Con un vídeo que incluye la reinterpretación de una conocida muñeira y que acaba con un “Por fin”, el candidato a la presidencia, Alberto Núñez Feijóo, ha dado su mitin en Valladolid plagado de ataques al exministro de Transportes, Óscar Puente, del que ha dicho que se le iba a “canonizar” y todo después de advertir no lo haría. “No es fácil hablar hoy aquí, no lo es porque tenemos presente lo sucedido la semana pasada, a sus familias, a sus víctimas. Tenemos presente a una persona de la familia como Fátima Báñez, España está triste y España está harta”, arrancaba.

Feijóo ha asegurado que hace poco recibió en su despacho a una víctima de Urda “aún con la frente abierta, con grapas” que le pidió que pusiera “a la gente que sepa en los puestos clave”.“ ¿En qué país nos hemos convertido para que un ciudadano pida algo tan fundamental?”, se preguntó.

“Hay quien piensa que venimos por lo que ha pasado, pues no, no es por lo que ha pasado en los trenes, si fuese para señalar al máximo responsable haríamos un mitin en el Palacio de la Moncloa. Esto estaba previsto hace mucho tiempo, no venimos contra nadie, venimos por vosotros”, ha dicho antes de arremeter contra Puente una y otra vez.

Feijóo ha hablado de poner fin a “años de espectáculo de detenido en detenido, de sumario en sumario”. “Ya está bien, toca mirar a la gente, se acabó el espectáculo, se acabaron las redes”, ha adelantado sobre su hipotético gobierno. En su lista, ha dicho que “lo primero es mirar a Ceuta”.

Las pensiones subirán “conforme al IPC”

“Ceuta sigue esperando. Más de 100.000 han entrado, había policías marroquíes ordenando la invasión, no podemos consentir que España felicite al país que nos ha invadido”, ha reprochado. Para Feijóo “toca mirar que la mayoría de los españoles no llega a fin de mes, que los jóvenes no pueden cambiar el mundo desde la habitación de la casa de sus padres”, ha comentado. Feijóo ha intentado rectificar el error de la portavoz nacional del partido, la leonesa Ester Muñoz, que advirtió hace unas semanas que había que cambiar el sistema de pensiones por que iba a “colapsar” y a “petar”.

“Todos queremos llegar a ser mayores, y os meten miedo con las pensiones”, ha dicho Feijóo obviando lo que dijo Muñoz. “Os meten miedo cuando todos saben que las vamos a revalorizar con el IPC”, ha rematado.

Ha tenido un par de menciones sobre las mujeres para las que garantiza más seguridad tras el descontrol. “Las mujeres que levantan este país merecen que el gobierno de las orgías se vaya, que se las respete y que no se las utilice”. Respecto a la seguridad, directamente ha hecho referencia al fallo de las pulseras telemáticas de los agresores machistas. Ha olvidado dirigirse a “esa mayoría de la población que son las mujeres” para hablar de brecha salarial, violencia de género e igualdad. No ha adelantado qué medidas de igualdad llevará su programa .

Porque Feijóo, sobre todo, ha hablado de Puente y de trenes. “Filtran los audios del maquinista muerto antes de que entreguen el cuerpo a la familia pero no van a un funeral de estado, porque tienen más preocupación por las elecciones que por la vida de los españoles. Han dado más abrazos al ministro dimitido que a las víctimas”, ha criticado.

El voto de los “avergonzados”

Además ha recordado que en las papeletas del PSOE “sigue Puente de número 1 y de 2 la ministra de las pulseras”, si bien que Puente figure se debe a que cuando dimitió y decidió renunciar a estar en las listas ya se habían proclamado las candidaturas y la Junta Electoral Central no permite retirar su nombre aunque renuncie a recoger el acta. El líder del PP ha llegado a pedir el voto “a aquellos que en algún momento votaron al PSOE y hoy se avergüenzan de ello”.

Puente ha centrado el mitin desde su comienzo. “No somos todos iguales, claro que no, unos hacen una mala gestión y otros hacen una buena gestión”, ha arrancado el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, en el mitin que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo protagoniza en Valladolid. Como ejemplo de gestión, Carnero se ha referido a la construcción de un polideportivo “gracias a Alfonso Fernández Mañueco” y la retirada del carril bici- que se habilitó durante el mandato de Óscar Puente en la Avenida Isabel La Católica.

“El soterramiento -una obra que Carnero prometió en campaña y que no ha conseguido cuando se acerca el fin de sus cuatro años como alcalde- es totalmente irrenunciable pero entendemos perfectamente la situación que hay en estos momentos, por eso te pido que dialoguemos”, ha solicitado a Feijóo. “Lo que no hemos conseguido con el gobierno de Sánchez, tenemos que tenerlo contigo”.

La ya exconsejera de Educación, María Pardo, y cabeza de lista al Congreso por Valladolid también ha reivindicado la gestión del PP “con más vivienda protegida construida que nunca”. “Quiero pedirte que protejas nuestra industria más importante, la automoción. Renault y Michelin han lanzado advertencias muy importantes si continúa este gobierno. Necesitamos más autovías, más trenes, más paradas, que nos las están quitando. Valladolid no es una ciudad de muros, tampoco de muros ferroviarios, no lo olvides, no pedimos un privilegio solo igualdad de oportunidades. Hay que poner fin a la etapa más negra de nuestra reciente historia”, ha clamado.

Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco ha recordado cómo hace cuatro años Feijóo estuvo en una nave “al lado” y ahora está “en una mejor”. “Está en juego el cambio, hay que poner fin a este gobierno nefasto, el peor de la democracia con una infame hoja de servicios. El problema tiene nombres y apellidos: Pedro Sánchez”, ha dicho. La solución, ha continuado, también tiene nombre y apellidos, Alberto Núñez Feijóo. “Queremos a Feijóo en la Moncloa. Queremos un gobierno responsable”, ha afirmado

El neonazi Alberto Pugilato ha sido el segundo de los detenidos en Valladolid en la operación coordinada por un juzgado de Gijón y que se ha saldado hasta el momento, con 14 detenidos en distintos puntos de España. La investigación arrancó tras unos disturbios en la ciudad asturiana y se ha extendido por otras localidades, entre ellas Valladolid. Los detenidos están acusados de delito de incitación al odio, asociación ilícita y tenencia de armas.

A primeras horas de esta mañana se produjo la detención del fundador de Noviembre Nacional, Enrique Lemus. Durante toda la jornada Lemus ha estado presente en el registro que se ha hecho en su vivienda en la calle Recondo, muy cerca de la Estación de tren Campo Grande. Dos furgones policiales han permanecido en el lugar varias horas. Poco después, fuentes policiales han confirmado a elDiario.es la detención de un 'viejo conocido' en círculos neonazis y en los juzgados, Alberto Pugilato, alias de Alberto González de Juan. Pugilato fue condenado en 2021 por difundir mensajes de odio a través de su grupo musical. Además, ha protagonizado sonados incidentes, como la agresión a un cómico o recientemente el intento de cobro a un agricultor moroso que acabó destrozando su coche embistiéndolo con un tractor. El pasado mes de agosto, la Fiscalía de Valladolid lo denunció por instigar al acoso desde sus perfiles de redes sociales contra figuras mediáticas vinculadas a la izquierda, como el cómico Héctor de Miguel, Quequé, o la comunicadora Sarah Santaolalla.

La investigación judicial por parte del juzgado de Gijón partió de unas diligencias de Fiscalía de menores de principios del año 2026, tras “unos altercados en las inmediaciones del colegio jesuita La Inmaculada de Gijón”.

Integrantes de Núcleo Nacional se concentraron para mostrar su rechazo a la retirada del monumento mientras proferían consignas neonazis y soflamas como “¡Arriba España!”, el gran grito de exaltación del franquismo. Tras esa concentración, el Ejecutivo asturiano pidió públicamente que el Ministerio del Interior adoptara las medidas necesarias para disolver la formación ultra.

El grupo neonazi anunció este verano su salto a la política a través del partido Noviembre Nacional

El secretario del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha explicado hoy que mantiene “llamadas cruzadas con Ferraz” para conocer qué margen de maniobra tienen con la Junta Electoral Central para evitar que el nombre de Óscar Puente, que ha dimitido como ministro y ha renunciado a ser candidato al Congreso, aparezca en las papeletas electorales del 29N.

Martínez ha añadido que si el nombre de Puente aparece en la papeleta “con una renuncia expresa será como en otras ocasiones ha podido acontecer en otros municipios de este país”. En cualquier caso, ha afirmado que “ese paso a un lado que ha dado Óscar Puente pone un nivel de ética muy importante” y que “lo de menos es lo que refleje la papeleta”. “Lo importante es lo que puso ayer delante, la dignidad del pueblo español y la dignidad del Partido Socialista Obrero Español, que sabe a lo que está jugando en un momento y en un contexto complejo, porque hoy estamos viendo, en un contexto positivo cómo las elecciones americanas están poniendo frente a un espejo cuáles son las políticas que hacen tanto daño a la sociedad”, ha subrayado. Para el líder socialista “la sociedad norteamericaba en apenas dos años ha hecho un viraje de 180 grados”, algo que “genera esperanza para territorios como Castilla y León”. “Si han visto que la gestión de la extrema derecha dentro de un gobierno hace tantísimo daño a la sociedad aquí tenemos que empezar a aplicarnos el cuento y hacer lecturas de lo que está sucediendo en el contexto internacional”, ha razonado.

