La presidenta del Gobierno foral, Uxue Barkos, ha recibido formalmente en el Palacio de Navarra a los representantes de los 14 gobiernos autonómicos que participan en Pamplona en el primer encuentro de la recién creada Red Interautonómica de Memoria Histórica. La iniciativa, coordinada desde la Comunidad foral por la dirección general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra, al frente de la que Álvaro Baraibar ha explicado que “ante la pasividad del Estado”, era preciso crear una entidad de carácter institucional “que responda desde los derechos humanos al deber de memoria con la sociedad”.

Al encuentro sólo han faltado representantes de los gobiernos autonómicos de Madrid, Murcia y Canarias. El Gobierno foral ha querido imprimir al encuentro todo el ‘boato’ propio de las ceremonias más formales. Así, recibidos por la consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, los representantes de los gobiernos de Asturias, Aragón, Andalucía, Baleares, Castilla La Mancha, Castilla León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Euskadi, Extramadura, Cantabria, La Rioja y Galicia han posado para una foto de familia en el patio ajardinado que antiguamente daba acceso a las principales dependencias del Palacio de Navarra, una escalinata que se reserva para las ocasiones más especiales, como la constitución de los gabinetes del Gobierno foral.

El propio Baraibar ha coordinado el trabajo para la creación de esta Red Interautonómica cuya construcción anunció el año pasado en Barcelona. El director general ha explicado las políticas de fomento de la Memoria Histórica impulsadas por el Gobierno durante esta legislatura, y cuyo principal eje es “la exhumación e identificación de las personas desaparecidas como consecuencia del golpe militar de 1936”. Además, ha dado cuenta de la creación de un censo que cuenta con una nutrida participación municipal para determinar cuántos símbolos franquistas quedan todavía en Navarra, así como las recomendaciones que da el Gobierno para su retirada y sustitución. Ha recordado así mismo la iniciativa de crear en la Comunidad foral una red de espacios para la Memoria, en los lugares especialmente significativos para las víctimas del franquismo en Navarra.

El programa de este primer encuentro de representantes de gobiernos autonómicos incluye una visita en el municipio de Urdániz a los trabajos de exhumación de una fosa en la que se han hallado los restos de tres víctimas de la dictadura franquista. Tras visitar los trabajos que financia el Gobierno para la identificación de los fallecidos, los representantes autonómicos recorrerán parte de la ruta de montaña que el Gobierno foral ha señalizado como el camino de huida de los presos del Fuerte San Cristóbal durante el franquismo

A pesar de que no consiguió firmar un nuevo convenio con el Estado para la construcción del tramo navarro del TAV, y de que ahora es el Estado quien tiene en sus manos la gestión de la obra en territorio foral, el vicepresidente del Gobierno, Manu Ayerdi, asegura que está “velando por el interés general” de Navarra al presentar alegaciones al proyecto del Estado para unir por Vitoria el tramo navarro del TAV con la'Y' vasca. En sus alegaciones, Ayerdi cuestiona la capacidad del tramo Vitoria-Nudo de Vergara y plantea un tercer trazado para unir el TAV navarro con la ‘Y’ vasca.

En su estudio informativo, el Estado contemplaba dos opciones para comunicar estas dos infraestructuras, una que pasa por Vitoria y tiene un coste estimado de 704 millones de euros y otra que pasa por Ezkio, con un coste calculado en más de 2.000 millones de euros. Dicho estudio concluyó que la unión por Vitoria es la mejor valorada por su funcionalidad, estructuras, túneles y presupuesto, frente a la opción de enlazar por Ezkio, de mayor complejidad técnica.

Pero el Gobierno de Navarra desconfía ahora de “la capacidad futura” del tramo entre Vitoria y el nudo de Bergara. Según ha explicado el vicepresidente, “si se optara por la alternativa de Vitoria y se cumplieran determinados escenarios futuros de demanda, los niveles de saturación serían inasumibles en un escenario temporal relativamente cercano”. Sin embargo, la presión sobre la capacidad ferroviaria “sería notoriamente menor de escogerse la opción de Ezkio”, indica Ayerdi. De manera que Navarra ha propuesto ahora al Estado que se incluya una nueva opción de trazado, aprovechando el previsto para la alternativa de Vitoria únicamente hasta Bakaiku y desde ahí desviarse hacia la derecha para tomar el recorrido que lleva a la conexión con la 'Y' vasca en Ezkio.

No obstante, los tres socios de Gobierno de Ayerdi han recordado al vicepresidente su oposición a la construcción del TAV, pase por Vitoria o por Ezkio para conectarse con el País Vasco. EH Bildu ha acusado al vicepresidente Ayerdi de “tragar” con las imposiciones del Estado en lo relacionado con el TAV; Podemos considera que el Gobierno foral no puede “conformarse” con que su participación en este proyecto se reduzca a proponer un trazado alternativo “con un elevado coste medioambiental”. También IU considera que la propuesta de Ayerdi es una “barbaridad medioambiental y un despilfarro económico”. Para Ayerdi, “es conocido y notorio que en el cuatripartito hay diferentes puntos de vista” sobre este asunto.

“Tenemos cuatro motivos tan claros como irrenunciables para estar el sábado 17 de marzo en la calle: La superación del poder adquisitivo de las pensiones; la revalorización de las pensiones según el IPC; la defensa de un Sistema Público de Pensiones digno y sostenible; y la derogación de la reforma del Gobierno impuesta en el 2013 y la recuperación del diálogo y el acuerdo en materia de pensiones”. Con esta contundencia se ha expresado el secretario general de UGT Navarra, Jesús Santos, al hacer un llamamiento, “especialmente dirigido a los jóvenes”, para que los navarros participen el próximo sábado 17 de marzo en una manifestación convocada en defensa de unas pensiones dignas. Santos ha llamado a la movilización para defender los derechos de los pensionistas junto al secretario general de CCOO de Navarra, Chechu Rodríguez, y a la convocatoria se han sumado por diferentes vías otros sindicatos como LAB y numerosos colectivos feministas. La manifestación cuenta además con la colaboración de la Coordinadora Navarra por la Defensa del Sistema Público de Pensiones y el colectivo Mayores frente a la Crisis.

Santos entiende que el sistema público de pensiones es “un elemento central del estado del bienestar y el pilar básico en el estado social que proclama nuestra Constitución, que se puso en pie con el esfuerzo y la aportación de millones de trabajadores y trabajadoras durante décadas”. Su supervivencia, no obstante, queda ahora cuestionada por parte del Gobierno del PP. “La consolidación y el mantenimiento futuro del sistema público de pensiones sólo será posible a partir de dos premisas: la primera, resolver los problemas actuales de financiación del sistema”, ha advertido Santos. Pese al discurso oficial del PP, resolver la financiación del sistema público de pensiones “es cuestión de voluntad política”, ha recalcado el secretario general de UGT Navarra.

La otra necesidad, según Santos, pasa porque “las cotizaciones de los trabajadores no pueden seguir financiando los gastos corrientes del personal del ministerio de Empleo”, que necesitan ir contra una partida presupuestaria, como ocurre con el resto de ministerios y organismos públicos. Además, ha recordado el líder ugetista, “el gasto de pensiones tampoco puede soportarse exclusivamente sobre las cotizaciones sociales, sino que debe cofinanciarse a través de los Presupuestos Generales”.

