De negar la existencia de expedientes sobre las empresas del presidente de la Diputación de Burgos y del PP provincial, Borja Suárez, a reconocerla. La Junta de Castilla y León a través de su portavoz, Carlos Fernández Carriedo, se ha excusado este jueves en que negó la información que elDiario.es solicitó por Transparencia por un error. Una vez publicado por este medio uno de los expedientes que existen, el gobierno autonómico ha dado explicaciones vagas sobre la vulneración clara de la Ley de Transparencia. Según él, desde Transparencia se recurrió a la Consejería de Movilidad a pesar de que no tiene competencias en otorgamiento de licencias ni en nada que tenga que ver con empresas dedicadas a los eventos y la hostelería como es el caso de Eventos El Espino SL y El Granero de San Francisco.

El portavoz se ha apresurado a afirmar que las empresas “tienen todos los permisos” a pesar del expediente sobre El Granero de San Francisco al que accedió elDiario.es por fuentes propias. Los promotores querían legalizar un almacén y un edificio para la cosecha, secado y destilación de lavanda. Según el documento, lo que se pretendía era un uso prohibido en suelo rústico protegido y además el edificio, un granero americano, no respetaba las normas de estética del municipio. Otro detalle llamativo es que la licencia se pidió cuando llevaban más de un año ejerciendo la actividad y omitiendo que además de actividades agrícolas, se usaba el espacio para celebración de bodas y eventos.

Carriedo ha insistido en que los expedientes se facilitarán a este medio a pesar de que una vez que la solicitud de Transparencia se había aceptado, pero se había acabado dando una información falsa -que no había ningún expediente-, este medio contactó con la Junta para advertir que existía al menos un expediente y además desfavorable a los intereses de El Granero de San Francisco. A partir de ese momento, la Junta indica que la Delegación Territorial de Burgos facilitará la información requerida. Una semana después, y a pesar de que le facilitó el número de expediente y el departamento que lo había emitido, se remitió a la periodista la Consejería de Movilidad que, nuevamente, indicó que no le constaba ningún expediente.

Asimismo, elDiario.es también había requerido al Ayuntamiento de Santa Gadea del Cid las licencias de las empresas de Suárez. Con relación a El Granero de San Francisco tan sólo se aportó una declaración responsable de la mercantil fechada en abril de 2024 en la que dice que el objeto es “el cultivo, secado y destilado de lavanda”. Mediante esa declaración la empresa da a entender que tiene todos los permisos necesarios y es válida desde ese momento, no desde antes. Tampoco permite otras actividades distintas de las declaradas, cosa que sí ocurrió. Desde 2019 hasta la actualidad en El Granero de San Francisco se han celebrado bodas y eventos culturales, tal como se refleja en reportajes en medios de comunicación de esos años. Así, queda claro que El Granero de San Francisco operó sin permisos ni licencias, algo que la Junta intentó ocultar. Desde el gobierno autonómico, se han comprometido con elDiario.es a facilitar todos los expedientes, si bien no han precisado en qué fecha.

No es la primera vez que un 'error' de una administración beneficia a Suárez. Este diario ya publicó que el concejal, presidente de la Diputación de Burgos y del PP provincial, estaba compatibilizando el cargo con la participación del 33% en una empresa, Eventos El Espino SL que recibía contratos municipales. El Ayuntamiento de Burgos no pudo evitar que los contratos se declarasen nulos pero atribuyó lo ocurrido a un “error” de los técnicos municipales.

La Junta de Castilla y León ha ocultado que El Granero de San Francisco SL, una de las mercantiles que pertenecieron al presidente de la Diputación de Burgos y del PP provincial, Borja Suárez, llegó a desarrollar su actividad a pesar de que el Servicio Territorial de Fomento de Burgos la calificó de “uso prohibido”.

elDiario.es solicitó a través del Portal de Transparencia de la Junta todos los expedientes emitidos por el Servicio Territorial de Fomento de Burgos o cualquier otro organismo de la Junta de Castilla y León de legalización, autorización o sanción relacionados con El Granero de San Francisco SL y Eventos El Espino SL, que fundamentalmente se dedican a la hostelería, a la organización de eventos y a la transformación de productos agrícolas.

La respuesta de la Junta fue que se solicitó información al Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Burgos y que señalaron que “en la Sección de Conservación y Explotaciones de carreteras y en la Sección de Concesiones, Autorizaciones y Arbitraje de Transportes, del mencionado Servicio Territorial, no hay constancia de ningún trámite” promovido por esas empresas.

La Junta pide información a Carreteras sobre unas empresas de eventos

La Junta no justifica por qué decide solicitar a Explotación de Carreteras y a Transportes expedientes de empresas de hostelería y eventos. Pese a ese intento de ocultar la verdad, elDiario.es sí ha tenido acceso, a través de otras fuentes, a un expediente del Servicio Territorial de Fomento que se abrió en el año 2020. Dada la inusual situación de una administración negando la existencia de algo que el periodista tiene, este medio contactó con la Junta de Castilla y León para advertir de que, o bien se estaba mintiendo o bien había un error en la gestión de la información solicitada.

Desde la Junta, se instó a la Delegación Territorial de la Junta en Burgos a explicar qué podía haber ocurrido. Tras requerir esta la petición de información que se hizo por Transparencia, se comprometieron a localizar los expedientes, advertidos de que nada tenían que ver con carreteras. Una semana después, la Delegación Territorial de la Junta no había remitido nada y se limitó a indicar que contactarían con este medio a través de la Consejería de Movilidad, cosa que, efectivamente, ocurrió. Sin embargo, desde la Consejería indicaron que no entendían por qué desde la Delegación consideraban que ellos podían tener expedientes, y ratificaron que no había ninguno. Desde la Delegación Territorial no se dieron más explicaciones. Pero el expediente existe.

El expediente que sí existe y que deniega la legalización de una de las empresas por “uso prohibido”

En concreto, el expediente 145/20 que obra en el Servicio Territorial de Fomento de la Delegación Territorial de Burgos se abre a solicitud de El Granero de San Francisco para legalizar un almacén-secadero y un almacén-destilería de explotación agrícola en Santa Gadea del Cid. El técnico que se pronuncia describe los elementos de que consta y a continuación se detiene en la normativa urbanística: “El Término Municipal de Santa Gadea del Cid, cuenta con Normas Urbanísticas Municipales, aprobadas por CTMAU de 15 de diciembre de 2016. Constituyen también el régimen Urbanístico Vigente en el Municipio, La Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León, de 8 de abril de 1999 y el Decreto 22/2004 de 29 de enero, que aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, y sus modificaciones posteriores”, hace constar.

Las parcelas donde se asientan el almacén secadero y el almacén destilería están clasificadas como “suelo rústico de protección cultural” continúa el informe. Mientras el promotor entiende que el uso es de instalación vinculada a la explotación agrícola, “el técnico que suscribe lo considera como, una parte de un proceso productivo de carácter industrial (la elaboración de perfumes), de acuerdo a ello y según el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León”, y se trataría de un “uso prohibido”. En el caso de la normativa urbanística municipal pasaría exactamente lo mismo: “se trata de un uso prohibido, por ser un uso de tipo industrial, comercial y de almacenamiento en suelo rústico de protección cultural”, argumenta el técnico.

Pero además analiza las condiciones edificatorias, y tampoco cumplen la normativa. En concreto, advierte que “Se considera que el edificio realizado no cumple con las condiciones de integración en el entorno, [...], pues la edificación con su cubierta mansarda con tres pendientes distintas, no respeta las formas tradicionales de las edificaciones del entorno, como son las edificaciones del convento ”El Espino“ (a 650 m), los materiales utilizados en la fachada y cubierta (tablas de madera) no son los tradicionales de la zona (piedra, revoco en tonos terrosos y teja árabe), y no cumple con la inclinación máxima del 45% pues una de las cubiertas tiene una pendiente de 282,39% (70,05º)”.

