Las cifras del caso que ha motivado un registro en el Ayuntamiento de Soria y siete detenciones, entre ellas la de la concejala de Turismo, no parecen la clave. Desde 2020 a la actualidad, los contratos municipales a Biosfera Soria SL, la empresa en la que la concejala de Turismo ahora apartada tuvo un 33% de participación, suman 287.349,75 euros, y los de la Junta de Castilla y León, a través de la Fundación Patrimonio Natural, 126.178,04 euros. . Los contratos son en general muy parecidos: actividades para niños en verano que fomenten la conciliación, aulas micológicas o atención al público en parques y espacios naturales.

La Operación Fuentona, nombre también de un impresionante espacio natural y recurso turístico y que está directamente relacionado con los protagonistas del caso, basa la investigación no en lo que se ha cobrado, sino en el quién. Yolanda Santos que este miércoles, tras declarar ante el juez que instruye el caso, dejó el PSOE, nunca ocultó haber estado vinculada a la empresa. De hecho, puede comprobarse en el portal de Turismo de la Junta de Castilla y León, donde aparece como ponente de un congreso que se celebró en 2023. Lo que se sospecha es que Santos habría tenido como testaferro a otra política, alcaldesa de un pequeño municipio, y que le compró, no se sabe si ficticiamente, las participaciones cuando pasó a ser concejala del Ayuntamiento en 2019.

Desde el PSOE argumentan que si se siguió contratando a la empresa es porque es una de las mejores de Soria. Y también de las pocas. Todo son contratos menores. Así, el Ayuntamiento adjudicó varias veces a Biosfera Soria la gestión de la “Lonja Soria” dentro de las instalaciones del Mercado Municipal sito en la Plaza Bernardo Robles, por importes de 10.285, 12.342 y 16.940 euros, entre los años 2020 y 2021. Hay también contratos bianuales de actividades de verano para niños que permitiesen la conciliación durante los veranos de 2021 y 2022 por algo más de 26.000 euros por año, en 2023 y 2024 por 44.742, 89 euros, y varios contratos de algo más de 15.000 euros por atención al público en un espacio natural.

No solo se consiguieron contratos con el Ayuntamiento de Soria. También con la Junta de Castilla y León (gobernada entonces por PP y Vox) a través de la Fundación Patrimonio Natural, que le adjudicó para 2024 y 2025 la gestión de un aula divulgativa por 91.442,15 euros, algo que ya había hecho en 2023 por 34.735,89 euros.

La investigación se centrará en seguir el rastro del dinero. Yolanda Santos está en libertad provisional, con la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado. Su situación es la misma que la de los otros cinco detenidos el martes. Nada se sabe de la situación procesal de la séptima detención que se produjo el miércoles.

Con el sumario declarado secreto, tan solo se conoce oficialmente que se investigan hechos presuntamente constitutivos de los delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, falsedad documental, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La concejala de Medio Ambiente, Turismo y Comercio de Soria, Yolanda Santos Grandes (PSOE), detenida en una investigación sobre supuestas irregularidades en el Ayuntamiento se encuentra en libertad provisional después de haber declarado durante toda la mañana ante el juez. Según han trasladado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la Sección de Instrucción (Plaza 3) del Tribunal de Instancia de Soria ha decretado que la edil tenga que comparecer cada 15 días. En la tarde de este miércoles Santos ha anunciado su renuncia al acta y que abandona el PSOE.

El propio TSJ ha confirmado que hay un séptimo detenido en la misma operación. Se trata una vecina de Soria que tras las diligencias pertinentes será puesta en libertad y al igual que los otros investigados, deberán comparecer ante el Juzgado cuando sean requeridos. La autoridad judicial mantiene decretado el secreto de las actuaciones, por lo que no se pueden facilitar más detalles sobre lo que la Guardia Civil ha denominado como 'Operación Fuentona', según informa de la Subdelegación del Gobierno de Soria.

La investigación, dirigida por el Juzgado número 3 y la Fiscalía de la Audiencia Provincial, permanece bajo secreto de sumario y analiza posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal.

La intervención, que se saldó inicialmente con un total de seis detenidos, dos en Madrid y los otros cuatro en Soria, realizó registros durante doce horas en el Ayuntamiento de Soria, en las áreas de Hacienda, Comercio y Turismo y Alcaldía, y en dos viviendas particulares.

Tras las entradas, los agentes de la UCO intervinieron documentación y equipos electrónicos. La operación está siendo desarrollada por la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, a través de su Unidad Orgánica de Policía Judicial, bajo la dirección del Tribunal de Instancia de Soria, Plaza número 3, y de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Soria. La investigación se desarrolla a instancia de la Fiscalía de la Audiencia Provincial y bajo la dirección del Tribunal de Instancia Plaza número 3 de Soria.

Según pudo saber este medio, los agentes buscaban información sobre la empresa de la que Santos Grandes llegó a tener un 33%, Biosfera Soria SL. Santos vendió sus participaciones al tomar el acta de concejal en 2019, ya que la normativa impide acceder al cargo con una participación superior al 10% en cualquier empresa que contrate con el Ayuntamiento.

Biosfera Soria SL, cuentan fuentes del PSOE a elDiario.es es una de las pocas en la provincia especializada en la educación ambiental y el turismo activo y ha obtenido contratos municipales “desde hace muchos años”. Para los investigadores, el dato más importante es a quién vendió Santos sus participaciones: la alcaldesa de un pequeño municipio de Soria, que a su vez tiene otra empresa también dedicada a turismo y naturaleza.

Lo que busca la Guardia Civil es si Santos tenía un 'testaferro' por lo que los investigadores realizaron un volcado de varios ordenadores para acceder a documentos, correos electrónicos o cualquier otro indicio que les pueda confirmar su hipótesis.

En la tarde de este martes, el propio Ayuntamiento de Soria envió un comunicado en el que trasladaban su disposición a colaborar con la investigación y anunciaban la apertura de un expediente informativo a la concejala y la apartaban de sus funciones de manera cautelar. Asimismo, estudian personarse en el caso como parte interesada. Previamente, al poco de conocer la entrada de los agentes de la UCO, desde el consistorio se remitió una primera nota de prensa en la que se transmitía su colaboración.

El PSOE de Soria pide la suspensión cautelar de militancia de Santos

El PSOE de Soria alude a su Código Ético y de Conducta para solicitar la apertura de un expediente informativo interno y trasladar toda la información disponible a los órganos competentes del partido para su valoración una vez conocido el traslado de la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Soria, Yolanda Santos, a las dependencias de la Guardia Civil. El partido pide además la suspensión cautelar de militancia de Santos “mientras se esclarecen los hechos y se desarrollan tanto las actuaciones internas como el procedimiento judicial en curso”.

En una nota advierte que “actuará con la máxima exigencia y responsabilidad, aplicando sus normas internas y adoptando cuantas decisiones resulten oportunas en función de la evolución de los hechos, siempre desde el respeto a las garantías jurídicas y a la presunción de inocencia”.

Una vez más, el PSOE pide “prudencia y responsabilidad en el tratamiento informativo” del caso.

Mañueco urge al líder del PSOE de Castilla y León que aclare si tuvo información sobre registro en Soria

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha urgido al secretario general del PSOE en esta Comunidad y exalcalde de Soria, Carlos Martínez, a dar explicaciones para aclarar si recibió por parte del Gobierno información “privilegiada y con antelación” de la operación contra la corrupción que se desarrolló ayer en Soria y que culminó con seis personas detenidas.

De este modo se ha referido Alfonso Fernández Mañueco a las declaraciones que Carlos Martínez realizó este pasado martes a un medio de comunicación en las que, según la publicación, indicó que este lunes supo que iría la Guardia Civil al Consistorio, pero a “pedir documentación sobre un posible caso de delito leve de tráfico de influencias”, algo “totalmente distinto” a los que se han conocido este martes.

Posteriormente, el PSOE emitió un comunicado indicando que Martínez estaba al tanto de la investigación iniciada ya que se lo comunicaron desde el Ayuntamiento la mañana del martes, y no la del lunes, “como figuraba erróneamente publicado en un medio de comunicación”.

Este miércoles, el presidente de Castilla y León ha asegurado que “desde el respeto absoluto a la presunción de inocencia”, los hechos son “extremadamente graves” y “alguien tiene que dar explicaciones de lo que ha ocurrido”.

Y ha añadido que “lo que es mucho más grave es que desde algún ámbito del Gobierno de Sánchez se haya dado información privilegiada y con antelación al líder del Partido Socialista en la oposición en Castilla y León. Eso me parece gravísimo y se tienen que dar las explicaciones pertinentes”. 

En plena resaca de la condena del exministro José Luis Ábalos y su mano derecha Koldo García, el PSOE vivía este martes un nuevo golpe que cree 'dirigido'. El registro del Ayuntamiento de Soria, uno de los feudos del PSOE de Castilla y León comenzaba a primeras horas de la mañana y no apuntaba a nada bueno. Se prolongó doce horas. La Guardia Civil a través de su Unidad Orgánica de Policía Judicial y bajo la dirección del Tribunal de Instancia de Soria, Plaza número 3, y de la Fiscalía de la Audiencia Provincial investiga la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal.

[Actualización: Dimite de sus cargos y abandona el PSOE la concejala de Medio Ambiente de Soria investigada por seis delitos]

A pesar de la escasa información que se proporciona durante un registro, se pudo saber qué estaban buscando los agentes: todo lo que estuviese relacionado con la concejala de Turismo y Comercio, Yolanda Santos Grande, y la empresa de la que llegó a tener el 33% de las participaciones, Biosfera Soria SL. Santos vendió sus participaciones al tomar el acta de concejal, ya que la normativa impide acceder al cargo con una participación superior al 10% en cualquier empresa que contrate con el Ayuntamiento. Biosfera Soria SL, cuentan fuentes del PSOE es una de las pocas en la provincia especializada en la educación ambiental y el turismo activo y ha obtenido contratos municipales “desde hace muchos años”. Para los investigadores, el dato más importante es a quién vendió Santos sus participaciones: la alcaldesa de un pequeño municipio de Soria, que a su vez tiene otra empresa también dedicada a turismo y naturaleza. Según ellos, no es más que una testaferro de Santos.

Pero para llegar a demostrar que Santos tenía una persona interpuesta, es necesario acceder a documentos y correos que de existir, estarían en el Ayuntamiento. La Guardia Civil no solo pidió documentación que incluía contratos, también realizó un volcado de varios ordenadores para acceder a otros archivos o a correos electrónicos.

