La Junta de Castilla y León (PP-Vox) vive en estos días su primer tropiezo para cumplir el pacto entre los dos partidos. El pasado jueves, en unas declaraciones a la agencia EFE, el vicepresidente primero aseguraba que iba a “repatriar” a sus países a todos los menores migrantes tutelados por la Junta de Castilla y León. Se basaba en el artículo 35.2 de la Ley de Extranjería que permite acuerdos bilaterales con otros países. La idea fue refrendada horas más tarde por el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, para ser desechada al día siguiente por el consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago. Según este último.

“No hay ningún mecanismo por el que la Comunidad Autónoma pueda hacerlo por su cuenta porque no tenemos competencia”, dijo González Gago el pasado viernes en León. Cualquier interlocución, dijo, “sería una actividad contraria” a la estructura de autonomía y a la Constitución“. ”Es posible participar, pero siempre por el cauce debido de la Administración del Estado“, matizó.

Los límites de la norma no han hecho que Carlos Pollán renuncie la deportación de los 164 menores no acompañados tutelados por la Junta de Castilla y León. Desde la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, a preguntas de elDiario.es insisten en que la Consejería se encuentra “explorando todas las vías en relación al artículo 35.2 de la Ley Extranjería, ámbito recogido en el pacto de Gobierno”. Es precisamente esta última parte la que puede dar problemas o dejar ese punto del pacto de gobierno como papel mojado. Lo que se recoge en el acuerdo que firmaron PP y Vox en los puntos 10.1 y 10.2 es que la Junta no colaborará en ninguna medida que facilite la llegada, acogida o permanencia de menores extranjeros no acompañados, y se compromete a bloquear cualquier reforma legal o acuerdo presupuestario que implique asumir más menores en el sistema autonómico. Además, plantea que el gobierno autonómico impulsará “la repatriación de menores extranjeros no acompañados, promoviendo convenios con los países de origen”. Si se ha firmado algo que es imposible cumplir por limitaciones legales, Vox está en un callejón sin salida.

Sin aportar detalles, en la Consejería que dirige Pollán, aseguran que “el objetivo es entablar relaciones con terceros países para explorar la devolución de los menores extranjeros, cuya tutela recae ahora mismo en la Junta”. Pero indican que los avances “se realizan de manera privada y consensuada al ser aspectos delicados al estar involucrados menores”. La “delicadeza” de esas negociaciones no afectan a datos personales de menores, se trata de saber con cuántos países se negocia y quién lo hace. Los detalles, dicen, se conocerán en las próximas semanas.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo (PP), ha insistido este jueves en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en que la Comunidad es “tierra de acogida” a la vez que ratificaba la intención del vicepresidente primero de la Junta, Carlos Pollán (Vox), de deportar a “todos” los menores no acompañados que está tutelando, 164. Para ello tirará del artículo 35.2 de la Ley de Extranjería que establece que “las Comunidades Autónomas podrán establecer acuerdos con los países de origen dirigidos a procurar que la atención e integración social de los menores se realice en su entorno de procedencia. Tales acuerdos deberán asegurar debidamente la protección del interés de los menores y contemplarán mecanismos para un adecuado seguimiento por las Comunidades Autónomas de la situación de los mismos”.

“Que es una tierra de acogida lo demuestran los datos de afiliados extranjeros a la Seguridad Social, los que vienen a trabajar y a integrarse. Es la línea en que queremos seguir, no ha cambiado, inmigración legal y ordenada que se integra social y laboralmente”, ha afirmado. Lo que no ha explicado Fernández Carriedo es quién llevará el peso de esas negociaciones con los países de origen de los menores, de cuántos países se trata, o el coste estimado de esos procedimientos que pretenden aplicar porque “los menores migrantes con quienes mejor están es con sus familias”. Aunque se le ha preguntado varias veces por qué ahora ha decidido devolver a todos los menores y no antes, el portavoz se ha escudado en que pretenden beneficiarlos. Finalmente, sí ha llegado a asegurar que ya otras veces han recurrido la acogida, pero no ha aclarado cuántas veces y cuántos de esos recursos acabaron con la deportación de un menor.

Fernández Carriedo se ha escudado en que se han superado las capacidades de acogida de Castilla y León, de 130 plazas, ya que ahora tutelan a 164 menores no acompañados. Respecto al coste estimado de las deportaciones ha comentado que “eso no es lo importante” y que es un procedimiento que “tendría que haber liderado España”, por lo que la Junta no se va a quedar parada “ante la inacción del Gobierno”.

Posteriormente, ha precisado que las deportaciones se estudiarán “caso por caso”. La Junta de Castilla y León se ha comprometido a facilitar más datos sobre los recursos que se presentaron en años anteriores.

Pablo Fernández Santos (1976), el leonés con el que Podemos entró en la política en Castilla y León, será el candidato a la alcaldía de Madrid salvo un giro inesperado en las primarias. Su salto a la política madrileña no es del todo una sorpresa. Debutó en 2015 en las Cortes de Castilla y León y hasta 2026 fue procurador en las Cortes, pero desde 2021 ya tenía un pie en la capital. Fernández asumió la coportavocía de Podemos hasta 2024, año en que se le nombró secretario de Organización y portavoz.

Pablo Fernández fue ganando peso en el partido mientras lo perdía como parlamentario en Castilla y León. Licenciado en Derecho, tuvo su primer cargo público en 2015, tras haberse afiliado a Podemos en 2014. No tenía experiencia política y hasta que aterrizó en las Cortes de Castilla y León había regentado un kiosco. Representaba para muchos la realidad de los jóvenes en la Comunidad más extensa y envejecida: preparados pero con escasas oportunidades laborales.

En esas primeras elecciones autonómicas a las que concurrió Podemos, obtuvo 11 escaños, y se convirtió en la tercera fuerza política. Fernández, con una imagen muy alejada del político castellano y leonés, en parte una larga melena rubia, era capaz de asumir una intervención tras otra con un discurso plagado de datos, de cifras, y de giros irónicos y no tan irónicos sin tirar de 'chuleta', porque no le gustaba llevar nada escrito. Tenía en ese momento, con el resto de procuradores, un equipo de mujeres y hombres que se adaptaron al ritmo parlamentario y que ofrecían algo más de frescura en unas Cortes polvorientas por la eterna pugna PP-PSOE y la fuerza de la costumbre.

Fernández era el enfant terrible con un discurso de peso pero provocador y cercano, a veces, a las pataletas. Y no eran gratuitas, aunque los micrófonos no captaban el sonido, era habitual que desde los escaños de derecha y extrema derecha se le llamase “nenaza”, “ridículo” o “hijo de puta” mientras intervenía.

En 2019, el suflé de Podemos empezó a bajar en Castilla y León. Pasó de 11 escaños a 2 y el propio Fernández, que se presentó por León, a punto estuvo de perderlo. Eran buenos tiempos para Ciudadanos, el partido con el que el PP firmó un pacto gobierno que duró dos años. Fernández no perdió beligerancia, especialmente en el hemiciclo.

En 2022, y presumiendo un resultado ajustado que podía dejar a Fernández sin el escaño que a duras penas sujetó en 2019, Fernández fue candidato por Valladolid, dejando a María Sánchez, de la lista conjunta Unidas Podemos, como número 2. El movimiento tenía mucho de estratégico y poco de compromiso. Fernández consiguió el único y último escaño, hasta ahora, de Podemos en las Cortes. 2022 fue el año en que Vox desbancó a Ciudadanos, que también se quedó con un único escaño, y formó gobierno con el PP. Fernández se vio en el Grupo Mixto junto a Francisco Igea, el exvicepresidente de la Junta que acabó expulsado de Ciudadanos, y Pedro Pascual, de Por Ávila.

En esa corta legislatura, Vox rompió el pacto en 2024, Fernández siguió tirando de intervenciones sonadas, llamativas, y de enfrentamientos, especialmente con Vox. No hubo rédito electoral. Fernández no quiso ser candidato en las elecciones del 15 de marzo de 2026 y su sucesor, Miguel Ángel Llamas, no logró escaño. Fernández asumió un “resultado nefasto” del que Podemos, dijo, se iba a levantar.

El nuevo curso político ha arrancado este jueves en las Cortes de Castilla y León con escasa artillería. El Pleno cuenta desde ahora con tres nuevos procuradores de Vox, Silvia Guilarte, Javier Martínez y Mariano Veganzones -el exconsejero de Empleo en la pasada legislatura que destacó por sus improperios contra los sindicatos- que han ocupado los escaños que dejaron libres los compañeros que han sido nombrados altos cargos. En esta sesión se han votado también los tres senadores por designación autonómica, dos del PP y una del PSOE. El alavés Javier Maroto (PP), empadronado en Sotosalbos (Segovia), ha sido elegido por tercera vez, mientras que el expresidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias afronta su nueva etapa política en el Senado. Por el PSOE, entra la exalcaldesa de Segovia, Clara Martín, que será candidata al Ayuntamiento en las próximas elecciones locales. Los procuradores de Vox han dejado el voto en blanco y los tres senadores han obtenido 30 (PSOE) y 32 apoyos (PP), respectivamente.

Aunque el nuevo líder del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez ya intervino en el Pleno de Investidura de Mañueco, se ha estrenado en la sesión de control tirando de ironía. Ha felicitado a los tres nuevos senadores y en concreto a Maroto “tras haber aprobado el test de arraigo seguramente exigido por el grupo Vox”. Las felicitaciones de Martínez han llegado también al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por tener “un miembro con plaza en la Audiencia Nacional”. Se refería al consejero de Industria, Juan Carlos Suárez Quiñones, que ha obtenido plaza de magistrado en la Sala de lo Penal, si bien no lo ocupará de momento. “Enhorabuena, señor Quiñones, después de 15 años en política de la mano del señor Mañueco su carrera judicial sigue progresando”, ha dicho Martínez antes de añadir “olé por la separación de poderes”. “Enhorabuena también para usted, señor Mañueco, por garantizarse su seguridad política para el día que deje de ser presidente”, ha espetado. Además, le ha preguntado “hasta dónde es capaz de llegar” para seguir en el poder, en referencia a su pacto con Vox.

