La salida neoliberal nos ofrece deteriorar nuestro bienestar, incrementar las posibilidades de pandemia y encerrarnos aún más en el perverso círculo de la deuda. ¿Es posible cuestionar este modelo o por el contrario saldrá reforzado bajo la tormenta planetaria del coronavirus?

Dinero al alza, biodiversidad a la baja

El dinero no trae la felicidad y Estados Unidos es un buen ejemplo. Los trabajos del sociólogo Richard Sennett nos advierten de la inseguridad que crea no tener referencias (laborales, afectivas) para responder adecuadamente a la pregunta de “¿a quién le importo?”. La precariedad, la contaminación, los malos hábitos alimentarios o las crecientes adicciones a drogas y estupefacientes hacen que la esperanza de vida, sin ser baja, no se encuentre entre los primeros 30 países del mundo. La vida no fluye pero el dinero en forma de crédito, sí. La deuda pública per cápita ronda los 56.000 euros. La presencia militar del país en el mundo, el crecimiento del PIB en las últimas décadas y el papel del dólar como moneda preferente de transacciones parecen asegurar un modelo de “éxito” a base de capital que no existe. Sin embargo, el endeudamiento tiene una cara hostil para el americano medio que acumula un “debe” en sus tarjetas de crédito de 4.000 euros y puede acabar pagando con la cárcel sus impagos. Lo mismo para los 44 millones de estudiantes envueltos en una deuda personal de 37.000 euros adquirida en su paso por universidades privadas. El bienestar no acaba de llegar, antes al contrario. El número de ciudadanos pobres se ha duplicado en los últimos 50 años, mientras sólo un 1% de ciudadanos acumula el 40% de la riqueza.

Pero el drama estadounidense no es sólo social ni tampoco afecta sólo a este país. El “éxito” de su doctrina ha significado el consumo más allá de lo razonable de la biodiversidad planetaria, hoy profundamente erosionada. Una deuda no contabilizada y que todos estamos pagando. Ésta es una de las conclusiones del estudio “La política de biodiversidad más allá del crecimiento económico” firmado por una veintena de científicos de 12 países. El aumento del cambio climático, la erosión de nuestros suelos y al desarrollo de especies (y de virus) invasores está directamente relacionado con la necesidad de revalorizar un capital monetario que desvaloriza nuestras condiciones de vida. Biodiversidad amenazada y que se expone como una de las razones detrás de la proliferación de gripes en los últimos tiempos: aviar, porcina y ahora la enfermedad denominada COVID-19. Los monocultivos intensivos, la deforestación y, sobre todo, la irrupción de las macrogranjas estarían detrás de la irrupción de nuevas formas víricas que afectan a nuestra especie, algunas de las cuales se transforman en pandemias mundiales.

El mencionado equipo internacional de científicos concluye que demandar más materiales, más energía y más sobretrabajo y precariedad humana va en contra de nuestra conciencia de especie. Propone repolitizar el debate de nuestra sustentabilidad y levantar barreras políticas y legales: restringir la actividad de industrias extractivas, disminuir la expansión de grandes infraestructuras, reducir y repartir el trabajo, además de fomentar el desarrollo agroecológico como forma de manejar nuestros recursos o bienes naturales. Y una medida nada baladí: ir más allá del crecimiento económico y plantear otros indicadores de bienestar.

Nada nuevo bajo el sol, pero nunca antes se había cernido la sombra del encierro masivo de gran parte de la población mundial. La investigación anterior (una más) puede leerse como una actualización de las miradas decrecentistas que apuestan por escindir o disasociar las ideas de “crecimiento monetario” y “desarrollo humano”. Nos devuelve a la primera línea de los informes de los años 70 y 80 del pasado siglo: reconocer los “límites del crecimiento” (informe del Club de Roma de 1972), retomar la práctica de una sustentabilidad fuerte (el ecodesarrollo que adelantara Ignacy Sachs), construir un desarrollo a escala humana (estudio amparad o por las organizaciones CEPAUR y la Fundación Dag Hammarskjold y que popularizarían Max-Neef, Elizalde Hopenhayn en 1986), para recuperar así “nuestro futuro común” (Informe Brundtland de 1987).

La espiral de la deuda: morir matando

Todo apunta a que la receta neoliberal insistirá en el “morir matando”. España se espera que llegue al 130% de su deuda como consecuencia de las recetas frente al coronavirus, lo que colocará este país al borde la bancarrota o a merced de más ajustes neoliberales, como ocurriera hace poco tiempo en la vecina Grecia. La apuesta neoliberal impulsó la reforma de la constitución (una propuesta realizada en pleno agosto de 2011) para modificar el artículo 135, de manera que el pago de la misma “gozará de prioridad absoluta” sobre otras inversiones como sanidad o educación. En el balance de cuentas estatales la situación es también conocida. La deuda pública que venía de niveles inferiores al 50% del Producto Interior Bruto (PIB) pasaba en pocos años a superar el 100%. El del crédito es un cuento que no puede tener final feliz y que puede justificar futuros autoritarismos.

Hay voces planteando otras salidas. Eric Toussaint lleva denunciando las funestas consecuencias de la política crediticia que pavimentará el camino a los ajustes estructurales en los países empobrecidos y, ahora ya, en los países más industrializados del sur de Europa: devaluaciones monetarias, privatizaciones y orientación de la economía del país a la exportación y al pago de la deuda. Así fue gestándose el hardware de la llamada “globalización”, mientras corrientes de pensamiento académico, como los llamados “Chicago boys”, iban elaborando el software necesario (modelos, legitimación) del que haría uso gobiernos de una nueva derecha que accedía al poder mediante elecciones (Thatcher, Reagan) o través de golpes de Estado (Pinochet).

En los años 80 los países periféricos consumaron un endeudamiento mayúsculo ante la llegada de los petrodólares (tras el alza del precio del barril de crudo decidido por los países árabes frente a la ocupación israelí) que pasaban a depositarse en los bancos del norte y de ahí, favoreciendo todo tipo de tropelías y dictaduras, a los países empobrecidos. La deuda era una grasa necesaria en tiempos de guerra fría para hacer oscilar la balanza hacia la órbita del Banco Mundial. Se aseguraba además el flujo creciente de materiales, energía y capitales hacia las economías centrales (Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea, junto con Japón y Canadá por aquellos años). El dinero llegó, pero aquella década ochentera se conoce como la “década perdida” para el bienestar de América Latina o África. Esta experiencia fallida de la espiral insustentable de la deuda lleva al CADTM del que forma parte Toussaint (Comité por la Abolición de la Deuda en el Tercer Mundo) a trasladar el foco de los países considerados empobrecidos al planeta en general. La crisis desatada tras la propagación del coronavirus (la pandemia y el parón económico) justificarían la abolición de toda o parte de la deuda de un país (aparentemente soberano) apelando a un, reconocido internacionalmente, “estado de necesidad”: “un Estado puede renunciar a proseguir con el pago de la deuda porque la situación objetiva (de la que no es responsable) amenaza gravemente a su pueblo”.

¿Podría ser este un paso hacia la reconstrucción del derecho a tener derechos, a escapar del consenso carcelario de la deuda? El escenario político precisaría, antes de nada, sentir el empuje de un nuevo escenario social. La conciencia de opresión es un proceso a construir desde diferentes abajo que comienzan a hablar conjuntamente de supervivencia y de radicalidad democrática, nos recordaba el investigador E. P. Thompson, de lo que se considera y se vive como legítimo y lo que no. Aunque permita apuntalar algunos pilares de la casa, realizar desde arriba transformaciones que confronten el neoliberalismo se antoja poco plausible. Las cartas están marcadas.

Los diferentes partidos están de acuerdo, en el mejor de los casos, en ofrecer compensaciones (rentas mínimas para las personas más desfavorecidas) a cambio de que el grueso del edificio especulativo no se toque. El ala de la derecha institucional exige cobrarse aún más peajes bajo la doctrina del shock. El grueso del rescate (más de 700.000 de euros en el caso de Trump) está dirigido a mantener a flote las bolsas y socorrer a fondos de inversión en apuros. De paso, se insistirá en la erosión de la biodiversidad, gran problema para quien no esperase la reproducción de pandemias. La estadounidense Agencia de Protección Ambiental (EPA) suprimirá leyes relacionadas con el impacto ambiental mientras dure el impacto de esta crisis. El parlamento andaluz, inspirado por un neoliberalismo ultranacionalista, ya lo ha hecho a posteridad. La derecha del parlamento europeo pide tomar los fondos de la lucha contra el cambio climático para invertir en las consecuencias desatadas por el coronavirus.

¿Qué hacer?

Necesitamos un cuestionamiento moral y cotidiano de la salida neoliberal, en lo económico, en lo ambiental y en la estrategia de acumular adhesiones a través de la ilusión del consumo. Sin embargo, crear una nueva economía moral (que ha de basarse en la experiencia de economías que nos socialicen en otros valores, usos y costumbres) no va a pasar por el círculo de los partidos en el poder político o con aspiraciones a ello. Incluso el llamado New Green Deal (El nuevo pacto verde) suscrito por partidos alineados en la izquierda en América y Europa pretende ralentizar las emisiones, promover nuevas economías, pero el giro se antoja insuficiente en el medio plazo.

La vía socialdemócrata más verde para salir del atolladero planetario puede pasar de parchear el desastre a acabar consolidando, por la puerta de atrás, la centralidad de un modelo industrial insostenible (coches eléctricos y sustitución de energías pero no replantear movilidades) y del dinero como único flujo vital (en este caso mortal) para mantener una arquitectura social fundada en economías inviables y no esenciales. Por otra parte, las experiencias de arraigo localista, que en este país podrían relacionarse con las iniciativas municipalistas (políticas y sociales) para una economía social-solidaria, nos ofrecen laboratorios exitosos aunque frágiles. Se precisa base social y de experiencias. En general, las instituciones liberales pueden crear paraguas puntuales que acompañen o detengan parcelas de la barbarie (algo absolutamente necesario) pero no fabricar un descontento que abandone el apoyo a la economía especulativa-consumista y comience a explorar la defensa de otras “economías esenciales”.

No queda otra, a mi entender, que construir y relocalizar economías, articular la defensa de un imaginario en torno a una “economía esencial” que no hipoteque nuestras vidas; proponer desde ahí agendas públicas capaces de ser sostenidas en su mayor parte desde la cogestión y el protagonismo social; y hacer lo posible por alinearse de forma concreta con la multitud variada de descontentos (y éste, aunque no lo parezca, puede ser el gran reto psicológico y social) para parar la barbarie. No expreso aquí la agregación de buenas intenciones para confluir, como el “marchar separados y golpear juntos”. La tradición histórica más materialista y vertical siempre presuponía la sustitución de la autonomía social por alguna orquesta bien pertrechada tras un indiscutido director. Hablo aquí de cultivar sociedad como condición necesaria, aunque no suficiente per se, para habilitar cambios socioeconómicos de gran calado que nos eviten alguna que otra pandemia venidera.

¿Difícil? No, sencillamente ya está en marcha. Puede que no sea visible esa emergencia. Pero este camino del empuje social es el que puede experimentar, proponer y legitimar un cambio de calado civilizatorio. El neoliberalismo no es ni siquiera utópico, pues no plantea una salida en clave de bienestar, pero sí es definitivamente irreal, ya que no es posible seguir navegando por encima de las leyes de la termodinámica, del creciente vuelco climático o de la irrupción más agresiva de pandemias como consecuencia de la expansión de un sistema deforestador, minero y un creciente monocultivo industrial. Su salida puede ser una alianza militar-monetaria entre clases ricas y pudientes (poder cultural, institucional o religioso) que pueden escudarse bien en clases populares que se resisten a pagar las facturas del desaguisado. El ascenso de la ultraderecha está ahí. La entrada militar en la política, en Brasil o en estos días de “disciplinamiento social” en España, son también avisos serios. También la irrupción de movimientos que jalean esa vuelta fuerte a la nación manteniendo una jerarquización al interior a cambio de privilegios para unos pocos, pues pocos serán los afortunados. Una suerte de revisión que, caso de tomar ciertos tintes “verdes”, sí nos podría llevar a hablar de ecofascismos.

Cultivar sociedad y conciencia de especie

La construcción social requiere, insisto, en retomar la idea de que el saber y el poder emancipador (recordando a Foucault) proviene de los márgenes, no del corazón o del cerebro de la bestia. Camino lento, significa repolitizarnos en clave de “somos territorios”, “somos lazos sociales” y “somos especie”. Y para ello no necesitamos precisamente banderas puntiagudas. Somos mamíferos que requieren un hábitat que nos acompañe para satisfacer necesidades básicas sin violentar el planeta: la salud, la nutrición adecuada, la cultura que nos aporta autonomía, la potencialidad para construir lazos sociales y el deseo apartado del consumo e imbuido de afectos y sexualidades sanas.

¿Y cómo? Cultivar sociedad pasa por construir nuevas economías y darle forma a esa economía moral (saludable, alimentaria) que sirva de freno a los atropellos de las élites o de las bases populares de la ultraderecha. Por ejemplo, de manera minoritaria aún, frágil y a veces poco articulada, la agroecología puede ser un ejemplo claro de vertebración de una nueva economía, real y moral, como apuntaban las conclusiones de la investigación citada al principio. Se trata de reconciliarnos con un manejo sustentable de nuestros bienes naturales, desde la biodiversidad a los ciclos del agua, pasando por la fertilidad de la tierra y la consolidación de sistemas agroalimentarios territorializados. Ya se ofrece como respuesta, aunque permanezca distante de los medios de comunicación.

En los próximos meses podremos ver algunas realidades que están apuntando, por ejemplo, a la problematización de la comida basura y del control (neoliberal y oligopólico) que ejercen las grandes cadenas de distribución. Veremos un repunte en la búsqueda de alimentos de proximidad, frescos o ecológicos. Comprobaremos la fuerza real de articulaciones que están demandando con fuerza virtual (adhesiones y comercializaciones vía internet) la vuelta de mercados locales y la implementación de políticas públicas frente al coronavirus que incorporen medidas de transición energética o de relocalización económica. Y el hecho de lo que palpemos no quiere decir que sea la dinámica que vaya a presidir la salida a esta crisis. Ni siquiera que vaya a ser el timón de las protestas que albergan las manifestaciones de los chalecos turbulentos: personas descontentas de referencias ideológicas diversas que se unen para protestar por la subida del precio de la gasolina o por los bajos precios que se pagan a quien produce alimentos.

Pero, frente al abismo neoliberal, una puerta se abre. Porque “el Estado no puede ser la respuesta frente a la mundialización del riesgo”, tal y como nos advierte María Eugenia Rodríguez Palop. Modelos tan distantes como China o Estados Unidos coinciden sin embargo en apostar por la contaminación creciente de sus territorios, la insustentabilidad de retomar el camino momentáneo de las energías fósiles (fracking, carbón, construcción de nuevos ductos) o el control y persecución de la protesta social. El contagio cooperativo en todas las escalas sí puede construir potencialidades que ahora no se ven. Y más si éste viene desde abajo, se articula y obliga a hablar otros lenguajes más sustentables en el sistema-mundo. Descontentos y reclamos van a sucederse en los próximos meses: el derecho a la salud auspiciado desde lo público, el golpe de la exclusión ante el parón económico, las salidas suicidas y patriarcales desde una militarización social de calles e imaginarios (el problema es “vencer”, no resituar la vida en el centro de nuestras economías), junto con la activación de dinámicas agroecológicas. Tejer desde la intersección de esos campos puede que sea una opción, acaso la única ventana realmente abierta.

Hoy sabemos que los estómagos de la humanidad están sentados encima de un sistema agroalimentario suicida y multi-estúpido. Suicida porque, en medio de un vuelco climático y una masificación en grandes urbes, elabora pandemias como resultado de la intensificación productiva ganadera (hacinamiento, depresión inmunológica, fortalecimiento de virus) y agroforestal (deforestación y monocultivos que llevan a una pérdida de equilibrios que mantenían ciertas bacterias a raya). Estúpido energéticamente porque en este sistema industrializado se invierten muchas kilocalorías (petroleras) en obtener casi las mismas kilocalorías (alimentarias), mientras los cultivos tradicionales diversificados ofrecían entre 10 y 20 veces mejores rendimientos. Irracionalmente estúpido porque desechamos unos 179 kg de alimentos por persona y año, según la Unión Europea, por razones de dietas, falta de tiempo y omnipresencia de estanterías con comida que caduca con rapidez. Insosteniblemente estúpido porque, a más tóxicos en la producción agroganadera, menos polinizadores, y con ello menos flores que llegarán a ser frutos, en un mundo donde los animales aún no hemos aprendido a hacer la fotosíntesis.

Los sistemas agroalimentarios globalizados siguen generando hambrunas y malnutrición, incluso en países antes considerados bien alimentados. Pero los motines alimentarios no se dan cuando hay hambre. Los cambios sociales no son cuestión de “cuanto peor, mejor”, mucho menos se derivan de reacciones estomacales. Se precisan referencias para proponer alternativas y caldos de cultivo para hilar el descontento. El historiador ingés Edward Thompson nos recordaba que: “el hambre de verdad (es decir, cuando realmente no hay existencias de alimentos) no suele ir acompañada de motines, ya que hay pocos objetivos racionales para los amotinados”. Si interpretamos que la pandemia de la COVID-19 es una suerte de “examen sorpresa” frente a previsibles colapsos sanitarios y alimentarios, como vienen advirtiendo los informes del Panel Internacional del Cambio Climático (IPCC en inglés), entonces estaríamos a tiempo de poder introducir cierta racionalidad en los debates sobre el futuro de nuestra alimentación como especie.

