Hace más de medio siglo existían unos letreros en varios parques públicos de Colorado donde se advertía: “Prohibida la entrada a mexicanos, indígenas y perros”. La xenofobia, o más aún, la “mexicanofobia”, no empezó con Donald Trump. 

La historia de los mexicanos en Estados Unidos es la de un grupo social tradicionalmente discriminado por su color de piel, por su ropa, su lengua y su país de origen. Pese a todo, hoy constituyen la mayor minoría de este país. 35,7 millones de personas que forman parte indisoluble de la sociedad estadounidense, de los cuales 24 millones ya nacieron aquí.

Se trata de una comunidad creciente y diversa, y, sin embargo, medios como CNN o Fox News, critica la periodista mexicana Fey Berman, les siguen representado como una caricatura a medio camino entre la típica imagen de “espaldas mojadas” –migrantes que cruzan la frontera– y las estampas folclóricas de los mariachis.

Cansada de esta simplificación, Berman se propuso acabar con el perpetuo estereotipo. Con su nuevo libro Mexamérica, busca visibilizar a esta comunidad que se crio hablando español al ritmo del 'American Way of Life'.

“Cuando se habla de mexicanos en EEUU siempre se habla de indocumentados, pero estos solo representan el 16% del total de los inmigrantes”, insiste Berman en el texto. La autora, que lleva más de 30 años viviendo en Nueva York, define 'mexamérica' como una nueva identidad fruto de la fusión de ambos mundos, que hoy supone el 10% de la fuerza laboral del país, pero que también ha hecho “enormes aportaciones” a las ciencias, las artes y el mundo académico. 

Ahora, esta comunidad sufre las consecuencias del discurso xenófobo del gobierno. El presidente no amenaza con carteles en los parques, pero sí con la promesa de un muro de 1.600 kilómetros. A mediados de este mes, Trump visitará los prototipos que ordenó construir cerca de San Diego, según informa The Washington Post. Esta semana, un grupo de 'dreamers' [jóvenes llegados a EEUU cuando eran niños] han recorrido a pie cientos de kilómetros para reclamar una solución que regularice su situación: este lunes vence el plazo que Trump dio al Congreso para elaborar una ley que lo permita, después de eliminar el programa que les protegía de la deportación.

En un momento en el que el Gobierno norteamericano legitima la violencia verbal contra este colectivo, en el que el mismo Trump los define como delincuentes y violadores, en el que los crímenes de odio contra la comunidad latina han aumentado un 23%, este libro se presenta como una cura contra la ignorancia.

Mexamérica se propone reivindicar lo mexicano en un momento en el que, probablemente, es uno de los colectivos más atacados por el propio presidente. ¿Qué significa ser de origen mexicano en la tierra de Donald Trump?Mexamérica

Hoy el país está dividido entre dos posturas: quienes piensan que EEUU se enriquece con la inmigración y esa otra gente partidaria del 'Make America White Again'. La llegada de Trump ha sido un golpe muy duro para los mexamericanos, pero en realidad el asunto de la xenofobia en Estados Unidos, la idea de que los mexicanos se roban los empleos o son criminales, es algo que se ha ido cuajando durante mucho tiempo. De hecho, yo escribí el libro antes de que Trump subiera al poder.

En él cuenta la historia de Sebastien de la Cruz, un chico de 11 años al que le ofrecieron cantar el himno nacional durante una final de la NBA y que fue atacado con insultos y comentarios racistas por su origen mexicano. La xenofobia siempre ha existido pero, ¿cómo ha evolucionado en este último año?

Es difícil saber si la xenofobia ha crecido, pero desde luego antes no era tan aceptada. La diferencia es que ahora hay un portavoz. Cuando Trump salió de candidato, mi mamá, que fue refugiada judía, me dijo “esto es una repetición, este tipo es como Hitler”.

He notado, por ejemplo, cambios en Nueva York, que siempre ha sido una sociedad que ha abrazado a los inmigrantes. En una entrevista, un 'dreamer' me contó que se estaban haciendo redadas en Staten Island. Antes las había en Arizona, en Texas, pero no en Nueva York. La situación actual de los indocumentados es muy preocupante.

Su libro es un intento por acabar con los estereotipos. Retrata personajes e historias de superación que nada tienen que ver con la imagen tópica del migrante mexicano ¿Por qué decidió buscar estas otras historias?

Cuando llegué a Nueva York escribía sobre danza, pero un día me tocó hacer un artículo sobre un compositor mexicano. Entonces, empecé a pensar que este era un asunto del que se habla muy poco, pocos saben la cantidad de individuos mexicanos que hay en este país. No solo deportistas y cantantes, o jardineros y limpiadores de ventanas. Somos mucho más que indocumentados o mariachis.

En el libro insisto en presentar personajes que están fuera de ese estereotipo: científicos, diplomáticos, académicos o artistas de los que nunca se habla. Una de las historias más representativas es la del doctor Alfredo Quiñones, quien llegó desde México como indocumentado y hoy es uno de los neurocirujanos más respetados de EEUU.