Mañueco ha respondido que no va a pactar con “los herederos de ETA”, que no va a “aprobar una ley de amnistía para los golpistas” y tampoco comprará “apoyos de ”separatistas“ con la financiación autonómica, todo ello en clara referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. ”Asuma su derrota“, ha indicado al socialista. Martínez ha contraatacado reprochando su actitud durante los graves incendios de Ávila, cuando se convirtió ”en el más sanchista“ mientras se escondía tras Pedro Sánchez que fue quien ”salvó“ su gestión.

En el Pleno se ha aludido además a las pautas que marca Vox en los gobiernos de los que forma parte. La socialista Patricia Gómez Urbán se ha referido en concreto a lo ocurrido en el Ayuntamiento de Valladolid (PP-Vox) donde se ha sustituido en el protocolo de acceso a vivienda de protección a las víctimas de violencia género por víctimas de violencia doméstica. En la tribuna de invitados, integrantes de la Coordinadora de Mujeres han acabado expulsadas por mostrar carteles de repulsa.

La vicepresidenta segunda, Isabel Blanco, que antes fue consejera de Familia e Igualdad, que ya no dan nombre a ninguna consejería, ha asegurado que condena “firmemente” la violencia de género“ y ha recordado el aumento de la inversión, de la atención y el apoyo a las víctimas y a sus familias. Por contra, ha recriminado a los socialistas que no hayan alzado la voz cuando se aprobó la ley de ”solo sí es sí“ o cuando fallaron las pulseras de los agresores machistas.

No han faltado contínuas referencias a la llegada masiva de migrantes a Ceuta. La procuradora Nuria Rubio (PSOE) a reprochado a Vox su política de odio contra los migrantes con la foto del niño que fue tiroteado con una escopeta de perdigones. El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales de la Junta, Carlos Pollán (Vox), ha remarcado que la Junta de Castilla y León usará “todos los medios legales” para no acoger a “migrantes ilegales” y que trabajarán para mandar de vuelta a los menores “a su país y con sus familias”. Se habló de fuegos, se habló de patrimonio histórico echado a perder, de reducción de ayudas a los sindicatos, pero es posible que migración y violencia de género centren todos los debates en el curso que comienza.

“Hemos actuado conforme al procedimiento”. Así ha defendido el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, que el gobierno autonómico no haya impuesto una sola sanción a El Granero de San Francisco SL, una empresa que hasta hace unos meses tenía entre sus propietarios al presidente del PP y de la Diputación de Burgos, Borja Suárez. El Granero de San Francisco construyó un granero de tipo americano en suelo rústico de protección cultural en Santa Gadea del Cid e intentó legalizarlo años después de que empezase a utilizarse para celebrar bodas y eventos. La licencia que se solicitó, solo para uso agrícola, ya que cualquier otro está prohibido, se denegó entre otras cosas porque la edificación contravenía la normativa urbanística del municipio tanto en estructura como en materiales y color.

A pesar de que no tenía ningún tipo de licencia, El Granero de San Francisco siguió organizando bodas, conciertos y visitas culturales sin que se paralizase su actividad. En 2023, se intentó legalizar de nuevo, y se vinculó la licencia de uso agrícola -nunca para eventos- a que se reformase la estructura del tejado y se cambiasen los materiales empleados, madera, por mortero de cemento pintado en color crema. La Ley de Urbanismo de Castilla y León contempla sanciones por infracción aunque la edificación se legalice. Pero no impuso una sola multa en El Granero de San Francisco, y la mercantil nunca reformó la edificación que según informes de dos técnicos de la Comisión Territorial de Urbanismo, dependiente de la Junta, era manifiestamente ilegal. Carriedo ha repetido varias veces antes las preguntas de elDiario.es que “se actuó conforme al procedimiento” sin explicar en qué consiste y sin negar los hechos: que no se ha reformado, que no se ha multado y que se desarrollan actividades que nada tienen que ver con la agricultura. Carriedo ha animado a que “si hay alguna persona que detecta un incumplimiento” use “los cauces previstos en el Estado de Derecho”, o lo que es lo mismo, que se denuncien. De esa manera, la Junta deja a la iniciativa particular la restitución de la legalidad, y a pesar de los informes de sus propios técnicos.

José María L.M, profesor del máster de Abogacía y de la Universidad de Salamanca, declara este jueves a las 10.00 en calidad de investigado ante el juzgado que instruye el caso de la presunta sumisión química que denunciaron tres alumnas del Máster de Abogacía el pasado mes de junio, y en el que apuntan al concejal del Ayuntamiento, Alejandro Pérez de la Sota, docente de una asignatura.

Este segundo investigado, siempre según las versiones de víctimas y testigos, habría intentado frenar las denuncias ofreciendo “facilidades” para aprobar e incluso intentó quedar con una de las chicas. Los hechos objeto de investigación se produjeron entre la noche del 4 y la madrugada del 5 de junio, tras una cena entre alumnos y profesores del máster. La mayoría de los estudiantes se dirigió a un bar del centro de Salamanca, pero dos de las chicas no quisieron ir y decidieron ir a otro. Pérez de la Sota les dio alcance y dijo que se iba con ellas. Los tres se sentaron en una terraza y pidieron bebidas. Hasta ahí, las dos recuerdan la noche, pero hay un blanco de bastantes horas que empezó cuando las dos fueron al baño y dejaron las copas en la mesa.

La primera que denunció los hechos tiene una idea que ocurrió gracias a los testimonios de sus compañeros de máster, ya que se despertó al día siguiente sin sospechar nada hasta que recibió el mensaje de un amigo en el que le preguntaba si se encontraba bien, y añadía que estaba preocupado porque salió del baño de la discoteca de la mano de Pérez de la Sota, algo que posteriormente corroboraron otros jóvenes. Con este primer dato que no recordaba, preguntó a su compañera de piso si había pasado algo raro durante la noche. Y sí. Su compañera le dijo que había oído ruidos como de estar moviendo muebles, además la escuchó vomitar. Pero no acabó ahí. La chica le aseguró que un hombre “bastante mayor” intentó entrar en su cuarto, creyó que confundido. La víctima fue reconstruyendo esa noche a través de lo que sus compañeros vieron: que había salido del local en actitud cariñosa con Pérez de la Sota, y que poco antes había pedido ayuda a través de un mensaje que mandó desde el baño. La chica explicó en la denuncia otros detalles que le hacían pensar que, efectivamente, Pérez de la Sota, estuvo en su cuarto, como una cortina corrida, o lo que alguien le había puesto para dormir.

Pérez de la Sota regresó a la discoteca una hora después, momento en el que intentó acompañar a la segunda chica a su casa. Los compañeros detectaron un llamativo cambio de actitud en ella, que estuvo toda la noche sobreexcitada y tambaleante. Y hubo un tercer intento con otra chica a la que acompañó a coger un taxi en el que intentó meterse insistentemente hasta que ella lo echó a patadas. Todo acabó con un altercado en el que intervino la policía.

En el caso de José María L.M, su intervención fue posterior con una serie de mensajes fuera de tono a una de las afectadas al día siguiente. Además intentó conseguir el teléfono de las otras dos denunciantes para ayudarles a aprobar alguna asignatura.

El secretario de Organización del PSOE en Castilla y León, Daniel de la Rosa, ha pedido este miércoles la dimisión del presidente de la Diputación de Burgos y del PP provincial, Borja Suárez, tras las informaciones publicadas por elDiario.es sobre la que fue hasta hace unos meses una de sus empresas, El Granero de San Francisco SL, que edificó un granero americano que contraviene la normativa urbanística de Santa Gadea del Cid y donde se celebran eventos y bodas sin tener licencia para ello. De la Rosa también ha exigido al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que cese a Suárez si este no dimite.

De la Rosa ha adelantado que el PSOE ha pedido al gobierno autonómico los expedientes de legalización a los que tuvo acceso elDiario.es, en los que hay un primer intento de legalización en 2020 con el que la Junta tuvo conocimiento formal de que el granero americano se edificó ilegalmente y que la actividad que se pretendía realizar estaba limitada al uso agrícola por estar en suelo rústico con protección cultural. Un segundo expediente iniciado en 2023 acordó la legalización siempre que en el granero se reformase el tejado y se recubriese la madera de las fachadas con mortero de cemento. Además sólo permitía el uso agrícola. Sin embargo, la reforma nunca se hizo y las actividades sin licencia se siguieron llevando a cabo, desde visitas guiadas a bodas y conciertos.

“Cuanto el partido socialista de Castilla y León disponga de esa documentación comprobaremos el procedimiento administrativo para inspeccionar a esta empresa y sacaremos las conclusiones del porqué no se ha hecho nada a este respecto, es evidente la dejación de funciones de la junta de Castilla y León”, ha anunciado de la Rosa para finalmente pedir que se asuman responsabilidades.

En Santa Gadea del Cid, un municipio a 75 kilómetros de Burgos, declarado Conjunto Histórico desde 1973, se levanta un imponente granero de estilo americano. Desde que se construyó en 2019, se celebran bodas con un coste que oscila entre los 20.000 y los 30.000 euros, según fuentes consultadas por elDiario.es. El negocio, semioculto, porque en su web no se anuncia, pero conocido ampliamente, funciona bien y sin trabas. Pero es ilegal. No cumple ni con la normativa urbanística de Santa Gadea, ni con la Ley de Urbanismo de Castilla y León, que no permite otro uso que el agrícola en suelo rústico de protección cultural.