Sobre la pérdida de Puente como candidato se ha reafirmado en “lo injusta que es la política” y ha dicho que “en esta ocasión es injusta y con mayúsculas”. “La responsabilidad política no equivale a una culpabilidad sobre lo acontecido sino poner el listón de la ética y la política muy alto”, ha de en clarado. Martínez ha recalcado que “una figura como Óscar Puente no se va de la política, no se va del Partido Socialista de Castilla y León ni de Valladolid” por lo que será “un activo importante” dentro de la configuración de un equipo en el que unas veces toca “jugar de delantero centro, otras en el banquillo y otras en la banda derecha”. De este modo, Martínez asegura que están “intentando” ajustar el equipo humano pero “sin desaprovechar talentos”. Si el paso a un lado de Puente es temporal o no, “es decisión suya” de la misma forma en que su salida ha sido “una decisión personal pensando en el equipo, en el país”. Martínez ha precisado que formar parte del equipo del PSOE no implica una representación institucional. “El tiempo sirá si es temporal o no, si es definitivo o no, o si se queda como militante de base”, ha zanjado sobre el futuro de Puente.

Poco antes de la dimisión, Martínez y Puente 'whatsapearon'. “Ya conocéis a Óscar, tiene unas convicciones muy fuertes, tenía clara la decisión que tenía que tomar y cómo la tenía que tomar. Nosotros tenemos que respaldar y agradecir ese paso que ha dado y que no es fácil, pero que pone un listón muy alto de ética en la política que es al que tenemos que aspirar muchos de los que estamos aquí”, ha finalizado.

El ya exministro de Transportes, Óscar Puente, seguirá apareciendo en la papeleta del PSOE al Congreso por Valladolid a pesar de la renuncia expresa que comunicó el martes, en su comparecencia ante la Diputación Permanente, donde trasladó que dimitía como ministro y como candidato.

El artículo 48.1 LOREG permite la modificación de las candidaturas una vez presentadas, entre otros supuestos, por renuncia del titular, lo que abre la posibilidad de que en el trámite de subsanación se designe un nuevo candidato titular en lugar del renunciante. Sin embargo, se da la circunstancia de que Puente renunció el mismo día en que se proclamaron las candidaturas, cuando ya era imposible subsanar.

El mismo artículo, en su apartado 2 prevé que la baja sea cubierta por los candidatos sucesivos, y, en su caso, por los suplentes si la subsanación no se puede realizar. De este modo y a pesar de que los electores vean como número 1 a Óscar Puente, asumirá ese puesto la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a la que siguen José Domingo Castaño, María Luisa Sanz Martínez y Raúl Crespo y como suplentes, María Nieves Gómez Muñoz, Luis Manuel Pascual y María Aranda.

A pesar de que los plazos parecen claros, el líder del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha afirmado ante los medios este miércoles que Ferraz está estudiando si hay margen de maniobra ante la Junta Electoral Central para que el nombre de Puente no figure en la papeleta de voto, y se incluya la nueva lista. De no ser así, el exministro tendría que renunciar al acta de diputado y en su lugar la tomaría quien figuraba hasta ahora como número 2, la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

El Boletín Oficial de Castilla y León publica este martes varias órdenes anuladas por la Justicia y que dan una idea del desbarajuste normativo del gobierno autonómico. Se trata de resoluciones de hace varios años y que la Junta publica por obligación ahora.

La orden de caza de 2021

Así, refleja la anulación, por disconformidad con el ordenamiento jurídico, de la Orden de caza de 2018, FYM/728/20218, que fue recurrida por el Partido Animalista contra el Maltrato PACMA. La sentencia que dio la razón al partido vino precedida de una paralización de la orden que impidió la actividad cinegética. La Junta de Castilla y León fue condenada en costas.

El Plan de Incendios de 2021

Por otro lado, se publica la anulación del Decreto 10/21 de 31 de marzo de 2021 del Plan Sectorial de los Servicios de prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad de Castilla y León que fue recurrido por UGT. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCyL declaró la nulidad de pleno derecho por una previsión real y documentada de los costes de manera que como dictaminó el Consejo Consultivo de Castilla y León el plan era inoperativo. El Plan, dijo la Sala, generaba “inseguridad jurídica” por no estar suficientemente definido el papel de cada uno de los tipos de parques que diseñaba, permitiendo que finalmente fuesen los voluntarios y no los bomberos profesionales los responsables del servicio público de prevención, extinción de incendios y salvamento de la comunidad.  

El Tribunal estimó además que tampoco quedaba bien definido el papel de control que deben hacer los parques de los municipios más grandes con relación a los parques de los municipios más pequeños.  

Por otro lado, la Sala señalaba que no se especificaba con claridad qué se entiende por interviniente y por turno. La redacción del Plan en este punto no permitía asegurar que siempre serían bomberos profesionales quienes fuesen los responsables del servicio, aunque pudiera haber otros intervinientes (voluntarios) que colaborasen en la actuación correspondiente.   El Tribunal recordó que la producción normativa exige respetar los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como el principio de seguridad jurídica. La Junta fue condenada en costas.

El Decreto de Teletrabajo de 2022 y las licencias de radio

La Justicia también anuló el Decreto 27/2022 de 23 de junio que regulaba la modalidad de prestación de servicios en régimen de teletrabajo en la Administración de la Comunidad de Castilla y León, tras el recurso interpuesto por el letrado jefe de los Servicios Jurídicosde la Junta.. Por otro lado, el Bocyl publica el cuarto edicto sobre la anulación de 138 licencias de radio tras el recurso de varias operadoras radiofónicas, en este caso se publica el de la Cadena Cope.

La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a siete personas por un delito continuado de estafa agravada en la modalidad de delito masa por la sustitución y reutilización sistemática de féretros destinados a servicios de incineración, una práctica desarrollada en el seno de la funeraria El Salvador de Valladolid durante casi dos décadas.

El tribunal ha absuelto a los otros 16 acusados, empleados de la funeraria, y ha descartado la existencia de organización criminal, así como la comisión de delitos contra el respeto debido a los difuntos, blanqueo de capitales y falsedad documental. La Sala ha impuesto la pena más elevada, siete años y medio de prisión, a Ignacio Morchón, a quien sitúa al frente del grupo empresarial. Además, ha condenado a sus hermanas Rosario y Laura a siete años y a seis años y seis meses de cárcel, respectivamente. Los otros cuatro condenados, empleados de las sociedades vinculadas al grupo, han sido castigados con penas de entre tres años y tres meses y cinco años y nueve meses de prisión.

La Audiencia Provincial ha considerado acreditado que durante aproximadamente dos décadas se desarrolló una práctica consistente en retirar los cadáveres de los féretros adquiridos por las familias antes de la cremación para reutilizar posteriormente esos ataúdes en nuevos servicios funerarios, mientras la incineración se realizaba en otros de inferior valor. Según el tribunal, los familiares desconocían por completo esta actividad y contrataban los servicios bajo la creencia de que el ataúd elegido permanecería unido al difunto hasta su cremación.

La Sala ha cifrado en al menos 5.688 las sustituciones de féretros realizadas y ha calculado un beneficio económico ilícito de 1,37 millones de euros derivado del ahorro en la adquisición de nuevos ataúdes y de su reutilización sistemática. Según los magistrados, la operativa permitió obtener ese beneficio mediante la reutilización de los féretros y la facturación a las familias de servicios que no se prestaban en los términos.

La Audiencia ha concluido que la conducta constituye un supuesto de “negocio jurídico criminalizado”, al entender que el engaño formaba parte esencial de los contratos funerarios suscritos con las familias. Además, ha destacado el carácter continuado de la actuación y el elevado número de perjudicados para aplicar la agravación propia del delito masa. En materia de responsabilidad civil, el tribunal ha reconocido el derecho de los perjudicados a ser indemnizados por el valor de los féretros sustituidos y por los daños morales sufridos. En conjunto, ha fijado indemnizaciones por más de 8,4 millones de euros, de las que responderán subsidiariamente las mercantiles encargadas de la prestación de los servicios funerarios en caso de impago por los condenados.

Por otra parte, la Sala ha absuelto a los restantes acusados al no apreciar prueba suficiente para sustentar las demás imputaciones. Respecto al delito contra el respeto debido a la memoria de los difuntos, ha señalado que los hechos supusieron una grave quiebra de la confianza depositada por las familias en la empresa funeraria y causaron un importante daño moral a los allegados de los fallecidos. No obstante, ha entendido que las circunstancias acreditadas durante el juicio no permiten apreciar una profanación de los cadáveres en el sentido exigido por el Código Penal. Asimismo, la Audiencia ha descartado que las empresas fueran creadas o utilizadas principalmente para delinquir, requisito necesario para apreciar la existencia de una organización criminal, y ha rechazado la acusación por blanqueo al no quedar demostrada una vinculación suficientemente acreditada entre los fondos analizados y los beneficios obtenidos mediante la actividad delictiva.

