Si nos guiamos por los números, Bernie Sanders es el político más popular de EEUU de lejos. Pero por extraño que parezca, el Partido Demócrata, sin poder en el país y cada vez más intrascendente, aún se niega a aceptar a Sanders y a sus ideas. Y es cada vez más patente que lo hacen por su cuenta y riesgo.

Según una encuesta de la cadena Fox News difundida esta semana, Sanders tiene más de 28 puntos netos de imagen positiva entre la población estadounidense, mucho más que el resto de políticos electos en ambos extremos del espectro. Sanders es aún más popular con los tan cotizados “independientes”, entre los que tiene increíblemente más de 41 puntos netos de imagen positiva.

Esta encuesta no revela nada extraño. Presten atención a este gráfico del Huffington Post que mide la evolución de la imagen positiva de Sanders desde que logró la atención nacional en 2015, en el comienzo de su camino hacia la nominación demócrata. Cuanta más gente lo conocía, más lo querían. Exactamente lo contrario de lo que sus críticos decían que iba a ocurrir cuando competía con Clinton.

Uno podría pensar que, viendo esas cifras, los políticos demócratas estarían desesperados por ser vinculados con Sanders, especialmente si tenemos en cuenta que el Partido Demócrata tiene hoy menos popularidad que el Republicano y hasta que Donald Trump. Pero en lugar de aceptar de buena gana el mensaje de Sanders, el establishment demócrata sigue resistiéndolo cada vez que puede y parece empeñado en no cambiar la forma de pensar para recuperar el apoyo de grandes sectores del país.

Hace unos días el sitio online Politico publicó un artículo sobre el nerviosismo que sienten varios funcionarios del Partido Demócrata por la posibilidad de que los partidarios de Sanders trunquen sus esfuerzos para recuperar los gobiernos de los estados del Sur. Temen que la presión para que los candidatos adopten las políticas populistas de Sanders puede jugarles en contra, pero parecen no haberse dado cuenta de que Sanders también tiene una buena llegada en algunos de esos estados.

Profeta en tierra de Trump

El efecto que provoca Sanders en los votantes de Trump se pudo apreciar en una  apasionante reunión de autoridades y ciudadanos celebrada hace unos días en West Virginia en la que Chris Hayes, presentador de MSNBC, ofició de anfitrión junto a Sanders. En ese lugar, la denominada “tierra de Trump”, la multitud terminó dándole una emocionante ovación a Sanders después de que dijera que la atención sanitaria era un derecho de todas las personas y que EEUU era el único país industrializado del mundo que no considera la asistencia sanitaria un derecho universal.

La preocupación de los políticos demócratas por los candidatos para las próximas elecciones de 2018 es otro ejemplo reciente de esta situación: con el único fin de mantener al partido fuera de la influencia Sanders, el establishment presentó violentamente otro candidato para competir contra Keith Ellison, el elegido por Sanders para dirigir el Comité Nacional Demócrata (CND).

El Partido Demócrata se ha negado una y otra vez a cuestionar el peso que tienen las grandes corporaciones en el ámbito público. Ni siquiera ha querido volver a un decreto de la era Obama, rescindido el año pasado, que prohibía el dinero de los grupos de presión como forma de financiación del CND. A pesar de la enorme popularidad que ganó el gobierno al garantizar asistencia médica para todos, todavía no han escuchado el pedido de Sanders de impulsar un plan de seguro médico universal en respuesta al intento del Partido Republicano de desmantelar el Obamacare. 

Los demócratas parecen más que satisfechos de poder echar toda la culpa de las elecciones de 2016 a Rusia y a James Comey. No han hecho ningún tipo de autocrítica sobre las causas profundas del difícil escenario que enfrentan: no sólo perdieron el poder en la presidencia, también en las Cámaras del Congreso, en las gobernaciones y en las legislaturas de todo el país.

Como informó en febrero Politico acerca de la estrategia post-Trump, “los asesores demócratas dicen que en algún momento tendrán un mensaje económico positivo para que lo usen los demócratas del cinturón industrial”. El problema, de acuerdo con Politico, es que “según los asesores, el foco está puesto en tratar de matar al gigante y en lograr que los votantes que pusieron a Trump en la Casa Blanca entiendan por qué fallarán sus políticas”.

En otras palabras, los demócratas están repitiendo la misma estrategia errada que Clinton planteó en los últimos meses de su campaña. Durante una entrevista con la revista New York, el propio Sanders lo explicó esta semana con su característico estilo directo cuando le preguntaron si los demócratas se podrían adaptar a la nueva realidad política. “Hay algunas personas en el Partido Demócrata que quieren mantener el status quo; preferirían hundirse en el Titanic, siempre y cuando tengan asientos en primera clase”, respondió.

A largo plazo tal vez termine llegando el cambio para los demócratas, les guste o no. Los partidarios de Sanders intentan silenciosamente hacerse con posiciones locales del partido en todo el país. Aunque perdió la carrera por el control del CND, Ellison estuvo increíblemente cerca de lograrlo. Más cerca de lo que llegó Sanders en la carrera contra Clinton. Y los partidarios de Sanders ya están preparando candidatos para enfrentar en las primarias a los demócratas con un cargo que no se están oponiendo a Trump con la firmeza necesaria.