Defiende que los mexamericanos no son simplemente mexicanos en Estados Unidos, que es una cultura distinta, que el pasar muchos años en otro país “te colorea la nacionalidad”. ¿Cómo se aprecia esa fusión?

Vivir tantos años en un país y adaptarse a él te hace distinto. Por eso, el libro busca iluminar esa periferia que está alrededor de la cultura mexicana y norteamericana.

Un ejemplo es el famoso 'spanglish', que es una mezcla de las jergas que traemos de Latinoamérica empapada con palabras del inglés. Acá también se ha inventado el 'jazz jarocho'. Se hacen corridos, un género musical muy mexicano, pero tratan sobre el ataque terrorista a las Torres Gemelas o la guerra de Vietnam.

Hay obras artísticas como la del pintor Martin Ramírez, que hibridan lo mexicano y lo gringo. En sus cuadros es difícil saber si sus vaqueros son 'cowboys' o rancheros mexicanos. Otro ejemplo es el del caricaturista mexicano Felipe Galindo, capaz de retratar a un torero toreando taxis en Nueva York, o una serenata a los pies del Empire State. Todas esas imágenes nuevas son Mexamérica.

¿En qué medida están afectando los mensajes de odio de Trump a la autoestima de la comunidad mexicana en EEUU?

Sin duda, afectan mucho. Entre los mexamericanos, especialmente los de segunda y tercera generación, conviven dos visiones: los que se siguen sintiendo mexicanos y se sienten orgullosos de su pasado y los que reniegan. Hay jóvenes de origen mexicano que no quieren hablar español, que no quieren ser reconocidos. Hay estudios que muestran cómo en los censos cada vez menos personas se autodefinen como mexicanas.

¿Qué riesgos puede tener ese desapego en el futuro?

Ahora mismo la relación de los mexamericanos con las familias en México sigue siendo bastante potente, por más que mister Trump quiera negarlo. Hay una población enorme de este lado, con mucha transnacionalidad. Gente que tiene un pie de un lado y de otro de la frontera. Pero también es cierto que todos esos lazos de parentesco se irán debilitando con el tiempo. En el futuro todo dependerá de cómo sientan los mexamericanos esa parte de origen mexicano, si están orgullosos de ella o, por miedo al rechazo, prefieren enterrarla.

Samira no es demasiado exigente. Busca un piso de alquiler sencillo, de dos habitaciones, en un barrio cualquiera de Málaga. Pero no hay forma. Desde hace tres meses repasa a diario las páginas de anuncios, apunta números de teléfono, llama, pero la respuesta se repite como en el día de la marmota. No hay sitio para ella, ni para su marido, ni para sus hijas de tres y seis años. Su situación, tal cual, ya sería un problema para cualquier familia, pero resulta que Samira es refugiada y no tiene ningún otro sitio a dónde ir.

Es otra zancadilla a la que se enfrentan las personas que buscan asilo en España. Después de superar todo tipo de obstáculos para llegar hasta aquí, ahora se chocan con las trabas del mercado inmobiliario. Faltan viviendas, son demasiado caras y los requisitos son directamente imposibles de cumplir. “Me piden contrato de trabajo, nóminas, aval. No se dan cuenta de que somos refugiados. No podemos demostrar todo eso”, explica Samira. Ella y su familia llegaron a Málaga en 2015 después de abandonar a la fuerza su casa en Siria.

El proceso de recepción de solicitantes de asilo se divide en tres fases. En la primera –que dura unos seis meses- se les ayuda a cubrir sus necesidades básicas, se ofrecen clases de español y se proporciona alojamiento, bien en un centro de acogida o en un piso tutelado por una ONG. La segunda fase, de otros seis meses, corresponde a la integración. Los solicitantes reciben una autorización para trabajar y deben alquilar una vivienda propia donde empezar de nuevo. A cambio reciben una ayuda para el pago de la renta que oscila entre 380 euros por persona y 700 para unidades familiares. La tercera y última fase es la de autonomía, donde ya solo perciben algún apoyo económico puntual.

Se supone que una persona refugiada debería poder integrarse en la sociedad española en un plazo máximo de 18 a 24 meses. Pero no es tan fácil, el proceso se estanca al pasar de la fase una a la dos. Justo en el momento en el que estas familias deben enfrentarse a un mercado del alquiler exigente y precario que no tiene en cuenta su situación desigual y vulnerable.

“Nos preocupan mucho las dificultades que están encontrando estas personas para conseguir alojamiento cuando salen de los centros de acogida. La mayoría no puede demostrar una solvencia económica a medio o largo plazo, por eso el mercado los rechaza”, aseguran desde el Comité Español de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Las ONG como CEAR proporcionan a los solicitantes de asilo un documento en el que se acredita que estos reciben una ayuda económica para el pago del alquiler, sin embargo para los propietarios y agencias inmobiliarias (que hoy gestionan el 50% de los arrendamientos) no es suficiente.

“Se trata de un documento oficial, pero los propietarios no se fían. Casi siempre tenemos que llamar nosotros a los caseros y a las agencias inmobiliarias para convencerles y ni por esas. Muchas veces tenemos que prorrogar la estancia de estas personas en los centros de acogida porque no hay vivienda disponible”, advierten también desde la organización ACCEM.