Registros también en Madrid

Al final de la mañana del martes, se informó de dos registros domiciliarios y de la detención de seis personas, dos en Madrid y cuatro en Soria, una de ellas era Yolanda Santos. Nada se sabe hasta ahora las identidades del resto. A media tarde, Santos estaba declarando en dependencias de la Guardia Civil. Tanto ella como los otros cinco detenidos pasaran a disposición judicial cuando acaben las diligencias policiales. Fuentes de la investigación indicaron que la denuncia llegó a la Fiscalía de Soria hace poco más de medio año. Este miércoles se detuvo a una séptima persona.

En ese momento, el actual líder del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez era aún alcalde de Soria, pero ya se sabía que era el candidato a presidir la Junta. “Han ido a por él”, aseguran en las filas socialistas. De haber ido más rápida la investigación, se habría conocido el caso con las elecciones autonómicas en ciernes, y esa es la motivación que se maneja en el PSOE, la política. En la cúpula socialista de Castilla y León cunde la desolación, porque haya caso o no, el descrédito puede ser difícil de superar en uno de los peores momentos del partido.

Martínez: “total tranquilidad”

Para acabar de rematar la confusión y la incertidumbre que se produce con una investigación con secreto de sumario y, por tanto, con una información muy escueta, la operación se desarrolló el día en el que Carlos Martínez se encontraba fuera de España, en concreto en Tánger, en un Foro de Ciudades Intermedias organizado por United Cities.

Tras finalizar el registro, pasadas las 20.30 horas, el Ayuntamiento comunicó que apartaba a Santos de sus funciones, que abrirá “un expediente informativo interno con el objetivo de recopilar la información necesaria y adoptar, en su caso, las decisiones que correspondan para esclarecer lo ocurrido” respetando los tiempos judiciales y el secreto de sumario. Además, valorará personarse en el caso.

Poco después, el PSOE de Castilla y León remitió otro comunicado destacando la “total tranquilidad” de Carlos Martínez, ante las pesquisas judiciales en torno a la actividad de la Concejalía de Turismo. Martínez está al tanto de la investigación iniciada ya que se lo comunicaron desde el Ayuntamiento por la mañana cuando arrancó el registro, y no ayer como figuraba erróneamente publicado en un medio de comunicación. Martínez sostiene que a la vuelta de su viaje de Tánger tiene previsto continuar con su actividad ordinaria que le llevará a asistir el próximo jueves a la Junta de Portavoces. Mientras tanto, reclama respeto y prudencia ante las noticias confusas que se han trasladado en algún momento del día a la prensa dado que está decretado el secreto de sumario.

El registro que desde primera hora de esta mañana llevan a cabo agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Soria, gobernado por el PSOE, se ha saldado hasta el momento con seis detenciones que podrían ser más en las próximas horas. En concreto se ha arrestado a cuatro personas en Soria y dos en Madrid. Entre los detenidos se encuentra la concejala de Comercio del Ayuntamiento de Soria, Yolanda Santos.

Tal y como informa la Guardia Civil, la operación está siendo desarrollada por la Comandancia de la Guardia Civil de Soria, a través de su Unidad Orgánica de Policía Judicial, bajo la dirección del Tribunal de Instancia de Soria, Plaza número 3, y de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Soria y responde a unas diligencias judiciales por la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal, todos ellos previstos y penados en el Código Penal español. La investigación se desarrolla a instancia de la Fiscalía de la Audiencia Provincial y bajo la dirección del Tribunal de Instancia Plaza número 3 de Soria, que ha autorizado diversas actuaciones, entre ellas registros domiciliarios y detenciones.

Hasta el momento se han practicado tres entradas y registros autorizados judicialmente, uno de ellos en dependencias del Ayuntamiento de Soria y los otros dos en domicilios particulares vinculados a la investigación. El centro de las pesquisas está en el Área de Comercio.

Las diligencias continúan abiertas y se encuentran declaradas secretas, por lo que no es posible facilitar más información sobre el contenido de las actuaciones ni sobre las personas investigadas. La Guardia Civil continúa desarrollando las diligencias necesarias para el completo esclarecimiento de los hechos y la determinación de las posibles responsabilidades penales que pudieran derivarse de los mismos. Conforme avance la investigación y siempre que el estado de las actuaciones judiciales lo permita, se ampliará la información.

Según ha podido saber elDiario.es, Santos tenía el 33% de una empresa de actividades deportivas, Biosfera Soria SL, hasta que fue concejala, en 2019. Cuando pasó a formar parte del equipo de gobierno, en concreto como concejala de Turismo y Comercio, se deshizo de las participaciones. La normativa prohíbe compatibilizar el acta de concejal, sea o no del equipo de gobierno, con participaciones en empresas superiores al 10%. El Ayuntamiento de Soria contrató actividades con la empresa tanto en la etapa de Santos como concejala rasa, como cuando pasó a ser la titular de Turismo.

El Ayuntamiento de Soria remitió un comunicado a media mañana en el que precisaba que estaba“prestando la máxima colaboración a la autoridad judicial y a los agentes encargados de las diligencias, facilitando toda la documentación y la información que sea requerida en el marco de estas actuaciones” y recordaba que el secreto judicial no facilitaba apenas información“.

Sin embargo, apenas una hora después de que finalizase el registro que duró doce horas y se comunicase que Yolanda Santos estaba entre los detenidos, envió un nuevo comunicado. Además del respeto a la actuación de la Justicia y su “plena colaboración”, valorará, “con el objetivo de conocer con el máximo rigor todas las circunstancias relacionadas con este asunto y en su afán de dotar de máxima transparencia el proceso”, la apertura de un expediente informativo interno para recopilar información y adoptar decisiones para esclarecer lo ocurrido. Además, estudiará su personación en el caso como parte interesada. Con caracter cautelar ya ha acordado “la suspensión temporal de las delegaciones de la concejala afectada”.

“Desde la responsabilidad institucional y respetando el secreto de sumario, se considera imprescindible actuar con prudencia y evitar especulaciones o conclusiones anticipadas mientras se desarrollan las diligencias judiciales y se esclarecen los hechos. El Ayuntamiento de Soria reitera su compromiso con la transparencia, la legalidad, la ejemplaridad en la gestión pública y la colaboración absoluta con la Administración de Justicia”.

Por último, pidió “rigor” a los medios de comunicación, a los que insta a acudir a fuentes oficiales “para evitar la difusión de afirmaciones no contrastadas o de informaciones que excedan los hechos conocidos puede causar daños irreparables a la dignidad y reputación de las personas afectadas y de la institución”.

Carlos Martínez tiene “total tranquilidad”

Una vez que finalizó el registro, y a través de una nota de prensa el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, señaló su “total tranquilidad” ante las pesquisas judiciales en torno a la actividad de la Concejalía de Turismo y Cultura. Debido a su asistencia en Tánger con motivo del Foro de Ciudades intermedias, Martínez aseguró estar al tanto de la investigación iniciada ya que se lo comunicaron desde el Ayuntamiento esta mañana, y no ayer como figuraba erróneamente publicado en un medio de comunicación. Martínez sostiene que a la vuelta de su viaje tiene previsto continuar con su actividad ordinaria que le llevará a asistir el próximo jueves a la Junta de Portavoces. Mientras tanto, reclama “respeto y prudencia ante las noticias confusas que se han trasladado en algún momento del día a la prensa dado que está decretado el secreto de sumario”.

El caso de Yolanda Santos es similar al del concejal, presidente de la Diputación y presidente del PP de Burgos, Borja Suárez, que aceptó el acta de edil siendo propietario de dos mercantiles, El Granero de San Francisco, de la que tenía el 20% y Eventos El Espino, de la que tenía el 33%. El Ayuntamiento adjudicó contratos a esta empresa a pesar de que hay imposibilidad para contratar. De hecho, los contratos se declararon nulos una vez que elDiario.es desveló quién estaba tras la empresa. Lejos de renunciar al acta, Suárez compatibilizó política y empresa. El Ayuntamiento estudia cómo recuperar el dinero que pagó a la empresa de Suárez, y se niega a facilitar cualquier documento acreditativo de la venta de las participaciones que, según Suárez, se produjo el pasado 13 de abril.

El Ayuntamiento ha cambiado de alcalde hace unos meses. En marzo, Carlos Martínez, dejó la alcaldía para pasar a encabezar el Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León. El regidor actual es Javier Antón.

Vox ha nombrado a los primeros cargos 'a dedo' para las consejerías que dirige en la Junta de Castilla y León. Por el momento no hay novedades entre los nombres, ya formaron parte del grupo de asesores en el gobierno o en el grupo parlamentario en la pasada legislatura.

Los periodistas Javier García Pérez y Gonzalo Altozano García-Figueras, que habían pasado por la Consejería de Cultura, como jefe de prensa y las Cortes de Castilla y León, como asesor del presidente, respectivamente, estarán a partir de ahora en la Vicepresidencia Primera, a cargo de Carlos Pollán. Lo mismo ocurre con Fernando Argüello Robles, que fue asesor de Vicepresidencia cuando el titular era Juan García-Gallardo y después en el Grupo Parlamentario Vox y que pasa ahora a trabajar para la Vicepresidencia.

Ni se aporta Ley de Transparencia mediante, ni ante el Pleno del Ayuntamiento. El concejal, presidente de la Diputación y del PP de Burgos Borja Suárez, no acredita, al menos públicamente, la venta de sus participaciones en dos empresas, una de las cuales recibió contratos municipales que se han declarado nulos. La concejala socialista Blanca Carpintero, se ha referido a la petición del Grupo Socialista de documentación acreditativa de la venta, sin resultado, y también a la negativa a facilitar esa información a elDiario.es a través de Transparencia. Así, ha preguntado este viernes a la alcaldesa, Cristina Ayala (PP)si podía aclarar si “su jefe” -Suárez es el presidente provincial del PP-ha vendido las participaciones de Eventos El Espino SL, pero esta ha declinado responder para que lo hiciese el propio Suárez.

El político y empresario no solo se ha negado a mostrar el documento de venta, sino que ha pedido a Carpintero que acreditase las propiedades que figuran en su declaración de bienes.

Suárez dice que su nueva declaración está en la web municipal, pero solo aparece la de 2023

“Yo creo que ya contesté y consta en las actas, sobre cuándo hice ejercicio del uso de mis acciones, con respecto a mi participación en las sociedades y ya dije que fue el 13 de abril. Ahora usted me pide dos cosas: una, que lo declare en mi declaración de bienes, cosa que ya está hecha, vaya y lo consulta y ya está. Pero claro, lo que no hace usted no se lo exija a la alcaldesa, haga su trabajo.”, ha instado. Según Suárez “ahí ya se pone que me he desprendido de mis acciones”. La afirmación de Suárez es falsa, en la web municipal sigue apareciendo la declaración de bienes de 2023, en la que declaraba el 22% de participación de Eventos El Espino SL (en realidad tenía el 33%) y el 20% de El Granero de San Francisco SL. Toda participación en una empresa que supere el 10% obliga al concejal a elegir entre la empresa y el acta, pero Suárez compatibilizó ambas y además Eventos El Espino recibió contratos municipales, algo prohibido por ley. El asunto pasó aparentemente desapercibido hasta que elDiario.es lo publicó.