(Información en ampliación)

El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, ha presentado este lunes los presupuestos de su consejería en la Comisión de Economía ante las críticas de la oposición. Especialmente duro e incisivo ha sido el portavoz de Soria Ya, Ángel Ceña quien le ha reprochado el presupuesto de la Dirección General de Desregulación, 700.000 euros, que se destinan directamente al salario de ocho “funcionarios”.

“¿Podría decirme para qué sirve su consejería? Porque los hechos son estos 20 tomos de presupuestos”, ha arrancado. Así, ha afeado que la Dirección General de Desregulación destine todo su presupuesto a gastos de personal, formado por un director general y ocho funcionarios. De esos funcionarios, siete pertenecen al grupo A1 y uno al A2. “En 34 años de funcionario no he visto algo asó en mi vida, todo jefes y ningún remero, qué estructura orgánica”, ha comentado. “¿Y qué hacen? ¿En qué andan, qué han desregulado?”, ha cuestionado. Ceña ha incidido en que la Junta de Castilla y León tiene 108.000 funcionarios públicos y unos 2.500 procedimientos administrativos diferentes. “Dígame, en 133 días, un procedimiento que hayan resregulado o simplificado, o pregúnteme a mí cuáles podrían desregularse, si 8 funcionarios no son capaces, porque nadie sabe ni lo que han hecho ni lo que van a hacer”, ha comentado.

Ceña ha dicho que “buceando” en los presupuestos se ha encontrado con cosas “más sorprendentes” aun en una consejería que pretende optimizar el gasto. El director de coordinación institucional, con rango de viceconsejero, cobra algo más de 103.000 euros anuales por ser el “asistente” de Pollán. “Le organiza su agenda y nos habla de optimización de gasto público. Ustedes son lo mismo que PP y PSOE, unos aprovechados y unos descarados que siguen exprimiendo las ubres del presupuesto”, ha afeado.

Lo mismo ocurre con la Dirección de Estudios, cuyo titular tiene rango de secretario general y cobra también más de 103.000 euros “para prepararle los papeles”.

Pollán ha pedido “paciencia” para ver el resultado de la desregulación ya que es una tarea que “lleva mucho tiempo”. Hasta el momento, ha dicho, su consejería ha rebajado a 1.800 los procedimientos administrativos detectando los “inoperantes” que no se usan.

Durante su comparecencia Pollán ha indicado que la inclusión en las Cuentas del principio de la 'prioridad nacional' pactado con el PP en el gobierno de coalición, se hará efectivo en la redacción de las bases reguladoras de las distintas convocatorias de ayudas pero “cumpliendo la legalidad”. Además ha negado que esa prioridad nacional que se va a aplicar en las ayudas al alquiler vayan a perjudicar a españoles que vengan de otras autonomías y lleven poco tiempo empadronados en Castilla y León, porque es algo que estará “baremado”.

La Ley de Extranjería, ha dicho Pollán, necesita un cambio para evitar la inmigración ilegal. Así, ha adelantado que la Junta buscará convenios con países que acepten el retorno de menores que están tutelados por el gobierno autonómico. Aun con el recorte millonario a la cooperación al desarrollo Pollán ha asegurado que se auditarán todas las ayudas.

María San Miguel, Alba Muñoz y Pablo Rodríguez, los tres integrantes de la compañía Proyecto 43-2, han pasado un día entero atendiendo a medios de comunicación locales y nacionales. Incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo una mención en La Revuelta a lo que les está ocurriendo. Su obra Federico. No hay olvido, ni sueño: carne viva que iba a representarse este sábado en la Sala Experimental del Centro Cultural Miguel Delibes, ha sido cancelada por la Junta de Castilla y León. La excusa son unas obras de reforma ineludibles, según el Gobierno autonómico y podría tener un pase si no fuese porque se ha negado a trasladarla a otro espacio o a programarla en otras fechas. Aparentemente —sobre ello decidirá la Fiscalía de Valladolid donde han presentado denuncia— la Consejería de Cultura, en manos de Vox, está censurando algo que no le gusta.

Esa censura que retrotrae a tiempos pasados se ha oficializado hace poco en una orden publicada el pasado 9 de octubre en el Boletín Oficial de Castilla y León. Para solicitar subvenciones destinadas a financiar la preproducción, producción y distribución de largometrajes, documentales y de ficción, y pilotos de series de animación y televisión, la Junta de Castilla y León impone que “el beneficiario deberá desarrollar las actividades subvencionadas con pleno respeto a los principios de objetividad, neutralidad institucional, pluralismo y servicio al interés general, por lo que no podrán destinarse los fondos públicos concedidos al amparo de esta convocatoria a actuaciones que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas”.

¿Qué puede tener de ofensivo una obra que ha girado más de cincuenta veces desde 2024 en distintas ciudades de toda España sin que hasta ahora haya generado polémica? Para el dramaturgo Pablo Rodríguez eso es “lo más sorprendente, lo que más análisis requiere”. La obra documenta los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante la Guerra Civil y posteriormente durante el franquismo, documenta el asesinato y la posterior desaparición de Federico García Lorca, así como todos los trabajos de exhumación del equipo científico de la Universidad de Granada en las fosas comunes en busca de todas esas decenas de miles de personas que hoy todavía siguen enterradas.

“Es algo que nos preocupa en la compañía, nos preocupa y nos alerta”. “¿Por qué no se quiere que se hable de esto? Si hablar de lo que ocurrió en este país hace unos años es hablar ideológicamente de algo o relatar unos hechos y hacer una investigación veraz sobre lo que ocurrió es ideológico, pues aquí es donde están los problemas con este concepto nuevo que ha aparecido en nuestras vidas que es la 'neutralidad ideológica' sobre los escenarios”.

María San Miguel, directora, actriz, dramaturga y alma máter de Proyecto 43-2, se pregunta qué no es ideológico. “Ya decidir hacer una función sobre una cuestión y dejar fuera otra, o sea, todo, siempre lo decimos, todo es política, es que en realidad todas las decisiones que se toman van hacia una línea”. Para ella “lo grave” es que hablar de este asunto “no sea común a cualquier ideología” y que no vea lo mismo cuando se trata de una manera documental y “con mucha sensibilidad”. Lo ocurrido durante la Guerra Civil y el franquismo son “crímenes de lesa humanidad”.

“Pisamos tierra llena de sangre”

“Aunque en este país no se ha hecho un proceso de verdad, justicia y reparación, una comisión de la verdad, sí que hay documentos en la ONU, si no me equivoco, que hablan de los crímenes de lesa humanidad del franquismo, estamos hablando de vulneración de derechos humanos. Porque en este país, lamentablemente, hace 90 años y hasta el final de la dictadura, se vulneró el derecho más importante, el derecho humano más importante de todos, que es el derecho a la vida. Y nuestro espectáculo documenta esa vulneración de derechos humanos que hubo en este país”, argumenta. “Lo que pasa es que lo que traemos es cómo la tierra que pisamos y que recorremos aquí al lado –que ahí mataron a mi bisabuelo, en el parque de San Isidro– está llena de sangre. Las raíces de los árboles del parque de San Isidro han bebido de la sangre de nuestros muertos”, lamenta.

La obra, dice San Miguel, “rompe el relato de que eso fue una guerra entre hermanos, eso fue un genocidio planificado y sistematizado”, algo que avalan los datos y el trabajo de investigación que se ha hecho para armar Federico. “La historia cuando se lee 90 años después te da otra perspectiva. El problema no es tanto el poeta, sino cómo se le contextualiza. Y ellos lo intentan despolitizar. Vox en Valladolid ha utilizado su imagen para defender su inversión en tauromaquia. En la Plaza de Toros se colgó una pancarta con versos de García Lorca, hay una apropiación cultural, y dentro de esa guerra cultural es interesante cómo manipulan nuestra memoria y manipulan nuestro olvido”, señala.

Alba Muñoz enumera lo que pueden ser los “highlights” de esa censura: “Federico, vida, desaparición, asesinato, fosas, memoria... pues hasta luego. Es todo más corto y más simple”, comenta.

Ni las víctimas de la Guerra Civil ni los muertos que aún aguardan desde cunetas y fosas un entierro digno y un reconocimiento son un tema novedoso, pero sí lo es para Rodríguez que se ponga en tela de juicio hablar de ello. “Hasta hace pocos años, cuando la ultraderecha empezaba a tomar palabra en las instituciones, nadie dudaba de que se podía hablar abiertamente de este y de cualquier tema sobre el escenario. En el momento en que tú pones en tela de juicio de lo que hablas encima de un escenario, no estás hablando de neutralidad ideológica, estás hablando de vetar ciertos temas”.

Federico. No hay olvido, ni sueño: carne viva  se iba a representar el sábado 24 de octubre en el Ciclo VI Comunidad a Escena que organiza la Fundación Siglo, dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León. El espectáculo que veta la Consejería de Cultura está coproducido por la Junta de Castilla y León porque obtuvo, en régimen de concurrencia competitiva una subvención, una ayuda a la producción. Eso fue durante la etapa de Gonzalo Santonja como consejero [desde 2022 con Vox, y de 2024 a 2026 como independiente].

