Uno de los rasgos fundamentales del capitalismo es la obsesión por el crecimiento económico. Así, el modelo productivo está diseñado para que nunca se detenga la producción de bienes y servicios, que es lo que mide el PIB, el indicador que todo el mundo quiere ver aumentar y que provoca pánico en gobiernos y sectores económicos si disminuye.

Pero este paradigma tiene muchos efectos secundarios, siendo uno de los más importantes la constante generación de residuos. Los productos, cuando no están hechos con materiales de poca calidad, directamente están programados para dejar de funcionar en una fecha determinada, lo que se conoce como obsolescencia programada. De una forma u otra el resultado es un trasto que nadie se atreve a reparar porque el coste en tiempo y dinero a menudo es superior a comprar un producto nuevo.

El sistema se basa pues en un modelo lineal de extracción de materia prima – fabricación – venta – consumo – residuo.

​El residuo debe tratarse

Pero el residuo debe tratarse, y paradójicamente el coste de este tratamiento no recae en productores o distribuidores sino que lo asumen contribuyentes y administraciones públicas. Es decir, los máximos responsables de la generación del residuo no pagan nada por su tratamiento y, en cambio, reciben los beneficios derivados de una más que probable compra nueva. Negocio redondo.

Aparte del coste económico, hay que tener en cuenta el problema logístico que representa y, mucho más importante, el impacto ecológico.

Básicamente, existen tres formas de tratar un residuo: recuperación o reciclaje, incineración y vertido. En las dos últimas, el impacto ecológico es obvio, pero no lo es tanto en la primera. Y aquí es donde el capitalismo nos marca otro gol por la escuadra cuando promociona el reciclaje. Nos han bombardeado a campañas con los beneficios de poner cada residuo en el contenedor adecuado, con un código de colores simple de entender para facilitar la tarea. Y nos han convencido de que con este sencillo gesto (pero que tanto le cuesta a tanta gente) ya hemos cumplido nuestra parte y contribuimos a salvar el planeta.

Con este sencillo truco garantizan que casi nadie cuestione el modelo imperante. ¿Dónde está el problema de comprar y comprar si podemos reciclarlo casi todo?

En este vídeo de l’Agència de Residus de Catalunya se puede ver cuál es el proceso de reciclaje del vidrio: recoger, transportar, separar, desmenuzar, volver a transportar y fundir a miles de grados de temperatura para acabar… con el mismo producto que al inicio: una botella. Todo muy lógico y ecológico.

¿Sorprendidos? ¿Verdad que el hecho de hacer uso del contenedor verde ya no será tan satisfactorio? Pues el tratamiento de envases de plástico (que no todos los plásticos) y del papel no es muy distinto.

​Otro modelo es posible

Como contrapunto al modelo de producción lineal, existe el circular, que tiene como característica fundamental el aprovechamiento de todos los materiales para darles otro uso. Nada muy distinto, a otra escala obviamente, de lo que hacían nuestros abuelos o padres años atrás: aprovechar todo lo aprovechable, reduciendo así costes, residuos y cuidando el entorno.

Puesto que cambiar el paradigma a nivel mundial es una tarea extremadamente complicada, ya que implica medidas legislativas, compromiso de los productores, redefinición de los procesos de producción, etc. la única solución que tienen las administraciones (sobre todo las locales, responsables de la recogida de los residuos) es implementar estrategias de reducción del volumen de residuos a tratar, lo que ahora se conoce como Residuo Cero.

Estas estrategias son una serie de medidas políticas para concienciar a todos los sectores, promover la reducción de residuos y el reaprovechamiento de materiales, aumentar la recogida selectiva de cada una de las fracciones, mitigar el impacto ambiental y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de partículas contaminantes.

Estos planes son absolutamente necesarios pero claramente insuficientes, ya que muchas de las medidas drásticas que deberían tomarse van contra la filosofía del libre mercado y serían rápidamente impugnadas y paradas.

​El caso de Barcelona

La gestión de residuos es algo especialmente complicado en ciudades densamente pobladas como Barcelona. La ciudad condal genera unas 800.000 toneladas de residuos anuales, de las que solo unas 300.000 se reciclan. Es decir, el medio millón de toneladas restantes o se incineran o se vierten.

Reducir al máximo este volumen, a base de generar menos residuos y de reaprovechar lo máximo posible, es el gran reto del ayuntamiento de la ciudad.

Pero, como administración local, tiene unos límites competenciales que dificultan esta labor. Por ejemplo, no puede limitar el volumen de residuos que genera cada negocio o unidad familiar, ni puede crear impuestos para gravar la generación de residuos. Solo puede jugar con las tasas para dar servicios, en este caso, la tasa metropolitana de residuos, gestionada por el AMB, o con incentivos fiscales ligados a la reducción de residuos.

Por tanto, a menudo las estrategias de residuo cero se ven reducidas a acciones de promoción, divulgación, concienciación y cambios en el modelo de gestión, como el Puerta a Puerta, donde el aumento de los porcentajes de recogida selectiva allí donde se lleva a cabo aumentan espectacularmente.

Estos cambios ni son fáciles ni son a menudo bien recibidos, pero son indispensables para alcanzar los objetivos y los compromisos con la legislación europea.

El Ayuntamiento de Barcelona acaba de presentar por ejemplo el Compromiso Barcelona Plástico Cero, con una serie de medidas para reducir los plásticos de un solo uso.

Entre ellas destacan las medidas dirigidas al uso de elementos reutilizables en comercios y restaurantes, al consumo de agua sin envasar y el uso de envases retornables. También se anuncia una bonificación del 10% a los establecimientos que colaboren con estas iniciativas .

El Consistorio debe dar ejemplo si quiere que la ciudadanía y el tejido económico responda, y Barcelona, como miembro de la red C40 de ciudades por el clima, con la alcaldesa en el comité ejecutivo, es una de las ciudades pioneras en el mundo en la lucha contra la emergencia climática.

Reducir el volumen de residuos es una pieza clave y este Compromiso es un paso en la dirección correcta, aunque insuficiente. Esperamos atentos el Plan de Residuo Cero que están preparando.

Más de un siglo de industrialización y desarrollo económico basado en combustibles fósiles ha ido degradando progresivamente nuestro medio ambiente de muchas maneras, siendo una de ellas convertir en irrespirable el aire de las ciudades. Se trata de un grave problema de salud, reconocido por la OMS, que requiere soluciones políticas de forma inmediata. El 54% de la población mundial vive en ciudades. En Europa, la cifra aumenta al 75%, y en EEUU al 82%. Entre los múltiples problemas que estos niveles de aglomeración humana provocan, la movilidad es uno de los más importantes.

La necesidad de desplazarse de forma cómoda y rápida, unido al rápido desarrollo del capitalismo y el culto a la propiedad y los bienes materiales, tienen como consecuencia una cifra espectacular de vehículos privados, la mayoría de ellos con motores de combustión. Esto provoca uno de los mayores desafíos a los que nos enfrentamos como sociedad urbana: la contaminación atmosférica.

En efecto, la calidad del aire en las grandes ciudades es tan mala y el riesgo para la salud es tan elevado que la Comisión Europea, reconociendo los avances realizados por los ayuntamientos del cambio, ha dado ya un ultimátum a ciudades como Madrid y Barcelona bajo amenaza de sanción. Las cifras oficiales de muertes por enfermedades cardiovasculares o respiratorias empequeñecen a las de muertes por accidente de tráfico, pero por razones inexplicables no tienen un efecto directo sobre la mentalidad de la ciudadanía o las administraciones.

En España, las ciudades del cambio han iniciado políticas para avanzar en una movilidad sostenible. Por primera vez las dos mayores urbes del Estado han implantado medidas de restricción de tráfico, al modo en que lo hacen otras grandes ciudades europeas. Redoblan las apuestas para reducir el número total de coches, empezando por los de diesel, así como aumentar el uso del transporte público y eléctrico, de vehículos no contaminantes como la bicicleta o el uso compartido del coche (alimentado por fuentes renovables). La pacificación o directamente peatonalización de calles es otro mecanismo común.