El Granero de San Francisco SL fue la segunda aventura empresarial del presidente de la Diputación de Burgos y del PP provincial, Borja Suárez, junto a otros socios con los que había puesto en marcha Eventos El Espino SL una década antes. Desde 2024, momento en el que Suárez aceptó el acta de concejal en el Ayuntamiento de Burgos y que le permitió ser presidente de la Diputación, Eventos el Espino consiguió contratos municipales. Los contratos se declararon nulos cuando elDiario.es los sacó a la luz: el acta de concejal de Suárez era incompatible con la participación de Suárez en esas empresas, superior al 10%. Ahora, el Ayuntamiento estudia la manera de que se le devuelva el dinero, mientras que Suárez asegura que ya se ha deshecho de esas participaciones.

En el claustro del Monasterio del Espino, alquilado a una comunidad religiosa, se celebran eventos de todo tipo, entre ellos las bodas, que dejan importantes beneficios. Por eso años después, aprovechando el terreno de la finca, decidieron levantar el granero. Santa Gadea del Cid, una villa amurallada, tiene una normativa urbanística que obliga a utilizar una serie de acabados y materiales determinados tanto en construcciones nuevas como en las ya existentes. La madera no es uno de ellos. Sin embargo, nadie puso trabas al enorme granero, de madera de tejado a fachada, y con una tipología de cubierta de mansarda que tampoco se permite. El Ayuntamiento de Santa Gadea no advirtió ni sancionó por el edificio y tampoco por las actividades sin licencia que se llevaban a cabo allí.

El primer intento de legalizar el granero se produjo en 2020, cuando llevaba dos años celebrando todo tipo de eventos. El administrador de la mercantil solicitó una licencia agrícola para el cultivo y destilado de lavanda. Un informe del Servicio Territorial de Urbanismo, dependiente de la Consejería de fomento de la Junta de Castilla y León, rechazó la solicitud tanto por la tipología de la construcción, que contravenía la normativa local, como por la actividad. El destilado, decía el técnico, era un uso industrial prohibido en suelo rústico de protección cultural. Tampoco en ese momento la Junta abrió un expediente sancionador. Incluso si esa solicitud se hubiese resuelto positivamente, la Junta debería haber sancionado por una infracción grave, aunque minorando la cuantía de la multa, como establece el artículo 117.3 LUCYL si era legalizable posteriormente. “Se podrá aplicar una reducción del 50 por ciento en la cuantía de la sanción, y eximir de las medidas accesorias previstas en el apartado seis, cuando el responsable se comprometa a legalizar los actos sancionados, si estos fueran compatibles con el planeamiento urbanístico, o en caso contrario a restaurar la legalidad urbanística, garantizando dichos compromisos por el 50 por ciento del importe de las actuaciones necesarias.”, dice.

Aunque El Granero de San Francisco SL alegó y después desistió, la Junta de Castilla y León no actuó, y el Granero de San Francisco continuó con la actividad agrícola para la que se le denegó la licencia y con las actividades hosteleras para las que nunca la pidió. En 2023 se produjo un segundo intento en el que la mercantil, siempre refiriéndose a una actividad agrícola, se comprometió a cambiar el tejado del granero y recubrir las fachadas de madera con mortero de cemento pintado en color crema. La técnico, que dio el visto bueno en 2024, destacó que la licencia estaba vinculada a esas reformas y que se trataba de una licencia para uso agrícola, por lo que en ningún caso se podrían llevar a cabo actividades culturales que aparecían en una parte de la propuesta de reforma.

Fondos Leader para una construcción ilegal

A pesar de que la situación era clara, una edificación ilegal de todo punto y un intento soterrado de ampliar la actividad más allá de la agrícola, en el expediente de legalización que la Junta acabó facilitando a elDiario.es tras varias negativas, no aparece una sola inspección para comprobar que, efectivamente la reforma se había realizado. De hecho, es que nunca se hizo la reforma. La administración competente para sancionar cuando se trata de suelo rústico protegido es la Junta de Castilla y León, según el artículo 111.3 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León. Una infracción grave, como es la construcción contraviniendo normas urbanísticas, conlleva sanciones que van de los 10.000 a los 300.000 euros. Pero hay además, otro detalle, y es que el infractor quedaría excluido de ayudas y subvenciones. Según consta en la web de El Granero de San Francisco, la creación del granero y la destilería fueron subvencionados con fondos Leader. Aunque no hacen constar las cantidades, se les concedieron 52.590,16 y 28.195,20 euros, respectivamente.

Siete años sin que la Junta sancione

En resumen, la Junta tuvo conocimiento formal de que la edificación era ilegal en 2020 y nunca impuso sanción. Nadie ha explicado por qué. En 2024, en el segundo intento de legalización, la Junta dio el visto bueno a la licencia previa reforma del edificio y nunca ha comprobado que se llevase a cabo, y para eso tampoco hay explicación. Además, no se ha dado por enterada de que en El Granero de San Francisco se celebran bodas y actividades culturales, estas últimas publicitadas en la web de la empresa. Y todo ello a lo largo de siete años.

El alcalde Santa Gadea del Cid: “Yo no quiero líos, se arreglará lo que esté mal”

El alcalde de Santa Gadea del Cid, Jorge Ortiz (PP) no ha querido dar explicaciones a elDiario.es, si bien reconoció que le habían “pasado” la información y que tenía pendiente leerla. Cuando se le indicó que él tenía que saber perfectamente que El Granero de San Francisco no respetaba la estética del entorno y contravenía las normas urbanísticas -aparece como recurso turístico anunciado en el portal del Ayuntamiento- intentó finalizar la conversación. “Se arreglará lo que esté mal, yo no quiero líos y no quiero hablar, que sé lo que pasa luego”, comentó. Cuando se le preguntó si en algún momento había sancionado o advertido a los responsables sobre las infracciones urbanísticas, o si desconocía que no se podían celebrar eventos, insistió el que le preguntase lo que fuera “en el portal de Transparencia del Ayuntamiento” y acabó colgando el teléfono.

En el Ayuntamiento de Santa Gadea lo único que consta es una declaración responsable de El Granero de San Francisco en el que figura como actividad principal el cultivo, secado, y destilado de lavanda así como la promoción turística de la lavanda. En realidad, solo para llevar a cabo la actividad hostelera, la mercantil tenía que presentar esa declaración responsable de la actividad real, una licencia de actividad, la inscripción en el Registro de Turismo de Castilla y León y la especialidad.

En cualquier caso, una vez que la Junta ha tenido conocimiento no solo de que no se ha restituido la legalidad urbanística sino de que se llevan a cabo actividades sin licencia, debería haber clausurado cautelarmente el Granero, algo que aún no ha ocurrido. La situación es arriesgada: en el caso de que se produjese un accidente, una intoxicación, un incendio (en las bodas del Granero es habitual que los novios contraten fuegos artificiales) un seguro difícilmente cubriría a las víctimas o los daños materiales por carecer de licencia.

Solo hay que buscar “bodas en El Granero de San Francisco” en internet para comprobar que la que hasta hace unos meses fue la empresa del presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, junto a varios socios, siempre ha destinado ese espacio a la celebración de bodas y eventos, una actividad para la que no tiene licencia. Las publicaciones se suceden en medios de comunicación y blogs de fotógrafos especializados en reportajes nupciales, pero la Junta de Castilla y León no se da por enterada, ya que no hay un solo expediente de sanción. No es fácil que haya pasado desapercibido el enorme granero de estilo americano de madera y cubierta amansardada que se levanta en medio de un campo de lavanda en Santa Gadea del Cid (Burgos) a pocos metros de la otra empresa que también fue de Suárez y ahora está en manos de los otros socios, Eventos El Espino SL.

Suárez se deshizo de sus participaciones cuando elDiario.es desveló que estaba incumpliendo la normativa al ostentar un acta de concejal del Ayuntamiento de Burgos y poseer más del 10% en dos empresas, una de las cuales recibió contratos municipales desde el momento en que él fue edil.

elDiario.es ha reclamado durante meses las licencias de ambas mercantiles, requerimientos que tanto el Ayuntamiento de Santa Gadea del Cid como la Junta de Castilla y León han intentado esquivar pero que han acabado facilitando, aunque fuera del plazo legal que establece la Ley de Transparencia.

Respecto a El Granero de San Francisco, en el Ayuntamiento de Santa Gadea del Cid solo consta una declaración responsable fechada en abril de 2024 y que no es para bodas. Se declara como actividad principal el “cultivo, secado y destilación de lavanda complementada con la compraventa de productos obtenidos del cultivo de lavanda y plantas aromáticas, así como con la divulgación y promoción turística del cultivo de lavanda como recurso turístico del municipio Santa Gadea del Cid y su comarca”. En el formulario de declaración responsable consta que la inexactitud o falsedad tiene consecuencias legales. No las ha habido.

El Granero de San Francisco SL se creó en 2019, y desde ese año ofreció eventos de todo tipo, entre otros, conciertos, tal y como se publicitaba en la web de la otra empresa, Eventos El Espino. Desde febrero de 2019 además, empezó a publicitar la posibilidad de celebrar bodas, tal y como puede comprobarse en el portal Madrid Business, donde se anunciaba la opción de celebrar “una boda americana”. En septiembre de ese mismo año el influencer Gotzon Mantuliz celebró allí su casamiento, tal y como recogieron varias revistas.

La realidad es que en 2019 la empresa carecía de cualquier tipo de licencia. No se solicitó hasta 2020, según consta en el expediente 145/20 que obra del Servicio Territorial de Fomento de la Delegación Territorial de Burgos, y del que la Junta llegó a negar su existencia a elDiario.es en un primer momento. El expediente era para legalizar el almacén secadero y la destilería que se habían construido en suelo rústico protegido. En el informe del técnico de urbanismo se reflejaba que el promotor consideraba que el uso es de instalación vinculada a la explotación agrícola, pero para el técnico era “una parte de un proceso productivo de carácter industrial (la elaboración de perfumes), de acuerdo a ello y según el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León”, y se trataría de un “uso prohibido”.

