Recorrer las playas italianas es como pasear por un arcoíris. La arena se divide en franjas de color: durante unos 50 metros, sombrillas y tumbonas, perfectamente alineadas, son todas rojas; después pasan a ser naranjas, luego amarillas, verdes y así sucesivamente.

Se trata de los famosos bagni, conocidos oficialmente como concessioni balneari (concesiones balnearias). Son sencillos, pero cuidados. Al amanecer, la arena ya ha sido rastrillada. En el bar suena música ambiente mientras sirven Negroni o calamares fritos. Es probable que haya una mesa de ping-pong o una pista de vóley-playa. Algunos incluso cuentan con piscina.

En estos arenales acotados, todo está perfectamente organizado. El precio de las tumbonas se establece con la precisión de las entradas de un teatro y los puestos junto al agua suelen costar el doble que los situados junto al bar (este verano, en Milano Marittima, en la menos glamurosa costa adriática, una sombrilla y dos tumbonas cuestan 30 euros junto al bar, pero hasta 60 euros en primera línea de playa). Muchas familias alquilan el mismo espacio durante todo el verano, año tras año.

A veces hay que caminar dos o tres kilómetros antes de encontrar una playa libre de cotos privados donde los bañistas puedan extender la toalla sobre la arena y plantar su propia sombrilla. Estas “playas libres” se encuentran invariablemente en las zonas más apartadas y menos atractivas: junto a la desembocadura de un río, al lado de algún enclave poco agraciado o donde la arena da paso a las rocas. Con frecuencia hay basura en la arena: envoltorios de helados y otros residuos. En estas playas no hay socorristas ni aseos.

“Una locura”

“Este sistema es una locura”, se queja un turista holandés en una playa libre cerca de Nápoles. “Intenté sentarme en esa playa y me echaron”, dice, señalando los cercos privados. “Y en esta no hay aseos, ni duchas, ni contenedores de basura”, añade encogiéndose de hombros.

Las playas se han transformado en pequeños complejos turísticos; estos complejos pueden incluir piscinas, aparcamientos, gimnasios, restaurantes y tiendas de ropa

Danilo Ruggiero — Director de la campaña Mare Libero

En los últimos años, la pugna entre las playas privadas y las gratuitas, así como la cuestión de cómo gestionar los casi 8.000 kilómetros de litoral de Italia, se ha convertido en un tema polémico. El país cuenta con unos 30.000 balnearios privatizados y un informe de 2022 de Legambiente (una organización medioambiental italiana) calcula que alrededor del 43% de las costas arenosas de Italia son gestionadas por empresas privadas.

“Las playas se han transformado en pequeños complejos turísticos; estos complejos pueden incluir piscinas, aparcamientos, gimnasios, restaurantes y tiendas de ropa”, dice Danilo Ruggiero, director de la campaña Mare Libero (Mar Libre). Ruggiero vive en Ostia, al oeste de Roma, donde el 80% de la playa es lo que él denomina “los Estados Unidos de los lidi”, tal y como se llaman estos establecimientos en italiano. “Se han construido defensas alrededor de la zona —muros, puertas, vallas y setos— para impedir el acceso y bloquear las vistas. A menudo, a lo largo de varios kilómetros, ni siquiera se ve el mar”.

La Toscana y Romaña, en centro de Italia, son las regiones con mayor concentración de playas privatizadas. En Forte dei Marmi, en la costa toscana mediterránea, el 94% del litoral del municipio está gestionado por servicios privados. En las localidades vecinas de Pietrasanta y Camaiore, la proporción asciende al 98,8% y al 98,4%, respectivamente. Hasta hace poco, Gatteo a Mare, en la costa adriática, no tenía ni una sola playa libre. Tras la indignación ciudadana, ahora cuenta con un 1,4% de litoral libre: apenas 10 metros de un total de unos 700.

Dado que la gestión de una playa privada es un negocio muy lucrativo, en el que además circula mucho dinero en efectivo, resulta especialmente atractiva para el crimen organizado. Por eso, la campaña a favor de más playas libres ha ido a menudo de la mano de la lucha contra la mafia. Pero el debate sobre las playas también plantea una cuestión que muchos italianos se hacen con creciente preocupación: ¿cómo frenar los excesos del turismo de masas sin convertir los espacios naturales en parques temáticos? ¿Cómo garantizar que todo el mundo pueda disfrutar de la costa cuando, sencillamente, no hay sitio para todos en la arena?