El informe, fechado el 10 de diciembre de 2020, concluye que “el uso solicitado es un uso prohibido en suelo rústico, según el Reglamento de Castilla y León, y se propone informar desfavorablemente y por no cumplir con las normas de integración en el entorno y condiciones estéticas”.

ElDiario.es solicitó al Ayuntamiento de Santa Gadea la licencia de El Granero de San Francisco, aunque se incumplieron los plazos, finalmente aportó una declaración responsable fechada el 1 de abril de 2024 en el que aparece como nombre o razón social El Granero de San Francisco y el nombre de pila del administrador. Se refleja en el escrito que “se dispone a ejercer la actividad que a continuación se indica” y que es “el cultivo, secado y destilado de lavanda”. Mediante esa declaración, se entiende que se puede ejercer la actividad desde ese momento, aparece en la propia instancia, no antes, y que la empresa tiene toda la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos necesarios. Además, no permite otras actividades distintas de las declaradas, cosa que sí ocurrió.

Pero la actividad no empezó en 2024, sino como mínimo en 2019, mucho antes de que el informe de la Junta se pronunciase negativamente. El 14 de septiembre de 2019 El Correo se hacía eco de la boda del “bilbaíno más deseado”, el influencer Gotzon Mantuliz.

El 1 de abril de 2020, de nuevo el diario El Correo publicaba un reportaje con el titular “El Granero de San Francisco suma 10 hectáreas destinadas al cultivo de lavanda”. “Aunque el proyecto se cultivaba ya desde antes, fue hace un año cuando comenzó a consolidarse y se dio a conocer con sus primeras cuatro hectáreas y con la definitiva ubicación de la destilería en el Granero, en Santa Gadea del Cid”, dice uno de sus párrafos. Además, aunque la declaración responsable habla de cultivo de lavanda, también se desarrollan eventos culturales. Un año después, el mismo diario volvía a dar cuenta de la intensa actividad de El Granero de San Francisco que había “atraído” a “más de 2.300 personas entre junio y julio”.

Para aclarar la situación, elDiario.es contactó con el administrador de El Granero de San Francisco, Koldo Madariaga, que no respondió.

El juez ha prorrogado un mes más el secreto de sumario en la Operación Fuentona, que investiga la comisión de presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal en el Ayuntamiento de Soria. El caso estalló con una entrada y registro de la Guardia Civil en el consistorio en busca de documentación con la hasta hace poco concejala de Turismo y Comercio, Yolanda Santos. Antes de ser concejala, Santos tuvo una empresa dedicada a la educación ambiental a la que renunció. La sospecha es que la traspasó a una alcaldesa de otra localidad que actuaría como testaferro para seguir cobrando gracias a los contratos municipales. Santos fue detenida junto a otras seis personas. Todos quedaron en libertad en cuestión de horas.

Durante el registro se buscó toda la documentación relacionada con Santos y la empresa de la que llegó a tener el 33% de las participaciones, Biosfera Soria SL. Santos vendió sus participaciones al tomar el acta de concejal, ya que la normativa impide acceder al cargo con una participación superior al 10% en cualquier empresa que contrate con el Ayuntamiento. Biosfera Soria SL, cuentan fuentes del PSOE es una de las pocas en la provincia especializada en la educación ambiental y el turismo activo y ha obtenido contratos municipales “desde hace muchos años”. Para los investigadores, el dato más importante es a quién vendió Santos sus participaciones: la alcaldesa de un pequeño municipio de Soria, que a su vez tiene otra empresa también dedicada a turismo y naturaleza. Según ellos, no es más que una testaferro de Santos.

Pero para llegar a demostrar que Santos tenía una persona interpuesta, es necesario acceder a documentos y correos que de existir, estarían en el Ayuntamiento. La Guardia Civil no solo pidió documentación que incluía contratos, también realizó un volcado de varios ordenadores para acceder a otros archivos o a correos electrónicos.

Tal y como ha confirmado el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la Sección de Instrucción (Plaza 3) del Tribunal de Instancia de Soria ha acordado la prórroga del secreto de las actuaciones un mes más a partir de hoy. Además, ha aceptado la personación de Vox como acusación popular.

Rechazada la querella del Grupo Parlamentario Vox

Sin embargo, ha rechazado la querella que presentó el Grupo Parlamentario Vox por un presunto delito de revelación de secretos. El juzgado de Instrucción 2 ha acordado la inadmisión de la querella al considerar que “no existen indicios racionales de criminalidad”, si bien la resolución no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial. Vox quiso aprovechar un error del exalcalde de Soria y actual líder autonómico del PSOE, Carlos Martínez, que en conversación con un periodista dijo que supo que se iba a registrar el Ayuntamiento “el lunes por la mañana” cuando en realidad se quiso referir al martes. Vox aludió a un chivatazo y reforzó su teoría cuando los concejales del PP y de Vox en el Ayuntamiento aseguraron que el alcalde actual, Javier Antón les comentó en Junta de Portavoces que se celebró después del registro que se le había comunicado que se iba a recabar información en el Ayuntamiento por lo que se requería su presencia. El Grupo Parlamentario Vox, alentado por un medio de comunicación, volvió a interpretarlo como un “soplo”. Poco después, cuando el bulo sobre un chivatazo había crecido demasiado, Antón aclaró que lejos de un soplo, lo que recibió fue una comunicación oficial del juzgado que instruye la causa para que estuviese presente cuando acudiesen a recabar información.

El medio centenar de vecinos de Berrocal y Carrascal de la Cuesta, los dos últimos pueblos que seguían evacuados por el incendio forestal declarado el lunes en el municipio segoviano de Brieva, han regresado este miércoles a sus viviendas después de que la evolución favorable del fuego haya permitido rebajar el Índice de Gravedad Potencial de nivel 2 a nivel 1.

La decisión se ha adoptado tras la reunión celebrada esta mañana por el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) para evaluar la situación después de la noche de trabajo desarrollada por el operativo de extinción.

En el encuentro, los técnicos del dispositivo y las administraciones representadas en el CECOPI han concluido que ya no existe riesgo para la población ni para las infraestructuras, por lo que autorizan el regreso a sus hogares del medio centenar de vecinos de Berrocal y Carrascal de la Cuesta, los únicos que seguían fuera de sus domicilios.

Con esta decisión quedan levantadas todas las medidas de protección adoptadas desde el inicio del incendio, que obligó a evacuar a unas 420 personas de ocho núcleos de población y a confinar preventivamente el municipio de Pelayos del Arroyo.

La Guardia Civil ha confirmado durante la reunión que todas las carreteras permanecen abiertas al tráfico y que durante la noche no se registró ningún incidente tras el regreso a sus viviendas de los vecinos de Tenzuela, Losana de Pirón, La Cuesta, Aldeasaz, Caballar y Santo Domingo de Pirón, cuya evacuación fue levantada en la noche del martes.

La rebaja del incendio a IGR-1 supone también la desactivación del CECOPI, órgano de coordinación en el que han participado desde el inicio de la emergencia la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial, la Subdelegación del Gobierno, la Guardia Civil, los Bomberos de Segovia, Cruz Roja, los ayuntamientos afectados y distintos servicios de la Administración autonómica.

La delegada territorial, Raquel Alonso, ha destacado que el intenso trabajo desarrollado durante la noche permitió estabilizar el foco que más preocupaba al operativo, situado en las inmediaciones de Carrascal de la Cuesta, circunstancia que había impedido hasta ahora el regreso de sus vecinos.

Según ha explicado, la mejora de la situación llevó al director de extinción del Puesto de Mando Avanzado a proponer tanto el realojo de los habitantes de Carrascal de la Cuesta y Berrocal como la rebaja del índice de gravedad, al haber desaparecido el riesgo inmediato para las personas y las edificaciones.