El hambre está instalada en nuestro planeta, ya que es el reverso del negocio globalizado de la comida. Vuelve a resurgir tras cada gran crisis económica, pues al final el acceso a la nutrición adecuada es una cuestión de clases. Y de un conjunto de exclusiones: el mundo alimentario está (des)ordenado y jerarquizado con arreglo a ejes de dominación Norte-Sur, economías periféricas conectadas a metrópolis centrales y también relativos a desigualdades de género. ¿Puede ser el coronavirus una forma de resucitar una cultura popular donde la alimentación sea sinónimo de cuidar territorios y personas? ¿Podremos desafiar el hardware de la gran distribución y la gran industria agrotóxica para proponer una relocalización de canales agroalimentarios de acuerdo a estrategias cooperativas entre producción, comercio de proximidad y defensa del derecho a la nutrición sana a través de leyes y compras públicas?

Si así ocurriese estaríamos cerca de lo que denomino una Agreocología en 3C: producir alimentos para cuidar solidariamente de nuestros ecosistemas y de nuestros cuerpos; cerrar circuitos materiales, energéticos y mercantiles como única estrategia para recuperar soberanías alimentarias y fertilidad de nuestros suelos; extender una cooperación social entre quien produce, quien come y quien facilita un derecho real a la alimentación, con objeto de repopularizar la cuestión alimentaria y no dejarla al albur de Estados poco interesados y escasamente eficientes en contestar afirmativamente a las anteriores preguntas. Quien quiera situar históricamente esta “ineficiencia” puede darse un paseo por los recientes trabajos de Vandana Shiva, el mencionado Thompson o el estudioso del panorama agrario internacional Jan Douwe van der Ploeg.

No creo que podamos cabalgar en el corto plazo a lomos de una nueva “moralidad alimentaria” que exija producir y alimentarse sosteniblemente. Una política que arranque del campo para plantear, no ya precios justos ni defensa del acceso a una tierra vista como producto en el que acumular N-P-K (el suelo entendido sin vida ni estructura y como mera adición de nitrógeno, fósforo y potasio), sino territorios que nos dan la vida. Tierra madre que hay que cuidar y desde ahí alentar una economía viable para quienes la trabajan. No estamos, por ahora, en la antesala de una multitud armándose de razones silenciosas para decirle a las élites que “por ahí no”.

Pero hay un run-run, una irrupción de “discursos ocultos” que, como documentara el antropólogo James Scott, son clave para entender como se revela y se rebela la gente desde abajo. Son conversaciones frente a tiendas y supermercados donde se habla de la importancia del campo y de asegurar distribuciones alimentarias. Hay también una colección de manifiestos locales e internacionales demandando una recampesinización frente a la barbarie alimentaria. Se abren las agendas políticas a considerar medidas para asegurar producciones y seguridades alimentarias, donde incluso la Unión Europea ha reclamado cierta “conciencia europea” para que la fruta del Mediterráneo pueda subir a los mercados centrales, Holanda y Alemania incluidas. No existe esa multitud que niegue a Mercadona o a Carrefour como camino hacia la destrucción de la vida en el planeta. Se precisaría de una cultura crítica y unas “costumbres en común” pero es difícil entretejer respuestas y nuevas moralidades en un contexto de aislamiento. La pandemia asusta, y la inseguridad alimentaria puede ser un motivo de recuperar motines que sustituyan a las indignaciones virtuales en las que nos empotra el reino de Zuckerberg. El hambre o la inseguridad alimentaria puede colocar nuestro orden social en el “potro del tormento”, nos decía también Thompson en Costumbres en común, y con él a los gobernantes en función de que sus reacciones inspiren seguridad y preocupación sincera, o todo lo contrario.

Pero no bastará colocar el hambre como amenaza. Ni tampoco la amenaza será suficiente para reaccionar con cierta racionalidad: reconstruir sistemas productivos requiere grupos importantes de personas agricultoras y ganaderas volcando hacia allí sus demandas, personas consumidoras acogiendo esas demandas como propias y, sólo en último término, agendas públicas aceptando levantar la soga sobre el cuello de la producción de proximidad, diversificada, saludable (eliminación de tóxicos y productos que ocasionen residuos insalubres) y capaz de abastecimientos directos y diarios.

La Agroecología en 3C plantea avanzar en esas direcciones. Significa escalar en primer lugar hacia los lados: hacia la relocalización física de sistemas agroalimentarios; y también hacia la articulación social con iniciativas que hablen el lenguaje las economías de los cuidados (atención primordial a las cuestiones de la vida como sanidad, alimentación y mediación social frente a crisis) y de los nuevos comunes (cogestión público-comunitaria, autonomía social). Para desde ahí, desde esa política-pública hecha de lo político-cotidiano poder escalar hacia arriba demandas de la población, protestas visibles desde la producción y consumo y reconfiguración de leyes que se basen en el diálogo con la sociedad afectada y con quienes promueven derechos y avanzan alternativas “radicales”: aquellas que abordan la inseguridad alimentaria de raíz y con raíces en la tierra viva.

La pandemia del coronavirus amenaza nuestra vida en muchos frentes. Y también pone al descubierto conflictos y debates básicos que como sociedad no podemos dejar de atender: el papel de lo público en nuestras economías, el derecho a la asistencia sanitaria o al empleo, los peajes que impone la llamada “globalización”, entre otros. También somos interpelados como ciudadanía. La existencia (o no) de respuestas más allá del Gobierno determinarán si somos actores solidarios o más bien marionetas para el consumo. Y dándole vueltas a la reacción nerviosa y compulsiva con respecto al acaparamiento de productos como conservas, productos precocinados, leche o papel higiénico: ¿en qué hábitos alimentarios andamos metidos? ¿podemos hablar de una creciente inseguridad alimentaria en países que se supone “desarrollados”? La respuesta a esta última pregunta es un rotundo sí, y lo justificaré seguidamente.

FAO es el organismo de Naciones Unidas centrado en temas de alimentación y agricultura. Considera que existe seguridad alimentaria cuando las personas “tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias”.¿Qué estamos constatando estos días con respecto a la accesibilidad? Ciertamente nada parece apuntar a un desabastecimiento en la práctica, pero sí existe una percepción ciudadana de inseguridad alimentaria que se manifiesta en aglomeraciones y acaparamientos frente a siete grandes cadenas de distribución alimentaria. La concentración de las redes alimentarias está excluyendo a la pequeña producción, de ahí las quejas en torno a los injustos precios que se pagan al personal agricultor y ganadero. Es un embudo que, por la parte de la distribución, desata miedos frente a una inseguridad en la adquisición de comidas. ¿Miedos todos infundados? Recordemos lo que ocurrió en el 2008. Una huelga de transportistas dejó las estanterías de estas grandes cadenas desabastecidas en tres días. El ejército fue obligado a intervenir. Primera conclusión: miedos y embudos podrían superarse a través de sistemas agroalimentarios más territorializados.

En segundo lugar, la accesibilidad no es una mera cuestión logística. Es ante todo una cuestión de desigualdades sociales.Tanto en cantidades como, sobre todo, en calidades. En este país un 22% de la población se considera bajo el umbral de la pobreza, lo que ocasiona que parte o toda su alimentación provenga de ayudas sociales, en particular de los bancos alimentarios que gestionan mayoritariamente entidades religiosas y voluntariados varios. El coronavirus, aunque partiera más de las salas de espera de los aeropuertos, va a acabar afectando más a las clases más populares, las que viajan menos. Por la vía del parón económico ante todo y la adopción de medidas “sociales” como la presentada por la Comunidad de Madrid: una conocida franquicia de pizzas será el comedor al que Sanidad dirigirá a buena parte de los niños considerados “desfavorecidos” en esta región. Inseguridades todas que se ve amplificada como indica Isabel Álvarez, debido a la patologización de ciertas enfermedades y a su mayor responsabilidad en tareas relacionadas con la alimentación en nuestros hogares: un 90% de los trastornos alimentarios son padecidos por mujeres.

“Viaje al centro de la alimentación que nos enferma” de la ONG Justicia Alimentaria que como consecuencia de nuestro consumo cercano al 70% de alimentos procesados se están disparando diabetes, obesidades, alergias e incluso tumores. Son datos en la línea de lo que la comunidad médica viene relacionando con la disminución de una dieta variada y más rica en alimentos alejados de una agricultura intensiva, en particular desde los años 50. Frente a otras prácticas agrícolas y ganaderas que ayudaban a producir alimentos de forma más sosegada y más libre de productos químicos, nuestra dieta es hoy hipocalórica y poco rica en macronutrientes. Incluso para verduras o frutas frescas, pues sus forzados y rápidos crecimientos hacen que los alimentos llegan a nuestras mesas con menores dosis menores de vitaminas, anti-oxidantes o minerales como el cobre o el hierro que son necesarios para evitar enfermedades y defendernos mejor de enemigos externos. Las medidas adoptadas frente al coronavirus y dada la observada posición central y privilegiada de grandes superficies (en ellas se centra el foco mediático y también inversiones públicas y facilidades par infraestructuras de los mercados alimentarios) harán que crezca la circulación de la comida chatarra (que no alimento) ante la dificultad de movimientos para la comercialización de productos frescos.

Cuarta cuestión: la implantación de cadenas “globalizadas” como referencia de un abastacemiento va a acrecentar inseguridades alimentarias en el futuro más inmediato. El Brexit afectará de lleno al sector agroexportador. Cobra fuerza la amenaza interesadamente proteccionista en el campo agrario de Trump o de cualquier otro presidente de naciones que nos abastecen. Es incomprensible el apoyo a la inseguridad alimentaria de la Unión Europea al firmar tratados con Turquía, Sudáfrica o Vietnam para beneficio de grandes distribuidoras mundiales (algunas “marca España”) y para descontento del abandonado sector primario de este país y de los pequeños agricultores de estos países. Paradójicamente, vivimos en un país que ya apenas produce legumbres (vienen de Estados Unidos, México) o piensos para animales (la soja de Brasil, que a su vez es motor de la deforestación de la Amazonía). ¿Qué ocurrirá cuando la economía bursátil recupere su necesidad de crecer en masa monetaria? El oro negro volverá a ser demandado. En uno o dos lustros llegaremos a ver la gasolina con un precio que oscila entre los 5 y los 10 euros el litro.¿Estamos preparándonos para esta inseguridad alimentaria que confía en productos ultraprocesados y que viajan varios miles kilómetros?

Quinta dimensión de la inseguridad alimentaria: el vuelco climático. El coronavirus comparte genealogía con “gripes globalizadas” como fuese la gripe aviar o la porcina hace unos años. Son hijos predilectos de una globalización que internacionaliza corredores comerciales y nos calienta el planeta. muy dependientes, poco amigos de la biodiversidad cultivada y, por todo ello, no preparados para relocalizarse o crear compartimentos estancos frente a amenazas globales.

El coronavirus, confiamos, pasará. Vamos a tener que aprender sí o sí. Será por anticipación o será a golpe de shock, mucho más ingrato y perjudicial para toda transición deseable de nuestros sistemas sanitarios y alimentarios. Haríamos bien en relocalizar, en evitar la creciente “uberización” de la cadena alimentaria, alentando la pequeña producción agroganadera y pesquera, mucho más sostenible. Esto es lo que clama el mundo rural que vela por evitar el despoblamiento. La globalización es un nefasto dispositivo que, sin embargo, insiste en actualizar nuestras dietas haciéndolas menos recomendables y menos accesibles para los sectores que primero pagan las facturas frente a cualquier crisis.

En menos de un año hemos pasado de la llamada “España vaciada” a un mundo rural lleno de protestas. Hace un año, el 31 de marzo concretamente, se paseaba por Madrid “La Revuelta de la España Vaciada”, una manifestación que llegaba a las 100.000 personas. Era un exponente de varias decenas de minirrevueltas que ya venían zarandeando el conformismo del campo. La Unión de Uniones ha sido una red sindical agraria especialmente combativa en los últimos tiempos con respecto a los bajos precios y los recortes en las atenciones al sector agroganadero, y en 2018 realizaba diversas concentraciones y lanzaba frente al Ministerio de Agricultura la campaña #DemocraciaEnElCampoYA. Así como sectores de la COAG se han visibilizado a favor de propuestas de la organización internacional Via Campesina por la soberanía alimentaria y por un mundo rural vivo.

El cabreo del mundo rural tienen que ver principalmente con dos embudos, el socioeconómico y el político. Hace décadas que nuestros sistemas agroalimentarios están gobernados por una gran distribución y una globalización neoliberal (tratados internacionales, la comida como mercancía, la PAC al servicio de las grandes explotaciones) que no recompensan a quienes producen nuestros alimentos. El segundo de los embudos se refiere a la crítica de las formas de representación en lo que respecta a mesas de negociación, desigualdades de género o a la búsqueda de reemplazos generacionales y de modelos productivos. Por ahora el sindicalismo de mayor visibilidad ahonda en posiciones conservadoras, particularmente ASAJA como gran patronal del campo inserta en la CEOE.

Está por ver qué caminos de transformación real de los anteriores embudos emprenden organizaciones críticas como COAG y UPA, ésta última vinculada a sectores rurales de la UGT. El mundo rural ha alzado su voz merced a los huecos abiertos en la agenda social, política y hasta artística. Abandona el fatalismo y se vuelve protestón ante los diversos embudos. Está por ver si las demandas iniciadas al calor de la sucesión de convocatorias #AgricultoresAlLímite y la reclamación de precios justos son un paraguas que dinamice cambios estructurales.

La respuesta del Gobierno ha sido el decreto lanzado el martes 24 de febrero: prohibir la venta a pérdidas, fomentar contrataciones indefinidas y reducir de 35 a 20 las peonadas necesarias para acceder al desempleo agrario. Sin duda, se plasman aquí reivindicaciones que invitan a visibilizar y cuestionar nuestro insostenible e injusto sistema agroalimentario. Algo muy positivo. Pero parecen medidas para contentar a una gran distribuidora hortofurtícola y menos a una pequeña producción. Las peonadas o las contrataciones de largo plazo no constituyen un apoyo directo hacia la subsistencia de los últimos eslabones de la cadena agroalimentaria (la producción rural) ni para la innovación hacia sistemas agroalimentarios más locales y diversificados.

En esta situación conflictiva y de embudos no resueltos, han emergido también nuevas plataformas rurales o nuevas vías para la reinvención de un sindicalismo agrario transformador. Por ejemplo, destaca en los últimos años el papel cada vez más relevante de organizaciones de mujeres en el seno del gran sindicalismo. Iniciativas como Ganaderas en Red han contribuido a poner sobre la mesa los embudos en torno a las desigualdades de género en el mundo rural. No ha faltado la irrupción de posiciones más conservadoras y algunas de extrema derecha (en defensa de las “esencias” del campo, nula referencia a la gran distribución, énfasis en precios, puesta en escena a favor de la “marca España”), las cuales han encontrado eco en organizaciones como la Asociación Nacional del Sector Primario o la recién creada Unión de Agricultores Independientes (ambas con base en la Almería agroexportadora).

Los conflictos del campo irán a más. Aparte de no resolverse la problemática de los embudos mencionados, se produce una resonancia social de protestas en otros países, como los chalecos amarillos en Francia. O irrumpen nuevos imaginarios literarios en este país, una ola de “neorruralismo”: novelas llevadas al cine como “Intemperie”, de Jesús Carrasco Jaramillo; poéticas ecofeministas como la de María Sánchez; la crítica del desarrollismo que erosiona tramas de vida rurales como hace Rafael Navarro en “La tierra desnuda”; o ensayos bastante criticados por su perfil urbanita, caso de Sergio del Molino y su obra La España vacía“. Están emergiendo gritos compartidos. Pero también protestas encontradas en su seno. Por ejemplo, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) es una buena piedra de toque para un análisis de dimensiones de clase social o del derecho a tener derechos.

La patronal ASAJA y las nuevas plataformas rurales próximas a la extrema derecha se muestran crític a s con dicha subida, atrayendo a sectores de UPA y COAG. Entre estos últimos, sin embargo, emergen respuestas defensoras de dicho SMI y con propuestas que tratan de desbordar la globalización neoliberal (derechos del campesinado, circuitos cortos, necesidad de una transición hacia otros modelos productivos), caso del Sindicato Labrego Galego y otros espacios afines a la Vía Campesina. Son distintos polos que atienden a diferentes conciencias de “clase rural” y de relación concreta con los embudos económicos y políticos que siguen alentando la apuesta suicida de un “desarrollismo global”.

En estas circunstancias, el ecologismo y el feminismo, o la sencilla reclamación de una producción sustentable y de igualdades de género, difícilmente encuentran un espacio de incidencia. La extrema derecha ha impulsado un caladero de votos rurales muy distante de estos polos, a través de su particular reinterpretación de algunos dramas del medio rural con tan sólo azuzar banderas como la caza o la defensa de “tradiciones” frente al ataque de los/as “animalistas urbanos”. De caciques globales o regionales no hablan mucho, es más, se corre el peligro de que se sitúen al frente del descontento rural, como muestra el afán movilizador de la patronal ASAJA frente al actual gobierno.

En paralelo, desde el campo se percibe también una escasez de propuestas (comunicados, perspectivas, organizaciones, afán por tejer lazos con estas protestas) que trabajen temas de sustentabilidad o de crítica de los embudos sociales, económicos y patriarcales partiendo del propio medio rural. Del lado eco, observo que la palabra “sostenibilidad” y la conciencia por los impactos del vuelco climático están ya en gran parte de la agenda social y sindical. Para mucha gente la cuestión es común a cualquier tema de decrecimiento con justicia: ¿quién va a pagar las facturas?, ¿qué nuevos modelos de transición se van a apoyar?, ¿quién se hará cargo de los costes (económicos, electorales si no son bien enfocados) derivados de un alza del precio del petróleo, una política de “residuos cero” en los tratamientos fitosanitarios o una relocalización de las cadenas agroalimentarias?