Nápoles, un foco de privatización

Bacoli es una localidad situada en el extremo noroeste del golfo de Nápoles. El paisaje es tan espectacular como inestable: la actividad de volcanes activos y extinguidos ha modelado un mosaico de lagos en cráteres y penínsulas rocosas que se adentran en el mar. Toda la localidad se asienta sobre el magma que bulle bajo los Campos Flégreos, las carreteras y los edificios se elevan y se hunden periódicamente por el bradisismo, el lento movimiento del terreno, que abre grietas y lo deforma.

“Aquí no viven sobre un volcán, sino en su interior”, explica Fabio Ciciliano, jefe nacional del departamento de Protección Civil de Italia. “Es como el juego de la oca”, ironiza el alcalde de la localidad, Josi Gerardo Della Ragione, de 39 años y melena larga, moviendo la mano arriba y abajo para indicar que, al igual que en el juego de la oca, su pueblo lucha para no caer en la casilla incorrecta.

Della Ragione —o Josi, como le conoce todo el mundo— se ha hecho famoso en toda Italia por su lucha para liberar las playas de su municipio de los intereses privados. “Hasta hace poco nuestras playas estaban repletas de casetas ilegales, alambre de espino, verjas e intercomunicadores”, dice. El acceso a las distintas playas se realizaba a través de uno u otro recinto. “Tenías que llamar al interfono y [contestaban]: 'Te abriré la verja si te conozco'”. El alcalde afirma que se trata de un sistema “clientelista, de amigos de amigos” que caracteriza la mentalidad local.

La cuestión del acceso a las playas se vive con especial intensidad en Nápoles, una ciudad que tiene el mar en el alma. Ningún trovador napolitano que se precie deja de dedicar alguna canción a 'O mare. La autoridad portuaria de Nápoles es la encargada de adjudicar las concesiones y muchos consideran que el reparto entre el espacio público y el privado está claramente desequilibrado: en Campania —la región que rodea Nápoles— el 70% de la costa está en manos de concesiones privadas; en la propia ciudad, la cifra alcanza el 95%.

Della Ragione afirma que muchos lidi obtuvieron sus licencias pagando multas. “[Primero] ocuparon un tramo de agua y un tramo de playa”, explica. “Al final del verano, la autoridad portuaria les impuso multas por ocupación no autorizada”, señala. A través de lo que el alcalde califica de “ocupación ilegal legalizada”, las multas acabaron convirtiéndose en una forma de legitimar esas ocupaciones. Muchos de los establecimientos contra los que ahora actúa están catalogados jurídicamente como abusivi storici (ocupantes ilegales históricos).

“Es obvio que los bienes públicos usurpados mediante la fuerza y la intimidación serán defendidos con la misma fuerza e intimidación”, afirma Della Ragione. En una playa, Casevecchie, el alcalde desplegó maquinaria pesada para desmantelar construcciones ilegales en terrenos públicos. “Tuvimos que traer excavadoras para demoler los almacenes”, explica. “En uno de ellos, nos encontramos con la persona que gestionaba el almacén con una motosierra, apuntado a los trabajadores del Ayuntamiento. Ese es el tipo de delitos a los que nos enfrentamos”, advierte.

Della Ragione lleva mucho tiempo librando esta batalla. Hace 17 años cofundó una campaña en redes sociales contra la ocupación ilegal de la costa. Compaginaba ese activismo con su trabajo como periodista deportivo, una profesión que le enseñó a escuchar. Sus denuncias constantes de las irregularidades en el Ayuntamiento tuvieron un alto coste: la charcutería de su familia fue incendiada en un ataque provocado. En 2015, con apenas 28 años, fue elegido alcalde con casi el 65% de los votos. Aunque perdió el cargo apenas un año después, regresó al frente del consistorio en 2019. Desde entonces, acumula ya siete años como alcalde de Bacoli.