Por su parte, el líder de CCOO Navarra, Chechu Rodríguez, ha advertido sobre la falsedad del “mantra permanente” que se recita últimamente en diversos ámbitos políticos sobre la insostenibilidad del sistema público de pensiones. Este discurso, ha acusado, se basa en un “planteamiento mercantilista” para intentar que sean los trabajadores quienes paguen sus pensiones desde los instrumentos financieros privados.

En representación de los pensionistas, Melchor Calleja (UGT) ha defendido que el sistema de pensiones es “una conquista social que defenderemos con uñas y dientes” ya que “gente que se ha pegado toda la vida trabajando y cotizando tiene derecho a pensiones dignas”. Ha recordado que en Navarra, una de las comunidades con cifras más altas, las pensiones se sitúan como media en 1.391 euros en los hombres y 839 en las mujeres (con una evidente brecha), para quienes la subida para este año de un 0,25 % es “un insulto a los mayores”.

Con todo ello, ha sido contundente al implicar también a los jóvenes, ya que “defendemos unas pensiones dignas para quienes fueron trabajadores y hoy jubilados, pero las queremos también para los hoy trabajadores y mañana jubilados. Por eso defendemos trabajo y condiciones dignas” también en la actualidad.

Ni en los asuntos más locales en los que se denuncia presunta corrupción (como la querella contra el sindicato UAGN o la querella contra los responsables de la planta de purines de Ultzama), ni en los asuntos más generales, como los que se regulan derechos como la atención sanitaria universal para todas las personas con independencia de su situación administrativa. Al Gobierno de Uxue Barkos se le van acumulando las sentencias judiciales en contra de diversas gestiones, leyes y decisiones que adopta de acuerdo a su documento programático y su ideario político. La creciente judicialización de la política navarra se debe, en buena parte, a que el Gobierno se ve obligado a destinar numerosos recursos, humanos y económicos, a contrarrestar el efecto de estos fallos judiciales en contra.

Uno de los más recientes ha sido el del Juzgado de Instrucción 1 de Pamplona, que ha desestimado la querella del Gobierno foral contra los gestores de la planta de purines de Ultzama cuyo funcionamiento está siendo revisado por una comisión de investigación parlamentaria. El auto del juzgado exime de responsabilidad penal por los delitos de “malversación, estafa, falsedad documental y fraude de subvenciones” a las empresas que resultaron adjudicatarias de la planta de biogás, a su presidente y a los dos ex concejales de UPN contra quienes el Gobierno se había querellado.

Miedo al fracaso judicial

Es casi la crónica de un fallo anunciado, después de que la propia Fiscalía pidiera el archivo del caso y emitiera un decreto en el que no apreciaba delito alguno. Pero contra el auto caben ahora recursos de reforma y recurso de apelación. Y el Gobierno no ha tardado en anunciar que acudirá a ambos instrumentos para seguir adelante con su querella. “La juzgadora no ha apreciado correctamente la concurrencia en los hechos de los tipos delictivos que habíamos imputado a determinadas entidades”, cuestionaba la consejera de Interior, María José Beaumont, el criterio del Juzgado de Instrucción. “El Gobierno no ha fracasado en los tribunales, porque es una resolución que no es firme y se va a recurrir, entendemos que con posibilidades de que prospere, porque si no lo habríamos hecho”.

Beaumont, abogada de profesión, es la consejera a la que le está tocando dar la cara por el Gobierno ante la larga lista de sentencias en contra, recursos de oficio contra leyes navarras y fallos que bloquean judicialmente las iniciativas legislativas del cuatripartito. Ella se encarga de instruir jurídicamente a sus compañeros de gabinete sobre el criterio del Gobierno en torno a los distintos casos judicializados. Ha ocurrido recientemente con el consejero de Hacienda, Mikel Aramburu, que se ha visto en la tesitura de defender la última ley sobre el impuesto municipal a las plusvalías aprobada por el cuatripartito.

Se trata de una ley contra la que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad, por considerar que invade competencias del Estado Además, la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha dictado una sentencia firme que considera “nulas” todas las liquidaciones del impuesto sobre las plusvalías que se hicieron de acuerdo con la anterior normativa vigente en Navarra, a la que la ley del cuatripartito vino a sustituir. La situación que originan estos dos movimientos judiciales es de “desamparo” legal tanto para los Ayuntamientos que cobran este impuesto como para los ciudadanos que deben pagarlo. Sin embargo, el consejero de Hacienda, resta importancia a las decisiones de los jueces. Por una parte, entiende con respecto a la cuestión de inconstitucionalidad planteada, la nueva ley no obliga a los tribunales a devolver los casos a los ayuntamientos, sino que pueden hacerlo “si lo creen conveniente”. Por otra parte, el hecho de que el TSJN anule las liquidaciones ya hechas es, para Aranburu, “simplemente, un tema procedimental”.

Inseguridad en las OPE

Otra de las consejeras que peor lo está pasando en el frente judicial de su gestión es la titular de Educación, María Solana. El TSJN acaba de inadmitir a trámite el recurso de casación presentado por el Gobierno contra la sentencia que en octubre de 2016 anuló 117 plazas de euskera en la OPE de maestros, porque no estaban previstas en la plantilla orgánica del Gobierno. En su fallo, el TSJN pega además un tirón de orejas al equipo jurídico que dirige Beaumont y le condena a pagar las costas del procedimiento, ya que los argumentos de su recurso “deben tildarse de manifiestamente carentes de interés casacional”, señala el TSJN.

No le ha sentado bien el auto a Beaumont, que ya ha recordado que el Gobierno puede interponer una incidencia de nulidad de actuaciones y un recurso de amparo posterior ante el Tribunal Supremo. “Hay que agotar todas las posibilidades procesales y en ello estamos”, se ha unido a Beaumont la titular de Educación, María Solana. Mientras el Gobierno agota las vía judicial, la oposición denuncia la inseguridad en la que se ven envueltos los opositores, e incluso UPN ha llegado a reclamar a Solana que dimita.

Por otra parte, también en fallos recientes, el Tribunal Constitucional ha anulado la ley de acceso a la asistencia sanitaria gratuita, si bien Salud garantizará este acceso a través de ayudas sociales que instituirá en breve, y también ha anulado la capacidad de Navarra para paralizar desahucios de viviendas por razones de interés social. Si bien es cierto que ha permitido a la Comunidad foral instituir un régimen sancionador en su ley de vivienda que permitirá expropiar a bancos e inmobiliarias viviendas que permanezcan vacías durante más de dos años.

El parlamentario de EH Bildu Anaut Peña presidirá la comisión especial constituida en el Parlamento foral para intentar eliminar la zonificación lingüística que para Navarra establece la ley foral del Euskera. La comisión se creó, con el apoyo del resto del cuatripartito, a petición de EH Bildu, y sólo esta formación ha presentado candidato a presidirla. Peña ha contado con el voto en contra de los partidos de la oposición. Esta comisión especial comienza su andadura en el mismo día en que una representación de la empresa Soziolinguistika Klusterra ha explicado en el Parlamento el resultado de un estudio de uso del euskera en Navarra que cifra en menos de un 3% de la población de Pamplona el número de personas que habla euskera en sus conversaciones de calle.