En la dimensión de género, si bien la protesta mediática ha presentado un rostro fuertemente masculino, diversas concentraciones y hasta cortes de carretera han sido protagonizados por mujeres. Hay un reconocimiento entre ellas de que resta mucho camino para que puedan superarse desigualdades de siempre en torno al acceso a tierras y titularidad, paridad en las organizaciones y formas de acción participativas, valorización de trabajos del campo ahora invisibilizados y desarrollados por mujeres. Pero se avanza. Organizaciones como el Sindicato Labrego Galego marcan aquí la pauta seguir. Al mismo tiempo, la necesidad de la ruralizar ciertas propuestas está ahí: ¿cómo se va a avanzar hacia un ecofeminismo amplio, si sus corrientes principales de pensamiento y de propuestas no están conectando con determinadas inquietudes rurales, las cuales tienen una particular lectura de temas comunitarios, familiares o de su relación con montes y ganadería? Vivimos tiempos de chalecos turbulentos. Quizás el campo esté ofreciendo chalecos problemáticos y de colores diversos (algunos marrones como la sociedad del carbón). Pero está hablando ya de implementar otros mundos y otras economías. Sería conveniente articular encuentros, pedagogías y formas de impulsar otras relaciones campo-ciudad sin renunciar a voces y a obligaciones decrecentistas que son propias de cada territorio.

El siglo que atravesamos va a ser una sucesión de chalecos de distinto color manifestándose en las calles y, en el futuro, auto-organizando distintas formas de vida. El progresivo fin de una civilización petrolera irá poniendo sobre la mesa la cuestión de cómo vamos a comer y quién va a pagar los platos rotos. El creciente endeudamiento de los Estados hará más difícil sostener servicios públicos y políticas orientadas a la satisfacción de necesidades básicas. Sobre todo porque la ultraderecha productivista se ha apuntado al carro neoliberal y la socialdemocracia no viene precisamente de poner freno a la merma de derechos sociales y al aumento de una mercantilización globalizadora. Habrá chalecos amarillos, como en Francia, para decir que el mundo rural y las clases precarias no tienen por qué hacer frente a las subidas de impuestos y del precio de la gasolina. Surgirán también chalecos verdes al calor de de los aún jóvenes “Fridays for Future”.

De orientación verde y rural han sido los cerca de 100.000 “chalecos” que han desfilado el pasado domingo por Madrid, al clamor de “La Revuleta de la España Vaciada”. Cada vez son más palpables las dificultades de la pequeña ganadería y de la agricultura para competir con granjas intensivas y monocultivos, las facilidades administrativas para que la gran distribución se adueñe y arruine con sus bajos precios a estos pequeños productores, la renuencia de las administraciones públicas a mantener servicios básicos cuando la despoblación avanza (como el transporte o una escuela), la emigración y el distanciamiento juvenil de los proyectos que ya vienen empaquetados por el llamado “desarrollo rural” e impiden construir con autonomía local, entre otras cuestiones. Frente a las políticas que perpetúan “la España vaciada” se han convocado plataformas, algunas muy críticas con el desarrollismo y sus consecuencias, como Milana Bonita (Extremadura), “Teruel Existe”, la Asociación Española contra la Despoblación o la Federación Española de Entidades Locales Menores.

En el medio rural existen también otros chalecos pugnando por encontrar razones y horizontes para continuar viviendo en estas zonas. Chalecos marrones son aquellos que proclaman la necesidad de continuar sosteniendo lo insostenible: una economía catapultada por una energía fósil, unas políticas que hagan caso omiso del ocaso en la disponibilidad de materiales esenciales para una industria globalizada, la ilusión de que aún tenemos margen para olvidarnos del vuelco climático y de las consecuencias del avance de la desertificación. El jueves 24 de enero se manifestaban en la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata más de 4.000 personas. Pedían la continuidad de la central nuclear de Almaraz, un motor de ingresos para la comarca. Su paraguas organizativo era la Plataforma Ciudadana Vida y entre sus lemas podíamos leer “Almaraz Sí – Vida sí”. Economías insostenibles reclamadas con argumentos de “vida”. Aunque distanciándose, a la vez, de un debate sobre el impostergable cierre de las centrales nucleares. Se trata de reacciones fruto de un estado de shock y de un futuro altamente incierto en el medio rural.

A estos chalecos marrones han venido a sumarse chalecos más oscuros y más próximos a las camisas negras de la vieja y totalitaria Europa. Menos multitudinaria que la manifestación del pasado domingo, Vox y el Partido Popular se acercaron hace unas semanas a la capital para protagonizar una manifestación “por la defensa del medio rural”. Más bien por la defensa de lo que los sectores más ultraconservadores consideran esencias del medio: tradiciones y economías ligadas a la caza, a la tauromaquia. Pero también acudieron pequeños agricultores asustados por la crisis de precios y afectados por legislaciones que se mueven más en el tutelaje que en la implicación participativa. Es fácil ver cómo la gente pasa del marrón al negro en las actuales condiciones donde lo local se siente invisibilizado (en los medios, en el gasto por habitante), se considera irrelevante (en la promoción de empleo, de mercados propios) o bajo el yugo de leyes presupuestarias como la Ley de Racionalidad del gasto público. Y donde además un municipalismo rural, biorregional o comarcal están aún por construir.

Hay protestas en ciernes, chalecos por venir, yo diría que por construir. Vivo actualmente en el Valle del Jerte. Comarca, como otras aledañas, que recién ha recibido el manto blanco como referencia absoluta de sus paisajes. Son los cerezos en flor. Un monocultivo en crisis, como tantas otras especializaciones. Un producto que se paga ya en ocasiones por debajo de costes. Que, como la naranja en Valencia o en otros valles de Andalucía, acaba quedándose en el árbol. No compensan 50 euros para pagar un jornal de 12 horas, además de requerir un apoyo familiar para transportar y seleccionar, más todas las horas invertidas en dar de comer a estos arbolitos, más los productos, más caros cuanto más cancerígenos. La gran distribución manda y arruina. Muestra también diferentes caminos para los futuros chalecos: desafiar los mercados globales o sumirse a un disciplinamiento que acabará por agrandar “la España vaciada”. Me comentaba un amigo que ya empieza a ser obvio para toda la comarca que “algo estaremos haciendo mal”. En un reciente documental, La Piel del Jerte, hemos reflejado estas angustias, estos malestares latentes que ya apuntan a una necesidad de cambios. El vuelco climático tiene mucho que ver en estos manejos negligentes y amenazadores, cierto. Pero también hay poco apoyo por parte de administraciones, menos aún por parte de la gran distribución, que sigue comprando a céntimos los kilos de fruta y vendiéndolos a euros.

Ante esta situación naciendo otros chalecos rurales con potencial de llevar un color crítico y en ocasiones verde a las protestas del campo. El año pasado se creó en el Norte de Extremadura la Asociación Valle del Jerte y Comarcas Vecinas. Exigen precios dignos, seguros asequibles. Han organizado varias manifestaciones para llamar la atención de la política extremeña, con poco éxito. Comienzan a mirar con lógica desconfianza a los oligopolios que les imponen bajos precios en origen. En febrero se constituía en Ciudad Real ANSEPRIM, la Asociación Nacional del Sector Primario. Quiere dar cuenta de las dificultades por las que atraviesa el sector productivo en el campo español y dar visibilidad a otras reclamaciones del mundo rural. ¿Se trata de un nuevo sindicalismo rural dispuesto a enfrentar cara a cara el papel dictatorial de la gran distribución, el rol sumiso de las administraciones locales para con la defensa de la pequeña producción y las inevitables consecuencias en los manejos productivos que traerán el vuelco climático y el fin del petróleo accesible y barato? ¿Está el medio rural construyendo sus propias respuestas frente al vuelco climático y la asfixia de los mercados globales? Y, ¿dónde quedan cuestiones como los trabajos invisibilizados y el papel de las mujeres en el medio rural -nos preguntan hermanas de la tierra tras un nuevo 8M-? ¿Y dónde está el apoyo (urbano preferentemente) a una ganadería extensiva, necesaria para la especie humana y a la vez preocupada por el bienestar animal?

Está por ver, pero los diferentes chalecos rurales ya han empezado a andar. El mundo rural puede estar saliendo de un forzado ostracismo y constituir un acicate nada despreciable para transformaciones más globales, complejas y, sobre todo, que insistan en cuidar personas y territorios.

Me resisto a presentar el ascenso electoral de la ultraderecha como un síntoma o como una coyuntura. La irrupción de Vox, la elección de Bolsonaro o de Trump, el ímpetu racista de Salvini o de Orbán son más bien un oleaje producto de un mar de fondo. Una marea inhóspita que viene cobrando fuerza en las últimas décadas. La ultraderecha es un producto mediáticamente refinado por sectores neoliberales (empresariales, financieros, mediáticos) que han alzado su vuelo con alas muy conservadoras, comprometidas con la defensa de un orden y de unos privilegios.

Bolsonaro es hijo del grupo parlamentario de la BBB, como dicen por Brasil: bala, buey y biblia, correspondiendo a tres bancadas parlamentarias que se identifican con quienes medran a la sombra de la militarización del país, la defensora del agronegocio y la proveniente del sector evangélico. Vienen siendo mayoría en el Congreso brasileño. No dudaron en apoyar el golpe de Estado frente a Dilma Rousseff. En Brasil, como en otros lugares del mundo, esta ultraderecha se benefició de las promesas no cumplidas y las corruptelas no señaladas por una izquierda cómoda en la cogestión de grandes parcelas del neoliberalismo. Pero sobre todo adquirieron aire con los poderosos grupos mediáticos evangelistas y sus acólitos (Iglesia Universal del Reino de Dios, televisiones como Record TV, periódicos, canales en youtube) a los que bombardearon con su subpolítica de los memes: aquella que sólo caricaturiza y promueve el odio como fundamento político, siguiendo la doctrina Bannon.

De la misma manera, para entender a Trump hay que hablar de élites y de una cultura derechizante reconocida como la Alt-Right: publicaciones en internet como Breitbart, youtubers y canales volcados con la magnificación de sucesos de inseguridad y la propaganda racista, televisiones como Fox, etc. Compañías eléctricas, petroleras y automovilísticas vieron en Trump un camino contrario a Obama y directo para frenar directivas contra el cambio climático, otras que impidieran el control de emisiones tóxicas de sus centrales y prospecciones o que pusiera fin a los sobornos en países que dan el visto bueno a sus negativos impactos ambientales.

¿Y Vox? Crece alrededor de discursos racistas, denuncias contra la “ideología de género” o promesas de bajadas de impuestos para empresarios y grandes fortunas. Militancia que, como la de Ciudadanos, proviene de participantes y simpatizantes del ala dura del Partido Popular. Y del ala afortunada de este país, pues según encuesta realizada en Octubre pasado, sólo uno de cada ocho posibles votantes percibía más de 800 euros, mientras que los pueblos y barrios de renta más alta han sido caladero de votos para esta formación.

Abundan círculos de empresarios comprometidos con la “reconquista de España”, subalternos algunos a la lógica de la globalización que reclama mayor extracción y más deprisa de los recursos naturales, a la par que propone limitar más los derechos sociales. La pujanza en Almería de Vox debe mucho a ese mantra de la necesidad, según sus apuestas, de que siga fluyendo el dinero derivado de la producción intensiva bajo plástico y de las canteras de mármol, a la vez que se demanda superar el olvido histórico que los “políticos de Sevilla” han manifestado para con esta zona alejada de la capital andaluza. Si Ciudadanos se nutría de parabienes y préstamos del Ibex35, Vox representa un ala menos liberal pero igual de comprometida con un productivismo que no atiende a límites ambientales (ausente cualquier mención al tema en sus medidas concretas), tampoco a criterios de justicia sociales.

Se trata de una marea que arrastra y seduce a un electorado descontento y que busca protestar, situarse en una tribu en la que reconocerse, dispuesta a comprar un ideario que someta a otros y otras para beneficio de los mismos. La llamada ultraderecha navega a escala planetaria con tres votos prestados: 1) Protesta contra un orden que nos “roba” certezas, esencias, las cosas como “tienen que ser”; 2) Tribu y hooliganismo de masculinidades fuertes, el parado o precario por encima de 40 o quien define su vida a partir de jerarquías diarias y constantes; 3) Voto Cool pues algo hay de novedad en sus memes y sus discursos. Navega desde un descontento real, gente perdida en el móvil y pendiente de empleos muy precarios. Sectores alejados de una élite o de una clase con aspiraciones de “clase media” que mira a los no tan afortunados o a los sureños (en Estados Unidos, en España o en el Este andaluz) como bastante “paletos”.

Sigue ese rumbo porque, después de protestas como el 15M en 2011 o el SaoPaulazo de 2013 en Brasil, las maquinarias encuadrables en la denominada “izquierda” insisten en pautas verticales, clásicas, poco movilizadoras desde problemas concretos y escasamente propensas a una radicalización de la democracia, a una reinvención de la política (lo global, lo público) a través de lo político (lo cotidiano, próximo). No cultivan sociedades, se ajustan al juego del márketing político según sus opciones de ampliar la maquinaria organizativa que controlen.

Cierto: las maquinarias whatsapp (made in Bannon) acentúan la “guerra de memes” por encima de realidades y luchas sociales. Sin articulación social sólo hay entonces agregación virtual. Y hacer política que huya del fascismo social es cultivar otras sociedades, no “ilusiones” refritas en viejos y verticales modos de hacer. Para eso, y para ir en contra del orden que considera que les expulsa, determinada gente muy descontenta ya tienen una derecha capaz de convencerles de las “bondades” de un fascismo social: retornar a ciertas esencias, mano dura con cuestiones de libertades o de igualdad de género y avanzar de forma impetuosa por el despeñadero neoliberal.

Pero esos tres perfiles de voto (protesta contra el establishment refinado, tribu que exige sus privilegios y guerra social de “buen rollito”) no pueden comprenderse sin las velas y la fuerza con las que sopla el Gran voto productivista: el voto real con el que grandes grupos empresariales descafeínan la democracia liberal. Un voto productivista que no duda en mostrarse cínico con las evidencias del vuelco climático con tal de elevar un poquito más sus cuentas bancarias.

Los ricos de Vox quieren menos impuestos (sociedades que puedan tributar al 15%, fin del impuesto de sucesiones) y que nadie controle sus actividades productivistas asociadas a una globalización insostenible y bajas en emisiones a favor de derechos humanos. Los grandes terratenientes de Brasil quieren la Amazonía para plantar más soja, para patentar biodiversidad y controlar territorios. Los habitantes del “cinturón bíblico” en Estados Unidos quieren que “sus” empresas de coches se queden en la zona y generen empleo, aunque sea hambre y desolación ambiental para un mañana no tan lejana.

Sin embargo, tanto despropósito no convence a todo el mundo. Dos tercios de la población (mujeres, jóvenes menores de 30 años, migrantes, indígenas) sienten poca simpatía o rechazo por sus causas. Pero se puede gobernar cómodamente con el 20% de los votos en tiempos de democracias descafeinadas. Y la cuestión propia de las sociedades líquidas (¿quién me puede ayudar?), a la que añadiría dos asociadas a nuestra interdependencia (¿dónde están mis lazos? y ¿quién cuidará de mi casa, de mi planeta?), siguen sin encontrar respuesta para mucha gente. En muchos casos, las personas descontentas no encuentran en las proximidades sociedad, luchas sociales, sindicatos o partidos inclusivos que les acompañen a salir del bache o del aislamiento. El gran padre televisado y autoritario reaparece entonces como una “solución” cortoplacista: fascismo social más suave, pero certero como los aguijones espoleadores de sus memes.

Insisto: ¿nos ponemos a cultivar otra sociedad y otra política que atienda a las necesidades sociales y a nuestros límites ambientales desde una radicalización de la democracia?

¿Cómo tendríamos que organizarnos para alimentarnos de otra forma? El reciente Congreso Internacional de Agroecología celebrado en Córdoba, en el que se encontraron cerca de 500 personas de 12 países distintos, nos propuso (re)politizar nuestros sistemas agroalimentarios. Asumir la alimentación como un hecho social del que depende la reproducción de nuestras vidas, nuestra cultura, nuestros territorios. No es, por tanto, reducible a un nuevo nicho de consumo, a una producción crecientemente industrializada o a una búsqueda reducida a facilitar (cada vez para menos gente y en condiciones menos saludables) una ingestión diaria de dos mil y pico calorías.

La falta de (re)politización alimentaria impone varios cercamientos a los habitantes del Sur global y crea una situación de crisis al conjunto de la humanidad. Son cercamientos físicos los monopolios de campos para alimentar la dieta hipercárnica de una minoría. Son cercamientos políticos la intensificación productiva con apoyos públicos; o la “ayuda” alimentaria que propicia un control social de quienes son situados más abajo en nuestras sociedades duales. También sabemos de cercamientos económicos: tendrás que beber de paquetes tecnológicos cada vez más costosos, ajenos e “inteligentes” y venderás a la gran distribución como única salida. No faltan los cercamientos transversales: fundamentalmente mujeres y mayoritariamente las campesinas y campesinos lejanos a las grandes urbes habrán de sostener las cadenas que van de la siembra a la mesa para que los cuerpos y sus lazos sigan sosteniéndose. Y quienes habitamos algún Norte, algún espacio social con ciertas condiciones para la elección y el acceso regular a comida, también recibiremos nuestra parte de la plaga: nutrición no adecuada, participación en un consumo que no para de retroalimentar el cambio climático; desinformación mediática y publicitaria que nos impide destejer el negocio de la comida, alejándonos del derecho a una alimentación saludable, a un medio rural que nos sostenga, y a tecnologías no basadas en los intereses exclusivos de élites y pseudociencia.