Es obvio que los bienes públicos usurpados mediante la fuerza y la intimidación serán defendidos con la misma fuerza e intimidación

Josi Gerardo Della Ragione — Alcalde de una localidad del golfo de Nápoles

Lo que hace de Bacoli un caso singular es que el Ayuntamiento es propietario de más de una cuarta parte de sus 13 kilómetros cuadrados de superficie, de los cuales el 60% corresponde al litoral. Sin embargo, muchos de sus enclaves más valiosos acabaron en manos de la organización mafiosa Camorra. Villa Ferretti es una mansión del siglo XIX levantada junto a unas ruinas romanas que aún pueden verse bajo las aguas cristalinas de la bahía de Pozzuoli. A la derecha de la villa se extiende una pequeña playa pública, de apenas un centenar de metros. La propiedad perteneció originalmente a una acaudalada familia genovesa, pero terminó en manos del clan Pariante, uno de los más notorios de la Camorra, que cerró el acceso público a la playa.

En 1995, la División de Investigación Antimafia recuperó la playa y en 2003 la transfirió al municipio de Bacoli. En 2016, el Ayuntamiento de la localidad transformó la playa y el jardín en un parque público y creó un teatro al aire libre, restableciendo así el acceso público a la playa y cediendo la villa a la Universidad de Nápoles Federico II.

En muchos aspectos, el posicionamiento de Della Ragione respecto a las playas no difiere de su visión política general. “Lo que hemos intentado hacer es devolver la ciudad a sus vecinos, partiendo de la idea de que la administración pública no reparte favores ni practica el clientelismo”, dice. Es una visión de la política que a veces tiene dificultades para echar raíces en el sur de Italia, donde, según Della Ragione, los bienes públicos se consideran “un pastel que hay que repartir entre amigos, votantes y familiares”.

La “competencia” de las playas militares

La playa de Miseno es otro de los puntos más conflictivos de Bacoli. Se trata de una lengua de arena curvada de apenas 800 metros de longitud. Sin embargo, no se puede acceder a ella desde la moderna carretera que lleva el nombre de Plinio el Viejo. A lo largo del paseo se suceden arcos de entrada que conducen a establecimientos de playa privados y aparcamientos gratuitos para sus clientes. Pero, a menos que sepas dónde se esconden los estrechos pasillos entre esos complejos, te costará incluso ver la arena, y mucho menos poner un pie en ella.

“Son todas playas militares”, afirma Della Ragione. “La Armada tiene un complejo, la Fuerza Aérea otro, el Ejército [de tierra] italiano dos y la Guardia Costera uno”. Si se incluye el cercano complejo de la Guardia de Finanzas, eso supone unos 100.000 metros cuadrados de arena de Miseno destinados a uso exclusivo.

Pero cuando por fin encuentras una vereda entre las instalaciones militares, merece la pena. El agua es fresca y cristalina, y las famosas islas de Nápoles —Procida, Ischia y Capri— parecen tan cercanas que casi se podría nadar hasta ellas. A la izquierda hay una docena de cuevas, que en su día utilizaba la Armada romana como almacenes.

Hace 2.000 años, estos lagos de agua salada y estas bahías acogedoras convirtieron a Bacoli en el puerto elegido para la flota de élite de Roma, la Classis Misenensis. Los acueductos subterráneos llevaban agua dulce directamente a los marineros desde un embalse —la Piscina Mirabilis— cuyo techo tenía claraboyas circulares que proyectaban rayos de luz oblicuos sobre el agua.

Así pues, esta ha sido siempre una zona militarizada. Pero, en la playa de Miseno, la presencia del Ejército ya no tiene que ver con maniobras ni ejercicios militares, sino con algo mucho más prosaico: las tumbonas y el negocio de la playa. En los establecimientos militares, un pezzo —una tumbona o una sombrilla— cuesta apenas tres euros e incluye aparcamiento gratuito. En los establecimientos privados, el mismo lugar cuesta siete euros en temporada baja y 10 en temporada alta, sin derecho a aparcamiento. “Nos están haciendo la competencia”, se lamenta el camarero de uno de esos establecimientos privados, que denuncia una situación de competencia desleal.

Los gerentes de los complejos militares no llevan uniforme. Son chicos de la zona que no tienen ninguna relación con el Ejército: ofrecen café a 60 céntimos —la mitad de lo que cuesta en otros sitios— y dicen que cualquiera es bienvenido a comer en sus restaurantes subvencionados. Están tan acostumbrados a esa ventaja desleal que ni siquiera parecen darse cuenta de ella.