El objetivo es claro, reducir las emisiones para mejorar la calidad del aire. Y en las ciudades eso solo puede hacerse disminuyendo el número de vehículos en general y de combustión en particular. Retirar vehículos privados de las calles supone además tener la posibilidad de recuperar espacio público para uso y disfrute de la ciudadanía. Poder pasear en un ambiente agradable o que los niños tengan espacio para jugar debería ser una prioridad para cualquier ciudad moderna que aspire a altos estándares de calidad de vida.

Pero la capacidad de las ciudades para luchar contra la contaminación es limitada. En España por ejemplo, las competencias de transporte son estatales, y los puertos y aeropuertos son gestionados por consorcios donde los consistorios son sólo un actor más. En este contexto se hace indispensable que desde la UE se actúe de forma más contundente y coherente con la vista puesta en la salud y el bienestar de la ciudadanía, dejando en un segundo plano los criterios de crecimiento económico y los intereses de las grandes corporaciones automovilísticas y aeronáuticas. Primero, al igual que lo está haciendo la Comisión Europea al demandar varios países por incumplimiento de las normas, es necesario una aplicación estricta de la legislación existente sobre contaminación atmosférica.

Al mismo tiempo, esta acción enérgica no cuadra con las rebajas y regalos realizados a los lobbys automovilísticos y a sus Estados Miembros que los protegen (véase Alemania con Volkswagen) para que puedan seguir contaminando más. Aún más después del escándalo del Dieselgate, es urgente que la Comisión Europea termine con su doble discurso de cal y arena. Junto con el Parlamento Europeo y las ciudades del cambio, es hora de legislar a favor de la ciudadanía y no de los intereses corporativos y nacionales, y para ello es esencial mejorar las normas sobre emisiones de contaminantes (Directiva 2016/2284) y de vehículos (Euro 6).

Pero sobre todo, impulsemos un verdadero cambio social y económico donde quién contamina (y engaña) paga, quién es virtuoso gana; donde acompañamos con una transición justa a las personas trabajadoras de los sectores contaminantes como el sector automóvil hacia sectores verdes y donde nuestras ciudades apuestan por un urbanismo participativo y sostenible. Es decir, construyamos unas ciudades donde nuestros modos de vida, de producción y de consumo riman con salud y aire sano.

El tiempo es un tema de conversación muy socorrido, usado de forma mayoritaria en conversaciones de ascensor, cuando no se sabe de qué hablar, o simplemente para romper el hielo. Así que nadie se sorprende cuando alguien te aborda con una frase del tipo “qué buen día hace hoy, ¿verdad?”. 

Lo que ya sorprende mucho más es la cantidad de minutos que la mayoría de las cadenas de televisión generalistas, públicas o privadas, dedican hoy en día al tiempo. Es rara la semana en que no mandan dos o tres reporteros a otros tantos lugares del mapa a explicar, o bien las peripecias de los ciudadanos afectados por inundaciones, nevadas u otras calamidades a las que no están acostumbrados; o bien a dar cuenta de lo bien que se está en las plazas, playas o paseos marítimos gracias al sol y las altas temperaturas.

El lenguaje que usan, además, contribuye a fortalecer la equivalencia anticiclón = buen tiempo; borrasca = mal tiempo. Recuerdo perfectamente como el día siguiente de Navidad los noticiarios se pasaron más de cinco minutos mostrando imágenes de gente en las playas, tomando el sol y disfrutando del buen tiempo.

Así, la noticia no es que la combinación fenómeno meteorológico-lugar-estación del año sea inverosímil. La noticia es que la gente está atrapada en un paso de montaña, que se les ha inundado la casa por cuarta vez, que los abnegados bomberos han multiplicado sus salidas (versión mal tiempo), o que la ocupación hotelera ha rozado el 100% en todo el litoral (versión buen tiempo).

Vamos a ver, ¿de verdad nadie va a cuestionar que más de 20 grados en la costa cantábrica a 26 de diciembre es buen tiempo? ¿Acaso la lluvia y el viento no son imprescindibles para los cultivos, para llenar los embalses y realimentar los acuíferos, limpiar el aire que respiramos y para favorecer la vida en general?

Lo peor no es eso. Lo peor es que estos noticiarios transmiten estos mensajes con una falta de rigor total. Ni una sola vez, ni siquiera los meteorólogos o físicos que dan la información del tiempo en su propio espacio, mencionan que estos fenómenos puedan ser anormales, que quizás se deban al cambio climático y, por supuesto, mucho menos que éste sea provocado por la acción humana.

Así, el telespectador medio se queda con la idea de que el buen tiempo atrae turismo, hace que la gente esté más contenta y gaste más, y por tanto mejore la economía y la creación de puestos de trabajo. Tanto da que este empleo sea estacionario y precario o que las hordas de turistas nacionales y extranjeros maltraten el medio ambiente y agoten los recursos naturales. “Sol es bien”. Por el contrario, solo se habla del 'mal tiempo' para mostrar desastres e incomodidades varias.

De este modo, el desconocimiento general sobre el cambio climático y sus consecuencias se perpetua con la aquiescencia de quienes dirigen las grandes corporaciones mediáticas, dificultando así las acciones directas o indirectas para mitigarlo. El gobierno tampoco ayuda, incapaz de redactar una ley de cambio climático sensata, nombrando a Arias Cañete comisario de Acción por el Clima y Energía, y perpetrando la peor política energética posible, pese a las múltiples advertencias de la UE y a las numerosas demandas presentadas por inversores en energías renovables.

Y nuestra sociedad cortoplacista y miope no se da cuenta de que, de seguir así, en pocos años la desertización llegará a nuestras latitudes y acabará con el Spanish way of life tal como lo conocemos. Que nuestra economía, nada diversificada y dependiente en exceso del turismo y de unos combustibles fósiles cada vez más escasos y caros, se hundirá sin remisión.  Por no hablar del gran número de ciudadanos que se verán obligados a emigrar para poder sobrevivir. ¿Les suenan las palabras “refugiado climático”? Busquen en Google.

Pero eso será dentro de un par de décadas como mínimo. ¿Para qué preocuparse?

Deprime ver tanta banalidad y desinformación en nuestros informativos, y deprime aún más la alegría con la que la ciudadanía prefiere no ver o no saber. Incluso parece haber olvidado que existen las estaciones.

Por eso algunos, a veces, al buen tiempo ponemos mala cara.

El temps és un tema de conversa molt socorregut, emprat de forma majoritària en converses d'ascensor, quan no se sap de què parlar, o simplement per trencar el gel. Així que ningú se sorprèn quan algú t'aborda amb una frase del tipus “quin bon dia fa avui, oi?”.

El que ja sorprèn molt més és la quantitat de minuts que la majoria de les cadenes de televisió generalistes, públiques o privades, dediquen avui dia al temps. És rara la setmana en què no envien dos o tres reporters a altres tants indrets a relatar, o bé les peripècies dels ciutadans afectats per inundacions, nevades o altres calamitats a les quals no estan acostumats; o bé a donar compte de com de bé s'està a les places, platges o passejos marítims gràcies al sol i les altes temperatures.

El llenguatge que fan servir, a més, contribueix a enfortir l'equivalència anticicló = bon temps/ borrasca = mal temps. Recordo perfectament com el passat Sant Esteve els noticiaris es van passar més de cinc minuts mostrant imatges de gent a les platges, prenent el sol i gaudint del bon temps.

Així, la notícia no és que la combinació fenomen meteorològic-lloc-estació de l'any sigui inversemblant. La notícia és que la gent està atrapada en un pas de muntanya, que se'ls ha inundat la casa per quarta vegada, que els abnegats bombers han multiplicat les seves sortides (versió de mal temps); o que l'ocupació hotelera ha fregat el 100% a tot el litoral (versió de bon temps).

Anem a veure, de debò ningú qüestionarà que més de 20 graus a la costa cantàbrica a 26 de desembre és bon temps? És que la pluja i el vent no són imprescindibles per als cultius, per omplir els embassaments i realimentar els aqüífers, netejar l'aire que respirem i per afavorir la vida en general?

El pitjor no és això. El pitjor és que aquests noticiaris transmeten aquests missatges amb una manca de rigor total. Ni una sola vegada, ni tan sols els meteoròlegs o físics que donen la informació del temps en el seu propi espai mediàtic, esmenten que aquests fenòmens puguin ser anormals, que potser siguin conseqüència del canvi climàtic, i per descomptat molt menys que aquest sigui provocat per l'acció humana.

