Los contratos son nulos de pleno de derecho, pero el dinero no se ha devuelto.

Lejos de asumir responsabilidades, Suárez culpó a los técnicos y aseguró que la ley dejaba “indefensos” a los concejales, y que se sentía “desamparado”. En los mismos términos se pronunció Ayala, y en otros muy similares el secretario municipal que aconsejó realizar un protocolo para que lo ocurrido no se repitiese. Borja Suárez aseguró en un primer momento que se desharía de las acciones “con harto dolor” y paulatinamente. La semana pasada aseguró en el Pleno que ya no tenía acciones de Eventos El Espino. ElDiario.es preguntó al Ayuntamiento si Suárez ha presentado algún documento que certifique que ya no tiene acciones, y éste ha sugerido que se remita a la periodista al Registro Mercantil. La gestión de conocer la titularidad real de cualquier empresa está vetada a todo el que no tenga interés legítimo, o lo que es lo mismo: a quien no sea socio o administrador de la mercantil en concreto. El Ayuntamiento no ha aclarado cómo ha podido constatar que la afirmación de Suárez es cierta.

La investigación de elDiario.es ha revelado hasta el momento no sólo que Suárez incumplió la ley, también que el Ayuntamiento comenzó a contratar a Eventos El Espino, una empresa creada en 2008, cuando Suárez entro en la corporación como concejal. Además, aunque desde el Ayuntamiento se niegan injerencias y afirman que a pesar de que lo reflejó en su declaración de bienes nadie sabía que esa empresa era suya, el PP de Burgos, presidido por Suárez, ha contratado a la empresa para eventos en los que acudieron cargos públicos, incluidos el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, o la propia Cristina Ayala. No sólo eso, además la Junta de Castilla y León ha estado publicitando, de manera opaca, a Eventos El Espino, incluyendo el enlace de su web de organización de bodas y otros eventos en el portal de Turismo y Patrimonio del gobierno autonómico.

Los partidos de la oposición, PSOE y Vox, han solicitado la dimisión de Borja Suárez sin éxito hasta el momento.

El tercer afectado por una sobredosis de quimioterapia administrada en el Hospital Universitario de Burgos ha muerto tras meses en estado crítico en la UCI, según han confirmado fuentes del caso a elDiario.es. La familia ya ha solicitado que se le practique la autopsia. Las mismas fuentes han precisado que desde que ingresó en cuidados intensivos, el hombre, que cumplió los 68 años en ese periodo, pasó por varias crisis que le pusieron al borde de la muerte y que durante todo este tiempo no se le pudo administrar tratamiento contra el cáncer que sufría.

La sobredosis administrada a varios pacientes se produjo en diciembre, y dos de ellos murieron en pocos días. La situación se conoció un mes después, y la Junta de Castilla y León sólo informó una vez que la información llegó a los medios. Las explicaciones, en una única rueda de prensa que dieron los responsables del HUBU, siempre han sido vagas. En cualquier caso, atribuyen lo sucedido a un error en la preparación de las dosis de quimioterapia de un medicamento en concreto.

El caso está siendo investigado ya por el juzgado de Instrucción de Burgos número 1, que ha incoado diligencias previas por un delito de homicidio por imprudencia en el caso de la muerte de los dos pacientes, al que se sumará este tercero, tras recibir una dosis seis veces mayor a la pautada.

La Fiscalía de Burgos, tras examinar las denuncias presentadas por dos de los afectados y el Defensor del Paciente, pidió el pasado marzo al juzgado la apertura de diligencias para la investigación de dos delitos de homicidio por imprudencia profesional grave y otros tres de lesiones por imprudencia profesional grave.

El Ministerio Fiscal dirigió su denuncia contra los profesionales implicados y responsables en la grabación errónea en el sistema informático de la ficha del medicamento 'Cabazitaxel' ya que habría sido ese error el que derivó en la preparación incorrecta de la dosis administrada, así como en quienes lo revisaban.

También la Fiscalía denunció a la Consejería de Sanidad y a la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León como responsable civil directo o subsidiario.

La Junta de Castilla y León promociona la empresa de eventos del presidente de la Diputación de Burgos y del PP provincial, Borja Suárez, en su portal de Turismo. Cualquiera que busque qué visitar en Santa Gadea del Cid, un municipio que apenas supera los 160 habitantes, acaba en una web para contratar bodas.

El Monasterio Convento de Nuestra Señora del Espino es un Bien de Interés Cultural (BIC), una figura jurídica para reconocer y proteger elementos del patrimonio cultural, tanto muebles como inmuebles bajo la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Según la web de la Junta, el monasterio “fue fundado por Pedro López de Padilla y su esposa Isabel Pacheco Padilla en 1477. En el convento estuvo, durante un tiempo, el manuscrito original del Cantar del Mío Cid. Actualmente, es un monasterio de la Orden de los Benedictinos. Se visitan la Iglesia y el claustro, ambos góticos y del siglo XV. Destaca una talla gótica de la Virgen”. En el apartado “¿Cuándo visitarlo?”, aparece directamente el enlace a la empresa de Suárez, que publicita todos los servicios que ofrece: bodas, convenciones de empresas y servicios de cáterin.

En el portal de Turismo se informa de multitud de monasterios y se incluyen horarios de visita y tarifas, si bien no se enlazan empresas privadas como es el caso de Eventos El Espino. Según la Consejería de Cultura y Turismo lo ocurrido en este caso es una “desactualización” y se atribuye al error de una empresa externa que se encarga de la información web de Turismo y Patrimonio de Castilla y León. Tras contactar elDiario.es con la Consejería, se ha dado la orden de eliminar el enlace a la empresa de Borja Suárez.

Tal y como publicó elDiario.es, cuando Borja Suárez tomó el acta de concejal en el Ayuntamiento de Burgos incluyó en su declaración de bienes la posesión del 22% de las acciones de Eventos el Espino SL y otro 22% de una empresa relacionada con esta y con los mismos socios, El Granero de San Francisco SL. Al tener más del 10% de acciones de ambas empresas, por ley no podía contratar con el ayuntamiento del que forma parte, y, sin embargo, desde que Suárez entró en la corporación municipal, comenzaron las adjudicaciones de eventos que eran nulas de pleno derecho. Es más, Suárez amplió sus acciones en 2025 hasta llegar a tener el 33%, un tercio de la empresa, y no modificó su declaración de bienes.

Los contratos públicos no son solo del Ayuntamiento, también contrató a Eventos El Espino la Junta de Castilla y León a través de dos de sus consejerías, la de Economía y la de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Una vez que estalló el escándalo, la alcaldesa, Cristina Ayala, pidió un informe al secretario municipal, que concluyó que los contratos son nulos y que Suárez debió elegir entre las acciones y el acta. Aunque desde el Ayuntamiento y desde el PP se argumenta que no se conocía la relación de Suárez con Eventos El Espino, lo cierto es que fue el cáterin elegido para algunos eventos del Partido Popular de Burgos, tal y como publicó elDiario.es.

Mientras los partidos en la oposición, PSOE y Vox, piden su dimisión, Suárez se agarra al acta de concejal argumentando que la culpa es de los técnicos municipales, que no actuaron bloqueando los contratos que se adjudicaron a dedo a su empresa. También insistió en la indefensión que había sentido al no conocer la normativa vigente desde 1984 y 1985 que impide contratar con empresas de cargos públicos. Hasta el momento, Suárez, que asegura que se ha deshecho ya de las acciones que tenía, no ha dimitido. El Ayuntamiento tampoco ha aclarado cómo se va a devolver el dinero público que se pagó a Eventos El Espino.