Alonso ha subrayado que el incendio presentó una evolución “muy rápida y muy errática”, lo que dificultó las labores de control durante las primeras horas de la emergencia.

No obstante, el perímetro del incendio se encuentra ya completamente cerrado, lo que ha permitido adoptar esa nueva fase de la gestión de la emergencia.

Aunque la evolución del incendio es considerada muy favorable y ya no existen restricciones a la circulación, los servicios de extinción mantendrán la vigilancia sobre la zona afectada mientras persistan las altas temperaturas para evitar posibles reproducciones del fuego.

Aún se investiga la causa del incendio que se originó el pasado lunes, y en el que actualmente hay 44 medios asignados, aunque llegaron a ser 89, con diez cuadrillas terrestres, 9 autobombas, y dos brigadas helitransportadas que siguen en la zona, y un medio aéreo, entre otros.

Castilla y León pedirá declarar zona catastrófica el área afectada por incendio de Segovia

La Junta de Castilla y León solicitará al Gobierno de España declarar el área afectada por el incendio de Brieva (Segovia) como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil.

Así lo ha anunciado este miércoles el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, durante su visita a la zona, donde también ha indicado que ya ha comenzado el reparto de paja, heno y otros forrajes para alimentar al ganado de las explotaciones perjudicadas.

Pino ha explicado que la prioridad inmediata es garantizar la alimentación de los animales de unas cien explotaciones ganaderas afectadas por el incendio, en las que se contabilizan unas 8.000 cabezas de ganado vacuno, además de explotaciones de ovino.

Los primeros camiones con alimento comenzaron a llegar a las explotaciones a partir de las diez de la mañana, apenas un día después de que el consejero diera instrucciones al Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Segovia y a las Unidades Veterinarias para organizar el reparto sin esperar a que concluya la valoración de los daños.

“Cuando el fuego destruye los pastos y las reservas de forraje, los animales necesitan comer de inmediato. La burocracia no puede ir por delante de las necesidades del ganado y de las familias que viven de él”, ha afirmado.

El consejero ha asegurado que, una vez concluida la evaluación de daños, la administración autonómica pondrá en marcha las medidas necesarias para favorecer la recuperación de las explotaciones y evitar que el incendio comprometa la continuidad de su actividad.

Pino ha insistido en que la Junta mantendrá el suministro de alimento “el tiempo que sea necesario”, ya que la pérdida de pastos en plena época estival impide alimentar al ganado con los recursos habituales.

Ayudas directas para los ganaderos

Respecto a las pérdidas materiales ocasionadas por el incendio, el consejero ha indicado que la Junta evaluará las posibilidades de apoyo a los afectados, y también que reclamará la implicación del Ejecutivo central.

“Vamos a pedir al Gobierno de España que ponga ayudas directas para los ganaderos afectados, como ocurrió con otros incendios el año pasado”, ha anunciado.

Ha añadido que el Gobierno regional estudiará igualmente la adopción de nuevas ayudas para los afectados en un próximo Consejo de Gobierno, con el objetivo de contribuir “a la recuperación de quienes han perdido gran parte de aquello por lo que llevaban trabajando toda la vida”.

Modificar autonómica

El consejero de Agricultura ha anunciado que trasladará a la Consejería de Medio Ambiente y Energía la necesidad de evitar que las limitaciones sobre las superficies quemadas supongan un perjuicio añadido para los ganaderos en el cobro de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC).

Por ello, ha defendido la modificación de la normativa autonómica que establece el acotamiento durante cinco años de los pastos afectados por incendios, al considerar que esa medida perjudica a los profesionales del sector.

Durante su visita también ha defendido la ganadería extensiva como una herramienta fundamental para la prevención de incendios forestales.

Solo las localidades de Berrocal y Carrascal de la Cuesta, Segovia, seguirán sin poder volver a sus casas tras ser evacuados por el incendio forestal que asola la zona desde el pasado lunes. Las seis que han permanecido evacuadas, Tenzuela, Losana de Pirón, La Cuesta, Aldeasaz, Caballar y Santo Domingo de Pirón, pueden volver ya a sus casas. Además, se levanta el confinamiento de Pelayos del Arroyo.

A las 21.00 horas se ha reunido de nuevo el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) de Segovia, presidido por la delegada territorial de la Junta en Segovia, Raquel Alonso, para evaluar la situación generada por el incendio que se inició en la tarde de ayer en Brieva.

Una vez analizada la situación del incendio, a propuesta de los técnicos del operativo de extinción y de las administraciones presentes en la reunión, el CECOPI ha resuelto mantener evacuados exclusivamente los núcleos de Carrascal de la Cuesta, cuyos vecinos fueron trasladados a Turégano; y Berrocal, a cuyos habitantes se dirigió a Sotosalbos. El resto de la población desalojada de los núcleos de Tenzuela, Losana de Pirón, La Cuesta, Aldeasaz, Caballar y Santo Domingo de Pirón puede regresar a sus casas.

También se ha decidido levantar el confinamiento de la población de Pelayos del Arroyo y abrir al tráfico las cuatro carreteras provinciales que han permanecido cortadas hasta ahora.

El CECOPI volverá a reunirse mañana miércoles, a las 10.00 horas, para evaluar la situación tras la noche de trabajo en la extinción del incendio.

El perímetro del incendio prácticamente no se ha movido desde ayer. Más del 80 % de su extensión está asegurado con pase de máquina y se trabaja en ampliar

Los técnicos del Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de Segovia ya han realizado una primera visita de inspección al área afectada. Mañana por la mañana se va a proceder a realizar los primeros envíos de alimentos para atender las necesidades de las explotaciones ganaderas de Santo Domingo de Pirón, Brieva, Berrocal y Tenzuela.

En este el incendio forestal, el operativo INFOCAL de la Junta ha desplegado 55 medios, de ellos 46 terrestres y 9 aéreos, con 220 personas. Entre los medios terrestres han participado 15 cuadrillas terrestres, 12 autobombas, 4 buldócer como maquinaria pesada y 7 brigadas helitransportadas.

La Trama Eólica, el caso de corrupción más grave de Castilla y León, junto en el de Perla Negra, con el que comparte acusados, sigue sin sentencia cuando se cumplen seis meses exactos desde que acabó el juicio. La Audiencia Provincial de Valladolid no se ha pronunciado aún ni para aproximar en qué fecha resolverá un caso en el que la investigación judicial se prolongó a lo largo de diez años. El juicio duró cuatro meses y los acusados pasaron de 15 a 11.

El caso se descubrió en 2015, cuando un funcionario de la Agencia Tributaria inspeccionaba el impuesto de sociedades de varias empresas y descubrió presuntas mordidas para autorizar parques eólicos con un modus operandi que consistía en forzar a las eléctricas asociarse con empresarios locales elegidos por la Junta. En ese año, según datos de Red Eléctrica Española (REE), Castilla y León era la Comunidad con mayor potencia eólica en España, 5.560,01 megavatios instalados, el 24,2% del total nacional repartido en 241 parques.

Mediante la trama, parques que habían permanecido paralizados durante años, conseguían los permisos cuando en el accionariado entraba una compañía de la Comunidad. En la Consejería de Economía se manejaba una lista con los empresarios (que formaban parte del sector de la industria, la construcción o la alimentación) con los que Endesa e Iberdrola debían asociarse. Una vez conseguida la autorización, la eléctrica se hacía mediante la compra de las acciones con el 100% de la sociedad. El papel de los empresarios era, también según las declaraciones judiciales, figurar, ya que no realizaron ningún trámite administrativo. Así es como, según el fiscal anticorrupción, se pagaron 75 millones en mordidas. Lo único que no ha quedado claro es dónde acabó el dinero.