“No respeta las formas tradicionales de las edificaciones del entorno”

En el caso de la normativa urbanística municipal pasaba exactamente lo mismo: “se trata de un uso prohibido, por ser un uso de tipo industrial, comercial y de almacenamiento en suelo rústico de protección cultural”. Pero es que además el granero americano se instaló sin cumplir la normativa urbanística. “Se considera que el edificio realizado no cumple con las condiciones de integración en el entorno, [...], pues la edificación con su cubierta mansarda con tres pendientes distintas, no respeta las formas tradicionales de las edificaciones del entorno, como son las edificaciones del convento ”El Espino“ (a 650 m), los materiales utilizados en la fachada y cubierta (tablas de madera) no son los tradicionales de la zona (piedra, revoco en tonos terrosos y teja árabe), y no cumple con la inclinación máxima del 45, pues una de las cubiertas tiene una pendiente de 282,39% (70,05º)”.

La Junta denegó la licencia en 2021, pero la actividad agrícola y hostelera continuó

El informe, fechado el 10 de diciembre de 2020, concluyó que “el uso solicitado es un uso prohibido en suelo rústico, según el Reglamento de Castilla y León”, y no cumple “con las normas de integración en el entorno y condiciones estéticas”, por lo que se informó “desfavorablemente”. En febrero de 2021 se denegó la autorización. El Granero de San Francisco alegó sin éxito e interpuso después un recurso de alzada que, de haberse resuelto, habría puesto fin a la vía administrativa. Sin embargo, por razones que se desconocen, se solicitó el desistimiento, que aceptó el entonces consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Súarez-Quiñones, el 14 de septiembre de 2022. En teoría, tras tener conocimiento de una edificación ilegal, la Junta debería haber intervenido de alguna manera, pero eso no ocurrió. El Granero de San Francisco siguió en pie y siguió celebrando bodas y conciertos, además de cultivar y destilar lavanda, y todo ello sin licencia para ninguna de esas actividades ni para la propia edificación.

Una licencia para actividad agrícola previa reforma del granero que nunca se llegó a hacer

Sin interrumpir nunca sus actividades sin licencia, en febrero de 2023 se produjo un nuevo intento de legalización. El Granero de San Francisco presentó un proyecto para legalizar el edificio que consistía en adecuarlo a las condiciones estéticas tal y como se refleja en el nuevo expediente de legalización que puso en marcha la junta, el 91/23. Lo que proponían era aplicar sobre el entablado de madera un enfoscado exterior de mortero de cemento pintado en color crema así como la modificación de los faldones de unión de las dos cubiertas del edificio principal manteniéndose el acabado en tabla de madera de pino “pero eliminándose la forma amansardada”. Respecto al edificio de la destilería, no se propusieron cambios al tratarse de una rehabilitación de un edificio existente. La licencia que solicitaba además era para llevar a cabo una actividad agrícola, de cultivo, secado y destilado de lavanda, no para uso hostelero o de eventos.

La aportación del proyecto de reforma y varios permisos e informes de la Confederación Hidrográfica del Duero o de Patrimonio (al estar situado el granero en un yacimiento arqueológico) motivaron el informe favorable de la Junta de Castilla y León. Así, en junio de 2023 —cuando ya se sabía que Borja Suárez iba a ser presidente de la Diputación— una técnica consideró que el uso “de almacenamiento, secado y destilado de lavanda producida por el promotor” era un uso sujeto a autorización en suelo rústico con protección cultural conforme al Reglamento de Urbanismo de Castilla y León y a las Normas Urbanísticas Municipales de Santa Gadea del Cid. En ese informe favorable, se especificó claramente que se tenía que dar “cumplimiento” a las condiciones estéticas que aparecían en proyecto de febrero de 2023, esto es el cambio del tejado amansardado y recubrir todas las paredes con mortero de cemento para luego pintarlas en color crema.

La licencia: ni hostelería ni otros usos más allá del agrícola

Pero además se hacía otra matización: “No se podrán dar a las edificaciones otros usos (educativos, culturales, etc.) a los que se hacía referencia en un anexo presentado por la empresa en el modificado del proyecto con el título ”Descripción detallada de la actividad“ y que no hayan sido autorizados por la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo”. “Cualquier otro uso comercial ajeno al almacenamiento, secado y destilado de la lavanda producida por el promotor es un uso prohibido en suelo rústico de protección cultural”. “La autorización quedará sujeta a las condiciones establecidas por los distintos informes sectoriales emitidos así como a aquellos otros informes y/o autorizaciones previstos en la legislación sectorial y que fueran preceptivos”, finaliza.

Además de no llevar a cabo las reformas en el edificio, que sigue siendo un granero americano de madera sin rastro de mortero de cemento con cubierta amansardada y de celebrar bodas y eventos, en el granero sí que se desarrollan habitualmente visitas guiadas que se proponían en el anejo y que fueron denegadas explícitamente. Esas visitas aparecen en la propia web de la empresa, donde se detallan días y tarifas y en informaciones de varios periódicos locales, donde se recoge que en 2024 pasaron por allí 4.000 visitantes, o que en 2023 reabría la temporada con actividades culturales como conciertos y talleres. Aunque en esos reportajes se habla abiertamente de conciertos y visitas culturales, no se mencionan las bodas, que sí aparecen en numerosos blogs de fotógrafos especializados en fotografía nupcial. En la cuenta de Instagram de El Granero de San Francisco pueden verse las fotografías y anuncios de conciertos y actividades culturales.

En un espacio natural protegido

El Granero de San Francisco se encuentra enclavado en un espacio de la Red Natura 2000, en concreto en la ZEPA (zona de especial protección ambiental) de Montes Obarenes. El informe de Medio Ambiente detectó esta circunstancia pero entendió que la actividad agrícola, que era la que El Granero de San Francisco SL solicitaba, no afectaba. Así, no solo se hay una edificación que contraviene la normativa urbanística sino que se desarrollan actividades de hostelería y culturales sin licencia para ello y en un espacio natural protegido.

elDiario.es contactó con el administrador de El Granero de San Francisco, Koldo Madariaga, y con el presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez. Ninguno de ellos respondió.

El Tribunal Superior de Justicia ha vuelto a dar la razón al Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid (PP-Vox) y estima su recurso para que se debata en el Pleno la creación del puesto de 'alcalde B', como se conoce al director de Coordinación de Políticas Públicas. Este puesto, que ocupa Indalecio Escudero, ex jefe de gabinete del alcalde Jesús Julio Carnero cuando presidía la Diputación y exdirector general cuando era consejero en la Junta, ya fue anulado por el TSJ. El Ayuntamiento legalizó el cargo con una “modificación puntual” del Reglamento Orgánico del año 1996, y se negó a debatir en el Pleno la labor que llevaba a cabo Escudero.

Ahora, El Tribunal de Instancia de la Sección de lo Contencioso-Administrativo Plaza Nº 4 estimando el recurso del PSOE, anula las decisiones adoptadas por el alcalde, y reconoce expresamente el derecho a que ambas iniciativas políticas sean debatidas por el Pleno. Además, condena al alcalde a incluir las dos mociones en el orden del día de la próxima sesión plenaria y también se condena al Ayuntamiento al pago de las costas.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, que ha hablado de esta nueva condena en una rueda de prensa, recuerda que el Tribunal Supremo -tras la sentencia del TSJCYL- ratificó la ilegalidad del puesto creado por Carnero en 2023, el “alcalde B”, que, además de ser ilegal, implica un gasto para las arcas municipales de 627.048 euros a lo largo del mandato (156.762 euros anuales).

La sentencia deja claro que un alcalde no puede utilizar su cargo para decidir qué críticas políticas pueden debatirse en el Ayuntamiento. Herrero ha añadido que el recurso que interpuso no era para “proteger una ocurrencia retórica”, sino el derecho de todos los concejales a fiscalizar al Gobierno: “Y defender los derechos de la oposición equivale a defender el derecho de los vecinos a que los asuntos públicos se debatan abiertamente, sin censura”.

Para Pedro Herrero, Carnero ha conseguido lo contrario de lo que perseguía censurando el debate y ha provocado un “efecto búmeran”. “El actual alcalde intentó borrar del Pleno al ‘alcalde B’ y, paradójicamente, lo que ha conseguido es que una sentencia judicial le obligue a escuchar el debate que quiso censurar en dos ocasiones».

El portavoz del Grupo Municipal Socialista ha calificado la actitud del alcalde de “dictatorial” ya que “En democracia un alcalde no puede decidir qué palabras puede utilizar la oposición, ni impedir un debate simplemente porque no le guste la crítica que contiene. Es una actitud autoritaria propia de otros tiempos pasados”.

En concreto, la resolución del TSJ establece que “La sola mención al ”Alcalde B“ no puede servir para denegar la deliberación de una moción presentada por el grupo político que está en la oposición. Podrá ser considerada como más o menos acertada, pero lo cierto es que en las dos mociones se expresa que se trata del puesto de Director/a de Coordinación de Políticas Públicas, plenamente identificado. No es una expresión objetivamente denigrante o peyorativa».

Según Herrero, ese párrafo desmonta de raíz la justificación empleada durante meses por Carnero. «El alcalde pretendió convertir una discrepancia política sobre una denominación en una causa para impedir un debate en el Pleno. La Justicia acaba de decir que esa expresión ni era denigrante ni podía utilizarse como excusa para silenciar una iniciativa de la oposición».