La Policía Nacional de Aranda de Duero ha detenido y puesto a disposición judicial a un joven de 24 años, a quien se investiga por los delitos de tentativa de homicidio, de tenencia ilícita de armas, tráfico de drogas y delito contra la seguridad vial, después de que el pasado miércoles disparase a un conocido, lo llevase al hospital y huyese.

La alerta policial la dio el personal de seguridad privada del hospital Santos Reyes de Aranda de Duero el pasado 15 de abril a las 19.00 horas, tras detectar en el servicio de Urgencias de un joven con heridas de bala. Las primeras pesquisas revelaron que el autor de los disparos y la víctima se conocían previamente y que el ahora detenido había llevado al otro joven en su vehículo a una zona boscosa y apartada del núcleo urbano de Aranda, y que en un momento dado le disparó con un arma de fuego- al parecer un revólver- alcanzándole en una de sus extremidades inferiores.

Tras identificar al autor, se puso en marcha un dispositivo policial cordinado con efectivos de Policía Nacional y la colaboración de la Policía Local de Aranda para tratar de localizar y detener al sospechoso, de 23 años de edad y residente -al igual que su víctima- en Aranda.

Así, poco antes de las tres de la mañana del día siguiente se interceptó y detuvo al sospechoso en el municipio de Gumiel de Izán, mientras circulaba a bordo del mismo coche en el que huyó tras llevar a su víctima al bosque y después al hospital. En el registro de sus pertenencias y del coche que conducía, todo ello intervenido, se encontraron 84 gramos de hachís y 1.205 euros.

Aunque la vida del herido no corre peligro, la a investigación policial no se da por terminada, y se trabaja para recabar más datos sobre las razones que se encuentran detrás de este violento episodio. También para encontrar y analizar el arma de fuego con el que se produjeron, al menos, dos disparos. Durante el registro minucioso del lugar del suceso, la Policía Científica ha recuperado una de las balas disparadas. Además de todo lo anterior, la Policía Local de Aranda de Duero le imputa un delito contra la seguridad vial, puesto que este sujeto conducía sin poseer permiso de conducción en vigor. Tras ser presentado ante el Tribunal de Instancia- Sección de Instrucción de Aranda de Duero, el detenido ha ingresado en prisión provisional por orden judicial.

Un dogo de la Unidad Canina de la Policía Nacional de Valladolid marcó rápidamente a un hombre que llevaba 3,6 gramos de cocaína rosa. Lo hizo en una redada en una discoteca en la que había unas 300 personas y en la que se produjeron dos detenciones. La operación se desarrolló sobre las 02.00 de la madrugada del domingo y forma parte del Plan estratégico de respuesta policial al consumo y tráfico minorista de drogas en zonas, lugares y locales de ocio. La actuación pretende prevenir preve delitos de especial gravedad o generadores de alarma social, así como la recogida de instrumentos, efectos o pruebas, en especial de tráfico de sustancias estupefacientes y de tenencia ilícita de armas.

En la operación policial participaron agentes del Grupo de Atención al Ciudadano, de la Unidad de Prevención y Reacción y de la Unidad de Guías Caninos con dogos y perros de otras razas especializados en detección de estupefacientes. Dos de los hombres presentes en el establecimiento fueron marcados por el perro de la Unidad de Guías Caninos y se les encontraron sustancias estupefacientes. Al primero de ellos se le intervinieron dos bolsitas de una sustancia en polvo de color rosa que resultó ser tusi o cocaína rosa, con un peso de 3,6 gramos, por lo que fue detenido en ese mismo momento por un delito contra la salud pública. Al segundo se le localizó un trozo de hachís. Cuando se le requirió su documentación para levantarle la correspondiente acta por tenencia de sustancia estupefaciente, comenzó a increpar a los agentes y se negó a cooperar.

Según informa la Policía Nacional “pese a las numerosas advertencias de los agentes que le indicaron que también le iban a levantar un acta por desobediencia”, el hombre “no colaboró en ningún momento” y comenzó a amenazar de muerte a los policías, incrementando la agresividad. Tanto es así que intentó agredir a uno de los agentes, por lo que finalmente fue detenido como presunto autor de un delito de resistencia o desobediencia y otro de amenazas.

En la redada se levantaron 10 actas en el marco de la normativa de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana 4/2015. Un acta por posesión de una pistola simulada y espray lacrimógeno, otra por posesión de una extensible, cuatro actas por droga, tres actas por desobediencia y una por falta de respeto. Ambos detenidos fueron trasladados a dependencias de la Policía Nacional donde han permanecido bajo custodia hasta ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente que ha decretado su libertad.

El Ayuntamiento de Burgos pretende cerrar con un “protocolo” la incompatibilidad y los contratos nulos en los que ha incurrido su concejal, presidente de la Diputación y del PP provincial, Borja Suárez. Sin consecuencias y con el alegato del “desamparo” ante el desconocimiento de leyes de 1984 y 1985 que operan en todos los ayuntamientos de España. Es más, Suárez ha llegado a culpar a los técnicos muncipales de la situación, porque según él, debieron avisarle de que no podía tener más del 10% de una empresa y recibir contratos municipales.

Tal y como reveló elDiario.es, Borja Suárez, con un 33% de acciones de Eventos El Espino SL, no podía ser concejal. Sin embargo lo fue y entre 2024 y 2025, su empresa obtuvo cinco contratos del Ayuntamiento para eventos de catering que sumaban más de 8.000 euros, y otros 13 de la empresa municipal Proburgos en 2023,2024 y 2025. Todos han sido declarados nulos. En el Pleno de este viernes, se ha realizado una “toma de razón” por parte del Pleno, y se ha mostrado un protocolo para que los hechos “no se repitan”.

La incompatibilidad, ha explicado el secretario municipal, daba la opción a Suárez a que eligiese entre empresa o acta, pero según él, sólo antes de contratar. Si no ejercitaba la opción se entendía su renuncia al acta. Como el asunto pasó desapercibido, Suárez no sólo compatibilizó ambas cosas sino que su empresa se benefició de contratos y además sigue agarrado al acta. En el Pleno ha asegurado que ya no tiene acciones. “La renuncia al acta o las acciones tuvo que darse antes de los contratos, porque tiene una finalidad preventiva y no puede activarse ex post”, ha afirmado el secretario. Producida la incompatibilidad, sólo cabe, según el secretario, una “toma de razón”.

“Un socio pasivo”

Suárez ha intervenido para aclarar que era un “socio pasivo” y que nunca se produjo un expediente para estudiar su situación de accionista. Lo que ha ocurrido, ha llegado a afirmar incesantemente, es que estaba “desamparado”. “Esto determina la falta de amparo como concejal porque he actuado de forma transparente, tenía un 22% de acciones y lo puse en la declaración de bienes pero en ningún caso fui advertido para tratar de prevenir. Esto se previene en el primer momento para establecer la posibilidad de decidir”, ha lamentado. Respecto al “protocolo”, lo ha considerado necesario para ese “amparo”, porque la publicación de su doble condición de concejal y empresario “ha generado una tormenta” y “en el aspecto personal”, ha pasado “semanas muy complicadas”, aunque “la situación administrativa es la que es”, sin reproche legal, según él. “El protocolo establece una protección. Remarco que me hubiese gustado que este amparo hubiese sido anterior”, se ha defendido.

El concejal de Vox, Fernando Martínez Acitores, ha criticado que Suárez haya dicho lo mismo que en el Pleno anterior: “Que le falta amparo y que le falta amparo ¿Aparte del amparo piensa hacer algo o está orgulloso de lo que está ocurrido?”, ha interpelado. El edil ha recordado que las normas las conocen todos y que no hay más amparo sino más trabajo para la secretaría.