El acusado principal es el exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado, de quien el fiscal dijo que estuvo “de continuo, delinquiendo todo el tiempo, desde el año 2004 hasta el último acto de blanqueo de capitales que se le imputa”. Se enfrenta a una petición de pena de 42 años de cárcel y multas por valor de 239 millones de euros por delitos de prevaricación, cohecho, extorsión, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. Por detrás de Delgado van los empresarios Alberto Esgueva y Germán José Martín Giraldo, ambos con 12 años y 68 y 14,5 millones de multa, respectivamente y el abogado y presunto testaferro de Delgado, Jesús Rodríguez Recio, con diez años y medio y más de 25 millones de multa. Se juzga la supuesta comisión de los delitos de prevaricación administrativa, cohecho, blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, tráfico de influencias y extorsión.

Delgado siempre ha mantenido que cumplía órdenes del entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva, que murió poco antes de declarar como imputado, en 2017. Rafael Delgado aportó una serie de correos electrónicos en los que tanto las eléctricas como los empresarios se dirigían directamente a Villanueva para agilizar la autorización de parques y comunicarle las alianzas son los empresarios afines.

El principal beneficiado de la trama es Alberto Esgueva, que fue consejero delegado de una de las sociedades públicas de la Consejería de Economía entre los años 2003 y 2006. Según la querella, en 2004, mientras Esgueva formaba parte de la Junta y siendo el administrador de la mercantil San Cayetano Wind, Delgado “decidió que se le asignaran parques cuya potencia eólica sumara 500 megavatios” y que fueran “de los que estuviesen más avanzados”. De la venta de las acciones de una sociedad que formó con Iberdrola y en la que aportó 24.400 euros, sacó 47 millones. Pero hubo alguna más que le hizo ganar 6 millones.

El consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez (PP), ha prometido para esta legislatura algo que, según él, ya se cumplía hace un año. En su comparecencia para explicar su programa, Vázquez ha garantizado el mantenimiento de la atención presencial en centros de salud, consultorios locales y en el domicilio y el acceso a las consultas del médico de familia en un plazo que no supere las 48 horas. En agosto de 2025, en un desayuno de la Agencia Ical, Vázquez aseguró que la demora media para conseguir cita en Atención Primaria no superaba 1,9 días, si bien reconocía “tensiones” en centros de salud urbanos.

De hecho, en invierno de 2024, en plena epidemia de gripe llegó a asegurar que se estaba citando con menos de 48 horas de mientras la mayoría de centros de salud colapsaron por la demanda y la espera superaba los 15 días. En su exposición este viernes en las Cortes de Castilla y León, Vázquez ha sostenido que para garantizar esa atención presencial incidirán en la capacidad resolutiva de los equipos de atención primaria, mejorando la organización asistencial y dotando a los profesionales de más recursos y herramientas que permitan ofrecer una atención ágil, cercana y de calidad en todo el territorio, informa Efe.

Para mantener un acceso a las consultas de medicina familiar y comunitaria que no supere las 48 horas, el consejero ha basado su estrategia en la organización de las agendas, la optimización de la gestión de la demanda, y el refuerzo los Puntos de Atención Continuada (PAC) y circuitos de urgencias extrahospitalarias. Así, con una cuestión de mera organización “de agenda” ha intentado minimizar la saturación de los centros de salud.

Pero también ha apuntado a una reducción de la atención presencial en favor de la consulta telefónica: “La tecnología nunca sustituirá la atención presencial, cuando esta sea necesaria, pero sí nos permitirá superar muchas de las limitaciones derivadas de la dispersión geográfica y avanzar hacia una sanidad más accesible, más cercana y más equitativa para todos los castellanos y leoneses”, ha afirmado. También ha anunciado una Estrategia de Optimización de las Emergencias Sanitarias de Castilla y León, orientada a reforzar la atención extrahospitalaria, especialmente en las zonas rurales y más alejadas.

Por otro lado, ha anunciado nuevo Plan Integral de Reducción y Mejora de las Listas de Espera y Optimización de la Atención, un problema estructural lastrado por el conflicto médico por el estatuto marco, del que ha culpado a la ministra, y que ha dejado 12.500 operaciones menos en el primer semestre en la comunidad, que podrían ser 25.000 a final de año. El Plan Integral de Reducción y Mejora de las Listas de Espera y Optimización de la Atención, orientado a incrementar la eficiencia de los recursos disponibles, reducir las diferencias existentes entre las distintas áreas de salud y garantizar una respuesta más homogénea, ágil y equitativa para todos los castellanos y leoneses.

Se ha referido al conflicto generado en torno a la reforma del Estatuto Marco promovida por el Ministerio de Sanidad, que ha desembocado en movilizaciones y huelgas de ámbito nacional con un impacto directo sobre la actividad asistencial. “Un conflicto que persiste ante la incapacidad de la única responsable con competencias para resolverlo: la ministra de Sanidad del Gobierno de España” y que “está teniendo un coste inasumible para los pacientes y amenaza con comprometer seriamente la capacidad de respuesta del Sistema Nacional de Salud”, ha explicado.

En concreto, en el caso de Castilla y León durante el primer semestre de este año se han realizado 12.500 intervenciones quirúrgicas programadas menos que en el mismo periodo de los dos años anteriores. “De haberse mantenido el nivel habitual de actividad, más de 11.000 pacientes habrían abandonado la lista de espera quirúrgica”, ha sostenido. “No estamos simplemente ante una interrupción de la tendencia de mejora que veníamos consolidando. Las listas de espera han vuelto a crecer y seguirán haciéndolo mientras el Gobierno de España no afronte con la seriedad y la responsabilidad necesarias una situación de esta magnitud”, ha lamentado.

“Si la huelga se prolonga, estimamos que a final de año habremos dejado de realizar más de 25.000 intervenciones quirúrgicas”,

Vázquez ha explicado que pese a ello, el objetivo es “recuperar los niveles de actividad alcanzados, revertir esta situación y situar de nuevo a Castilla y León entre las comunidades con mejores resultados en accesibilidad y tiempos de espera del Sistema Nacional de Salud”.

Castilla y León está en situación de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales los días 19,20, 21 y 22 de julio por una dana. El Bocyl publica este viernes la resolución del director general de Prevención y Extinción de Incendios Forestales.

De acuerdo con las previsiones meteorológicas para esos días se espera un “patrón sinóptico” muy desfavorable, conformado por una dana al noroeste de la península Ibérica, una dorsal anticiclónica y la afección de una continental Sahariana que afectarán de forma intensa al menos esos días. Castilla y León sufrirá un aumento de las temperaturas que será destacable a partir del domingo 19 de julio cuando se prevén temperaturas entre los 36-38 °C incluso llegando a los 39 °C en zonas del sur. Estas altas temperaturas podrán extenderse al menos hasta el miércoles 22 de julio. Se prevén además avisos Aemet por altas temperaturas o declaraciones de ola de calor en esos días. A la vez las humedades relativas serán extremadamente bajas tanto las mínimas que pueden bajar de forma generalizada a valores entre el 5-10%, como las máximas nocturnas que en las provincias del sur de la Comunidad podrán no subir durante la madrugada del 25-30%. El Índice de Peligro de incendios forestales de Aemet se situará en niveles extremos o muy altos en la Comunidad durante esos días.

Previsiblemente, las tormentas no serán generalizadas. Se esperan también rachas máximas muy destacables en la zona sureste de Castilla y León que pueden llegar a los 40-50 km/h en amplias zonas. De acuerdo con los índices relacionados con el peligro de incendios forestales manejados tanto por la propia Aemet como por el Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla y León, este episodio implicará un incremento significativo de la probabilidad de ignición y de la capacidad de propagación del incendio, lo que incrementa el peligro. Ello hace necesario adoptar las medidas oportunas, entre ellas la regulación de las actividades que tienen mayor probabilidad de originar incendios en estas circunstancias especiales. El plan Infocal prevé en el capítulo III que durante la época de peligro alto de incendios se pueden producir circunstancias meteorológicas extraordinarias que incrementan notablemente la probabilidad de ocurrencia de los incendios o provocan un comportamiento especialmente virulento del fuego, que puedan requerir predefinir una serie de medidas preventivas complementarias de aplicación obligatoria para minimizar los riesgos.