Es el caso de Samira y su familia que hoy continúan viviendo con otras treinta personas en el convento de Santa Eufemia en Antequera, a pesar de que hace dos meses tenían que haberse marchado. “Tuvimos que quedarnos más tiempo porque no encontrábamos nada. Aquí nos tratan muy bien, pero necesitamos alquilar ya una casa, sobre todo por mis hijas. Necesitan una estabilidad”. Ahora Samira acaba de pedir una segunda prórroga de otros dos meses. Y esta ya es la última, si no consiguen una vivienda en 60 días no tendrán ninguna opción.

“Cuelgan el teléfono cuando notan un acento distinto”

No solo es cuestión de solvencia económica. Muchas veces quienes rechazan alquilar su vivienda a personas refugiadas lo hacen por prejuicios, denuncian algunas organizaciones. “Hay situaciones claras de discriminación racial o xenófoba. Algunos propietarios piensan que la gente extranjera no paga bien, que van a meter a muchas personas en casa. Algunas veces hasta les cuelgan el teléfono cuando notan un acento distinto o les convencen de que el piso ya ha sido alquilado”, alertan en CEAR.

Desde la asociación Provivienda, en Madrid, también aseguran vivir situaciones similares. “Encontramos muchos prejuicios y miedo a lo desconocido. La situación de los refugiados nos despierta empatía pero luego, a la hora de la acción, es más difícil que la gente reaccione”.

El problema es que la vivienda no solo es un techo, para estas personas tener un lugar al que llamar hogar es el paso imprescindible para normalizar sus vidas. Por eso, como critican desde ACCEM, “todas estas dificultades para conseguir un alquiler perjudican su integración y autonomía. Les genera mucha ansiedad”.

Las ONG insisten en la importancia de que las personas refugiadas tengan un espacio de pertenencia, de unidad familiar, de intimidad, para abandonar de una vez por todas la situación de tránsito. “La vivienda es el paso previo para el acceso al resto de medios integradores. Es complicado buscar trabajo si no tienes dónde ir a dormir. En el caso de que haya menores, es un derecho básico para su protección. Muchas de estas personas, si no consiguen casa ni trabajo, pueden acabar en situación de calle”, apuntan en CEAR.

“Es un tema de responsabilidad pública”

Este problema de acceso a la vivienda ya fue denunciado por la Defensora del Pueblo en el informe de octubre de 2016 sobre “Acogida e Integración de refugiados en España”. Entonces se advertía sobre las “reticencias de los arrendadores en el mercado libre”. Este mismo documento también criticaba la falta de coordinación entre el Gobierno (administración competente en materia de asilo) y las administraciones autonómicas y locales. Según la Defensora del Pueblo, esto ha provocado “una infrautilización de los recursos de vivienda”.

“Es un tema de responsabilidad pública”, defienden en CEAR, “deberían ser las administraciones quienes busquen soluciones para evitar todos los problemas que se están dando en el mercado privado, evitar la discriminación y el difícil acceso de las personas refugiadas al alquiler”. Las organizaciones piden que se hagan campañas para sensibilizar a los propietarios e inmobiliarias, pero también que se ponga más vivienda pública a disposición de estos colectivos.

Ante la lentitud de respuesta del Gobierno, algunos ayuntamientos han puesto en marcha sus propias iniciativas. Es el caso de Barcelona, donde se ha creado el primer programa municipal de acogida, Nausica. El plan proporciona vivienda y apoyo social para los casos más extremos. Eso sí, vuelve a ser una solución temporal. Unos seis meses.

“Hay un problema de fondo y es la necesidad de que los poderes públicos garanticen de una vez y para todos los colectivos vulnerables, el derecho a una vivienda digna y estable”, reivindican las responsables de Provivienda.

A pesar de la queja unánime de las organizaciones sociales, la patronal de la gestión inmobiliaria asegura no saber nada de este asunto.

¿Cómo ofrecer una habitación a un refugiado?

A María no le importó que Dima fuera una persona refugiada, tampoco le preocupó que hubiera venido de Ucrania, ni mucho menos se fijó en si tenía trabajo estable o ahorros en el banco. María simplemente le alquiló a Dima la habitación que tenía libre en casa, sin plantearse nada más. Ahora estos compañeros de piso acaban de cumplir su primer mes de convivencia.

“No es nada del otro mundo, es convivir. La gente no debe tener estereotipos ni miedo. Al final todos somos parecidos”, cuenta María.

Ambos se conocieron gracias a la plataforma ciudadana “Refugiados Bienvenidos” creada para poner en contacto a personas que quieren alquilar una habitación con solicitantes de asilo que necesitan una.

“No es simplemente una solución de vivienda, tiene que haber ganas de intercambio, de compartir. En general es una experiencia muy enriquecedora para las dos partes”, explica Pablo Suarez, uno de los promotores de este proyecto cuya idea original nació en Alemania.

El sistema funciona a través de un formulario online en el que cada parte, propietarios e inquilinos, especifican sus datos y necesidades. Luego los miembros de la plataforma se entrevistan con los solicitantes para encontrarle la vivienda más idónea a su perfil.