“Se establece una declaración responsable en los contratos menores, ¿esto es más amparo? es menos amparo, da la sensación contrario. No sé qué añade. Secretaría elaborará documento con el régimen legal de incompatibilidades, pero si ya se sabía. Es un protocolo que no aporta nada nuevo. No sé por qué se busca más amparo, si ya lo sabíamos. Estoy desafecto, ya de todo”, ha deplorado.

“Cuando digo que me ha faltado amparo es que me ha faltado amparo”

Según Suárez “lo importante son las intenciones”. “Cuando digo que me ha faltado amparo, es que me ha faltado amparo”, ha insistido. “Ustedes desde que surge la ocasión han pretendido hacer ver otra cosa, con intenciones sucias con respecto a mi participación en la sociedad y en el Ayuntamiento y no se lo puedo tolerar ni a usted ni a nadie. Luego entrarremos en cosas que se han dicho fuera. La parte positiva es que este protocolo nos ayude al margen de otras cuestiones que considero más pueriles. Además, este protocolo podrá extenderse a otras corporaciones para estar más protegidos”, ha defendido.

Más crítica ha sido la concejala socialista Blanca Carpintero al afirmar que “la ley es cristalina y no se necesita el protocolo”, ya que Suárez declaró tener una participación de más del 10% que luego se incrementó y no declaró. “Son incompatibilidades que tenemos en la Ley 53/1984 y en la Ley organica Régimen Electoral ·General de1985, leyes básicas para cualquier estudiante de derecho, y que el presidente de la Diputación no lo conocía”, se ha extrañado. “El amparo lo dan las leyes”, ha informado.

Cristina Ayala “trata de proteger a su jefe”

“La ley es clara, el Ayuntamiento no puede contratar y es irrelevante que se hable de desconocimiento o desamparo”, ha dicho. Carpintero también ha dudado de que nadie supiese que esa empresa era de Suárez cuando “ha pasado por el Monasterio del Espino todo el mundo”. Tal y como informó elDiario.es, el PP de Burgos celebró un encuentro al que acudió el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y la plana mayor del PP provincial. La concejala ha pedido a Suárez que asuma su responsabilidad y ha recordado el caso de otro concejal del PP que fue multado en un control de alcoholemia y dejó el acta. Se ha dirigido a la alcaldesa, Cristina Ayala para decirle que “trata de proteger a su jefe”. “Es el incendio de la etica, no pueden manifestar desconocimiento e incumplir la norma ¿qué ejemplo damos ahí fuera?”, ha cuestionado.

“Intenciones sucias ninguna, cree el ladrón que todos son de su condición. Es concejal, y por ser concejal es presidente de la Diputación, y ahora viene con que no sabía pido perdón...¿por qué pidió perdon y disculpas si no tenía amparo?. Yo no necesitaba más amparo, son cosas de sentido común”, ha contraatacado el concejal de Vox.

“Sucio es llamarme indecente. No he alegado inconocimiento, he alegado desamparo”, ha llegado a decir Suárez, que en el Pleno anterior aseguró que había conocido la situación de incompatibilidad tras la llamada de elDiario.es. “El caso es que da igual tener el 10, que el 10,1. Tiene que haber protección por parte de la administración, ya no tengo participación. Y qué multa se me ha puesto a mí, lo que no se me ha puesto es la posibilidad de defenderme, de decidir, y yo lo pongo en conocimiento del pleno y he sufrido un escarnio permanente ahí fuera. No le pido perdoón por algo que yo haya hecho, sino por algo que no ha hecho el ayuntamiento, se me tenía que haber dado posibilidad de decidir”, ha repetido Suárez.

“Todos sus compañeros del PP lo sabían”

Para Carpintero, el asunto es también “una cuestión de ética” y ha preguntado a quién “pretendía engañar” cuando todos sus compañeros conocían que estaba en el accionariado de Eventos El Espino. “No vale pedir perdón, ha incumplido una ley del 84 y del 85”, ha dicho. La socialista también se ha referido a subvenciones a El Espino por parte de la Diputación y Suárez, sin entrar al fondo del asunto, ha dicho que mentía.

“La falta de ética es mentir, está mintiendo y lo sabe. Ética es lo que le han demostrado mis compañeros que desconocian que tenía la empresa, etica es adelantarse y trasladarlo el pleno, etica es reflejarlo en la declaracion de bienes”, se ha defendido. También ha advertido que el PSOE “tiene un problema” si quiere “abrir el melón de la ética”. No dude de mi comportamiento. El protocolo hubiese evitado todo esto, que tiene una conseciencia, mi desafeccion de las sociedades que son una alternativa al ejercicio politico, no se puede echar por tierra mi labor con sus luces y sombras“, ha comentado.

Cristina Ayala: “Podíamos no haber hecho nada”

El debate lo ha cerrado la alcaldesa, que ha dicho que ética es “meter un escrito cuando sabe que ha sucedido y cuando la alcaldesa pide informe a secretario”. De hecho, no considera que Suárez haya hecho nada mal, sino que han sido los técnicos. “Podiamos no haber hecho nada, podiamos no haber hecho un protocolo, pero en mi autoexigencia etica quiero que se las cosas se hagan como se tienen que hacer, nuestra etica es hacer mejor las cosas, incluso cuando nuestros servicios tecnicos cometen un error como es el caso”, ha zanjado. En el Pleno no se ha tratado qué ocurre con el dinero público que ha recibido la empresa de Suárez y si se va a devolver.

La familia de la niña salmantina María Caamaño Núñez, conocida como la “Princesa Futbolera Guerrera”, ha informado este jueves de su muerte, a consecuencia del sarcoma de Ewing que le diagnosticaron a los 7 años. María, que ya había cumplido 13 años, había sufrido un importante deterioro en los últimos días. Sus allegados informaban puntualmente a través de X de los resultados del tratamiento experimental que estaba recibiendo en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid y, finalmente, de su fallecimiento.

“La situación de M4RIA empeoró bastante y ha estado luchando mucho, hasta el último segundo para seguir adelante, pero estas cosas no se pueden controlar. Desde esta mañana, M4RIA ya está descansando”, ha comunicado su familia en la cuenta de la niña en X.

Conocida su afición al fútbol, levantó la última Eurocopa de la Selección Española cuando celebró su triunfo en Cibeles en 2024.

María recibió el Premio Castilla y León de los Valores Humanos y Sociales 2024 por el proyecto solidario de su asociación 'La Sonrisa de María', para la recaudación de fondos destinados a la investigación contra el cáncer, así como por su “bondad, generosidad, fortaleza y empatía”. El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha trasladado, también en X, su pésame por la muerte de la pequeña.

“El cielo tiene ahora la sonrisa más bonita. María, ejemplo de superación, valentía y fuerza a pesar de su corta edad, nos ha dejado y no existen palabras para expresar tanta tristeza. Mi apoyo y cariño a su familia, especialmente a sus padres y a su hermana, a sus amigos y afición. Estamos a vuestro lado. #DEP”, ha escrito.

El sarcoma de Ewing, una enfermedad que se da sobre todo en niños y que es rara en adultos,  es un tumor maligno de células redondas. Es una enfermedad rara en la cual las células cancerosas están en el hueso o en tejidos blandos. Las áreas afectadas con más frecuencia son la pelvis, el fémur, el húmero, y las costillas.