La Dirección General competente en materia de incendios forestales podrá declarar mediante resolución las situaciones de alerta, alarma y alarma extrema por peligro meteorológico de incendios en parte o toda la Comunidad Autónoma, estableciéndose las medidas preventivas extraordinarias previstas en la correspondiente normativa y está facultado para establecer otras medidas preventivas complementarias que estime procedentes.

Ni barbacoas, ni cohetes, ni uso de maquinaria a menos de 400 metros del monte

Debido a esa alerta, durante los días indicados no se puede encender fuego en el monte en todo tipo de espacios abiertos, así como en zonas recreativas y de acampada, incluso en las zonas habilitadas para ello. Está prohibición del uso de barbacoas en espacios abiertos, incluyendo aquellas autorizadas. Se suspenden todas las autorizaciones para el uso del fuego que se hayan otorgado, se prohíbe la introducción y uso de material pirotécnico y se suspenden las autorizaciones para el lanzamiento de cohetes o artefactos de cualquier clase que contengan fuego.

Por último, queda prohibido el uso de maquinaria en el monte y la franja de 400 metros que lo circunda, cuyo funcionamiento habitual genere fuego, deflagración, chispas o descargas eléctricas, tales como sopletes, soldadores, radiales, etc. Se exceptúa de esta prohibición el uso de maquinaria en actuaciones de emergencia e interés general, destinadas a la reparación urgente de infraestructuras públicas, servicios de energía eléctrica, gas natural, telecomunicaciones, etc. siempre y cuando éstas hayan sido comunicadas a los Servicios Territoriales de Medio Ambiente y se realicen conforme a las medidas establecidas por éstos, o aquellas otras en que expresamente haya sido autorizado su uso o que resulten necesarias para la extinción del incendio. Las empresas extremarán la precaución, contando con los medios necesarios para abordar la extinción de cualquier conato de incendio que se pudiera producir a consecuencia de su actividad. Esta resolución produce efectos desde las 0.00 horas del 19 de julio hasta las 23.59 del 22 de julio.

El humorista Héctor de Miguel ha sido puesto en libertad tras haber estado detenido en Salamanca desde el pasado miércoles, tal y como han confirmado desde la Subdelegación del Gobierno, y haber pasado la noche en el calabozo.

La Cadena Ser ha adelantado que la detención ha sido ordenada por el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid por un presunto delito de desobediencia y resistencia a la Justicia por incumplir la condena por “intromisión ilegítima en el honor” de Alfonso Rojo.

En este sentido, De Miguel, condenado por la Audiencia de Madrid a pagar 41.800 euros a Rojo, ya abonó esta cuantía, pero no cumplió correctamente con la lectura del encabezamiento y el fallo de la sentencia en su programa y en sus perfiles de redes sociales, lo que dio inicio a una investigación por desobediencia, ya que fue imposible contactar con él en varias ocasiones, y tras ello fue detenido según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.Tras negarse a declarar ante el juez de Salamanca, ha sido puesto en libertad.

De Miguel, conocido como Quequé, se enfrenta desde el pasado 16 de marzo a la apertura de juicio oral como supuesto autor de un delito de coacciones cometido contra la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos.

La Fiscalía reclama dos años de prisión por un delito de coacciones (acoso) y el abono de una indemnización de 6.000 euros por perjuicio y daño moral, y considera responsable civil a la entidad Cadena SER.

En mayo de 2025 la Audiencia Provincial de Madrid archivó un caso contra él al no ver un delito de odio en las declaraciones que hizo en su programa radiofónico sobre dinamitar el Valle de los Caídos y apedrear a sacerdotes pederastas.

A primera hora de la tarde, el propio De Miguel ha bromeado con su situación, mediante un vídeo que ha publicado en su perfil oficial de X. En la grabación se ve al propio Quequé en una cafetería viendo en un televisor la noticia de su detención. “Qué hijo de puta, a ver si va p'alante de una vez”, dice girándose a cámara.

El procurador de Vox, Carlos Menéndez, ha reprochado al consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que en su comparecencia haya un “escaso reflejo” de los compromisos adquiridos en el pacto de gobierno, y en concreto a uno que debe tener cierta inmediatez para reflejarlo en los presupuestos de 2027: la reducción de las subvenciones a los sindicatos en un 50%. Vuelve así uno de los caballos de batalla de Vox que ya crearon problemas en la anterior legislatura, cuando se rompió el diálogo social, se retiraron subvenciones nominativas y se insultó reiteradamente a las organizaciones sindicales por parte de Vox sin que el PP pusiese pie en pared.

Suárez Quiñones, por su parte se ha excusado en que su nueva consejería tiene cinco ámbitos de actuación y en que es difícil hablar de todo. Así, ha dicho del Diálogo Social que se desarrollará en los “parámetros pactados” con la extrema derecha y que se cumplirá de forma “rigurosa” con el acuerdo.

“Procuraremos ejecutar todos los compromisos y si no, demanden lo que sea”, ha pedido. El consejero ha sostenido que el Diálogo Social ha movilizado más de 2.000 millones de euros en favor de los derechos de los trabajadores, aunque ha precisado que debe mantenerse “dentro de su utilidad pública y nada más”. Además, ha avanzado que desde mañana jueves iniciará una ronda de contactos con las organizaciones sindicales, informa EFE.

Absentismo

Lo que no ha olvidado Suárez Quiñones es el “absentismo laboral” al que se refirió el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo la semana pasada. El consejero se ha referido a un estudio de la situación mientras que la procuradora de UPL, María Rosa Quintanilla le ha indicado que antes compruebe lo que está ocurriendo en la sanidad pública y las listas de espera. En el mismo sentido se ha pronunciado el procurador socialista Iván Zazo, que le ha recordado que no se puede criminalizar a los trabajadores de baja y que esta la otorga un médico.

Tanto la procuradora de UPL como el del PSOE han cuestionado que Suárez Quiñones siga siendo consejero a pesar de su criticada gestión de los incendios cuando era consejero de Medio Ambiente.

Los dos partidos del gobierno de coalición PP-Vox en Castilla y León van agotando los peleados puestos de asesores tanto en el Parlamento como en la Junta de Castilla y León. El último en colocarse ha sido el exprocurador leonés Miguel Suarez Arca, flamante asesor de la Vicepresidencia Primera, a cargo de Carlos Menéndez, de la Mesa de las Cortes.

Suárez Arca perdió su escaño tras las pasadas elecciones. Con el ahora vicepresidente primero, Carlos Pollán como número uno y con Laura Dorreis Alonso como número 2, por la obligada lista cremallera desde 2023, Suárez Arca se vio relegado al puesto tercero de la lista. Los resultados fueron buenos para Vox el pasado 15 de marzo, pero no tanto como para sacar un tercer procurador en León.

En las filas de Vox reconocen que Suárez Arca no se resignaba a quedarse fuera de la política y que ya en la noche electoral, tras conocer los resultados, empezó a hacer llamadas para asegurarse un puesto. En los últimos meses, el exprocurador no ha dejado de acudir a las Cortes para estudiar posibilidades, desde un hueco como senador autonómico, como se pactó en Extremadura, a una dimisión de Dorreis.

Aunque nació en Mieres (Asturias) reside en Ponferrada (León). Graduado en Dirección Hotelera y Turística, con especialidad en Dirección de Cocina por la Escuela de Hotelería y Turismo de Sant Pol de Mar, adscrita a la Universitat de Girona, ha trabajado como cocinero en varios hoteles y restaurantes. Ha sido alumno del think tank de Vox, el ISSEP. Es coordinador de Vox de la zona electoral de Ponferrada.