Així, el teleespectador mitjà es queda amb la idea que el bon temps atrau turisme, fa que la gent estigui més contenta i gasti més, i per tant millori l'economia i la creació de llocs de treball. Tant és que aquesta ocupació sigui estacionària i precària o que les hordes de turistes nacionals i estrangers maltractin el medi ambient i esgotin els recursos naturals. “Sol es bien”. Per contra, només es parla del 'mal temps' per mostrar desastres i incomoditats diverses.

D'aquesta manera, el desconeixement general sobre el canvi climàtic i les seves conseqüències es perpetua amb l'aquiescència d’aquells que dirigeixen les grans corporacions mediàtiques, dificultant així les accions directes i indirectes per mitigar-lo. El govern tampoc ajuda, incapaç de redactar una llei de canvi climàtic sensata, nomenant Arias Cañete comissari europeu d'Acció pel Clima i Energia, i perpetrant la pitjor política energètica possible, tot i les múltiples advertències de la UE i les nombroses demandes presentades per inversors en energies renovables.

I la nostra societat curtterminista i miop no se n'adona que, si continuem així, en pocs anys la desertització arribarà a les nostres latituds i acabarà amb l'Spanish way of life tal com el coneixem. Que la nostra economia, gens diversificada i dependent en excés del turisme i d'uns combustibles fòssils cada vegada més escassos i cars, s'enfonsarà sense remissió. Per no parlar del gran nombre de ciutadans que es veuran obligats a emigrar per poder sobreviure. Els hi sonen les paraules “refugiat climàtic”? Busquin a Google.

Però això serà d'aquí a un parell de dècades com a mínim. Per què preocupar-se.

Deprimeix veure tanta banalitat i desinformació als nostres informatius, i deprimeix encara més l'alegria amb la qual la ciutadania prefereix no veure o no saber. Fins i tot sembla haver oblidat que existeixen les estacions.

Per això alguns, de vegades, al bon temps posem mala cara.

Cada any que passa esgotem una mica abans els recursos naturals, és a dir, consumim més recursos que els que el planeta és capaç de generar

Una de les primeres declaracions oficials i uns dels acords finals de la cimera del G-20 celebrada a la Xina va ser que cal impulsar un creixement de l'economia fort, sostenible, equilibrat i inclusiu. Aquest redactat pot acontentar sectors de la població que veuen o pateixen la desigualtat però que alhora es creuen el missatge oficial de què l'única sortida és el creixement econòmic. En canvi, molts economistes i els moviments ecologistes no compren aquesta idea. Vegem per què.

Primer, què vol dir creixement econòmic? A grans trets, es refereix a l'increment del PIB, que mesura el valor monetari dels béns i serveis produïts (valor de mercat dels béns comercialitzats i cost econòmic dels béns i serveis públics) deixant de banda allò que no té relació amb el mercat, com ara la feina domèstica no remunerada.

A Espanya, amb uns nivells d'atur escandalosos, se'ns ha repetit fins al cansament que per sortir de la crisi calia créixer. Analitzant les dades històriques del PIB es veu que el 2008, any que va esclatar la crisi, el PIB era el més elevat des que hi ha registres, i que després d'una davallada progressiva, a partir del 2013 no ha parat de pujar. Mirant les dades de l'atur, les tímides pujades del PIB en el període 2008-2015 corresponen a tímides baixades de l'atur, però mirant abans del 2008, es veu que l'atur no va parar de pujar des del 2006, coincidint amb increments del PIB del 4%. És a dir, no es pot establir una relació directa entre creixement econòmic i creació d'ocupació, com ens volen fer creure, doncs hi influeixen altres variables.

De fet, la reforma laboral del PP, elaborada en teoria per facilitar la contractació a les empreses, ha tingut com a conseqüència acomiadaments massius i nous contractes temporals i precaris. Així, malgrat 3 anys seguits de creixement moderat, la situació laboral no ha millorat com es preveia.

És fàcil veure com en aquests darrers anys les grans empreses han multiplicat els seus beneficis mentre acomiadaven personal o el contractaven en precari. A qui beneficia doncs el creixement? Si ho mirem des del punt de vista ecològic, la cosa és molt pitjor.

L'axioma del creixement sostingut no s'aguanta per enlloc. El model productiu està basat en l'extracció de materials de la terra per produir béns, i aquests materials són finits, amb el que és fàcil veure que no es pot créixer infinitament si la matèria primera és finita. D'altra banda, el PIB no recull certs indicadors molt rellevants, com ara l'impacte mediambiental de l'extracció de matèries, el voluntariat o l'economia de les cures no remunerada, ambdós en fase creixent a causa de l'augment de persones en risc d'exclusió i de l'envelliment de la població.

El PIB, que com veiem només mesura 'diners' i no qualitat de vida, té paradoxes importants, com va demostrar el desastre del Prestige. El gran impacte ecològic del vessament de cru no es comptabilitza com a 'deure', però en canvi els materials i serveis emprats en les feines de neteja compten com 'haver'. És a dir, el vessament del Prestige va tenir un impacte positiu sobre l'economia! Una altra paradoxa és el tractament dels residus generats per aquest sistema depredador. Només es compten en el PIB els serveis de tractament de residus, però no l'impacte de tots aquells residus no tractats.

Així doncs, el creixement sostingut o infinit té un impacte enorme sobre els recursos naturals, i perd el focus del món que deixarem a les generacions futures, no ja només en l'aspecte ambiental, sinó en l'aspecte econòmic segons els mateixos paràmetres que defensen. Com pensen créixer quan ja no hi hagi més recursos naturals per produir béns?

Ara parlen de creixement sostenible i inclusiu, en un intent d'apaivagar el descontentament de les classes treballadores, però segons la definició més universal de creixement sostenible, això implica protegir el medi ambient, reduir les emissions i evitar la pèrdua de diversitat, tres característiques totalment incompatibles amb un sistema extractivista, generador de residus i basat en combustibles fòssils. Un desenvolupament (que no creixement) sostenible seria aquell que satisfà les necessitats bàsiques de la població sense comprometre els recursos i les possibilitats de generacions futures.

Creieu de debò que els membres del G-20 van en aquesta línia? El fet és que cada any que passa esgotem una mica abans els recursos naturals, és a dir, consumim més recursos que els que el planeta és capaç de generar. Aquest 2016, la data fatídica (anomenada Dia de la Sobrecapacitat de la Terra) ha estat el 20 d'agost, amb 4 mesos encara per arribar a final d'any.

Un cop argumentat que el creixement sostenible que plantegen és un oxímoron, només queda el concepte “inclusiu”. I per fer inclusiu el model econòmic s'han d'activar mecanismes de repartiment de la riquesa, ja sigui amb polítiques públiques, reduint el temps de treball per facilitar l'accés de més persones al mercat laboral, incorporant al mercat aquelles feines no remunerades que es fan per cobrir necessitats socials, o mirant d'anivellar una mica les retribucions reduint l'escletxa salarial entre treballadors i directius. Tampoc semblen disposats a això, a la vista dels salaris i bonificacions estratosfèriques dels dirigents i consellers d'empreses i bancs, i del fet que ni tan sols són capaços de lluitar contra el frau i els paradisos fiscals. Només aquesta mesura suposaria molts ingressos als estats que podrien dedicar al benestar de la ciutadania.

Així doncs, sembla poc probable que les bones intencions expressades en el comunicat es posin a la pràctica. Una enganyifa, tot plegat.

Cada año que pasa agotamos un poco antes los recursos naturales, es decir, consumimos más recursos que los que el planeta es capaz de generar

Una de las primeras declaraciones oficiales y uno de los acuerdos finales de la cumbre del G-20 celebrada en China fue que hay que impulsar un crecimiento de la economía fuerte, sostenible, equilibrado e inclusivo. Este redactado puede contentar a sectores de la población que ven o sufren la desigualdad pero que a la vez se creen el mensaje oficial de que la única salida es el crecimiento económico. En cambio, muchos economistas y los movimientos ecologistas no compran esta idea. Veamos por qué.



