Decía Aneurin Bevan, ministro de salud británico, que “el Sistema Nacional de Salud durará tanto como quede gente con fe para luchar por él”. Esas palabras las decía uno de los artífices de la creación del sistema nacional de salud británico, ese que ahora vemos despedazarse en una mezcla de privatización encarnizada y burocratización de su asistencia.

En España fue el sistema nacional de salud británico en el que nos empezamos a mirar para levantar el nuestro. Que se financiara con impuestos, que fuera universal, que pusiera la atención primaria en el centro y que tuviera a los médicos y médicas de familia como directores de orquesta… esas ideas duraron poco.

En el año 1997 los grandes partidos políticos del momento (PSOE, PP, CiU, PNV) decidieron copiar otra cosa del modelo británico: la posibilidad de que la empresa privada entrara a gestionar y prestar la asistencia sanitaria pública. De esta manera empezamos a ver en nuestro sistema sanitario a empresas como Ribera Salud, Capio, Quirón… y otras que nada tenían que ver con la sanidad como SACYR y OHL, que buscaban en la sanidad algo que estabilizara sus vaivenes empresariales en el mundo del ladrillo y la burbuja inmobiliaria.

A día de hoy, 1 de cada 3 euros del gasto sanitario total del Sistema Nacional de Salud es privado, y dentro del gasto público, 1 de cada 3 euros acaba en manos privados (hospitales de gestión privada, centros privados de larga estancia, suministros, subcontratas,…). Este trasvase de dinero público a manos privadas se hace, además, sin criterios de interés público, sin transparencia y sin control, con implicación en mil y un casos de corrupción y con empresas de ámbitos ajenos a la sanidad tratando de meter sus manos en esta porque saben que es un negocio muy rentable.

Que la sanidad pública es un negocio rentable para las empresas privadas no es solo algo que digan las activistas de la Marea Blanca o cualquier colectivo de defensa de la sanidad pública, son las palabras del Consejero Delegado de Fresenius (una de esas empresas de sanidad privada), que literalmente dijo: “Probablemente les sorprenda, pero los ingresos del lado público son más rentables que los del lado privado”.

Frases como esta ensalzando la rentabilidad de los ingresos que recibe la empresa privada por parte del sistema sanitario público ocurren justo cuando nos enfrentamos a la mayor descapitalización del sistema sanitario desde su creación, habiéndose reducido el gasto sanitario en un 20% en los años de crisis económica y proyectándose que suponga una porción cada vez más insignificante del gasto público total.

En un sistema como el nuestro, con una opacidad administrativa notable, con un sistema sanitario con un déficit total y absoluto de gobernanza y sin cauces válidos para la participación y control de la ciudadanía, la introducción de fórmulas público-privadas está condenada a ser un nicho de parasitación y privatización de beneficios, con perjuicio para la salud del sistema y de la ciudadanía.

No es la Ley 15/97 la única que nos ha llevado dónde estamos. En Cataluña sabemos que la LOSC del año 1990 sentó las bases de ese modelo público-privado en el que lo público desempeña la función de huésped y lo privado la de parásito. También ha habido leyes posteriores que han apuntalado este sistema. No toca mirar para atrás más que para sentar las bases del diagnóstico; ahora toca mirar al presente y el futuro e invitar a aquellos partidos que en su momento pensaron que flirtear con la llamada “colaboración público-privada” era una buena idea den un paso adelante y apuesten por una gestión pública eficaz, eficiente, transparente y con control de profesionales y ciudadanía.

Hay que evaluar el impacto de los diferentes modos de privatización de nuestra sanidad sobre la salud de la población y sobre la sostenibilidad del sistema, hemos de modificar la legislación que permite la entrada del lucro en nuestra sanidad y hemos de crear nuevas formas de gestionar los servicios sanitarios que hagan que profesionales y ciudadanía tengan una voz que se escuche por encima de los dividendos de los consejos de administración de Capio, Ribera Salud o las empresas y fondos buitre que pueda haber detrás de alguna de ellas.