Por segunda vez, la Junta de Castilla y León intentará poner en marcha una Ley de Concordia que derogue el decreto de Memoria Histórica. El consejero de Presidencia de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, cree que podrá estar lista en el primer año de esta legislatura. Se trata de una exigencia de Vox al PP. En la legislatura pasada, los de Abascal vieron como Mañueco esquivaba todos los compromisos del pacto. La Ley de Concordia se presentó y se empezó a tramitar, pero quedó en nada cuando Vox salió del gobierno. El de ahora será el segundo intento de legislar hiriendo sensibilidades. En el texto normativo que se quedó en intención, se llegaba a equiparar a las víctimas de la república con las de la dictadura. Lo mismo que pasará ahora.

“Hemos acordado los dos grupos parlamentarios que sustentan a este Gobierno aprobar en este primer año de legislatura una Ley de Concordia, que supere y actualice el marco normativo vigente, y garantice el reconocimiento a todas las víctimas de la violencia social, política, o de la persecución ideológica, religiosa o de cualquier índole acaecidas en Castilla y León”, ha expuesto Gago cuando comparecía este martes para explicar el programa de su consejería, informa EFE.

“Protegeremos los derechos de las víctimas del terrorismo a través del Comisionado para las Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, apoyando a las víctimas, a sus familias, así como a las asociaciones y a las fundaciones cuyo objeto sea la defensa de estas víctimas en nuestra Comunidad”, ha concretado.

En los próximos meses, se iniciarán los trámites necesarios para desarrollar reglamentariamente la Ley de 26 de septiembre de 2017 de Atención a las Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, con el objetivo de consolidar un marco normativo estable y eficaz que garantice su plena aplicación en todos los ámbitos institucionales, ha especificado.

También ha adelantado que se aprobará un Plan de medidas de apoyo y protección a las víctimas del terrorismo, cuatrienal y de carácter transversal a todas las políticas públicas de las diferentes Consejerías de la Administración Autonómica, donde se contemplen las acciones concretas que se abordarán y desarrollarán en ese periodo.

El consejero ha mencionado la celebración del Día de la Comunidad, el 23 de abril, y ha sostenido que se continuarán convocando resolviendo y entregando, los Premios de Castilla y León.

Continuará el apoyo desde la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León, tanto económicamente como con la infraestructura y medios que se precisa, la celebración del Día de la Comunidad en la fiesta en Villalar de los Comuneros, ha señalado.

También se seguirá extendiendo la celebración, mediante la organización de conciertos y carreras y marchas familiares, en los municipios más importantes de la Comunidad, ha dicho.

Desde la misma Fundación se seguirán organizando actividades que conmemoran el 800 Aniversario de la unión de los Reinos de León y de Castilla, acontecida en 1230 bajo el reinado de Fernando III, y que culminarán en el año 2030.

Se pondrá en marcha una muestra itinerante que recorra los municipios de Castilla y León poniendo de relieve la figura de la reina Doña Berenguela, madre de Fernando III, y se impulsará un proyecto de investigación sobre la itinerancia regia del rey Fernando III el Santo.

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán (Vox), ha presentado este lunes el programa de su consejería y ha arrancado con la política xenófoba de Vox contra los migrantes, su intención es repatriar y retornar a los menores no acompañados, por lo que se dará “prioridad” en la cooperación internacional a aquellos países que colaboren con Castilla y León.

Pollán ha revelado además que la Junta ya ha “abierto” 26 procedimientos de verificación de edad y ha defendido extender este trámite a todos los menores extranjeros tutelados, en la Comunidad, 190, para evitar “fraudes y colapso de los servicios”. Así, el gobierno autonómico, que no tiene competencias en extranjería y por lo tanto no puede decidir esa verificación, se ha dirigido a la Fiscalía para que lo haga. La tentativa, sin embargo, puede que no pase de ahí. Ya hay un precedente en Zaragoza, con gobierno PP-Vox, y donde el fiscal de menores se ha negado a verificar la edad de los menores a petición del gobierno aragonés, según advierten fuentes de la Fiscalía. “Es el fiscal de menores el que determina la edad y el que puede ordenar hacer pruebas, no un gobierno autonómico”, insisten. “Una vez determinada la minoría y sólo si aparecen nuevas pruebas concluyentes como documentación, por ejemplo, se puede revisar el primer decreto que determinó la minoría”, explican.

Pollán sobre los menores: “No entiendo cuál es el problema de que sepamos la edad de esa gente”

Muchos de los menores que llegan a España vienen con la edad determinada por documentación, pero en el caso de que no lo esté y siempre que existan dudas, ya que en algunos casos la minoría de edad es evidente físicamente, se hace la prueba pero “solo si es el único medio posible”. En Castilla y León hasta hace poco, se hacían pocas verificaciones, ahora han subido algo por el reparto que se hace para evitar que otras CCAA asuman la mayoría de la migración, pero el fiscal de menores actúa “siempre en interés del menor” y “se trata de inmiscuirse lo mínimo posible en su privacidad”.

Aunque la oposición ha afeado a Pollán su intención de que se verifique a todos los menores, no ha rebajado el discurso. “No entiendo cuál es el problema de que sepamos la edad de esa gente”, ha llegado a decir. “Tienen entre 14 y 17 años, no son niños y niñas sino adolescentes”, ha insistido mientras se refería a los menores como “menas” y “esa gente”. Además ha intentado disfrazar con cifras la necesidad de hacer las pruebas de edad porque “en Aragón casi el 80% de las pruebas que se han hecho han determiado que no eran menores”. Carlos Pollán ha olvidado precisar que esas pruebas no se han hecho a todos los menores sino a aquellos sobre los que había una duda razonable.

En cualquier caso, ha avanzado que la Junta de Castilla y León “rechazará de forma expresa la política de inmigración del Gobierno de Sánchez y se opondrá por todos los medios legales, políticos y jurídicos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad”. Así, ha afirmado que no participará “en ningún caso en reformas normativas ni acuerdos presupuestarios destinados a facilitar, financiar o consolidar su entrada, acogida o permanencia en Castilla y León”.

“A menos de un mes de la formación del nuevo Ejecutivo, ya estamos cumpliendo con la palabra dada de oponernos frontalmente a la política de inmigración del Gobierno de Sánchez”, ha presumido. Ha recordado que el pasado 1 de julio el Gobierno central convocó una reunión de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia y que él “como vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales” se negó a asistir. Lo mismo hicieron sus homólogos en Extremadura y Aragón. “Fue nuestra manera de denunciar la nueva imposición de Sánchez en materia de reparto de menores extranjeros no acompañados”, ha comentado. Entre los asuntos incluidos en el orden del día de la reunión, figuraba la propuesta de distribución territorial de 35 millones de euros para la atención de menores extranjeros no acompañados durante 2026.

No queda ahí. La Junta de Castilla y León va a recurrir el Real Decreto 556/2026 de 30 de junio por el que se aprueba la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas y que asigna a Castilla y León una capacidad de 833 menores. “Una vez más, Sánchez actúa de forma unilateral, sin el acuerdo unánime de todas las comunidades, sin respetar las competencias que corresponden a cada una en materia de protección de menores y disfrazando de humanitarismo lo que no es más que puro cálculo político”, ha dicho. Para Pollán, el incremento que se ha asignado a Castilla y León “carece de una justificación objetiva” porque la población ha crecido un 0,72 % entre agosto de 2025 y mayo de 2026, pero el número de menores asignados aumenta un 6,38 %, pasando de 783 a 833. Para Pollán existe desproporción en los criterios aplicados.