Primero, ¿qué significa crecimiento económico? A grandes rasgos, se refiere al incremento del PIB, que mide el valor monetario de los bienes y servicios producidos (valor de mercado de los bienes comercializados y coste económico de los bienes y servicios públicos), dejando de lado lo que no tiene relación con el mercado, como el trabajo doméstico no remunerado.

En España, con unos niveles de paro escandalosos, se nos ha repetido hasta la saciedad que para salir de la crisis había que crecer. Analizando los datos del PIB se ve que, en 2008, año en el que estalló la crisis, el PIB era el más elevado desde que hay registros y que, tras una bajada progresiva, a partir de 2013 no ha parado de subir. Mirando los datos del paro, las tímidas subidas del PIB en el periodo 2008-2015 corresponden a tímidas bajadas del paro, pero mirando antes de 2008, se ve que el paro no dejó de subir desde 2006, coincidiendo con incrementos del PIB del 4%. Es decir, no se puede establecer una relación directa entre crecimiento económico y creación de empleo, como nos quieren hacer creer, pues influyen otras variables.



De hecho, la reforma laboral del PP, elaborada en teoría para facilitar la contratación en las empresas, ha tenido como consecuencia despidos masivos y nuevos contratos temporales y precarios. Así, a pesar de 3 años seguidos de crecimiento moderado, la situación laboral no ha mejorado como se preveía.


Es fácil ver cómo en estos últimos años las grandes empresas han multiplicado sus beneficios mientras despedían a personal o lo contrataban en precario. ¿A quién beneficia pues el crecimiento? Si lo miramos desde el punto de vista ecológico, la cosa es mucho peor.



El axioma del crecimiento sostenido no se aguanta por ningún lado. El modelo productivo está basado en la extracción de materiales de la tierra para producir bienes, y estos materiales son finitos, con lo que es fácil ver que no se puede crecer infinitamente si la materia prima es finita. Por otra parte, el PIB no recoge ciertos indicadores muy relevantes, tales como el impacto medioambiental de la extracción de materias, el voluntariado o la economía de los cuidados no remunerada, ambos en fase creciente debido al aumento de personas en riesgo de exclusión y del envejecimiento de la población.



El PIB, que como vemos sólo mide 'dinero', no calidad de vida, tiene paradojas importantes, como demostró el desastre del Prestige. El gran impacto ecológico del derrame de crudo no se contabiliza como 'deber', pero en cambio los materiales y servicios utilizados en los trabajos de limpieza cuentan como 'haber'. Es decir, ¡el vertido del Prestige tuvo un impacto positivo sobre la economía! Otra paradoja es el tratamiento de los residuos generados por este sistema depredador. Sólo se cuentan en el PIB los servicios de tratamiento de residuos, pero no el impacto de todos aquellos residuos no tratados.



Así pues, el crecimiento sostenido o infinito tiene un impacto enorme sobre los recursos naturales, y pierde el foco del mundo que dejaremos a las generaciones futuras, no ya sólo en el aspecto ambiental, sino en el aspecto económico según los mismos parámetros que defienden. ¿Cómo piensan crecer cuando ya no haya más recursos naturales para producir bienes?

Ahora hablan de crecimiento sostenible e inclusivo, en un intento de apaciguar el descontento de las clases trabajadoras, pero según la definición más universal de crecimiento sostenible, esto implica proteger el medio ambiente, reducir las emisiones y evitar la pérdida de diversidad, tres características totalmente incompatibles con un sistema extractivista, generador de residuos y basado en combustibles fósiles. Un desarrollo (que no crecimiento) sostenible sería aquel que satisface las necesidades básicas de la población sin comprometer los recursos y posibilidades de generaciones futuras.

¿Creen en serio que los miembros del G-20 van en esta línea? 

El hecho es que cada año que pasa agotamos un poco antes los recursos naturales, es decir, consumimos más recursos que los que el planeta es capaz de generar. Este 2016, la fecha fatídica (llamada Día de la Sobrecapacidad de la Tierra) ha sido el 20 de agosto, con 4 meses todavía para llegar a fin de año.



Una vez argumentado que el crecimiento sostenible que plantean es un oxímoron, sólo queda el concepto “inclusivo”. Y para hacer inclusivo el modelo económico se deben activar mecanismos de reparto de la riqueza, ya sea con políticas públicas, reduciendo el tiempo de trabajo para facilitar el acceso de más personas al mercado laboral, incorporando al mercado aquellos trabajos no remunerados que se hacen para cubrir necesidades sociales, o tratando de nivelar un poco las retribuciones reduciendo la brecha salarial entre trabajadores y directivos. Tampoco parecen dispuestos a ello, a la vista de los salarios y bonificaciones estratosféricos de los dirigentes y consejeros de empresas y bancos, y de que ni siquiera son capaces de luchar contra el fraude y los paraísos fiscales. Sólo esta medida supondría muchos ingresos a los estados que podrían dedicarse al bienestar de la ciudadanía.



Así pues, parece poco probable que las buenas intenciones expresadas en el comunicado se pongan en práctica. Un engaño total.

El ja celebèrrim creuer Harmony of the Seas pertany a una família de vaixells que emet tant CO2 com 84.000 cotxes, tant NO2 com 425.000 cotxes, tantes PMx com 1 milió de cotxes i tant SO2 com 376 milions de cotxes

Que Barcelona i l'àrea metropolitana pateixen un greu problema de qualitat de l'aire ja comença a ser un fet amplament conegut. Els darrers mesos fets com el frau dels vehicles dièsel o l'arribada de macro creuers al port han aparegut als mitjans i han cridat l'atenció de la ciutadania sobre les causes de la gairebé permanent contaminació a la ciutat.

'Respirar pot matar' és la frase que portaven als dorsals els participants de la Pantumacona, una bicicletada mensual per a reclamar l'espai perdut en favor del cotxe i promoure un model de ciutat sostenible, i que es va celebrar el mes passat a Barcelona amb milers de participants. Exageraven? Gens ni mica.

El cas és que segons un estudi del CREAL es produeixen unes 3500 morts anuals a l'àrea metropolitana de Barcelona per malalties respiratòries i cardiovasculars degudes als alts nivells de partícules contaminants. Aquesta és una dada molt alta (prop de 10 morts al dia) comparada amb d'altres que tenen molt més ressò mediàtic, com ara les morts per accidents de trànsit (27 persones a Barcelona ciutat el 2015), però que per raons inexplicables no arriba al subconscient de la ciutadania ni dels dirigents polítics.

Però anem a les causes. A Catalunya se superen sistemàticament els límits fixats per l'OMS de partícules en suspensió (PM10 i PM2.5), òxids de nitrogen (NOx), ozó troposfèric (O3), i diòxid de sofre (SO2), els contaminants més importants. A la conferència AIRUSE sobre qualitat de l'aire celebrada a l'abril a Barcelona, la Generalitat va presentar un pla de Qualitat de l'Aire on es parteix de que el trànsit rodat produeix el 51% de les emissions de NOx i el 53% de les PM10; i s'estima la densitat de vehicles en 6000/km2, una de les més elevades d'Europa. El transport marítim representa un 14% dels NO2 i un 23% dels PM10.

I en aquest context, l'arribada del creuer més gran del món no fa més que agreujar el problema. El ja celebèrrim Harmony of the Seas pertany a una família de vaixells que emet tant CO2 com 84.000 cotxes, tant NO2 com 425.000 cotxes, tantes PMx com 1 milió de cotxes, i tant SO2 com 376 milions de cotxes. Quan són atracats a port consumeixen un fuel-oil de baixa qualitat per mantenir les seves instal·lacions en marxa que contamina 100 vegades més que el dièsel. Cadascun dels 2 motors del Harmony crema 5200 litres d'aquest combustible per hora. De juny a octubre, el vaixell ens visitarà un cop per setmana i s'estarà al port unes 10 hores, cremant doncs 104.000 litres d'aquest combustible cada diumenge. L'impacte d'aquestes estades en els plans de qualitat de l'aire pot ser molt gran, per imprevist.

Recentment es va constituir una Taula per la Qualitat de l'Aire on hi ha més de 70 entitats i organismes públics. Aquesta taula ha desenvolupat ja un esborrany de protocol d'episodis de contaminació i ha anunciat que avança en les mesures per reduir el nombre de vehicles rodats entre un 25 i un 30%, però no contempla l'impacte dels macrocreuers.