Son todas playas militares: la Armada tiene un complejo, la Fuerza Aérea otro, el Ejército [de tierra] italiano dos y la Guardia Costera uno

Josi Gerardo Della Ragione — Alcalde de una localidad del golfo de Nápoles

Al final, se llega al cascarón de un edificio, cerrado con cadenas, pero lleno de grafitis. Esta es la “playa libre”. Da la impresión de estar sucia a propósito, con toallitas húmedas y pajitas en la arena. El problema de la basura es un argumento al que suelen recurrir los operadores privados: según ellos, es inevitable que las playas públicas estén sucias. Pero el ambiente es diferente. En lugar de asientos dispuestos en fila, hay varios grupos sentados alrededor de un altavoz inalámbrico.

Hablo con un hombre llamado Marco y le pregunto por el aspecto descuidado de la playa. “Tenemos que librar una batalla cultural”, dice. “Porque cuando voy a ciertas playas libres no hay papeleras y la gente tira colillas y tapones de botellas a la arena. Se necesita un poco de educación, un poco de cultura…”, esgrime.

Movilizaciones

Durante años, los activistas de Mare Libero han organizado movilizaciones, convocadas a través de las redes sociales, para denunciar la privatización de la costa y ocupaciones simbólicas de playas en los puntos más conflictivos, en aquellos lugares donde el acceso se restringe sistemáticamente. La playa de Donn’Anna, al oeste de Nápoles, llevaba cerrada con una verja desde 1999. Los ciudadanos solo podían acceder a ella a discreción del guardián de la llave, el gerente de un lido llamado Bagno Elena. Incluso cuando se conseguía entrar, encontrar un espacio libre en pleno verano era casi imposible: de los 4.490 metros cuadrados de playa, solo 290 se consideraban de acceso público.

La sección de Nápoles de Mare Libero llevó a cabo una campaña para “liberar” la playa, organizando sentadas y argumentando ante los tribunales que poner una verja cerrada contravenía los derechos de acceso. La autoridad portuaria de Nápoles recurrió la retirada de la verja, pero perdió el caso. En febrero de 2026, el Tribunal Administrativo Regional dio la razón a Mare Libero y la playa de Donn’Anna es por fin de libre acceso, una victoria que la asociación espera replicar a lo largo de la península.

En medio de estos espacios de conflicto, Della Ragione defiende una suerte de optimismo socialista: su batalla por el acceso a las playas forma parte de un proyecto más amplio para devolver al uso común todos los terrenos de titularidad municipal. “La suma de todos los intereses individuales vale menos que el bien común”, afirma.

Queremos ajustar cuentas con la realidad: se trata de clubes privados que van en contra de la idea de que la playa es para todos. En 2026, esto es absolutamente inadmisible

Josi Gerardo Della Ragione — Alcalde de una localidad del golfo de Nápoles

Della Ragione cuenta con un conjunto de habilidades poco habitual. Combina las dotes comunicativas de un influencer —siempre citado y fotografiado con su banda tricolor, que comparte su número de teléfono personal en Internet para casos de emergencia— con las habilidades burocráticas de un abogado veterano. Su forma de comunicarse resulta a la vez natural y calculada. “En esta era de la comunicación, si no dices que has hecho algo, es como si no lo hubieras hecho. Hay que hacerlo y hay que decir que lo has hecho”, indica. Pero su gran visibilidad también es un seguro: lo que hace es peligroso (ha recibido amenazas de muerte) y su notoriedad a nivel nacional le proporciona cierta protección.

Aunque el alcalde tiene fama de revolucionario, también es un estricto defensor de las formas. Se niega a recibir a nadie en pantalón corto y los vecinos cuentan historias —quizá apócrifas— de grupos de visitantes que, antes de entrar en el Ayuntamiento, se turnan un único par de pantalones largos para poder ser recibidos. Cuando entro en una tienda del pueblo y explico por qué necesito comprar unos, el dependiente rompe a reír. “Pasa continuamente”, me dice.

Mientras paseo por la ciudad con Della Ragione, la gente se le acerca constantemente para darle la mano. Otros saludan con la mano y gritan: “¡Sindaco!” (alcalde). La adulación es constante. Y si hablas con cualquiera de la ciudad —comerciantes, bañistas, amigos—, todos expresan un auténtico cariño por Josi. “Fa bene”, dice todo el mundo (“Lo hace bien”).