Una cosa es segura: los demócratas que se niegan a cambiar lo hacen por su cuenta y riesgo.

Traducción de Francisco de Zárate 

En poco más de dos meses, Donald Trump –tras su sorprendente triunfo– controlará un aparato gigante de armamento y Seguridad Nacional, sin parangón en la historia del mundo. La pesadilla sobre la que han advertido los libertarios durante años se ha hecho realidad de forma trágica: en lugar de desmantelar el Estado de vigilancia civil y la maquinaria de guerra, el gobierno de Obama y los demócratas lo han institucionalizado, y dentro de poco tiempo estará en manos de un loco.

Esto pasará a la historia probablemente como el error más catastrófico del presidente Obama.

El gobierno de Obama podría haber perseguido a los torturadores y criminales de guerra del gobierno de Bush y enviar un mensaje inequívoco al mundo entero: la tortura es ilegal e inadmisible. En su lugar, el presidente dijo que “iba a mirar hacia adelante, no hacia atrás”, básicamente convirtiendo un crimen en una cuestión de enfoque político. Trump ha alardeado de que reinstaurará la tortura, el waterboarding y “cosas mucho peores”. Ha hablado de asesinar a las familias inocentes de los terroristas, anunciando abiertamente al mundo entero que cometerá crímenes de guerra.

En enero, Trump estará al mando de varias guerras en Oriente Medio. ¿Quién lo detendrá cuando quiera cumplir sus escalofriantes promesas?

Obama prometió que cerraría Guantánamo, esa mancha en nuestra Carta de Derechos, la primera semana de su mandato. Sin embargo, sigue abierta hasta el día de hoy, con docenas de prisioneros en un limbo legal, detenidos sin acusaciones formales por casi 15 años. Trump no sólo dijo que la mantendría abierta, sino que advirtió que le parece “bien” enviar a ciudadanos estadounidenses arrestados en suelo estadounidense a cumplir misiones militares inconstitucionales.

Obama, que alguna vez se manifestó en contra de los secretos de Estado y las facultades de la Agencia de Seguridad Nacional para espiar de forma masiva, sin embargo ratificó las increíbles acciones de vigilancia de la agencia al asumir su mandato y luego la defendió cuando salieron a la luz las revelaciones de Snowden. Realizó modestos cambios por presión pública, pero el Estado de vigilancia como lo conocemos sigue activo.

El argumento que utilizó fue: sí, tenemos estas facultades que ejercemos de forma completamente secreta, pero lo hacemos con criterio. “Confiad en nosotros”, dijo.

Ahora, la capacidad de espiar a innumerables estadounidenses que no son siquiera sospechosos de nada estará en manos de una persona que ya fue acusado de escuchas telefónicas por sus propios empleados y que, según el New York Times afirmó esta semana, “en privado se divierte hablando de todas las formas en que castigará a sus enemigos después de las elecciones”. Trump ha incluso afirmado, respondiendo a una pregunta sobre la posibilidad de hackear a sus enemigos políticos: “Ojalá pudiera hacerlo. Hombre, eso sí sería tener poder”.

El programa de drones secreto de la CIA del gobierno de Bush fue ratificado por el gobierno de Obama. Ha bombardeado más de media docena de países e incluso reafirmó su autoridad legal para matar ciudadanos estadounidenses en el extranjero sin el debido proceso legal. Al mismo tiempo, la Casa Blanca –con la ayuda de un débil Congreso– aumentó dramáticamente la autoridad del Presidente para llevar la guerra a todo el mundo sin que el Congreso la haya declarado, como establece la Constitución. Trump, que prometió “bombardear todos los países de Oriente Medio” y puede estallar de ira ante el más mínimo desprecio, pronto tendrá también este increíble poder.

Y, quizás lo peor, Trump también controlará un escalofriante arsenal nuclear, que sólo él puede activar. Mientras estuvo sentado sobre una enorme pila de armas nucleares que podrían destruir el mundo por generaciones, Obama prometió que trabajaría para que el mundo se librara de las armas nucleares, y aún así ha reducido el arsenal nuclear de Estados Unidos menos que cualquier otro presidente. También le hizo un desplante su propio equipo de Seguridad Nacional cuando propuso modestos cambios en el sistema hace unos meses.

Sólo podemos imaginar qué horrores nos deparará el mandato del Presidente Trump, pero lo que sí sabemos a ciencia cierta es que tendrá a su disposición todas las herramientas para causar estragos en nuestro país y en el mundo entero. Lo tendríamos que haber visto venir, y tendríamos que haber puesto en marcha dispositivos de seguridad para limitar el daño que podía causar.

Ahora puede ser demasiado tarde.

Traducción de Lucía Balducci

En las libertades civiles, Obama ha cometido graves errores; para salvar su reputación, debería perdonar a los dos grandes filtradores de nuestra era

Con el fin de su presidencia, es el momento de que Barack Obama considere seriamente indultar a los filtradores Chelsea Manning y Edward Snowden.