La Taula està treballant en mesures com la creació de Zones Urbanes d'Atmosfera Protegida (ZUAPs), reducció de velocitat als accessos a la ciutat, eliminació de les bonificacions als dièsel, plans de mobilitat, promoció de vehicles de baixes emissions, renovació de la flota de vehicles o increment dels preus de peatges i places de pàrquing. Tot això ha d'anar acompanyat per una millora del transport públic i una pacificació del trànsit amb mesures de mobilitat, com ara la peatonalització de carrers, la creació de noves superilles i la millora i ampliació de la xarxa de carrils bici, per esmentar-ne unes quantes.

Totes aquestes mesures han de ser valentes, ja que han de posar la salut de la ciutadania per sobre dels interessos econòmics, i han d'implicar totes les administracions, inclosa l'autoritat portuària. La ciutadania ha d'entendre que les mesures, moltes d'elles impopulars pels conductors, busquen el seu benestar i una ciutat més habitable. Per exemple, Noruega prohibirà els vehicles impulsats per combustibles fòssils d'aquí fins al 2025, i Stockholm fa 10 anys que fa pagar peatge per utilitzar els ponts que donen accés a la ciutat.

Pel que fa als creuers, la solució a curt termini implica electrificar el port (amb energia de producció renovable) perquè els vaixells puguin connectar-se i no cremar combustibles fòssils. Recordem aquí que la proposta d'alguns polítics d'apostar per la gasificació, tot i ser més neta que el fuel-oil, també produeix emissions. És cert que els vaixells necessiten una petita adaptació per connectar-se, però també és cert que la inversió inicial s'amortitzaria ràpidament amb l'estalvi de combustible.

Per tant, per posar fre al problema cal la intervenció de les administracions però també la col·laboració i fins i tot la pressió de la ciutadania, exigint fermesa en l'aplicació de polítiques d'energia i mobilitat que vetllin per la nostra salut.

El ya celebérrimo crucero Harmony of the Seas pertenece a una familia de barcos que emite tanto CO2 como 84.000 coches, tanto NO2 como 425.000 coches, tantas PMx como 1 millón de coches, y tanto SO2 como 376 millones de coches

Que Barcelona y el área metropolitana sufren un grave problema de calidad del aire ya empieza a ser un hecho ampliamente conocido. Los últimos meses hechos como el fraude de los vehículos diesel o la llegada de macro cruceros al puerto han aparecido en los medios y han llamado la atención de la ciudadanía sobre las causas de la casi permanente contaminación en la ciudad.

Respirar puede matar es la frase que llevaban en los dorsales los participantes de la Pantumacona, una bicicletada mensual para reclamar el espacio perdido en favor del coche y promover un modelo de ciudad sostenible, y que se celebró el mes pasado en Barcelona con miles de participantes. ¿Exageraban? En absoluto.

El caso es que según un estudio del CREAL se producen unas 3.500 muertes anuales en el área metropolitana de Barcelona por enfermedades respiratorias y cardiovasculares debidas a los altos niveles de partículas contaminantes. Este es un dato muy alto (cerca de 10 muertes al día) comparado con otros que tienen mucho más eco mediático, como las muertes por accidentes de tráfico (27 personas en Barcelona ciudad en 2015), pero que por razones inexplicables no llega al subconsciente de la ciudadanía ni de los dirigentes políticos.

Pero vamos a las causas. En Catalunya se superan sistemáticamente los límites fijados por la OMS de partículas en suspensión (PM10 y PM2.5), óxidos de nitrógeno (NOx), ozono troposférico (O3), y dióxido de azufre (SO2), los contaminantes más importantes. En la conferencia AIRUSE sobre calidad del aire celebrada en abril en Barcelona, la Generalitat presentó un Plan de Calidad del Aire donde se parte de que el tráfico rodado produce el 51% de las emisiones de NOx y el 53 % de las PM10; y se estima la densidad de vehículos en 6000 / km2, una de las más elevadas de Europa. El transporte marítimo representa un 14% de los NO2 y un 23% de los PM10.

Y en este contexto, la llegada del crucero más grande del mundo no hace más que agravar el problema. El ya celebérrimo Harmony of the Seas pertenece a una familia de barcos que emite tanto CO2 como 84.000 coches, tanto NO2 como 425.000 coches, tantas PMx como 1 millón de coches, y tanto SO2 como 376 millones de coches. Mientras están atracados en puerto consumen un fuel-oil de baja calidad para mantener sus instalaciones en marcha que contamina 100 veces más que el diesel. Cada uno de los 2 motores del Harmony quema 5200 litros de este combustible por hora. De junio a octubre, el barco nos visitará una vez por semana y estará en el puerto unas 10 horas, quemando pues 104.000 litros de este combustible cada domingo. El impacto de estas estancias en los planes de calidad del aire puede ser muy grande, por imprevisto.

Recientemente se constituyó una Mesa para la Calidad del Aire donde hay más de 70 entidades y organismos públicos. Esta mesa ha desarrollado ya un borrador de protocolo de episodios de contaminación y anunció que avanza en las medidas para reducir el número de vehículos rodados entre un 25 y un 30%, pero no contempla el impacto de los macro cruceros.

La Mesa está trabajando en medidas como la creación de Zonas Urbanas de Atmósfera Protegida (ZUAP), reducción de velocidad en los accesos a la ciudad, eliminación de las bonificaciones a los diesel, planes de movilidad, promoción de vehículos de bajas emisiones, renovación de la flota de vehículos o incremento de los precios de peajes y plazas de parking. Todo ello debe ir acompañado por una mejora del transporte público y una pacificación del tráfico con medidas de movilidad, como la peatonalización de calles, la creación de nuevas supermanzanas y la mejora y ampliación de la red de carriles bici, por mencionar solo unas cuantas.

Todas estas medidas deben ser valientes, pues deben poner la salud de la ciudadanía por delante de los intereses económicos, y deben implicar a todas las administraciones, incluida la autoridad portuaria. La ciudadanía debe entender que las medidas, muchas de ellas impopulares para los conductores, buscan su bienestar y una ciudad más habitable. Por ejemplo, Noruega prohibirá los vehículos impulsados por combustibles fósiles de aquí hasta el 2025, y Estocolmo hace 10 años que hace pagar peaje para utilizar los puentes que dan acceso a la ciudad.

En cuanto a los cruceros, la solución a corto plazo pasa por electrificar el puerto (con energía de producción renovable) para que los barcos puedan conectarse y no quemar combustibles fósiles. Recordemos aquí que la propuesta de algunos políticos de apostar por la gasificación, a pesar de ser más limpia que el fuel-oil, también produce emisiones. Es cierto que los barcos necesitan una pequeña adaptación para conectarse, pero también es cierto que la inversión inicial se amortizaría rápidamente con el ahorro de combustible.

Por tanto, para poner freno al problema es necesaria la intervención de las administraciones pero también la colaboración e incluso la presión de la ciudadanía, exigiendo firmeza en la aplicación de políticas de energía y movilidad que velen por nuestra salud.

"No se entiende este manifiesto sino es por intereses políticos partidistas, seguramente la aprobación de los presupuestos y las negociaciones para incorporar a otros grupos al gobierno municipal", asegura el miembro del eje de ecología de Barcelona en Comú


Los últimos meses se ha hablado mucho de la unión de los dos tramos del tranvía, una propuesta presente en el programa de Barcelona en Comú para mejorar la movilidad y disminuir la contaminación atmosférica en la ciudad. Desde el Ayuntamiento se ha trabajado bastante en el tema, consiguiendo el apoyo explícito de Artur Mas primero, y del presidente Puigdemont después. Estos apoyos son bastante trascendentes, teniendo en cuenta que CiU tradicionalmente se ha posicionado en contra de esta solución.

Y he aquí que toda la oposición municipal a excepción de la CUP, a quien no invitaron, ha firmado un manifiesto en el que piden rigor a la alcaldesa, poniendo en duda el coste del proyecto y priorizando la línea 10 del metro y el bus eléctrico. En el manifiesto se «reafirma la necesidad de unir los dos tranvías pero hay que estudiar y evaluar todas las alternativas posibles, incluyendo también la opción del bus eléctrico.» También remarcan la falta de consenso, a pesar del acuerdo entre los dos principales administraciones. La realidad es que los dos proyectos son prioritarios y se quieren llevar a cabo. No se trata de uno u otro.