“Son los responsables de atención social los que se ponen en contacto con el casero para facilitar el encuentro. Siempre hay un intermediario que llamamos vínculo local”, explica Suarez. Esa persona seguirá de cerca la convivencia, les acompañará en todo el proceso y les ayudará a solventar posibles diferencias interculturales.

Cada propietario establece el precio del alquiler que considere oportuno aunque siempre se trata de buscar una renta social. La estancia mínima es de tres meses. Desde su creación a finales de 2015 han facilitado quince convivencias de las que siete siguen hoy en activo.

La de María (44 años) y Dima (29) es una de las más recientes. “Quería convivir con españoles para aprender mejor el idioma. Lo necesito porque me gustaría trabajar en hostelería”, comenta Dima que, además, ahora también aprovecha para practicar inglés con la hija menor de María. “Cuando vivía en el centro de acogida siempre pensaba en problemas. Aquí me puedo relajar, me siento más tranquilo”.

Desde Refugiados Bienvenidos hacen ahora un llamamiento, necesitan más caseros comprometidos. “Cuando empezamos en septiembre de 2015 tuvimos unos 700 registros en la web durante ese mes, ahora apenas llegamos a 60”, indica Pablo Suarez. No es casualidad, el 2 de septiembre de 2015 fue el día que se publicó la foto de Aylan Kurdi. La avalancha solidaria de entonces fue lo que ellos denominan el “efecto rescate”. Lo difícil es mantener ese mismo espíritu después.

Todo empieza por una etiqueta tóxica: #nosinvaden, #EslaYihad, #NoalaMezquita. Después, le siguen enlaces a noticias sin contrastar, insultos denigrantes o acusaciones deliberadamente falsas. Es la radiografía del tuit islamófobo español. En Alemania, el Gobierno acaba de aprobar un proyecto de ley para endurecer las sanciones a empresas como Facebook o Twitter si no eliminan este tipo de comentarios en menos de 24 horas.

¿Cómo es el fenómeno de las ciberislamofobia? Los investigadores Carmen Aguilera Carnerero y Abdul Halik Azeez llevan estudiándolo desde 2013. “La ciberislamofobia no es un fenómeno latente, es una amenaza real”, ha explicado Aguilera durante el congreso sobre diversidad cultural organizado en Granada por la Cátedra de Estudios sobre Civilización Islámica.

En el caso español, Aguilera y Azeez han analizado un millar de comentarios en Twitter dirigidos contra la población musulmana. “Casi todos fueron publicados por cuentas particulares, muchas de ellas lucían en su foto de perfil imágenes de la bandera franquista. El hashtag más tuiteado fue #stopislamización”.

Su investigación destaca el uso de noticias sobre delitos cometidos por personas musulmanas para generalizar, tratando de expandir la falsa idea de que se trata del comportamiento típico de toda la comunidad islámica. También advierte sobre el cariz político y tendencioso de este tipo de mensajes que, muchas veces, pretenden identificar a los partidos políticos de izquierdas como 'proislámicos'.

En la lista de tuits no solo hay insultos o expresiones ofensivas, también hay amenazas. Las palabras no son inocuas. “Sobre todo, después de un atentado, la reacción es muy violenta. El bombardeo de esos mensajes puede mover a gente exaltada a pasar a la acción”, insiste la experta, recordando los ataques a mezquitas ocurridos tras los atentados de Berlín y Bruselas.

Durante 2015, la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia recogió un total de 278 denuncias por incidentes islamófobos. El mayor porcentaje de casos -un 21,8%- fue por ataques en Internet.

Estos discursos de odio están tipificados como delito en el Código Penal y son castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses. Sin embargo, como explica Aguilera, “la justicia interviene, pero tarda mucho. Existe una gran necesidad de más control sobre la propagación on line de la intolerancia”.

En ese sentido, la investigadora se muestra a favor de medidas como la de Alemania. “La violencia verbal es razón más que suficiente para actuar desde la ley. Algunos hablarán de censura pero en realidad solo están defendiendo a cualquiera de nosotros que pueda ser objeto de vejaciones, por el simple hecho de pertenecer a un grupo social, étnico o religioso”, sostiene Aguilera.

Hoy la ciberislamofobia afecta a los 1,9 millones de musulmanes que viven en España, de los cuales el 42% son españoles.

“No son vistos como ciudadanos iguales”

El análisis sobre los mensajes de odio en Twitter se incluye dentro del Informe 2016 sobre Islamofobia en Europa, que incorpora las experiencias recogidas en 27 países. El documento se refiere a este fenómeno como una “amenaza real a la convivencia y los valores democráticos de la Unión Europea”, que afecta cada día a la población musulmana en la escuela, el lugar de trabajo, el transporte o en la propia calle.

“No son vistos como ciudadanos iguales, se tiende a la deshumanización”, alerta este informe que saca los colores a Europa. “La oposición a la población musulmana no solo se limita a la Administración de Donald Trump”, puntualiza.