La semana pasada, Manning cumplió su sexto aniversario entre rejas. Ya ha pasado más tiempo encerrada que ninguna otra persona que haya filtrado información a la prensa en la historia, y aún le quedan casi tres décadas de condena.

A estas alturas no debería haber dudas de que el archivo que Manning entregó a WikiLeaks –y que después publicaron en parte the Guardian y the New York Times– es una de las bases de datos más ricas y completas que ha existido nunca en asuntos internacionales; su aportación al dominio público es en este momento casi incalculable. Para hacernos una idea: solo en el último mes, the New York Times ha citado los telegramas del Departamento de Estado de Manning en al menos cinco noticias diferentes. Y eso casi seis años después de que empezara a llenar titulares.

Ahora sabemos que, a pesar de que fue embarazosa para Estados Unidos, la filtración no ha provocado ninguno de los enormes perjuicios que los altos cargos del gobierno estadounidense dijeron que llegaría a provocar. Incluso el Gobierno admitió en el juicio a Manning que nadie murió por culpa de sus revelaciones, a pesar de las exageradas declaraciones del Ejecutivo en aquel momento, que decía entre otras cosas que WikiLeaks tenía “sangre en las manos”. Por cierto, las autoridades estadounidenses sabían que estaban exagerando en los medios en aquel momento.

Incluso si crees que merece algún castigo por incumplir la ley, seis años entre rejas (y torturas durante su encarcelamiento prejudicial) debería ser más que suficiente.

Mientras tanto, el exfiscal general Eric Holder provocó titulares este martes cuando dijo a David Axelrod que Snowden había hecho un “servicio público” al desencadenar un debate muy necesario sobre la privacidad y la tecnología que no se había dado antes de sus filtraciones sobre la NSA en 2013. Holder dijo:

Es graciosa la afición que tienen los exaltos cargos de contar la verdad solo después de dejar sus responsabilidades. Holder cree que Snowden aún debería someterse a juicio, pero que el juez debería tener en cuenta el beneficio público a la hora de sentenciarlo. Este es un riesgo serio, considerando que la gente decía lo mismo de Manning en su momento y ella fue condenada a 35 años de cárcel. Esto también nos recuerda la injusticia inherente de la Ley de Espionaje bajo la que está acusado Snowden: tendría prohibido decir a un jurado por qué hizo lo que hizo o explicar los beneficios de sus filtraciones hasta después de ser condenado.

De forma similar al caso de Manning, no ha sucedido ninguna de las consecuencias terribles que se vaticinaron cuando Snowden filtró los archivos de la NSA a los periodistas. Y hemos visto enormes ventajas desde entonces: el Congreso aprobó una ley histórica de reforma de la NSA, un tribunal de apelaciones sentenció que la vigilancia masiva que él destapó era ilegal, Obama puso en marcha más cambios en las prácticas de la NSA y las empresas tecnológicas han utilizado la encriptación para proteger la intimidad de millones de personas donde la ley se queda corta.

Por desgracia, la Casa Blanca sigue difundiendo información en respuesta a Holder que se puede demostrar que es falsa. En referencia a sus declaraciones del martes, el portavoz de la institución presidencial, Josh Earnest, dijo lo siguiente: “Lo cierto en este asunto es que hay una vía a disposición de los filtradores que tengan preocupaciones legítimas por lo que estén viendo, en especial cuando se trata del tratamiento de información clasificada y sensible”.

Earnest, por decirlo de forma benévola, no está diciendo la verdad. Snowden era un consultor externo y, como tal, por ley, no tenía ninguna de las protecciones para filtradores que tendrían los empleados de la NSA. Es increíble que la Casa Blanca siga repitiendo esta mentira años después de que se desacreditara.

Como si eso fuera poco, sabemos que en cualquier caso las protecciones para filtradores que había en aquel momento tampoco le habrían ayudado. No hay más que leer el contundente reportaje de investigación que Mark Hertsgaard publicó hace poco en the Guardian sobre un antiguo empleado de la NSA encargado de ayudar a los filtradores, que tuvo que convertirse él mismo en filtrador después de que el Pentágono intentara destruir la vida de Thomas Drake, quien denunció el espionaje de la NSA durante el gobierno de Bush.

Quizá la Casa Blanca sigue teniendo rencor hacia Snowden porque reveló su inacción sobre la reforma de la NSA a pesar de las promesas de Obama (la insinuación que hizo este martes el Despacho Oval de que muchas de estas reformas estaban en marcha antes de que Snowden saliera a la luz es ridícula). O quizá no quieren parecer “débiles” frente a la comunidad de la inteligencia.

Pero hay un precedente para el indulto: Samuel Morrison, el primer filtrador condenado en el marco de la Ley de Espionaje, fue perdonado por Bill Clinton durante su presidencia. Teniendo en cuenta cómo algunos personajes poderosos que también han manejado mal o filtrado información clasificada, como David Petraeus, han salido casi impunes, es el momento de que el Gobierno haga lo correcto y se asegure de que estos dos héroes estadounidenses puedan regresas del exilio y de la cárcel.