Borja Suárez ha llegado a reprochar a Carpintero que le exija acreditar la venta cuando ella, así lo ha dicho, no ha acreditado las propiedades que aparecen en su declaración de bienes, algo que no es necesario, ni tiene sentido a menos que se incumpla normativa, que es el caso de Suárez. “Yo no tengo nada que entre en conflicto”, ha respondo Carpintero mientras la alcaldesa intentaba acallar su respuesta.

“Usted me pide que demuestre que las he vendido, pero no me pidió que demostrase que las tenía ¿a santo de qué me exige usted la titularidad de lo que haga con mis bienes privados?, se ha indignado Suárez.

La alcaldesa no ha querido que Carpintero repreguntase a Borja Suárez porque “ya se respondió en el último Pleno”. “El señor Borja Suárez ya dijo que se había desprendido de las acciones y dio la fecha, y ha vuelto a preguntar lo mismo”, ha comentado Ayala visiblemente incómoda. “Estamos en nuestro legítimo derecho, tanto nosotros como terceros de pedir esa documentación”, ha insistido.

Suárez: “Ya está bien con la superioridad ética”

“¿Pero qué barbaridad es esta?”, ha espetado Suárez. “Si lo que quiere es alargar algo que ya está acabado, inténtelo de otra manera, pero sea rigurosa con su trabajo. Consulte lo que dice que no está puesto. Está puesto. Antes de presentarse aquí métase en la página web y lo consulta”, ha recriminado mientras hacía el gesto de teclear con los dedos. “Y si tiene dudas, se va al juzgado, pero no puede exigirme lo que usted no ha hecho”, ha reprochado a la socialista a pesar de que ella no tiene participaciones en empresas.

“Aquí con la superioridad ética, ¿pero de qué están hablando? Es que ya está bien, ya está bien, ya está bien, ha zanjado Suárez, mientras Ayala pasaba al siguiente punto.

El Ayuntamiento no solo no ha actualizado la declaración de bienes de Suárez: tampoco ha aclarado cómo se va a recuperar el dinero de unos contratos que han sido declarados nulos, o cómo se resuelve el hecho de que Suárez haya estado tres años compatibilizando el acta de concejal con su papel de empresario.

La concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad del Ayuntamiento de Valladolid, Blanca Jiménez, ha calificado de “cretino” al ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha presentado este viernes el inicio de las obras de la futura estación de tren. Jiménez a retuiteado un post de El Español que informaba de un “mitin” de Puente “contra Carnero y Mañueco” por no asistir porque “no estaban invitados”. “Defíneme cretino”, anuncia Jiménez. El post ha sido retuiteado a su vez por el alcalde de Valladolid; Jesús Julio Carnero, que ha explicado a los medios que no va donde no se le invita.

“No me han invitado. Y yo nunca acudiré a donde no se me invita”, ha respondido Carnero al ser preguntado por los periodistas sobre su ausencia en la colocación de la primera piedra de una de las principales inversiones previstas en la ciudad. El regidor ha insistido en varias ocasiones en que no recibió invitación alguna para asistir al acto presidido por el ministro de Transportes, su predecesor Óscar Puente.

Las descalificaciones contra Puente no han quedado en un post. Poco después, Jiménez ha tirado de un tuit de Puente en el que explicaba que Carnero ha recurrido la construcción de la estación ante los tribunales por lo que no entendía que pretendiese que se le invitase al acto de colocación de la primera piedra. “Esto es lo que pasa cuando el personaje antepone sus caprichos y revanchitas al protocolo institucional que representa a los ciudadanos. Pues tenemos una noticia para ti, Óscar, ni la estación, ni el ministerio, ni la ciudad te pertenecen. Espero que vuelvas a Madrid en tren”, ha escrito junto a un emoticono de un beso.

Fuera de plazo y amparándose en la “elaboración” el Ayuntamiento de Burgos ha incumplido la Ley de Transparencia y ha acordado inadmitir la solicitud de información de elDiario.es de tener acceso al documento que acredite la supuesta venta de acciones de la mercantil Eventos El Espino SL, de la que el concejal, presidente de la Diputación y presidente del PP de Burgos, Borja Suárez, tiene el 33% y que recibió contratos municipales a pesar de que la normativa lo prohíbe. Este medio solicitó el documento el pasado 4 de mayo y no ha sido hasta el pasado 15 de junio cuando el Ayuntamiento ha respondido, por lo que supera el plazo máximo de un mes que marca la ley.

La respuesta asume que “la solicitud reúne los requisitos exigidos en el artículo 17.2 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno” y que no se encuentra en ninguno de los supuestos límites de acceso a la información contemplados en los artículos 14 y 15“. Sin embargo, explica ”el 10 de junio de 2026“ con el plazo máximo para contestar ya superado, la Sección de Protocolo y Comunicación del Ayuntamiento de Burgos informa que ”realizada consulta a la Secretaría General municipal, Sección encargada de la llevanza de las Declaraciones de Bienes y Actividades de los Sres./as Corporativos/as, se advierte que se está tramitando la solicitud de actualización presentada por el Sr. D. Borja Suárez Pedrosa. De ser suficiente la documentación presentada, en la página web municipal se podrá consultar su renovada Declaración de Bienes y Actividades“.

En este sentido, se apoya en el artículo 18 de la Ley de Transparencia, que establece que se inadmitirán las solicitudes “que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general”. Así concluye el Ayuntamiento que “Del informe de la Sección de Protocolo y Comunicación puede extraerse la conclusión de que la información solicitada, si bien no existe limitación legal en su solicitud y proporción, se encuentra en curso para su elaboración, por parte de la Secretaría General, de cara a su posterior publicación en la página web del Ayuntamiento de Burgos para su consulta por cualquier ciudadano. Esto implica que, necesariamente, la presente solicitud de información pública debe ser inadmitida al concurrir la causa anteriormente señalada”.

Lo curioso es que se considere que es una documentación que se encuentra en “en curso para su elaboración” cuando el propio Suárez, en el Pleno del pasado 17 de abril aseguró que ya se había deshecho de sus acciones. En ese momento, elDiario.es preguntó al Ayuntamiento si había aportado algún documento que lo acreditase. La respuesta de Suárez fue que se remitiese a la periodista al Registro Mercantil. La gestión de conocer la titularidad real de cualquier empresa está vetada a todo el que no tenga interés legítimo, o lo que es lo mismo: a quien no sea socio o administrador de la mercantil en concreto. El Ayuntamiento no aclaró entonces cómo pudo constatar que la afirmación de Suárez era cierta. Dos meses después, el documento sigue sin aparecer, y tampoco se ha actualizado la declaración de bienes.

El Ayuntamiento tampoco ha resuelto cómo se va a devolver el dinero que se pagó por contratos que eran nulos de pleno derecho, y de los que la propia alcaldesa, Cristina Ayala, culpó a los técnicos municipales y no a Suárez, de quien depende orgánicamente en su partido. Tampoco se ha explicado cómo es posible que Eventos El Espino, una empresa que se crea en 2009, empezó a recibir contratos municipales en 2023, momento en que Suárez entró como concejal en el Ayuntamiento, pero nunca antes de ese momento. Por otro lado, el mismo informe del secretario municipal que determinó -una vez que elDiario.es-desveló los contratos a la empresa de Suárez- que los contratos eran nulos, establecía que era necesario un “protocolo” para evitar reincidir, sin embargo, nada se sabe del protocolo.

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica este viernes el nombramiento de los 13 primeros cargos 'a dedo' del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. No hay novedades en este lote de personal eventual entre los que figuran técnicos y periodistas que ya formaban parte del gabinete de Presidencia.

Todos ellos fueron cesados el jueves, cuando acabó la presidencia en funciones de Mañueco, y vuelven a ser nombrados este viernes, una vez que pasa a ser presidente de la Junta tras su toma de posesión. Siguen con él por tanto, Patricia Hernández Pantoja, Dalinda Pilar Martínez Solórzano, Raquel Muñoz Díaz, Vicente Díez Llamas, Daniel Llanos García, Isabel Hernández Rozas, Francisco Javier de las Heras Álvarez, Aurelia Hernández Sánchez, Enrique Marciel Francos, Jaime Morate Martín, Susana Cañizo Calvo, Inmaculada Encinas Domínguez y José Ramón Barros Calabar.

Mañueco ha tomado posesión como presidente de la Junta de Castilla y León este jueves arropado por otros presidentes autonómicos del PP y por el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a quien ha agradecido su presencia al inicio de su discurso. “Querido presidente Mariano Rajoy, eres para mí un gran ejemplo de inteligencia política, de sabiduría y de buen hacer en momentos especialmente difíciles para España, ha dicho. Se ha dirigido a los presidentes autonómicos presentes como el de Galicia, Alfonso Rueda; de Asturias, Adrián Barbón; de Extremadura, María Guardiola; de Aragón, Jorge Azcón y de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga. ”Tenemos todos mucho que trabajar juntos para impulsar nuestras autonomías y contribuir al progreso de España“.

El discurso, bastante vacío de contenido político, ha sido sobre todo institucional: ha agradecido el pacto con Vox y ha asegurado que asume esta etapa, la tercera como presidente de Castilla y León “con satisfacción, ilusión y responsabilidad” tras comprobar que el trabajo realizado ha sido “valorado por los castellanos y leoneses”, que esperan de este gobierno autonómico “respuestas eficaces a sus problemas” algo que Mañueco asume “plenamente”. Ha hablado de responsabilidad “para cumplir puntualmente un programa de gobierno, fruto de un pacto que cuenta con gran respaldo parlamentario”. Hay que recordar que Vox rompió su anterior pacto en 2024 fruto del desacuerdo en la acogida de menores migrantes no acompañados y en el incumplimiento de compromisos adquiridos con Vox. Este nuevo programa, ha dicho lo quiere llevar “desde los valores” que asume.

 Mañueco ha recordado la presencia de “Su Santidad el Papa León XIV”. “Creo que ha de servirnos de inspiración su referencia a la Escuela de Salamanca, que cumple su quinto centenario y es una de las grandes aportaciones de nuestra tierra al conocimiento universal y al progreso de la humanidad”. Y ha mandado un mensaje al citar al Papa, posiblemente a sus socios de gobierno: “ha de servirnos de inspiración el mensaje del Santo Padre de colaboración, diálogo y concordia social, desde la pretensión de servir al bien común y recordar aquello que hace verdaderamente humana la convivencia. 