Hemos de hacer que la frase que nos importe sea la de Bevan, y no la del Consejero Delegado de Fresenius.

Desde que la constitución de la Organización Mundial del Comercio y su Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) sentaron las bases del actual sistema de patentes, éste se ha mostrado poco efectivo a la hora de desarrollar innovaciones centradas en las necesidades de la población, así como ineficiente e injusto por la centralidad del beneficio económico en el sistema actual de innovación biomédica.

En efecto, los precios no reflejan ni el valor terapéutico del producto ni los costes de I+D, sino que vienen fijados por criterios de marketing. Parece evidente que la forma de fijar los precios de un medicamento, cuya función, no lo olvidemos, es salvar vidas, no debería obedecer a los mismos criterios que otros mercados de bienes o servicios como el de televisores o muebles. Existe en definitiva un abismo moral entre el precio de un medicamento y el coste de su producción, reconocido incluso por algunos altos ejecutivos de la industria como Mike Kelly, CEO de Kantar Health: “El coste de producción de un medicamento es ínfimo en comparación con su precio de mercado”.

En los últimos años, el sistema fallido de innovación biomédica, que antes parecía afectar solamente a los países de rentas medias-bajas y bajas, ha comenzado a afectar también a los países de rentas medias-altas y altas, con el claro ejemplo de los nuevos medicamentos de acción directa para el tratamiento de la hepatitis C, o los nuevos medicamentos antitumorales, cuyos elevados precios ponen en riesgo la sostenibilidad y la solvencia de los sistemas sanitarios públicos de estos países.

El problema de fondo es que, al aplicar las leyes del mercado al sector farmacéutico, aparece lo que en la industria se califica como “fallos de mercado”, y que en realidad significa miles de vidas perdidas por culpa de las llamadas “enfermedades desatendidas” como el chagas, ébola y zika. Estos “fallos de mercado” están también en el origen de una de las mayores crisis de salud global a las que nos enfrentamos: la resistencia microbiana a antibióticos. La industria farmacéutica ha destinado pocos recursos al desarrollo de una nueva generación de antibióticos porque estos tratamientos tienden a ser cortos y no les ofrecen la rentabilidad de las enfermedades crónicas.

¿Qué debemos hacer? ¿Cómo hacer frente a un sistema que está diseñado para que los beneficios económicos sean los que guíen la investigación y desarrollo de nuevos fármacos? ¿De qué manera visibilizar los esfuerzos de investigación que se hacen con dinero público para que reviertan en un mejor acceso de la población a los medicamentos? ¿Cómo eliminar los rastros de corrupción dentro de la negociación-imposición de los precios de los medicamentos? ¿Cómo hacer que el acceso a los medicamentos como parte del derecho a la salud se conjugue con la existencia de incentivos que animen a la investigación de nuevos medicamentos?

Las respuestas a todas estas preguntas no son sencillas, pero al menos son preguntas que ya están siendo reconocidas, no sólo como legítimas, sino también como piedra angular de las políticas de innovación y legislación sobre medicamentos en los próximos años dentro de la Unión Europea y los Estados Miembros. Un informe publicado y presentado por los ministros de sanidad de Holanda y Bélgica concluyó que “mientras que generalmente se aceptan y reconocen los retos, no hay consenso en torno a si los elevados precios son resultado de una lógica de políticas de precio mal concebidas, un fracaso más generalizado de todo el sistema de desarrollo de medicamentos, o incluso resultado de valores y principios deshonestos sobre los que reposa el sistema de desarrollo de medicamentos”.

Este jueves el Parlamento Europeo ha votado un informe titulado Opciones para mejorar el acceso a medicamentos. En él se reconoce la necesidad de reformar el modelo actual de innovación en biomedicina para que responda a las necesidades reales de salud pública. A pesar de ser un paso en la dirección adecuada, queda mucho camino por recorrer, ya que aunque la UE tiene una oportunidad de oro para situarse a la vanguardia de la lucha por un modelo más justo, se enfrenta al modelo anacrónico e insolidario guiado por los criterios de mercado.