Traducción de Jaime Sevilla Lorenzo

Es muy posible que se recuerde a Obama como el presidente que consolidó la mentalidad de la guerra continua que no ha parado de extenderse, y que por desgracia no da señales de que se vaya a reducir

Barack Obama ya lleva más tiempo en guerra que ningún otro presidente de Estados Unidos de la historia, como señaló the New York Times el domingo. Salvo que haya algún tipo de milagro de la paz en los próximos seis meses, será el único presidente que gobierne durante dos mandatos enteros estando siempre en guerra. Y teniendo en cuenta cómo ha transformado la manera en que EEUU combate en el extranjero, es probable que sus guerras continúen durante mucho tiempo después de que deje el cargo.

Siempre que los medios escriben sobre Obama y la guerra, parecen estar obligados a mencionar que el presidente libra sus guerras con una actitud supuestamente más reacia que sus predecesores. Pero en muchos contextos, esto es engañoso. Obama no ha intentado evitar la guerra; solo la ha redefinido. De algún modo, las ha librado de forma mucho más agresiva que ningún presidente anterior, solo que con diferentes métodos.

Se han acabado los batallones de decenas de miles de soldados que lo incendiaban todo a su paso. Las guerras de Obama se libran con fuerzas especiales, drones y otras armas de alta tecnología que, según defiende él, provocan menos muertes estadounidenses. Pero suponen los mismos peligros para la paz mundial que supusieron en su momento las guerras de Vietnam o Irak, mientras las hacen mucho más fáciles de luchar.

El sello distintivo de Obama está en los ataques con drones, con los que ha bombardeado al menos siete países desde que llegó a la presidencia. A pesar de todo lo que se ha dicho de su precisión y su exactitud, los drones matan con frecuencia a otras personas y han provocado cientos de muertes civiles. Esos ataques producen animadversión y avivan el odio contra los estadounidenses en casi todos los países en los que entran, y muchos antiguos altos cargos señalan que el programa tiene más impacto negativo que positivo.

No son solo los drones. En lugar de ser claro con la sociedad, su gobierno se esconde detrás del secretismo y de piruetas lingüísticas en todas las facetas de su política bélica. Oculta la cifra exacta de efectivos en Oriente Medio y redefine palabras como “combate”, “soldaldos sobre el terreno” y “civiles” para enmascarar cuánto se está matando realmente.

Incluso la palabra “final” ha perdido todo significado. Obama declaró el “final” de la guerra de Irak en 2011 solo para empezar a enviar tropas de vuelta. En Afganistán, ni siquiera pasó por ese formalismo. Aunque declaró el fin de la guerra en 2014, miles de efectivos siguen luchando, y algunas veces mueren, en ese país hoy en día. No hay un calendario definitivo de cuándo saldrán, si es que salen.

¿Cuántos militares hay exactamente en cada país? Como señala the New York Times, no lo sabemos, puesto que el Pentágono se niega a decirlo. Sí sabemos que hay al menos diez veces más ahora en Irak de los que había en la segunda mitad de 2014, cuando Obama salió en la televisión y dijo que EEUU lanzaría ataques aéreos “limitados” ahí. Desde entonces, se han arrojado más de 25.000 bombas en Irak, Siria, Libia y otros lugares.

Para ser un guerrero reacio, Obama también ha batido récords en la venta de armamento a nuestros “aliados” en Oriente Medio, muchos de los cuales siguen librando sus propias guerras de destrucción. Una de esas guerras, la de Arabia Saudí, ha sumido a Yemen en el caos y ha fortalecido a Al Qaeda, lo que ha llevado a Obama a volver a mandar tropas estadounidenses al país. ¿El calendario de esa operación? “Corto plazo”, dijo un portavoz del Pentágono la semana pasada.

No se trata de que las guerras de Obama sean totalmente comparables con las de sus predecesores, incluidas las de George W. Bush, cuya guerra de Irak sigue siendo el error más desastroso en política exterior de nuestra generación. Y cada año que pasa, aunque nadie quiera reconocerlo, la de Afganistán se acerca a lo mismo.

Pero Bush al menos emprendió sus batallas con autorización del Parlamento, algo que Obama se ha negado a hacer en su guerra contra el ISIS a pesar de que la Constitución lo exige. Quizá eso no es solo culpa del gobierno de Obama. El Parlamento se ha mostrado cobarde en la defensa de su responsabilidad constitucional, satisfecho porque el presidente asume toda la responsabilidad cuando las cosas van mal. Pero este gobierno ha rechazado continuamente plantear su propio plan para una autorización de la guerra contra el ISIS más allá de un par de declaraciones diciendo que estaría bien que el Parlamento aprobara una (al tiempo que deja claro que será lo mismo en cualquier caso).

Sea quien sea el próximo presidente, hay pocas posibilidades de que use menos esas competencias. Donald Trump es un fanático impredecible que en un momento critica las intervenciones militares y en el siguiente las promete. Hillay Clinton, vieja favorita de los neoconservadores incluso antes de que Trump se convirtiera en el candidato republicano, ha apoyado casi todas las acciones militares agresivas de EEUU en los últimos 15 años y ya ha prometido más intervención militar que Obama.

Hay muchas más probabilidades de que, en lugar de recordar a Obama como el guerrero reacio, empujado a la guerra por las circunstancias, se le recuerde por lo contrario: el presidente que consolidó la mentalidad y la arquitectura de la guerra continua que no ha parado de extenderse, y que por desgracia no da señales de que se vaya a reducir.