 Ha presumido de “comunidad pujante, innovadora y con unos servicios públicos excelentes”. En una comunidad que pierde jóvenes año a año, Mañueco quiere “seguir creciendo, atrayendo talento, creando empleo. Haciendo de Castilla y León un lugar de oportunidades para vivir mejor y crear una familia. Una tierra que inspire orgullo de pertenencia”.

 Además de los presidentes autonómicos, han acompañado a Mañueco la exvicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Sáenz de Santamaría y la exministra de Empleo y Seguridad Social del Gobierno de España, Fátima Báñez. No han faltado el vicepresidente primero del Senado y polémico senador por Segovia, Javier Maroto y, en representación del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, el secretario general de Cooperación Territorial Agustín Torres. Expresidentes de la Junta y de las Cortes de Castilla y León como Juan José Lucas, Juan Vicente Herrera, José Manuel Fernández Santiago y Carlos Sánchez Reyes, Instituciones propias de la Comunidad; alcaldes y presidentes de las diputaciones provinciales; rectores de las universidades de Castilla y León; representantes de los agentes económicos y sociales, así como de organizaciones profesionales y autoridades militares. No ha faltado la mujer y las hijas del Alfonso Fernández Mañueco, a quienes, emocionado, ha agradecido su apoyo.

En cuanto a los medios de comunicación acreditados para cubrir el acto de toma de posesión, hasta el momento se han contabilizado cerca de cien profesionales.

El líder del PSOE de Castilla y León Carlos Martínez, ha felicitado a Fernández Mañueco por su tercer mandato consecutivo, pero ha ironizado con el hecho de que haya jurado “con la misma mano con la que rubricó un acuerdo contrario al Estatuto y a la Constitución”. Martínez ha lamentado que el discurso haya tenido “muchas lagunas”. “Ni un solo guiño a un lenguaje inclusivo, al reconocimiento de la mujer en la sociedad ni un llamamiento al diálogo al resto de grupos parlamentarios, alguno de los cuales ni siquiera ha venido”.

Al no tener dedicación exclusiva, ha lamentado que algunos procuradores no hayan podido acudir a la sesión de este jueves. Martínez ha lamentado que Mañueco haya “despreciado prácticamente” al PSOE y a sus representantes. “Ojalá sea el comienzo real del trabajo de la Administración autonómica, porque trabajo hay más que de sobra”, ha manifestado ante los medios después de la toma de posesión.

El líder socialista ha avanzado que espera registrar en los próximos días el Proyecto de Ley de adaptación a la Ley de lucha contra la Violencia Machista para ver si este gobierno “es capaz de rubricar una Ley avalada por el trabajo del PSOE y los colectivos feministas”. También ha bromeado sobre el cambio de sitios entre Hierro y Pico: “Ya se están pegando entre ellos mismos [Vox] por un sillón”. “En este baile de la silla en el que han convertido el acuerdo de gobierno, que les ha servido para el reparto de sillones, hemos visto que algunos se han quedado sin él. Y eso se refleja incluso a la hora de ocupar los espacios en el hemiciclo”, ha comentado.

La 'pelea' entre dos procuradores de Vox por sentarse junto al líder y futuro vicepresidente de Castilla y León, Carlos Pollán, en el Pleno de investidura del pasado martes ha revuelto a las filas y a la dirección nacional hasta el punto de que en 24 horas han tomado una decisión de la que se han desdicho al día siguiente.

En el vídeo que adelantó elDiario.es podía verse a David Hierro y a José Alberto Díaz Pico discutiendo por ocupar el escaño 32. La polémica, en la que medió uno de los asesores parlamentarios del partido, se zanjó con Hierro sentado en el escaño, y tirando las cosas de Díaz Pico en la mesa de al lado. No hubo manera de moverlo.

Tras publicar el vídeo este medio, Hierro intentó restar importancia a lo ocurrido, reduciendo el rifirrafe a un “error en la asignación de escaños” ya que en día del Pleno de Constitución de las Cortes, a principios de mayo el ocupó el 32 y asegurando que “los dos” tenían razón. El caso es que Vox no acaba de aclararse con el asunto.

elDiario.es ha accedido a tres documentos que enredan aún más las cosas. Hay una asignación de escaños decidida por Vox el 29 de mayo, días antes del Pleno de investidura. En el escrito, firmado por Pollán, aparece el escaño 32 asignado a Díaz Pico y el 33 a David Hierro.

El día del Pleno, la bronca se desarrolla poco antes de las 12 de la mañana, cuando los procuradores se van a colocar en sus escaños y Hierro ocupa el 32 cuando le correspondía el 33. A las 13.14, cuando se hizo un receso en el Pleno, Carlos Pollán registra un escrito con una “corrección de errores” sobre el documento que se había presentado el día 29: el escaño 32 tiene que ser para Hierro y el 33 para Díaz Pico. Pero el miércoles, a las 10.24, Pollán registra un tercer escrito para dejar sin efecto el del día anterior, es decir, que Díaz Pico se sienta a su lado, en el escaño 32 y Hierro en el 33.

Tres mujeres denunciaron haber sido víctimas de sumisión química por parte de su profesor, Alejandro Pérez de la Sota, en una noche de cena y copas entre docentes y estudiantes de la Escuela de Práctica Jurídica de Salamanca. Una noche, en la que además se produjo un altercado en el que intervino la Policía Local, alertada por el propio Pérez de la Sota, concejal no adscrito en el Ayuntamiento, “para evitar cualquier futuro malentendido”. El profesor fue apartado el pasado martes por el Colegio de Abogados de Salamanca, tras conocerse que había sido denunciado. El PSOE, por su parte, pide al Ayuntamiento, donde Pérez de la Sota fue concejal de Vox y ahora es no adscrito, que se le retire de la actividad institucional.

En el atestado, al que ha tenido acceso elDiario.es, aparecen las denuncias de tres jóvenes, refrendadas por testigos, que permiten reconstruir lo que ocurrió entre la noche del 4 y la madrugada del 5 de junio en la que, presuntamente, Pérez de la Sota llegó a estar en la habitación de una de ellas y horas después fue “echado a patadas del taxi” en el que otra volvía a su casa.

La primera denuncia se produce el 5 de junio, sobre las once de la noche cuando han pasado menos de 24 horas de la presunta agresión, y se pone en marcha el 'protocolo de víctima de delito sexual' en el Hospital Clínico de Salamanca. Dos agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana se entrevistan con la víctima en presencia de un ginecólogo de urgencias y un médico forense. La chica, de 23 años, relató y ratificó después en la denuncia, que había estado cenando con compañeros y profesores del máster en un restaurante. A las 23.30, acompañada de una amiga y de Pérez de la Sota, se dirigió a un pub/discoteca y se sentaron en la terraza, donde pidieron unas copas. En un momento dado, ambas fueron al baño y dejaron las copas en la mesa. Cuando volvieron se unieron a varios compañeros y profesores que habían llegado al establecimiento.

“Un hombre mayor” que se confundió de habitación y fue visto por la compañera de víctima

A partir de ahí, la chica no recuerda nada de lo que pasó esa noche, el 'blanco' es de muchas horas, y sólo sabe lo que ha podido ocurrir a partir de los testimonios de sus compañeros. De hecho, ella despierta a la mañana siguiente sin sospechar nada, hasta que un compañero de clase le pregunta –el atestado no lo aclara, pero parece que fue por llamada o mensaje telefónico–si se encuentra bien, y le dice que está preocupado porque esa noche la vió salir del baño del pub “cogida de la mano de un hombre”. Desconcertada, preguntó a su compañera de piso si había visto algo raro esa noche. La respuesta fue determinante: esa noche no sólo oyó ruidos como si estuviesen “moviendo muebles”, también la oyó vomitar. Además a la habitación de la compañera de piso intentó entrar un hombre “bastante mayor” que ella y cerró la puerta rápidamente, porque posiblemente se confundió de cuarto. La chica aseguró que no había bebido en exceso y que no había consumido drogas.

Otro profesor del máster intentó sobornarlas para que no hablasen

La denuncia fue ampliada al día siguiente, para añadir que la segunda vez que había acudido al baño había escrito un WhatsApp a un compañero para que fuese a buscarla, que no recordaba nada de lo que sucedió, pero que varios compañeros la vieron salir de la mano con Pérez de la Sota a las 2.00 de la mañana y que él tenía una actitud muy cariñosa, lo que les extrañó. Pérez de la Sota regresó al local más de una hora después, a las 3.10, algo que también hizo sospechar a los compañeros porque la chica vivía a tan solo 10 minutos de allí.

Horas antes de esta ampliación, había recibido una llamada de un número que no tenía y que resultó ser el del profesor, según le dijeron los compañeros. Además, a través de ellos supo también que otro profesor, José María L.M., había estado intentando conseguir tanto su teléfono como el de otras dos amigas para “ayudarlas a aprobar” y que no trascendiese lo sucedido. elDiario.es, se ha dirigido por correo a este segundo profesor, que pertenece la Facultad de Derecho, si bien no ha recibido respuesta. Desde la Universidad de Salamanca aseguraron desconocer el caso.

Tras la primera presunta agresión, regresó e intentó acompañar a otra alumna a casa, hasta que le echó a patadas del taxi

Otra denuncia de una segunda alumna relata lo que ocurrió cuando Pérez Sota regresó al establecimiento pasadas las tres de la madrugada. Esta segunda denunciante había visto a Pérez de la Sota con la primera chica, que es su amiga, a la que cogía de la cintura. Pasadas las tres de la madrugada, cuando Pérez de la Sota regresó al pub, ella había decidido irse y así lo comunicó al varias personas del grupo, entre las que estaba el profesor.

Su intención era ir caminando hasta una parada de taxis y por el camino entregó el móvil a alguien mientras se quitaba las sandalias. Pérez de la Sota le dijo que vivía muy cerca de la parada y que la acompañaba. Una vez en la parada, la chica subió por la puerta trasera derecha y el profesor le dijo que la acompañaba e intentó subir al vehículo aunque ella se negó y él siguió intentando subir. Tanto es así, que quiso acceder por la otra puerta y ella le echó a patadas y empujones, hasta que pudo marcharse. El taxista le recomendó denunciar ese tipo de comportamientos. Al llegar a su casa e intentar pagar la carrera con su móvil se dio cuenta de que no lo tenía, por lo que el taxista la llamó desde dos números distintos, para intentar localizar el móvil, sin recibir respuesta. Volvieron al punto de partida, donde se encontró con sus amigos y varios profesores. Una de sus amigas llamó a su teléfono y respondió Pérez de la Sota, que acudió a entregarlo.

“Esta puta niñata me la va a liar”

Fue en ese momento cuando se produjo un altercado en el que se le recriminó la actitud que había tenido esa noche. “Esta puta niñata me la va a liar”, llegó a decir, según el atestado. Pérez de la Sota insistió en llamar a la Policía “para dejar constancia del estado de las personas”. Otro profesor se mostró preocupado. “Estoy harto de esta situación, llevo años viendo lo mismo y esto se tiene que acabar ya”, habría llegado a decir.