Según expuso EH Bildu en su propuesta para crear la comisión especial sobre el euskera que ahora preside, los principios inspiradores del trabajo de los grupos serán “el cumplimiento de los derechos lingüísticos de la ciudadanía, la superación de la zonificación lingüística y oficialización del euskera en toda Navarra, partiendo de las diferentes realidades sociolingüísticas y adecuándose a ellas”.

El estudio de Soziolinguistika Klusterra es uno de los instrumentos con los que cuenta el Gobierno para conocer la realidad sociolingüística de la Comunidad foral, según defendió la propia consejera de Relaciones Institucionales, Ana Ollo. De manera que la comisión especial del euskera debería tener en cuenta que el uso de esta lengua en Navarra ha retrocedido desde el año 1993 hasta la fecha, si bien en los últimos cinco años ha cambiado esta tendencia el empleo del euskera en la calle se ha recuperado en menos de un punto hasta alcanzar el 6,7% de la población en la actualidad.

Para elaborar este estudio, se han analizado los diálogos mantenidos en 32 ayuntamientos navarros durante 6 horas, lo que ha supuesto casi 25.000 conversaciones de en torno a 68.000 hablantes. “A partir de las conversaciones observadas en la calle, hay un 6,7% de ciudadanos que hablan euskera”, ha señalado uno de los responsables del estudio. También ha añadido que cerca de un 3 % de navarros habla un idioma “que no es ni euskera ni castellano”. Respecto a Pamplona, ha precisado que el empleo de esta lengua en la capital navarra ronda el 2,9% y ha indicado que, a nivel comarcal, “cuanto mayor densidad de vascohablantes haya, se eleva el nivel de uso”.

Cabe recordar que el PP acusó al Gobierno foral de haber financiado con 11.000 euros la elaboración de este estudio para después “ocultar” que sólo el 6,7% de la población navarra usa el euskera en sus conversaciones. El Gobierno, que ha negado haber ocultado este dato, hace hincapié en que el volumen de población navarra que conoce el euskera es del 12,9% según la última Encuesta Sociolingüística realizada por el Ejecutivo.

Navarra ocupa el tercer lugar entre las comunidades autónomas donde se produce una mayor brecha salarial entre mujeres y hombres. El sueldo de las mujeres medido de forma anual debería incrementarse en casi un 40% para poder igualar el que cobran los hombres en un año. La denuncia, formulada en el Parlamento por la secretaria de Mujer, Igualdad y Juventud de CCOO, se hace pública el mismo día que el Gobierno lanza campanas al vuelo apoyando las movilizaciones convocadas para el Día Internacional de la Mujer y anuncia nuevas iniciativas por la igualdad de género. “La situación socio laboral sigue siendo extraordinariamente precaria, con mayor segregación ocupacional, desempleo, brecha salarial, persistencia del techo de cristal, déficit en conciliación y corresponsabildidad”, señala contreras. Y apunta con el dedo las causas de esta situación: “La insuficiencia e ineficacia de las políticas para combatir el grave problema de la discriminación laboral de las mujeres”.

Por ejemplo, ha concretado, de las 280.200 personas ocupadas en Navarra, solo 62.000 estarían cubiertas por un plan de igualdad en su empresa. Por eso, recalca, “los planes de igualdad de las empresas de más de 250 trabajadores que deben ser aprobados por ley son un medio importante para la consecución de la igualdad”.

“El primer elemento de discriminación es la desigualdad en el acceso al empleo”, ha advertido antes de señalar que ha la tasa de actividad de las mujeres es del 54,01%, frente al 63,84% de los hombres, lo que supone una brecha de género de más de 9 puntos.

También ha criticado que las mujeres tienen una tasa de paro 3,85 puntos superior a la del sector masculino y las “altas tasas de temporalidad”, una situación “mayoritariamente involuntaria y que esconde una realidad injusta”.

“La principal causa es la conciliación de la vida laboral y familiar”, ha subrayado Contreras, que ha trasladado que el 28,3 % de las mujeres trabaja a jornada parcial mientras que el porcentaje se reduce al 5,5% en el caso de los hombres, conformándose así una brecha de 22,8 puntos. En este sentido, ha denunciado que de las 47.200 personas que trabajan a jornada parcial, 37.400 son mujeres, lo que implica que 8 contratos de cada 10 son femeninos.

Contreras ha abogado por “romper la segregación en el mercado de trabajo e incidir en la negociación colectiva para eliminar las discriminaciones en las empresas”, aunque ha lamentado que “falta voluntad política para revertir esta situación”.

Entre acusaciones cruzadas de “euskarafobia” y de “manipulación intencionada de los datos para engañar a los navarros”, la consejera de Relaciones Institucionales, Ana Ollo, ha negado que el Gobierno esté ocultando un estudio de la empresa Kluster Sociolinguistika que cifra en un 6,7% de la población de Navarra el porcentaje de personas que utiliza el euskera en sus conversaciones habituales. El PP acusa al Gobierno de “imponer” el euskera basándose en que el 12% de la población lo conoce, pero ocultando que sólo el 6,7% lo emplea. Y el Gobierno responde a la oposición con un ataque directo, acusando a UPN, PSN y PP de padecer “euskarafobia”.

El estudio en cuestión “no ha sido elaborado por el Gobierno de Navarra”, ha recalcado Ollo, aunque sí ha sido financiado con 11.000 euros salidos del erario público. Ollo ha asegurado que “es falso” que el Gobierno conociera los datos del estudio y los mantuviera ocultos. “Esto sale de un sindicato, que ha recurrido el decreto del euskera, que se opone a las políticas lingüísticas de este Gobierno, y que nos acusó de mantener que el 12% de la población habla euskera cuando este estudio lo cifra un 6%”, ha criticado la consejera.

Según ha aclarado, el Gobierno dispone de varios instrumentos de medición de la implantación del euskera. Uno de ellos es la encuesta sociolingüística, que cifra el conocimiento de esta lengua en más de un 12,9% de la población y rebaja al 6,7% su empleo por parte de los navarros. “Estos datos se presentaron en enero del año pasado en este Parlamento”, ha recordado Ollo a la portavoz del PP, “así que usted ya conocía que el uso del euskera es del 6%”.

El estudio de Kluster Sociolinguistika fue publicado en julio del año pasado y analiza el uso del euskera entre la población navarra. “Aporta una información valiosa para planificar” la política lingüística, ha admitido la consejera, “sobre todo para hacer una planificación alejada de las fobias que han dominado las últimas décadas hacia el euskera”. Lo que revela el estudio, ha dicho, “es que hay un aumento del uso del euskera en la calle en Navarra”. Aunque ha considerado que estaba haciendo una “valoración prudente”, ha destacado el dato positivo de que de 2011 a 2016, ha aumentado un punto el uso del euskera.

“El euskera no es una lengua muerta aunque algunos la quieran matar. Es una lengua muy viva y desde el Gobierno seguiremos trabajando para su protección”, ha concluido la consejera.

Beltrán ha seguido acusando a la consejera de “manipular” los datos “para confundir a la población” sobre el euskera, “identificando de forma intencionada conocimiento del euskera y uso de esta lengua”. “Claro, si a mí me preguntan si conozco el euskera, como sé decir ‘agur’, pues digo que sí se euskera. Así hacen ustedes sus encuestas”, ha acusado la representante popular. “En realidad, lo que este estudio revela es que el uso del euskera ha pasado de un 6,5% en 1989 a un 6,6% en 2016. ¿Eso le parece mucho crecimiento?”, ha interpelado Beltrán a Ollo.