Y es fácil percibir la ciudad que todos juntos están tratando de construir. Al atardecer, los adolescentes juegan al kayak-polo en el lago salado de Miseno. En la arena recuperada de Casevecchie se ha construido una nueva pista de vóley-playa, iluminada por focos alimentados con energía solar. Ya pasada la medianoche, los más pequeños desplazan enormes piezas de ajedrez, que les llegan hasta la cintura, mientras sus padres juegan con un helado en la mano. “Es la pequeña historia positiva de una regeneración lenta y extendida”, escribió Klarissa Pica, investigadora de la Universidad IUAV de Venecia, en su tesis doctoral Territorio Mare (El mar como territorio).

“No queremos ninguna guerra con las fuerzas del orden”, dice Della Ragione, riéndose ante lo absurdo de la idea. “Pero sí queremos ajustar cuentas con la realidad: se trata de clubes privados que van en contra de la idea de que la playa es para todos. En 2026, esto es absolutamente inadmisible”.

Grandes beneficios

La evolución de los lidi, desde pequeñas casetas hasta megacomplejos turísticos, ha llevado casi un siglo. A principios del siglo XX, el Estado italiano comenzó a alquilar parcelas rectangulares de arena (que formaban parte del dominio público) a empresas que vendían café y licores y alquilaban tumbonas. No era un lugar al que acudieran los ricos: ellos preferían tomar algo en los grandes cafés de la plaza principal o en sus propios barcos.

Incluso después de 1945, las largas playas de Italia no eran glamurosas. Se asociaban con la guerra —estaban llenas de metralla y material militar abandonado— o con la naturaleza salvaje. Eran espacios azotados por el viento donde abundaban la madera arrastrada por la deriva, los solitarios, los enamorados y los delincuentes.

Pero lo que había comenzado como pequeños quioscos creció a medida que el turismo experimentaba un auge a partir de la década de los 60. Los bagni comenzaron a construir zonas de descanso, a levantar edificios anexos, a instalar duchas y aseos, a excavar piscinas y a vallar zonas deportivas y restaurantes. En los pinares situados detrás de la arena, muchos crearon plazas de aparcamiento y acampada. Algunas de estas instalaciones eran legales; otras, no.

Los contratos de alquiler de estos espacios siempre se renovaban automáticamente, sin necesidad de hacer gestiones cuando vencía el plazo. Hasta 2020, el alquiler anual mínimo de un complejo de playa era de unos míseros 364 euros y, según el informe del Tribunal de Cuentas de Italia correspondiente al periodo 2016-2020, el Estado solo recibía 101,7 millones de euros al año de estos negocios, una suma minúscula para un sector que se estima que genera entre 7.000 y 8.000 millones.

El problema es que a los lidi se les considera beneficiarios de privilegios históricos que han convertido la gestión de un bagno en un negocio extraordinariamente rentable. Muchos complejos acogen bodas, cumpleaños, bautizos y graduaciones, y ha quedado al descubierto que algunos llegan a ingresar en una sola noche más de lo que pagan por el alquiler de todo un año. Se calcula que el beneficio medio anual de un complejo de playa sigue siendo la nada desdeñable cifra de 260.000 euros.

Esquivando la legislación europea

Se suponía que todo esto iba a terminar en 2006, cuando la Directiva Bolkestein de la UE obligó a los países miembros a adjudicar las concesiones costeras por una “duración limitada y mediante un procedimiento de selección público y abierto, basado en criterios no discriminatorios, transparentes y objetivos”. La directiva europea tenía por objetivo acabar con las prácticas proteccionistas y abrir las playas a la competencia interna.

Sin embargo, los sucesivos gobiernos italianos han eludido la aplicación de la normativa mediante la concesión de prórrogas para retrasar cualquier proceso de licitación. Primero hubo una prórroga hasta 2012, luego hasta 2015, y posteriormente se aplazó hasta 2020. En 2018, el Gobierno amarillo-verde (la coalición entre la xenófoba Liga y el populista Movimiento de las Cinco Estrellas) aprobó una ley que prorrogaba el statu quo hasta 2033.