Traducción de Jaime Sevilla Lorenzo

En 2008, Clinton criticó con dureza a Barack Obama por aceptar donaciones de grandes empresarios del petróleo. Ahora niega que le influya el dinero que recibe de grandes banqueros

Los demócratas tienen que tomar una decisión: ¿piensan que el dinero en la política es una fuerza corruptora que influye en las decisiones que toman los cargos electos o no? Después de años cargando contra la sentencia Citizens United, que abrió la puerta a la financiación externa de las campañas electorales, algunos de ellos parecen haber dado un giro de 180 grados.

El equipo de campaña de Clinton se ha pasado las últimas semanas respondiendo con furia a las críticas que afirman que la candidata está influenciada por las grandes donaciones que recibe de sus partidarios en el sector petrolero y del financiero. Sus seguidores argumentan con vehemencia que no hay pruebas de un quid pro quo.

Qué rápido olvidan. Como recordó el periodista David Sirota a principios de esta semana, en las primarias demócratas de 2008, Clinton criticó con dureza al entonces senador Obama por aceptar donaciones de directivos del sector petrolero y gasístico, e incluso montó un anuncio de campaña sobre eso. ¿La sorpresa? Fue menos dinero del que Clinton ha aceptado ya en esta campaña de gente que trabaja para empresas de combustibles fósiles.

Aunque la candidata ha dicho en 2016 que las insinuaciones de que pueda estar condicionada por los ricos banqueros que recaudan dinero para su campaña son “ingeniosas difamaciones”, no tuvo problema en arrojar acusaciones incluso más fuertes contra Obama en 2008: “El senador Obama tiene que responder a algunas preguntas sobre sus relaciones con uno de sus donantes más importantes: Exelon, una gran empresa de energía nuclear”, proclamó entonces. “Parece que llegó a acuerdos secretos para protegerlos de una investigación completa del funcionamiento de la industria nuclear”, añadió.

También están las conferencias a puerta cerrada que Clinton dio para Goldman Sachs y otros grandes bancos tras dejar de ser secretaria de Estado. Aunque se ha negado categóricamente a publicar las transcripciones (de los discursos), asegura que esas intervenciones nunca han afectado ni un ápice a su postura sobre los bancos. Eso está bien, si es la postura que quieres adoptar por principios, pero no es la que ha tenido su partido en el pasado. Los demócratas golpearon duro a Mitt Romney en la campaña presidencial de 2012 por sus discursos para entidades financieras.

¿Entonces qué ocurre? ¿Los políticos son corruptos (o susceptibles de corromperse) si dan conferencias a puerta cerrada muy bien pagadas para instituciones financieras, o no lo son? No se puede sostener las dos alternativas a la vez.

Gran beneficiaria de la financiación de empresas

Clinton también ha criticado la sentencia sobre Citizens United del Tribunal Supremo (la que permitió que las empresas financien campañas electorales). Ha señalado, con razón, que el caso que motivó originalmente esa sentencia se desencadenó por un intento de emitir un documental crítico con ella justo antes de unas elecciones. Sin embargo, se ha beneficiado de la sentencia –posiblemente más que ningún otro candidato– con innumerables Super Pacs (grupos de recaudación de fondos para causas políticas) y colectivos externos que han gastado mucho dinero a favor de su candidatura.

El presidente de Citizens United dijo incluso lo siguiente en el Centro de Integridad Pública la semana pasada: “No sé si saben que Hillary Clinton se ha convertido en una de los grandes beneficiarios de la sentencia del Tribunal Supremo sobre Citizens United. Es una ironía que no pasa desapercibida para mí”.

Por supuesto, incluso los seguidores más acérrimos de Sanders admitirán que no hay pruebas de un quid pro quo directo al hablar de las grandes donaciones que varias entidades hicieron a la Fundación Clinton cuando esta era secretaria de Estado. Pero sería difícil no preocuparse al menos por la posibilidad de un conflicto de intereses, teniendo en cuenta que fabricantes de armas y Arabia Saudí hicieron donaciones a la Fundación Clinton mientras el Departamento de Estado aprobaba sus acuerdos armamentísticos, empresas petroleras hicieron lo mismo antes de que el Departamento aprobase un importante proyecto de oleoducto, y otras compañías de combustibles fósiles donaron más o menos en la misma época en que la secretaria de Estado apoyaba el aumento del fracking en el extranjero.

Por supuesto que no hay un quid pro quo. Esa no ha sido nunca la principal crítica a los individuos ricos que usan sus enormes recursos para comprar elecciones, presionar a los candidatos en una dirección o influir en los altos cargos de formas mucho más sutiles y con más matices que el soborno descarado.

Al adoptar esa postura de que solo el quid pro quo es corrupción, los seguidores de Clinton están en esencia adhiriéndose al razonamiento del juez Roberts que dicen detestar: que, salvo que haya pruebas directas de un intercambio abierto de dinero por votos, no existe corrupción. Como ha escrito Lawrence Lessig, los demócratas han ido adquiriendo esa postura durante años, pero la campaña de Clinton parece estar consolidándola como la posición del partido.