Diferentes colectivos de la sociedad civil se han esforzado para que dicho informe recogiera una apuesta real por la transparencia en los procedimientos de fijación de precios, por la introducción de criterios de interés público en la distribución de ayudas de investigación y por la creación de un nuevo marco de investigación biomédica que deje atrás el sistema de patentes y se centre en las necesidades en salud y la sostenibilidad de los sistemas sanitarios públicos. Sin embargo, la presión de la industria y de colectivos que siguen viendo en el ámbito del medicamento una oportunidad para vehiculizar importantes oportunidades de negocio hacen que esto no sea tan sencillo.

Con este artículo queremos clarificar cuáles creemos que han de ser los pilares fundamentales en los que se base un modelo de innovación biomédica que sirva para facilitar el acceso a los medicamentos y mejorar la salud de la población:

Transparencia y rendición de cuentas en los procedimientos de investigación, tanto con fondos públicos como privados, con importancia nuclear de las políticas de declaración y control de los conflictos de interés, así como de las políticas de publicación de datos en abierto para la potenciación del conocimiento compartido.

Fijación de criterios de interés público en el establecimiento de las líneas estratégicas de la Unión Europea y los estados miembros.

Impulso a la investigación con fondos públicos, vinculándola en su diseño a la detección de necesidades y facilitando los procesos de traslación a su aplicación clínica. En la actualidad, la investigación y desarrollo con fondos privados parasita a la realizada con fondos públicos, no viéndose representada esta última en la fijación de precios de medicamentos que, aunque en sus fases finales se hayan desarrollado por parte de la industria farmacéutica privada, se gestaron en sus fases de investigación básica a partir de fondos públicos. La realidad es que los europeos pagan dos veces por sus medicamentos: una a través de sus impuestos y otra cuando los compran.

Diseño de herramientas estandarizadas de cálculo de los costes de investigación y fabricación de medicamentos, de modo que el establecimiento de los precios no dependa de las cantidades dadas de forma unilateral por la industria fabricante de dichos productos.

Establecimiento de mecanismos de transparencia en la negociación y la fijación de precios de medicamentos; impulso a los procesos de compras comunes que logren disminuciones de los precios unitarios y la desvinculación de estos con los costes de producción (fabricación e investigación).

El desarrollo de estas medidas ha de hacerse monitorizando su impacto sobre la equidad y su distribución basada en la cobertura de las necesidades en salud de la población, sin convertir a los pacientes en el combustible de un sistema que hasta ahora se ha centrado en maximizar beneficios centrándose en las necesidades de rentabilidad y no de salud.

Hablando en plata, el actual sistema de innovación en biomedicina descansa habitualmente sobre resultados científicos manipulados, tiende a impedir la innovación derivada, obedece a principios de confidencialidad que privan al proceso científico de transparencia. Es, además, masivamente derrochador debido a la ausencia de datos compartibles, el solapamiento de investigación clínica y el derroche de gasto en marketing en detrimento de la I+D. Tal y como afirma Ian Chalmers, fundador de la Cochrane Collaboration, “más del 85% de los recursos invertidos son desperdiciados por causas prevenibles”.

Además, los conflictos de interés permean todo el proceso de desarrollo, aprobación y marketing de nuevos medicamentos. Puesto que el 89% de los fondos de la Agencia Europea de Medicamentos dependen de las tasas cobradas a la industria farmacéutica, no es sorprendente que muchos altos funcionarios de la EMA sean producto de “puertas giratorias”. La situación es tan grave que la Defensora del Pueblo Europeo ya ha expresado su preocupación y comenzado a investigar.

También las asociaciones de profesionales de la salud, e incluso de pacientes, son cortejados por la industria farmacéutica. El propio Consejo de Europa se ha quejado sobre los “efectos nocivos de la interacción entre la industria farmacéutica y los responsables de tomas de decisiones políticas en el sector de la salud”.