Más rápido de lo que cabía esperar, PP y Vox se han puesto de acuerdo para que el primero presida el Parlamento autonómico, que desde 2022 estaba en manos de los de Abascal. Constituidas las Cortes, los grupos parlamentarios se apresuraron a hacer un anális de lo ocurrido este martes, donde lo más llamativo fue que la cesión de votos del PP a Vox dejó a Susana Suárez (PP) como secretaria tercera y a Rocío Lucas como segunda, mientras que el PSOE, con Daniel de la Rosa se queda con la primera.

El candidato de Vox y posible vicepresidente de la Junta, Carlos Pollán, ha alabado la “buena predisposición del PP”, para que no ocurriese “lo que ocurrió en el Congreso de los Diputados” cuando Vox se quedó sin representación en la Mesa “siendo la tercera fuerza política”. Pollán no ha acabado de explicar por qué Vox ha accedido a que el PP presida las Cortes esta vez, habiendo mejorado los resultados con los que reclamaron el Parlamento en 2022. “Es que la situación no es la misma que en 2022” , ha argumentado Pollán. Tampoco ha querido revelar qué obtienen a cambio de la cesión, y si podría ser la de tener un senador por designación autonómica. “Eso no se ha hablado, lo único que hemos hecho ha sido evitar que el PSOE tuviese el control”. “No hay táctica, no se ceden las Cortes”, ha dicho el expresidente del Parlamento.

A partir de ahora, ha dicho, se trabajará en un pacto de gobierno “medida a medida, con garantías de cumplimiento, con y plazos”. Sobre si la renuncia a presidir las Cortes es a cambio de que Vox tenga más peso en el Ejecutivo que se forme, Pollán sólo ha dicho que se ha dado un primer paso para no perder el “control” en la Mesa de las Cortes, ya que el de Castilla y León era el único parlamento de los que se han formado recientemente (Extremadura y Aragón) donde el Partido Socialista podría haber tenido mayoría -con los cinco votos de UPL, Por Ávila y Soria Ya-.

El acuerdo con el PP, ha dicho Pollán, será “programático” y en función de la representación que tienen, con un escaño más que en 2022.

La nueva portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Leticia García, se ha referido a la “nueva etapa en las Cortes de Castilla y León con la presidencia en el PP como fuerza mayoritaria” y con el “estilo propio que caracteriza a Francisco Vázquez”. Para ella, se ha “reforzado” el Parlamento de Castilla y León porque “los ciudadanos reclaman certidumbre y estabilidad”. Ha destacado la “importante presencia femenina en el Grupo Parlamentario Popular” que ahora estará dirigido por mujeres en un “claro reflejo de las candidaturas y claro compromiso del PP con las mujeres frente a los discursos de feminismo vacío”. momento de acuerdos útiles

García rebajado lo crítica que fue con su antecesor en la Consejería del Empleo, Mariano Venganzones, e incluso ha llegado a decir que el Diálogo Social es una seña de identidad y ha obviado que en la anterior legislatura se produjo una ruptura en la que los sindicatos llevaron a los tribunales la eliminación de subvenciones nominativas y en la que en enfrentamiento fue total. García ha negado que se rompiese el díalogo. “En este momento toca hablar de lo que hemos hecho esta mañana”, ha zanjado.

“Pactos de alcoba”

El líder del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha definido la constitución de estas Cortes como “el protocolo institucional que da cumplimiento a pactos de alcoba tras el cortejo que se ha visto estos días”. “Pasan de ser enemigos íntimos a volver a repartirse sillones”, ha comentado. “Habrá que ver hasta qué punto está dispuesto a ceder el Partido Popular”, ha dicho. Además ha aclarado que nunca se plantearon no presentar candidato a la presidencia del Parlamento, sino que sabían que con 30 escaños no sumarían, y que no iban a “participar en componendas”.

“Mañueco habla de estabilidad y me da pudor y cierto vértigo. Dicen que no quieren sillones y lo primero que han hecho ha sido repartirlos”, ha ironizado.

En el mismo sentido se ha pronunciado la líderesa de UPL, Alicia Gallego, que no ha querido “entrar en ningún juego de sillones porque el resultado era claro y evidente”. “Lo que nos interesa que se cumplan todas las iniciativas para la región leonesa y que no quede en palabrería.Venir a trabajar y a proponer”. Sobre la cesión de votos del PP a Vox en las secretarías de la mesa, ha comentado que “cada uno ha buscado consolidar puestos, tenerlo atado y bien atado”.

El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, ha incidido en los muchos problemas que afectan al territorio abulense y ha planteado la necesidad de desarrollar la Ley de puestos de difícil cobertura porque si no la provincia “podría quedar al margen de todas las profesiones sanitarias”, informa Efe.

Pascual también ha urgido a los partidos mayoritarios de la Cámara, PP y Vox, que “no demoren más” formar gobierno en la Comunidad porque a su juicio “los abulenses y castellanos y leoneses necesitan estabilidad” y ha asegurado que su partido “va a estar ahí” para que se cumplan las promesas hechas sobre Ávila.

Asimismo, el parlamentario Ángel Ceña (Soria Ya) ha reconocido que lo sucedido en esta sesión era lo esperado y ha asegurado que este mandato comienza con una situación muy similar a la primera parte de la pasada legislatura, con una mayoría de PP y Vox.

Ha asegurado que su objetivo va a “defender en Valladolid los intereses de Soria” y ha centrado entre sus prioridades sacar adelante una proposición de ley de medidas contra la despoblación, así como la mejora de infraestructuras y servicios en su provincia.

El Partido Popular de Burgos también utilizó los servicios de catering de Eventos El Espino SL, la empresa de la que su presidente, Borja Suárez, tiene el 33% de las acciones. Aparentemente, esa circunstancia, que fuese su sociedad, pasó desapercibida para la alcaldesa, Cristina Ayala, y para el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Tal y como publicó elDiario.es, el Ayuntamiento de Burgos, donde Suárez es concejal desde 2024, adjudicó desde ese año hasta la actualidad, varios contratos y todo ello a pesar de que Suárez reflejaba en su declaración de bienes la posesión del 22% del accionariado y que un año después pasó al 33% sin que modificase el documento. Además del Ayuntamiento de Burgos, la Junta de Castilla y León, a través de dos consejerías, la de Economía y la de Medio Ambiente, también adjudicó contratos a la empresa de su presidente provincial.

Los concejales están obligados a declarar las acciones de cualquier empresa si superan el 10%. Aunque Suárez lo hizo, tanto el secretario municipal como los responsables de las mesas de contratación, no lo tuvieron en cuenta. Sólo cuando elDiario.es publicó la información se revisó la situación: tal y como advertía este diario, había una prohibición absoluta para contratar y así lo determina la normativa, pero es que además, Suárez debería haber elegido entre el acta y las acciones, y no lo hizo.

Hasta el momento, todos los implicados han asegurado desconocer la normativa (Ley Orgánica 5/1985 art. 178.2d, Ley 7/1985 art.75, Ley 9/2017 Contratos del Sector Público) que prohibía claramente ser concejal y contratista, y no sólo eso, afirmaron que ignoraban la vinculación de Suárez con El Espino. Lo cierto es que además de esos contratos municipales, la práctica totalidad de concejales del PP, incluida la propia alcaldesa, Cristina Ayala, han estado en al menos un evento del PP de Burgos en el que el catering era de El Espino. Tanto es así que la propia Ayala posteó fotos del “comienzo del curso político” en Cogollos, en la primera foto se puede ver al fondo al personal de El Espino. “Tras el descanso estival tenemos un interesantísimo año por delante con elecciones autonómicas en 2026 y en lo que toca a Burgos ciudad, multitud de obras que configuran nuestro ambicioso proyecto de ciudad”, escribía. Ayala se ha negado a contestar a las preguntas de elDiario.es sobre su grado de conocimiento sobre la actividad empresarial de su presidente provincial.