En los últimos años, el Estado italiano ha tratado de corregir algunos de los desequilibrios del sistema. En un primer momento aumentó el alquiler mínimo anual de una concesión de playa hasta los 2.500 euros y, posteriormente, hasta los 3.225. Los balnearios pagan además el IVA general del 22%, en lugar del tipo reducido del 10% que se aplica al resto de operadores turísticos. Los lidi también abonan el IMU, el impuesto italiano sobre bienes inmuebles, que normalmente solo pagan los propietarios. Pero esa medida ha tenido un efecto inesperado. “Quienes gestionan las concesiones de playa acaban creyéndose, de algún modo, propietarios. Y cuando un propietario te ve entrar en su espacio, te percibe como un intruso en su propia casa”, dice Ruggiero.

Quienes gestionan las concesiones de playa acaban creyéndose, de algún modo, propietarios. Y cuando un propietario te ve entrar en su espacio, te percibe como un intruso en su propia casa

Danilo Ruggiero — Director de la campaña Mare Libero

El debate político sobre las playas tiende a desarrollarse siguiendo líneas claras de posicionamientos de izquierdas y de derechas. Para la izquierda, es un ejemplo evidente de propiedad y acceso públicos. La gran mayoría de los socialistas y comunistas históricos afirma que la perversidad del capitalismo se pone de manifiesto incluso en la comercialización de la sombra. Para los activistas de Mare Libero, liberar las playas no es una campaña frívola, sino una lucha por los derechos civiles basada en la ecología y la inclusión. Pica cree que la recuperación de las playas es una cuestión de justicia espacial, además de social. Ve en estas luchas un eco del concepto del derecho romano según el cual res communis omnium (los bienes comunes a todos) debe considerarse res extra commercium (bienes ajenos al comercio).

Para la derecha, sin embargo, estas concesiones son un pilar vital y patriótico de una de las industrias más importantes de Italia: el turismo. Según un estudio de 2023 del Instituto Nacional de Estadística de Italia, el sector representa el 9,6% del PIB del país. De los casi 477 millones de turistas del país (tanto nacionales como extranjeros), el 39,2% pasa tiempo en la costa, y ningún político patriota quiere meterse con una industria tan próspera.

Ni Giorgia Meloni (la primera ministra), ni Matteo Salvini (el líder de La Liga, en coalición con Meloni), ni Roberto Vannacci (un general del ejército retirado que es una estrella en ascenso de la extrema derecha y que no forma parte del Gobierno) critican jamás a los bagni. Algunos incluso han invertido en ellos: Daniela Santanchè, exministra de Turismo salpicada por los escándalos, era accionista del Twiga de Flavio Briatore (un lido de lujo en Forte dei Marmi); y Massimo Casanova —exdiputado europeo de La Liga— es propietario del Papeete (otro complejo de lujo en Milano Marittima), al que suele ir Salvini.

Control de los excesos del turismo

Los responsables afirman que los bagni desempeñan un papel clave: velar por la seguridad en las playas. “En Italia tenemos la suerte de que se producen la mitad de ahogamientos que en Francia”, afirma Antonio Capacchione, presidente de la SIB, la patronal italiana de estos establecimientos. Según Capacchione, esto se debe en gran medida a que los lidi tienen la obligación humanitaria de prestar servicios de socorrismo y se enfrentarían a cargos por homicidio involuntario si incumplieran las normas de seguridad.

Los defensores del sistema de lidi sostienen también que, en una época marcada por el turismo masivo, desempeñan un papel en la protección del litoral. La explosión de los viajes tras la pandemia ha transformado hasta hacer irreconocibles algunas ciudades y pueblos italianos. En Venecia, el número de camas destinadas a turistas superó recientemente al de los propios residentes. Y en Roma, incluso la Fontana de Trevi ha tenido que implantar un sistema de reservas y una entrada de dos euros.

De junio a septiembre, los jubilados tienen su sombrilla en la misma playa, con el mismo operador, rodeados de los amigos que han hecho allí durante años

Klarissa Pica — Investigadora de la Universidad IUAV de Venecia

Lo mismo ocurre en las playas. Punta es una de las playas más preciadas de Cerdeña: su pequeño tamaño —apenas un puñado de arena entre afloramientos rocosos y un mar cristalino— es lo que la hace tan atractiva. Y es innegable que necesita protección frente a los miles de visitantes que acuden con drones, tiendas de campaña, pícnics y barbacoas (el año pasado, un incendio calcinó decenas de coches). Por ello, en junio, el Ayuntamiento de Villasimius anunció que cobraría a los visitantes 10 euros y limitaría el aforo a 150 personas y 70 coches. Una medida controvertida fue la prohibición de llevar sombrillas a la playa, salvo que en el grupo hubiera una persona mayor de 65 años o menor de 10.