En el atestado aparece el informe de incidencia de los policías locales que acudieron tras la llamada de Pérez de la Sota. Según ellos son comisionados por una “discusión entre particulares en la parada de taxis”. Lo primero que hacen constar es que Pérez de la Sota “pudiera encontrarse bajo los efectos de las bebidas alcohólicas”, y que les contó que había salido a cenar con su grupo de alumnos del máster de abogacía, que después fueron a un establecimiento y que al acabar la fiesta acompañó a una de las chicas hasta la parada de taxis “debido al estado de embriaguez que presentaba y porque no la veía capaz de valerse por sí misma”.

Pretendía acompañarla a casa pero ella le dijo “de manera muy nerviosa que se bajase, que se iba sola”, por lo que accedió. Al llegar el profesor a su casa se dio cuenta de que tenía el móvil de la chica y regresó a la parada y se lo dio a otra de las amigas. Esta le dijo: “Te veo capaz de cualquier cosa, vete con tu puta mujer y deja en paz a mi amiga”, por lo que él decidió llamar a la Policía. “Que sepas que esto no se va a quedar así contigo”, dijo él. Un profesor que estaba presente le recriminó la amenaza.

En ese momento aseguró que no había tenido contacto físico con ella y añadió que no tenía “interés sexual” en ella, que solo quería ayudarla. La policía recuperó imágenes de cámaras de seguridad en la que se ve a profesor y alumna cogidos de la mano y que cada uno entra por una puerta al taxi, pero él acaba saliendo. A la mañana siguiente, esta segunda denunciante se despertó vomitando y vio que la cortina de su habitación estaba corrida, algo que ella nunca hace. Presentó un parte de lesiones y de exploraciones que se le realizaron en el hospital.

La tercera denunciante: un comportamiento “fuera de lo habitual”

La tercera denunciante es la chica que acudió con la primera y Pérez de la Sota a la terraza a la que más tarde se incorporaría el resto del grupo. Indicó que al salir del baño con su amiga, a las 00.00 horas, y después entrar con el resto del grupo al interior del local no recordaba nada más y que le resultó extraño perder la memoria porque nunca le había sucedido algo así. Estuvo el resto de la noche acompañada de su hermana y que esta notó que tenía un comportamiento “fuera del habitual”, “sobreexcitada”, “extremadamente locuaz” y “perdiendo en ocasiones el equilibrio” y que a pesar de haber dejado de beber estuvo otras dos horas en esa situación.

Fue acompañada por su hermana a su casa. A la mañana siguiente, al despertar, estuvo “desorientada, sin saber dónde estaba ni cómo había llegado a casa”. Además, tenía en la mano y brazo derechos marcas que no sabía cómo se había hecho“. Al hablar con la primera denunciante y con el amigo que había visto el comportamiento de ambas, se dio cuenta de que lo ocurrido no era normal. La chica aportó un informe del Hospital Clínico sobre las lesiones. Posteriormente, amplió la denuncia para añadir que un amigo vio cómo Pérez de la Sota, tras haber regresado de estar con la primera denunciante, la tenía agarrada a ella de los hombros ”diciéndole que la iba a llevar a casa“. A la mañana siguiente recibió un correo del profesor José María L.M. invitándola a tomar algo antes de irse de vacaciones. El mail se ha aportado a la denuncia. El amigo que la acompañó a hacer la ampliación asegura haber recibido a su vez un whatsapp de ese profesor para pedir el teléfono de la primera denunciante, el de la tercera y el de la chica que se enfrentó a Pérez de la Sota para ofrecerles ”facilidades para hacer los exámenes“ y para que no trascendiese lo sucedido con Pérez de la Sota y no se enfadase ”su señoría de lo Contencioso“, en referencia a una profesora que las iba a examinar. En las dos ampliaciones de denuncia se hace constar además que la pareja de Pérez de la Sota es anestesista, que tienen miedo y que solicitan medidas de protección.

Pérez de la Sota lo niega todo

Este diario contactó con Alejandro Pérez de la Sota, que declarará en el juzgado el día 16, para conocer su versión. El docente facilitó un comunicado en el que asegura desconoce los hechos de los que se le acusa y de los delitos que se le imputan porque no ha recibido copia de la denuncia ni ha podido acceder a las actuaciones. “La única información de la que tengo conocimiento es la obtenida con la lectura de los medios de comunicación, al mismo tiempo que toda la ciudadanía”, dice. Así, le es “imposible” realizar “manifestación, argumentación o defensa pública alguna, cuando ni siquiera ha habido posibilidad de realizar la defensa inicial y principal en el Juzgado”. Añade que las acciones, manifestaciones y actuaciones que se están realizando contra él “carecen del más mínimo respeto a la presunción de inocencia y al derecho al honor” tanto de él como de su familia “rompiendo todos los principios constitucionales, y trasladando información a través de los medios de comunicación para generar un proceso paralelo y sumarísimo que parece planeado” para destruir su imagen pública y su propia persona, antes incluso de que haya podido realizar cualquier defensa en el ámbito judicial.

Critica además por “vergonzoso” el “uso y actuación política que algunos pretenden hacer de algo que ni siquiera se ha concretado en forma legal, demostrando que están dispuestos al asesinato civil del adversario para encubrir las enormes responsabilidades de su propio partido”. “En caso de que se me faciliten las acusaciones que se afirman haber realizado contra mí, no solo ejercitaré mi derecho de defensa ante la Administración de Justicia, sino que también podré dar las explicaciones públicas que puedan corresponder. Expreso mi máximo respeto, como no puede ser de otro modo, por toda persona y por sus derechos fundamentales, los cuales nunca he atacado ni vulnerado en ninguna forma; así como por la Administración de Justicia y por sus mecanismos legales, ante los que compareceré al ser requerido para ello, y ejerceré mi más leal, solvente y legítimo derecho de defensa”. Por último, agradece las “innumerables muestras de confianza, ánimo y apoyo” que está recibiendo. “Todos estos mensajes, junto a la firmeza de mi Familia y a mi confianza absoluta en que los hechos se esclarezcan por completo lo antes posible, actualmente son mi mayor fortaleza para afrontar una situación totalmente injusta para mí”, finaliza.

El candidato del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, ha sido investido presidente de la Junta de Castilla y León por tercera vez. Vox ha sumado sus 14 votos a los 33 del PP para facilitar la mayoría absoluta, fijada en 42 procuradores. Por segunda vez, el PP y Vox gobiernan en esta Comunidad, como en 2022, si bien en 2024 el partido de Abascal dejó el gobierno. La oposición, formado por PSOE, Soria Ya, Unión del Pueblo Leonés y Por Ávila, ha votado en contra.

En su discurso, Mañueco ha asegurado que “con la investidura parlamentaria se formaliza un auténtico ”contrato de Legislatura“ y se dota al futuro gobierno de una legitimidad directa que le vincula con la voluntad expresada por nuestro pueblo”. El líder 'popular' ha adelantado además una legislatura de oposición al Gobierno central. “Con semejante ejemplo- ha dicho sobre este-, no resulta extraña esa oscura imagen de la política que se extiende en nuestra sociedad, viéndola sólo como una fuente de ruido, frases vacías o gestos sin trascendencia”. Así, ha afirmado que “el relato prima sobre los argumentos, la democracia se reduce a demoscopia y la propaganda sustituye a la razón”.

No ha faltado una referencia a la corrupción, la de los demás: Mañueco quiere “evitar que se normalice la degradación que hoy vemos en la vida política española” y se compromete a que España “no se acostumbre a incompetencia, a la corrupción y a la mentira”.

De “no se puede tirar seres humanos al mar” a “arraigo verificable”, el giro xenófobo de Mañueco

Como era de esperar, ha hablado de la “prioridad nacional”, buque insignia del programa de Vox que Mañueco tiene que admitir: “Nos hemos comprometido, inspirados en el llamado principio de ”prioridad nacional“, a establecer una asignación justa de los recursos públicos en función del arraigo real y verificable de sus beneficiarios con nuestra tierra”, ha dicho. Según él, si se prescinde de “demagogias interesadas” es “algo fácil de entender”. Para recibir prestaciones hay acreditar, “sea cual sea la procedencia, ”una vinculación legal, efectiva y estable con Castilla y León“. Así ha justificado, pero sin mencionarlo directamente, que los migrantes tengan que acreditar un número determinado de años de residencia para acceder a una vivienda protegida bien en venta, bien en alquiler, como ha pactado con Vox. Ese punto, a priori, que parece fuera de la Constitución, ha querido disfrazarlo de verificación. Ha matizado que se acatará ”de manera escrupulosa lo que dicen las leyes. La Constitución, el ordenamiento jurídico y el Estatuto de Autonomía“.

Mañueco ha dicho que se les prestarán “de manera general los servicios públicos esenciales como sanidad, educación, servicios sociales, dependencia y transporte público en autobús” y que se excluirá “cualquier tipo de limitación o de retroceso en los derechos ya consolidados”. “Que nadie busque confundir ni se rasgue las vestiduras de forma interesada” ha pedido. Son criterios, dice que “se vienen aplicando en muy diferentes ámbitos, en todos los territorios de España, desde hace ya mucho tiempo y por administraciones de muy distinto signo”.

De esa inmigración a la que se pretende discriminar, ha dicho que “Castilla y León tiene en la inmigración legal y ordenada una fuente de progreso” por lo que “siempre serán bien recibidos· y tendrán apoyo ”cuantos quieran venir a contribuir con su trabajo, esfuerzo y compromiso personal a la prosperidad común“. Así, ha aprovechado para referirse a las ”políticas fracasadas del Gobierno de España en materia de inmigración, que se mueven entre la improvisación, el oportunismo y la imposición, dificultan avances sociales en este sentido“.

Por supuesto, Mañueco ha pactado ese marcaje a los inmigrantes a pesar de que en el primer debate electoral espetó al que ahora va a ser su vicepresidente “al que venga a trabajar y respetar la ley, sin problema, no puede haber papeles para todos, pero no se puede tirar seres humanos al mar, que es lo que a usted le gustaría”. Esa frase parecía haber enfadado a Vox hasta el punto de que exigió disculpas y volvió a hacerlo en el segundo debate. Mañueco nunca se disculpó, pero un pacto de gobierno, parece, ha hecho contemporizar a Carlos Pollán.