Posteriormente, desde el ciclo Comunidad a Escena, un proyecto de Artesa (la Asociación de Empresas Culturales de Castilla y León para la Fundación Siglo), se les propone entrar en la programación. Proyecto 43-2 no pertenece a Artesa, pero suelen invitar a alguna compañía externa y en este caso era la finalista el año pasado de los primeros premios de las Artes Escénicas de Castilla y León. Federico es una obra exitosa y con mucho eco en prensa, que ha llenado todas las funciones que ha representado en Madrid en Teatro del Barrio. “Nos invitan porque nos dicen que tenemos que estar, por favor, que negociamos el caché porque lo tuvimos que ajustar, y nos invitan a estar en este ciclo que asesora u organiza Artesa”.

En definitiva, la obra entra en la programación que se presenta en marzo, se firma un contrato en julio con el anterior equipo de Fundación Siglo —cambia después de las elecciones, cuando PP y Vox forman gobierno— y a mediados de septiembre, con un nuevo consejero, José Alberto Díaz Pico, la Fundación Siglo comunica que se cancela la obra porque hay que hacer obras de reforma en la sala donde se va a representar. En ese momento, recuerda San Miguel, tenía el 70% de las entradas vendidas mientras que otras obras de ese ciclo apenas habían vendido 20 tickets.

A todo dicen que no

“De manera unilateral, la Fundación Siglo ha cancelado el espectáculo. Le hemos dado posibilidades, tanto para adaptar nuestro espectáculo ese día para representarlo en la Sala de Cámara o en la Sinfónica, que estaban vacías, sin que perdiera la calidad el espectáculo, como a otros días en la Sala Experimental o en otros espacios de la Fundación Siglo. Y la respuesta ha sido negativa”, asegura. No ha habido posibilidad de cambiar espacio o fechas, algo bastante habitual en teatro y que contemplan los contratos. “A todo nos dicen que no, que es imposible, que ya nos reprogramarán”, añade. Insistieron el que el contrato o se cumplía o se cancelaba, pero de manera unilateral. Solo de esa forma ellos tendrían la oportunidad de alegar. Si las obras son “inaplazables” habrá que explicar por qué esa urgencia en septiembre si el contrato se firmó en julio.

Tras reclamar el expediente, se encuentran con que los contratos de dos obras distintas, en camerinos y en el suelo escénico, no están ni en portales de transparencia ni en la plataforma de contratación, además, se veta el nombre de la empresa que las va a desarrollar. Todo ello, y algún dato que por el momento no van a desvelar, les hace concluir que las obras son una excusa, que lo que molesta es Federico y que ellos son la probeta de ensayo con la que PP y Vox ponen a prueba una censura que ya han llevado al Boletín Oficial de Castilla y León. Esos motivos ideológicos que sobrevuelan la cancelación por obras y la cronología de los hechos y del propio expediente, son lo que les lleva a poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía.

También quieren saber qué piensa realmente la Junta de Castilla y León de la gestión que se ha hecho desde la Consejería de Cultura. Han enviado una carta al presidente, Alfonso Fernández Mañueco, para tener una reunión urgente con él, “y que se posicione”.

“Nos gustaría no estar haciendo esto, nos gustaría no haber parado nuestras vidas desde el día 2 de octubre cuando recibimos el email, para entender qué estaba pasando y que no pasara”, dice San Miguel. “Lo que nos gusta es increpar a la gente desde el escenario, no así”, añade Muñoz. “Queremos trabajar y contar historias y no una convalidación de tercero de Derecho a fuerza de dar vueltas a las opciones legales que tenemos”, dice la directora de Proyecto 43-2.

Mientras se esclarecen los hechos, con el ánimo de corresponder al interés y apoyo otorgado por el público vallisoletano, Proyecto 43-2 representará el espectáculo este mismo sábado 24 de octubre, a las 20:00 horas en el espacio Norte a la Izquierda de la compañía Teatro del Azar (calle Coinvasa, 12), en el barrio de La Victoria de Valladolid.

La compañía de teatro Proyecto 43-2 ha denunciado ante la Fiscalía la cancelación de la obra Federico. No hay olvido, ni sueño: carne viva, cuya representación estaba programada para 24 de octubre dentro del ciclo VI Comunidad a Escena que organiza la Fundación Siglo, dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León. El pasado 2 de octubre la Fundación Siglo remitió un correo electrónico a la compañía en la que informó de “unas obras de carácter inaplazable” que tendrían lugar en la Sala Experimental del Centro Miguel Delibes y que hacían imposible la representación. Sin embargo, la documentación sobre las obras recabada por Proyecto 43-2 así como su disponibilidad para representar la obra en otras salas del centro cultural sin que la Junta haya accedido, les llevan a pensar que la cancelación es por “motivos ideológicos”.

La función estaba programada el 24 de octubre en la Sala Experimental del Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid y fue anunciada públicamente el pasado mes de marzo, junto al resto de espectáculos. En un correo electrónico remitido a la compañía el pasado 2 de octubre, la Fundación Siglo alegó que unas obras de carácter inaplazable, que tendrían lugar en la Sala Experimental, hacían imposible la representación.

Según ha informado Proyecto 43-2 en un comunicado, “en ese momento, 'Federico' tenía vendido más del 70% del aforo, más que ningún otro espectáculo o evento programado en el ciclo Comunidad a Escena”. Lo que subrayan es que las mismas obras que obligan a cancelar 'Federico', no tienen fecha de inicio, de finalización ni duración determinada y tampoco han provocado la supresión de ningún otro espectáculo en la Sala Experimental. La única obra eliminada de la programación ha sido 'Federico'.

No solo eso, según la compañía, las obras no impiden el uso diario de la sala que realizan la Escuela de Arte Dramático de Castilla y León y el Conservatorio de Danza, “ni se ha cancelado el acto organizado por la SEMINCI que tendrá lugar el próximo viernes 23, un día antes de la fecha en la que estaba programado Federico.

Coproducida por la Junta en el mandato de un consejero de Cultura de Vox y cancelada por su sucesor

Así, recuerdan que El VI ciclo Comunidad a Escena fue presentado públicamente en marzo y hasta el 6 de octubre el espectáculo ha sido publicitado en las redes sociales del Centro Cultural Miguel Delibes y en las comunicaciones a prensa de la Junta de Castilla y León. El dato curioso es que 'Federico' está coproducida por la Junta de Castilla y León gracias a una ayuda de producción de espectáculos a compañías profesionales de Castilla y León que Proyecto 43-2 obtuvo en 2024 en un proceso de concurrencia competitiva. Estas ayudas fueron otorgadas bajo el mandato del anterior consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja. Santonja fue uno de los consejeros de Vox tras las elecciones de febrero de 2022, si bien se quedó como independiente tras la salida de Vox de los gobiernos autonómicos en 2024.

Ahora, bajo el mandato de otro consejero de Cultura de Vox, Alberto Díaz Pico se cancela obra. Las personas que compraron las entradas para 'Federico' recibieron un correo electrónico el pasado 8 de octubre en el que se les informó de la cancelación del espectáculo por “motivos logísticos”. El dinero de las entradas fue devuelto inmediatamente. La compañía Proyecto 43-2 propuso a la Fundación Siglo la posibilidad de adaptar técnicamente el espectáculo para poder hacer la función el día 24 en la Sala de Cámara o a la Sala Sinfónica del Centro Cultural Miguel Delibes, ambos espacios sin actividad programada ese día. También ofreció la posibilidad de trasladar la función a un domingo de noviembre o diciembre, después de la programación del ciclo Comunidad a Escena que tiene lugar los sábados de esos meses. “La Fundación Siglo rechazó todas las posibilidades de reprogramación”, aseguran. El mismo día en que la Junta devolvía el dinero de las entradas, Proyecto 43-2 solicitó por los cauces oficiales el expediente completo de las obras.

Obras que no aparecen en los portales de contratación

En un burofax remitido a la compañía una semana más tarde, la Fundación Siglo aportó documentación en la que “no consta el expediente íntegro, ni las publicaciones oficiales que se debían haber realizado, ni los trámites de comunicación y notificación realizados por y hacia terceros”. La documentación remitida plantea además dudas sobre la cronología. El contrato con Proyecto 43-2 se formalizó el 20 de julio, mientras que uno de los informes técnicos incorporados al expediente para justificar la necesidad de las obras está fechado el 31 de julio. Al mismo tiempo, la Fundación sostiene que las necesidades habían sido detectadas y que se realizaban gestiones desde junio. Entre la documentación remitida no figuran los antecedentes que acrediten dichas gestiones, ni un cronograma de ejecución de las obras, ni documentación objetiva sobre la disponibilidad de espacios alternativos.

Por todo ello, Proyecto 43-2 ha solicitado que se aclare “qué conocía exactamente la Fundación cuando decidió contratar la representación” y recuerda que la Fundación Siglo es una fundación pública autonómica que gestiona un importante volumen de recursos públicos. En 2026, el contrato-programa suscrito con la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte contempla una aportación de 27.785.263 euros para la financiación global de su actividad. Para Proyecto 43-2, “ese volumen de financiación pública exige un especial deber de transparencia, objetividad y rendición de cuentas en las decisiones que afectan a la programación cultural”.