Nadie ha dejado clara esta idea mejor que el partidario de Clinton y excomgresista Barney Frank, o, debería decir, la versión de 2012 de él. La semana pasada, Frank acusó a los partidarios de Sanders de entrar en el macarthismo al insinuar que los políticos, y Clinton en particular, son influenciados por las grandes donaciones de patrocinadores ricos y, por lo tanto, no presionan para que se juzgue a los directivos de los grandes bancos.

Sin embargo, Frank entonaba una melodía muy distinta sobre la influencia de los donantes de campaña cuando dejó el Congreso en 2012. “La gente dice 'oh, eso no tiene ningún efecto sobre mí'”, explicó en la cadena de radio NPR en aquel momento, al hablar de la necesidad constante de recaudar fondos todo el tiempo al ser diputado. “Bueno, si fuera el caso, seríamos los únicos seres humanos de la historia del mundo en coger de forma regular cantidades significativas de dinero de perfectos extraños y estar seguros de que eso no tiene ningún impacto en nuestro comportamiento”.

Creo entonces que podemos dar por hecho que Clinton es la primera persona de la historia del mundo en no tener en absoluto ese problema.

Traducción de Jaime Sevilla Lorenzo

Justo cuando el desagradable tema de las torturas vuelve a colarse en la carrera por la presidencia de los Estados Unidos, the Guardian ha revelado nuevos e impactantes detalles sobre la brutalidad del gobierno estadounidense durante la era Bush.

Como ha informado el periodista de the Guardian Spencer Ackerman, la CIA fotografió a un grupo de prisioneros desnudos, atados y, algunos de ellos, con moratones, justo antes de enviarlos a centros de tortura controlados por los peores dictadores del mundo en ese momento, incluidos Assad, Mubarak y Gaddafi. Según la descripción de un exfuncionario de EEUU, las fotos son “espantosas”.

El informe es un crudo recordatorio de que el gobierno estadounidense mantiene en secreto, aún hoy, algunas de las peores acciones de la administración Bush. La noticia cobra mayor relevancia tras los atentados de Bruselas, que han devuelto la tortura al centro del debate político de Estados Unidos.

Inmediatamente después de los ataques, Donald Trump, el candidato a presidente mejor posicionado del Partido Republicano, pidió emplear la técnica conocida como la “bañera” en los interrogatorios, un crimen de guerra por el que se enjuició a soldados japoneses tras la Segunda Guerra Mundial. Trump ya dijo en varias ocasiones que si fuera presidente utilizaría técnicas “mucho peores” que esa para interrogar a los prisioneros.

Casi peor que eso es la actitud de los medios de comunicación de Estados Unidos, que lo presentan como un tema a debatir. En una entrevista con Trump, la presentadora del programa Today Show, Savannah Guthrie, alimentó esta idea utilizando el cobarde eufemismo con que los republicanos se refieren a las torturas ilegales: “Algunas personas piensan que esa cruel técnica de interrogación funciona, y otras personas dicen que no”.

¿En serio? ¿Acaso la presentadora (o cualquier otra persona) puede señalar a un solo experto en interrogación capaz de fundamentar que las torturas “funcionan”, aparte de los mediocres defensores de la administración Bush que nunca en su vida interrogaron a nadie?

Pero dejemos de lado por un instante la pregunta inmoral de “si sirve la tortura”. Es lo mismo que preguntar “si sirve la esclavitud”. Según los estatutos, los tratados y la constitución, la técnica de la “bañera”, como tantas otras formas de tortura utilizadas en los Estados Unidos durante la administración Bush son claramente ilegales.

Como la administración Obama se ha negado descaradamente a enjuiciar a los arquitectos del programa de tortura y a los abogados del Departamento de Justicia que le dieron su marco legal, hoy los crímenes de guerra son vistos nada más que como una disputa metodológica entre republicanos y demócratas.

Sigue bajo cuatro llaves, en una caja fuerte del Departamento de Justicia, el informe del Senado sobre las torturas de la CIA que podría echar luz sobre las fotografías publicadas por The Guardian. Lo mantienen fuera del alcance de los investigadores con el cínico objetivo de impedir que se haga público mediante la Ley de Libertad de Información.

Por otro lado, la administración Obama ha estado peleando con uñas y dientes con la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU) para impedir que se publique otra serie de fotos del ejército estadounidense cometiendo torturas en prisiones de otros países poco después del 11-S. En repetidas ocasiones, un juez le ha ordenado al gobierno que muestre las fotos pero el tema se ha retrasado durante meses.

Exponer la verdad queda en manos de los denunciantes y de los periodistas de investigación. Es una verdad que todos los estadounidenses necesitan saber. Desnudar a los sospechosos, sacarles fotografías humillantes y enviarlos a distintas partes del mundo para ponerlos en manos de torturadores son acciones dignas de una dictadura perversa. Debería ser una pesadilla y en realidad es parte de las políticas de EEUU en el siglo XXI. Esta es la última advertencia. Si decidimos ignorarla, será bajo nuestro propio riesgo.