De la rueda de prensa de presentación del manifiesto destaca una intervención de Alfred Bosch, de ERC: «Ponemos el metro por delante de todo. No habrá presupuestos si no hay metro ». El caso es que la línea 10 es el primer punto del acuerdo (que incluye el tranvía) al que llegaron la alcaldesa y el presidente de la Generalitat, y por tanto provoca cierto estupor esta justificación.

El otro argumento, y creo que el trasfondo de esta escenificación, es que los partidos de la oposición suman 27 concejales/as por 11 del gobierno. Obviamente no les gusta que el Ayuntamiento tome la iniciativa, y ni siquiera esperan a ver el resultado de los diferentes informes encargados y que se publicarán en breve, para lanzarse a la carga.

¿Pero es sólo eso lo que les preocupa? Los argumentos económicos y técnicos que presentan no se sostienen. El coste de un km de tranvía (y estamos hablando de hacer 3,5km) es mucho más bajo que el coste de un km de metro, como dice uno de los informes, el de la Plataforma por el Transporte Público, presentado en noviembre pasado, donde también se afirma que el proyecto supone ahorrar 2 millones al año en gastos de explotación. La capacidad de transporte de un tranvía triplica la del bus, presenta mayor frecuencia de paso, y como no tiene que compartir carril con taxis ni buses la velocidad media es constante, lo que potencialmente mejora la movilidad de los usuarios.

Tampoco, como algunos argumentan, se pretende eliminar del todo los buses, sino que se trata de reubicarlos dentro de la red ortogonal y por lo tanto no hay pérdida de puestos de trabajo. Además el proyecto significa unir con una sola infraestructura 9 municipios del AMB, desde Badalona a Sant Just Desvern. El consumo de energía es otro factor capital. El bajo rozamiento de rueda y raíl hace que los consumos sean menores que el del bus eléctrico. Y por supuesto, la combinación de la reducción de buses y vehículos privados por la Diagonal que se espera se produzca, reduciría mucho las emisiones de gases contaminantes, colaborando a reducir la contaminación atmosférica y las 3500 muertes al año (unas 10 al día, poca broma) que se producen en el AMB por causa de la contaminación.

Por lo tanto no se entiende este manifiesto sino es por intereses políticos partidistas. Seguramente la aprobación de los presupuestos, tal y como se desprende de la declaración del Sr. Bosch, y las negociaciones para incorporar a otros grupos al gobierno municipal están detrás de esta estrategia, que una vez más prioriza los intereses particulares a los intereses comunes. Por lo tanto habría que pedir a los partidos firmantes el mismo rigor y responsabilidad que ellos piden a la alcaldesa, pues aquí nos jugamos la salud y el bienestar de toda la ciudadanía.

Como dato final, hay más de 10 propuestas al respecto en la web decidim.barcelona, sumando bastantes apoyos populares.

El proyecto del tranvía no es un capricho, es una necesidad demandada por la ciudadanía. Y un paso muy importante para conseguir una ciudad más respirable.

"No s'entén aquest manifest si no és per interessos polítics partidistes, segurament l'aprovació dels pressupostos i les negociacions per incorporar altres grups al govern municipal són al darrera d'aquesta estratègia", assegura el membre de l'eix d'ecologia de Barcelona en Comú

Els darrers mesos s'ha parlat força de la unió dels dos trams del tramvia, una proposta present al programa de Barcelona en Comú per millorar la mobilitat i disminuir la contaminació atmosfèrica a la ciutat. Des de l'Ajuntament s'ha treballat força en el tema, aconseguint el suport explícit de Artur Mas primer, i del president Puigdemont després. Aquests suports són força transcendents, tenint en compte que CiU tradicionalment s'ha posicionat en contra d'aquesta solució.

I vet ací que tota la oposició municipal tret de la CUP, a qui no van convidar, ha signat un manifest en el que demanen rigor a l'alcaldessa, posant en dubte el cost del projecte i prioritzant la línia 10 del metro i el bus elèctric. Al manifest es «reafirma la necessitat d'unir els dos tramvies però cal estudiar i avaluar totes les alternatives possibles, incloent també l'opció del bus elèctric.» També remarquen la manca de consens, tot i l'acord entre los dues principals administracions.

De la roda de premsa de presentació del manifest destaca una intervenció d'Alfred Bosch, d'ERC: «Posem el metro per davant de tot. No hi haurà pressupostos si no hi ha metro». El cas és que la línia 10 és el primer punt de l'acord (que inclou el tramvia) al que van arribar l'alcaldessa i el president de la Generalitat, i per tant provoca cert estupor aquesta justificació. La realitat és que els dos projectes són prioritaris i es volen dur a terme. No es tracta d'un o l'altre.

L'altre argument, i crec que el rerefons d'aquesta escenificació, és que el partits de la oposició sumen 27 regidors/es per 11 del govern. Òbviament no els agrada que l'Ajuntament prengui la iniciativa, i ni tant sols esperen a veure el resultat dels diferents informes encarregats i que s'han de publicar en breu, per llençar-se a la càrrega.

Però és només això el que els amoïna? Els arguments econòmics i tècnics que presenten no s'aguanten per enlloc. El cost d'un km de tramvia (i estem parlant de fer-ne 3,5km) és molt més baix que el cost d'un km de metro, tal com diu un dels informes, el de la Plataforma pel Transport Públic, presentat el novembre passat, on també s'afirma que el projecte suposa estalviar 2 milions a l'any en despeses d'explotació. La capacitat de transport d'un tramvia triplica la del bus, presenta major freqüència de pas, i com que no ha de compartir carril amb taxis ni busos la velocitat mitjana és constant, fet que potencialment millora la mobilitat dels usuaris.

Tampoc, com alguns argumenten, es pretén eliminar del tot els busos, sinó que es tracta de reubicar-los dins la xarxa ortogonal i per tant no hi ha pèrdua de llocs de treball. A més el projecte significa unir amb una sola infrastructura 9 municipis de l'AMB, des de Badalona a Sant Just Desvern. El consum d'energia és un altre factor cabdal. El baix fregament de roda i rail fa que els consums siguin menors que el del bus elèctric. I per suposat, la combinació de la reducció de busos i vehicles privats per la Diagonal que s'espera es produeixi, reduiria molt les emissions de gasos contaminats, col·laborant a reduir la contaminació atmosfèrica i les 3500 morts l'any (unes 10 al dia, poca broma) que es produeixen a l'AMB per causa de la contaminació.

Per tant no s'entén aquest manifest si no és per interessos polítics partidistes. Segurament l'aprovació dels pressupostos, tal i com es desprén de la declaració del Sr Bosch, i les negociacions per incorporar altres grups al govern municipal són al darrera d'aquesta estratègia, que un cop més prioritza els interessos particularas als interessos comuns. Per tant caldria demanar als partits signants el mateix rigor i responsabilitat que ells demanen a l'alcaldessa, doncs aquí ens hi juguem la salut i el benestar de tota la ciutadania.

Com a dada final, hi ha més de 10 propostes al respecte a la web decidim.barcelona, sumant força suports populars.

El projecte del tramvia no és un caprici, és una necessitat demandada per la ciutadania. I un pas força important per aconseguir una ciutat més respirable.

És fonamental que els Estats facin una lectura correcta de les prioritats i arribin a la conclusió que cal impulsar de forma immediata una transició a un model energètic basat en energies netes i renovables

La setmana vinent comença a Paris la COP21, conferència organitzada per Nacions Unides per adreçar el repte del canvi climàtic. Un repte colossal, el més important que afronta la humanitat, causa directa de catàstrofes naturals, que influeix notablement en fluxos migratoris com el de Síria i representa l'amenaça més gran per l'alimentació, entre altres coses.

En aquestes cimeres sempre hi ha aspectes positius i negatius. Aquesta no és una excepció. D’una banda ja gairebé tothom admet l'existència del canvi climàtic i els seus efectes, accepta que la activitat humana n'és la causa primera i admet la necessitat urgent de reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) per mantenir la temperatura per sota dels 2 graus d'increment respecte a l'època preindustrial. Superar aquests 2 graus representa desencadenar efectes irreversibles.