¿Qué hacer? Hemos sabido en este y otros encuentros sobre agroecología que aún en condiciones adversas la producción y no sólo la alimentación ecológicas están encontrando resuellos en nuevas iniciativas, en nuevos perfiles de simpatizantes y consumidoras que se acercan por problemas de salud o sensibilidad ambiental. Somos conscientes de que necesitamos disputar esferas de legitimación, investigación y apoyo del régimen organizado de malnutrición del planeta. Tenemos que frenar los epistemicidios que borran saberes fundamentales para la nutrición: sobre biodiversidad, en la cultura gastronómica, en el conocimiento y valoración de nuestros medios rurales y sus formas diversas y específicas de producir de forma sana. Nos han impresionado los testimonios de organización desde abajo de miles de agricultores y agricultoras de La Via Campesina, la visibilización de redes de mujeres a través de proyectos como Ganaderas en Red, saber de renovadoras escuelas agroecológicas que siguen a Paulo Freire o a Ivan Illich por toda Europa y América Latina, entender que la escala no es un problema cuando se cuentan con mimbres de comunalidades (lazos y comunidades) que construyen cooperativismo como la Tozepan en México para más de 30.000 familias, junto con otras iniciativas que trabajan la intercooperación y la defensa de nuestra casa común, como son los mercados sociales-solidarios, las agriculturas (peri)urbanas o las plataformas en defensa del territorio y en apoyo de manejos agroecológicos, propias en este país de una Agroecología en 3 C: aquella centrada en circuitos cortos, cooperación local, cuidados de la casa y de los lazos sociales.

Precisamos reinventar las formas de alimentarnos y las formas de relacionarnos. Innovar no puede significar adaptarse a las tecnologías y concentraciones que impone el actual régimen alimentario, sostenido por instituciones públicas. Son tiempos para un Biosindicalismo Alimentario: organizarse y organizar la producción alimentaria desde el derecho a la alimentación y a la nutrición saludables y adecuadas; fomentar la relocalización de producciones y mercados ante un previsible colapso (energético, económico y social) de nuestros regímenes agroalimentarios; así como impulsar nuestras economías vivas, aquellas enraizadas conjuntamente en economías sociales, solidarias, ecológicas, feministas. En definitiva, la alimentación como eje de lucha frente a las vidas que se arrebatan, se invisibilizan, se malnutren, se desemplean, se agonizan en pos de unos beneficios monetarios que no se pueden comer y que nos suicidan ambientalmente.

¿Y por quiénes y para quiénes? La producción agroecológica que plantea una vinculación sostenible con nuestros territorios, los mundos rurales que luchan por seguir vivos y las excluidas alimentarias de cualquier Sur global, así como las personas afectadas por las consecuencias ambientales y nutricionales del actual negocio de la comida, deberían ser las cuatro patas principales de una articulación que se ancla en territorios pero que quiere disputar conjuntamente regímenes agroalimentarios. Hablo de sindicalismo para recordar las bases de producción, circulación y consumo que tienen los alimentos en el marco de economías capitalistas. Se trata de organizar cadenas de otra forma: biorregiones en lugar de logísticas definidas por mercados centralizadores; circuitos cortos y directos como base para sembrar otras relaciones entre producción y consumo. En definitiva, un nuevo hardware. Para lo que necesitamos así mismo un nuevo software alimentario: unas ciudades que reclaman el derecho a la alimentación, demandando equipamientos esenciales donde asentar esos derechos, asumiendo que deben ceder privilegios en su ingestión de materia y energía hacia territorios más autónomos; un mundo rural que tendría que custodiar dichos territorios para que sigan siendo bienes comunes, nutriendo ciclos que aumentan la fertilidad y no la disminuyen. Lo Bio, por último, no sólo como expresión de cierre de ciclos y producción ecológica, también como esferas de contrapoder que van de la mano de luchas por la justicia ambiental o por la co-gestión solidaria de territorios. Bio que es planetario, articulador entre economías centrales y periféricas donde sucumbe el Sur global, ya muy instalado en los propios países europeos. Bio que niega y contesta las etiquetas de lo “ecológico” entendidas como un certificado, como un nuevo código de barras. Bio que articula el campo alimentario desde demandas de salud, de justicia ambiental, de radicalización de la democracia y de reproducciones centradas en la vida.

La ciencia es poder y las pseudociencias son creencias. Cierto. Y en ocasiones intereses de las élites, publicidad engañosa y argumentos “científicos” también caminan de la mano. En los últimos años se suceden una extensa publicación de dossieres, blogs, encuentros y libros sobre algo fundamental que ya no podremos hacer de la misma manera que antes: alimentarnos con los actuales sistemas de producción y distribución. En eso coincidimos muchas personas preocupadas por esta situación. Discrepamos abiertamente en que la respuesta sea apelar, como afirmara A. Einstein, a las mismas herramientas que ocasionaron los problemas: insistir en mercados altamente globalizados, orientados por la biotecnología y poco centrados en la creación de circuitos alimentarios más localizados.

En el debate actual sobre la alimentación “del futuro” se están colando algunos mitos. Revisemos la que suele ser la primera y común creencia justificadora impulsada por la FAO en la reunión celebrada en octubre de 2009 en Roma, bajo el título “Cómo alimentar el mundo en 2050”: “el mundo necesita aumentar su producción de alimentos en un 70% para 2050 con el fin de atender a una población mundial de nueve mil millones de personas”. Leyendo el informe original se comprueba que se reclama el incremento no porque vayamos a alimentar a la población si no porque vamos a impulsar la extensión el actual modelo agroalimentario, que es bien distinto: aumentarán en 200 millones de toneladas la producción de carne para propiciar incrementos de entre un 25% y un 50% el consumo per cápita, según países. Lo cual implicará una necesidad de cereales de hasta 3 mil millones. O sea, prescindiendo de limitaciones ambientales y superficie agraria disponible, vamos a devastar más bosques, emitir más metano y continuar con un modelo ineficiente de producción de calorías para sostener una dieta excesiva, problemática desde el punto de vista de salud e innecesariamente rica en proteínas de origen ganadero. Recordemos que la dieta cárnica contemporánea reclama un tercio de las tierras de cultivo y casi la mitad de los cereales (destinados a la producción de piensos) que se producen en el mundo. Este publicitado informe termina, como consecuencia de su ensoñación modélica, reclamando más energía (¿no saben que caminamos hacia un mundo de menores disponibilidades energéticas?) y más puertos para el comercio internacional que faciliten un sector agrícola “dinámico” y que aumenten las “inversiones del sector privado” (¿dónde se seguirá muriendo la gente de hambre por no abordar el acaparamiento de tierras y de alimentos por mor de un mercado especulativo?). Pero el mantra de un 70% de producción ahí ha quedado: objetivo cumplido para las élites de las corporaciones agroalimentarias.

Continuemos con el mito que recurrentemente obvia la realidad histórica de la agricultura ecológica y la presenta como un “ejercicio romántico”. Existen referencias muy contrastadas que llevaron en 2010 a Olivier de Schutter, como relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, a escribir un informe donde se unen necesariamente al derecho a la alimentación y la potenciación de sistemas agroalimentarios locales y ecológicos. Trabajo que ha continuado la actual relatora Hilal Elver, concluyendo en su discurso de 2017 que la agroecologia se presenta como una alternativa al uso extensivo de plaguicidas, promoviendo prácticas agrícolas adaptadas a los entornos locales, que estimulen las interacciones biológicas beneficiosas entre distintas plantas y especies, para lograr un suelo sano y fertilidad a largo plazo. La producción ecológica, más allá de los nichos de mercado basados en certificaciones, es una realidad y es un futuro posible para sostener vidas, territorios y el planeta, en su globalidad, tal y como reflejan los informes del IPES (International Panel of Experts on Sustainable Food Systems) o las recomendaciones derivadas del comité que impulsa la UNESCO para la Evaluación Internacional del papel del Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo Agrícola (IAASTD por sus siglas en inglés).

Recientemente un artículo de un “divulgador científico” afirma que la manipulación genética es “inevitable… porque la humanidad ya lleva diez milenios haciéndolo”. La humanidad lo que viene haciendo históricamente es la selección masal, pero no la manipulación genética. Contribuyendo a la confusión, seguramente por un gran desconocimiento de cómo funcionan las técnicas de hibridación, menciona que la producción de variedades tradicionales y locales se basa en técnicas poco eficientes como la de un “cereal híbrido conseguido con un injerto” (sic), para justificar que nuestra comida “será mutante”. Esto se afirma en el marco de una publicación que lleva el título de “científica” y que persigue “El reto de imaginar el futuro”. Argumentos suficientes para tildar la agricultura ecológica de “romántica” y defender “científicamente” que “la respuesta es más tecnología”.

Aclaremos tanto sesgo “divulgador”. La agricultura ecológica no “ha venido” en el siglo XX. Es una realidad histórica de miles de años y de culturas que, cuando por fin estamos constatando que el planeta impone sus límites, vuelve a poner en su sitio determinados avances tildados de “científico-tecnológicos”. La (re)localización de sistemas agroalimentarios se volverá a imponer como consecuencia de la creciente erosión de suelos, no aptos tras ser esquilmados por la agricultura intensiva (como ocurre en Argentina, en Almería o en la deforestada selva amazónica), la menor disponibilidad de petróleo y de agua, así como las crisis alimentarias por venir que desencadenarán descontentos y protestas como viene siendo habitual en los últimos decenios, las llamadas Food wars.

La propia FAO (en ocasiones contradictoria), apelando a la propia experiencia del Banco Mundial, confirma la necesidad urgente de invertir en agricultura a pequeña escala para paliar el hambre y promover una seguridad alimentaria. Reconoce un decrecimiento paulatino de las tasas productivas de la intensificación derivada de la llamada revolución verde. Y hace unas semanas en el marco del II Simposio Internacional de Agroecología en Roma (3 al 5 de abril) concluye que “la agroecología puede ser fundamental para alcanzar un amplio conjunto de metas políticas, ambientales y de seguridad alimentaria, desde objetivos relacionados con la sostenibilidad a la erradicación de la pobreza rural”.

Como resume el análisis del instituto suizo FiBL publicado en Nature Communications (2016) no es necesario aumentar la superficie agrícola, incluso en un escenario de 9 mil millones de personas en 2050 (otro supuesto que se revisará probablemente a la baja en los próximos años), si apostamos por una producción ecológica, ponemos las alarmas sobre el 33% del desperdicio alimentario, frenamos el acaparamiento de tierras y facilitamos el acceso de pequeños propietarios, a la vez que potenciamos un menor consumo de productos de origen animal que conlleve una progresiva disminución de la demanda de piensos concentrados. “Se producen alimentos suficientes para dar de comer hasta 12 mil millones de personas, según datos de la FAO”, afirmaba Jean Ziegler, relator especial de las Naciones Unidas para el derecho a la alimentación entre los años 2000 y 2008.

Pero no, el lobby que se vale de las instituciones científicas insiste en aclamar la biotecnología y el acaparamiento de tierras subsiguiente como la solución. Para ello reacomoda hechos y enfoques “científicos” que invisibilizan realidades: bien, seleccionando y malinterpretando datos para decir que la agricultura ecológica (certificada) es un problema para el planeta; bien jugando a la confusión al establecer nexos entre dos territorios irreconciliables, como son la agricultura ecológica y los transgénicos; bien apoyando campañas sostenidas por grandes medios que insisten regularmente en sostener que la agricultura ecológica es una amenaza para el planeta y para nuestros cuerpos.

La Ciencia (como aparato institucional) es hoy un poder con gran capacidad para legitimar lo insustentable. Un reciente estudio ha evaluado la disparidad de apoyos que suscita el tipo de agricultura en los planes de impulso a la Ciencia en la propia Unión Europea. Así, entre 1998–2013 la biotecnología habría pasado a copar la investigación en la agricultura, pasando de un 20% a un 70%. Por el contrario, la agricultura ecológica declinaba en los últimos periodos analizados y nunca había superado el 12%. Si analizamos la investigación que se realiza además por corporaciones privadas, apoyadas por planes estatales, la relación sería de 1 a 9 a favor la agricultura intensiva en químicos y favorable al sector de la biotecnología transgénica. Como afirmara en los años 60 Thomas Khun en su libro sobre La estructura de las revoluciones científicas, los “consensos” científicos surgen como consecuencia de estudios, sí; pero también por presiones externas que tienen que ver con intereses de las élites.

¿Seguiremos imponiendo modelos de laboratorio por encima de realidades y necesidades de las personas? No sólo hay presión, medios de vida que se defienden al apoyar a las élites, también hay hábitos de investigación y comunidades cerradas a ver lo que no esté ya demostrado de ante mano, como argumentara el filósofo de la ciencia Bruno Latour. ¿Qué es entonces la pseudociencia? Lo que se afirma apelando a criterios “científicos” pero que no ha seguido un método de construcción y comprobación científica. Es aplicable manifiestamente a quienes puedan invocar la ciencia para decir que el cáncer puede curarse con meditación, por mucho que sepamos, según informa la OMC, que nuestra quebrada salud mental es fuente de múltiples enfermedades, sobre todo en los países más ricos. Pero también las posiciones de quienes insisten en repetir argumentos, más bien mantras no cuestionados desde el 2009, como la necesidad de llegar a hacer circular un 70% más de productos en el actual sistema alimentario. O el abordaje de temas de alimentación sin considerar cómo los pesticidas, la transformación industrial actual y el empaquetamiento que llegan a nuestras mesas son hoy causas directas de disrupciones endocrinas, sobrepesos, malnutriciones. O también el juego de la confusión y la reiterada omisión de los estudios que empíricamente contrastan las potencialidades de sistemas agroalimentarios ecológicos relocalizados frente a imposiciones mercantiles globalizadas con una apuesta ciega por tecnologías que están en manos de 3 compañías: Bayer-Monsanto, ChemChina-Syngenta, Du Pont-Dow Chemical.

La ciencia viene desarrollándose desde el estudio sistemático de las regularidades con las que convivimos y de las que somos en gran parte (en su lado político y socioambiental) responsables. El afán de sistematización y evaluación nos ha llevado al grupo de investigación del Instituto de Sociología y Estudios Campesinos a acompañar más de 100 tesis doctorales en diferentes países sobre la relevancia y la pertinencia del enfoque agroecológico, como puede verificarse en los archivos públicos de la Universidad de Córdoba. Insistimos: la construcción de sistemas agroalimentarios viables y que atiendan las necesidades humanas no es patrimonio de la comunidad científica volcada en la agroecología. Pero sí venimos desarmando mitos, construyendo evidencias y contribuyendo a poner en pie iniciativas como las emergentes cooperativas agroecológicos o el Pacto de Milán sobre alimentación local y ecológica en las ciudades de este país. Por todo ello, y para discutir inclusive el enfoque de este artículo, estamos organizando un Congreso Internacional de Agroecología en Córdoba, del 30 de mayo al 1 de junio. Estáis invitados e invitadas.

Un enfoque recurrente entre sectores vinculados a la izquierda más institucionalizada suele partir de una elección dicotómica entre reforma o revolución, accionarnos para modificar el arriba u organizarnos para construir desde abajo, hacerlo pensando en mayorías sociales o desde nuevos laboratorios de la política, impulsando la protesta o centrándose en una concreción de propuestas. Termino de leer el libro del líder de Izquierda Unida Alberto Garzón, Por qué soy comunista. Una reflexión sobre los nuevos retos de la izquierda (Península, 2017), y ante la crisis que nos atraviesa la vida nos invita a analizar “el famoso debate entre calles o instituciones”. El libro, en línea con otras manifestaciones de intelectuales de izquierda en los últimos tiempos, recupera la dialéctica marxista anclada en la explotación capitalista pero incorporando algunas cuestiones sobre el pico del petróleo, el cambio climático, la depredación social asociada a la demanda de recursos por parte de las economías centrales o la relevancia de otras formas de desigualdad más allá de la visión de “clase” por razones de género, cultura o acceso a educación. La construcción de una conciencia de clase que impulse una conquista del poder colectivo a través del Estado se recupera como propuesta esencial, urgente.

Con la que se nos viene encima, llámese colapso civilizatorio o cuarta guerra mundial entre las de arriba y las de abajo, ciertamente haríamos bien en preocuparnos por tener a nuestro favor todas las herramientas (iniciativas, organizaciones políticas, instituciones) que nos permitan recuperar cierta conciencia de especie desde premisas de sostenibilidad intergeneracional, igualdad y solidaridad. Pero, ¿es suficiente?, ¿todos los análisis, por el hecho de tener una hemeroteca histórica detrás, nos valen para enfrentar un presente incierto e insostenible? Si el cambio climático “lo cambia todo”, como afirma Naomi Klein, ¿no deberían también cambiar nuestras preguntas, algunos de nuestros debates?

Pienso que sí. Me cuesta imaginar otro mundo si ese mundo ha de pasar necesariamente por la toma de algún palacio financiero o electoral y no por la construcción de otras economías, de otras formas de entender la política y la manera que tenemos de cuidar la T(t)ierra que nos alimenta (Jorge Riechmann dixit). Afirma la ecofeminista Mery Mellor que para hablar de socialismo “no es posible disociar el cuidado mutuo del cuidado del mundo”. De la misma manera creo que no es posible hoy hablar de hacer política (decidir sobre lo público) sin cultivar socialmente otros modos de estar en lo político (tejer otros cotidianos). No busquemos una palanca o unos dicotómicos debates, apostemos por explorar otras formas de vida que reclamen otras organizaciones políticas.