Traducción de Francisco de Zárate

Mientras se mantengan la política inconstitucional de la detención indefinida y los nefastos tribunales militares, la oscura mancha sobre el prestigio de Estados Unidos seguirá ahí

Guantánamo ha supuesto una mancha en nuestra sociedad desde que se abrió. El propio centro de detención es una abominación de los derechos humanos, pero no es solo el lugar físico lo que supone un problema, sino el espíritu que este materializa. La política de detención indefinida en Guantánamo es una burla a la constitución estadounidense. Por eso, mientras Barack Obama lanza su última súplica apasionada y contundente para cerrarlo de una vez por todas, es vergonzoso que mantenga las prácticas que permitieron que el penal floreciera en su momento.

Es poco probable que Guantánamo esté de verdad cerrado cuando acabe el mandato de Obama, dadas las medias tintas y titubeos de su primer mandato que permitieron al Parlamento levantar barricadas legales contra el traslado de prisioneros a Estados Unidos. Pero, incluso si Obama lo logra, no será el final de este oscuro capítulo de la historia de Estados Unidos. Mientras se mantengan la política inconstitucional de la detención indefinida y los nefastos tribunales militares, lo mismo ocurrirá con la mancha en el prestigio del país.

La detención indefinida –mantener a personas arrestadas durante lo que ya ha llegado a ser décadas sin que haya en el horizonte un juicio ni tan siquiera acusaciones de ningún tipo– es casi lo más opuesto que existe a los valores de Estados Unidos y a su constitución. Hay decenas de detenidos cuya liberación se ha autorizado –y que llevan años con ese estatus– y que sin embargo siguen tras los barrotes de la base militar estadounidense en Cuba. Pero hay más prisioneros aún que Estados Unidos considera “no aptos para juicio” pero “demasiado peligrosos para ser liberados”. Muchos de ellos no pueden ser juzgados porque Washington los torturó.

Obama aclaró al final de su intervención que la detención indefinida sigue siendo una política de Estados Unidos. Mientras siga en vigor la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar que concedió el Parlamento tras el 11-S (AUMF), el Gobierno actúa como si pudiera retener a esos prisioneros para siempre. Y como Washington ahora defiende que la AUMF es la autorización legal que le permite bombardear Siria, Irak y ahora también Libia –para luchar contra una organización terrorista que no existía en el 11-S y para la que no hay un final–, no hay casi ninguna posibilidad de que se derogue esa legislación en esta década. Estos prisioneros posiblemente se enfrentan a pasar el resto de sus vidas en la cárcel sin pasar por un juicio.

En cuanto al resto de detenidos que pueden y deben ir a juicio, les sigue afectando el nefasto sistema de tribunales militares, que lleva más de una década con un problema detrás de otro. Esto ha hecho que sean prácticamente inviables y, en muchos casos, inconstitucionales. Mientras el presidente critica los tribunales militares y explica cómo los tribunales federales ordinarios son mucho más efectivos para juzgar de verdad a los terroristas, sigue insistiendo con tozudez en que esas comisiones militares pueden seguir funcionando, siempre y cuando los parlamentarios las reformen una vez más.

Obama no explicó cómo va a conseguir que un Parlamento controlado por los republicanos apruebe nada en este año electoral, pero suena tan fantasioso como lograr que el Senado designe un nuevo magistrado del Tribunal Supremo en ese mismo periodo. Los tribunales militares deberían haberse eliminado hace años, y seguirán persiguiendo al Gobierno que salga de las elecciones el próximo noviembre, sea cual sea.

Por supuesto, que Guantánamo siga abierto no es solo culpa de la Casa Blanca. Como señaló Obama en repetidas ocasiones durante su discurso, cerrarlo fue en su momento algo en lo que los dos partidos estaban de acuerdo. Tanto George W. Bush como el rival de Obama en las elecciones de 2008, John McCain, defendieron también el cierre del penal, ya que es una de las herramientas más fuertes para reclutar terroristas que ha habido desde el 11-S. Pero en cuanto Obama tomó posesión, los republicanos decidieron oponerse a esa idea en todo momento.

Los detractores de cerrar el polémico centro de detención afirman actuar por el bien de la seguridad pública, como si Obama fuera a soltar a terroristas curtidos en batallas por las calles de Nueva York. Parecen pensar que los sospechosos de terrorismo que lleguen a Estados Unidos desarrollarán de repente superpoderes como los de Magneto, que le permitan hacer cosas como escapar de cárceles de máxima seguridad. Sus ridículas diatribas de “¡no en mi jardín!” serían divertidas si no hicieran tanto daño a nuestra nación.

Hay muchos motivos por los que deberíamos esperar que salga adelante el plan de Obama para cerrar Guantánamo. Pero, por desgracia, si no se revierten las políticas subyacentes que inicialmente hicieron de Guantánamo esa catástrofe para los derechos humanos, la oscura mancha sobre Estados Unidos seguirá ahí.