El concepto islamofobia existe desde 1996, aunque algunos expertos prefieren no utilizarlo. Es el caso del sociólogo italiano Stefano Allievi. “Una fobia implica miedo y yo creo que se trata más bien de una cuestión de rechazo”. Para este especialista en el estudio de las religiones, el discurso anti-islam se ha convertido en algo “mainstream”. Esto es el resultado de lo que él denomina “las identidades reactivas”.

“Son los que redescubren ser cristianos a raíz de la presencia musulmana, pero en realidad no creen. Con la globalización se han desdibujado las identidades, por eso la gente necesita volver a identificarse frente al otro. Es el retorno del discurso nosotros-ellos”, asegura Allievi.

Los medios de comunicación y las declaraciones de los responsables políticos también tienen una influencia clara en estas corrientes de opinión. Ocurre, por ejemplo, en Dinamarca donde el propio Gobierno aviva sin tapujos el rechazo a lo musulmán.

“El Gobierno danés considera la diversidad como un riesgo y por eso identifica el islam como lo contrario a los valores daneses. Esto solo consigue alimentar estereotipos y polarizar a la sociedad”, advierte la antropóloga danesa Tina Gudrun.

Estrategias contra el odio

Frente al fenómeno de la ciberislamofobia, organizaciones sociales e instituciones han puesto en marcha distintas estrategias. Por ejemplo, en la web de Es Racismo se puede consultar una guía contra la islamofobia en Twitter. En ella, se recomienda por ejemplo la creación de etiquetas alternativas como #StopIslamofobia. También proponen apoyar cuentas o comentarios a favor de la tolerancia, pero sobre todo animan a denunciar los tuits islamófobos ante la propia red social.

El Consejo de Europa también mantiene una campaña contra el “Hate Speech online” (discurso de odio en Internet) dirigida especialmente a los usuarios más jóvenes. En España está coordinada por el Instituto de la Juventud (INJUVE) a través de la cuenta @NoHateSpain.

Existe otro proyecto europeo, llamado Sisumma, con el que se busca formar a jóvenes ciberactivistas para que aprendan a identificar estos mensajes en las redes y desarticularlos. “Les enseñamos a crear nuevas narrativas positivas que desmonten todos estos mitos virales de Internet. Creemos que hacen falta más discursos positivos”, explica Javier Ruipérez, coordinador del programa en España.

Todas las iniciativas coinciden en un mismo diagnóstico: la educación es hoy el elemento clave contra el odio. Como defiende la investigadora Carmen Aguilera, “hay una mayoría de ciudadanos cuyo rechazo del islam se debe a la mera ignorancia de los principios de la religión y al miedo derivado de la falta de conocimiento”.

“El mundo entero se había puesto de acuerdo en que una muñeca de piel rosada, cabello amarillo y ojos azules era lo que toda niña consideraba un tesoro”. Lo escribió en 1970 la autora estadounidense Tony Morrison. Su primera novela, Ojos azules, retrataba la historia de una niña negra cuyo sueño era tener los ojos del color de las muñecas. De las blancas, por supuesto. Ya entonces, Morrison –que años más tarde se convertiría en la primera mujer negra que recibía un premio Nobel de Literatura- denunciaba cómo la falta de referentes acaba por socavar la autoestima de niñas y niños negros.

“Las personas afro no nos sentimos representadas, nos vemos diferentes. Apenas hay personajes negros en los cuentos y cuando aparecen suelen ser estereotipados, como si fuésemos una caricatura”, denuncia Alejandra Salmerón Ntutumu. Ella es murciana pero sus raíces llegan hasta Guinea Ecuatorial, donde nació su madre. Desde pequeña, Alejandra se dio cuenta de que aquellas princesas y heroínas de sus libros tenían poco que ver con la imagen que a ella le devolvía el espejo. Las niñas de piel morena y cabello afro nunca comían perdices.

“Fue entonces cuando recurrí a mi madre para que me contara otras historias, aquellas que se narraban de viva voz en Guinea Ecuatorial, y empecé a descubrir paisajes y personajes diferentes”. Hoy la Alejandra adulta ha decidido adoptar aquella famosa frase de Tony Morrison: “Si hay un libro que deseas leer, pero aún no se ha escrito, entonces debes escribirlo tú”. Junto a la ilustradora, también afrodescendiente, Lydia Mba, ha puesto en marcha 'PotoPoto', un proyecto editorial que busca recuperar los cuentos olvidados de la comunidad afrodescendiente.

La palabra Potopoto es un guineanismo que se utiliza para nombrar el fango o barrizal que se crea tras una fuerte lluvia. Como ellas mismas explican “los libros de nuestras niños y niñas son demasiado blancos, tenemos que ensuciarlos con potopoto”.

Su primer afrocuento se llama 'El viaje de Ilombe' y narra las aventuras de una niña que va en busca de su madre a través de la selva. Todos los elementos de la historia – la ropa, la comida, las plantas, los animales– toman como referencia la cultura y tradiciones de las distintas etnias de Guinea Ecuatorial. También las ilustraciones. “Los rostros de los personajes se inspiran en la forma de las máscaras tradicionales guineanas, por eso son alargados, angulosos y con mucho color”, cuenta Lydia Mba.