Pero, si ha acusado al gobierno central de políticas fallidas de inmigración, se ha atribuido directamente el crecimiento económico. “Es innegable que nuestra Comunidad ha vivido en estos años una etapa de crecimiento y dinamismo económico, creación de empleo, aumento de los derechos sociales, refuerzo de los servicios públicos y repunte poblacional, que han de ser base y referente para seguir avanzando. Nuestra economía crece por encima de la media nacional, impulsada principalmente por la industria y por los servicios, con un aumento del PIB superior al 13% en la última legislatura. Hemos alcanzado cifras históricas de empleo, con más personas que nunca trabajando en Castilla y León”, ha recordado.

En su lista de cesiones a Vox está el Pacto Verde, o más bien la lucha contra él, y no lo ha olvidado en su discurso. “Vamos a suprimir, mantener eliminadas o reformar aquellas cargas y tasas autonómicas derivadas del Pacto Verde que resulten perjudiciales para el sector productivo, para aliviar la presión fiscal y favorecer su competitividad”, ha dicho.

El Colegio de Abogados de Salamanca ha apartado de las prácticas y la actividad docente al concejal no adscrito del Ayuntamiento que anteriormente perteneció a Vox, Alejandro Pérez de la Sota, tras ser denunciado por dos mujeres de Máster de Acceso a la Abogacía y a la Procura por una presunta sumisión química.

Tal y como explica el decano, Miguel del Castillo Alonso, en un mail al que ha tenido acceso elDiario.es, la decisión se ha tomado este martes al conocerse las denuncias. La Junta de Gobierno, dice, quiere trasladar su “máxima preocupación” por los hechos denunciados y el “apoyo total” a las personas afectadas. Así, la Junta adoptó “medidas inmediatas” para garantizar la seguridad, la protección y el acompañamiento de las alumnas así como el normal desarrollo de la actividad académica.

“Con carácter preventivo”, “sin prejuzgar los hechos” y “respetando la presunción de inocencia”, en Junta de Gobierno Extraordinaria celebrada el pasado lunes, se decidió “apartar temporalmente al profesor de la actividad docente y de prácticas externas en tanto se esclarecen los hechos denunciados.

Los hechos, presuntamente ocurrieron en un establecimiento de ocio donde se celebraba una cena de la Escuela de Práctica Jurídica, en la que en un momento dado una de las participantes, abandonó el lugar en compañía de Pérez de la Sota para ir a su casa y donde fueron vistos por una compañera de piso. La denunciante no recuerda nada. Pérez de la Sota regresó a la cena, donde se encontraba la segunda mujer que lo ha denunciado, según ha publicado Salamanca24horas.

Las dos mujeres han declarado este martes por la mañana ante el juzgado que está de guardia en Salamanca, según han informado a EFE fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL). El Tribunal de Instancia de Salamanca, sección instrucción plaza 3, en funciones de guardia, ha tomado declaración a las dos mujeres en el marco de la investigación abierta tras presentarse ambas en el hospital el pasado fin de semana y abrirse el consiguiente protocolo ante posible sumisión química.

Las dos mujeres se sintieron mal después de haber estado con el concejal y no recuerdan lo que ocurrió en una parte de la noche, aunque una de ellas ha declarado que el edil la acompañó a casa, según han indicado a EFE otras fuentes conocedoras del caso, que han añadido que los primeros análisis practicados no han detectado sustancias. Consultado por EFE, el entorno del concejal y abogado, ha manifestado que él aún no ha recibido ninguna denuncia y que no podrá hablar hasta que no conozca los hechos denunciados.

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca ha exigido explicaciones públicas e inmediatas a Pérez de la Sota. La formación socialista ha manifestado su profunda preocupación y ha reiterado su apoyo absoluto a las posibles víctimas, cuya declaración en los Juzgados está prevista para este martes.

Los socialistas han subrayado que la ejemplaridad en la vida pública y la transparencia deben ser “principios irrenunciables para cualquier representante institucional”, por lo que han reclamado al edil del Grupo Mixto “una explicación clara, responsable y acorde con la relevancia” de su cargo.

El PSOE lamenta el silencio del concejal, “incompatible con la exigencia de transparencia”

La portavoz socialista, María Sánchez, ha reivindicado el derecho a la presunción de inocencia mientras se desarrollan las posibles diligencias judiciales, aunque ha lamentado que el silencio del concejal resulte “incompatible con la exigencia de transparencia que debe regir la actuación de cualquier cargo público”.

El PSOE considera que, ante la gravedad de los hechos denunciados y la relevancia pública del cargo que ocupa, el concejal debe ofrecer explicaciones claras a la ciudadanía y detallar las circunstancias que han dado lugar a la apertura de este procedimiento. Sin embargo, ha advertido que exigirá la dimisión de Pérez de la Sota si la investigación judicial avanza.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo (PP), ha pedido una manifestación pública aclaratoria del concejal, que entró en el Ayuntamiento en 2023 por Vox, y ha explicado que ha mantenido una llamada personal con él en la que éste le “ha negado tajantemente las acusaciones vertidas contra él”.

Vox expulsó a Pérez de la Sota después de que él y otro concejal críticos expulsaran a Ignacio Rivas a principios de 2025, cuando, le retiraron la portavocía y despidieron a dos asesores en contra de la dirección provincial y nacional. Desde entonces, Pérez de la Sota, abogado, permanece en el Consistorio como concejal no adscrito, aunque está entre los impulsores de Avanza en Libertad Castilla y León, una formación conformada por exmiembros de Vox en la comunidad. Además, ha mostrado su apoyo a la formación Se Acabó La Fiesta, que preside Alvise Pérez y que también acogió a algunos de estos representantes para sus listas en las elecciones autonómicas.

Izquierda Unida, que se quedó sin representación municipal en las elecciones de 2023, ha pedido directamente la dimisión del concejal a través de un comunicado, al considerar que las acusaciones “son suficientemente graves” al tratarse de “una forma de violencia contra la mujer”.

El Partido Popular se ha entregado a Vox en Castilla y León. El pacto conocido este miércoles deja en manos de Vox toda la carga ideológica de la Junta. El cambio respecto al acuerdo de 2022, momento en que la extrema derecha entraba por primera vez en un gobierno autonómico, es de peso, y se puede interpretar en su literalidad. Hace cuatro años Alfonso Fernández Mañueco (PP) y Juan García-Gallardo (Vox) firmaron un pacto de cuatro páginas, 11 ejes de gobierno y 32 acciones. La mayor parte del documento abundaba en generalidades que quedaron prácticamente en nada. Fue un pacto a regañadientes porque Mañueco esperaba mejores resultados. El de 2026, con 62 páginas, 19 ejes y 324 medidas con plazos establecidos, deja claro que los de Abascal no están dispuestos a un nuevo brindis al sol.

Sin entrar en las medidas, los de Vox, con un escaño más (14) que en 2022 le han sacado partido. Si hace cuatro años negociaron la presidencia del Parlamento, una vicepresidencia y tres consejerías, esta vez renuncian a la presidencia del Parlamento, una decisión que no entienden en las filas, pero se hacen con la vicepresidencia primera de las dos que habrá esta legislatura, la de Vox llevará aparejada una consejería, pero no se sabe cuál. La segunda es para el PP, y se ha reservado las competencias de Vivienda y Ordenación del Territorio, Igualdad de Oportunidades, Despoblación y Protección Civil. Esta vicepresidencia tan heterogénea se explica por las exigencias de Vox, que no solo impone la creación de una nueva consejería, sino que extrae competencias de otras del PP. Así, el PP seguirá teniendo la Consejería de Presidencia, la de Economía y Hacienda, una Consejería de Empleo, Industria, Universidades y Comercio, la de Medio Ambiente y Energía (se incorpora esa segunda área), Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial (otra área que se crea), Sanidad y Bienestar Social (esta última sale de Familia) y Educación. La ampliación o cambios en las áreas de las consejerías viene motivada también por lo que quería Vox.

Vox se queda con Familia y Ayudas sociales para llevar a cabo sus políticas xenófobas

El partido de Abascal liderará una nueva consejería, la de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. El ámbito de acción de la Desregulación es la rebaja normativa. Pero además asume la antigua Consejería de Familia, si bien la parte de Bienestar Social se la queda el PP, y el área de Ayudas Sociales. Para Vox eran vitales esos dos departamentos para llevar a cabo su política xenófoba denominada eufemísticamente “prioridad nacional” y definida por el “los españoles primero”. Como en la anterior legislatura, se quedan con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, estas dos últimas áreas se incorporan ahora y salen de Medio Ambiente. Vox no quiere gestionar incendios, pero sí medidas anti ecologistas y Agenda 2030. Está por ver cómo funcionan esas divisiones sin generar un choque. Por último, Vox volverá a estar al frente de Cultura, Turismo y Deporte.

Copia y pega de medidas que superan el ámbito autonómico

Entrando de lleno en el acuerdo, es un documento denso, pero con pocas novedades respecto a los que han firmado Vox y PP en Extremadura y Aragón. De hecho, parece que en la mayoría de las medidas se ha hecho con copia y pega. No sólo eso, es que son medidas de difícil puesta en marcha puesto que exceden las competencias autonómicas. Es el caso de la “prioridad nacional” con el mismo texto para las tres comunidades y que impone entre otras cosas que el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones a quienes tengan un “arraigo real, duradero y verificable”. Para ello insta, entre otras medidas, a modificar la Ley Orgánica 4/2000, algo que debe abordar el gobierno central. Esta es una medida que debe ponerse en marcha “desde el arranque del gobierno”.

Otra coincidencia con Aragón y Extremadura es la “aplicación firme del desahucio exprés y refuerzo de la protección a las víctimas”, que pretende exigir la “legislación vigente que permite el desahucio inmediato de ocupas ilegales, conforme a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil”. En este caso el plazo es “antes del fin de 2026”. Entre las medidas xenófobas está también el “Plan de retorno y repatriación de inmigración ilegal” y que marca que la Junta trabajará activamente por devolver a los menores no acompañados a sus países de origen. “Para ello, en el ejercicio de sus limitadas competencias en materia de relaciones internacionales (artículo 35.2 de Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social), promoverá acuerdos con los países de origen, que faciliten y agilicen las repatriaciones y retornos efectivos de los menores con sus padres”, el plazo es desde el arranque del gobierno. Para verificar la edad de los inmigrantes “ilegales” habrá una dotación presupuestaria destinada a la realización de pruebas de determinación de edad. “Estas pruebas se aplicarán para evitar fraudes en la condición de menor y el colapso de los servicios”, dice el texto. Este miércoles hemos visto en Aragón un ejemplo de estas nuevas políticas: pruebas de edad a niñas migrantes de nueve años.