El vicepresidente Manu Ayerdi ha reconocido en el Parlamento que “la gran decisión” que deberá adoptar el Gobierno en 2019 es si licita o no las obras para construir las galerías de evacuación de los túneles de Belate y Almandoz con las que se cumplirá del todo con la normativa europea sobre seguridad en este tipo de infraestructuras. Ayerdi ha señalado que el equipo técnico de Obras Públicas apuesta por construir una galería de evacuación paralela a uno de los túneles y con una sección de 70 metros cuadrados, es decir, “tamaño túnel”. En una segunda fase, el espacio de la galería podría transformarse en túnel, desdoblando así uno de los dos túneles. El coste total de este trabajo ascendería a 106 millones, según las estimaciones que ha ofrecido Ayerdi: 68,3 millones para la construcción de la galería y otros 38 para su transformación en túnel.

El vicepresidente ha querido insistir en que las obras de construcción de la galería de evacuación no supondrán de nuevo el cierre total de los túneles. También ha fijado para finales de mayo la fecha en la que se cerrarán al tráfico durante seis meses, para acometer las obras de adaptación a la normativa europea. Por su parte, los trabajos para acondicionar el puerto de Belate para acoger el tráfico rodado que no podrá pasar por los túneles comenzarán a principios de mayo. Ayerdi ha asegurado que para la adjudicación del proyecto de los túneles “se valorará” que las ofertas técnicas que se presenten puedan acortar el plazo de ejecución de las obras.

Tras repasar en sede parlamentaria las características de unas obras que el Gobierno autorizó el pasado mes de febrero por un coste de 4,9 millones de euros, el vicepresidente ha recordado que se trata sólo de la primera fase de adaptación de los túneles a la normativa europea, y que a partir de diciembre será necesario abordar las obras para la construcción de las galerías de evacuación que exige la citada normativa.

En este sentido, ha explicado que los técnicos de Obras Públicas han valorado tres opciones. La primera consistiría en desdoblar completamente los túneles y tendría un coste de 105 millones de euros; la segunda pasa por construir una galería de evacuación paralela a uno de los túneles con un tamaño (sección de 70 metros cuadrados) que permita su posterior transformación en un túnel propiamente dicho. Esta opción costaría en total 106 millones y debería abordarse en dos fases con un coste de 68 y 38 millones, respectivamente; y la tercera opción sería construir sendas galerías de evacuación (sección de 26 metros cuadrados) que, con posterioridad, se transformasen en túneles. Esta última alternativa tendría un coste total de 122 millones.

Los técnicos de Obras Públicas, ha señalado Ayerdi, prefieren acometer la segunda alternativa. El Gobierno confía en recibir en breve los estudios geológicos de la zona para decidirlo, y con posterioridad licitará el proyecto constructivo de una gran galería de evacuación que podrá transformarse en túnel en una segunda fase. La redacción de este proyecto, ha señalado el vicepresidente, podría estar concluida para finales de año. “Así que, la gran decisión será si en 2019 licitamos o no, si comenzamos las obras o no”, ha reconocido Ayerdi.

Por segundo año consecutivo, descienden en Navarra los desahucios y procedimientos judiciales para enajenar viviendas por impago de hipotecas. Según el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales”, del Consejo General del Poder Judicial, el año pasado se llevaron a cabo en Navarra 154 desahucios de familias que no pudieron pagar su hipoteca. Esta cifra representa un descenso del 7,8% con respecto a los desahucios que tuvieron lugar durante 2016. El descenso de desahucios en Navarra ha sido superior a la media de España, que registró una caída del 3,6% de desahucios el año pasado.

En la Comunidad foral, el mayor decremento se produjo en los procedimientos judiciales abiertos por impago de hipotecas, que se redujeron el año pasado a más de la mitad de los que se abrieron en 2016. En términos absolutos, los juzgados navarros tramitaron 582 ejecuciones hipotecarias en 2015, 356 en 2016 y 171 el pasado año. Una tendencia a menos que también se refleja en la media del Estado, donde se abrieron un 37,8% menos de procedimientos judiciales. Según el citado informe, Navarra se encuentra entre las CCAA, junto con Aragón, Cataluña o La Rioja, en las que este descenso superó el 50%.

El informe recoge datos similares a los del año anterior respecto a los lanzamientos por impagos de rentas de alquiler de viviendas o locales comerciales, ya que se practicaron 254 en 2017 y 237 2016, es decir, un aumento del 7,2%.

En cuanto a los monitorios, procedimientos que sirven para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos, el número de asuntos decreció el pasado año un 14,9%, al contabilizar un total de 4.265 frente a los 5.009 de 2016. De igual forma, el pasado año se registró un leve descenso en el número de concursos presentados, que cayeron un 4%, ya que en 2017 se instaron 47 frente a los 49 interpuestos en 2016.

“No me vengas con estadísticas, que la realidad de los números es la que vivo en mi casa”. Elisa (nombre ficticio) acaba de cumplir los cuarenta, está casada, tiene dos hijas y un larguísimo historial laboral en el que la palabra “auxiliar” se repite como un mantra: ha sido auxiliar en una consulta de nutricionista, auxiliar de higiénico dental, auxiliar de administrativo y, ahora, auxiliar de limpieza.

Elisa no quiere identificarse con su nombre y apellidos por varias razones. Entre ellas, porque miente en su currículum: posee una diplomatura universitaria y otras titulaciones profesionales, pero siempre rebaja su nivel académico y señala la casilla de estudios básicos. Aprobó las oposiciones para auxiliar de limpieza de un organismo autónomo de la Administración y lleva siete meses cubriendo una baja de tres horas y cuarto al día. Cobra algo menos de 400 euros mensuales.

“¿Qué si voy a hacer huelga el día 8? Por supuesto. Estoy hasta los ovarios de todo esto”. Elisa tuvo a su primera hija muy joven. “Ahora dice que quiere estudiar para ser repostera. Y yo le veo tatuado en la frente un cartel que dice ‘auxiliar de cocina’. No puedo quedarme de brazos cruzados, no puede ser que mis hijas terminen como yo”, se queja. Le da la risa floja cuando se le pregunta por la efectividad de una huelga feminista para combatir la brecha de género. “Mira, parar no va a servir de nada, pero ir a trabajar va a servir todavía de menos. Así que le busco el puntillo optimista y digo, oye, hacer huelga me va a salir más barato que a mi marido”.

Brecha salarial del 28,4%

Los últimos estudios de UGT y CCOO de Navarra sobre la brecha de género contienen datos que ponen los pelos de punta. Por ejemplo, en tres años, la brecha entre el paro femenino y el masculino ha crecido de forma exponencial hasta ser la más alta de los últimos diez años. Según el informe de UGT “Luces y sombras del empleo en Navarra”, las mujeres cobran de media 8.164,2 euros menos que los hombres. La brecha salarial alcanza el 28,4% en Navarra.

Hablando en plata, es como si, frente a los hombres, las mujeres tuvieran que trabajar gratis 65 días al año. Las causas de esta desigualdad radican, entre otras razones, en la contratación. Mientras que más de la mitad de los contratos indefinidos que se firman los logran hombres, el 81% de los contratos con jornadas a tiempo parcial recaen en mujeres. El año pasado, el 96,6% de los permisos de maternidad/paternidad fueron solicitados por mujeres, el 93,7% de las excedencias solicitadas para el cuidado de los hijos se concedió a mujeres y el 85,1% de las excedencias para cuidar a familiares fue pedida también por mujeres.