No era la primera vez que el PP de Burgos tiraba de la empresa del presidente, en 2021, sirvió el catering para un encuentro de cargos y militantes de tres comarcas de Burgos con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. No sólo se contó con ese catering, es que se utilizó el claustro del Monasterio del Espino, alquilado y explotado por Eventos El Espino SL en la que están Suárez y sus socios. Ni desde la Junta ni desde el PP de Castilla y León han respondido a la pregunta de elDiario.es de si Mañueco conocía la relación de Suárez con Eventos El Espino SL.

La situación que se ha producido es insólita: el secretario municipal reconoce en un informe que se contravienen leyes con décadas de vigencia a la vez que insta a realizar un “protocolo” para que los hechos no se repitan. Mientras, Suárez continúa siendo concejal, poseyendo el tercio de una empresa que recibe contratos municipales y de la Junta de Castilla y León.

El Partido Popular de Palencia ha pedido “presunción de inocencia” para la concejala Laura Lombraña, que obtuvo un chalé VPO con piscina que no incluyó en su declaración de bienes. Tras las diligencias de investigación iniciadas por la Fiscalía en respuesta a una denuncia del que fue candidato de Podemos a la Junta, Miguel Ángel Llamas, el PSOE instó a que Lombraña diese explicaciones públicas a los palentinos. Planteó además tres cuestiones que deben ser aclaradas: Por qué ocultó al Ayuntamiento su condición de cooperativista, desde qué fecha exacta era miembro de dicha cooperativa y por qué no presentó la declaración de bienes e intereses cuando cesó de concejala como establece la ley.

La única respuesta ha llegado a través del PP, que recuerda que “Laura Lombraña, mediante un comunicado, ya desmintió las insinuaciones de la publicación aparecida en un medio nacional el pasado 3 de marzo” y que las acciones legales que anunció “se interpusieron de manera inmediata”. Sobre la investigación de la Fiscalía, adelantada por elDiario.es, y una denuncia interpuesta por el Ayuntamiento, dicen no haber recibido “comunicación alguna” pero que Lombraña registró el 24 de marzo “un escrito ante la Fiscalía en el que manifiesta su total disposición a colaborar con cualquier investigación que se lleve a cabo, reafirmando así su voluntad de transparencia y esclarecimiento de los hechos”.

El PP subraya que “debe prevalecer el respeto a la presunción de inocencia” por lo que insta al PSOE “a actuar conresponsabilidad y a abstenerse de realizar manifestaciones basadas en meros intereses partidistas”. Por último, afirma el PP en el comunicado, que el Partido Socialista “ha vuelto a demostrar que sólo le interesa el juego político, desprestigiando a una concejala de la oposición con una campaña infundada para intentar obtener un rédito electoral”.

Laura Lombraña continúa sin explicar públicamente las circunstancias en las que accedió a la VPO y por qué no la reflejó en su declaración de bienes. Tampoco lo ha hecho el Partido Popular.

El presidente de la Diputación de Burgos, concejal en el Ayuntamiento y presidente del PP provincial, Borja Suárez, ha querido “salir al paso” de la información publicada por elDiario.es sobre los presuntos cobros en B de la empresa de la que es copropietario. Según ha declarado Suárez, ya dio explicaciones en el Pleno por los contratos adjudicados a Eventos El Espino SL y nunca ocultó su participación en la mercantil. Además, ha vuelto a reconocer que los contratos son nulos y que había una incompatibilidad absoluta para contratar y ha insistido en establecer “algún medio de control” para que los concejales “estén más seguros, más controlados y no haya ese conflicto de intereses”. Sobre ello, ha dicho, ha actuado con “absoluta transparencia” -sólo advirtió al secretario municipal del posible conflicto tras la llamada de este diario- y que ya hay un informe de secretaría “que dice lo que dice” y que le obliga a desprenderse de la participación en sociedades.

Lo que ha obviado es que debió hacerlo antes o bien haber renunciado a su acta de concejal que le permite presidir la Diputación. No ha ocurrido ninguna de las dos cosas y sigue siendo concejal. “No hay reproche legal, se queda en el ámbito administrativo pero sí que tengo que desprenderme de cualquier participación y separar la actividad pública de la actividad privada, no porque sea una obligación o sea incompatible, sino porque creo que lo tengo que hacer”, ha comunicado.

Pero además ha querido pronunciarse sobre la información sobre los presuntos cobros en B. Borja Suárez se ha referido a unas denuncias entre socios y administradores “que ya ha sido archivada por parte de los juzgados”. Así, ha hablado de una “campaña” que “lleva ya varias semanas” de “difamación absoluta” hacia él. “Yo puedo entender que en clave electoral, después de los resultados que ha habido valga todo para tratar de poner sobre la mesa ciertos asuntos, más si cabe ahora, que se han abierto multitud de causas judiciales en torno a la corrupción, a la corrupción que existe por parte de representantes públicos que son lacerantes. Este no es el caso”, ha manifestado. Suárez entiende que “lo que se pretende” es dar una Imagen sobre su “figura” como presidente del Partido Popular de Burgos, como presidente de la Diputación y como concejal del Ayuntamiento sobre la que tiene que defenderse. En ese sentido, ha dicho que forma parte de una “esfera” de la que ya no va a tener que formar parte porque se va a desprender de las acciones.

“Cuando se difama a una persona, cuando se trata de destruir la imagen de una gestión de la diputación provincial, del Ayuntamiento de Burgos y también a la del Partido Popular, decirles que a ese juego ni voy ni puedo entrar”, ha zanjado. Sin embargo, ha asumido que debía hacer declaraciones “sobre lo que está pasando” para dejar claro que “en ningún momento ha habido un reproche legal ni de ningún tipo” hacia él, y que se está hablando de “hechos ya archivados por parte de la Justicia”. Tal y como ha publicado este diario, el archivo de la causa de los exsocios se ha recurrido. Suárez se ha permitido calificar las informaciones de este medio sobre su participación en las empresas y ha dicho que tienen “tientes sensacionalistas e implicaciones muy graves” aun cuando el propio secretario municipal ha ratificado esas informaciones: Suárez debió renunciar al acta si quería ser empresario y los contratos adjudicados son nulos. También ha mandado un mensaje a la oposición: “y a los partidos que están cogiendo esto y están haciendo especial sangre, decirles que están entrando en un ámbito realmente complejo”. “Se hacen eco de forma tan lacerante con ese objetivo de tratar de quitarme del medio”, ha dicho a la vez que les animaba a ponerse frente al espejo.

A preguntas de la prensa, ha desmentido “absolutamente” haber cobrado en B y ha repetido que el asunto se archivó en un juzgado. También ha hablado de los correos reproducidos por este diario. “Son de 2019 y ahora estamos en 2026 y esto sale ahora justo cuando salen los procesos en torno a la corrupción y se trata de exponer circunstancias que no son ni mucho menos parecidas. Las cosas hay que demostrarlas, hay que ir al juzgado y este tipo de insinuaciones lo único que hacen es una campaña de desprestigio y de difamación que no puedo tolerar”, ha lamentado.