La sentencia incide en algo de especial gravedad en política, la vulneración del derecho a la participación política: «El derecho a la libertad de expresión alcanza una cota aún mayor cuando se realiza en el cargo de funciones de representación pública. Carece de sentido que para que la moción pueda examinarse se tenga que formular en los términos que quiera el presidente de la corporación (...) puesto que supone una quiebra del derecho a la participación política y al control que la oposición realiza sobre los órganos de gobierno de las entidades locales», señala.

Es más, añade el tribunal que «la discrecionalidad política debe venir siempre limitada por un derecho fundamental de participación pública y política de la oposición. Desde luego la motivación dada para denegar la deliberación de las mociones (...) es una restricción indebida del derecho del artículo 23.2 de la Constitución Española». La sentencia no es firme y el Ayuntamiento tiene la posibilidad de recurrirla.

La creación del puesto conocido como 'alcalde b' por considerar la oposición que Carnero lo creó para liberarse del trabajo en el Ayuntamiento y compatibilizar así su actividad como senador acarrea ya tres resoluciones judiciales que dan la razón al PSOE. Sobre el asunto se han pronunciado ya el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Tribunal Supremo y ahora el Tribunal de Instancia de la Sección de lo Contencioso-Administrativo. Se suman a otras sentencias condenatorias sobre asuntos de trascendencia para la ciudad aprobados por el equipo de gobierno PP-Vox, como la anulación de la Ordenanza de Bajas de Emisiones y la anulación de la Ordenanza de Movilidad.

El líder del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, ha asegurado este jueves que sigue contando su antecesor, Luis Tudanca, y que en un futuro se verá dónde. Martínez ha presentado hoy a la futura senadora por designación autonómica, la exalcaldesa de Segovia, Clara Martín y ha justificado su elección como una estrategia para recuperar la alcaldía. Para colocar a Martín tuvo que quitar a Tudanca, quien aceptó el cargo de senador cuando se le instó a dejar la secretaría del PSOE en Castilla y León en favor de Martínez.

El rumor de que Tudanca no iba a durar mucho como senador adquirió más intensidad a principios de verano. Martínez ha reconocido que para evitar filtraciones comunicó a Tudanca su salida el miércoles a través de una llamada telefónica de la que no ha aportado más detalle que el de la hora, a las 9.15. Poco después, a las 10,30 llamó a Clara Martín. Tanto Martín como Martínez han reconocido que ella puso una condición: poder ser candidata a la alcaldía de Segovia en unos meses, cuando se celebren las elecciones locales. La semana que viene presentará su candidatura al proceso de primarias. Para Martínez, es una buena idea que Segovia tenga voz en el Senado y denuesta la que hay en el PP, Javier Maroto, “empadronado de rebote en Segovia y que no defiende el territorio en el que dice residir”.

“Clara Martín salió de la ejecutiva autonómica para jugar en la federal”, ha recordado Martínez, “y en la carrera por recuperar la alcaldía de Segovia, ha tenido a bien aceptar la invitación que le trasladé”, ha comentado. Carlos Martínez ha reconocido que la decisión “no es una improvisación de un día” y que es “una de las más difíciles desde el punto de vista orgánico”. Para decidirlo ha ha tenido en cuenta, entre otras cosas, “la igualdad de género”.

“Soy consciente de las polémicas, no voy a eludirlo, con una figura fundamental como Tudanca no es sencillo, pero configuramos piezas de un equipo. La decisión me correspondía como secretario general”, ha añadido. Además, ha afirmado que “no se expulsa a nadie, es una gestión de equipos y Tudanca es un valor y tiempo habrá para entender que en el equipo cuenta”.

Por su parte, Clara Martín ha admitido que “no es un paso fácil” la de aceptar la propuesta de Martínez pero que “el trabajo a nivel autonómico es un reto y no hay que rechazar la oportunidad, no sólo por ser la voz de Segovia dentro del partido, sino en las Cortes Generales”.

Carlos Martínez ha comentado además que Martín dejará el Senado si gana la alcaldía, lo mismo su sucesor en Soria, que compatibiliza ambos cargos, pero ha querido marcar la diferencia con el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, que también es senador.

La Plaza Mayor de Valladolid, con capacidad para 18.000 personas, permanece llena de manifestantes en “defensa” de Ceuta en estos momentos, mientras varios miles de personas se han quedado en la calle Santiago ante la imposibilidad de avanzar más. Ondeando banderas de España y con el himno oficial de fondo, miles de asistentes han coreado “Ceuta no se vende, Ceuta se defiende”. A escasos 200 metros, en la plaza de Fuente Dorada, se ha desarrollado otra manifestación en defensa de los migrantes a la que han acudido unas 150 personas.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero (PP) se ha dirigido a los asistentes para decir “no a la violación de la integridad territorial de España en Ceuta”. Además de políticos del PP y de Vox, han asistido representantes de la CEOE en Castilla y León.

En Salamanca, El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha considerado “imprescindible” que Ceuta recupere la normalidad de antes de la “invasión” de decenas de miles de migrantes, y ha celebrado el apoyo ciudadano a las manifestaciones en este sentido celebradas en la comunidad.

“Hoy en Castilla y León queremos mostrar nuestra solidaridad, apoyo y cariño con Ceuta más que nunca. Queremos pedir que se recupere la normalidad de los ceutíes tras la invasión a la que se han visto sometidos hace un mes”, ha dicho en una plaza abarrotada, informa Efe.

Por su parte, en León, el vicepresidente primero, Carlos Pollán (Vox), ha afirmado que lo ocurrido en Ceuta constituye una “invasión” de España promovida por Marruecos y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) de ser el responsable de una situación ante la que, a su juicio, no actuó para evitarla.

“Lo que se ha vivido en Ceuta hace exactamente poco más de un mes es una invasión. No se le puede denominar de otra forma”, ha sostenido el también consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, quien ha rechazado que los hechos puedan interpretarse como una crisis migratoria o humanitaria.

Unas 3.500 personas han respaldado en Palencia el llamamiento de la FEMP, pero lo ha hecho ante la sede de la Subdelegación del Gobierno, ya que la Plaza Mayor se encuentra preparada para un concierto de música con motivo de las fiestas patronales de San Antolín.

No obstante, los concentrados han emprendido una marcha hasta la Plaza Mayor, para lo cual carecían de autorización, sin que haya constancia de incidente alguno.

Al grito de ‘Ceuta se defiende, Ceuta no se vende’, un millar de personas se ha reunido en la Plaza Mayor de Soria donde el presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano (PP) ha leído un manifiesto acompañado, que ha estado acompañado por representantes provinciales del PPy por el grupo municipal Vox, con la ausencia del alcalde de la capital, Javier Antón (PSOE), y de los concejales socialistas.

Más de 5.000 personas se han reunido en la Plaza Mayor de Segovia donde ha sido leído un manifiesto con el lema ‘Ceuta somos todos’.

El manifiesto ha sido leído de forma conjunta por el defensor de la ciudadanía del Ayuntamiento de Segovia, Jorge Martínez Acinas; la presidenta del Colegio Profesional de Enfermería, María José Uñón; el presidente de la Asociación de Vecinos del barrio de El Salvador, Javier Mosácula; el presidente de la Asociación de Vecinos del barrio de San Lorenzo, Félix Maroto, y el presidente del Colegio Profesional de Médicos de Segovia, Graciliano Estrada.

El texto ha expresado un apoyo “firme y sin fisuras” a Ceuta e ha incidido en que la situación que atraviesa la ciudad autónoma “está poniendo a prueba sus recursos, sus servicios públicos y su capacidad para mantener la normalidad”, pero también la capacidad del Estado para proteger sus fronteras, garantizar la seguridad y defender la integridad territorial.

Varios miles de personas han llenado la Plaza Mayor de Zamora donde la vicepresidenta segunda de Castilla y León, Isabel Blanco, ha subrayado la importancia de “mostrar todo nuestro cariño y nuestro apoyo” a Ceuta y reiterado que la capacidad de Castilla y León para acoger menores migrantes está “saturada” desde hace “muchos meses”.

En Ávila cientos de personas han abarrotado la plaza del Mercado Chico, para mostrar su respaldo a la ciudad autónoma de Ceuta, donde el alcalde, Jesús Manuel Sánchez Cabrera (XAV), ha leído una declaración institucional en la que ha mostrado “toda la solidaridad” de los abulenses con el pueblo ceutí y su gobierno, e instando al Gobierno de España a defender la “soberanía territorial de España”.

El nuevo curso político ha empezado prácticamente igual que el anterior: con el anuncio de la Junta de Castilla y León de 36 medidas que rebajan los impuestos. Pero si el año pasado quien comparecía era el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo (PP), este año se ha sumado el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales , Carlos Pollán (Vox). El nuevo gobierno de coalición, aunque formado en junio, arranca ahora.

La Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas para 2027, que incluye 36 nuevas rebajas tributarias que, junto a las ya existentes, supondrán un ahorro de 920 millones de euros en 2027 para los contribuyentes. Los destinatarios no varían respecto al pasado año: familias, jóvenes y emprendedores en el medio rural o en el urbano.

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) se rebaja a todos los contribuyentes. El tipo mínimo autonómico pasará del 9 % al 8,75 %, con el objetivo de que se sitúe en el 8 % al final de la legislatura. Con esta rebaja, Castilla y León consolidará su posición entre las comunidades autónomas con el tipo mínimo del IRPF “más bajo de España”.

La Junta de Castilla y León también incorporará una nueva deducción de hasta 150 euros en el IRPF por los gastos de las cuotas de gimnasios y distintas actividades deportivas. La deducción podrá incluir también los gastos correspondientes a padres e hijos, con el objetivo de fomentar la práctica deportiva y los hábitos de vida saludable entre las familias.