D'altra banda, les qüestions polítiques i sobre tot econòmiques dificultaran enormement l'acord. Les grans potències encara basen el model productiu en el consum de combustibles fòssils, i les nacions emergents han basat el seu creixement en aquest model. Aplicar mesures dràstiques implica una inversió molt forta de diners, i aquest ha estat sempre un dels obstacles més grans per a que cimeres anteriors fossin productives.

Però sembla que els governs s'adonen que el cost de les conseqüències serà més elevat que el cost de les mesures preventives. Els Estats Units i la Xina, principals emissors, així ho han entès i s'han compromès ja amb un pla ambiciós que pot d'alguna manera empènyer la resta de participants a un acord. Aquest acord ha de ser vinculant per ser efectiu, i aquí la postura dels EEUU serà fonamental. Obama ja ha declarat repetidament que cal passar a l'acció, però sap que un Congrés amb majoria republicana vetaria l'acord amb tota probabilitat. I no és possible un acord sense els EEUU, doncs la resta de potències i nacions emergents no el signarien., repetint el fracàs d'anteriors COPs.

A més, l'amenaça del terrorisme yihadista pot fer canviar les prioritats. Casualitat o no, organitzacions terroristes que es financen bàsicament amb el control i la venda de cru han atacat Paris dues setmanes abans de la cimera, desencadenant una escalada militar que precisament necessita de grans quantitats de combustibles fòssils per posar-se en marxa.

Per tant és fonamental que els estats participants facin una lectura correcta de les prioritats i arribin a la conclusió de que cal impulsar de forma immediata una transició a un model energètic basat en energies netes i renovables. Reduir o abandonar la dependència dels combustibles fòssils, a banda de reduir considerablement les emissions de GEH, implica una devaluació del cru en els mercats per la llei de l'oferta i la demanda, i per tant pot entorpir el finançament de les organitzacions terroristes. Doble benefici, o win-win situation com diuen els americans.

Però no ho podem deixar tot en mans dels governs nacionals. Les administracions locals i regionals poden prendre mesures en matèria energètica i de mobilitat, sobre tot pel que fa a polígons industrials, transport públic, edificis municipals, així com afavorir la rehabilitació energètica d'habitatges, i la ciutadania pot ajudar canviant els seus hàbits de consum i patrons de mobilitat, i fer pressió participant en mobilitzacions i campanyes de conscienciació i informació.

Aquest diumenge, per exemple, coincidint amb la inauguració de la COP21, s'ha convocat a nivell mundial una Marxa Global pel Canvi Climàtic a moltes ciutats del planeta. Una presència massiva de ciutadans en aquestes marxes sens dubte farà que el focus no es perdi de vista.

Finalment, no pot haver justícia social sense justícia ambiental, i en un context en que les desigualtats cada cop són més grans, adreçar el canvi climàtic ha de ser la prioritat de tota la humanitat.

Es fundamental que los Estados hagan una lectura correcta de las prioridades y lleguen a la conclusión de que hay que impulsar de forma inmediata una transición a un modelo energético basado en energías limpias y renovables

La próxima semana comienza en París la COP21, conferencia organizada por Naciones Unidas para afrontar el reto del cambio climático. Un reto colosal, el más importante que afronta la humanidad, causa directa de catástrofes naturales, que influye notablemente en flujos migratorios como el de Siria y representa la mayor amenaza para la alimentación, entre otras cosas.

En estas cumbres siempre hay aspectos positivos y negativos. Esta no es una excepción. Por un lado ya casi todo el mundo admite la existencia del cambio climático y sus efectos, acepta que la actividad humana es su principal causa y admite la necesidad urgente de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para mantener la temperatura por debajo de los 2 grados de incremento respecto a la época preindustrial. Superar estos 2 grados representa desencadenar efectos irreversibles.

Por otra parte, las cuestiones políticas y sobre todo económicas dificultarán enormemente el acuerdo. Las grandes potencias todavía basan su modelo productivo en el consumo de combustibles fósiles, y las naciones emergentes han basado su crecimiento en este modelo. Aplicar medidas drásticas implica una inversión muy fuerte de dinero, y este ha sido siempre uno de los obstáculos más grandes para que cumbres anteriores fueran productivas.

Pero parece que los gobiernos se dan cuenta de que el coste de las consecuencias será más elevado que el coste de las medidas preventivas. Estados Unidos y China, principales emisores, así lo han entendido y se han comprometido ya con un plan ambicioso que puede de alguna manera empujar al resto de participantes a un acuerdo. Este acuerdo debe ser vinculante para ser efectivo, y aquí la postura de los EEUU será fundamental. Obama ya ha declarado repetidamente que hay que pasar a la acción, pero sabe que un Congreso con mayoría republicana vetaría el acuerdo con toda probabilidad. Y no es posible un acuerdo sin los EEUU, pues el resto de potencias y naciones emergentes no lo firmarían, repitiendo el fracaso de anteriores COPs.

Además, la amenaza del terrorismo yihadista puede hacer cambiar las prioridades. Casualidad o no, organizaciones terroristas que se financian básicamente con el control y la venta de crudo han atacado París dos semanas antes de la cumbre, desencadenando una escalada militar que precisamente necesita de grandes cantidades de combustibles fósiles para ponerse en marcha.

Por lo tanto es fundamental que los Estados hagan una lectura correcta de las prioridades y lleguen a la conclusión de que hay que impulsar de forma inmediata una transición a un modelo energético basado en energías limpias y renovables. Reducir o abandonar la dependencia de los combustibles fósiles, además de reducir considerablemente las emisiones de GEI, implica una devaluación del crudo en los mercados por la ley de la oferta y la demanda, y por lo tanto puede entorpecer la financiación de las organizaciones terroristas. Doble beneficio, o win-win situation.

Pero no lo podemos dejar todo en manos de los gobiernos nacionales. Las administraciones locales y regionales pueden tomar medidas en materia energética y de movilidad, sobre todo en cuanto a polígonos industriales, transporte público, edificios municipales, así como favorecer la rehabilitación energética de viviendas, y la ciudadanía puede ayudar cambiando sus hábitos de consumo y patrones de movilidad, y hacer presión participando en movilizaciones y campañas de concienciación e información.

Este domingo, por ejemplo, coincidiendo con la inauguración de la COP21, se ha convocado a nivel mundial una Marcha Global por el Cambio Climático en muchas ciudades del planeta. Una presencia masiva de ciudadanos en estas marchas sin duda hará que el foco no se pierda.

Finalmente, no puede haber justicia social sin justicia ambiental, y en un contexto en que las desigualdades cada vez son más grandes, combatir el cambio climático debe ser la prioridad de toda la humanidad.

Mesures com promoure un operador energètic verd, desenvolupar la rehabilitació energètica dels habitatges, apostar per un model de transport públic sostenible i eficient o recuperar l'aigua com a be comú s'emmarquen en aquesta transició que ens ha de permetre sortir del cercle viciós del productivisme i el consum

Indefensió total. Això és el que sentim molts ciutadans en veure cada dia com es trepitgen els nostres drets, com s'atempta contra la nostre salut, com se'ns margina a l'hora de considerar la presa d'una decisió política que ens afectarà directament.

Els exemples són molts, però n'hi ha tres de recents que ens ensenyen fins a quin punt aquest model econòmic depredador ens sotmet al seu dictat. El primer és el ja famós Dieselgate, on una multinacional de l'automoció ha estat descoberta falsejant les mesures d'emissions dels seus vehicles dièsel. Durant anys, al ciutadà se l'ha convençut de que aquest tipus de vehicle és a mig termini més econòmic i més ecològic. En realitat han estat empitjorant la nostra salut per a que uns pocs obtinguin un benefici econòmic. I un cop esclatat l'escàndol, el govern espanyol no fa una altra cosa que demanar a la UE que autoritzi vehicles encara més contaminants per evitar conseqüències negatives a l'economia espanyola. Pressionada per alguns estats membres, i la Comissió Europea finalment ha cedit i ha suavitzat els límits d'emissions d'aquests vehicles.