“Claro que sí”, explica María Pilar Díaz de Cerio, administrativa en una empresa en la que trabaja con jornada reducida para cuidar a sus tres hijos. “No se trata de que los hombres no sean solidarios con la crianza, se trata de que, cuando haces cuentas, pierdes mucho más dinero si es el padre el que se ocupa de los hijos”, advierte. María Pilar y su marido son economistas, él trabaja en la división de Seguros de una entidad bancaria y gana mucho más que ella. “No voy a dar las cifras, porque ahora con mi jornada reducida me queda un sueldo bastante ridículo, pero sí te digo que antes de tener a los hijos mi marido ya ganaba por lo menos un 25% más que yo”, señala María Pilar.

Mira con interés un informe que detalla cómo las mujeres cobran en Navarra una pensión un 40% inferior a la de los hombres. “Pues sí, esto es lo que me espera, porque voy a pegarme los mejores años de mi vida laboral sin cotizar en condiciones”, lamenta. “¿Qué si voy a hacer huelga? No, no me lo he planteado. Ni siquiera lo hemos hablado entre las compañeras de la oficina”, reconoce. Y añade: “La huelga quedará muy bonita y muy solidaria en las noticias, miles de mujeres protestando contra la desigualdad. Pero, al día siguiente, todo seguirá igual. Si queremos revertir la situación necesitamos que se aprueben medidas estructurales, medidas que no sigan penalizando al empresario que contrata mujeres, medidas que de verdad compensen que una persona, me da igual si soy yo o mi marido, dedique su tiempo laboral a la crianza. Esto no se soluciona con una huelga”, concluye.

Los puentes entre las dos facciones que se habían intentado reconstruir han terminado volando por los aires. Los críticos de Podemos, con el portavoz parlamentario Carlos Couso a la cabeza, han reclamado a la dirección del partido que celebre unas nuevas primarias a las que no podrá presentarse ningún cargo público actual. Couso mantiene que los críticos cuentan con el respaldo de la mitad del partido, pero la dirección, por boca de su secretario general, Eduardo Santos, mantiene que los parlamentarios críticos no son de Podemos ni representan a la formación morada.

Sin responder a la demanda de unas nuevas primarias, la presidenta del Parlamento y miembro de la dirección, Ainhoa Aznárez, ha acusado a los críticos de protagonizar una “escalada de violencia” que ha “dinamitado todos los puentes” y cuyo objetivo último “parece ser que busquen un adelanto electoral” que pone en peligro al cuatripartito. La crisis está tan enquistada que hasta la propia presidenta Barkos ha expresado su preocupación y considera que la lucha interna en Podemos es “muy seria”.

“La solución a la situación actual del partido pasa por convocar unas primarias a las que no concurra ninguna de las personas que en este momento tienen un cargo público o un cargo en Podemos”. Así de claro se ha manifestado Carlos Couso al ser preguntado por el futuro de la formación morada. “Nosotros estamos dispuestos a cumplirlo, habrá que ver qué disposición tiene la dirección del partido”, advierte.

Couso ha considerado muy llamativo que Eduardo Santos insista en señalar que los críticos no son Podemos ni le representan. “Pérez tiene un expediente y Carrillo otro. Pero ni Velasco ni yo estamos expedientados, nadie nos ha expulsado del partido, seguimos siendo Podemos”, observa Couso. Tal vez, apunta, “no nos ven como una amenaza de futuro y por eso no actúan contra nosotros”. Se refiere así a la campaña que, según mantiene Couso, emprendió el actual secretario general para “cargarse” a su antecesora desde Madrid e impedir con ello que pueda figurar en las listas electorales de Podemos en 2019.

“Escalada de violencia”

Ajena a cualquier referencia de los críticos sobre las primarias, Ainhoa Aznárez ha acusado a los parlamentarios díscolos de protagonizar una “escalada de violencia” con sus declaraciones críticas hacia la propia Aznárez y hacia Eduardo Santos. “En estos días se ha intentado reconducir un poco toda la relación del grupo parlamentario, quedar en reuniones como hacíamos anteriormente, intentar tender esos puentes para la convivencia en lo que queda de legislatura y seguir trabajando con aquello con lo que nos comprometimos en 2015”.

Sin embargo, ha admitido, los puentes se han roto y “parece que se quiere favorecer que el cambio no se sustente y debilitar un poco todos los órganos de la Cámara. Por lo que se puede entrever, se quiere provocar un adelanto de elecciones” por parte de los críticos, ha considerado.

La “escalada de violencia” a la que se refiere la presidenta del Parlamento se resume en declaraciones públicas de Couso muy críticas con ella, a quien acusa de haber utilizado el coche oficial para irse de vacaciones al comienzo de la legislatura, y muy críticas también con Santos, a quien achaca una “purga estalinista” dentro de la formación cuando ganó las primarias, en mayo del año pasado, por 28 votos de ventaja sobre Laura Pérez. “A estas personas que han instalado esta escalada de violencia habría que preguntarles quién dirige todo esto”, ha sugerido Aznárez.

“No es bueno hacer 'poliquitería' con las víctimas”, advertía un portavoz parlamentario a medio debate. El resto de los grupos ha hecho caso omiso de su consejo, y el pleno del Parlamento ha terminado aprobando dos mociones sobre víctimas que han enfrentado abiertamente a los partidos con menos cintura política para llegar a un punto común en torno al terrorismo: EH Bildu, UPN y PP. Con el voto en contra de las dos formaciones de derechas y a propuesta de la izquierda abertzale, la Cámara ha aprobado una moción por la que insta al Estado a que reconozca la práctica de la tortura en España y ponga en marcha un reconocimiento y reparación para sus víctimas; por otra parte, con la única abstención de EH Bildu, y a propuesta de UPN, el pleno ha aprobado también una declaración institucional de rechazo a la extorsión que llevó a cabo ETA sobre diversos empresarios navarros, a quienes se organizará un homenaje institucional.

Aunque el debate de las dos mociones ha terminado con éxito para sus proponentes al aprobarse ambas por mayoría, el tono con el que se han defendido ha sido bronco y el hemiciclo se ha llenado de acusaciones cruzadas. Ha sido el portavoz de IU, José Miguel Nuin, quien desde la tribuna ha puesto en palabras lo que estaba ocurriendo con el debate: “Esto se ha transformado en una especie de juego para ver quién se pone una medalla”.

Tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la que se constata el trato “inhumano y degradante” que se infligió a Igor Portu y Mattin Sarasola, EH Bildu ha querido ser la primera formación política en recoger el guante del TEDH y proponer al Estado que reconozca la existencia de tortura en España. Así lo propuso al cuatripartito, que ha firmado conjuntamente la moción en la que también se exige al Estado que adopte las medidas oportunas para el reconocimiento y reparación de las víctimas de la tortura.

UPN ha votado en contra de esta moción sin “miedo a la verdad, a que se haga la luz”, ya que, según su portavoz, Iñaki Iriarte, los regionalistas no tienen “ningún caso que justificar”. El motivo para oponerse, ha añadido Iriarte, es que la iniciativa de EH Bildu constituye “un continuo trágala”. También el PP ha votado en contra de la moción porque, según ha dicho Ana Beltrán, “es una desfachatez oír hablar a Bildu de derechos humanos”.