El mercado editorial no siempre es flexible a lo diferente, por eso Alejandra y Lydia han decidido autoeditarse. Ahora acaban de iniciar una campaña de crowdfunding en la plataforma Verkami con el objetivo de recaudar 5.500 euros para llevar a su heroína Ilombe hasta las librerías. “Queremos romper estereotipos y visibilizar a la comunidad afrodescendiente”, insiste Alejandra.

En busca de libros diversos

Hoy las estanterías de libros infantiles y juveniles siguen demasiado alejadas de la realidad. Menos del 10% de los cuentos que se publican cada año son culturalmente diversos. Por este motivo, dos novelistas norteamericanas, Ellen Oh y Lamar Giles, crearon en 2014 el movimiento 'We Need Diverse Books' (Necesitamos libros diversos) para llamar la atención sobre la falta de personajes con distintos colores, acentos, sexos y capacidades.

En España, lleva la iniciativa la librería Olacacia. El proyecto partió de un grupo de madres que buscaba libros diferentes para sus hijos. De ahí nació un blog donde empezaron a compartir y recomendar otro tipo de títulos. “Nos dimos cuenta de que algunos eran muy difíciles de conseguir, por eso creamos nuestra propia tienda online”, explica Laura del Villar, una de las socias. Hoy ya cuentan con una tienda física cerca del Paseo de las Acacias en Madrid, hasta donde llegan familias de toda España buscando cuentos sobre acoso escolar, familias homoparentales, racismo y xenofobia o veganismo.

Recientemente acaban de crear también su propia editorial, La Locomotora, para empezar a editar ellas mismas esos libros que aún faltan. La única premisa es que tengan contenido social basado en el respeto a los derechos humanos, la tolerancia y el cuidado del medio ambiente.

“Vivir de esto es complicado. Al final no son libros tan rentables y tenemos que competir con grandes centros comerciales. Confío en que, con el tiempo, habrá un interés colectivo por este tipo de literatura porque la diferencia existe en la vida real. Además, los niños que leen este tipo de cuentos son mucho más abiertos, su mentalidad es más rica”.

“Mamá, soy azul”

Un día, cuando Daniel Madjody aún era pequeño, se acercó a su madre y le dijo “Mamá, yo no soy blanco ni negro, soy azul”. Era su forma de expresar que se sentía diferente. “Yo sabía que no era igual que mis compañeros. Era el único negro del colegio. La diferencia es bonita cuando creces, pero a esas edades quieres ser como todo el mundo”, explica ahora este profesor de padre guineano y madre española. “Por supuesto que te afecta a la autoestima”, concluye.

Anécdotas como la de Daniel son frecuentes. Alejandra cuenta cómo, por ejemplo, una amiga suya también afrodescendiente quiso interpretar el papel de Blancanieves en una obra de teatro escolar. La maestra se lo impidió porque, según ella, su piel no encajaba con el papel. Al final tuvo que interpretar a la bruja mala.

“Si no nos muestran imágenes que nos representen como somos, pensamos que lo bonito es lo otro”, reconoce Lydia Mba. “Es lo que ocurre con el cabello afro. Muchas niñas y mujeres se alisan el pelo por vergüenza, piensan que tener un pelo así es feo y lo identifican con un bajo nivel social”. Frente estos estereotipos nacen proyectos como Potopoto, cuya lucha por representar la diversidad abarca todos los aspectos, ya que sus cuentos también serán accesibles para niños con discapacidad visual.

“La sociedad tiene que aceptar que la mezcla existe. Falta generar herramientas para que se haga visible y tenemos que empezar por los niños. Ellos no son intolerantes ni racistas”, defiende Alejandra. Su deseo es, poco a poco, expandirse, crear nuevos afrocuentos e inspirar a otros autores afrodescendientes a seguir sus pasos. En definitiva, empezar a mostrar que el mundo es más diverso y que esa diversidad nos enriquece.

Arash no necesita palabras para explicar por qué abandonó su vida. Simplemente saca el móvil y muestra la foto de un agujero de bala en la luna delantera de su coche. Justo a la altura de su cabeza. “Afganistán no es un país seguro para los periodistas”, responde al fin el reportero.

Con solo 26 años, Arash Popal ha rozado el éxito profesional con el que sueñan jóvenes periodistas de cualquier parte del mundo. Pocos años después de terminar la universidad se convirtió en un respetado corresponsal para la BBC. “Pude entrevistar a las principales personalidades de mi país”, cuenta orgulloso. Ahora, los recuerdos de entonces le parecen de otra vida.

Hace casi un año que Arash no pisa una redacción. Hoy el periodista vive en un campo de refugiados en los alrededores de Salzburgo (Austria) aferrado a la esperanza de que no le manden de vuelta a Afganistán.

El camino hasta aquí fue el mismo de tantos. “Un infierno”, relata. Tardó 31 días en llegar desde Kabul a Lesbos. Atravesó cinco países, la mayor parte del camino a pie. “Viajé de Afganistán a Pakistán a pie. De allí me marché a Irán, casi todo el tiempo también caminando, hasta llegar a Turquía. Fue muy peligroso. A cada momento los traficantes nos golpeaban y nos robaban el dinero”, explica.