Cientos de lobistas de la industria ejercen una influencia asfixiante sobre las políticas públicas y menguan los esfuerzos de los defensores de la salud pública y representantes de la sociedad civil. Es urgente que se ponga la transparencia, la investigación pública y las necesidades en salud de la población en el centro del modelo de innovación biomédica y de la introducción de las innovaciones farmacéuticas en los sistemas públicos de salud, pero esto no se logrará manteniendo el actual marco de poder existente entre la Unión Europea, los estados miembros y las diferentes industrias que juegan un papel destacado en este ámbito. Para lograrlo es fundamental generar cambios dentro de los repartos de poder; las instituciones públicas han de hacer uso de posiciones dominantes de poder respecto a la industria farmacéutica, no solo por la institución, sino principalmente por las personas a las que representan. Las patentes no pueden estar por delante de los pacientes, así como el lucro no puede estar por delante de las necesidades en salud.

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Lola Sánchez Caldentey, diputada del Parlamento Europeo por Podemos.

Marta Sibina Camps, diputada por Barcelona G.P. Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Rita Bosaho Gori, diputada por Alicante G.P. Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En nuestro país se consumen muchos medicamentos, en parte como consecuencia de un sistema sanitario muy dirigido hacia la prescripción, con poco tiempo de consulta y con unas instituciones públicas que se han sentido cómodas dejando que la industria farmacéutica les marcara la agenda política. Un sistema en el que siempre se ha despreciado la evaluación de medicamentos como forma de dar valor al dinero público gastado en medicamentos y que ha puesto un velo opaco para que las decisiones en materia de financiación de medicamentos y fijación de sus precios siempre hayan sido algo no accesible a la población general.

Los nuevos medicamentos para la hepatitis C hicieron que parte de la población española comenzara a darse cuenta de un problema que llevaban tiempo sufriendo en otras regiones del mundo (gran parte de África, sudeste asiático y América Latina principalmente): el actual sistema de investigación, desarrollo y comercialización de fármacos no sirve para cubrir las necesidades de la población, y cuando parece que podría hacerlo se imponen unos precios a los medicamentos que hacen que los sistemas públicos de salud no puedan costearlos.

El sistema actual de innovación basado en patentes (licencias de explotación en régimen de monopolio para un medicamento durante un periodo de tiempo determinado) ha fallado a la hora de buscar remedios para enfermedades olvidadas (aquellas que suponen una gran carga de enfermedad en países de rentas bajas) y también a la hora de que los medicamentos producidos puedan llegar a la mayoría de la población, por culpa de los precios abusivos impuestos que no están relacionados con el coste de fabricación y que difícilmente podemos saber si están vinculados al coste de su investigación.

Desde hace tiempo plataformas de movimientos sociales tales como No Es Sano están intentando que el acceso a los medicamentos y el actual modelo de innovación se posicione en el centro de la agenda política en nuestro país, cosa que aún no se ha llevado a cabo, abordando los problemas en la financiación de medicamentos y acceso de la población a los mismos de manera parcheada y como si de excepciones puntuales se tratara, sin notar la magnitud y la proyección de futuro del problema.

Sin embargo, en otros lugares este tema ya comienza a copar debates y agendas políticas; un ejemplo de ello es que la Organización de Naciones Unidas haya creado un grupo de trabajo para abordar el acceso a medicamentos y que este grupo se esté centrando fundamentalmente en la colisión entre los derechos a la propiedad intelectual (las patentes) y el derecho a la salud.

El problema del precio de los medicamentos es el elefante rosa en la habitación: está presente, es enorme pero nadie dentro de las instituciones públicas parece querer mirar a él. Reducciones de copagos, políticas de transparencia, financiaciones selectivas de medicamentos ligadas a procesos potentes de evaluación... todo eso son medidas necesarias pero que no serán más que patadas hacia delante si no se produce un cambio real en el modelo de innovación.

Mirar más allá de la patente es la única manera de salvar una situación cuyos daños colaterales son años de enfermedad y vidas prematuramente terminadas, y existe una cierta urgencia a la hora de abordar este tema porque aspectos no puramente sanitarios como son la posible firma del TTIP podrían tener importantes efectos sobre el acceso a los medicamentos y sobre el control de precios por parte de los estados miembros de la Unión Europea, reduciendo aún más el poder de los Estados en los procesos de negociación de precios.