Suárez ha descartado acudir a los tribunales: “En ningún caso, se ha cuidado muy bien la información de decir algún tipo de ilegalidad, y eso, escrito queda y algo queda, por eso tengo que salir. Que me digan qué tipo de presunto delito se ha cometido, que se demuestre y que se juzgue. A partir de ahí si lo que se ha hecho se ha juzgado y se ha archivado, lo que no se puede en 2026 -se archivó en 2025- venir y coincidiendo con lo que está coincidiendo, a soltar esa información que en ningún caso me implica a mí de ninguna manera”, ha comentado.

“Niego cualquier tipo de reparto de dividendos de esa sociedad de manera ilícita”, ha insistido. Sobre la dimisión que reclaman tanto PSOE como Vox, se ha remitido al informe del secretario del Ayuntamiento en el que “no hay reproche legal”, y al “protocolo” que se pretende hacer “para evitar este tipo de situaciones” y a dar explicaciones en el propio Pleno si se le piden. También ha cuestionado las palabras de Vox sobre la “falta de ética y de estética” que le atribuye. “Dejan a Sócrates, a Platón y a Nietze a la altura de cañita brava”

El PSOE de Castilla y León ha exigido este miércoles al presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, el cese del concejal en el Ayuntamiento de Burgos, presidente de la Diputación y del PP provincial, Borja Suárez, tras conocer la información de elDiario.es sobre los presuntos cobros en B de los que le acusan dos de sus exsocios en la empresa Eventos El Espino SL.

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa asegura que en este momento la situación de Borja Suárez “a efectos institucionales y políticos” es “insostenible” y que no puede pasar “ni un día más” al frente de la Diputación de Burgos ni como presidente del Partido Popular de Burgos. Según De la Rosa, debería dejar su acta de concejal y como consecuencia no podría tener el acta de diputado provincial que le permite presidir la Diputación. “Si no lo deja, debe ser el Partido Popular quien exija su cese. Y la persona que tiene que ejercer esa responsabilidad es el señor Mañueco, que es el presidente del Partido Popular de Castilla y León”, ha explicado a elDiario.es.

El mensaje que traslada De la Rosa desde la ejecutiva autonómica del PSOE es que es “inaudito” que reconociendo en un Pleno que mantiene las acciones por encima del porcentaje legal de una empresa con la que ha contratado el Ayuntamiento y entidades participadas como Proburgos, y “reconociendo él mismo que es ilegal” no haya dimitido.

De la Rosa también se ha referido a los presuntos cobros en B de Borja Suárez de los que le acusan sus exsocios. “El señor Borja Suárez mientras es presidente del PP, concejal y diputado provincial, es un empresario que se ha llevado, digamos, supuestos ingresos en una caja B”. La situación dice, “es inadmisible”, por lo que exige su “cese inmediato”.

El PSOE va a poner en marcha toda su maquinaria para forzar ese cese. Tanto la secretaria general del PSOE de Burgos, Ester Peña, como el secretario del PSOE local, José Temiño, estudiarán qué iniciativas poner en marcha en Diputación y Ayuntamiento para exigir “a todos los niveles” ese cese.

En una extensa investigación este diario publicó primero que Suárez en su declaración de bienes en el Ayuntamiento de Burgos reflejó tener un 22% de acciones de la mercantil y que a pesar de ello la empresa había recibido numerosos contratos municipales cuando la ley lo prohibe. Suárez declaró tener ese 22% -la ley permite hasta un 10%- y no modificó esa declaración cuando recompró acciones y llegó al 33%, como reconoció a elDiario.es. La normativa contempla que debería haber elegido entre el acta de concejal y la empresa, pero eso nunca ocurrió. Pero nada de esto ha tenido consecuencias hasta el momento, de hecho, en un informe solicitado por Suárez al secretario del Ayuntamiento, se reconoce que los contratos son nulos pero se sugire elaborar un “protocolo” para que esto no vuelva a ocurrir.

Aunque Suárez asegura que “nunca” ha cobrado de la empresa que fundó hace casi dos décadas, sus exsocios dicen lo contrario, que cobró en B.

La mercantil Eventos El Espino SL, de la que el presidente de la Diputación de Burgos y del PP provincial, Borja Suárez, posee el 33% de las acciones, tenía una caja B, una contabilidad paralela para repartir dinero negro entre los socios. Así se desprende de una serie de correos electrónicos a los que ha tenido acceso elDiario.es y de las declaraciones que han hecho dos exsocios de la empresa, que confirman esa forma de operar y que la denunciaron en un juzgado.

Tal y como publicó este periódico en exclusiva, Eventos El Espino ha recibido una docena de contratos del Ayuntamiento de Burgos, donde Suárez es edil. Sólo una vez publicada esa presunta ilegalidad, tanto Suárez como la alcaldesa solicitaron un informe al secretario municipal que determinó que los contratos eran nulos y que Suárez debió elegir entre el acta o la mercantil. Recomendaba además elaborar un “protocolo” para evitar situaciones similares en el futuro. Suárez sigue siendo concejal y accionista de la empresa.

Laura Gazpio y José Manuel Varas fueron trabajadores y socios de Eventos El Espino junto a Koldo Madariaga, en ese momento presidente de la empresa y ahora administrador solidario, Daniel Madariaga, que era secretario y actualmente es administrador solidario, y Borja Suárez. La empresa se creó en 2008 y Gazpio fue la última en entrar como accionista, con un 10%, frente al 22% del resto de socios. Según Gazpio, en Eventos El Espino “estaba la caja A y la caja B”.

Un reparto en metálico que se hacía tras una cena

“De la caja B se hacía reparto a final de año, quedábamos en casa de Koldo Madariaga. Daniel Madariaga Fuente era quien administraba las dos cajas y llevaba un poco las cuentas de las sociedades –además de Eventos El Espino SL está El Granero de San Francisco SL– y nos hacía una exposición de cómo se había desarrollado el año. Cenábamos, picábamos algo y repartíamos en metálico. Bueno, repartía Daniel Madariaga, él se encargaba de hacer el reparto. Estábamos los cinco socios entre los que se encontraba Borja Suárez”. Gazpio se incorporó a las reuniones cuando entró en la sociedad: “Creo que fue en 2017. Era la forma habitual de reparto de dividendos de ellos desde que la empresa empezó a dar beneficios. Nosotros [Gazpio y Varas] dejamos de participar en esas reuniones en 2020, cuando salimos del día a día de la empresa como trabajadores y únicamente nos quedamos como socios. Ahí ya se nos sesga la información y ya no participamos más”, asegura.

Varas confirma el relato de Gazpio: “Siempre ha habido dos contabilidades, la A y la B”, ratifica. “Nos lo repartiamos a finales de año o a principios del siguiente. Solíamos quedar en casa de Koldo a cenar, y alguna vez recuerdo que en el Monasterio [un espacio con un antiguo monasterio y un granero americano que construyeron para acoger bodas]”, explica Varas. “Cuando Dani tenía los repartos hechos tanto lo A como lo B, estábamos siempre los cinco y lo hacíamos desde que la empresa pudo dar beneficios, los principios siempre son duros. En torno a tres o cuatro años nos hemos repartido el dinero en B. Dejamos de ser trabajadores y dejamos de estar en los repartos”, comenta.

El relato de los dos exsocios quedaría apuntalado por los emails remitidos en 2019 y 2020 por el secretario de la sociedad al resto de socios. En él aparecen en copia los correos electrónicos de Koldo Madariaga, Laura Gazpio, José Manuel Varas y Borja Suárez. En el primero, fechado el 21 de febrero de 2019, y con el asunto 'Cierre de cuentas 2018 EE y GSF' Madariaga les propone repartir ganancias. “Buenos días. Parece que andáis sobrados de tela y no queréis juntaros conmigo para hacer el reparto. Os adjunto los datos de cierre de cuentas de Granero (GSF) y El Espino (EE), estoy a vuestra disposición para aclarar dudas acerca de los mismos”, dice. “Si os va bien a todos quedamos mañana para comer o cenar y hacemos el reparto”, concluye.