Echar a los migrantes y dar 5.000 euros a los castellanos y leoneses que retornen del extranjero

Las medidas que afectan a los migrantes, y son unas cuantas, se despacharon en apenas dos líneas en el acuerdo de 2022, era la última medida y decía: “Promoveremos una inmigración ordenada que, desde la integración cultural, económica y social, y en contra de las mafias ilegales, contribuya al futuro de Castilla y León”. Nada más. Pero en el actual acuerdo, no sólo pretenden cuestionar la edad de los menores no acompañados, que llegarían a Castilla y León ya con las pruebas hechas, repatriarlos llegando a acuerdos con sus países de origen que ya se antojan complicados, es que además hay una medida de “supresión total de subvenciones a ONGs que favorezcan la inmigración ilegal”. El texto dice que se suprimirán todas las subvenciones, ayudas, convenios y conciertos con ONG u otras entidades “que participen directa o indirectamente en la promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal, o que actúen como cooperadores necesarios de las mafias de tráfico de personas”. “La Junta de Castilla y León no destinará ni un solo euro público a estructuras que incentiven el efecto llamada”, en este caso el plazo comenzará cuando haya un primer presupuesto, esto es en 2027.

Mientras que la Junta de Castilla y León pretende expulsar migrantes y castigar a las oenegés que los ayudan, quiere que los castellanos y leoneses que se han ido, vuelvan. “Consolidaremos emprendimiento el programa y contratación ”Volver a Castilla por cuenta ajena dirigido y León“ de promoción a los castellanos y leoneses residentes en el exterior para que regresen a trabajar a la Comunidad concediendo de 5.000 euros tanto a los retornados que emprendan un negocio en la Comunidad las empresas de nuestra tierra que los contraten por cuenta ajena”, dice una de las medidas.

Vox impone además una “auditoría anual de todos los gastos vinculados a la inmigración masiva” para ·“garantizar el mínimo desembolso de acuerdo con el marco legal vigente”, la auditoría será anual y se hará pública.

Como era de esperar, Vox también ha introducido en Castilla y León la medida para eliminar el “burka”, un atuendo que raramente se ve. “La Junta de Castilla y León prohibirá el uso del burka y nicab y de cualquier prenda similar” que oculte completamente el rostro en lugares públicos.

A vueltas con la Sanidad Animal

Una medida que no aparece en los acuerdos de otras comunidades es la de “Mejora de la sanidad animal”. Contempla una “adecuada previsión frente a enfermedades animales como la tuberculosis bovina o enfermedades emergentes” que garantiza la vacunación gratuita frente a enfermedades emergentes. Además, pretenden exigir al gobierno central “la actualización de las tablas de indemnizaciones y el pago inmediato de las mismas”. Se desarrollarán “nuevos protocolos de actuación que determinen y adecuen el alcance de los cambios introducidos por la Ley 6/2024, de 17 de junio, de modificación de la Ley 6/1994, de 19 de mayo, de Sanidad Animal de Castilla y León”.

Esta medida viene por uno de los mayores fracasos de Vox en Castilla y León, cuando en 2023, el consejero de Ganadería decidió relajar las medidas contra la tuberculosis bovina. La situación se volvió crítica cuando el ministerio del ramo dictó orden de inmovilizar ganado en Castilla y León, y las pérdidas fueron millonarias en el sector. Los ánimos se caldearon tanto que los ganaderos asediaron la sede de la Junta en Salamanca, causaron destrozos e hirieron a Policías.

El término 'violencia de género' no aparece y las políticas de igualdad tampoco

Otra medida que no está en otras comunidades es la de la Ley de Concordia, que empezó a tramitarse en la legislatura anterior y se quedó en un cajón cuando Vox dejó el gobierno. El proyecto de ley que no recuperan es el de la Ley de Violencia de Género que se acordó en el pacto de 2022 y nunca vio la luz. Tampoco lo hará en esta legislatura. En el pacto no aparecen políticas contra la violencia de género, de hecho, no aparece el término, tan solo el de “violencia sobre la mujer” y no demasiadas veces: una para hablar de aplazamiento del pago de tributos a mujeres víctimas de violencia y en la parte que habla de tipos reducidos en impuesto patrimonial para la adquisición de la primera vivienda. Tampoco aparecen las políticas de igualdad, aunque es una de las áreas desgajadas de Familia que se queda el PP.

Las infraestructuras: medidas sin efectividad porque son peticiones al gobierno central

El apartado de infraestructuras roza el surrealismo, porque hace un listado de lo que exige al gobierno central y que pasa por acabar autovías pendientes como las A‑11, A‑12, A‑15, A‑40, A‑60, A‑73 y A‑76, convertir en autovías la N‑234 (Burgos–Soria–Calatayud) y N‑610 (Palencia–Benavente) e incluso actuaciones ya previstas y licitadas como es el caso del tercer carril en la A-62. También hay peticiones deinfraestructurass ferroviarias, como un Corredor Atlántico para el que en la pasada legislatura, la Junta llegó a contratar a un “delegado”, el expresidente de las Cortes por Ciudadanos, Luis Fuentes. Poco se sabe de su cometido y de los hitos alcanzados.

Se pide además reabrir rutas como la Ruta de la Plata (Plasencia–Salamanca–Zamora–Benavente–Astorga), Madrid–Aranda–Burgos y Soria-Castejón. Caen también las peticiones de más plazas y frecuencias de Avant, lanzaderas AVE para algunas estaciones, declaraciones de líneas de Obligación de Servicio Público... pero compromisos de la Junta, pocos más allá de finalizar algunos planes territoriales de fomento.

Hay muchas medidas que claramente vienen del Partido Popular, estaban en el programa: un presupuesto de 10 millones de euros para sustituir bañeras por platos de ducha en viviendas de personas mayores, en principio sin límite renta, una deducción en el IRPF del 30% que se gaste en actividades saludables como gimnasios con un límite de 150 euros año, ayudas de hasta 900 euros para jóvenes en el carnet de conducir... y los famosos impuestos cero: cuota cero para nuevos autónomos los primeros 24 meses, política fiscal de impuestos cero en el medio rural para la transmisión de propiedades, vivienda habitual, explotaciones, compra de locales o impuestos cero para las transmisiones patrimoniales en el medio rural. En definitiva, el acuerdo aprieta las tuercas a Mañueco, busca el enfrentamiento con el gobierno central y pone sobre la mesa las debilidades de la legislatura que empieza en breve.

El Partido Popular y Vox han llegado a un acuerdo después de más de dos meses de negociaciones. Tal y como han anunciado este miércoles en una rueda de prensa en las Cortes de Castilla y León, el hasta ahora presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco (PP) estará al frente de un gobierno de coalición con Vox en el que la extrema derecha tendrá, como en 2022 la vicepresidencia de la Junta y tres consejerías. Una de ellas será de nueva creación (como en Extremadura y Aragón), la de Desregulación. Vox volverá a tener las de Agricultura y Ganadería y Cultura, Turismo y Deporte y algunas competencias que se trocean de las siete consejerías que asume el PP.

Mañueco ha avanzado que se trata de un acuerdo “amplio”, con 19 ejes y 324 medidas y 62 hojas, que ofrece estabilidad a Castilla y León y que es para cuatro años. “Yo creo que hoy es un día bueno para Castilla y León. Hemos alcanzado un acuerdo de gobierno que responde al resultado de las urnas y a la voluntad expresada por todas las personas de Castilla y León el 15 de marzo. Es un acuerdo de gobierno que ofrece estabilidad a nuestra tierra y es un acuerdo de gobierno para cuatro años. Es un acuerdo de gobierno que busca el crecimiento económico y la creación de empleo, que busca también el fortalecimiento de los servicios públicos, el apoyo a los jóvenes, a los mayores, a las familias de nuestra comunidad autónoma, que tiene un compromiso claro con el campo, con los agricultores y ganaderos. En fin, como ya he dicho, un acuerdo de gobierno amplio y extenso que toca todos los sectores y prácticamente todos los temas”, ha dicho.

El gobierno estará conformado por 11 integrantes, tres de Vox, más un vicepresidente, y seis consejeros del PP y una vicepresidencia.

Carlos Pollán, que será el vicepresidente primero, ha agradecido “la paciencia y la comprensión (de Mañueco) durante la negociación. ”Va a suponer un impulso definitivo a las políticas de la Junta de Castilla y León y para los ciudadanos. Agradezco su predisposición al diálogo, fluido, por haber entendido el mandato de las urnas“, ha dicho. ”Por supuesto, como ya entiendo que me lo van a preguntar después, pues habrá prioridad nacional en las ayudas a la vivienda y en las ayudas sociales y un trabajo importante de fiscalidad para las familias y para los jóvenes y para el mundo rural en Castilla y León“, ha avanzado. La prioridad nacional ha concretado después, pasan por ”un rechazo y un plan de choque contra las políticas migratorias de Pedro Sánchez y muchas acciones que van a ser importantes para los ciudadanos de Castilla y León“. Así, se ha referido a un plan de vivienda ”muy detallado y que va a facilitar la vida a muchos, a muchas personas de Castilla y León“. Ha añadido que es un acuerdo con ”muchas horas de trabajo“ que ha agradecido también a la secretaria general adjunta Montserrat Lluis, y portavoces nacionales José María Figaredo y Carlos Quero.

“El mismo texto que en Extremadura y Aragón”

Mañueco ha intentado justificar la “prioridad nacional” diciendo que es el “mismo texto que en Extremadura y Aragón” y que trata de “una asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes tienen un arraigo real, verificable, efectivo” y siempre “dentro del marco del ordenamiento jurídico y del marco legal”, y asumiendo esa prioridad nacional como “criterio inspirador”.

Entrando a la conformación del Gobierno, Mañueco ha explicado que habrá dos vicepresidencias y que la primera será para Vox. Aunque lleva aparejada una consejería no se ha decidido aún cuál. La segunda será para el Partido Popular y tendrá competencias de Vivienda y Ordenación del territorio, Igualdad de oportunidades y Despoblación y protección civil. El PP tendrá también la Consejería de Presidencia, la Consejería de Economía y Hacienda, la Consejería de Industria, Empleo, Universidades y Comercio. Vox tendrá una Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas sociales. Sanidad seguirá en manos del PP, igual que Educación, mientras que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, corresponderá a VOX y la de Medio Ambiente y Energía corresponderá al Partido Popular y la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte a VOX. Aunque olvidó mencionarlo en rueda de prensa, el PP tendrá una Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial. En definitiva, se trocean varias consejerías para que Vox cumpla con un programa contra los migrantes o la agenda 2030.

La anterior legislatura con Vox en el gobierno fue un fracaso total porque apenas lograron que se cumpliese alguna de las medidas que se plasmaron en un acuerdo muy general. Atrás quedaron una Ley de Violencia Intrafamiliar que se tramitó pero no vio la luz, las medidas antiaborto que se presentaron en una rueda de prensa y que hubo que cancelar, o la Ley de Concordia. Carlos Pollán ha asegurado fiarse de Mañueco. “Por eso estamos aquí y por eso hemos ido medida a medida”.