“La falta de información y documentación acerca de las obras a ejecutar en la sala el mismo día en que iba a tener lugar la función, la inexistencia de documentación en los portales públicos de contratación y transparencia de dicho proyecto y la negativa a reprogramar Federico en otra fecha, sumada a las declaraciones el pasado 20 de julio del consejero de Cultura, José Alberto Díaz Pico, lleva a Proyecto 43-2 a considerar que la cancelación del espectáculo responde a causas de motivación ideológica, lo que supondría la vulneración de derechos fundamentales protegidos por la Constitución Española como el derecho a libertad de creación artística y el derecho a la libertad de expresión”, añaden. Por ello, la compañía pondrá los hechos en conocimiento de la Fiscalía con toda la información recabada en estas semanas al considerar que hay indicios suficientes de que se pudiera haber cometido alguna infracción penal en la tramitación de la cancelación, sin perjuicio de otras acciones legales que le pudieran corresponder.

Díaz Pico ya restringe subvenciones si considera que se hace “propaganda” o “adoctrinamiento ideológico”

Díaz Pico, durante su primer discurso ante la comisión de las Cortes de Castilla y León, recalcó que sus políticas irían “a contracorriente de un Gobierno de la Nación que ha convertido el Ministerio de Cultura en un comisariado ideológico”. Frente a ese modelo, defendió “exactamente lo contrario”, además de unas medidas de promoción cultural que “tendrán como criterio ineludible el mantenimiento de la neutralidad política e institucional y para ello modificaremos el Plan estratégico y las bases reguladoras de subvenciones, garantizando que la financiación pública, bien a través de subvenciones o de patrocinios o cualesquiera otros instrumentos jurídicos de gestión, no contribuya a alimentar la batalla cultural de la izquierda de este país”.

Lo anunciado por el consejero se ha plasmado también en la Orden publicada el pasado 9 de octubre en el Boletín de Castilla y León para solicitar subvenciones destinadas a financiar la preproducción, producción y distribución de largometrajes, documentales y de ficción, y pilotos de series de animación y televisión, se explicita que “el beneficiario deberá desarrollar las actividades subvencionadas con pleno respeto a los principios de objetividad, neutralidad institucional, pluralismo y servicio al interés general, por lo que no podrán destinarse los fondos públicos concedidos al amparo de esta convocatoria a actuaciones que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas”.

Para Proyecto 43-2, esta medida ha abierto un debate sobre quién y con qué criterios determinará cuándo una creación cultural incurre en esos conceptos por lo que “refuerza la necesidad de esclarecer si la cancelación de Federico responde exclusivamente a razones técnicas objetivas y acreditadas o si han podido intervenir valoraciones ideológicas relacionadas con el contenido de la obra”.

Federico. No hay olvido, ni sueño: carne viva, el último espectáculo de la compañía de teatro Proyecto 43-2, que documenta el contexto en el que fue desaparecido y asesinado Federico García Lorca, además de los crímenes de lesa humanidad cometidos a partir del golpe de Estado de julio de 1936 por el franquismo y el trabajo de exhumación de las fosas del Barranco de Víznar (Granada) y otros lugares que realiza el equipo científico de la Universidad de Granada.

Reacciones

El presidente de la Fundación Jesús Pereda de CCOO de Castilla y León, Luis Fernández Bayón, ha manifestado “su firme apoyo y solidaridad con la compañía teatral Proyecto 43-2”, reconociendo la intachable trayectoria de su directora, María San Miguel, y de todo su equipo. Fernández Bayón exige a la Junta de Castilla y León “explicaciones claras y total transparencia sobre las verdaderas razones de esta anulación”. Ninguna administración pública tiene el derecho de decidir qué obras se pueden representar “en función de su contenido político, histórico o social”. La cultura pública debe garantizar de forma irrenunciable “la pluralidad, la diversidad y la libertad de creación”.

El presidente de la entidad reitera su compromiso incuestionable con los artistas de Castilla y León, con el derecho de la ciudadanía a una cultura libre y con la exigencia de “responsabilidades a los poderes públicos frente a cualquier atisbo de censura”.

Vox ha optado por una cierta renovación en las listas al Congreso por Castilla y León y sustituye a la mayoría de los que fueron cabeza de lista en las anteriores elecciones. El único diputado que consiguió en la legislatura que acaba fue el de Valladolid, Pablo Sáez Muñumer, que además fue diputado en las dos legislaturas anteriores y que sigue al frente de la candidatura. Sáez Muñumer es una pieza importante en el organigrama de Vox, es tesorero del partido y forma parte del Comité Ejecutivo Nacional.

Repite también como cabeza de lista Pablo Juan Calvo Liste, algo que confirmó este martes el presidente de Vox, Santiago Abascal, en Ponferrada. Calvo ya fue diputado entre 2019 y 2023. En el resto de provincias, todos los números 1 se renuevan

En Ávila se sustituye a Georgina Trías Gil por Samuel Váquez, presidente de la asociación 'Una Policía para el Siglo XXI' y portavoz nacional de Seguridad, Inmigración y Asuntos de Interior de Vox. Es conocido por vincular la criminalidad a la inmigración. En Burgos, el candidato de 2023 no repite porque es procurador en las Cortes de Castilla y León y en su lugar está una mujer, Eugenia Landaluce, asesora en el grupo parlamentario desde junio.

En Palencia, Matías Recio será el número 1, un puesto que en 2023 enncabezó Beatriz Cagigal, mientras que en Salamanca, Laura Magdaleno Miguel sustituye al polémico Víctor Guido González Coello de Portugal. En Segovia, encabezará la lista Gonzalo Babé, un consultor que tuvo responsabilidades directivas de El Corte Inglés, la última como director de Relaciones Institucionales en el departamento de Comunicación, según relata Vox en su web. Babé sustituye a Rodrigo Jiménez Revuelta.

Un leonés paracaidista en Zamora

En Soria, la cabeza de lista es una mujer, Andrea Martín Ruiz, sustituye a Adriana Martín Llorente. Pero sin duda uno de los fichajes más sorprendentes es el número 1 por Zamora, un leonés de El Bierzo que aterriza como paracaidista en la lista tras haber perdido su escaño en las Cortes de Castilla y León tras las elecciones del pasado 15 de marzo. Miguel Suárez Arca se vio obligado a ir de número 3 porque el actual vicepresidente de la Junta, Carlos Pollán, iba de cabeza de lista y la segunda tenía que ser mujer. La misma noche electoral, cuando Suárez Arca se vio fuera del hemiciclo, intentó por todos los medios un acomodo. Llegó relativamente pronto, actualmente es asesor de la vicepresidencia primera. Ni siquiera para las nacionales han querido meterle en la lista de León, y fuentes del partido no quieren explicar por qué. Su aterrizaje en la lista de Zamora ha despertado hilaridad por la facilidad con la que el leonés, berciano en concreto, se postula para defender los interses de Zamora. Sustituye a Pedro Requejo

A continuación las listas completas:

ÁVILA

1.- Samuel Vázquez

2.- Sara Beltrán

3.- José Manuel Lorenzo Serapio

BURGOS

1.- Eugenia Landaluce

2.- Ignacio Peña

3.- Alejandra Medina

LEÓN

1.- Pablo Juan Calvo Liste

2.- Blanca María Herreros Rodríguez

3.- Santos Martínez Estrada

PALENCIA

1.- Matías Recio

2.- María Calvo

3.- Ramón Ortega Ramírez

SALAMANCA

1.- Laura Magdalena Miguel

2.- Mauricio Angulo Guerrero

3.- María Pía Rodríguez Martín

SEGOVIA

1.- Gonzalo Babé

2.- Marta Andrino

SORIA

1.- Andrea Martínez Ruiz

2.- Alberto Peñuelas Felipe

VALLADOLID

1.- Pablo Sáez Alonso-Muñumer

2.- Atenea del Castillo

3.- Jesús Fernando de Diego Barahona

ZAMORA

1.- Miguel Suárez Arca

2.- Patricia Alonso Villar

3.- Jonathan García García

En Ferraz no han dado su brazo a torcer en la crisis que se ha originado en el PSOE de Palencia después de que la Comisión Federal impusiera como número 1 al Congreso a Mariluz Martínez Seijo y no al candidato respaldado por las agrupaciones locales, el concejal del Ayuntamiento Alvaro Bilbao. Los militantes que acompañaban a Bilbao en la lista renunciaron en bloque el pasado lunes y no ha habido arreglo posible. Martínez Seijo ha sido diputada por Palencia a lo largo de cuatro legislaturas a pesar de contar con un apoyo minoritario en la agrupaciones locales de Palencia. 

Junto a ella, la Federal ha decido que esté otro veterano socialista palentino, Agustín Martínez, que fue concejal con Heliodoro Gallego y portavoz de las plataformas de apoyo a Pedro Sánchez en Castilla y León, informa Efe.

Martínez actualmente es el secretario del Área de Mayores de la Comisión Ejecutiva del PSOE de Castilla y León y portavoz regional de la corriente de opinión de Izquierda Socialista. En el tercer puesto figura Rut Pérez, concejala socialista en el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, según ha informado el PSOE de Palencia.

La Comisión Federal de Listas del PSOE ha aprobado este miércoles las candidaturas que concurrirán por la provincia de Palencia a los próximos comicios generales del 29 de noviembre y que estarán encabezadas en el Congreso por Mª Luz Martínez Seijo y en el Senado por Rosa Aldea Gómez.