Si bien las dos formaciones de derechas han votado en contra de pedir al Estado que investigue las denuncias sobre torturas, sí han estado de acuerdo en instar al Gobierno de España a investigar judicialmente a los autores de la extorsión de ETA a empresarios navarros y a las redes de colaboradores que ayudaron a que se produjera dicha extorsión. Era uno de los puntos de la propuesta de UPN para organizar un homenaje a los empresarios chantajeados por la banda terrorista en Navarra.

Cuando EH Bildu ha anunciado su abstención, el portavoz de UPN ha instado a la coalición de izquierdas a “hacer autocrítica”, ya que no ha denunciado la violencia de ETA en toda la legislatura, y además ha pedido al resto del cuatripartito que exija a EH Bildu una condena hacia ETA, para demostrar que lo que firmaron en el acuerdo programático “no es papel mojado”.

Con carácter inmediato. Izquierda Unida ha urgido al Gobierno a través de su portavoz, Marisa de Simón, a poner en marcha la Ley foral de 2013 de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda en Navarra. El reciente fallo del Tribunal Constitucional avala que la Comunidad foral puede expropiar a bancos o inmobiliarias viviendas que hayan permanecido vacías durante dos años para que pasen a integrar el banco público de vivienda de Navarra. La sentencia levanta la suspensión que pesaba sobre la ley desde 2014, así que el socio con menos votos del cuatripartito quiere que el Gobierno se ponga manos a la obra y comience a desarrollar la norma.

IU ha recordado a Barkos que dispone de medio año para crear un censo de viviendas deshabitadas en Navarra. El censo será la situación de partida para conocer qué inmuebles pueden ser expropiados. Además, ha requerido la presencia en el Parlamento del vicepresidente y consejero de Vivienda, Miguel Laparra, para que explique qué pasos está dando su departamento tras levantarse la suspensión de la ley decretada por el TC.

Conocida como la ley foral ‘anti desahucios’, la ley cuyo desarrollo exige ahora IU al Gobierno se basa en el concepto de que “la función social de la vivienda puede definir y limitar el derecho de propiedad”. Para Marisa de Simón, tanto la norma como la sentencia del Tribunal Constitucional que avala este concepto “van a hacer historia”. “Lo fundamental de esta ley es que se potencie el uso de la vivienda vacía, que se potencie el alquiler, que las viviendas no puedan utilizarse para la especulación y que puedan ser ocupadas por familias que estén en situación de precariedad”, ha señalado.

La ley da un plazo de seis meses para la creación de un censo de viviendas deshabitadas. Establece además la obligación de los propietarios de viviendas de facilitar al Gobierno toda la información de los inmuebles que este les requiera. También las compañías de suministros básicos (agua, eletricidad, gas) estarán obligadas a remitir información al Gobierno cuando este se la requiera, sin necesidad de que los propietarios de las viviendas autoricen el acceso a dicha información.

La ley considera deshabitada una vivienda cuando ha estado vacía durante seis meses consecutivos. Los inmuebles pasarán a figurar en el censo de viviendas deshabitadas cuando se acredite que han permanecido vacías durante dos años, hecho considerado infracción muy grave, y puede llevar aparejada la imposición de sanciones económicas de hasta 300.000 euros. El censo de viviendas deshabitadas sólo estará compuesto por inmuebles de titularidad jurídica, nunca por viviendas propiedad de particulares.

“Garantizar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de ETA y de otros grupos armados, incluidas las de los GAL”. Con este objetivo, el director de la Sección Española de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, ha pedido a los partidos políticos de Navarra “que impulsen una agenda común en derechos humanos por lo que ocurrió en la CAV, Navarra y en el Estado durante mucho tiempo”. Invitado por el cuatripartito y el PSN, Beltrán entiende que el contexto social es propicio para intentar pactar entre Navarra, Euskadi y el Estado una agenda común en derechos humanos basada en los estándares del derecho internacional. “Siete años sin que nadie tenga que mirar debajo del coche, sin tiros… tenemos un escenario proclive al diálogo”, ha animado a los grupos parlamentarios.

Sin embargo, la respuesta de los partidos a su invitación ha tenido más de enfrentamiento entre ellos que de voluntad de conciliación. Así, Geroa Bai, Bildu, Podemos e Izquierda Unida han puesto el acento en criticar al PP, los socialistas han recordado que “existe una banda terrorista que aún no se ha disuelto”, y en la derecha UPN y PP han destacado que todavía quedan partidos que no condenan los atentados de ETA.

Inasequible al desaliento, Beltrán ha expuesto ante los grupos que esa agenda común en derechos humanos tendría que impulsarse “despojada de cualquier sesgo de cualquier tipo. Quien quiera un determinado énfasis en unas víctimas u otras, está traicionando al derecho internacional”. El planteamiento básico de Amnistía Internacional, ha insistido Beltrán ante sus señorías, es que “todas las víctimas de graves abusos y violaciones de derechos humanos tienen los mismos derechos, no puede haber impunidad”.

Sentadas estas bases, Beltrán ha aclarado que la agenda común debería buscar “que se garantice que cualquier víctima de ETA y de otros grupos armados tenga derecho a la justicia, verdad y reparación; que se esclarezcan los atentados sin resolver, que se asegure la justicia y la reparación para las víctimas de tortura, que se produzca el reconocimiento público de que ocurrió la tortura y que se continúe avanzando en la sistematización de información de la violación de derechos humanos entre 1960 y 2011”.

Beltrán ha reconocido que “a pesar de las iniciativas de varias instituciones y organizaciones para garantizar que los derechos humanos estén en la agenda, el Gobierno central está varios pasos por detrás”. En este sentido, ha señalado que el acceso a la verdad “es incompleto”. Falta información sobre atentados de ETA y otros grupos armados, señala Beltrán, “y no hay ninguna investigación judicial de víctimas del batallón vascoespañol”.

Con respecto a la reparación, a su juicio, “el camino es desigual”, ya que el 98% de las víctimas de ETA ha recibido indemnización económica, mientras que las víctimas del GAL o del batallón vascoespañol ni siquiera han sido reconocidas como víctimas del terrorismo.

En cuanto a la tortura, ha indicado que “el denominador común ha sido la falta de investigación que se mantiene hasta hoy y falta de acceso a justicia y a la reparación para muchas de estas víctimas”. Tras señalar que “no hay suficientes datos contrastados”, ha comentado que “hay unas 4.200 denuncias públicas”, con 292 expedientes de torturas de navarros“. ”Pese a estas cifras, el Gobierno central ha negado siempre la tortura“, ha añadido, para afirmar que ”es muy importante que aceptemos que ha habido torturas, es el inicio de una rectificación y de que no vuelva a ocurrir“.

El Gobierno foral quiere consolidar su modelo de Renta Garantizada más allá de esta legislatura. Para el periodo 2018 a 2021, va a aprobar el llamado Plan Estratégico de Inclusión Social, en el que deberán trabajar de forma conjunta los departamentos de Derechos Sociales, Salud y Educación con el objetivo, entre otros, de reducir la pobreza severa en Navarra del 8,8% de la población (dato de 2015) al 4,4% en 2021.

Para conseguirlo, el plan cifra en 45,7 millones de euros el incremento presupuestario necesario en las cuentas de Navarra en los próximos tres años. Una financiación que el Ejecutivo de Barkos no puede garantizar en estos momentos más allá de 2019, año electoral, pero que tiene previsto aprobar como planificación a largo plazo para la reducción de la pobreza en Navarra.