Las políticas de medicamentos que pongan la salud de población en el centro de sus objetivos, por delante de los derechos ligados al comercio, han de diseñarse contando con los colectivos sociales que llevan tiempo trabajando en ello, y es hora de que nuestras instituciones vayan trabajando a este respecto para poder liderar un cambio que ha de darse aquí, en la Unión Europea y en la Organización Mundial del Comercio.

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Marta Sibina Camps es diputada en el Congreso de los Diputados por En Comú Podem.  Portavoz en la Comisión de Sanidad del Grupo Parlamentario Unidos Podemos - En Comú Podem - En Marea.

Javier Padilla Bernáldez es miembro del área estatal de salud de Podemos.

• Marta Sibina, número dos de la candidatura En Comú Podem al Congrés i una de las persones que va destapar irregularitats als hospitals de Blanes i Calella vinculades amb Xavier Crespo, l'exdiputat de CiU condemnat la setmana passada per corrupció, demana explicacions a Jordi Turull, Marina Geli, Albert Batet i Artur Mas, de Junts pel Sí, pel cas Clotilde

Em vaig assabentar de la notícia per un missatge de Telegram: “Marta! Ho has vist?Crespo condemnat! Al final s’ha fet justícia! Ho heu aconseguit!”. Efectivament, aquest divendres l’ex-diputat de CiU Xavier Crespo ser condemnat per haver rebut suborns de la màfia russa. Nou anys d’inhabilitació i 450.000  euros de multa. En mig d’un oceà d’impunitat, aquest gota de justícia s’agraeix. Però no n’hi ha prou. Hi ha coses molt greus sobre les que Xavier Crespo encara no ha donat explicacions.



El document que vam descobrir la tarda del 10 de maig de 2012 només tenia tres folis però demostraven que sempre que hi ha opacitat algú se n’aprofita. En aquest cas l’aprofitat era el llavors diputat Xavier Crespo. Aquell document de tres folis explicava dues històries: 1) Entre els anys 2000 i 2005 un grup de gestors i polítics havia fet desaparèixer dels hospitals públics de Blanes i Calella un total de 2,4 milions d'euros 2) L’espoli va ser descobert per la Sindicatura de Comptes però va ser la mateixa Sindicatura qui va ocultar-lo, amb l’ajut de Jordi Turull (CiU) i Marina Geli (PSC, llavors Consellera de Salut del Govern Tripartit). Aquells tres folis eren el “vot particular” d’un dels membres de la Sindicatura –Agustí Colom– advertint al Parlament que la resta dels membres de la Sindicatura havien tapat l’informe complet on es detallaven les claus de l’espoli.


Llum amb Yotube


Aquest informe de la Sindicatura sobre l’espoli dels hospitals de Blanes i Calella (i el vot particular que havia advertit al Parlament de l'ocultació) va romandre prop de set anys amagat. Havia arribat el moment de posar llum. I vam fer aquest vídeo i el vam penjar a Youtube:


Hores més tard, al web de CiU, Xavier Crespo anunciava una querella contra nosaltres per “difamacions”. Vam treballar durant dies i finalment, el 5 de juny de 2012 sortia a la llum el que es coneixeria com a Informe Crespo. Setanta planes on es detallaven les gravíssimes irregularitats que implicaven a Xavier Crespo en la desaparició dels 2,4 milions d'euros. La llista d’irregularitats és molt llarga: comissions fantasma, diners públics per pagar hotels, lloguers i restaurants sense justificació de cap mena, sobresous irregulars...