La comisión ha tanteado estos dos días a la militancia tras la renuncia de los candidatos y finalmente ha ooptado por Agustín Martínez y Rut Pérez para los puestos dos y tres, y por José Luis Pedreira Massa, Ángeles Fombellida Cabezudo y Julio Rascón Quirce como suplentes.

Agustín Ángel Martínez García es un veterano político socialista que fue concejal en el Ayuntamiento de Palencia entre 1991 y 1995 y 1999 y 2003. En 2011 se dio de baja en el partido para volver a aparecer a finales en 2016 como portavoz de la plataforma Socialistas Palencia Congreso y Primarias Ya. También fue uno de los impulsores de la plataforma de apoyo a Pedro Sánchez en las primarias que finalmente ganó a Susana Díaz, una línea que visibilizó en Palencia la diputada María Luz Martínez Seijó, que desde entonces ha sido diputada nacional, informa Efe.

Además, en 2017 Agustín Martínez presentó su candidatura a la Secretaría General del PSOE de Palencia, disputando el cargo a la actual secretaria Miriam Andrés. Andrés, que es alcaldesa de Palencia, ha sido una de las más críticas con la decisión de la Comisión Federal.

En la actualidad ocupa la Secretaría del Área de Mayores de la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE de Castilla y León, mientras que Rut Pérez Martín es concejala socialista en el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo.

Senado

La alcaldesa de Cisneros y actual senadora, Rosa Aldea, se mantiene como cabeza de lista al Senado, mientras que la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión, Belinda Mencía Solla, ocupará el tercer puesto.

En el segundo lugar aparecerá la persona designada desde la formación política Frente Amplio con la que se ha llegado a un acuerdo estatal para conformar una única candidatura a la Cámara Alta.

Como consecuencia de las conocidas como “listas cremallera” será un hombre quien ocupe este espacio. 

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez (PP) y el concejal de Deportes, Juan del Canto, continuarán investigados por un presunto fraude en las subvenciones en la carrera Ultra Sanabria y otras pruebas deportivas de alta montaña. El caso empezó a instruirse el año pasado por parte del juzgado número 2 de Zamora. Ambos recurrieron su citación como investigados, pero la Audiencia Provincial ratifica la decisión del juez, según ha informado la Diputación de Zamora a través de un comunicado.

Tanto Fáundez como Del Canto respetan la decisión judicial, si bien consideran que los hechos que se investigan se remontan a un momento en el que no ocupaban el cargo y, por lo tanto, se sienten “indefensos”. No entiende lo mismo la Audiencia, para la que la motivación resulta suficiente y hace suyos los razonamientos del auto en el que se resolvió un recurso de reforma.

La Audiencia Provincial resalta que los dos pueden conocer los hechos sobre los que van a ser preguntados y podrán ejercer su defensa por lo que niega una supuesta indefensión.

Faúndez declarará el 23 de diciembre. Junto a Del Canto se muestra dispuesto a colaborar y a dar explicaciones. “Compareceremos con tranquilidad, asistidos por nuestra defensa, para explicar nuestra actuación y contribuir al esclarecimiento de los hechos”, han afirmado. El mismo día en que declarará Faúndez lo harán también en calidad de investigados el expresidente de la Diputación de Zamora, Francisco José Requejo, y el exdiputado de Deportes, Jesús María Prada.

“Antes de llegar nosotros a esta institución, la subvención de esa anualidad al club deportivo ya estaba concedida, aunque con reparo. Y el anticipo de la misma ya estaba pagado el 100%”, declaró Faúndez al conocer su imputación. En su recurso de reforma aportó documentación sobre la fecha en la que ambos tomaron posesión de sus cargos públicos: el 27 de junio de 2023, un momento el que ya estaba concedida la ayuda a la Ultra Sanabria, si bien había un reparo del interventor.

El momento que afecta a Faúndez y a Del Canto es cuando se aprueba la justificación de la subvención, el 6 de junio de 2024, “con la conformidad de los técnicos” y sin reparos. El 26 de junio de ese año también se tramitó el convenio de colaboración con el club deportivo con un informe favorable y sin reparos del secretario de la Diputación. Según explicó el presidente de la Diputación en su momento, la justificación de la ayuda, también sin reparos, tiene el informe favorable de Intervención del 21 de marzo de 2025. Ese año estaba prevista una ayuda de 150.000 euros a través de un patrocinio, pero se paralizó cuando tuvieron conocimiento de la investigación judicial.

También se prevé la declaración del organizador de la Ultra Sanabria y otras carreras de montaña y de larga distancia al aire libre celebradas en Zamora, investigado por supuestos delitos de fraude, falsedad documental y blanqueo de capitales. El empresario es un policía nacional, A.F.P al que seguía los pasos Asuntos Internos. Desde ese departamento entienden que los más de tres millones de euros que recibió desde 2017 correspondían a presupuestos inflados, a facturas que se cobraron dos veces (que fueron las que la interventora señaló como reparo, pero que se pagaron igualmente) y dieron pie a otras ayudas de la Junta de Castilla y León.

El ministro de Transportes y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha arrancado aplausos con una intervención plagada de ironía y de datos en el encuentro que ha mantenido en la Cúpula del Milenio a la que ha acudido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, escoltado por sus ministros vallisoletanos -además de Puente estaba la ministra de Igualdad, Ana Redondo- y por el secretario del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez. Con 50 minutos de retraso, Sánchez llegaba este lunes a Valladolid, donde le esperaban unas 2.800 personas, una parte ha tenido que seguir el mitin desde fuera al cubrirse el aforo.

Óscar Puente ha comenzado recordando que el sábado el PSOE tuvo “un acto precioso en Fuenlabrada, de reivindicación de muchas cosas y sobre todo del poder el amor, el que más consigue, el que más construye”. “Algunos han pretendido burlarse y yo lo reivindico, viva el partido del amor”, ha dicho. Según el ministro “el amor está detrás de las decisiones que tratan de beneficiar a las minorías”. Pero como advirtió a continuación, no toda su charla fue de amor. Ante la visita del presidente argentino Javier Milei, que estará en España este martes, y “haciendo un ejercicio de contención muy grande”, Puente ha optado por un discurso “didáctico” aunque Milei “canta como un gato afónico”, para hablar de sus políticas. Lo ha hecho tirando de tres cifras.

“España este año ha alcanzado el record de afiliados a la Seguridad Social, 26, 6 millones”, ha recordado. Por contra, Argentina ha batido un record más cuestionable: el 45% de trabajadores está en “situación de informalidad”, esto significa que están sin contrato, sin alta en la seguridad social y cobrando en negro. “Once millones de argentinos trabajan sin ningún derecho social.¿Eso quiere Abascal para España?”, ha preguntado el ministro.

La segunda cifra de Puente es referente al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que ha crecido un 66% en España, mientras que en Argentina ha decrecido un 40% desde noviembre de 2023. “Hoy el PP se descuelga con que el SMI no pueda subirlo el gobierno sino que sea fruto del pacto de los empresarios, no es demagogia, la cosa es muy seria”, ha remarcado.

La tercera cifra es la de las 36.000 empresas que ha perdido Argentina desde que Milei llegó a la presidencia mientras que en España, desde que Sánchez está al frente del Ejecutivo “hay 100.000 empresas más”. ·“En esta democracia están en juego las cosas del comer, no entiendo que los argentinos en medio de una crisis sistémica se echen en brazos de cualquiera”, ha lamentado. Puente ha apostado por un SMI “más cerca de los 2.000 euros que de los 1.000” y “se puede conseguir”, ha dicho.

No ha olvidado el tema más candente gracias al “cerebro” de la portavoz del PP, la leonesa Ester Muñoz. “Ahora quieren echarle el guante a las pensiones, crean un problema que no existe igual que las ocupaciones. Va a petar, dice el cerebro de León, menudo análisis, sólo buscan generar miedo”, ha criticado.

“Las pensiones no son un gasto, son una conquista de la clase trabajadora de este país, no se va a ceder nunca, en el gobierno o en la oposición, que saquen sus sucias manos de las pensiones de este país. ¿Les vamos a entregar esa conquista a quienes se resistieron a que las tuviésemos?”, ha cuestionado entre ovaciones.

“Voy a hacer un millón de viviendas, dice el PP, ¿pero con qué mano de obra, si queréis expulsar a los inmigrantes. Pretenden resolver problemas muy complejos con decisiones testosterónicas tomadas de cintura para abajo y no de cuello para arriba”, ha ironizado.

La ministra Ana Redondo ha centrado su discurso en las mujeres. “Las mujeres ya nos hemos sacrificado mucho, no nos vamos a sacrificar más. Nosotras no estamos aquí para sacrificarnos; ya se han sacrificado demasiado nuestras madres y nuestras abuelas”, ha advertido. La ministra ha clamado por el derecho al aborto, que pretende que quede “blindado en la Constitución”. También ha citado el caso por presunto acoso del alcalde de Móstoles (PP) “Lleva más de cuatro meses ahí sentado, en un déjà vu del caso Nevenka de hace veinte años, y ahí está, como que no pasa nada. Acusado de acoso sexual a una compañera de listas y tan ancho”, ha añadido.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha situado las elecciones generales del 29 de noviembre en un contexto que trasciende al país y ha advertido de que en estos comicios también está en juego el “modelo de bienestar” ante una Europa que “parece a punto de implosionar”.