El Partido Popular y Vox firmarán a las 12.00 su pacto de gobierno en Castilla y León, después de casi tres meses de negociación. Las negociaciones, de las que no han trascendido fechas ni temas tratados, se aceleraron la semana pasada y se finiquitaron ayer, momento en el que el PP nacional fue consciente de que no había opción real a una moción de censura contra Pedro Sánchez.

La normativa de Castilla y León no establece plazos para celebrar un debate de investidura aun con el candidato designado y Alfonso Fernández Mañueco se agarraba a ese vacío legal para retrasarla lo que fuese necesario y a expensas de unas hipotéticas elecciones generales.

[Actualización: Mañueco también acata la 'prioridad nacional' y da a Vox una vicepresidencia y tres consejerías en Castilla y León]

Los números de Mañueco son los peores de las autonómicas que se han celebrado en los últimos meses: En Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla tiene 27,7 puntos más que la ultraderecha; en Extremadura, María Guardiola sacó 26,2 puntos de ventaja, en Aragón, Jorge Azcón superó a la extrema derecha en 16,38 puntos y Mañueco no pasó de los 16,05 puntos.

El martes todo cambió y ambos partidos se emplazaron a una última reunión, esta vez por videoconferencia para cerrar un acuerdo de gobierno de coalición.

Según ha podido saber elDiario.es la “prioridad nacional” no ha supuesto un desencuentro entre los dos partidos a la hora de cerrar el pacto. En 2022 Alfonso Fernández Mañueco ya defendió una “inmigración ordenada”, término que no supo explicar en una rueda de prensa.

La negociación, cuentan fuentes de Vox, ha sido “medida a medida” y con compromiso de plazos para que esta vez el PP no aparque sus compromisos con extrema derecha tal y como ocurrió en la anterior legislatura. Siguiendo el programa de Vox, parece claro que sus medidas pasan por la “prioridad nacional”, el bloqueo de acogida de menores no acompañados, la ley de violencia intrafamiliar o una vez más, el boicot a los sindicatos reduciendo o eliminando subvenciones.

En cuanto a las consejerías, es de esperar que Vox pida una vez más Agricultura y Ganadería, posiblemente Familia, un departamento que en 2022 Mañueco casi le cedió, y Cultura y/o Educación. También podría desgajarse Medio Ambiente, un área que Vox ha ocupado en otros gobiernos autonómicos como el de Extremadura. Además, se da por hecha la vicepresidencia, esta vez con cartera para Carlos Pollán, que ya ha insinuado que le gustaría ocuparse de Deportes, una parte que habría que sacar de Cultura.

El alcalde de Santa Gadea del Cid, Jorge Ortiz (PP) elude responder si los negocios del concejal, presidente de la Diputación de Burgos y presidente del PP provincial, Borja Suárez, vinculados a dos mercantiles El Granero de San Francisco SL y Eventos El Espino SL tienen licencias de actividad y apertura. Tal y como reveló este diario, Suárez compatibilizó su actividad de concejal con los negocios de cáterin que tenía y que empezaron a recibir contratos municipales cuando él aterrizó en el Ayuntamiento. Un informe del secretario municipal a raíz de publicarse el caso concluyó que Suárez debió elegir entre el acta o los negocios y declaró nulos todos los contratos, si bien ahora se estudia si hay que devolver el dinero que se pagó cuando había una prohibición para contratar.

eElDiario.es solicitó las pertinentes licencias de los negocios de Suárez, con sede en Santa Gadea del Cid, a través del portal de Transparencia del Consistorio el pasado 14 de abril. Transcurrido el plazo legal máximo de un mes, el Ayuntamiento no facilitó los documentos y no comunicó la prórroga.

Tras una conversación con Ortiz, este aseguró que estaban “en plazo” y que se contestaría, y se negó a responder si existen las licencias. “Yo lo único que te puedo decir es que soy un alcalde que no tengo sueldo y lo único que hago es trabajar para Santa Gadea. La documentación la está llevando el secretario municipal y la estamos preparando. Se te va a dar respuesta más tarde o más temprano porque es la capacidad que tenemos”, dijo el día en que vencía el plazo. “Lo fácil sería no responder o bloquearte, pero me gusta dar la cara, y me dice el secretario que se te va a responder”, dijo sin explicar si hay o no hay licencias. “Yo sólo sé que trabajo por Santa Gadea”, insistió.

Al día siguiente sí llegó una respuesta a medias. Se notificó que “dado que se considera que la información solicitada puede afectar a intereses o derechos de terceros” , el 7 de mayo se procedió a “comunicar un plazo de quince días con el objeto de que estos puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas” por lo que se suspendía el plazo para resolver “hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación”. Sin embargo, agotado el plazo, el Ayuntamiento no ha respondido. De hecho, el Ortiz procedió a bloquear a la periodista en WhatsApp y no ha respondido a las llamadas.

Las licencias municipales de actividad y apertura son documentos que conceden los Ayuntamientos y que garantizan que los locales donde se desarrollan actividades comerciales, industriales o de servicios, cumplen las normativas de urbanismo, salubridad y seguridad. Son indispensables para operar de forma legal. Además, en la mayoría de los casos, los bares y restaurantes deben tener a la vista la licencia de actividad, por lo que no se estaría vulnerando derechos de terceros por solicitarla.

Eventos El Espino tiene su negocio principal en el Monasterio de El Espino, donde hay varios espacios para celebrar bodas o encuentros familiares o empresariales. Según explican en su web, por un lado, está '1435' que corresponde a la construcción original del edificio y junto a su imponente Iglesia, lo conforman el Patio de San Alfonso con sus jardines, el Claustro con su patio acristalado donde se ubica el comedor principal y un total de 38 habitaciones. “La inmensa balconada ajardinada con vistas a la campiña en la parte trasera del Monasterio, es el lugar perfecto para el cóctel”, informan. El otro espacio es 'La Quinta', un patio junto al monasterio donde también se celebran bodas.

Por otro lado, está el Granero de San Francisco, un granero de madera de tipo americano que también se emplea para bodas, encuentros y conciertos. Cuenta incluso con una destilería para elaborar aceite esencial de lavanda y una tienda con productos elaborados a partir de ese aceite como jabones o ambientadores.

Mientras PP y Vox siguen con negociaciones secretas para su gobierno de coalición, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, calificó este lunes de “felonía” la “venta” de los intereses de la ciudadanía de Castilla y León y el “reparto de sillones” entre el presidente en funciones de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco y la extrema derecha. Lo hace cuando ya han transcurrido más de dos meses desde las elecciones autonómicas sin que se haya firmado un pacto de gobierno ni se haya fijado un plazo para el debate de investidura.

A la espera de saber si habrá acuerdo definitivo de gobierno entre PP y Vox, Martínez se mostró crítico porque el Ejecutivo autonómico lleva seis meses, desde que se disolvieron las Cortes de Castilla y León, “sin rendir cuentas” ante el Parlamento autonómico, seis meses sin “presidente que dé la cara” y seis meses con un presiente “dormitando”.

También señaló que las elecciones tuvieron lugar hace ya dos meses y medio con un gobierno en funciones “sin asumir ningún tipo de responsabilidad”. Por eso, mostró su deseo de saber en breve la fecha del debate de investidura, pero sobre todo de conocer la “letra pequeña” del acuerdo entre PP y Vox y que haya “luz y taquígrafos”.

“Más que Castilla y León, parece que se repartirán los sillones del Ejecutivo. Veremos si, además, no se llevarán por delante muchos de los objetivos para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la libertad sindical y de los derechos de las trabajadoras y trabajadores”, sostuvo Martínez desde Soria.

Aunque varios medios han asegurado que el acuerdo ya se ha cerrado, fuentes de Vox aseguran a elDiario.es que se sigue negociando el programa de manera milimétrica y que por eso no han entrado aún en el reparto de áreas de actuación de cada partido y cúales serán sus respectivas consejerías.

Las negociaciones para lograr un acuerdo entre PP y Vox en Castilla y León avanzan tan lentamente que parecen estancadas. Transcurridos más de dos meses desde las elecciones los dos partidos han sido incapaces de conformar un organigrama de gobierno. “No se han repartido ni las consejerías”, aseguran fuentes de Vox.

En el partido de extrema derecha el mando lo lleva la actual secretaria general adjunta y vicesecretaria nacional de Acción de Gobierno y Coordinación Parlamentaria, Montserrat Lluis, que fue dircom B en la pasada legislatura y que ha acumulado poder casi ilimitado en Bambú. Tanto es así que en las últimas reuniones no ha habido representación del grupo parlamentario y no trascienden apenas los términos de una negociación que se está alargando. Lo que sí precisan fuentes del partido de Abascal es que la “prioridad nacional” se aborda sin problemas, no es un escollo. No es de extrañar si se tiene en cuenta que en 2022 Alfonso Fernández Mañueco se tiró de cabeza a defender una “inmigración ordenada”, término que no supo explicar en una rueda de prensa.

Con una negociación “medida a medida” y con compromiso de plazos, porque en la anterior legislatura los de Vox vieron cómo el PP jugaba con sus propuestas ralentizando, en el caso de las leyes su tramitación, o renunciando a medidas que se presentaban en rueda de prensa como las antiaborto que acabaron desapareciendo de la agenda. Siguiendo el programa de Vox, parece claro que sus medidas pasan por la “prioridad nacional”, el bloqueo de acogida de menores no acompañados, la ley de violencia intrafamiliar o una vez más, el boicot a los sindicatos reduciendo o eliminando subvenciones.

En cuanto a las consejerías, es de esperar que Vox pida una vez más Agricultura y Ganadería, posiblemente Familia, un departamento que en 2022 Mañueco casi le cedió, y Cultura y/o Educación. También podría desgajarse Medio Ambiente, un área que Vox ha ocupado en otros gobiernos autonómicos como el de Extremadura. Además, se da por hecha la vicepresidencia, esta vez con cartera para Carlos Pollán, que ya ha insinuado que le gustaría ocuparse de Deportes, una parte que habría que sacar de Cultura.

No se ha establecido fecha límite para cerrar el acuerdo si bien algunos cargos del PP apuntan a mediados de junio, mientras que otros creen que puede alargarse un poco más, dependiendo, no se sabe por qué, de cómo se negocie el gobierno de Andalucía. La situación de Juanma Moreno Bonilla poco tiene que ver con la de Mañueco: mientras el primero se ha quedado a dos escaños de la mayoría absoluta, el salmantino necesita nueve. De hecho, tomando como referencia las distancias con Vox, Mañueco no puede presumir: Moreno tiene 27,7 puntos más que la ultraderecha; en Extremadura, María Guardiola sacó 26,2 puntos de ventaja, mientras que en Aragón, Jorge Azcón superó a la extrema derecha en 16,38 puntos y Mañueco no pasó de los 16,5 puntos.