De esta manera, si pensamos en quiénes están ahí sosteniendo agendas que contrarresten el gran desplazamiento de la vida como razón de ser de la política, nos encontramos con grupos que insisten en cultivar otros lazos sociales, partiendo de lo experimentable, lo inclusivo y cotidiano, lo solidarizable desde abajo. Me estoy refiriendo en estos últimos años a la capacidad de parar países y dinámicas autoritarias, al menos intentarlo, por parte de redes de mujeres capaces de plantear, como no son capaces otros movimientos sociales, una huelga feminista y mundial, de convocar y convocarse frente a Donald Trump en los Estados Unidos o contra el golpe patriarcal de Tremer en Brasil, como ellas afirman. La pervivencia del zapatismo se fundamenta en un municipalismo arraigado en territorios y en una radicalización de la democracia: asambleas comunitarias se entralazan a mayor escala con cooperativas económicas bajo las llamadas Juntas de Buen Gobierno. Pienso sobre todo en la persistencia secular del movimiento indígena. O en las formas campesinas que se vinculan en movimientos por una reforma agraria integral. Observo cómo sus formas de vida tienen expresión y autonomía social dentro de marcos políticos de mayor escala, incluso internacionales: coordinadoras como el Consejo Indígena de Centroamérica (CICA), la Red de Mujeres Indígenas por la Biodiversidad, la Vía Campesina. La coordinación a gran escala de pequeños mundos, es más que un “marchar separados y golpear juntos”. Sitúo aquí dinámicas de afinidad entre iniciativas de economías sociales y solidarias y el ciclo de protesta que despegó en los 90 bajo las redes “antiglobalización”. Esta perspectiva de otra política a través de otras economías y redes de alta sociabilidad ha marcado también, por ejemplo, la lucha contra los desahucios en este país. Si llegó a irrumpir social y mediáticamente en nuestra cotidianidad, si tuvo potencialidad para ser palanca de partidos políticos de naturaleza municipalista, lo fue sin duda por su capacidad para tejer otras sociedades, lo que llamaron Grupos de afinidad y apoyo mutuo (GAYAM) en medio de un mar hostil y revuelto que nos precipita hacia la exclusión. Es lo que he definido en otro lugar (Democracia Radical, Icaria, 2011) como cultivos sociales: iniciativas de autonomía social destinadas a (auto)gestionarse necesidades humanas básicas: materiales, afectivas, de solidaridad, de relación con el medio. Mujeres, indígenas, campesinados y nuevos comunes comparten esos mimbres: parten de lazos sociales que promueven lazos sociales, hacen del bienestar socioemocional una variable importante para contrarrestar el desquicio enfermo de este planeta. Democratizan dónde y cómo se decide políticamente, democratizan también nuestras economías, proponen otras formas de vida frente a unas élites que insisten en depredar la vida. Enfrente, los fascismos incluso de tintes “verdes”, buscan desalentar la autonomía de lo social, la auto-organización desde abajo, nos retrotraen a la bandera y al hombre-masa, al hombre-fuerte, a la necesidad del padre. Los actuales partidos de izquierda, por otro lado, se alejan mucho de estar enraizados en estos cultivos sociales. Les estorban. No están en sus círculos de legitimación, en sus programas, en sus mentes. En particular, el ecofeminismo como apuesta que hace de la vida la génesis de la nueva política, y el reconocimiento de autonomías desde abajo que ello supone, les asustan, no cuadran en sus juegos de tronos y de votos.

No nos olvidemos. El dilema no es calles o institución. La condición necesaria para una transformación radical frente a propuestas ecofascistas vendrá de la construcción de realidades contestatarias que aúnen voluntad de protesta y capacidad para generar otros mundos.

La vida es una maraña de procesos en continua evolución. Así de entrelazada y cambiante es Gaia/ Gea: la Tierra que vemos y la tierra que no vemos, como nos señalaba la bióloga Lynn Margulis. La vida democrática es también (¡cómo no!) cuestión de procesos, no de órdenes prefijados, nos argumentaría el filósofo Cornelius Castoriadis. Sin embargo, nuestras vidas políticas no parecen entender hoy ni de autodeterminaciones, ni de respuestas frente al cambio climático. “Bochornoso” era el adjetivo que empleaba sintéticamente la portavoz del gobierno del Partido popular para referirse a la iniciativa soberanista que se está desarrollando en Catalunya. Podría haber empleado ese adjetivo para hablar de la creciente desertificación y de los incrementos de las altas temperaturas en este país, de las muertes no contabilizadas por estos calores o por sequías y huracanes de dimensiones nunca vistas hasta ahora. También bochornosas fueron actuaciones poco democráticas como la utilización de reformas constitucionales exprés y leyes mordaza para evitarse una salud democrática. País bochornoso, dicen, pero identificándolo siempre con todo aquello que pueda amenazar sus posiciones en el actual statu quo.

El pasado 6 de septiembre el parlamento catalán aprobaba por mayoría una ley de referéndum con los votos de Junts pel Sí y la CUP. La coalición nacionalista en el gobierno (Junts pel Sí) que aúna la tradición conservadora catalana (PdeCAT, proveniente de CiU) y una neoliberalizada socialdemocracia (ERC) ha encontrado apoyo en las CUP (cuyas mimbres están en un municipalismo anticapitalista) para andar este camino hacia la autodeterminación de Catalunya. Todo un calentamiento global del panorama político español, cuyos entramados jurídicos, mediáticos y políticos hegemónicos han publicitado que se trata de un huracán contra la democracia. Calentamiento que ha pasado por alto, sin embargo, algunas de las intenciones y de los matices que van más allá del derecho a decidir como senda institucional a partir de una idea de pueblo o comunidad. En el discurso pronunciado en la tribuna del Parlament la tarde del 5 de septiembre, Anna Gabriel Sabaté (diputada de las CUP) afirmaba que las instituciones estatales surgidas tras la muerte del dictador Franco “son un límite, son un muro, son un impedimento para plantear la recuperación de soberanías, todas: la nacional, alimentaria, la económica, cultural, residencial”. En esa misma semana, un equipo de la formación municipalista manifestaba su intención de interpelar al gobierno sobre lo que, a su juicio, debería ser una ley catalana por el decrecimiento. “El decrecimiento es una vía imprescindible para conseguir esas soberanías”, aquellas de las que hablaba la diputada Sabaté, afirmaba su compañero Sergi Saladié.

En círculos catalanes suele hablarse de dos ejes de polarización y a la vez de cohesión que se suceden en Catalunya: el nacional y el social. “La austeridad nos hará más fuertes” dijo una vez Artur Mas, antecesor del actual presidente catalán Carles Puigdemont. Y a ello se consagraron con reducciones, desde 2008 para acá, de un 17% del gasto en educación, un 14% en sanidad, aparte de privatizaciones directas o encubiertas. Ello motivó que el eje social tomara fuerza: las manifestaciones Prou Retallades! (basta de recortes), resonando junto al 15M, desde el 2011. Con el objetivo de relegitimarse, y azotada por la corrupción y los malos resultados electorales, CiU pasó a colocarse mediática e institucionalmente como la cabeza más visible del movimiento catalanista.

Eje nacional, eje social… ¿podríamos pensar (acaso soñar) que estuviera iniciándose un eje ecológico? A finales de julio el parlamento catalán aprobaba toda una Ley de Cambio Climático, pionera en nuestras economías centrales. Ahora acude la interpelación de la CUP sobre el decrecimiento, en plena iniciativa soberanista, la cual habla de insuflar aires, entre varias medidas, a la relocalización cooperativista de la economía, al municipalismo, a las soberanías energéticas y alimentarias con el objetivo de tumbar “la inèrcia del mode de vida capitalista-consumista i els interessos dels grups privilegiats”. Esto sí que sería algo más que una ley pionera. Más bien una revolución. Sin embargo, viendo la tradición austericida y los presupuestos conservadores de 2016, que la CUP se negó a apoyar, parece difícil que el gobierno Junts pel Sí entre en esa línea de revolución democrática por la sostenibilidad de la vida.

Existe un creciente arriba y un empobrecido abajo (un sesgo de clase cruzado con sesgos de género y procedencia) en esto de acceder a materiales, energía, renta o alimentos. Existe también un sesgo territorial, donde un triángulo se sitúa en el centro (Catalunya-Valencia como nodo mediterráneo, junto a País Vasco y Madrid) para absorber energías y materiales de otros territorios. El decrecimiento con justicia, ya sea una ley o una iniciativa, ¿no deberían también hablar de quiénes ganan y quiénes pierden en nuestros territorios? Si las empresas están proponiendo un “decrecimiento de mercado” (pobreza energética, desahucios, insuficiencias alimentarias y exclusión para más de un 30% de la población española), ¿cómo saber cuándo trabajamos por un decrecimiento con justicia y cuándo por un decrecimiento elitista? En cuanto a la necesaria salud democrática que expresa el derecho de autodeterminación de pueblos y comunidades, ¿en qué condiciones el juego parlamentario (aprisionado en la globalización) es sobre todo aire para los caciques locales del neoliberalismo, o por el contrario supone una senda para otras rupturas que aviven unas economías más próximas, más justas, más sostenibles? En el caso de la CUP la respuesta se viene dando desde sus prácticas municipalistas en las últimas décadas. Como en las alcaldías por el cambio, que tienen en la economía social y solidaria o en la agroecología o en la revalorización de los cuidados políticas emblemáticas de su gobierno.

En mi opinión, toda propuesta de reconfiguración territorial de autodeterminación (institucional, en el aprovechamiento de recursos) debería dar cuenta, de forma compleja y desde el primer momento, de una interrelación positiva de tres direcciones clave para un decrecimiento con justicia. En primer lugar, la política. Frente a un decrecimiento elitista (nichos de mercado, polarización territorial, nuevos colonialismos para facilitar el consumo de unos pocos), plantear un decrecimiento que se asiente y legitime en expresiones de radicalización democrática: decidir sobre el agua cerca de los cuencas de las aguas, sobre el territorio y las agendas cerca de un municipalismo, sobre producción y comercialización cerca de donde está el consumo, etc. Pero todo ello conjugando un hacer local con unos derechos establecidos. El primer derecho es, inexcusablemente, el derecho a tener una casa, un planeta. Y después el derecho a tener derechos. La Ley del referéndum, entendiendo que se aporta en un contexto de acción política muy concreto, nos explica, sin embargo, que el primer derecho de los seres humanos es el derecho de autodeterminación de los pueblos.

En segundo lugar, toda economía debe plantearse su relocalización, su orientación hacia necesidades humanas y el cuidado de la vida, y no a las especulativas. Debe perfilar también sus estrategias de solidaridad, dentro y fuera de sus ámbitos directos de decisión. Soberanía política no significa ni autonomía económica ni alteración de un metabolismo insustentable: Barcelona, Madrid o Murcia extraen gran parte de la energía que consumen de su vecindario. Soberanía económica significa, entre otras cosas, que no sea el mercado de la deuda y el MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad) el que controle territorios y decida cuánto más hay que depredar para pagar lo que se sabe que es injusto e impagable.

Por último, la dimensión ecosistémica. Vivimos en un país donde los grandes núcleos financieros y de consumo (Barcelona y Madrid especialmente) están ocasionando una gran rematerialización de la economía, como apunta el trabajo sobre metabolismo coordinado por el investigador Óscar Carpintero. La crisis no ha frenado, por ejemplo, que Barcelona siga creciendo como nudo globalizador del mercadeo alimentario en el Mediterráneo, a través de MercaBarna; que el cemento siga fluyendo hacia Madrid a ritmo de 7,5 tonelada por hectárea y año; o que cada vez haya más política de reciclajes (testimoniales aún) a la par que demandamos productos más demandantes de agua, petróleo o minerales que haremos escasos en unos años. Los procesos de soberanía territorial deberían conducirnos desde y hacia una reflexión sobre esta situación injusta e insostenible dinámica.

¿Qué hacer entonces? ¿Cómo no partir del hecho, en esta coyuntura soberanista de Catalunya, de que la autodeterminación política es un derecho colectivo, como deberían serlo otros, aunque aún no lo sean? ¿Cómo no entender que toda apuesta por relocalizar decisiones políticas puede abrir ventanas para un relocalización de tintes más solidarios y menos abrupta? ¿Cómo no considerar que lo que no es creíble ni razonable es esperar que las élites nos reorganicen un país más sostenible desde y para una mayor salud democrática? Y sin embargo, hay cosas que no se mueven. El tintero de los grandes medios de comunicación está enmarcado en una dramaturgia de guardiaciviles persiguiendo papeletas, independentistas haciendo malabares jurídicos y apelaciones a esencias que nos han llevado a lógicas muy alejadas del cuidado y la interculturalidad. De decrecimiento, casi nada. De laboratorios para una política nutrida y anclada en un empuje social desde abajo (más allá de la organización de manifestaciones), también poco. De impedir la renovación de unas élites neoliberales que se proclaman ahora defensoras del bienestar social de un territorio, cero patatero. Es lógico, por tanto, que surjan dudas. Pero también que veamos este país como bochornosamente conflictivo, necesitado por tanto de procesos enfocados hacia la sostenibilidad y hacia la democratización radical de nuestras sociedades. Ojalá en estos conflictos podamos parar barbaries en lugar de potenciarlas, y a la vez aprendamos a cómo remodelar de manera justa y sostenible nuestras casas: la hogareña, la política y la que nos ata a Gaia.

Octubre nos aguarda en Valencia con una nueva cita del Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán, el llamado Pacto de Milán. De Banjul (Gambia) a Belo Horizonte (Brasil), más de un centenar de ciudades han declarado su compromiso con sistemas agroalimentarios sostenibles e inclusivos. Las ciudades son un voraz depredador de recursos alimentarios y energéticos. ¿Cabría pensar que en ellas podemos encontrar las soluciones para reconstruir sistemas agroalimentarios localizados? Ciertamente no, el mantenimiento de la biodiversidad, la reducción de la huella ecológica o las políticas frente al avance del cambio climático nos obligan a tener planteamientos territoriales más amplios, más complejos, más extensos.

Sin embargo, el Pacto de Milán puede ayudar y mucho a reclamar un derecho a la alimentación y a revitalizar una producción más acorde con las potencialidades de un territorio (recursos disponibles, comercialización directa, variedades y productos de temporada, mundo rural vivo) en el afán de crear cuencas alimentarias “resilientes”, como señala el propio Pacto. Puede ser un aldabonazo que contribuya a expandir dinámicas más descentralizadas y que dote de más autonomía a los habitantes de un territorio para construir sus mercados, sus sistemas económicos, sus formas de cuidar la vida.

Por ejemplo, puede ayudar a desarrollar redes de producción y consumo basadas en el Derecho a la Alimentación y no en la capacidad de los mercados globalizados para apropiarse de las cadenas alimentarias. Pero ese poder, para ser un poder real y sostenido en el tiempo, ha de descansar en el empuje social que ya viene ofreciendo alternativas a los mercados convencionales. Sólo así se ganará en autonomía territorial real que pueda animar la construcción de economías inclusivas, pegadas al territorio.

¿Dónde encontrar ese empuje social? ¿Qué otros mercados agroalimentarios están siendo construidos? Los mercados agroecológicos, bajo diferentes tipologías y operando a distintas escalas, son una realidad en el presente. Son “economías vivas” renovadoras y a la vez fuertemente conectadas a manejos históricos, a costumbres de cuidar la tierra a la vez que cuidamos de nuestro alimento y de nuestros lazos sociales.

Así, por poner un ejemplo, en los países centrales los rescoldos de la crítica a una modernidad devoradora se refugiaron en manejos campesinos, presentes en valles y serranías alejadas de las grandes urbes; en la voluntad cooperativa de las economías de cuidados (aupadas sobre hombros de mujeres, pero también en dinámicas locales de apoyo mutuo); o en proyectos sociales y políticos que animaban la (auto)gestión local, en clave de autonomía comunitaria o de mimbres libertarias.

En otras latitudes, la existencia de una tradición de mingas (minkas), ejidos o comunidades indígenas da pie de forma ancestral a la pervivencia (actualizada en algunos casos) de los mercados de proximidad que cumplen una función de cohesionar sociedades, equilibrar dietas o garantizar unos mínimos alimentarios. Son la red de Tianguis en México, los mercados campesinos en Colombia o en África Subsahariana. Y a pesar de que las grandes distribuidoras y acaparadoras de tierra luchan contra la reproducción de estos (nuevos) comunes, estas pequeñas-grandes iniciativas son las que nos alimentan el mundo. Representan la tradición universal de las economías de alta sociabilidad, no necesariamente circunscritas a lo local pero sí aupadas desde ahí, de las que daba cuenta la exploración de mercados que elaborara Karl Polanyi, las economías vivas a las que se refiere Vandana Shiva, el gobierno de los comunes para beneficio de las comunidades afectadas que sistematizara Elionor Ostrom.

El siglo XXI bien podrá traernos, aparte de una extrema derecha que apele al retorno del padre que nos guíe y nos controle, la aparición de prácticas que caminen hacia nuevos comunes: economías cooperativistas con acento en la autogestión y en la cogestión para construir nuevos mercados. Nuevos comunes que rechazan el ilusionismo horizontal que se vende bajo el desarrollo de nuevas plataformas comunicativas en internet. Nuevos lazos sociales que trascienden el “sálvese quien pueda” que aparece implícito en conceptos como “nichos de mercado”. Tecnologías con sentido común y territorial por encima de las apelaciones de las élites a embarcarse en una “agricultura inteligente” que favorezca aún más el mercado alimentario que controlan las grandes corporaciones. A la exploración de dichas prácticas le hemos dado el título de Rebeldías en común (Libros en Acción, 2017).

Así, a partir de apuestas municipalistas como el Pacto de Milán toman estabilidad prácticas que venían ya experimentándose, como los Ecomercados que aterrizan semanal o mensualmente en calles de grandes ciudades. Desde finales de los 90 somos testigos del boom de mercados sociales y grupos de consumo que reúnen a consumidoras y consumidores ávidos de recuperar una noción que supedite la idea de mercado al bien social. Agricultura soportada o apoyada por la comunidad, pero al mismo tiempo, posibilidad de lazos sociales que se recuperan, en medio del naufragio de las sociedades líquidas, a través de un mayor protagonismo colectivo sobre cómo nos alimentamos. Mercados sociales que coexisten con la satisfacción de otras necesidades (servicios, contactos, cultura) como nos ilustra La Tejedora en Córdoba. Comunidades que se (re)construyen y pasan a concretar acciones de gran escala desde premisas que potencian los llamados circuitos cortos: próximos en kilómetros, escasos en intermediarios, largos en poder cooperativo. La cooperativa BioAlai en Vitoria o Landare en Pamplona son buenos y actuales ejemplos.