Després de set anys tot plegat va sortir a la llum, però encara ningú ha donat cap explicació. No han donat explicacions els responsables de la Sindicatura que van impedir que l’Informe Crespo arribés al Parlament. No han donat explicacions els diputats del Parlament de Catalunya que van rebre els tres folis del vot particular d’Agustí Colom. No han donat explicacions els gestors dels hospitals, implicats a l’escàndol, que avui continuen regint els destins de diversos hospitals públics catalans. No ha donat explicacions Jordi Turull –actual diputat de Junts Pel Si–, qui va pressionar la Sindicatura per enterrar el cas. No ha donat explicacions Marina Geli –integrant de les llistes de Junts Pel Si– qui des de la Conselleria va fer gestions per amagar l’escàndol. No ha donat explicacions Albert Batet –actual diputat de Junts Pel Si– qui al llarg de la Comissió d’Investigació sobre la Corrupció al Sistema Sanitari va defensar aferrissadament “l’honor” del seu company de partit. No ha donat explicacions Artur Mas –candidat a President per Junts pel Si– qui sempre ha defensat el seu company de partit. I, per últim, no ha donat explicacions Xavier Crespo, avui condemnat pels seus tractes amb la màfia russa.


L’any 2013, al llibre Artur Mas: on són els meus diners? tots els detalls d’aquest escàndol. I escrivíem: “És veritat que al nostre país cada dia es destapa un nou escàndol i sembla que la marea del temps i l'actualitat va fent que els casos es perdin en la memòria. És clar que des de cafèambllet no podrem mai amb tota la corrupció, però mai acceptarem com a normal el que va passar a la CSMS entre els anys 2000 i 2005. No ho oblidarem mai, no deixarem mai de demanar explicacions als implicats i no deixarem que això passi com si res. Mantindrem el cas de l'Informe Crespo obert fins que els seus responsables demanin perdó a la ciutadania. No sabem si serà d'aquí a un any, cinc, deu o vint, però els responsables d'aquest desastre, tard o d'hora, s'hauran d'enfrontar els seus escandalosos actes (...) Per això us demanem que llegiu amb atenció els detalls del cas de l'Informe Crespo. Que us els guardeu a la memòria i que l'hi expliqueu a tothom. Escriure-ho en aquest llibre és la nostra manera de mantenir-lo viu. Que ho llegiu, també. I quan hàgim acabat d'escriure el llibre, continuarem buscant la manera d'acabar amb la impunitat de les persones que protagonitzen l'informe Crespo”.


Han passat 3 anys i encara no tenim explicacions sobre l’Informe Crespo. La condemna del divendres és una pas més. Però cal seguir. I davant l’oblit que garanteix la impunitat, memòria. Davant la impunitat, memòria col·lectiva.

Aquí podeu llegir l'Informe Crespo (Part I) i l'Informe Crespo (Part II)


• Marta Sibina, número dos de la candidatura En Común Podem al Congreso y una de las personas que destapó el escándalo de corrupción por el que la semana pasada fue condenado el ex diputado de CiU Xavier Crespo, pide explicaciones a Jordi Turull, Marina Geli, Albert Batet y Artur Mas, de Junts pel Sí, por el caso Crespo

Me enteré de la noticia por un mensaje de Telegram: “Marta! Lo has visto? Crespo condenado! Al final se ha hecho justicia! Lo habéis conseguido!”. Efectivamente, este viernes el ex-diputado de CiU Xavier Crespo fue condenado por haber recibido sobornos de la mafia rusa. Nueve años de inhabilitación y 450.000 euros de multa. En medio de un océano de impunidad, esta gota de justicia agradece. Pero no es suficiente. Hay cosas muy graves sobre las que Xavier Crespo aún no ha dado explicaciones.

El documento que descubrimos la tarde del 10 de mayo de 2012 sólo tenía tres folios pero demostraban que siempre que hay opacidad alguien se aprovecha. En este caso el aprovechado era el entonces diputado Xavier Crespo. Ese documento de tres folios contaba dos historias: 1) Entre los años 2000 y 2005 un grupo de gestores y políticos había hecho desaparecer de los hospitales públicos de Blanes y Calella un total de 2,4 millones de euros 2) El expolio fue descubierto por la Sindicatura de Cuentas pero fue la misma Sindicatura quien lo ocultó, con la ayuda de Jordi Turull (CiU) y Marina Geli (PSC, entonces consejera de Salud del Govern Tripartit). Aquellos tres folios eran el “voto particular” de uno de los miembros de la Sindicatura -Agustí Colom- advirtiendo al Parlament que el resto de los miembros de la Sindicatura habían tapado el informe completo donde se detallaban las claves del expolio.