Se extenderá progresivamente la bonificación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones a hermanos, tíos y sobrinos, que se sumará a la práctica eliminación del impuesto establecido por la Junta de Castilla y León para familiares directos, con el objetivo de que no suponga un impedimento para aceptar herencias o donaciones y facilitar que estos recursos puedan destinarse a la adquisición de vivienda o al emprendimiento. A partir de 2027 se establecerá una nueva bonificación del 3 % sobre los primeros 100.000 euros por heredero.

Vivienda

Dentro del paquete de nuevas rebajas tributarias, la Junta de Castilla y León reforzará especialmente los incentivos destinados a facilitar el acceso a la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, con especial atención a los jóvenes. La ‘Cuenta Ahorro Vivienda Joven’, que permitirá a los menores de 40 años aplicar una deducción de hasta 1.500 euros al año durante cinco años. De este modo, un joven podrá deducirse hasta 7.500 euros, mientras que una pareja joven podrá llegar a 15.000 euros, para poder destinar estos recursos a la compra de su vivienda.

También se impulsará el alquiler estable y asequible, mediante nuevos incentivos fiscales tanto para inquilinos como para propietarios. En concreto, se establecerá una nueva deducción de hasta 600 euros al año por cada vivienda vacía que se incorpore al mercado del alquiler, siempre que se ofrezca por una renta máxima de 750 euros mensuales en el medio urbano y de 500 euros en el medio rural.

Además, el Ejecutivo autonómico rebajará el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales para la adquisición de la primera vivienda habitual, con un tipo reducido del 3,75 % frente al general del 8 %. Esta medida beneficiará a jóvenes, familias numerosas, personas con discapacidad, vivienda de protección oficial y víctimas de violencia machista. El presidente no ha querido valorar el hecho de que el Ayuntamiento de Valladolid, gobernado también por PP y Vox hayan eliminado a las víctimas de violencia machista del protocolo de acceso a vivienda social. “Lo pactamos en el acuerdo -de gobierno- y así lo hemos plasmado. Yo sólo hablo de lo que hacemos en la Junta”, ha comentado.

La Junta establecerá nuevos tipos reducidos del 1,25 % en el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados para las escrituras de obra nueva y división horizontal, con el objetivo de incentivar la construcción de viviendas de protección pública, tanto destinadas a la venta como al alquiler.

Estas nuevas rebajas tributarias forman parte de una estrategia fiscal orientada a apoyar a las familias, ampliar las oportunidades para los jóvenes, reforzar el medio rural y facilitar el emprendimiento, al tiempo que se favorece la actividad económica y la creación de empleo. Para ese apoyo a las familias, se incrementan los importes de la deducción autonómica en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por nacimiento o adopción a 1.050 euros por el primer hijo, 1.550 euros por el segundo y 2.400 euros por el tercero y siguientes, con la previsión de alcanzar los 1.200, 1.700 y 2.500 euros, respectivamente, al final de la legislatura. Estas cuantías aplicadas se duplicarán cuando el nacido o adoptado presente un grado de discapacidad igual o superior al 33 %.

En el ámbito del apoyo a las personas con discapacidad, se elevan los importes de la deducción en el IRPF hasta los 325 euros o los 700 euros en función del grado de discapacidad y la edad del contribuyente, estableciéndose una nueva deducción específica dirigida a los descendientes del contribuyente.

Ampliación de beneficios fiscales del medio rural

Para el refuerzo de la fiscalidad en el medio rural, se amplían territorialmente los beneficios fiscales extendiéndolos a municipios de hasta 20.000 habitantes, superando el anterior límite de 10.000, lo que permite dar cobertura al 97% de los municipios de la Comunidad, incrementando el límite del valor de la vivienda habitual hasta los 200.000 euros desde 150.000 euros.

La deducción en el IRPF por nacimiento o adopción en el medio rural se mejora en un 40 % estableciendo deducciones de 1.470 euros por el primer hijo, 2.170 euros por el segundo y 3.360 euros por el tercero y sucesivos, con un objetivo final de legislatura de 1.680, 2.380 y 3.500 euros respectivamente. Estas cantidades también serán duplicadas si el menor cuenta con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %.

En cuanto a deducciones en el IRPF vinculadas a la vivienda en el medio rural, la deducción por gastos de alquiler para jóvenes se incrementa del 25 % al 27 %, con la meta de situarse en el 30 % al concluir la legislatura.

Para la rehabilitación de vivienda en el medio rural destinada al alquiler asequible, la deducción aplicable sobre la inversión asciende del 15 % al 17 %, con un objetivo final de la legislatura del 20 %.

Se suprime el gravamen en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas (ITPO) y en el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) para la adquisición de la primera vivienda habitual para todos los residentes sin importar su edad, eliminando la restricción previa de 36 años; la compra de inmuebles destinados a actividad económica como sede social o centro de negocios; para la transmisión de explotaciones agrarias prioritarias, incluyendo su maquinaria y elementos vinculados; en las escrituras necesarias para documentar la agregación, agrupación o segregación de fincas rústicas destinadas a estas explotaciones agrarias prioritarias; y en las de agregación, agrupación y segregación de suelo industrial o terciario.

Autónomos

Dentro de las medidas para autónomos, el programa Relevacyl incorpora reducciones para adquirir inmuebles asociados al negocio, reduciendo el tipo de Transmisiones Patrimoniales Onerosas del 8 % al 7 % con un objetivo final de legislatura del 4 %, y el de Actos Jurídicos Documentados, del 1,5 % al 1 %, con una meta final de situarlo en el 0,5 %.

Para favorecer la continuidad de la actividad agraria, se amplía la reducción del 99% en el impuesto de sucesiones por adquisición de explotaciones agrarias que se extiende a familiares colaterales de cuarto grado por consanguinidad, como primos, tíos, abuelos y sobrinos nietos; y a trabajadores asalariados de la propia explotación que realicen jornada completa y cuenten con al menos tres años de antigüedad contrastada.

Asimismo, para incentivar la agrupación de parcelas, se establece un tipo reducido en Transmisiones Patrimoniales Onerosas del 7 %, frente al 8 % previo, para aquellos agricultores dados de alta en la Seguridad Social que posean parcelas adyacentes, complementando así la bonificación del 100 % en el arrendamiento de fincas rústicas y los tipos reducidos en la transmisión de explotaciones agrarias prioritarias.

Castilla y León mantiene un único tributo propio que integrará los parques fotovoltaicos y las redes de comunicaciones telefónicas y telemáticas, incluyendo postes, torres y antenas, frente a comunidades con hasta 15 gravámenes distintos. Este impuesto no se establece para los parques fotovoltaicos ubicados en cubiertas de edificaciones y para aquellos que ocupen una superficie inferior a 5 hectáreas. Asimismo, estarán exentos del pago los parques dedicados al autoconsumo y las nuevas redes de comunicaciones instaladas en el medio rural. Una medida que no afectará ni a las familias ni a las instalaciones de autoconsumo.

Además, se establecen bonificaciones y exenciones para la repotenciación de instalaciones eólicas que cuenten con más de 10 años de antigüedad.

Finalmente, se posibilita una bonificación de hasta el 30 % de la cuota tributaria a los titulares de parques eólicos y fotovoltaicos por inversiones efectuadas en programas de mejora del bienestar y de lucha contra la despoblación en los municipios afectados, mediante convenios entre los promotores y las administraciones locales y autonómica.

Reducción de tasas autonómicas

Con relación al plan de reducción de tasas, se prorroga la congelación de los importes de las tasas autonómicas iniciada en 2014, con el fin de contrarrestar el impacto de la inflación sobre los contribuyentes, lo que acumula un impacto económico estimado de 31 millones de euros de ahorro hasta el ejercicio 2025. Esta congelación se acompañará del mantenimiento y ampliación de las exenciones y bonificaciones aplicadas durante toda la legislatura.

Estas medidas entrarán en vigor cuando se aprueben los presupuestos de 2027. Mañueco ha adelantado que estarán listos el próximo 15 de octubre, plazo máximo que marca el Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

El exdiputado del PSOE por Segovia, Juan Luis Gordo, que se dio de baja como militante hace un año, ha registrado un nuevo partido 'Por Segovia' en el que aparece como presidente ejecutivo. Gordo era un político histórico del PSOE hasta que en julio de 2025 “por dignidad personal” dejó el partido. En una carta dijo no reconocerse en una línea de actuación alejada de los valores“ que le habían llevado al partido.

Gordo se refirió también a la falta de sintonía con el secretario general del PSOE en Segovia, José Luis Aceves, quien según él ignoró “sistemáticamente” sus propuestas. Gordo dejó el PSOE con la intención de seguir participando en la vida cívica con colaboraciones en medios de comunicación y como presidente de la Asociación Pluralismo y Convivencia. Un año después, parece que no ha sido suficiente y pretende seguir en la vida política con Por Segovia (xSG), que se registró el pasado 27 de agosto como partido nacional. El partido cuenta ya con un logotipo en gris y negro, un dominio web registrado (www.porsegovia.es) y un correo electrónico de contacto. El domicilio social está en una vivienda familiar en el municipio de La Lastrilla. El nombre del partido recuerda al de la escisión del PP en Ávila (Por Ávila), que también utiliza la x en sus siglas y el nombre de la ciudad abreviado (XAV) .

Gordo fue diputado socialista a lo largo de tres legislaturas, senador en otra y subdelegado del Gobierno en Segovia entre 2004 y 2008. Gordo comenzó su carrera política a finales de los 90 cuando fue concejal en el pueblo donde nació, Sangarcía.

El Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla y León ha retirado tres preguntas a través de la Mesa de las Cortes apenas tres horas después de presentarlas. Las preguntas eran críticas y pretendían fiscalizar el trabajo de la Junta, que Vox integra junto con el Partido Popular y apuntaban a dos consejerías del PP, la de Sanidad y la de Medio Ambiente. Tal y como ha podido comprobar elDiario.es, las tres preguntas formuladas por dos procuradoras de Vox, Dolores Mateo y Laura Dorreis, apenas aguantaron tres horas en el registro del Parlamento: se presentaron a las 10 de la mañana del jueves y pasadas las 13.00 las propias parlamentarias solicitaron su retirada en registro.

Las cuestiones planteadas eran para su respuesta por escrito, ni siquiera se iban a trasladar al Pleno, si bien tanto las preguntas como las respuestas sí quedan registradas en el Boletín Oficial de las Cortes.

Denegación de visados para productos farmacéuticos de nutrición enteral

En concreto, la procuradora por Salamanca Dolores Mateo, farmacéutica de profesión planteaba una serie de preguntas a la Consejería de Sanidad, a cargo de Alejandro Vázquez, relacionadas con la denegación de visados de medicamentos para la la nutrición enteral domiciliaria así como espesantes. Se trata de una medicación que utilizan pacientes con problemas de deglución y nutrición y que son “esenciales” para mantener su calidad de vida. La “negativa sistemática”, planteaba Mateo, afecta a un colectivo vulnerable, pacientes ancianos, y “obliga a muchas familias a asumir el coste íntegro de esos productos a pesar de que muchos de esos pacientes perciben pensiones mínimas, ”lo que supone una carga económica insostenible que puede derivar en el abandono del tratamiento“. Por ello, Mateo cuestionaba con varias preguntas la denegación de visados aunque existe una normativa establecida para su autorización.

Huelga sanitaria por la reforma del Estatuto Marco

Su compañera de filas, la procuradora por León Laura Dorreis, técnica farmacéutica, también planteaba preguntas dirigidas a la Consejería de Sanidad, en concreto sobre el proceso de reforma del Estatuto Marco promovido por el Ministerio que ha generado “un importante conflicto con las organizaciones representativas de los médicos y facultativos” con las consecuentes movilizaciones. Dorreis quería conocer qué actuaciones desarrolla la Junta de Castilla y León para defender los intereses de los profesionales y trasladar al Ministerio su postura.

Seguridad en zonas de baño

Dorreis también registró una pregunta para la Consejería de Medio Ambiente sobre las medidas de prevención y seguridad en ríos embalses y zonas de baño. Las respuestas, a menos que otro partido tome el testigo, nunca se responderán. Desde Vox han comentado a elDiario.es que las preguntas se han retirado horas después de registrarlas porque consideran que las preguntas escritas al gobierno “son un instrumento más acorde con la labor de un grupo en la oposición”.

Las Cortes de Castilla y León, presididas por Francisco Vázquez (PP) proyectarán en su fachada la bandera de Ceuta el próximo miércoles 2 de septiembre, Día de Ceuta, “como muestra de solidaridad y apoyo al pueblo ceutí”. Así lo ha anunciado en un escueto comunicado en el que se precisa que la enseña se proyectará desde las 21.00 horas hasta la medianoche.

Esta iniciativa se une a la negativa por parte del gobierno autonómico a acoger menores no acompañados en la Comunidad. El vicepresidente primero, Carlos Pollán, se reafirmó en su idea el pasado miércoles, cuando envió una carta a la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, en la que le comunicaba que Castilla y León “no puede” acoger a más menores. Así, precisaba que la Junta «impugnará judicialmente todos y cada uno de los expedientes individuales que no finalicen con el retorno a Marruecos».

Pollán reclama al Ministerio que concluya antes los expedientes individualizados de cada menor y determine si procede la reunificación familiar o el retorno al país de origen. La Junta sostiene que cualquier traslado a otra comunidad debería producirse después de resolver esta situación y con una valoración individualizada del interés superior del menor.

En su escrito, el vicepresidente de la Junta se refería a una “infiltración masiva de decenas de miles de extranjeros” que, según su versión, habría forzado las fronteras españolas, un “acto de guerra híbrida”.

Cuando Pollán se negaba a la bandera LGTBIQ+ porque “los derechos de los españoles no se defienden con exhibicionismos infantiloides”

Pollán, que en la pasada legislatura presidió las Cortes, se negó durante cuatro años a proyectar la bandera LGTBIQ+ en el Día del Orgullo. “Los derechos, las libertades y la seguridad de los homosexuales (y, en general, de los españoles) no se defienden con exhibicionismos infantiloides ni haciendo un uso partidista y, por tanto, inadecuado de los espacios comunes de las instituciones. Los derechos, las libertades y la seguridad de todos se defienden enfrentando -y no fomentando masivamente- formas de barbarie llegadas de fuera que son incompatibles con nuestro modo de vida”, escribió en 2025 cuando el PSOE colocó la bandera arcoíris en la parte de la fachada que corresponde a sus dependencias.

La investigación judicial de la Operación Fuentona, que afecta al Ayuntamiento de Soria a través de la que fue concejala de Turismo, continuará siendo secreta un mes más. Tal y como ha informado el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia, la Sección de Instrucción (Plaza 3) del Tribunal de Instancia de Soria ha acordado la prórroga del secreto de las actuaciones un mes más a partir del 22 de agosto. Además, ha admitido la personación del Partido Popular como acusación popular, igual que hizo el pasado mes de julio con Vox.

La Operación Fuentona investiga la comisión de presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal en el Ayuntamiento de Soria. El pasado mes de junio se produjo una entrada y registro de la Guardia Civil en el consistorio en busca de documentación con la entonces concejala de Turismo y Comercio, Yolanda Santos (PSOE), que dimitió poco después de haber sido detenida y figurar como investigada en las actuaciones.

Santos tuvo el 33% de participaciones de Biosfera Soria SL, una empresa dedicada a la educación ambiental a la que renunció cuando entró a formar parte del gobierno municipal, pues era incompatible. Vendió su parte a una alcaldesa de un pequeño municipio soriano. La empresa, que desde sus inicios había sido contratada por el Ayuntamiento siguió obteniendo contratos municipales. La investigación trata de aclarar si la persona que se quedó con la parte de Santos era en realidad una testaferro. Santos no es la única investigada, hay otras seis personas que fueron detenidas y puestas en libertad poco después.

La Junta de Castilla y León sigue ralentizando la entrega de una información solicitada por elDiario.es a través de Transparencia el pasado 4 de junio, y después de haber negado que existiera. La información afecta a la mercantil El Granero de San Francisco SL, que perteneció, junto a otros socios, al presidente de la Diputación y del PP de Burgos, Borja Suárez. Suárez acabó deshaciéndose de su participación, del 22%, hace unos meses, después de que este medio publicase que otra mercantil, Eventos El Espino SL, de la que tenía el 33%, estaba recibiendo contratos del Ayuntamiento de Burgos, donde es concejal. La ley prohíbe acceder al acta de concejal con una participación superior al 10% en cualquier mercantil, pero Suárez no renunció ni al acta ni a las empresas. Los contratos pasaron desapercibidos para el Ayuntamiento, que acabó reconociendo que son nulos, pero lo hizo una vez que los hechos salieron a la luz.

ElDiario.es requirió hace más de dos meses todos los expedientes que obrasen en poder de la Junta sobre ambas mercantiles. La respuesta fue que no había tales. Sin embargo, elDiario.es tenía parte de un expediente y advirtió al gobierno autonómico que podían estar incurriendo en un error, o bien ocultando información deliberadamente. Así, la Junta derivó a este medio a la Delegación Territorial de la Junta en Burgos, que tras una semana, concluyó que no había ningún expediente.

Sí que lo había. El expediente 145/20, del Servicio Territorial de Fomento de la Delegación Territorial de Burgos se abre cuando El Granero de San Francisco quiere legalizar un almacén-secadero y un almacén-destilería de explotación agrícola en Santa Gadea del Cid. El técnico que elaboró el informe destacaba que las parcelas donde se asientan el almacén secadero y el almacén destilería están clasificadas como “suelo rústico de protección cultural” y que su uso no estaba vinculado a la explotación agrícola sino a una parte de un proceso productivo de carácter industrial (la elaboración de perfumes) por lo que, según el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León“, se trataría de un ”uso prohibido“. En el caso de la normativa urbanística municipal pasaría exactamente lo mismo: ”se trata de un uso prohibido, por ser un uso de tipo industrial, comercial y de almacenamiento en suelo rústico de protección cultural“. Además, el tipo de edificación, un granero de tipo americano contravenía la normativa urbanística de la localidad. La licencia se denegó, pero aun así, El Granero de San Francisco, desarrolló su actividad desde antes de pedir la licencia, y después de solicitada, tal y como puede comprobarse en varias publicaciones como periódicos y revistas. De hecho, su actividad iba más allá de la recolección de lavanda y elaboración de perfumes. El uso que se le daba era y es, fundamentalmente hostelero, ya que se celebran bodas y eventos, algo para lo que no se había solicitado licencia.

Una vez que elDiario.es publicó la información que la Junta pretendía ocultar, la Dirección General de Transparencia contactó con este medio. A finales del mes de julio, ese departamento se comprometió a localizar los expedientes y a facilitarlos. De hecho, insistió en hacerlo lo antes posible. El 31 de julio, con el plazo legal ya caducado y sin haber establecido ni una de las dos prórrogas de un mes que permite la ley, notificaron a la periodista que existen dos expedientes y que se da acceso a los mismos, algo que no ha ocurrido aún. Este miércoles, la Junta aseguró que se facilitarían los documentos, pero sin especificar cuándo, ya que “hay muchos funcionarios de vacaciones” y “hay que anonimizar” algunos datos que aparecen.