“Tenemos que entender que el 29N son unas elecciones muy importantes para España y para Europa”, ha defendido Martínez durante un mitin de precampaña socialista en Valladolid, en el que ha reivindicado el “posicionamiento valiente” y el “liderazgo político” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez -que también ha participado en el acto-, en el contexto internacional.

El dirigente socialista ha sostenido que es “fundamental” entender la respuesta de la Unión Europea ante el “ataque sin cuartel” que, según ha expresado, protagonizan “regímenes disfrazados de democracia como Rusia, Estados Unidos e Israel” contra el Estado de derecho y el Estado social, informa Efe.

En este contexto, ha advertido contra quienes plantean la necesidad de “sacrificios”, porque, a su juicio, buscan una salida a las crisis basada en “un retorno a 2008, a la austeridad compulsiva, a los hombres de negro” y a que los sacrificios recaigan “siempre” sobre la clase baja. “Europa es la solución y la salida a nuestros problemas. El modelo de bienestar, eso está también en juego”, ha resumido.

El PSOE de Castilla y León se aferra a la “neutralidad” de la dirección autonómica del partido para designar a los candidatos al Congreso y al Senado que se aprobarán el próximo sábado de manera definitiva. El problema está en Burgos, donde hay cuatro candidatos a ocupar los cuatro escaños que corresponden a la provincia y que se repartirán entre los dos partidos que obtengan más votos el próximo 29 de noviembre, día en que se celebrarán las elecciones generales.

El secretario de organización del PSOE en Castilla y León, Daniel de la Rosa, ha confirmado que, Esther Peña y Álvaro Morales encabezarán la candidatura al Congreso de los Diputados, mientras que Aitana Hernando, Luis Tudanca, Miguel Ángel Adrián y Jesús Puente se postulan como candidatos al Senado. Aparentemente, el Senado es la única salida que contempla el exlíder del PSOE. Tudanca fue senador por designación autonómica durante un año y desde el momento en que renunció a la secretaría del partido en favor de Carlos Martínez, que en marzo fue candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León. Sin embargo, el arreglo apenas duró un año. Martínez, acabó prescindiendo de Tudanca el pasado mes de septiembre para colocar en su lugar a la exalcaldesa de Segovia, Clara Martín. En ese momento, Martínez aseguró que Luis Tudanca seguía siendo un activo para el PSOE de Castilla y León y dio a entender que contaría con él, si bien no aclaró cómo o con qué puesto. Parece que no había y no hay una decisión tomada sobre su futuro, de ahí que Luis Tudanca se haya postulado como candidato al Senado junto a otros tres compañeros, pero si los resultados no se desvían de lo que marcan sondeos y encuestas, el PSOE difícilmente sacará más de un escaño en Burgos.

De la Rosa ha explicado en una rueda prensa que, en todo el proceso para elegir a los candidatos, es el Comité Federal el que tiene la última palabra, ya que las asambleas y las propuestas provinciales no son vinculantes. Este martes las agrupaciones municipales celebran asambleas para que los militantes propongan a sus candidatos. El miércoles las ejecutivas provinciales recibirán los resultados y elaborarán sus propuestas, que deberán ser avaladas o no por los respectivos comités provinciales en esa misma jornada. El jueves las ejecutivas autonómicas se reunirán para informar sobre las candidaturas provinciales y trasladarlas a la Comisión Federal de listas, que se reunirá el viernes y será el sábado cuando el Comité Federal apruebe definitivamente las listas.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reprochado al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, que se burlase de la grave lesión que sufrió en plena campaña de las elecciones locales de 2023, cuando durante la visita a unas obras, resbaló y se rompió el cuádriceps. En una entrevista en la Cadena Ser, Puente ha aclarado por qué le ha dolido especialmente la actuación de Carnero, con el que tuvo una relación más que cordial antes de que este le sucediese como alcalde.

La situación se inició a partir de un post de Puente en la que con cierta sorna recogía varias capturas de pantalla de Alberto Núñez Feijóo el mismo día en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba el adelanto electoral. “Se huele el miedo”, escribió el ministro.

El PP contestó desde su cuenta oficial con un “miedo le tenías tú a un esguince”, y un vídeo del momento posterior a la caída de Puente, difundido por el pseudo medio EdaTV en su momento y el que Puente gritaba de dolor.

Lejos de afear ese post, Jesús Julio Carnero lo reposteó, lo que ha provocado la decepción de Puente. El post del PP, ha dicho, es “su retrato de lo que son y de cómo son”. El ministro ha reconocido que el post le “fastidia” “desde el punto de vista de la pedagogía”, porque reírse del dolor físico de otra persona entra en ese concepto de maldad“ y ”es malo sobre todo por los críos, porque eso se reproduce luego en el patio del colegio“.

“Una de las personas que retuitean ese vídeo, para dolor profundo mío, es el actual alcalde de Valladolid”, ha comentado. “Para que veas que no somos iguales. El actual alcalde de Valladolid tuvo un problema muy serio en el COVID, estuvo muy grave, estuvo en la UVI, estuvo entubado. Yo llamaba todos los días preguntando por él, todos los días. Y si quiere desmentirlo, que lo desmienta. Yo le mandaba un mensaje por WhatsApp sabiendo que no lo podía leer, pero esperaba que lo leyera cuando se despertara”, ha recordado. Puente también le envió vídeos de su hija, aficionada a la música, cantando, porque sabe que Carnero es un “melómano potente”. Cuando salió del coma inducido, Carnero le agradeció esos mensajes.“

Siempre hemos sido adversarios políticos, él entonces era consejero de la Junta de Castilla y León, yo era el alcalde de Valladolid, pero siempre hubo un respeto, una relación“, ha explicado.”Verle retuitear el otro día el vídeo, sabiendo, como sabe, que yo, siendo alcalde, me rompí la pierna visitando una obra, es decir, trabajando, con las consecuencias que ha tenido para mí, que tengo la pierna destrozada y tengo tres operaciones en la pierna, entonces, no sé, me pareció tan terrible...“

El ministro ha añadido que nada se justifica por su estilo agresivo en redes. “Lo que intento es utilizar el ingenio. A veces es ácido, a veces es contundente pero hasta ahí. Yo no me río nunca del dolor de las personas porque no me parece que eso sea un argumento político”, ha zanjado.

El secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, ha criticado duramente  que PP, Vox y Junts hayan decidido tumbar los dos decretos de vivienda que aprobó el Consejo de Ministros el pasado martes. “¡Vergüenza!”, ha escrito en un post de X.

“Ahora vendrá el carrusel de ‘explicaciones/excusas/mentiras’ de PP, Vox y Junts. Pero que no nos engañen: los hechos importan y están ahí. Ni cuentos ni relatos. Hoy toca una pregunta muy sencilla: ¿qué intereses han protegido con su voto? ¿Los de quienes necesitan una vivienda asequible o los de quienes hacen negocio con ella? Cada uno que asuma su responsabilidad”, ha cuestionado. La situación ha provocado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se esté planteando un adelanto electoral, una decisión que tomará durante el fin de semana.

“Nosotros tenemos claro el interés que defendemos: el de la gente que quiere una vivienda y un futuro dignos”, ha zanjado Martínez.

El Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista han llegado a un acuerdo para renovar a Tomás Quintana como Procurador del Común, tal y como han confirmado fuentes del PSOE a elDiario.es. El pacto entre ambos partidos se ha alcanzado in extremis, ya que si se superaba el plazo límite habría sido imposible nombrarlo otra vez. Quintana ejerce su cargo en funciones desde el 2 de noviembre de 2022. Además, para su renovación era imprescindible que los dos partidos mayoritarios se pusieran de acuerdo ya que es necesario el voto a favor de tres quintas partes del hemiciclo. De los 82 escaños que lo conforman 33 son del PP y 30 del PSOE.

Puede que más compleja sea la renovación de los presidentes del resto de las instituciones propias de las Cortes: El Consejo Consultivo, el Consejo de Cuentas y el Consejo Económico y Social, con los mandatos caducados pero presididos en funciones por Agustín Sánchez de Vega, Mario Amilibia y Enrique Cabero, respectivamente.

El protocolo de acceso a las viviendas municipales de alquiler del Ayuntamiento de Valladolid para colectivos vulnerables contraviene la legislación sobre violencia de género y debe modificarse para incluir a las víctimas de violencia machista. Esa es la principal conclusión del informe jurídico encargado por Alcaldía el pasado 14 de septiembre, después de que el PSOE desvelase que en mayo se había efectuado un cambio en el protocolo que pasó desapercibido en un primer momento, al sustituir a las víctimas de violencia de género por las víctimas de violencia doméstica.

Para el equipo de gobierno, formado por la coalición PP-Vox, la violencia doméstica incluye la violencia machista, algo que descarta tajantemente el informe. El patinazo jurídico y político del equipo de gobierno se advirtió también por colectivos feministas que habían convocado una manifestación para el próximo domingo para exigir una rectificación. También se planteaba intervenir con un recurso el Ministerio de Igualdad.