Ante un sindicalismo agrario que se especializa en cogestionar la catástrofe y el suicidio colectivo que suponen los mercados globalizados y las “ayudas” de la Unión Europea, aparecen también iniciativas de grupos sindicales o de organizaciones más innovadoras dirigidas a enlazarse al territorio. Pienso en los mercados que auspicia COAG en algunas localidades de Andalucía; en la iniciativa Nekasarea de EHNE-Bizkaia que une baserritarras y ciudadanía; en proyectos de productoras que incorporan a consumidoras como es el caso de Subbética Ecológica; o en la propuesta de Punt de Sabor que viene fortaleciendo en Valencia la Unió de Llauradors i Ramaders a través de servicio directo y ecológico a supermercados y comedores junto con puntos de distribución local.

Esta coordinación territorial entre personas productoras tiene sus antecedentes en el cooperativismo agrario no vinculado a la integración vertical, aquel cooperativismo con prácticas cooperativas en su base y que evita convertirse en apéndice subordinado de Mercadona o de Eroski. Ejemplos de ello son iniciativas como la Xarxeta en Catalunya (Xarxa de Pagesos Agroecològics), la FACPE en Andalucía (Federación Andaluza de Consumidores y Productores Ecológicos). Desde ahí surgen las propuestas para construir sellos de calidad y lazos de confianza que sirvan para cuidar territorios y evitar los sellos “ecológicos” que parecen destinados a satisfacer a la exportación o mercados centrales de grandes empresas que concentran la tierra.

Territorio y mercado: dos lugares que habían sido obligados a divorciarse como idea y como espacios entrelazados, particularmente en las partes del mundo más próximas a las entrañas del monstruo capitalista. Mercado y creación de lazos para cuidar(nos): dos acciones que buscan desafiar la mercantilización propuesta por las grandes superficies y los grandes fondos de inversión que hacen cotizar parte de nuestra alimentación en las bolsas internacionales. Territorio-mercado-cuidados como exponente de una Agroecología en 3C: circuitos cortos, cooperativismo, cuidados de territorios y personas.

Pero soy, que dijera el poeta, un optimista informado. Y les informo también que los mercados agroecológicos están en disputa: como lugar, como acción social y como concepto mismo. Como lugar porque se vende humo relocalizado que enmascara mercados para una riqueza global y nuevamente abstracta. Las líneas de supermercados en ecológico apoyan (parcialmente) la producción eco y local, pero también nos meten en el embudo distribuidor y eso significa dependencia y control sobre las espaldas de las productoras. Las llamadas economías colaborativas ofrecen el espejismo de “comunicación directa” por internet, cuando en muchos casos es comercio que no propicia encuentros cooperativos, territorializados capaces de empoderar a pequeños productores. Ése es el defecto de proyectos como La Colmena que dice sí.

La propia Unión Europea intenta colocar sus mercados en el centro de un hacer que se vende como “más sostenible”. A escala continental potenciando la llamada “economía circular”: mismos mercados pero ampliando al tema de reciclaje. Y aupando las soluciones locales de mercado que plantea, de manera intencionadamente confusa, la llamada “economía del bien común” de Christian Felber: responsabilidad social corporativa para empresas bajo una “libertad condicional” del mercado y los precios.

Todo ello crea nichos de mercado, pero no desbarata las estrategias monopolísticas de la gran distribución, el control de los mercados de abastos por una oligarquía mundial (el hub alimentario de MercaBarna) o más local (mercados de abastos en manos de familias “autóctonas” y sin atención al derecho ciudadano a la alimentación y la producción periurbana). Tampoco apunta a promover una dieta adaptada al territorio cercano, con menos presencia de carnes, pesticidas, grasas saturadas y emisiones de CO2.

En lo conceptual, la palabra agroecología aparece crecientemente reducida a una condición técnico-capitalista, como sinónimo de sustitución de insumos, mercados “verdes”, certificación que no se basa en la reducción de huella ecológica y en la defensa de la biodiversidad, o contemplada como un proceso de ingeniería científica de reducción de impactos o de producción de modelos de metabolismo generales donde la gente y la pequeña producción no aparecen por ningún lado a la hora de construir diagnósticos y alternativas.

Por su parte, las personas productoras no siempre son dueñas de su acción. La presión sobre la obtención de renta a corto plazo, el acceso a insumos “baratos” y la necesidad de colocar producto los sitúa más en la innovación urgente que en la transición hacia otras gramáticas económicas, permeadas por esos lazos que van construyendo una Agroecología en 3C. Si tuviera que enumerar 5 principios para tener un primer análisis de qué es un mercado agroecológico diría que plantea: economías viables para la gente que produce y desde economías donde el petróleo será una reliquia; territorios habitables que se viven a través de cuidados de bienes comunes y tecnologías de vida larga, adaptadas y fácilmente reparables; mercados que evolucionan como lazos sociales que reproducen bienes cooperativos en la producción, la distribución y con las personas consumidoras; sistemas agroalimentarios localizados que democratizan saberes, logísticas y accesos alimentarios sin desigualdades de clase socioeconómica o de género; y, por supuesto, mercados que contribuyen a una diversidad de sabores, paisajes y formas saludables de avanzar en una soberanía alimentaria.

“Estos son mis principios. Si no le gustan tenemos otros”. Podríamos añadir y remedar la frase de Groucho Marx para describir la filosofía hoy reinante en la cúpula del PSOE. “Este es nuestro secretario general, pero si no vota lo que el Ibex 35 cree que hay que votar, tenemos otros”. O yendo más allá: “Estos han sido nuestros partidos. Si no le gustan tendremos que tener otros”. Y de todo esto viene el proyecto político de Ciudadanos o la facilidad de confluencia entre este partido y PSOE (pacto de diciembre para proponer gobierno, alianza estable en Andalucía), como nos recuerda M. Eugenia Rodríguez Palop en diversos artículos en este diario.

Señalemos que ya en 1975 un informe de la Comisión Trilateral (think tank en el que se reconocían Japón, la Comunidad Económica Europea y Estados Unidos) llamaba a limitar las democracias, centralizar en líderes la acción de los partidos y vaciar a éstos de contenidos que pudieran dar rienda suelta a las expectativas populares. La constatación de esta dinámica de partidos convertidos en aparatos serviles viene de antes. Serviles en el sentido literal de hegemonías internas hechas a base de sillones prestados a grupos afines y de servilismo externo hacia las élites.

Otto Kirchheimer primero, y Claus Offe posteriormente, ya nos plantearon que la sostenibilidad (organizativa) de estas maquinarias, en principio nacidas para la mediación social entre gobernados y gobernantes, fueron forzadas al poco de terminar la segunda guerra mundial a introducir “rebajas ideológicas”. La conversión de la política institucional en una competencia de mensajes de marketing y líderes cautivadores favorecería mejor las políticas del capital internacional. Los grandes bipartidismos europeos o estadounidense han sido caldo de cultivo, sobre todo a partir de los 70 y 80 tras la consolidación del golpe de Pinochet o la derrota de la propuesta de socialdemocracia de Miterrand frente al poder de los mercados, de hacer valer como intereses colectivos lo que eran prebendas elitistas y metabolismos no sostenibles.

Ferraz, la sede oficial del PSOE, otrora partido socialista y obrero, es hoy testigo de ello. El saldo de la guerra interna está ahí: una conspiración de barones territoriales impulsada por Susana Díaz, la presidenta andaluza, que fuerza la dimisión de Pedro Sánchez; un nuevo comandante que “anhela poder abstenerse” según manifiesta Javier Fernández, presidente de Asturias y cabeza visible de la actual gestora; una agenda neoliberal que se ve allanada, en todo caso, en unas hipotéticas terceras elecciones, merced al reforzamiento de la misma a través de tres de los cuatro grandes partidos.

Las rebajas ideológicas del PSOE vienen siendo elocuentes desde mediados de los 90, cuando la perspectiva de instalar un sistema de bienestar al estilo de centroeuropa se abandona y no se incorporan medidas ante los ya conocidos límites al crecimiento del consumo. Lo constata el gusto neoliberal compartido por el exministro Solbes, alabado en ocasiones por el Partido Popular. O la consolidación de una economía globalizada donde diversas compañías privatizadas pasan a jugar en la liga de campeones de la insostenibilidad internacional como Repsol o Telefónica. O el inicio el pasado septiembre de la explotación del parque natural de Doñana por parte de Gas Natural, en cuyo consejo se sienta el expresidente Felipe González, firme defensor en la actualidad de facilitar el gobierno al Partido Popular.

Decía Marx que la historia se repite primero como farsa, luego como tragedia. Yo diría que en estos tiempos de sociedades y memorias líquidas, y de triunfo de una política cínica propia de la extrema derecha que ofrece discursos de emancipación mientras derrama vidas a su paso, terceras y cuartas farsas son posibles. Por un tiempo, claro. Porque la presión por la supervivencia de los de abajo (la economía moral de las clases oprimidas que señalaba E. Thompson, la infrapolítica en la sombra que les otorgaba J. Scott o la sororidad expandible que señala actualmente el feminismo), junto con los límites planetarios a la expansión del binomio depredador Mercado-Estado centralista irán mostrando progresivamente la necesidad de de otros horizontes.

Por el momento, y por razones de autoritarismo exuberante y de escasa atención al descontento de la población con la agenda neoliberal, el PSOE está noqueado. Nada nuevo. Otro exsecretario algo díscolo con los barones del partido como Josep Borrell, también cayó de la manera que ha caído ahora Pedro Sánchez: para allanar el camino al gobierno popular (de Aznar por entonces) que obtuvo una feliz mayoría frente al candidato sustituto (Almunia en aquel tiempo).

El marco de la rebaja ideológica y la creación de una esfera de competición a base de política cínica, apoyada en liderazgos mediáticos fuertes, no deja margen para proyectos sostenibles de emancipación. Sí puede apuntalar proyectos de fascismo ecológico, como indica Jorge Riechmann, de juegos del hambre hechos realidad. Es decir, quien decida moverse en ese terreno de juego, difícilmente podrá hablar de transformar el sistema energético o de proponer medidas reales contra el cambio climático a base de construir economías endógenas, pegadas al territorio. No podrán, sencillamente, porque en los consejos empresariales de estas grandes transnacionales se sienta la crema impulsora del bipartidismo. No podrán, porque desafiar economías globales supone enfrentarse al tema de la deuda impagable que demanda más y más crecimiento y circulación de monedas y materiales. No podrán porque cualquier organización resiliente, social y ambientalmente hablando, que quisiera trabajar por una justicia ambiental, tendría que basarse en sistemas emergentes, y eso requiere una inteligencia ecológica y colectiva hoy ausente (J. Luis Casadevente dixit) capaces de fomentar procesos de participación y co-gestión en los territorios. Es decir, seguir más los principios, adaptados al presente, de las economías más comunitarias o de alta sociabilidad, que diría el antropólogo boliviano Núñez del Prado. Y eso requiere descentralizar y dar poder a los de abajo. Para decidir sobre energías, alimentación, salud, planes urbanísticos y, por supuesto, tratados internacionales altamente depredadores como el TTIP. Todo ello es incompatible con un ascenso de partidos conservadores o con partidos del socialismo como farsa.

¿Y no podría haber un nuevo Ferraz sostenible? Pues probablemente no. Primeramente, en el sentido organizativo los propios dirigentes del “renovado” PSOE ya han declarado que cuentan con nuevas sangrías de votos en futuras elecciones. Se seguirán sucediendo mínimos históricos como los observados en las últimas elecciones generales o en las autonómicas de Galicia y País Vasco. Y, en segundo lugar, el control del aparato por parte del sector más benevolente con Ciudadanos y con el propio Partido Popular, hace más factible que continúen aprobándose agendas a favor de más cambio climático, más explotación de recursos naturales, más expansión de grandes cadenas de supermercados, más apuesta por los negocios privados en el transporte o en la energía, más turismo globalizado para ocio de unos pocos y desgracia de muchos.

Pero entonces, ¿mejor sin partidos? ¿para qué estar en las instituciones representativas liberales si éstas son conducidas hacia la barbarie desde instituciones crecientemente feudalizadas? Se trata de una pregunta para el medio plazo. Me inclino a pensar más en la transición inmediata hacia esos sistemas emergentes que leen la vida y las economías “desde abajo”. En general, los (nuevos) partidos asociados a la “izquierda” o a la “democratización radical” de la política son ilustrativos de formas de funcionamiento más sostenibles; tanto para la ampliación de necesarias transiciones desde un creciente protagonismo social; como para poner en marcha iniciativas que cierren circuitos desde abajo: circuitos políticos, energéticos, económicos y culturales. Este sería el caso de muchas candidaturas o propuestas municipalistas (en Italia de la mano de 5 Estrellas, el confederalismo democrático en el Kurdistán o las iniciativas de las alcaldías por el cambio del Estado español).

Con todo, a pesar de las declaraciones, los nuevos grandes partidos (Unidos Podemos) no son precisamente una caja de resonancia de debates y protagonismo social. Ni tampoco, salvo casos muy particulares, las nuevas alcaldías por el cambio han conseguido asentar un tejido productivo y legislativo que trabaje por una rebeldía en materia de consumo o de promoción de una economía social y solidaria. En muchos casos se reproducen esquemas insostenibles hacia dentro y hacia afuera. Excepciones y perspectivas de que la cosa puede cambiar, como las meigas, existen. Ahí tenemos la reciente declaración de Bilbao a favor de programas ecosocialistas promovidos por candidaturas, organizaciones ecologistas y sindicatos alternativos.

Lo que es claro es que la s de sotenibilidad reclama organizaciones políticas más pendientes de los participación deliberativa (gusto por la diversidad) y capaces de apostar por programas de mayor soberanía energética y alimentaria (gusto por la biodiversidad y la diversificación de economías en el territorio). Lo otro, lo viejo y conservador, no son partidos “atrapatodo” como se suele llamar a las grandes maquinarias del marketing del voto. Son hoy partidos “rompemundos” que destruyen los vínculos sociales y las concepciones de democracia de base más elementales. En la reconstrucción de esos vínculos, con políticas y economías pegadas al territorio, más allá del actual régimen de gobernanza, encontraremos algunas respuestas institucionales para una transición inaplazable, algo más sostenible y democratizadora.

Última llamada para quienes aún confíen en que las élites económicas están preocupadas por la democracia y por la sostenibilidad en este planeta. El escondido romance del TTIP entre los Estados Unidos y la Unión Europea ha puesto de manifiesto que, en este interesado amor de las élites, poco importa el apoyo de sus pueblos o el respeto a unos mínimos ambientales que aboguen por la precaución frente a un planeta en estado de shock. Entre capitalismo del shock y capitalismo contra el cambio climático anda el mundo, según nos documenta la ensayista Naomi Klein. Y Brasil no es más que un eslabón en esta cadena.

El 18 de abril de este año, menos de un mes antes del golpe político en Brasil, el coordinador del programa económico del partido que ha accedido al poder (PMDB, centro-derecha), Roberto Brant, que ya había sido ministro con Fernando Henrique Cardoso (PSDB, socialdemocracia neoliberal), afirmaba lo siguiente sobre su propuesta económica: “la propuesta no fue hecha para enfrentarse al voto de la población. Con un programa así no se acude a una elección […] Todo lo que allí se dice precisa ser realizado. El tamaño del desastre que vive hoy Brasil es inédito en nuestra historia”. El desastre de Brasil existe, ciertamente, y se llama desigualdad social, sólo comparable con Sudáfrica, según datos de Oxfam. El desastre ambiental de Brasil se refleja en el avance de la deforestación amazónica, que oscila entre 10.000 y 25.000 km2 por año, siendo la presión combinada de mercados que buscan carne y grano para alimentarlo, y élites dispuestas a obtener beneficios rápidos, la causa de ello.

El desastre político de Brasil que, en gran parte, ha alentado esta llegada ávida del neoliberalismo al poder se llama “bancada ruralista”: cerca de un tercio de diputados que en el congreso son afines o controlados por grandes terratenientes y que mantienen una oposición sistemática a introducir avances en el reparto de tierra, la ayuda al pequeño agricultor o el respeto de los derechos humanos en el campo. No en vano, todo legado del PT en términos de apoyo a una agricultura familiar y propuestas en clave de producción ecológica, por mínimo que haya sido, ha sido borrado en estos días. De un plumazo ha desaparecido el Ministerio de Desarrollo Agrario, donde la lógica era de apoyo a estos pequeños productores, responsables del 70% de los alimentos que consume el país, y cuyos programas se considera que son la causa que ha permitido a la FAO retirar a Brasil de sus mapas del hambre.

La consumación del impeachment en Brasil llevó a Michel Temer (presidente del PMDB, centro-derecha) al poder, en contra de los deseos de la población. Días antes de la salida de Rousseff, una encuesta de Datafolha reflejaba que Temer sólo recababa el apoyo del 2% de la población. Y un 60% de las personas encuestadas pedían su renuncia por estar pendiente de juicios que sí le relacionarían directamente con el entramado de corrupción de Brasil. El avance de la agenda neoliberal y a favor del cambio climático es ya un hecho. Valgan como ejemplo las justificaciones de Ismael Bicharra, presidente de la Asociación Comercial del Amazonas, que impulsa la zona franca de Manaos: “estábamos sin un plan para impulsar la economía brasileña”. El ministro de educación exige pago, inmediato, de tasas universitarias. Se suprime el Ministerio de Cultura. Ninguna mujer entrará en el gabinete. Fin de la secretaría de Igualdad Racial. Posibilidad de revisar de convenios laborales en las diferentes empresas. El nuevo gobierno, como ha afirmado el ministro golpista de Salud, Ricardo Barros, no está para “sostener el nivel de derechos que la Constitución determina”. Blanco y en botella: hay que reducir el Estado, los derechos y los programas de sostenibilidad por el bien de las élites que frecuentan los mercados globalizados.