La última parte del trayecto fue en barca hasta alcanzar la costa griega. En total pagó cerca de 4.000 dólares por un viaje lleno de penalidades. “No tenía dónde dormir, casi siempre lo hacía en el suelo. Pasé mucho frío. Solo comía pan y agua. Muchas veces veía la muerte delante de mis ojos, no tenía esperanzas de llegar con vida a Europa”.

A mediados de febrero, Arash tomó el ferry nocturno que conecta Lesbos y Atenas y por primera vez se sintió a salvo. Tuvo suerte, consiguió salir de Grecia antes de que los muros de Idomeni, en la frontera con Macedonia, se cerraran en marzo para aquellos que llegaban pidiendo auxilio. Poco después consiguió llegar a Alemania pero la policía germana le detuvo. “Me enviaron a Austria donde pasé mi primera noche en un calabozo. Al día siguiente me llevaron hasta un campo de refugiados”. Desde entonces sigue aquí a la espera de que se resuelva su petición de asilo. Y lo hace con los dedos cruzados.

Según Eurostat, el 47% de las solicitudes de asilo presentadas por ciudadanos afganos son rechazadas, cuando en 2015 ese porcentaje apenas llegaba al 28%. A principios de octubre, la Unión Europea firmó un acuerdo con Afganistán para facilitar la deportación de aquellos cuya petición de protección internacional fuera negada.

Aún no se ha concretado una cifra oficial, pero según un información filtrada en marzo por la organización StateWacht, la UE estaría pensando en expulsar a unos 80.000 afganos.

Ola de violencia contra periodistas

“¿Volver? Nunca”, insiste Arash. El reportero aún tiene demasiado presente aquellos años de amenazas y miedos que tuvo que soportar. “La vida de periodista es muy difícil, muchos son secuestrados y asesinados por los talibanes, pero también son amenazados y golpeados por las fuerzas del Gobierno”, explica. Él mismo sufrió acoso por ambas partes por ser un periodista crítico.

A raíz de un reportaje sobre la corrupción en el sistema de justicia, varios altos mandos le dejaron claro que si volvía a hacer algo así iría a la cárcel. A estas presiones por parte del poder se sumaron las del entorno de una banda de secuestradores. “Entrevisté en prisión a su líder y, al poco tiempo, el Gobierno ordenó que fuese ahorcado. Su familia me culpó a mí. Tras su muerte, mi vida se hizo imposible. Todos los días recibía amenazas de su entorno”.

Afganistán ocupa el puesto 120, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras. La organización ha denunciado recientemente una ola de violencia tanto por parte del Gobierno como de los talibanes contra la prensa. Diez periodistas han sido asesinados en Afganistán este año, uno de ellos extranjero.

Refugiados de segunda

Los afganos constituyen el segundo grupo más numeroso de demandantes de asilo en Europa, después de los sirios. En 2015, más de 190.000 afganos solicitaron protección en los países de la UE. En 2016, se han recibido otras 153.000 peticiones. Sin embargo, ellos saben bien que son refugiados de segunda.

“En teoría todos los que huimos de nuestros países deberíamos ser tratados igual, ya seamos sirios, iraquíes o afganos. Por eso el acuerdo para deportarnos a nosotros es muy injusto. Aquí en el campo de refugiados todos los afganos estamos muy preocupados y rezamos para que no se lleve a la práctica”, reconoce Arash.

La UE lo justifica con el mismo argumento que ya utilizó para firmar sus acuerdos de devolución con Turquía, que supuestamente Afganistán “es un país seguro” y que la mayor parte de los afganos no huye por miedo sino por necesidad económica.

Según el Gobierno afgano, más del 50% de sus 384 distritos sufren violencia a causa de los combates entre el Ejército y las milicias insurgentes. Entre ellos están los talibanes, que controlan entre el 25% y el 30% del país, pero también el Estado Islámico.

El último informe de la UNAMA, la misión de Naciones Unidas para Afganistán, “el conflicto sigue matando y mutilando a miles de civiles, destruyendo el hogar de decenas de miles de personas, restringiendo su libertad de circulación y su acceso a la educación, salud y otros servicios”.

En 2015 se documentaron 11.000 víctimas civiles. En los primeros seis meses de 2016 se registraron otras 5.000. Unos 3,7 millones de afganos han abandonado sus casas y viven hoy en campamentos de desplazados internos.

Ni criminales, ni pobres

Arash Popal tenía una buena vida en Afganistán. Era de clase media, fue a una buena universidad, vivía con sus padres, que trabajaban para la Administración. Ni era criminal, ni pobre, ni le faltaba educación, como suelen describir los discursos de los nuevos grupos xenófobos europeos.

Por eso quiere escribir un libro sobre su vida y su viaje para demostrar que estamos equivocados, que cualquiera podría verse en su lugar. “Vivíamos felices. Lo que más recuerdo es cómo cada noche cenábamos juntos y hablábamos sobre cómo había ido el día. De verdad, yo tenía una vida muy feliz”.

Ahora este antiguo reportero de la BBC espera la resolución de su solicitud de asilo. Mientras, estudia alemán y ya se ha inscrito para empezar a ir a la universidad en un nuevo país, Austria, que cada vez se muestra más reacio a personas como él.