El capítulo económico del plan explica que parte de la dotación extra que será necesaria en áreas como el empleo o los complementos de pensiones podrá desviarse de la menor necesidad que habrá de financiar las ayudas de Renta Garantizada, partida cuya cuantía se prevé reducir en 11 millones hasta 2021.

Compromiso de empleabilidad

Esta reducción en las ayudas se conseguirá, precisamente, con la consecución de uno de los principales objetivos del plan, y que consiste en que los perceptores de Renta Garantizada no permanezcan más de 24 meses sin acceder a un empleo. El compromiso señala también que la mitad de los receptores de esta ayuda acceda a un trabajo antes de los primeros 12 meses de recibirla.

“Estamos ultimando los diagnósticos de empleabilidad de los perceptores de Renta Garantizada, y entendemos que se trata de un objetivo exigente pero asumible”, resume el vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra. El compromiso de que todos los perceptores de Renta Garantizada que estén en condiciones de trabajar accedan a un empleo en dos años es la consolidación del modelo de protección social que inició el Gobierno de Barkos al comienzo de la legislatura. El objetivo de la Renta Garantizada, recuerda Laparra, es prioritariamente la inclusión social de sus beneficiarios. Y no hay mejor instrumento de inclusión social que el empleo. Para fomentarlo, el Gobierno tirará de fórmulas como el empleo social protegido o el conjunto de políticas activas de empleo, que se orientarán hacia el colectivo de perceptores de Renta Garantizada de acuerdo con los estímulos contemplados en la ley que regula estas ayudas.

En materia de empleo se contemplan otras medidas como el trabajo conjunto entre el Servicio Navarro de Empleo y los servicios sociales, la adaptación de las ofertas formativas a las necesidades territoriales y a los perfiles de las personas en situación de exclusión social o la promoción de acciones de carácter ocupacional para personas que no están en condiciones de trabajar.

Vivienda, Salud y Educación

En materia de Vivienda, el plan recoge el derecho subjetivo de las personas a una vivienda digna. Como el acceso a un domicilio será exigible a la Administración, el Gobierno quiere acomodar su oferta de inmuebles a los jóvenes y familias vulnerables, sectores con más dificultades y que Laparra cifra en hasta 2.500 núcleos familiares. El compromiso que contempla para ellos el plan es ofrecerles una vivienda de alquiler social (o ayudas para pagar el alquiler de la vivienda habitual) a todas las personas demandantes registradas con ingresos inferiores a dos veces el alquiler de mercado, a los que no se les haya ofrecido antes y que no la hubieran rechazado en los últimos 5 años.

En materia de Educación, el Gobierno estudia cómo reducir el abandono escolar temprano y situarlo por debajo del 8%, teniendo en cuenta que en 2017 el problema afectaba al 11,3% de la población joven de Navarra. El plan aborda cómo reducir la proporción de jóvenes que no está estudiando ni trabajando (el 14,3% el año pasado) y dejarlo por debajo del 10% para la población de entre 15 y 29 años.

En materia de Salud, el Plan se marca como objetivo reducir en un 10% las desigualdades encontradas en el estado de salud de los perceptores de Renta Garantizada. Por ejemplo, la obesidad y el sobrepeso infantil y juvenil es tres veces más frecuente entre las personas beneficiarias de Renta Garantizada, factor directamente relacionado con las barreras económicas de acceso a alimentos saludables. Asimismo, la diabetes es también más frecuente entre este colectivo.

El TC acaba de resolver uno de los siete recursos que mantiene el Estado contra leyes navarras y lo ha hecho para tumbar la principal herramienta de la llamada “ley antidesahucios”: Navarra no podrá parar desahucios expropiando las viviendas de bancos o entidades jurídicas y aduciendo para ello razones de interés social. A imagen de la también recurrida ley de Vivienda de Andalucía, la ley foral de medidas urgentes en materia de vivienda del año 2013 incluía esta posibilidad entre sus disposiciones.

Si las víctimas del desahucio eran personas en situación de emergencia social, el Gobierno podría expropiar a los bancos o las entidades jurídicas las viviendas para entregarlas a sus habitantes a cambio de un alquiler social. La medida no se llegó a ejecutar nunca, puesto que el Estado recurrió la ley de inmediato y el TC decretó su suspensión. Ahora, el alto tribunal ha resuelto que la medida anti desahucios no es legal.

Por el contrario, el TC sí avala que Navarra pueda expropiar viviendas a bancos o inmobiliarias si dichos inmuebles no han sido ocupados durante dos años y en el caso de que los propietarios hayan desatendido las advertencias de expropiación. Esta disposición está contemplada en la ley foral dentro del capítulo de régimen sancionador, y considera infracción muy grave no dar uso efectivo a una vivienda durante dos años si su propietario es una persona jurídica (un banco, una inmobiliaria). La ley considera “causa justificativa de una expropiación forzosa” que los propietarios del inmueble lo mantengan vacío y sin uso efectivo durante dos años. El TC avala la constitucionalidad de esta disposición.

No ocurre lo mismo con el núcleo de la normativa aprobada por mayoría en 2013, que declaraba de interés social la cobertura de la necesidad de vivienda de personas en situación de emergencia social y, además, sujetas a procedimientos de desahucio. Según el TC, esta disposición de la ley foral “invade competencias del Estado”

La vía judicial y la investigación política transcurren paralelas en el caso de la planta de purines de Ultzama, aunque previsiblemente puedan adoptar trayectorias divergentes: mientras que fiscalía ha pedido al juez el archivo de la causa penal, las conclusiones que se extraen del trabajo la comisión de investigación apuntan hacia una nefasta gestión por parte del Ayuntamiento de UPN. El Gobierno foral presentó una querella, recientemente ampliada, contra las dos empresas gestoras del proyecto, Levenger y Bioenergía Ultzama, contra el presidente de esta entidad, el empresario checo Jiri Bezdicek, y contra dos ediles de UPN que pertenecieron a su Consejo de Administración, Francisco Javier Tornaría y Francisco María Iribarren. El Ejecutivo entiende que se han cometido, entre otros, delitos de fraude, prevaricación municipal para lograr subvenciones y falsedad documental. La fiscalía, por su parte, se ha pronunciado en dos ocasiones pidiendo el archivo de la causa, al considerar que no hay evidencias de que se hayan cometido dichos delitos, y que incluso, se haberse cometido, estarían prescritos.

Mientras la titular del Juzgado de Instrucción 1 de Pamplona estudia si admite la querella del Gobierno, la comisión de investigación parlamentaria lleva a cabo un intenso trabajo de toma de declaración a una lista de implicados en la construcción y gestión de la ruinosa planta de purines.

La planta fue instalación para el tratamiento de los residuos de las explotaciones ganaderas ubicada en Iraizotz, inaugurada en diciembre de 2010 y que quebró cuatro años después, a pesar de haber recibido doble subvención pública que superó los tres millones de euros. Fue gestionada por el Ayuntamiento de Ultzama gobernado por UPN y fue cerrada por EH Bildu cuando sucedió a los regionalistas en dicho consistorio.