La nueva política se venía gestando meses antes y pasará por “concretar una acción de colaboración estatal y privada verdaderamente agresiva con respecto a los mercados de exportación”, como llegaba a afirmar el actual Secretario de Agricultura de Sao Paulo y otros círculos afines al agronegocio dentro de instituciones estatales como Embrapa. Nada más ocurrir el llamado impeachment, el pasado 12 de mayo, ONGs, sindicatos ruales y Consejos nacionales relacionados con desarrollo rural, advertían de los peligros que supondría para la sostenibilidad social y ambiental del Brasil si se avanzaba por el camino de desmontar políticas y estructuras que han impulsado avances en temas de seguridad alimentaria, agroecología o en la defensa de los territorios indígenas y de comunidades tradicionales. La advertencia no ha surtido efecto. Dilma Rousseff no está siquiera acusada de corrupción ni de participar en la trama de mordidas alrededor de la Petrobrás (el proceso “Lava Jato”) algo que no pueden exhibir quienes han impulsado el impeachment. Está por ver si es responsable de mover dineros entre bancos y otras cuentas del Estado. Y si dicha responsabilidad fiscal puede justificar el apartamiento definitivo de la presidenta electa de Brasil.

Lo cierto es que el golpe político sigue, quién sabe su futuro. Sí conocemos su pasado y su presente. En Brasil y en América Latina en general. Las élites están sedientas de beneficios, tras tres años de encogimiento del PIB en Brasil, fruto de una crisis económica internacional que reduce ganancias en la exportación de materias primas y que además se enfrenta a una subida paulatina de los tipos de interés en Estados Unidos. Otra vez el fantasma de la década perdida, allá en los 80, por una ilegítima deuda externa. Otra vez a olvidar lecciones aprendidas: que los gobiernos más democráticos y más sociales en esta parte del mundo sacaron a mucha gente de la pobreza y concedieron derechos donde aún se respiraba esclavitud. Otra vez las élites enfrente y doblegando voluntades populares. Como cuando los golpes militares eran la respuesta de las élites a los intentos de realizar reformas agrarias y dar de comer a los pueblos: Arbenz (Guatemala) en los 50, Goulart (Brasil) e invasión de República Dominicana en los 60... Y un largo etcétera que hoy se actualiza en golpes políticos que han desalojado del poder a incómodos gobernantes con estas élites agroexportadoras, caso de Zelaya (Honduras) en 2009 o Lugo (Paraguay) en 2012. Se trata de asonadas jurídico-parlamentarias, donde los tanques son sustituidos por un “maquiavelismo” de palacio, que sirve para desmontar procesos incipientes, lentos y graduales de democratización en muchos de estos países.

Y Brasil no podía ser menos. No en vano, tiene una soberanía (mermada en los últimos años) sobre la compañía Petrobrás. Toda una joya que en el 2006 se topaba con unas reservas petrolíferas que podrían llegar a suponer 300.000 millones de barriles de crudo: recursos bajo el mar Atlántico, el conocido Presal. Y, casualidades de la vida, las filtraciones de Wikileaks servían para conocer que el senador José Serra (hombre fuerte del PSDB) ya había pactado con Chevron que se modificaría la ley que prohíbe a Petrobrás tener una participación estatal inferior al 30% en el Presal. Ley ya impulsada y que aguarda una segunda votación.

Efectivamente, Brasil no es hoy, como buena parte del mundo, un país para viejos que busquen algo de bienestar para ellos y para futuras generaciones. Menos aún para esos jóvenes que en junio del 2013 alzaron su voz en numerosas calles brasileñas reclamando derechos sociales en un país, como el resto de América Latina, presa de la agenda agroexportadora como único e insostenible paradigma de “desarrollo”. Precisamos urgentemente desarrollar economías que cuiden de las personas y de sus territorios. Y precisamos también parar los golpes políticos en cualquier parte del mundo, se disfracen de impeachment parlamentario o de TTIP.

El municipalismo nos dota de la posibilidad de repensar la política, de acercarla y de crear sinergias sobre herramientas por encima de siglas y de élites televisadas.

El poder transnacional sostiene una normatividad agresiva para con los manejos comunales, la gestión local y la democracia.

“Os damos, concedemos y asignamos a perpetuidad, así a vosotros como a vuestros sucesores los reyes de Castilla y León, todas y cada una de las tierras e islas sobredichas, antes desconocidas”, Bula Inter Cetera, emitida por el papa Alejandro VI el 4 de mayo de 1493

Lejos de ver territorios llenos y conformados por personas, memorias, biodiversidad y otras formas de entender el bienestar social, la colonización dibujó continentes vacíos, como argumenta Eduardo Subirats: eran apenas superficies para ofrecer a los imperios en expansión. Sostiene Subirats que el “ideario de conversión” era en realidad una “empresa de ocupación y explotación territoriales como cruzada a lo ancho de un continente vacío”, siendo el indígena americano un cristiano potencial: “tabula rasa susceptible de sujeción y subjetivación”. Continente visto como contenedor del que extraer recursos, conciencias planas dispuestas a ser alfombradas por la nueva religión.

La modernidad ha cambiado, pero conserva aún muchos de sus pecados originales. Los territorios no son percibidos como lugares donde los seres humanos entrelazamos ecosistemas (territorio ambiental), infraestructuras y organizaciones sociales (territorio material) e imaginarios sobre desarrollo y manejo de recursos (territorio inmaterial). Cuando en clase pregunto (a estudiantes de medioambiente o de agronomía), por primera vez, qué entienden por territorio, lo usual es que contesten en clave de “superficie”, “área” o “terreno”. A través de sistemas educativos y de la construcción de una civilización consumista y que apenas entiende de límites ambientales, hemos heredado la tradición colonialista de percibir los territorios (propios y ajenos) como contenedores de recursos y alfombras humanas sobre las que instaurar proyectos y procesos de depredación. Edward Said, Arturo Escobar, Vandana Shiva o Tzvetan Todorov han escrito en profundidad sobre este hecho. Los territorios, los lugares donde cimentamos modos de vida y formas de circulación de recursos, bienes y mercancías, se edifican a partir de proximidades: una ciudad o pueblo, una comarca, una cuenca hidrográfica, un paisaje. Cierto que la llamada “globalización” ha desprovisto de sentido y de autonomía a estos territorios de proximidad. Desplazamos y nos desplazamos mucho. Más del 40% de la biomasa planetaria es movida y apropiada por el agente geológico ser-humano: hemos entrado en el Antropoceno.

Por ello, precisamente, los territorios son clave para legitimar y proponer formas de organización social o de repensar estrategias de desarrollo desde una perspectiva endógena. Y además es urgente: buena parte de las ciudades españolas, por ejemplo, consumen recursos y energía que multiplican por 100 el área que ocupan. Una huella ecológica insostenible: el planeta anda cada vez más escaso de energía fósil y materiales considerados como básicos para la producción consumista (cobre, aluminio, hierro o más de 60 elementos presentes en nuestros móviles). Y está lleno y saturado con nuestros residuos, nuestras formas de producción industrial y con el carácter especulativo (sobre materias primas y energía) de una economía caracterizada por una “exuberancia irracional”, que dijera el hoy expresidente de la Reserva Federal estadounidense Alan Greenspan.

La visión del territorio como cruce de (nuevas) memorias, infraestructuras, organizaciones sociales y maneras de entender nuestro bienestar, nos lleva a interrogarnos por apuestas políticas que puedan conducir a ello. El municipalismo se entiende, desde una perspectiva occidental, como la doble estrategia de abrir instituciones locales y de permitir o apoyar la consolidación de una autonomía social creciente para satisfacer nuestras necesidades humanas (que son materiales, pero también afectivas, expresivas y de relación amigable con el medio natural). Democracia participativa (de proximidad) y radicalización de la democracia (deliberativa, directa) como un impulso necesario para transitar hacia sistemas económicos y sociales más sostenibles, como apuntan los trabajos de Federico Aguilera Klink.

Cuando ciertos actores se refieren a políticas municipalistas, mi pregunta es: ¿se trata de avanzar en un protagonismo social para la gestión de un territorio con perspectivas de sostenibilidad de la vida en los mismos? ¿O por el contrario se está retomando “de facto”, la política de los contenedores territoriales y de las alfombras humanas? Llamaré municipalismos vivos al primer caso; y municipalismos muertos a aquellas prácticas que se presentan como “municipalizadoras” pero que no enfrentan la política de los contenedores y de las alfombras.

Los municipalismos vivos se conforman hoy a contracorriente. El poder transnacional (corporaciones, Estados y acuerdos internacionales) sostiene una normatividad agresiva para con los manejos comunales, la gestión local y la democracia que apunta a un genuino protagonismo social. Son ejemplos de estos ataques: la llamada Ley Montoro en este país, que arrebata y “empresariza” el gobierno de los municipios pequeños; en países como México, la lesión de derechos comunitarios e indígenas, la erosión de las gestiones colectivas como los Ejidos, así como la destrucción y confiscación de tierras que son fuente de biodiversidad, tal y como denuncia el Centro Mexicano de Derecho Ambiental; y en el conjunto de Latinoamérica, el aterrizaje de modelos de “desarrollo rural” importados desde la Unión Europea y centrados en “poner en valor” recursos locales para el turismo o la diversificación productiva hacia mercados globales.

Sin duda, en este país, la idea de Territorios en democracia se cimenta en un ciclo reciente de movilizaciones locales y en una serie de apuestas políticas en clave municipalistas. Estos municipalismos vivos ofrecen ya sus primeros apuntes de un ciclo social y político que ha venido para quedarse como consecuencia de la crisis civilizatoria que atravesamos. Frente a los 4.000 kilómetros de media que viajan los alimentos para llegar a nuestras mesas, hoy vemos en pie y con fuerza iniciativas sociales, antes impensables, como Madrid Agroecológico, mercados ecológicos y sociales como De l'horta a la plaça en Valencia, iniciativas de accesos a tierras y defensas del territorio (Terra franca, parques agrarios, redes por la soberanía alimentaria y la defensa de los territorios), etc. En la economía, el reconocimiento del sector social y solidario como fuente de empleo y sostenibilidad territorial en territorios periféricos como Andalucía. Y también la revisión de nociones de trabajo y de creación de “riqueza”: programas para la “colectivización de los cuidados” pueden encontrarse hoy apoyados por el ayuntamiento de Barcelona.

El municipalismo trata de convertir los contenedores en territorios municipalistas. ¿Sucede lo mismo con la participación? El municipalismo nos dota de la posibilidad de repensar la política, de acercarla y de crear sinergias sobre herramientas por encima de siglas y de élites televisadas. Las candidaturas emergentes son muestra de ello, por contraposición al escenario estatal de contiendas electorales. Aún así, las prisas y ganas de ofrecer resultados hacen que muchos proyectos de participación (obras, presupuestos “participativos”, gestión de recursos) se vuelquen hacia “la democracia del click”: gestor propone agendas y elector elige. La participación tiene que ver con procesos sociales (es de medio plazo al menos) que invitan a construir las preguntas y a encontrar escenarios, políticas y planes de acción comunes para la (re)construcción común de nuestros territorios. La tentación de alfombrar digitalmente la participación está ahí. Como también la de proponer que un cooperativismo institucional: como fórmula jurídica, pero no asentado en prácticas cooperativistas de trabajadores/as y ciudadanía. Un requisito previo será, en grandes ciudades como Barcelona, la “descentralización administrativa hacia abajo, hacia los distritos y los barrios”, según apunta Ada Colau, alcaldesa de esta ciudad. Creando, en paralelo, sinergias con una visión más comunitaria (al menos de sociedades con vínculos más fuertes y próximos) como hace el programa de salud en dicha ciudad, que se enfoca a barrios y economías sociales, y que coordina Gemma Tarafa.

Muncipalismos vivos toman cuerpo en lugares tan dispares como Bristol (Reino Unido) o Villa el Salvador (Perú). Están planteándonos conjuntamente una última llamada: los municipalismos se están revolviendo entre la vida y la muerte. Por favor, apuesten por la salud de nuestros territorios y de las personas que vivimos en ellos.

La maquinaria política transgénica sabe bien que tiene que sustituir el mundo bio y demodiverso por tecnología esclavizante y por el dictado individualizador de un puñado de transnacionales

Aunque el capitalismo amenaza las bases de la vida, no le resulta tan fácil ni tan legítimo apropiarse  de nuestras conciencias, tampoco de las culturas que trabajan para que dicha vida siga reproduciéndose. La reciente sentencia dictada por el magistrado federal de México, Benjamín Soto, ha cerrado las puertas (por el momento) a la liberación o siembra de maíz transgénico en dicho país. México, tan cerca de monstruos transnacionales como Monsanto o Syngenta y tan lejos de los dioses que crearon a los hombres de maíz como reza el libro comunitario maya del Popol Vuh, se ha reconocido como país donde la preservación de su alimentación es un hecho justiciable. La demanda fue presentada concretamente por 53 personas: campesinos y campesinas, artistas, personas investigadoras y activistas de derechos humanos. Pero obedece a una larga disputa jurídica, territorial e identitaria contra los citados monstruos como indica este colectivo: “México es la cuna donde nació el maíz, planta que hermanó en su territorio a decenas de culturas”.

Hace unas semanas, uno de los impulsores de dicho proceso colectivo, Narciso Barrera Bassols, me reafirmaba esa disputa que ha unido territorios, manejos sostenibles de recursos y tradiciones actualizadas: “ganamos, porque venimos ganando la batalla cultural”.  Y me citaba la presentación de exposiciones nacionales como Milpa: ritual imprescindible, la campaña Sin Maíz no hay País o el trabajo local en pos de asentar derechos y sabores propios de los distintos territorios que componen México. La milpa (esa asociación de maíz, frijo y calabaza) tan mexicana se ha impuesto culturalmente.  

¿Qué podemos aprender de este proceso para continuar nuestra batalla por un mundo habitable, libre de transgénicos? El capitalismo precisa introducir rupturas en nuestros vínculos con los territorios, y en particular con la alimentación, para nutrir su sociedad de consumo, aquella que no entiende de contextos sociales ni de proximidades, si no de laboratorios y de mercados globalizados. El TTIP es una clara muestra. Y aquí nos jugamos mucho en la batalla frente a los transgénicos en la Unión Europea. La resistencia mexicana se ha fundamentado en ir bastante más allá de la denuncia del control de la alimentación. No se han limitado a enfrentar manejos o formas de producir alimentos. En México se ha planteado que el maíz representa otra forma de estar en el mundo y de sentirlo. Todo cambio social implica una adaptación o una incorporación de nuevas visiones del mundo. En esta Transición inaplazable (política y vitalmente) esperamos no caer en un “aprendizaje por shock” como nos apunta Ernest García, si no en innovar en prácticas y en deseos hacia otras sociedades.

El plano jurídico, me continuaba relatando Narciso Barrera, nos ha permitido trabajar desde las comunidades indígenas y campesinas, en connivencia con el ecologismo político, para hacer pedagogía de por qué rechazar estos transgénicos, de por qué la alimentación forma parte de nuestro ser como país. A lo largo de los dos últimos años, se han superado más de 90 impugnaciones y 22 amparos judiciales, manteniendo así la suspensión temporal de los transgénicos. Y en paralelo a dichos procesos judiciales se han ido avivando la recuperación de memorias bioculturales, aquellas que ligan manejos sostenibles y territorios. Es decir, se ha trascendido el plano del sistema agroalimentario, como estructura de producción y consumo, para ir más allá. En palabras del compañero Miguel Ángel Escalona (profesor de agroecología en la Universidad Veracruzana), estamos promoviendo una “cocina sana y culturalmente significativa que vaya más allá de los circuitos cortos”. Miguel Ángel Escalona impulsa iniciativas como el Consejo Gastronómico Veracruzano o la red de Tianguis (mercados sociales) en su localidad. Y, al mismo tiempo, esta reconciliación de cultura alimentaria, territorios y manejos sostenibles ha facilitado la rápida politización del derecho a la alimentación. Bajo el paraguas de la campaña Sin Maíz no hay País, iniciada en el 2007 por 300 colectivos sociales y campesinos, se lograba que el Derecho a la Alimentación alcanzara rango constitucional en México el 13 de Octubre de 2011.

Territorios. Territorios de saberes, de sabores y de formas de sentir. Comunalidades que se tejen entre personas rompiendo así los fragmentos en los que nos convierten las sociedades líquidas, donde los lazos no tienen memoria, ni lugares donde asentarse, ni por supuesto salen anunciados por televisión. La maquinaria política transgénica sabe bien que tiene que ahondar en la tecnofilia y en la antropofobia. Sustituir el mundo bio y demodiverso por tecnología esclavizante y por el dictado individualizador de un puñado de transnacionales.

¿Y qué estamos haciendo en esta parte del mundo inserta en una avergonzante Unión Europea? Mucho, ésa es la verdad, a pesar del acoso de las élites encantadas con la transgenia mercantil. España continúa siendo el reservorio de los transgénicos en este lado de Europa, junto con otros cuatro países, capitaneando la producción de maíz transgénico MON810 de Monsanto. Recientemente, la Unión Europea abría la puerta a la prohibición o apertura discrecional al cultivo de  transgénicos. Pero la batalla cultural, territorial y de promoción agroecológica está en marcha y ha frenado la invasión que ahora avanza vía TTIP. Isabel Bermejo, una de las voces más escuchadas en los últimos tiempos frente a los transgénicos, me señalaba el valor de la cultura alimentaria en este país: “precisamente no han empezado por tomates porque, primero no es el gran negocio, y segundo, podría esperarse un mayor rechazo ciudadano”.