Respecto al pacto de gobierno que firmaron PP y Vox en Castilla y León el pasado 3 de junio, ha insistido en que se trabajará “por devolver a los menores no acompañados a sus países de origen”. La fórmula pasa por promover acuerdos con los países de origen, que faciliten y agilicen las repatriaciones y retornos efectivos de los menores con sus padres. Según el consejero, les ampara el artículo 35.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Suprimir subvenciones a oenegés y no aumentar plazas de acogida

También pasa ese objetivo de retornar a menores por suprimir “todas las subvenciones, ayudas, convenios y conciertos con oenegés u otras entidades que participen directa o indirectamente en la promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal, o que actúen como cooperadores necesarios de las mafias de tráfico de personas”. Según él, subvencionar oenegés es “fomentar el efecto llamada”. Y para controlar las subvenciones, Pollán ha anunciado una “auditoría anual de todos los gastos vinculados a inmigración ilegal” para “reducirlos al mínimo imprescindible para el cumplimiento del marco legal vigente”.

Durante la legislatura, ha avanzado, la Junta no habilitará nuevos centros de acogida de “inmigrantes ilegales” ni se ampliarán plazas en los existentes. “Reforzaremos los protocolos de intervención y disciplina en los centros de menores, así como de la seguridad de los trabajadores”, ha manifestado en un evidente intento de criminalizar a los menores extranjeros. “Exigiremos al Gobierno de España la adaptación, de forma inmediata, del nuevo Reglamento Europeo de Retornos aprobado por el Parlamento Europeo en marzo de este año, orientado a endurecer la política migratoria”, ha añadido.

El Ayuntamiento de Valladolid mantiene, por segundo día consecutivo, la restricción de tráfico en la zona de bajas emisiones (ZBE) por las altas concentraciones de ozono debido a la contaminación pero ha permitido una procesión de taxis para celebrar el día de San Cristóbal, patrón de los conductores.

Desde el jueves, no se puede acceder con vehículos a la ZBE salvo en los casos excepcionales previstos en la Ordenanza (residentes autorizados, transporte público, taxis, servicios esenciales, acceso a garajes, mudanzas, entre otros).Los únicos vehículos que se salvan de las restricciones son los que tienen distintivo ECO y 0 Emisiones.

Sin embargo, taxis que no estaban prestando servicio, han entrado en la zona de bajas emisiones para recorrer la calle Santiago y acabar en la Plaza Mayor, acompañados por el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero y los concejales de Medio Ambiente, Alejandro García Pellitero y de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca.

La Junta de Castilla y León ha declarado ya Índice de Gravedad Potencial (IGR2) en El Barraco (Ávila). En estos momentos no sólo peligran masas arboladas superiores a 30 hectáreas sino que se ha procedido al corte de la carretera N-403 Adanero-Toledo a la altura de los kilómetros 103,000 y 104,900. Con rachas de viento entre 35 y 40 km/h, y una previsión de temperatura máxima de 35ºC, y la humedad es baja, entre 10 y 15%, lo que previsiblemente dificultará las labores de extinción.

Ahora mismo hay una trientena de medios desplegados: cuatro agentes medioambientales, cinco autobombas, seis cuadrillas terrestres, cuatro ELIF/BRIF y seis hidroaviones y una brigada del Ministerio de Transición Ecológica.

El incendio, cuyas causas se están investigando, ha comenzado este viernes a las 12:09 horas. La Diputación de Ávila ha garantizado que pondrá todos sus medios “al servicio del dispositivo de extinción”.

A última hora de la mañana se han producido varios incendios en Palencia (Pedraza de Campos, a las 13:06 horas), Zamora (El Perdigón, a las 14:05) y Valladolid (Villabrágima, a las 14:22).

En León, dos focos se mantienen en un nivel 1 de gravedad: el de Caboalles de Arriba, que ha empeorado en las últimas horas; y Canseco, en Cármenes. Ha mejorado el fuego de Espina de Tremor, que la Junta da por estabilizado.

El presidente del Parlamento de Castilla y León, Francisco Vázquez, ha aparcado hasta el mes de septiembre el Pleno para elegir a los senadores por designación autonómica. Aunque inicialmente se señaló el mes de julio para abordarlo, las dudas en la interpretación de la ley motivaron la petición de informes a la Letrada Mayor de las Cortes, quien finalmente concluyó que, ante una ley interpretable, era el presidente quien debía decidir.

La fecha no está marcada aún, pero fuentes de las Cortes indican que en todo caso el Pleno se celebrará antes del 11 de septiembre. Así, el PP impondrá a dos candidatos y el PSOE a uno. Aunque en otras comunidades el acuerdo PP-VOX incluía la cesión de un senador a los de Abascal, parece que en Castilla y León no será así, ni figura en el acuerdo ni se llegó a tratar, según manifestó el vicepresidente primero, Carlos Pollán (Vox).

Tampoco se conoce aún quiénes serán los designados. El PP podría prescindir de Vidal Galicia Jaramillo, no sería haría lo mismo con Javier Maroto, el alavés empadronado en Sotosalbos (Segovia) desde 2019 y que se mantiene en el escaño por orden de Génova, hasta la fecha. En cuanto al PSOE , está en el aire el escaño que cedió al exsecretario autonómico, Luis Tudanca, quien desconoce si su partido tiene planes de futuro para él.

Vox ultima en estos días su equipo de prensa en la Junta de Castilla y León, donde cuenta con la vicepresidencia primera y tres consejerías, Desregulación, Cultura y Turismo y Agricultura y Ganadería. El vicepresidente y consejero de Desregulación, Carlos Pollán, ha tirado de colaboradores de confianza y nuevo fichaje para que le acompañen en una etapa en la que deja la institucionalidad para pasar directamente a la política.

Se incorpora el periodista Javier García, que en la anterior legislatura fue jefe de prensa del consejero de Cultura, Gonzalo Santonja. Cuando, tras la ruptura del pacto PP-Vox, Santonja se negó a abandonar, sí lo hizo García, que pasó a ser asesor en el Grupo Parlamentario Vox. Fernando Argüello Robles, asesor de Vicepresidencia cuando el titular era Juan García-Gallardo y después en el Grupo Parlamentario Vox, también trabajará en el equipo de Pollán.

El nuevo fichaje es David Herrero, un periodista del Grupo Promecal que ha pasado por el Diario Palentino y por la Agencia Ical. Aunque no está en el grupo de prensa, otro periodista, Gonzalo Altozano, que fue asesor de Pollán en su etapa como presidente de las Cortes, fue nombrado el pasado jueves director general de Estudios.

Por otro lado, el director general de Deportes, Enrique Sánchez-Guijo, que repite en el cargo, vuelve a contar Orlando Morejón Vitón, un disidente del régimen cubano, licenciado en literatura y ligado a Vox también a través de un hermano, Victor Juan Morejón Vitón, que es concejal de Turismo en el Ayuntamiento de Guadalajara y que ha ejercido de médico en Aranda de Duero (Burgos) entre 2012 y 2016, además de en municipios de Castilla La Mancha. Morejón, según desveló el conocido opositor del régimen cubano Guillermo Fariñas, lideró el Bloque Democrático José Martí (BD-JM) cuando era profesor de literatura en La Habana.

En estos días los consejeros de Cultura y Turismo, Alberto Díaz Pico y de Agricultura y Ganadería, Joaquín Pino, ultiman los nombramientos de sus jefes de prensa.

El PSOE de Valladolid emprenderá acciones legales si el Ayuntamiento de Medina de Rioseco no reconsidera la decisión del Pleno de eliminar la calle Pablo Iglesias para denominarla Villarramiel. Para los socialistas lo ocurrido es un “ataque injustificado a la memoria democrática y al Partido Socialista Obrero Español. La decisión se tomó este miércoles.