El resultado “extracontable”

Hay otro correo de febrero de 2020 en el que Madariaga les manda los datos de cierre contable de Eventos El Espino de 2019 y en el que aportaba la cuenta de pérdidas y ganancias, el balance de situación, balance de sumas y saldos, libro mayor... pero también menciona la “integración” de las dos “contas” (sic). En el apartado de pérdidas y ganancias aparece un resultado de 225.111,64 euros. El resultado contable era de 80.140,12 euros, de los que 20.035,03 indica que son para el pago de impuestos y el “resultado extracontable” era de 144.971,52. O lo que es lo mismo: en 2019 Eventos El Espino ganó más de 225.000 euros y declararía poco más de 80.000, un 64% menos. Los más de 144.000 que no se declaraban se repartían entre los socios.

Así, en el mail está la “propuesta de reparto” en la que Madariaga sugiere distribuir entre los socios sólo 100.000 de los 144.971,52 a los que se suman 4.000 de un préstamo y más de 1.900 de un “acumulado” de años anteriores, porque tienen un asunto en el juzgado. “Hay que protegerse de lo que pueda venir de esta causa”, justificaba. Así, correspondían 22.500 euros a cada uno de los cuatro socios con un 22% de acciones, entre los que estaba Borja Suárez, y 10.000 para Gazpio, que tenía el 10% de las acciones.

Según las cuentas de 2019 depositadas en el Registro Mercantil, el resultado de explotación fue de 80.168,61, una cantidad que difiere en unos euros a la que se dio en el mail, sin incluir el dinero B.

En esos años, Eventos El Espino se dedicaba fundamentalmente a la organización de bodas, y la cifra de negocio superaba el millón de euros. En concreto, y según las cuentas registradas de 2018, en ese ejercicio la cifra neta fue de 1.077.767,72 euros.

Borja Suárez: “Es falso, nunca se repartían dividendos”

elDiario.es ha contactado con Borja Suárez, quien niega la existencia de una contabilidad paralela a la oficial. De hecho, Suárez asegura que nunca ha cobrado dividendos y que lo único que ha recibido son “devoluciones de préstamos” que hizo a la empresa, y que las ganancias no se repartían sino que se reinvertían. “Es falso”, dice de un supuesto reparto de dinero negro. Además, niega la existencia de los emails a los que ha tenido acceso este diario. “No hemos repartido dinero negro”, repite. Aunque reconoce que uno de los correos que aparece en copia del enviado por Daniel Madariaga es el suyo, niega haber recibido nada así y haber estado en una cena con los socios en los que se repartieron dinero en metálico. “No se ha repartido nunca dinero en metálico, ni dinero en B, ni nada. Esa empresa tiene unos dividendos que están declarados”, zanja.

El entonces presidente de la mercantil y ahora administrador solidario, Koldo Madariaga, también ha atendido la llamada de elDiario.es. “Me suena un poco a chino, una cosa así no se me debería olvidar, me suena un poco a chino, la verdad, por email... porque nosotros no hemos juntado en las reuniones de las juntas generales”, comentó. Según explicó, la sociedad está formada por cuatro amigos y ha sufrido “un deterioro que va de la mano del trabajo y la amistad” y que todo ha acabado con la salida de dos de los socios “con sangre, sudor y lágrimas”.

“Ha sido una situación muy fea, desagradable, que seguramente tenga que ver con todas estas cosas e incluso con el propio crecimiento del accionariado, porque su salida –en 2025– condicionó el crecimiento de las participaciones y han sido dos años complicados porque no había acuerdo y todo eso pues siempre hace que se sufra, unos porque no pueden salir, otros porque no se termina con la situación. Estás siempre rodeado de entornos en los que no tienes costumbre de abogados y demás y a final de año se llevó a cabo esto”, precisa. Según Koldo Madariaga, el deterioro de la sociedad se produjo en 2020–2021 y estuvo vinculado a la crisis del covid. “Me suena extraño un email de 2019 y no puedo decir más porque no me acuerdo, me acordaría porque no es una cosa banal”, reconoce.

Sobre las declaraciones de los dos exsocios, ha añadido que ellos dirán “lo que haga falta”, porque incluso denunciaron al resto, y aunque desconoce en qué fase está el caso, sí sabe que en primera instancia se desestimó y lo recurrieron. Lo que reclamaban, dijo, eran “ciertas mejoras salariales” porque con su salida el resto tuvo que “arrimar mucho el hombro para salir adelante”. Según las cuentas de la empresa a las que ha tenido acceso elDiario.es, el total de los salarios de alta dirección que se pagaban rondaban los 140.000 euros anuales. Los exsocios no estaban de acuerdo con la subida salarial, algo “normal” que se produce en una salida en la que no hay acuerdo y en la que “buscan presión para que se consiga”, algo que considera “lícito” porque “están en su derecho”.

Sin embargo, sí apunta a que han utilizado “artimañas más que dudosas”. “Creo que esta es una de ellas, lo que pasa es que hay un político por medio [Borja Suárez] que no sé lo que conlleva, pero los que somos gente anónima, lo sufrimos un montón. Pero vamos es que me suena a chino. Me imagino que tendrán alguna prueba más que un correo, ¿no? Porque dos personas que salen de una sociedad y ahora cuentan eso suena un poco así, digo yo que tendrán pruebas, ¿qué base tienen?”, cuestiona. “El email tiene que ir sujeto a un soporte porque yo te puedo mandar un mail que diga barbaridades y tú según llega lo puedes exportar pero ahí se queda el email como enviado. Entiendo que tiene que haber algo más porque si no sería todo terrible”, argumenta. “Estamos hablando de dos personas enemigas, que han salido de la sociedad, nos han denunciado”, insiste. “No creo que sea muy difícil manipular una captura de pantalla, es que me suena a chino, no había uno, habría mil”, dijo.

“Esta llamada imagínate cómo me deja. La próxima es con mi abogado porque esto seguramente se tenga que judicializar y, si sale esta noticia, nosotros imagino que no nos quedaremos mirando. Me niego a aceptarlo, esto se tendrá que demostrar, porque si no es la hostia”, lamentó. Respecto a que Suárez, con más de dos décadas en política, forme parte de la empresa, Madariaga recuerda que la compañía se constituyó en 2008, “cuando Borja estaba un poco en el limbo”. Según la biografía que está publicada en la web de la Diputación de Burgos, Suárez fue director general de Juventud de la Junta de Castilla y León de 2003 a 2007 y de 2007 a 2019 fue concejal y portavoz del Grupo Popular del Ayuntamiento de Miranda de Ebro. “Es un soldado raso en el Ayuntamiento, en la Diputación, es un amigo de la infancia y es una época en la que todos tenemos edad de buscarnos las habichuelas. Y es verdad que cuando Borja es nombrado presidente de la Diputación (en julio de 2023) se pone encima de la mesa”.