Este rechazo se ve favorecido y reforzado por multitud de campañas estatales e internacionales. Desde que en 1998 se lanzara el grito de “Monsanto sal de la India”, la reclamación de zonas libres de transgénicos ha servido como foco local de estas presiones. Recientemente, regiones enteras como Escocia, Irlanda del Norte, Gales o Valonia así se han declarado. Aquí los municipios han tenido más bien un papel simbólico, aunque muy efectivo. Las recientes prohibiciones del uso de glifosato en Extremadura o en municipios como Madrid o Barcelona han tenido su eco mediático, apelando a nuestra salud, frente a los adalides de la segunda revolución verde. Por su parte, el mensaje combinado del “queremos decidir” y del “somos lo que comemos” ha calado más a través de las diferentes plataformas por la soberanía alimentaria. Han nutrido la recuperación de una biodiversidad cultivada, agricultura y mercados de proximidad, y por ende, la relación de los territorios con una gastronomía propia. Justamente cuando la cacareada dieta mediterránea nos está abandonando. La cultura alimentaria no es un campo de batalla más frente a la mercantilización de la comida. La excepcionalidad francesa y su persistente rechazo a los transgénicos es prueba de ello. Producir sí, pero siempre pensando en un mundo rural vivo, como aquí también indica Plataforma Rural.

El enganche a la tecnofilia y a la noción moderna (y falseada) de progreso tiene que compensarse con el deseo de existir en otros (y tradicionales) sabores, en otros (y sostenibles) territorios. La batalla alimentaria por un mundo habitable comienza en nuestras mesas. Y por reivindicar colectiva, cultural y localmente el derecho a una deliciosa y humanizante biodiversidad.

Llueven tóxicos sobre territorios ya empapados de químicos. El caso es no tocar el sistema económico ni el de salud, e insistir en una modernización venenosa y autoritaria que beneficia solo a unas cuantas compañías como Monsanto.

Las comunidades fumigadas padecerán más contaminación de sus aguas y de sus territorios. Y por tanto, más riesgo de morir por acumulación de venenos en sus vidas.

En contra de los intereses de Monsanto, algunos relatores de Naciones Unidas por el Derecho a la Alimentación y asociaciones de médicos y campesinos, reclaman otro manejo de recursos, en clave de agroecología y soberanía alimentaria, para introducir salud en nuestros cuerpos y en nuestros territorios.

Las noticias repiten las imágenes de técnicos pertrechados en uniformes de seguridad fumigando a diestro y siniestro. Así entraba el virus del Zika en nuestros imaginarios: asaltos a casas de apariencia muy humilde en busca de un enemigo que parece invisible. Margaret Chan, directora general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) hablaba de una expansión “explosiva” de una enfermedad vírica, con riesgo de alcanzar 6 millones de casos. Según algunos titulares se trata de otra “enfermedad viajera” más. Para corroborar la amenaza de un “nuevo peligro global”, se mencionaban algunos antecedentes de epidemias internacionalizadas en el último año, como los brotes de chikunguña o el dengue, también transmitidas por el mosquito Aedes y también focalizadas en países empobrecidos. Acto seguido, el pasado 1 de febrero, acontecía la declaración de emergencia internacional por parte de la OMS.

¿Y qué se proponen hacer las autoridades sanitarias nacionales e internacionales? La mayor parte de las informaciones insiste y reitera que el problema ha de focalizarse en un vector (el mosquito) controlable a base de químicos.  La OMS aconsejaba el uso de piriproxifeno que produce Sumimoto Chemical. Sumimoto también se dedica a recomendar la fumigación con herbicida de nuestros campos para erradicar “amenazantes” malezas como la verdolaga. Esta empresa es, en la práctica, una franquicia japonesa de la compañía Monsanto, que prefiere considerarla un “socio activo” en negocios e investigaciones con venenos. Monsanto controla el mercado mundial de semillas transgénicas y va camino de adueñarse del mercado de pesticidas. La verdolaga, uno de los “enemigos” de Monsanto que sirve de excusa para hacer negocios químicos, es una planta conocida en muchas culturas (mediterráneas y asiáticas) como alimento y como medicina por sus aportes de vitaminas, aminoácidos y antioxidantes.

Conclusión provisional: business as usual: i) hay que matar mosquitos a cañonazos, porque si no estos pobres nos van a inundar de enfermedades; ii) ya hay cañones químicos fabricados y disponibles para su venta en Occidente; iii) se ruega a las autoridades (como la OMS) que no difundan en exceso sus dudas sobre lo inútil que puede revelarse en el medio plazo el tratamiento a través de plaguicidas (informe 15 del Comité de Expertos de la OMS en Biología de los Vectores); iv) desoigan a los profesionales de la salud que vienen trabajando sobre estas epidemias y en estas zonas, como la Asociación Brasileña de Salud Colectiva, que consideran que son “las condiciones de vida en esos suburbios, el saneamiento básico inadecuado [...] el descuido con la higiene de espacios públicos y particulares, los principales responsables de este desastre”; y v) pongan en su lugar audiovisuales que nos hagan internalizar la sensación de pánico, como cuando Cuarto Milenio emitía el reportaje: “Zika, el nuevo nombre del miedo”. Y, por supuesto, sigan regando estos países con tóxicos. Hoy en Brasil cada habitante es “obsequiado” con ¡7 litros de pesticidas al año! para atender plagas en grandes monocultivos o como respuesta a enfermedades como el Zika.

Llueven tóxicos sobre mojado, más bien sobre territorios ya empapados de químicos. El caso es no tocar el sistema económico ni el de salud, e insistir en una modernización venenosa y autoritaria. Como ocurriera también para epidemias como la gripe aviar. Llueve para mal de unos afectados que pueden llegar a encontrar la muerte, si bien en ocasiones hay mucho de alarma forzada por la presión mediática. Por ejemplo, hablamos de 600.000 casos en Colombia, pero sólo 1.000 casos de la enfermedad asociada Guillain-Barré, la cual, a su vez, tiene una mortalidad significativa del 4%. Es más, parte de la comunidad científica establece (¿paradójicamente?) conexiones entre la aplicación de piriproxifeno y el desarrollo de microcefalias en recién nacidos (uno de los efectos del Zika) a partir de estudios realizados en Brasil: incendios tratados con más fuego.

Pero, lamentablemente, llueve para bien de unas pocas compañías y para una forma de entender la naturaleza como un gran laboratorio que hay que reajustar de vez en cuando a base de químicos tóxicos. “Tú fumiga que algo nos queda”, parecen atronar al unísono medios de comunicación, fabricantes de herbicidas y autoridades internacionales que prefieren crear “alarmas” antes que ser acusadas de intervenir de forma “tardía”, como ocurriera en la propagación del Ébola. Pero no es “tan poco” ni “tan irrelevante” lo que queda. Porque las comunidades fumigadas padecerán más contaminación de sus aguas y de sus territorios. Y por tanto, más riesgo de morir por acumulación de venenos en sus vidas. Porque son minoritarios los diagnósticos que abiertamente relacionan esta epidemia con consecuencias derivadas de la pobreza extrema, del calentamiento global o de la falta de democracia en nuestros sistemas institucionales (todo ello en aumento).

En fin, el tratamiento mediático, político y sanitario propuesto para el Zika revela muchas semejanzas con el abordaje de otras cuestiones en las que nos va la vida. Me refiero aquí concretamente a la llamada Revolución Verde y al desarrollo de un sistema agroalimentario cada vez más globalizado y cada vez más condenado a repetir crisis alimentarias: recuerden la crisis del 2008, o las revueltas que ocasiona la subida de alimentos tras cada ajuste estructural del FMI. Fumiga que así habrá menos plagas y mejores cosechas, y por tanto menos hambre en el mundo (nos dicen). Pero tras 60 años de fumigación y de mejoras genéticas nos encontramos con recurrentes hambrunas, junto con campesinos y campesinas expulsados de sus tierras, que son acaparadas por grandes potencias o declaradas como no rentables para insertarse en sus mercados globales.

Existen alternativas, pero son desoídas y las grandes empresas se esfuerzan por presentarlas como inapropiadas. La ciencia convencional funciona así: potenciando la investigación en laboratorio e invisibilizando respuestas que se construyan desde el propio contexto y que contemplen un desafío a los sistemas socioeconómicos vigentes. Lo han argumentado muy bien autores como Boaventura de Sousa Santos o Bruno Latour. En Latinoamérica existen voces muy respetadas que insisten en la aproximación socioeconómica y ambiental de muchos de los problemas de salud. Jaime Breilh es un referente en temas de epidemiología (social) crítica. Viene demostrando a través de sus investigaciones aplicadas que, por ejemplo, el dengue se cura a base de una buena salud comunitaria: favoreciendo el protagonismo de pueblos y barrios en temas de prevención pero, ante todo, generando salud mediante ciudades habitables y economías que atiendan las necesidades humanas. Es decir, propone lo que él llama las 4S esenciales para la vida: que sea sustentable, soberana, solidaria y saludable (individual, social y ambientalmente hablando).

Por estas tierras también comienzan a emerger referencias del enfoque salubrista. Sabemos que es nuestro código postal, no nuestro código genético, lo que determina que haya barrios en Madrid o en Córdoba con una diferencia de esperanza de vida de más de 10 años. De esto hablan las compañeras y compañeros de Médico Crítico. De cómo la avidez mercantil de las farmacéuticas y las industrias químicas prima sobre las políticas de construcción de derechos y de sociedades más igualitarias que garanticen a las personas el acceso a una vida digna.

En contra de los intereses de Monsanto, tanto Jaime Breilh como algunos relatores de Naciones Unidas por el Derecho a la Alimentación y asociaciones de médicos o de campesinos, reclaman otro manejo de recursos, en clave de agroecología y soberanía alimentaria, para introducir salud en nuestros cuerpos y en nuestros territorios. La fumigación química no es la solución a nuestras enfermedades ni a nuestras deficiencias alimentarias. La relocalización de muchos de nuestros satisfactores para crear entornos más saludables y democráticos, sí.

Actualmente, el número de personas organizadas en grupos de consumo directo y ecológico ascendería a unas 80.000 en este país.

Evaluemos la rebeldía de los (nuevos) mercados de acuerdo a una sencilla gramática, la de las 3 Cs: Cooperación desde abajo, Cuidados frente a nuestras vulnerabilidades y Circuitos cortos alimentarios y energéticos.

Son tiempos de revoluciones cercanas. Una civilización petrolera que toca a su fin nos convoca a buscar alternativas. Al igual que una sociedad consumista poco viable y muy insatisfactoria como destino humano. En el otro lado de la balanza (re)surgen lo próximo, el cuidado del territorio o el protagonismo ciudadano como referentes de nuevos cambios sociales. Se levantan laboratorios al margen de recetas prefabricadas. Ojalá se confirmen los malos tiempos para el bipartidismo, las croquetas congeladas y los tomates sin sabor.

Son también otras revoluciones. Lo aventuraron aquellos zapatistas que se levantaron en 1994: mejor hablar de procesos de rebeldía que de revoluciones invernales. Es decir: más procesos horizontales que autoritarismos proyectados; más sociedad con autonomía (democracia radical) mientras se presiona para la apertura de las instituciones modernas (democracias participativas); y construir caminos que experimenten desde hoy dinámicas de emancipación, ya sea cómo nos organizamos para ejercer la política o para comer.

Por ello no es de extrañar que revisitemos nociones como el “mercado”, para politizarlo, para hacerlo menos autoritario, más incluyente y sostenible. Los mercados alimentarios son un claro ejemplo. Frente al gran Negocio de la comida (Esther Vivas) buscamos cercanías territoriales y personales, de forma colectiva y cooperativa, para Producir alimentos y Reproducir comunidad (Daniel López). Los mercados globalizados, por el contrario, nos proponen concentrar las decisiones en 7 u 8 cadenas de distribución. Democratizando, eso sí, los riesgos de una alimentación que llenan nuestra sangre de un centenar de sustancias que envenenan a muchas personas en el medio plazo.

Estamos actualizando de forma práctica las contribuciones históricas de Karl Polanyi. En El Sustento del Hombre nos ilustraba cómo la institución “mercado” es vieja y muy plural, aunque ahora parezca un monopolio del capitalismo. Siguiendo la estela del ciclo de movilizaciones más reciente (protestas “antiglobalización”, foros sociales, diferentes marchas contra la exclusión, 15M, etc.), se abren nuevos “mercados”, precisamente en clave de protagonismo social. Actualmente, el número de personas organizadas en grupos de consumo directo y ecológico ascendería a unas 80.000 en este país. Nuevos “mercados sociales” (que incluyen alimentación y servicios) son construidos de la mano de la Economía Social y Solidaria para unir, de manera sostenible, territorio y consumo. Cooperativismo de cercanía que, a decir de Jordi Via, bien pudiera servir para iniciar un Adiós capitalismo; planes que podrían, en una ciudad como Barcelona, reclamar inmediatamente 30.000 nuevas ocupaciones laborales.

Pero el camino no es fácil. Las viejas prácticas se esfuerzan en “adaptarse” a estas revoluciones cercanas. Son ejemplos notorios las inversiones mediáticas que realizan las grandes cadenas de distribución para presentarse como defensoras de productos locales, mientras sus estanterías acumulan alimentos que recorrieron 4.000 kilómetros de media. Pero, además, producción local no equivale a sostenibilidad. No son sostenibles las relaciones que imponen precios, condiciones asfixiantes a productores locales y hacen desaparecer alternativas de comercialización (mercado tradicional, pequeño comercio, productores artesanales). No crean empleo (neto): desertifican las economías locales. En la misma línea, la apuesta por “mercados turísticos” o “mercados gourmet” (San Miguel en Madrid, la amenaza sobre La Boquería en Barcelona o La Corredera en Córdoba) son ejemplos de adaptación lampedusiana para que la máquina turística e inmobiliaria siga funcionando a su favor. Exigiendo previamente ingentes cantidades de dinero público para su posterior explotación privada, claro está.

Estamos de rebelión frente a los mercados, sí, pero, ¿en qué medida estas iniciativas suponen un avance en la construcción de circuitos cortos de comercialización, más sostenibles social y ambientalmente hablando? Propongo que evaluemos la rebeldía de los (nuevos) mercados de acuerdo a una sencilla gramática, la de las 3 Cs: Cooperación desde abajo (democratización), Cuidados frente a nuestras vulnerabilidades (ecosistemas, necesidades humanas) y que trabajen para la creación de Circuitos cortos alimentarios y energéticos (relocalización). 3C que serían sinónimo de una agroecología (política) en pos de una soberanía alimentaria.

Es evidente que Mercadona, por poner un ejemplo, suspende en cada una de las Cs propuestas. Por contraposición, a escala mundial se extienden los mercados de certificación directa y participativa, donde personas productoras, consumidoras y agentes que quieren acompañar este proceso trabajan para co-responsabilizrse sobre cómo producir, en qué condiciones y a qué precios.

Aquí en la península ya son notorios el empuje de ecomercados en ciudades y pueblos. O la valorización de la producción local en zonas en vías de extinción especulativa (el caso de la horta valenciana frente a los desmanes del PP es un claro ejemplo). Instituciones locales se ven empujadas a abordar el tema, hasta ahora tabú en este país, de las leyes de producción artesanal ante la presión de grupos más organizados de producción más tradicional o ecológica.

Es también tiempo de grises. Por ejemplo, aparecen estructuras que facilitan la creación de circuitos más cortos, pero cuyos criterios de decisión son externos, más verticales y que suponen una ganancia para quienes están más arriba de la pirámide. Sería el caso más reciente de la extensión de iniciativas más verticalizadas como La Colmena dice sí; o la conformación y extensión de nichos de consumo ecológicos de la mano de la pequeña distribución, donde productores cercanos y ecológicos comienzan a tener acceso. En ambos casos: ¿con qué capacidad de decisión?, ¿introducen prácticas más sostenibles en nuestra alimentación o es un marketing controlado por unas pocas manos?, ¿realmente transforman las estructuras de producción y distribución provocando una emergencia de iniciativas en 3C?

Finalmente, existe un potencial práctico en la conexión del renovado municipalismo con economías endógenas, como apuntábamos en el libro Territorios en Democracia (Icaria, 2015). Un papel logístico de los mercados centrales más volcado hacia lo eco y lo local avivaría la construcción de sistemas agroalimentarios más sostenibles. Junto a la creación de parques agrarios y de economía social y solidaria en las zonas periurbanas. El consumo social organizado por instituciones (ayuntamientos, escuelas, hospitales), por la propia ciudadanía (experiencias de compras colectivas en centros de trabajo o en los mercados sociales) o por tiendas amparadas en redes de productores ecológicos (FACPE en Andalucía) son iniciativas que, entre otras cosas, contribuirían a frenar la exportación de productos ecológicos (un 40% en este país).

Por su parte, las propias iniciativas tendrían que prosperar más allá del creciente virus de “islitas agroecológicas” que recorre el país. Habrán de articularse, respetando dinámicas territoriales, para construir mercados con autonomía con respecto a poderes institucionales y financieros. Evitando también las formas “cooperativas” que, situando el crecimiento económico como una fin de su actividad, acaban asimilando los patrones insostenibles de la sociedad de consumo (Eroski es un ejemplo). Enredar islas, pero sin transformarse en herramientas turbocapitalistas o en meras economías paliativas frente a la gran crisis. No perdamos, pues, las 3 Cs de vista en las construcciones de mercados (rebeldes) que están por venir. Nos va la vida en ello.