Según ha informado el PSOE en una nota de prensa “no existe motivo alguno· que justifique la supresión del nombre de Pablo Iglesias, fundador del PSOE y de la Unión General de Trabajadores, ”una figura de indiscutible relevancia histórica cuya contribución a la vida política y social de España resulta incuestionable“. Esa calle, recuerdan, lleva más de 40 años llamándose así y está ”plenamente identificada por los vecinos y vecinas del municipio“. La decisión, argumentan ”responde únicamente a razones ideológicas y supone un intento de borrar del espacio público el nombre del fundador de un partido y un sindicato plenamente democráticos“.

La vicesecretaria general del PSOE de Valladolid, Patricia Gómez Urbán, condidera que se pretende “condenar al olvido el legado de quien luchó para que en este país hubiera más derechos y más libertades· y que es una forma ”profundamente miserable de hacer política“. ”El alcalde de Medina de Rioseco y el Partido Popular creen que pueden borrar una parte de nuestra historia quitando el nombre de Pablo Iglesias del callejero. Pero se equivocan. Pablo Iglesias representa lo que ellos nunca podrán representar: la lucha por los derechos, las libertades y la dignidad de los trabajadores. Y eso no se borra arrancando una placa. Quienes pretenden borrar esa memoria no empequeñecen a Pablo Iglesias; se empequeñecen y se retratan a sí mismos“, ha declarado Gómez Urbán.

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE de Valladolid, Francisco Ferreira, ha anunciado que el partido remitirá de forma inmediata un requerimiento al alcalde para que revoque el acuerdo. “Vamos a enviar una carta al alcalde de Medina de Rioseco para que rectifique la decisión adoptada. Si no lo hace, ejerceremos todas las acciones legales y administrativas necesarias para garantizar que la calle Pablo Iglesias continúe formando parte del callejero del municipio”. Asimismo, Ferreira ha criticado de mezquina y despreciable la actitud del alcalde de Medina de Rioseco y Vicepresidente Segundo de la Diputación Provincial de Valladolid, David Esteban, al atacar de esta forma a un partido político y a su fundador. “Entiendo que tiene mucho tiempo para maquinar estas tropelías, al estar tan ocioso en el Area de Contratación y Digitalización que regenta en la Diputación y que hace aguas por todos los lados”, ha ironizado. En este sentido, también ha lamentado que el presidente de la Diputación Provincial de Valladolid y del Partido Popular de Valladolid, Conrado Íscar, permita este tipo de actuaciones, que, a juicio del PSOE de Valladolid, únicamente contribuyen a crear conflictos innecesarios. “Mirará para otro lado, como es de costumbre” ha concluido Francisco Ferreira.

La Fundación Triángulo Castilla y León ha denunciado este miércoles la vandalización del mural realizado por la artista Sara Macho, situado en el Paseo Juan de Austria de Valladolid, apenas unos días después de la celebración del 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBI+. La obra ha aparecido con la pintada “Remigración Tradición”, acompañada de simbología falangista, en un acto que la entidad considera un ataque a la convivencia y un intento de difundir mensajes de odio de carácter racista y xenófobo.

La obra se encuentra junto al puente del mismo nombre y fue realizada en 2022. Tal y como explicaba la artista en su cuenta de Instagram, “Pintando la diversidad del mundo” refleja “la lucha a nivel internacional por la igualdad” y toma como activistas a Virginia Woolf, Simon Nkoli y Marsha P.Johnson “que han contribuido con sus actos a generar un cambio en las mentes, a luchar contra la opresión, el maltrato, la condena y la vulneración de aquellos que aman y se sienten de una manera distinta, por ello aparecen ocultas las caras de dos personas que se besan (inspirado en el cuadro de ”los amantes“ de Rene Magritte) cuyos rostros se destapan a medida que los activistas riegan y siembran en la sociedad principios como la diversidad y la libertad”. El proyecto fue dirigido por Fundación Triángulo y el Ayuntamiento cedió el espacio.

La fundación condena de forma “rotunda” cualquier manifestación de odio y recuerda que los barrios deben ser espacios seguros donde todas las personas puedan vivir con libertad, independientemente de su origen, orientación sexual, identidad o expresión de género. “Las personas migrantes LGTBI+ que llegan a nuestra ciudad lo hacen, en muchos casos, huyendo de situaciones extremadamente difíciles en sus países de origen. Muchas escapan de legislaciones que criminalizan su orientación sexual o identidad de género, de entornos familiares violentos o de persecuciones que pueden conllevar incluso penas de prisión o poner en riesgo sus propias vidas. Valladolid debe ser un lugar de acogida, respeto y libertad para todas ellas”, subrayan en la nota de prensa.

Recuerdan además que la defensa de los derechos humanos no puede entenderse de forma aislada. “La igualdad solo es posible desde una mirada transversal que combata todas las formas de discriminación. Fundación Triángulo defiende la lucha feminista, antirracista, migrante, anticapacitista y está profundamente comprometida con los derechos humanos. Frente a quienes pretenden sembrar el miedo y la división, seguiremos defendiendo una sociedad diversa, inclusiva y libre de discursos de odio”, remarcan. También han recordado las palabras de la presidenta de Fundación Triángulo Castilla y León, Yolanda Rodríguez, durante la lectura del manifiesto del Orgullo celebrada el pasado 28 de junio en Valladolid: “Necesitamos espacios seguros. Apelamos a la alianza entre movimientos y colectivos para, juntas, conquistar la igualdad en mayúsculas. Desde el movimiento feminista, el activismo LGTBI, el activismo migrante, anticapacitista, antirracista, ecologista, sindical, de solidaridad internacional y el resto de movimientos sociales, tenemos que aunar fuerzas para hacer frente de forma conjunta a quienes promueven el odio.”

El compromiso ahora es restaurar el mural “lo antes posible” para que vuelva a representar los valores de diversidad, igualdad y respeto que inspiraron su creación. La entidad hace un llamamiento a toda la ciudadanía para rechazar cualquier expresión de odio y defender una Valladolid abierta, plural y respetuosa con los derechos humanos.

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez, trasladará este viernes a la Mesa cuándo debe agendarse el pleno en el que se votan los senadores por designación autonómica. Aunque Vázquez había señalado que se celebraría como muy tarde el 10 de julio, se plantearon dudas sobre la forma de computar el plazo máximo para llevarlo a cabo. La Ley 7/1987, de 8 de mayo, que regula el procedimiento de designación de senadores representantes de la Comunidad de Castilla y León establece que la designación que debe efectuarse en el plazo máximo de 60 días contados a partir de la fecha de constitución de la nueva Cámara. Dependiendo de cómo se computen los días hábiles, explican desde las Cortes de Castilla y León, los plazos variarían entre el 10 de julio y al 11 de septiembre, si se excluyen los meses de julio y agosto.

Dada la situación, inédita en 39 años de vigencia de la ley, Vázquez pidió un informe a la letrada mayor de las Cortes, que concluye que es Vázquez quien debe decidir sobre la interpretación que se le da a esa ley en concreto y a cualquiera sobre la que haya dudas. La clave está en saber por qué ahora, por primera vez en décadas, se cuestiona cómo se computa el plazo. Para algunos no se trata más que de una escenificación para retrasar la decisión sobre las designaciones, que no es sencilla.

Bien sea en julio, bien en septiembre, las Cortes votarán a tres senadores, dos del Partido Popular y uno del PSOE. Los senadores del PP desde la pasada legislatura son Vidal Galicia Jaramillo, a quien se considera amortizado y no se contempla renovar y Javier Maroto, el alavés empadronado en Sotosalbos (Segovia) desde 2019 y que se mantiene en el escaño por orden de Génova, hasta la fecha. El PSOE tiene en el escaño que le corresponde y tras salir del mismo Fran Díaz, al exsecretario autonómico, Luis Tudanca, que hasta el momento no sabe si su partido cuenta con él o no para seguir ocupándolo.