“La cuestión planteada debe responderse, desde el punto de vista jurídico, de manera negativa entendiendo, en consecuencia, que el protocolo aprobado por VIVA (la empresa municipal que gestional la vivienda), no se ajusta a lo que resulta de aplicar la legislación sobre violencia de género”, se apunta en el informe.

Además, incide en que la legislación aplicable “obliga a referenciar de manera singular y expresa” a las mujeres víctimas de violencia de género y que esta violencia de género a las mujeres puede manifestarse en el ámbito doméstico y/o familiar pero también en otros diferentes a lo que hay que añadir que la violencia de género según la legislación que se aplica está directamente relacionada con el género interviniendo en ella unos sujetos, tanto desde el punto de vista activo (hombre) como pasivo (mujer o hijos / familiares menores de edad con los que tenga relación) que no son coincidentes con la violencia en el ámbito doméstico y / o familiar. “Dicho de otra manera: en el ámbito doméstico y/ o familiar puede haber violencia de género pero no toda violencia en el ámbito dicho, es de género, a lo que hay que añadir que ésta, la de violencia de género, puede producirse fuera de ese ámbito”.

Entrando en el terreno normativo, señala que en el ámbito de la vivienda se aplica el árticulo 28 de la Ley Orgánica 1/2004 y el artículo 35 de la Ley 13/2010, donde se establecen medidas orientadas a proteger singularmente a mujeres víctimas de violencia de género. La normativa se complementa con la Ley 9/2010, del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León, cuyo artículo 5 considera colectivo de especial vulnerabilidad en el acceso a la vivienda de protección pública y entre otros, a las mujeres víctimas de violencia de género, y hay que tener en cuenta la finalidad de esa ley en los planes de vivienda. Pero es que además, la valoración de “situación de víctima de violencia doméstica o en el ámbito familiar” no da prioridad al colectivo de víctimas de violencia de género por que la puntación que se obtiene en ese apartado es la misma cuando hay violencia doméstica que no se puede calificar como de género. Por todo ello el informe insta a completar el protocolo de acceso a la vivienda de alquiler aprobado por VIVA incluyendo a las víctimas de violencia machista.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero ha considerado que se trata de una victoria sobre todo de las mujeres, y de los colectivos y grupos políticos, además de una derrota “política y jurídica” del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, “por abrazarse a la extrema derecha”.

La Fiscalía de Palencia ha decretado el archivo de la denuncia por presuntas irregularidades en la adjudicación de una vivienda protegida, un chalé, a una concejala del PP, Laura Lombraña. La decisión es “irrecurrible” aunque se puede acudir a la vía judicial, señala en su escrito el fiscal jefe, Arturo Carrillo. Tal y como adelantó elDiario.es, la denuncia se realizó el pasado mes de marzo por el candidato de Podemos, Miguel Ángel Llamas y a esta se sumó la de la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés (PSOE), y una tercera anónima. La investigación del fiscal concluye que no concurren elementos para determinar que se han cometido delitos de prevaricación administrativa o tráfico de influencias

Lombraña fue responsable de Cultura, Turismo, Fiestas y Deportes entre 2019 y 2023. En la actualidad es concejala en la oposición. En 2023 se hizo con un chalé con piscina que forma parte de una promoción de 47 chalés de protección oficial construidos sobre un solar municipal vendido en 2019 por el Ayuntamiento de Palencia por 1,89 millones de euros. La operación fue aprobada pocos meses después de la constitución del gobierno municipal encabezado por Mario Simón (Ciudadanos), en coalición con el PP.

Las casas, comercializadas por la inmobiliaria palentina Ingucasa y vendidas por 157.320 euros, se entregaron en abril de 2023. La Ley autonómica 9/2010 sobre el derecho a la vivienda establece que, “con carácter general”, la selección de adjudicatarios de VPO debe realizarse mediante sorteo entre las personas inscritas en el Registro Público de Demandantes de Vivienda de Protección Pública de Castilla y León. Sin embargo, en este caso no se celebró un sorteo abierto entre todos los inscritos en el registro de vivienda protegida—que sumaban 1.949 en la provincia a cierre de 2025—, sino que la inmobiliaria comercializó directamente las viviendas. Posteriormente, se realizó un sorteo ante notario, pero limitado a las 47 personas que ya habían formalizado su interés, con el objetivo de asignar qué vivienda concreta correspondía a cada una.

El fiscal solicitó información al Ayuntamiento de Palencia, a la Junta de Castilla y León, a la mercantil que gestionó la promoción de la VPO, a la sociedad cooperativa y al Registro de la Propiedad de Palencia. El proceso de venta del suelo por parte del Ayuntamiento arrancó en septiembre de 2019, en octubre se publicó el concurso en el Boletín Oficial de la Provincia y en febrero se adjudicó a una cooperativa, que fue la única solicitante. El fiscal hace constar que aunque Lombraña era concejala desde el 2019 no constaba en el expediente municipal que hubiese intervenido en los trámites y tomas de decisión. Por otro lado, la sociedad cooperativa se constituyó en marzo de 2019 y Lombraña no formaba parte de esa asamblea constituyente ni tuvo cargo en ella. Lo que sí consta es la fecha en la que entra como socia en la cooperativa, el 6 de agosto de 2019, momento en el que aportó 3.000 euros y obtuvo el número 34 como cooperativista. Firmó el contrato de adhesión en febrero de 2020. Meses después, en abril se inició el proceso de construcción y de declaración de vivienda protegida.

No constan “irregularidades”

Las conclusiones del fiscal son claras tras examinar toda la documentación aportada. No consta que la concejala tomase decisiones en proceso de venta del suelo, ni en la sociedad cooperativa en la que figura “como partícipe cooperativista en igualdad de condiciones que los otros, con la única finalidad de participar en la adjudicación de unas de las viviendas”. Tampoco constan “irregularidades” en el expediente administrativo sobre el proyecto y adjudicación de las viviendas. Las denuncias planteaban una omisión en el procedimiento de adjudicación cuestionando el sorteo que se hizo entre los cooperativistas.

En este sentido, el fiscal tira de la Ley de Vivienda para aclarar que son promotores para uso propio las cooperativas que financien con medios propios o ajenos la construcción de viviendas para socios o partícipes. El 80% de los socios de esa cooperativa deben estar inscritos en el Registro de Público de Demandantes de Vivienda de Protección Pública en Castilla y León y tener unos ingresos familiares que no excedan 6,5 veces el IPREM y en caso de primera transmisión que no sean inferiores al IPREM. Tampoco se puede ser titular de pleno dominio de otra vivienda en España.

En cuanto a la selección de candidatos, el artículo 64 de la Ley de Vivienda establece que con “carácter general” hay que sortearlo entre quienes forman parte del Registro de Demandantes. Pero la Orden FOM/1982/2008 desarrolla los requisitos del proceso de selección y hay dos opciones: el sorteo público y el sorteo entre los cooperativistas. Este último fue el elegido. Se realizó un sorteo ante notario, pero limitado a las 47 personas que ya habían formalizado su interés, con el objetivo de asignar qué vivienda concreta correspondía a cada una.

Una declaración de bienes bajo sospecha

El fiscal no entra en la omisión de Lombraña en su declaración de bienes de junio 2023, en la que no aparecía la propiedad que se le entregó en abril, tan solo una cuenta con 7.000 euros, y se refiere únicamente a la que realizó en 2024 y en la que sí figuraba la vivienda.

Sobre esta declaración de bienes de 2024 hay otra denuncia formulada por el Ayuntamiento, ya que se produjo en domingo, día inhábil y apareció cuando salió a la luz la adjudicación del chalé a Lombraña. Se trata de un documento manuscrito al que se añadió la firma de la secretaria y, también a mano, una fecha del todo imposible en un registro municipal: 21 de julio de 2024. Ese día era domingo. La recepción del documento se certificó sin que constase firma electrónica, sólo la manuscrita de la secretaria. La secretaria fue cesada poco después del escándalo de Lombraña, pero una reciente resolución judicial obliga al Ayuntamiento de Palencia a readmitirla.

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, el leonés y exprocurador en Castilla y León Pablo Fernández, ha interpuesto una denuncia por agresión durante el desahucio de Maricarmen. Fernández fue uno de los cientos de ciudadanos que acudieron a la calle Alcalde Sainz de Baranda, en Madrid, para tratar de evitar que la anciana fuese expulsada de su hogar. Poco después, el político se refería a “una parte de la Policía Nacional” “fuera de control” que había “agredido injustificadamente a mucha gente”, entre ellos a él.

“Si hubiesen pegado a alguien de PP o Vox estarían ardiendo las calles”, criticaba. En otro post posterior, Fernández informó de que ya tenía un parte de lesiones del Servicio Madrileño de Salud con el que interpondría denuncia para que la agresión policial no quedase “impune”.

“Tendrán que explicar quién dio la orden de cargar y por qué. Y por qué hay ultras en la policía que actúan al margen de la ley”, añadía. “Habrá un antes y un después del día de hoy”, finalizaba. Pablo Fernández concurrirá a un proceso de primarias en su partido para ser candidato a la alcaldía de Madrid.