Traducido por: Jaime Sevilla

La Justicia británica ha dictaminado que ejercer el periodismo no era razón suficiente para detener a David Miranda, pareja de Glenn Greenwald, amparándose en la Ley Antiterrorista

En lo que representa una gran victoria para la libertad de expresión, un tribunal de apelaciones del Reino Unido ha dictaminado que ampararse en la Ley Antiterrorista para detener a David Miranda, compañero del periodista Glenn Greenwald, violó sus derechos humanos como periodista. Tal vez aún más importante, el tribunal criticó la peligrosa y sin precedentes definición de “terrorismo” que hizo el Gobierno británico al incluir en ella todo tipo de conductas normales en ciudadanos respetuosos de la ley.

En 2013, cuando volvía a su casa en Brasil, Miranda fue interrogado y detenido en el aeropuerto de Heathrow durante casi nueve horas sin la presencia de un abogado. Venía de Alemania de visitar a Laura Poitras, la directora ganadora del Oscar. Miranda estaba trabajando como asistente de Poitras y de Greenwald en su trabajo sobre los documentos de Edward Snowden. Greenwald trabajaba para The Guardian en ese momento.

El tribunal falló parcialmente en contra de un dictamen anterior y aclaró que, “cuando se trata de información o material periodístico, el uso de la facultad de detener e interrogar a cualquier individuo [bajo la Ley Antiterrorista] es incompatible” con las convenciones europeas en materia de derechos humanos.

Como ya dijo Greenwald, el fallo es “una gran victoria en primer lugar y sobre todo para la libertad de expresión, porque lo que ha decidido el tribunal es que el Parlamento del Reino Unido ya no pueda pretender que la policía tenga permiso para incautar el material periodístico que se le ocurra, con la excusa de que se trata de una investigación terrorista”.

Greenwald tiene toda la razón. En un sistema democrático los periodistas o, llegado el caso, cualquier persona que trabaje para la prensa, no deberían preocuparse por ser detenidos, interrogados o ver confiscado su material de investigación sólo por hacer su trabajo en una democracia.

Aún más preocupante que la disposición del Gobierno británico a detener a un periodista, en clara violación de sus derechos humanos, fueron los argumentos para justificarlo. Al sostener que bajo la Ley Antiterrorista tenían todo el derecho de detener a Miranda en 2013, el Gobierno propuso una definición radical y amplísima de terrorismo.

Estas fueron las palabras exactas del Gobierno, según un documento presentado ante el tribunal en noviembre de 2013: “Además, la divulgación [de documentos de los organismos NSA/GCHQ] o amenaza de divulgación está concebida para influir sobre un gobierno y hecha con el propósito de promover una causa política o ideológica. Por lo tanto, esto entra dentro de la definición de terrorismo…”

Pensemos por un momento acerca del significado de esas palabras: se define al terrorismo como el acto de publicar información con el propósito de influir sobre un Gobierno. Esa definición no hace mención alguna a la violencia o, ni siquiera, a la amenaza de violencia, una posibilidad que a David Miranda jamás se le cruzó por la cabeza. Dicho de otra forma, según esa definición retorcida, cualquier opinión o acción que no le guste al Gobierno podría haber sido descrita oficialmente como “terrorismo”.

Este tipo de imprecisiones es la marca que distingue a regímenes autoritarios como el de Arabia Saudí y Rusia que, para acosar y detener a periodistas, trabajadores de las ONG y disidentes, a menudo manipulan las leyes supuestamente aprobadas en nombre de la lucha contra el terrorismo. Una práctica que tanto Reino Unido como Estados Unidos han criticado frontalmente en los últimos diez años.

(En 2013, cuando The Guardian pidió al Departamento de Estado de EEUU un comentario sobre la detención de Miranda en el Reino Unido, el Departamento se negó a hacerlo, a pesar de haber criticado antes con dureza a otros países por utilizar las leyes antiterrorismo prácticamente de la misma manera en que el Gobierno británico estaba haciendo).

Por fortuna, el tribunal de apelaciones desestimó por completo esa peligrosa definición de terrorismo: “El fallo del tribunal de apelaciones rechaza la amplia definición de terrorismo que presentaron los abogados del Gobierno. La definición correcta y legal de terrorismo, como la dictamina el tribunal de apelaciones, requiere que se demuestre alguna intención de causar una amenaza concreta a la seguridad pública, como, por ejemplo, poner en riesgo la vida de una persona”.

Este incidente pone de manifiesto lo injusta que es la Ley Antiterrorista para todas las personas que viajan a través del aeropuerto de Londres. Vale la pena destacar que hasta el funcionario encargado de controlar la legislación antiterrorista del Gobierno británico dejó claro que, a pesar de lo que el nombre de la ley indica, el Gobierno declara que la “facultad para detener e interrogar a alguien [bajo la ley] se puede ejercer sin que haya sospecha de participación en un acto terrorista”. Se sabe que miles de personas inocentes fueron sometidas a los mismos tipos de detenciones en el pasado sin poder recurrir a nadie una vez finalizada la situación.

Esperemos que el caso Miranda vuelva a resucitar el debate sobre la Ley Antiterrorista y lo dañina y peligrosa que es para los derechos humanos.

Trevor Timm es director ejecutivo de la ONG Freedom of the Press Foundation en cuyo consejo figuran Glenn Greenwald, Laura Poitras y Edward Snowden.Freedom of the Press Foundation

Traducción de: Francisco de Zárate