Luz con Yotube

Este informe de la Sindicatura sobre el expolio de los hospitales de Blanes y Calella (y el voto particular que había advertido en el Parlament de la ocultación) permaneció cerca de siete años escondido. Había llegado el momento de poner luz. E hicimos este vídeo y lo colgamos en Youtube:

Horas más tarde, en la web de CiU, Xavier Crespo anunciaba una querella contra nosotros por “difamaciones”. Trabajamos durante días y finalmente, el 5 de junio de 2012 salía a la luz lo que se conocería como Informe Crespo. Setenta planas donde se detallaban las gravísimas irregularidades que implicaban a Xavier Crespo en la desaparición de los 2,4 millones de euros. La lista de irregularidades es muy larga: comisiones fantasma, dinero público para pagar hoteles, alquileres y restaurantes sin justificación de ningún tipo, sobresueldos irregulares...

Después de siete años todo salió a la luz, pero aún nadie ha dado ninguna explicación. No han dado explicaciones los responsables de la Sindicatura que impidieron que el Informe Crespo llegara al Parlament. No han dado explicaciones los diputados del Parlament de Catalunya que recibieron los tres folios del voto particular de Agustí Colom. No han dado explicaciones los gestores de los hospitales, implicados en el escándalo, que hoy siguen rigiendo los destinos de varios hospitales públicos catalanes. No ha dado explicaciones Jordi Turull –actual diputado de Junts pel Sí–, quien presionó a la Sindicatura para enterrar el caso. No ha dado explicaciones Marina Geli –integrante de las listas de Junts pel Sí–, quien desde la conselleria hizo gestiones para ocultar el escándalo. No ha dado explicaciones Albert Batet –actual diputado de Junts pel Sí–, quien a lo largo de la Comisión de Investigación sobre la Corrupción en el Sistema Sanitario defendió encarnizadamente “el honor” de su compañero de partido. No ha dado explicaciones Mas –candidato a President por Junts pel Sí–, quien siempre ha defendido su compañero de partido. Y, por último, no ha dado explicaciones Xavier Crespo, hoy condenado por sus tratos con la mafia rusa.

El año 2013, en el libro Mas: ¿dónde están mi dinero? todos los detalles de este escándalo. Y escribíamos: “Es verdad que en nuestro país cada día se destapa un nuevo escándalo y parece que la marea del tiempo y la actualidad va haciendo que los casos se pierdan en la memoria. Está claro que desde Cafèambllet no podremos nunca con toda la corrupción, pero nunca aceptaremos como normal lo que pasó en la CSMS entre los años 2000 y 2005. No lo olvidaremos nunca, no dejaremos nunca de pedir explicaciones a los implicados y no dejaremos que esto pase como si nada. Mantendremos el caso del Informe Crespo abierto hasta que sus responsables pidan perdón a la ciudadanía. No sabemos si será dentro de un año, cinco, diez o veinte, pero los responsables de este desastre, tarde o temprano, tendrán que enfrentar sus escandalosos actos (...) Por eso os pedimos que leáis con atención los detalles del caso del Informe Crespo. Que os los guardéis en la memoria y que se lo expliquéis a todos. Escribirlo en este libro es nuestra manera de mantenerlo vivo. Que lo leáis, también. Y cuando hayamos terminado de escribir el libro, continuaremos buscando la manera de acabar con la impunidad de las personas que protagonizan el informe Crespo”.

Han pasado 3 años y todavía no tenemos explicaciones sobre el Informe Crespo. La condena del viernes es una paso más. Pero hay que seguir. Y ante el olvido que garantiza la impunidad, memoria. Ante la impunidad, memoria colectiva.

Aquí puede leer el Informe Crespo (Parte I) y el Informe Crespo (Parte II)