Además del muro que está construyendo en la frontera con Italia, el Gobierno austriaco empezará a aplicar una nueva política de restricciones dirigida específicamente contra la población afgana. A partir de ahora, la ley les obligará a esperar tres años en lugar de uno antes de que puedan traer a sus familias a Europa a través de la reunificación familiar.

“Yo solo quiero que acepten mi documentación para empezar una vida normal”, pide Arash. “Para volver a ser periodista”.

La temperatura supera los 30 grados, la humedad no baja del 60%. Son las 12 del mediodía y el sol achicharra los tejados de latón. Desde el cielo, los destellos de luz asemejan el baile de pequeñas luciérnagas, pero en la tierra la estampa se presta mucho menos a la imaginación. Centenares de chozas improvisadas, construidas de chapa y madera, se extienden con ansia a lo largo de la colina, casi la devoran. Todas ellas, unas 450 cabañas, forman Camp Cano, uno de los campos de desplazados que se crearon en Haití tras el terremoto de 2010 y que hoy sigue abierto.

Seis años después del seísmo, este asentamiento asomado a la bahía de Puerto Príncipe casi se ha convertido en un barrio más, pero con todas las carencias imaginables. “No tenemos luz ni agua corriente. Tampoco hay hospitales, ni parques, ni escuelas”, se queja Jonás Edeis, presidente del comité de vecinos. La necesidad les hizo unirse para hacer llegar sus demandas al Gobierno haitiano y la lista no tiene fin.

“No hay alumbrado, recogida de basuras, ni red de saneamiento”, insiste. El hacinamiento y la falta de higiene son palpables. Tan solo disponen de catorce letrinas para las más de cuatrocientas familias que viven allí. “Al menos tenemos un techo y el lugar es tranquilo. Lo malo es cuando llueve. Las casas y las calles se llenan de agua”, explica Theava Viasama, una de las habitantes.

Las “calles” son los estrechos caminos de tierra que discurren de forma caótica sorteando las cabañas. Aquí no hay normas, las infraviviendas se levantan unas junto a otras sin respetar la distancia mínima de seguridad en un terreno potencialmente peligroso. Cualquier movimiento de tierra podría hacerles revivir las pesadillas de un pasado no demasiado lejano.

Actualmente 60.800 haitianos continúan viviendo en campos de desplazados como Camp Cano, la mayoría en las proximidades de la capital. No obstante, el paisaje de hoy es muy distinto al de los días posteriores al seísmo. Durante estos seis años, se ha reducido en un 96% el número de asentamientos. De los 1.500 que se levantaron para dar cobijo al millón y medio de personas desplazadas, ahora solo quedan 45.

Como afirma Soro Moussa, jefe de proyecto en Haití de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), “el cierre de los campamentos ha sido el gran éxito de la reconstrucción de Haití”. Organizaciones haitianas matizan, sin embargo, esa visión optimista. Aunque las carpas y tiendas de campaña ya no inunden las plazas públicas de Puerto Príncipe, los verdaderos problemas de fondo —no hay que olvidar que Haití ya era el país más pobre del continente americano antes del terremoto— siguen existiendo.

Basta con pasear por barrios como Martissant, al sur de Puerto Príncipe. La mayoría de sus habitantes trabajan en la calle, vendiendo lo que pueden. Desde gallinas a productos de limpieza o platos de arroz. Es la única vía para subsistir en un país donde el 80% de la población vive de la economía informal. Vendedores ambulantes extienden sus mercancías sobre el asfalto esquivando las bocanadas de humo de decenas de tubos de escape que cada día colapsan las calles. Junto a ellos, el hedor de las basuras y aguas sucias se hace insoportable. La falta de saneamiento convierte cada rincón en un foco de infecciones y explica la rápida expansión de epidemias como el cólera.

“Las enfermedades están directamente vinculadas con sus condiciones de vida. La mayoría de la población no tiene acceso a agua corriente ni red de saneamiento, no tienen dónde tirar la basura y suele haber desechos humanos en la calle. La extrema pobreza es el problema”, señala Azaad Alocco, jefe de misión de Médicos Sin Fronteras en Haití y responsable del único centro de salud 100% gratuito del barrio de Martissant.

Hacen falta infraestructuras y servicios sociales, insisten las ONG locales. “Después de seis años de reconstrucción, esto solo es el principio. Sin agua corriente, salud o electricidad solo se está construyendo un problema mayor. La verdadera reconstrucción debe empezar por resolver la inequidad social y económica”, defiende Antonal Mortime, portavoz de la Plataforma de Organizaciones Haitianas por los Derechos Humanos.

Hoy Haití se encuentra entre los 25 países menos desarrollados del mundo, más de la mitad de la población vive en situación de pobreza y los niveles de desigualdad se sitúan entre los más altos. Según Naciones Unidas, en los dos próximos años harán falta 400 millones de dólares para atender problemas como la inseguridad alimentaria, las dificultades de acceso a la educación y el empleo o la prevención del cólera. Valores que no miden los sismógrafos pero que, igualmente, ponen en peligro el futuro del país.