Tras la indignación nacional —y muchas bromas sobre que esa era la única razón válida para llevarse a los niños o a los abuelos de vacaciones—, el Ayuntamiento de Villasimius aumentó las cifras a 190 personas y 90 coches. Pero la indignación puso de relieve el núcleo del debate sobre cómo proteger un litoral frágil para que no se vea desbordado por vehículos y personas. También es, obviamente, una cuestión ecológica. Con el aumento del nivel del mar, la intensificación de los fenómenos meteorológicos extremos y las temperaturas cada vez más abrasadoras, el litoral italiano es especialmente vulnerable a la erosión, la contaminación, la sequía y los incendios forestales.

El futuro

A pesar de la intensidad del debate, todas las partes coinciden en una cosa: esa sencilla playa de arena ocupa un lugar privilegiado en la memoria y la identidad de los italianos. Para millones de personas —mi familia entre ellas—, las largas vacaciones escolares han transcurrido entre tumbonas y sombrillas. “De junio a septiembre los jubilados tienen su sombrilla en la misma playa, con el mismo operador, rodeados de los amigos que han hecho allí durante años. Para ellos, eso es disfrutar del mar”, explica Pica.

“Llevo viniendo aquí 30 años”, dice una bañista con la que hablo en un lido de Cuma, justo al norte de Bacoli. Es una mujer jubilada que cuida de sus dos nietos. “Conozco a todos mis vecinos —señala las tumbonas que la rodean— desde hace décadas”, cuenta. Está claro que los italianos, en general, esperan que su experiencia en la playa esté bien organizada, sea predecible y esté ordenada.

No está claro qué sucederá próximamente en el pulso entre la UE e Italia. Según Capacchione, todo proceso de licitación debería incluir cláusulas que contemplen una indemnización por las inversiones en infraestructuras, así como una estipulación que otorgue un trato preferencial a los licitadores con experiencia consolidada en el sector.

A Ruggiero, eso le suena a trampa. “En cuanto a la indemnización: la concesión es de duración determinada, así que una vez que haya expirado —y la hayas aprovechado al máximo hasta el final—, ¿por qué debería indemnizarte? Es como si alguien dijera: 'Alquilo una casa y luego reclamo una indemnización'… ¿Indemnización, a santo de qué?”.

Por otra parte, la llamada “cláusula de experiencia” le resulta aún más problemática. “Dado que el mercado ha estado en manos de los mismos concesionarios, ¿quién más puede afirmar que tiene experiencia en la gestión de negocios en la playa, aparte de quienes los han gestionado hasta ahora?”. Resume la postura del Gobierno actual: “No puedo concederte una prórroga, pero me aseguraré de que ganes las licitaciones”. Es, según él, una solución muy italiana al problema.

Investigación adicional de Bruno Abate.

Traducción de Emma Reverter

Italia es el destino turístico por antonomasia, un museo al aire libre para peregrinos, habituales del Grand Tour, amantes de la gastronomía, perezosos de playa y cazadores de iglesias. El país -el quinto más visitado del mundo, con casi 47 millones de turistas que generan unos 32.000 millones de euros al año- es diligente a la hora de promocionar el turismo. Se necesita ser valiente para cerrar un grifo como este. Pero en algunas zonas desbordadas del país está ocurriendo.

Las autoridades italianas han declarado esta semana que van a limitar el número de visitantes al Cinque Terre, un territorio compuesto por cinco pueblos de pescadores en Liguria. La cantidad de turistas va a ser reducida a un millón y medio (un millón menos que el pasado año) porque estas diminutas localidades son incapaces de asumir la afluencia. El anuncio llega después de que el año pasado se prohibiera a un enorme crucero acceder a la Laguna de Venecia.

Este movimiento va contra la tendencia habitual, ya que la mayoría de destinos turísticos persigue conseguir todos los visitantes que les sea posible. Y esto convierte al turismo en agente de un pacto con el diablo: cuantos más visitantes atraes, más dinero produces, pero pierdes el toque inocente, tradicional, auténtico y virgen que alimenta la imaginación del turista.