El segon ha saltat aquesta setmana amb l'informe de l'OMS que qualifica com a potencialment cancerígenes les carns processades, aixecant una gran polseguera en l'opinió pública. I ara que molta gent ha anat abandonant la dieta mediterrània augmentant la ingesta de carn, descobrim que els processos a que la sotmeten per tal de comercialitzar-la són tot menys innocus per la salut.

El tercer ja ve de lluny: les polítiques energètiques del govern central afavorint l'oligopoli elèctric que han culminat en la llei d'autoconsum que ha consagrat “l'impost al sol”. Al país amb més hores de radiació solar de tota Europa gastem 45.000 milions d'euros l'any en importar combustibles fòssils per generar electricitat, i amb el decret es penalitza als que volen produir i auto consumir energia gratuïta i neta si es connecten a la xarxa per abocar de franc el seu excedent de producció. Pagar per regalar energia que no ha tingut gairebé cost de producció. El món al revés.

És a dir, estem en un model on tot val per fer negoci. Forcem la natura per produir més del necessari, posem entrebancs a l'ús de recursos naturals que ens permetrien estalviar i reduir les emissions, manipulem sense escrúpols per fer més atractius els productes, modifiquem els cicles naturals per augmentar les collites i fer-les més resistents, mercadegem amb la salut i en el procés degradem els ecosistemes, contaminem aqüífers i atmosfera i contribuïm de forma significativa a la gran amenaça que tenim a sobre: el canvi climàtic. Per acabar-ho d'adobar, ni tan sols som beneficiaris directes dels beneficis econòmics, doncs l'escletxa entre els que més tenen i els que menys cada cop és més gran. I això per no parlar del TTIP, que mereix capítol a banda.

En aquest context, fer una transició cap a un model econòmic més just social i ambientalment esdevé ja una necessitat urgent que hem d'abordar. Ni des de la UE ni des dels governs centrals sembla que la vulguin impulsar, i de fet la única solució que proposen per sortir de la crisi és el creixement, perpetuant el model.

Per tant, són els governs locals i la ciutadania els que han de donar les passes necessàries per engegar aquesta transició. Ja hi ha importants ciutats europees que ho fan, i ara des de l'ajuntament de Barcelona s'estan plantejant actuacions en aquesta línia que aixequen immediatament les crítiques d'oposició i sectors de la ciutadania. Mesures com promoure un operador energètic verd, desenvolupar la rehabilitació energètica dels habitatges, apostar per un model de transport públic sostenible i eficient, recuperar l'aigua com a be comú, establir una moneda social local, condicionar els contractes a criteris de justícia social i ambiental, garantir els subministraments bàsics, recuperar habitatges buits per a lloguer social, o fomentar l'economia solidària i col·laborativa i el comerç de proximitat s'emmarquen en aquesta transició que ens ha de permetre sortir del cercle viciós del productivisme i el consum, permetent la ciutadania apoderar-se i empènyer els governs a emprendre el camí que els hi marquem cap a una societat més justa i respectuosa amb el medi ambient.

Els ciutadans per la nostra banda podem modificar poc a poc els hàbits fent-nos socis de cooperatives de consum, posant els nostres estalvis en banca ética, reduint el nostre consum d'energia, compartint recursos, utilitzant el transport públic en la mesura del possible, o reutilitzant i reciclant, per esmentar-se uns quants.

Tenim eines per provocar canvis i acabar amb la indefensió. Depèn de nosaltres que les posem en pràctica.

Medidas como promover un operador energético verde, desarrollar la rehabilitación energética de las viviendas, apostar por un modelo de transporte público sostenible y eficiente o recuperar el agua como bien común se enmarcan en esta transición que nos permitirá salir del círculo vicioso del productivismo y el consumo

Indefensión total. Esto es lo que sentimos muchos ciudadanos al ver cada día como se pisan nuestros derechos, como se atenta contra nuestra salud, como se nos margina a la hora de considerar la toma de una decisión política que nos afectará directamente.

Los ejemplos son muchos, pero hay tres recientes que nos enseñan hasta qué punto este modelo económico depredador nos somete a su dictado. El primero es el ya famoso Dieselgate, donde una multinacional de la automoción ha sido descubierta falseando las medidas de emisiones de sus vehículos diesel. Durante años, al ciudadano se le ha convencido de que este tipo de vehículo es a medio plazo más económico y más ecológico. En realidad han ido empeorando nuestra salud para que unos pocos obtengan un beneficio económico. Y una vez estallado el escándalo, el gobierno español no hace otra cosa que pedir a la UE que autorice vehículos aún más contaminantes para evitar consecuencias negativas para la economía española. Presionada por algunos Estados miembros, la Comisión Europea finalmente ha cedido y ha suavizado los límites de emisiones de estos vehículos.

El segundo ha saltado esta semana con el informe de la OMS que califica como potencialmente cancerígenas las carnes procesadas, levantando una gran polvareda en la opinión pública. Y ahora que mucha gente ha ido abandonando la dieta mediterránea aumentando la ingesta de carne, descubrimos que los procesos a los que la someten a fin de comercializarla son de todo menos inocuos para la salud.

El tercero ya viene de lejos: las políticas energéticas del gobierno central favoreciendo al oligopolio eléctrico que han culminado en la ley de autoconsumo que ha consagrado “el impuesto al sol”. En el país con más horas de radiación solar de toda Europa gastamos 45.000 millones de euros al año en importar combustibles fósiles para generar electricidad, y con el decreto se penaliza a los que quieren producir y autoconsumir energía gratuita y limpia si se conectan a la red para verter gratis su excedente de producción. Pagar para regalar energía que no ha tenido casi coste de producción. El mundo al revés.

Es decir, estamos en un modelo donde todo vale para hacer negocio. Forzamos la naturaleza para producir más de lo necesario, ponemos obstáculos al uso de recursos naturales que nos permitirían ahorrar y reducir las emisiones, manipulamos sin escrúpulos para hacer más atractivos los productos, modificamos los ciclos naturales para aumentar las cosechas y hacerlas más resistentes, mercadean con la salud y en el proceso degradamos los ecosistemas, contaminamos acuíferos y atmósfera y contribuimos de forma significativa a la gran amenaza que tenemos encima: el cambio climático. Por si fuera poco, ni siquiera somos beneficiarios directos de los beneficios económicos, pues la brecha entre los que más tienen y los que menos cada vez es mayor. Y eso por no hablar del TTIP, que merece capítulo aparte.

En este contexto, hacer una transición hacia un modelo económico más justo social y ambientalmente se convierte ya en una necesidad urgente que tenemos que abordar. Ni desde la UE ni desde los gobiernos centrales parece que la quieran impulsar, y de hecho la única solución que proponen para salir de la crisis es el crecimiento, perpetuando el modelo.

Por lo tanto, son los gobiernos locales y la ciudadanía los que deben dar los pasos necesarios para poner en marcha esta transición. Ya hay importantes ciudades europeas que lo hacen, y ahora desde el Ayuntamiento de Barcelona están planteando actuaciones en esta línea que levantan inmediatamente las críticas de oposición y sectores de la ciudadanía. Medidas como promover un operador energético verde, desarrollar la rehabilitación energética de las viviendas, apostar por un modelo de transporte público sostenible y eficiente, recuperar el agua como bien común, establecer una moneda social local, acondicionar los contratos a criterios de justicia social y ambiental, garantizar los suministros básicos, recuperar viviendas vacías para alquiler social, o fomentar la economía solidaria y colaborativa y el comercio de proximidad se enmarcan en esta transición que nos permitirá salir del círculo vicioso del productivismo y el consumo, permitiendo a la ciudadanía apoderarse y empujar a los gobiernos a emprender el camino que les marcamos hacia una sociedad más justa y respetuosa con el medio ambiente.

Los ciudadanos por nuestra parte podemos modificar poco a poco los hábitos haciéndonos socios de cooperativas de consumo, poniendo nuestros ahorros en banca ética, reduciendo nuestro consumo de energía, compartiendo recursos, utilizando el transporte público en la medida de lo posible o reutilizando y reciclando, por mencionar unos cuantos.

Tenemos herramientas para provocar cambios y acabar con la indefensión. Depende de nosotros que las pongamos en práctica.