“Se nos queda cara de tontos cuando nos enteramos de que es incompatible ser concejal y tener más del 10% de acciones”

Madariaga afirma que tuvieron “muchísimo cuidado” porque la empresa ha trabajado en Euskadi, La Rioja y Burgos y reciben solicitudes de todo tipo. “Teníamos mucho cuidado cuando llegaba una de la Diputación, porque les podíamos contestar de mil maneras pero nunca aceptando la solicitud, se tuvo cuidado, se ha tenido siempre”. Sin embargo, dice que desconocían que la participación de Borja, con un 22% de acciones al principio y un 33% desde 2025 les “privase de poder trabajar para otras administraciones”. “Parece que hemos descubierto, que puede sonar un poco así, pero es verdad, que no puede tener más de un 10% y se nos queda cara de tontos porque no hay nada peor que trabajar y parecer que no trabajas. Si trabajar en sí es jodido, imagina que parezca que te lo dan hecho”, asegura.

Con una facturación de dos millones de euros, Madariaga resalta que es una empresa que viene del medio rural, que contrata a un centenar de trabajadores entre fijos y discontinuos. “Es que es duro, y que vayas por la calle y digan es que se lo han dado hecho, para nosotros es tremendo, es un drama”, insistió. Además, repitió que Suárez desconocía la incompatibilidad de tener un cargo público y más de un 10% de acciones de una empresa que trabaja con administraciones. “Pues parece ser que el hombre no lo sabía, ni él, ni la administración que tiene que velar porque eso no pase, porque lo tenía en la declaración de bienes. Puede que cueste creerlo, pero esto ha pasado, no era consciente de la situación”, afirma.

Respecto a que Borja Suárez defendiese el 'txacoli burgalés' que elaboraba la empresa de bodeguera de su socio, Madariaga destaca que nunca recibió ayudas públicas y que Suárez hizo su trabajo. Recuerda, además, lo duro que fue enfrentarse a la administración vasca. “Somos trabajadores, habremos cometido errores y nos juzgará quien nos tenga que juzgar, pero fue algo que se nos ocurrió, recuperar la tradición del txacoli en Miranda”. La defensa dice, era “obligada” por parte de la Diputación y de la Junta. “Puede haber interpretaciones, pero verdad en esto del txacoli solo hay una”, zanja.

Daniel Madariaga, quien supuestamente remite los emails, también ha atendido a este diario y asegura que no reconoce los correos electrónicos. Además, precisa que los dos exsocios dejan la mercantil precisamente porque si durante tres ejercicios no se reparten, tienen la opción de salida. Pero recordó que siguen en la otra sociedad (El granero de San Francisco SL) y con un procedimiento judicial en marcha del que no puede hablar, si bien añade que han sufrido varios años de “chantajes” por parte de los denunciantes.

elDiario.es sí ha tenido acceso al procedimiento, una querella por un delito continuado de administración desleal y otro de apropiación indebida que se presentó contra los Madariaga (Koldo y Daniel) en los juzgados de Miranda de Ebro en mayo de 2024. Los dos exsocios argumentaron que estos, “prevaliéndose de su posición de poder como administradores y socios mayoritarios, lejos de velar por la empresa y el resto de socios”, realizaban “conductas lesivas para el patrimonio de la empresa y del resto de socios, a quienes con su actitud obstruccionista vetan la posibilidad de, ni siquiera, conocer la realidad de las circunstancias”. Entre otras prácticas, se mencionaba el uso de una doble contabilidad: “Lo cierto es que durante los primeros años de actividad de la mercantil, Eventos el Espino S.L., a través de sus administradores, generaba cantidades de dinero en B que aquellos repartían entre los socios de la empresa, ello hasta el año 2020, en el que a su propuesta se decidió regularizar tal situación, contabilizando a partir de entonces todos los ingresos y gastos de la empresa con el objetivo de llevar a cabo la gestión de la misma de forma transparente”, decía la querella.

“Nada de lo pactado se ha cumplido, pues mis representados han tenido conocimiento de que los querellados vienen manteniendo un sistema de cobro a los clientes en dos partes, mediante una factura 'oficial' cuya cuantía se debe ingresar en cuenta bancaria y con una 'nota' cuyo importe debe abonar el cliente en efectivo”, añadían. La querella iba acompañada de una extensa documentación que incluye mails con clientes y también entre los socios.

Sin embargo, el juzgado la archivó en septiembre de 2025. “No se ha acreditado la administración desleal ni la apropiación indebida dado que no consta probado un abuso de funciones ni una gestión de los administradores que haya causado de forma dolosa perjuicio patrimonial a la sociedad o a los socios, ni una disposición definitiva de los bienes de la sociedad en favor propio o de tercero”, decía el auto.

Un recurso ante la Audiencia Provincial

Los dos exsocios presentaron un recurso ante la Audiencia Provincial de Burgos en octubre de 2025. Entre otros argumentos, aluden un defecto formal en ese auto al “tener en consideración única y exclusivamente los medios probatorios aportados por la parte querellada”, mientras que la instructora no se pronunció sobre la prueba documental de los querellantes: “Prácticamente la totalidad de las pruebas propuestas por esta parte no se han admitido por la Instructora (ni inadmitido, pues no ha habido pronunciamiento alguno), de la documental aportada bien se puede determinar la existencia de indicios de comisión de los delitos imputados a los administradores de las sociedades Eventos el Espino S.L. y El Granero de San Francisco S.L”, expresan en el recurso en el que piden la nulidad del auto.

Veinte días después de las elecciones en Castilla y León, no hay visos de gobierno a la vista ni prisa por conformarlo. El PP ganó las elecciones pero quedó lejos de la mayoría absoluta-42 escaños-. Por mucho que Alfonso Fernández Mañueco insista en un gobierno “en solitario” ni siquiera puede aspirar al único posible sin un socio, el de minoría. Vox no está por la labor de investir gratis a un presidente, menos cuando su resultado ha mejorado el de 2022 con un escaño más. El suflé ha bajado, pero no tanto como para renunciar a un gobierno autonómico. Con 33 escaños el PP, 30 el PSOE -apartado por Mañueco que se niega a negociar con el “sanchismo- y 14 Vox- este último es el que tiene la llave del gobierno.

El pasado 25 de marzo PP y Vox mantuvieron una reunión “cordial” en la que según fuentes de ambos partidos se habló de todo y de nada, no hubo concreción, sólo voluntad. La de Vox, llegar a un acuerdo programático antes de empezar a repartir consejerías. Los de Abascal ni se plantean soltar el Parlamento autonómico, dan por hecho que vuelve a ser suyo, mientras que el PP quiere tener mayoría en la Mesa. La del PP es llegar a un acuerdo sin quedar demasiado maltrecho pero no aparta la vista del calendario, lo último sería una repetición electoral.

Se daba por hecho que pasada la Semana Santa se abordaría una nueva reunión esta semana, y más concretamente este lunes, pero no ha ocurrido. Los negociadores siguen desperezándose tras las vacaciones y apurando plazos. El martes de la semana que viene, 14 de abril, tiene que constituirse el nuevo parlamento. Es más que posible que el día 13 se agende una reunión in extremis para replicar lo que ocurrió en el 22: el mismo día en que se constituían las Cortes, se llegó al pacto de gobierno y se presentó a la prensa apenas dos horas más tarde.

En esta ocasión el contexto es algo más complejo: hay que pactar, además del de Castilla y León, un gobierno en Extremadura y otro en Aragón. Por mucha “cordialidad” de la que presuman, lo cierto es que las cosas entre Génova y Bambú no están precisamente frías o calmadas: hace unos días el secretario general del partido de extrema derecha, Ignacio Garriga, se refirió Alberto Núñez Feijóo y a su directiva como “ese clan gallego con prácticas de contrabandista de ría”. No hay que descartar las negociaciones, las de los tres gobiernos, se estén gestando en Madrid a pesar de que unos y otros políticos autonómicos insistan en que las decisiones se van a tomar en los territorios y con sus barones a la cabeza.