De negar la existencia de expedientes sobre las empresas del presidente de la Diputación de Burgos y del PP provincial, Borja Suárez, a reconocerla. La Junta de Castilla y León a través de su portavoz, Carlos Fernández Carriedo, se ha excusado este jueves en que negó la información que elDiario.es solicitó por Transparencia por un error. Una vez publicado por este medio uno de los expedientes que existen, el gobierno autonómico ha dado explicaciones vagas sobre la vulneración clara de la Ley de Transparencia. Según él, desde Transparencia se recurrió a la Consejería de Movilidad a pesar de que no tiene competencias en otorgamiento de licencias ni en nada que tenga que ver con empresas dedicadas a los eventos y la hostelería como es el caso de Eventos El Espino SL y El Granero de San Francisco.

El portavoz se ha apresurado a afirmar que las empresas “tienen todos los permisos” a pesar del expediente sobre El Granero de San Francisco al que accedió elDiario.es por fuentes propias. Los promotores querían legalizar un almacén y un edificio para la cosecha, secado y destilación de lavanda. Según el documento, lo que se pretendía era un uso prohibido en suelo rústico protegido y además el edificio, un granero americano, no respetaba las normas de estética del municipio. Otro detalle llamativo es que la licencia se pidió cuando llevaban más de un año ejerciendo la actividad y omitiendo que además de actividades agrícolas, se usaba el espacio para celebración de bodas y eventos.

Carriedo ha insistido en que los expedientes se facilitarán a este medio a pesar de que una vez que la solicitud de Transparencia se había aceptado, pero se había acabado dando una información falsa -que no había ningún expediente-, este medio contactó con la Junta para advertir que existía al menos un expediente y además desfavorable a los intereses de El Granero de San Francisco. A partir de ese momento, la Junta indica que la Delegación Territorial de Burgos facilitará la información requerida. Una semana después, y a pesar de que le facilitó el número de expediente y el departamento que lo había emitido, se remitió a la periodista la Consejería de Movilidad que, nuevamente, indicó que no le constaba ningún expediente.

Asimismo, elDiario.es también había requerido al Ayuntamiento de Santa Gadea del Cid las licencias de las empresas de Suárez. Con relación a El Granero de San Francisco tan sólo se aportó una declaración responsable de la mercantil fechada en abril de 2024 en la que dice que el objeto es “el cultivo, secado y destilado de lavanda”. Mediante esa declaración la empresa da a entender que tiene todos los permisos necesarios y es válida desde ese momento, no desde antes. Tampoco permite otras actividades distintas de las declaradas, cosa que sí ocurrió. Desde 2019 hasta la actualidad en El Granero de San Francisco se han celebrado bodas y eventos culturales, tal como se refleja en reportajes en medios de comunicación de esos años. Así, queda claro que El Granero de San Francisco operó sin permisos ni licencias, algo que la Junta intentó ocultar. Desde el gobierno autonómico, se han comprometido con elDiario.es a facilitar todos los expedientes, si bien no han precisado en qué fecha.

No es la primera vez que un 'error' de una administración beneficia a Suárez. Este diario ya publicó que el concejal, presidente de la Diputación de Burgos y del PP provincial, estaba compatibilizando el cargo con la participación del 33% en una empresa, Eventos El Espino SL que recibía contratos municipales. El Ayuntamiento de Burgos no pudo evitar que los contratos se declarasen nulos pero atribuyó lo ocurrido a un “error” de los técnicos municipales.

La Junta de Castilla y León ha ocultado que El Granero de San Francisco SL, una de las mercantiles que pertenecieron al presidente de la Diputación de Burgos y del PP provincial, Borja Suárez, llegó a desarrollar su actividad a pesar de que el Servicio Territorial de Fomento de Burgos la calificó de “uso prohibido”.

elDiario.es solicitó a través del Portal de Transparencia de la Junta todos los expedientes emitidos por el Servicio Territorial de Fomento de Burgos o cualquier otro organismo de la Junta de Castilla y León de legalización, autorización o sanción relacionados con El Granero de San Francisco SL y Eventos El Espino SL, que fundamentalmente se dedican a la hostelería, a la organización de eventos y a la transformación de productos agrícolas.

La respuesta de la Junta fue que se solicitó información al Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Burgos y que señalaron que “en la Sección de Conservación y Explotaciones de carreteras y en la Sección de Concesiones, Autorizaciones y Arbitraje de Transportes, del mencionado Servicio Territorial, no hay constancia de ningún trámite” promovido por esas empresas.

La Junta pide información a Carreteras sobre unas empresas de eventos

La Junta no justifica por qué decide solicitar a Explotación de Carreteras y a Transportes expedientes de empresas de hostelería y eventos. Pese a ese intento de ocultar la verdad, elDiario.es sí ha tenido acceso, a través de otras fuentes, a un expediente del Servicio Territorial de Fomento que se abrió en el año 2020. Dada la inusual situación de una administración negando la existencia de algo que el periodista tiene, este medio contactó con la Junta de Castilla y León para advertir de que, o bien se estaba mintiendo o bien había un error en la gestión de la información solicitada.

Desde la Junta, se instó a la Delegación Territorial de la Junta en Burgos a explicar qué podía haber ocurrido. Tras requerir esta la petición de información que se hizo por Transparencia, se comprometieron a localizar los expedientes, advertidos de que nada tenían que ver con carreteras. Una semana después, la Delegación Territorial de la Junta no había remitido nada y se limitó a indicar que contactarían con este medio a través de la Consejería de Movilidad, cosa que, efectivamente, ocurrió. Sin embargo, desde la Consejería indicaron que no entendían por qué desde la Delegación consideraban que ellos podían tener expedientes, y ratificaron que no había ninguno. Desde la Delegación Territorial no se dieron más explicaciones. Pero el expediente existe.

El expediente que sí existe y que deniega la legalización de una de las empresas por “uso prohibido”

En concreto, el expediente 145/20 que obra en el Servicio Territorial de Fomento de la Delegación Territorial de Burgos se abre a solicitud de El Granero de San Francisco para legalizar un almacén-secadero y un almacén-destilería de explotación agrícola en Santa Gadea del Cid. El técnico que se pronuncia describe los elementos de que consta y a continuación se detiene en la normativa urbanística: “El Término Municipal de Santa Gadea del Cid, cuenta con Normas Urbanísticas Municipales, aprobadas por CTMAU de 15 de diciembre de 2016. Constituyen también el régimen Urbanístico Vigente en el Municipio, La Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León, de 8 de abril de 1999 y el Decreto 22/2004 de 29 de enero, que aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, y sus modificaciones posteriores”, hace constar.

Las parcelas donde se asientan el almacén secadero y el almacén destilería están clasificadas como “suelo rústico de protección cultural” continúa el informe. Mientras el promotor entiende que el uso es de instalación vinculada a la explotación agrícola, “el técnico que suscribe lo considera como, una parte de un proceso productivo de carácter industrial (la elaboración de perfumes), de acuerdo a ello y según el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León”, y se trataría de un “uso prohibido”. En el caso de la normativa urbanística municipal pasaría exactamente lo mismo: “se trata de un uso prohibido, por ser un uso de tipo industrial, comercial y de almacenamiento en suelo rústico de protección cultural”, argumenta el técnico.

Pero además analiza las condiciones edificatorias, y tampoco cumplen la normativa. En concreto, advierte que “Se considera que el edificio realizado no cumple con las condiciones de integración en el entorno, [...], pues la edificación con su cubierta mansarda con tres pendientes distintas, no respeta las formas tradicionales de las edificaciones del entorno, como son las edificaciones del convento ”El Espino“ (a 650 m), los materiales utilizados en la fachada y cubierta (tablas de madera) no son los tradicionales de la zona (piedra, revoco en tonos terrosos y teja árabe), y no cumple con la inclinación máxima del 45% pues una de las cubiertas tiene una pendiente de 282,39% (70,05º)”.

El informe, fechado el 10 de diciembre de 2020, concluye que “el uso solicitado es un uso prohibido en suelo rústico, según el Reglamento de Castilla y León, y se propone informar desfavorablemente y por no cumplir con las normas de integración en el entorno y condiciones estéticas”.

ElDiario.es solicitó al Ayuntamiento de Santa Gadea la licencia de El Granero de San Francisco, aunque se incumplieron los plazos, finalmente aportó una declaración responsable fechada el 1 de abril de 2024 en el que aparece como nombre o razón social El Granero de San Francisco y el nombre de pila del administrador. Se refleja en el escrito que “se dispone a ejercer la actividad que a continuación se indica” y que es “el cultivo, secado y destilado de lavanda”. Mediante esa declaración, se entiende que se puede ejercer la actividad desde ese momento, aparece en la propia instancia, no antes, y que la empresa tiene toda la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos necesarios. Además, no permite otras actividades distintas de las declaradas, cosa que sí ocurrió.

Pero la actividad no empezó en 2024, sino como mínimo en 2019, mucho antes de que el informe de la Junta se pronunciase negativamente. El 14 de septiembre de 2019 El Correo se hacía eco de la boda del “bilbaíno más deseado”, el influencer Gotzon Mantuliz.

El 1 de abril de 2020, de nuevo el diario El Correo publicaba un reportaje con el titular “El Granero de San Francisco suma 10 hectáreas destinadas al cultivo de lavanda”. “Aunque el proyecto se cultivaba ya desde antes, fue hace un año cuando comenzó a consolidarse y se dio a conocer con sus primeras cuatro hectáreas y con la definitiva ubicación de la destilería en el Granero, en Santa Gadea del Cid”, dice uno de sus párrafos. Además, aunque la declaración responsable habla de cultivo de lavanda, también se desarrollan eventos culturales. Un año después, el mismo diario volvía a dar cuenta de la intensa actividad de El Granero de San Francisco que había “atraído” a “más de 2.300 personas entre junio y julio”.

Para aclarar la situación, elDiario.es contactó con el administrador de El Granero de San Francisco, Koldo Madariaga, que no respondió.