Siempre se ha defendido que el turismo “abre la mente”. Creemos que relacionarnos con comunidades exóticas en lugares poco comunes nos desproveerá de cualquier resquicio provinciano. Pero en una época de turismo en masa, la interacción con esas comunidades y lugares ha perdido su razón de ser. Nuestro intercambio se ha convertido en un acto meramente comercial.

Recuerdo cómo hace años pedía indicaciones en un viaje organizado por Jamaica. Un señor me señaló la dirección correcta y, justo cuando pensaba que habíamos roto algún tipo de barrera cultural o racial, me pidió un dólar en un gesto ligeramente amenazador. El turismo se ha convertido en el equivalente al sexo de una noche, con cada una de las partes cogiendo lo que quieren: los turistas consiguen su selfie frente a algún edificio emblemático y los locales vacían los bolsillos de los extranjeros todo lo que puedan.

El espectador, por supuesto, siempre causa un efecto en lo que observa, y nuestros viajes pueden destrozar los sitios a los que vamos. La atracción turística más cercana a donde vivo es Gastonbury Tor en Somerset. Una encantadora y pequeña colina con vistas que se extienden sobre el condado más hermoso de Inglaterra. Sin embargo, tanta gente caminaba por ella que ahora el camino es de hormigón y un cartel colgado de la valla nos advierte que no podemos desviarnos. No es exactamente un paseo por la naturaleza.

Es por eso que muchos destinos turísticos se muestran displicentes con aquellos que los visitan. Cada país tiene un término parecido al grockle del West Country (el suroeste inglés) o el guiri español para referirse con desprecio a esos fastidiosos y torpes turistas. El ejemplo reciente más sangrante lo protagoniza la enrevesada historia de la pareja que fue a las Maldivas para renovar sus votos matrimoniales. El hotel les cobró 1.050 euros por una ceremonia oficiada por el personal del hotel en la que les insultaban con maldad en dhivehi, el idioma local. Esta terrible historia simboliza un extraño mundo de occidentales anhelando tierras paradisíacas y virginales; y locales que les estafan y desprecian.

Algunos países se han enfrentado al dilema con la innovación. Bhutan no limita su número de turistas, pero les fuerza por medio de viajes organizados a gastarse 220 euros por una noche en temporada alta (180 como mínimo), que aparentemente van destinados a la educación, sanidad y demás. Otros lugares, como Venecia, tienen enormes diferencias en los precios de las atracciones turísticas dependiendo de si eres residente o no. Pero estas medidas solo sirven para destacar que las relaciones contigo son, ante todo, comerciales. Otros destinos (como Costa Rica o las Galápagos) animan a los turistas a contribuir como filántropos ecológicos o testigos de las sostenibilidad. Pero el ecoturismo es una descarada contradicción en sí mismo.

Una parte del problema reside en que nuestro escapismo a menudo subraya la inmensa desigualdad de nuestro planeta. Es totalmente comprensible (en especial si eres del norte de Europa) que persigas el sol y las playas de arena. Pero después tenemos que ver esas desgarradoras imágenes de refugiados ahogándose en las orillas de Lampedusa mientras los europeos se ponen crema solar. Nosotros representamos a esos europeos privilegiados, tanto si aparecemos en la foto como si no.

Vamos a continuar viajando como locos porque somos nómadas por instinto. La curiosidad es una buena virtud, y abre tanto las mentes y el corazón como la cartera. Nadie quiere que se acabe. Si la industria turística desapareciese mañana, la economía sufriría las consecuencias a escala global. No en vano, el turismo representa casi la tercera parte del sector servicios del mundo.

Pero quizá deberíamos observar el asunto desde la otra perspectiva. Si queremos tener el derecho a ir a cualquier parte, debemos permitir que otras personas cuenten con ese derecho también. No puede ser que solo permitamos a los ricos viajar, comprar propiedades y echar raíces. Si invertimos nuestro dinero en sus países, nuestro deber es permitir a su vez que los extranjeros se ganen la vida en el nuestro. Porque hasta que no haya un sentimiento de igualdad hacia este movimiento humano alrededor del globo, hasta que el turismo no imprima una sensación de convivencia con otras culturas, continuará siendo como el sexo de una noche.

Traducción de Mónica Zas