De manera que el combate político se libra entre dos bandos formados por UPN y, al otro lado del ring, en el papel de acusación popular, los cuatro grupos que apoyan al Gobierno. Comandados por EH Bildu, defienden que el asunto Ultzama es un flagrante caso de corrupción protagonizado por UPN. Los regionalistas, por su parte, basan su defensa en negar la mayor y mantienen que “no hay caso Ultzama” y que todo el ‘ruido’ está siendo provocado por la estrategia política de EH Bildu.

Datos escabrosos

Sin entrar a determinar si hubo o no responsabilidad penal en los hechos, el objetivo de la comisión de investigación se centra en averiguar si la construcción de la planta fue necesaria; si el sistema de doble facturación detectado por la Cámara de Comptos, el máximo órgano consultor de la Comunidad foral, fue la fórmula que se buscó para conseguir dobles ayudas públicas por parte del Gobierno; cómo es posible que una instalación recién construida y con subvenciones públicas terminase siendo ruinosa en menos de cuatro años; y quién es el responsable de todos estos hechos.

Han comparecido ante la comisión de investigación numerosos cargos públicos o que lo fueron durante el funcionamiento de la planta de purines. Los actuales consejeros de Desarrollo Económico y Desarrollo Rural, el anterior consejero de Agricultura regionalista, la propia alcaldesa actual de Ultzama o los ediles regionalistas contra quienes se ha querellado el Gobierno, que se acogieron a su derecho a no declarar.

El último técnico en explicar su visión de los hechos a la comisión de investigación ha sido el administrador concursal de la planta, cuya declaración da fe de la situación ruinosa de las instalaciones a los cuatro años de haberse inaugurado: “La planta estaba en mal estado, en un deficiente estado de conservación, con una tecnología que no funciona y constantemente tiene averías”.

Otras declaraciones anteriores han puesto de manifiesto más aspectos escabrosos sobre la gestión de la planta, como que el software de la maquinaria para el tratamiento de los purines estaba en checo; que una de las empresas del entramado de la supuesta doble facturación, Levenger, fue la encargada de facilitar una maquinaria de procedencia inusual y cuyos materiales presentaron una calidad tan deficitaria que el deterioro fue demasiado rápido; que un informe en poder del Ayuntamiento reflejase que “el estado general de las instalaciones era de abandono, llenas de suciedad, con materiales de todo tipo depositados por todas partes, desorganización y corrosión generalizada de elementos metálicos”, o que “sólo funcionaba uno de los motores de generación de electricidad y calor, y no lo hacía a pleno rendimiento”.

Golpes de efecto de UPN

UPN ha defendido a capa y espada la actuación de sus ediles en este asunto. El parlamentario regionalista Sergio Sayas, que se está empleando a fondo en el papel de letrado de la defensa, ha utilizado varios golpes de efecto con los que pretende llevar el debate al terreno de lo político y no al de las irregularidades o al de la nefasta gestión que revelan muchas de las declaraciones de los comparecenientes. Sayas denunció, por ejemplo, que entre la documentación remitida por el Ayuntamiento de Ultzama (ahora en manos de EH Bildu) a la comisión de investigación, figuraban fotografías personales de dos de sus concejales. “Y ya sabemos todos lo que ha ocurrido en esta tierra”, deslizó su compañero de filas Juan Luis Sánchez de Muniáin en referencia velada a la actividad terrorista de ETA. Burofax al Consistorio de por medio, los concejales exigieron saber qué información suya figura en la base de datos municipal y quién incluyó sus fotografías en el expediente municipal sobre la planta de purines.

Todas las comparecencias de cargos regionalistas que estuvieron implicados directa o indirectamente en la puesta en marcha de la planta de purines han dejado ante la comisión de investigación un mensaje similar: todo se hizo de acuerdo a la legalidad vigente, no existen irregularidades, no hubo trato de favor, el proyecto era necesario pero su gestión no fue exitosa… En definitiva, no hay caso Ultzama. Un argumento al que UPN se aferra como a un clavo ardiendo al señalar que la fiscalía ha pedido en dos ocasiones el archivo de la causa. El problema para los regionalistas es que, aunque finalmente el Juzgado de Instrucción decidiera el archivo de la causa penal, la comisión de investigación abierta al público ha sacado a la luz una gestión nefasta de unas instalaciones construidas gracias a las dobles subvenciones públicas. Haya o no delito en lo ocurrido, la imagen de UPN como gestor de fondos públicos ha quedado seriamente dañada a raíz de los purines de Ultzama.

“La ley está para cumplirla”, como señala el representante de Batzarre Iñigo Rudi, pero desde que se aprobó la ley foral de Memoria Histórica en 2013, todavía quedan en Navarra al menos 224 símbolos franquistas que no se han retirado de los edificios, plazas y calles de la Comunidad foral, como ordena la citada ley. Para “cubrir esta laguna”, en palabras de José Miguel Nuin, parlamentario de IU, la coalición de izquierdas acaba de presentar una modificación de la ley de Memoria Histórica que le incorpora un régimen sancionador: los responsables de los inmuebles o el patrimonio del que no se hayan retirado los símbolos franquistas deberán pagar multas de entre 200 y 10.000 euros.

Nuin explica que “tras 81 años del inicio del golpe de estado franquista, todavía en muchas calles y edificios permanecen intocables algunos de los símbolos y menciones que la dictadura impuso. Y esto resulta una anomalía democrática”. Concretamente, según el censo provisional elaborado por el Gobierno foral, se trata de 224 elementos que ensalzan la dictadura franquista y que no han sido revocados, retirados o sustituidos. Este censo, en cuya elaboración han colaborado más de la mitad de los municipios de Navarra, señala que la mayoría de dichos símbolos franquistas se encuentran en edificios y espacios públicos (152 placas en edificios de viviendas, 53 laureadas, 14 placas en honor a los caídos del bando nacional en otras tantas iglesias) y el resto son conjuntos monumentales como cruces o monumentos a los caídos del bando nacional.

La permanencia de toda esta simbología en los espacios públicos de Navarra constituye un incumplimiento de la ley de Memoria Histórica. Y para que dichas infracciones no queden sin castigo, IU propone un régimen sancionador que considera responsables de la no retirada de los símbolos franquistas a “las personas físicas y jurídicas, las uniones y entidades sin personalidad jurídica, los patrimonios hereditarios, independientes o autónomos”.

IU propone dos tipos de multas, según sea la gravedad del incumplimiento. Serán infracciones graves “las que incumplan la resolución por la que se requiere la retirada de los elementos de símbolos, leyendas y menciones franquistas; el incumplimiento de los deberes de conservación y mantenimiento o la producción de daños en un lugar de memoria histórica o en la señalización; así como no comunicar a la Administración foral el descubrimiento de restos que pudieran corresponder a personas desaparecidas durante la guerra civil o la dictadura”. Estas infracciones irán acompañadas de multas por importe de entre 2.000 y 10.000 euros.

Serán infracciones leves “la restitución o instalación de nuevos elementos relativos a menciones y homenajes a personas que significaron, por su apoyo al golpe de estado franquista y la posterior dictadura”, y supondrán multas de entre 200 y 2.000 euros.

El Gobierno de Barkos continúa sin tener claro cómo conseguir que las horas lectivas de religión se reduzcan en el sistema educativo navarro. Ha pasado más de un año desde que el Parlamento aprobase una moción de IU, a la que sólo se opuso la derecha, que instaba al Ejecutivo a modificar los decretos del currículo en la ESO y los de jornada y horario para reducir al mínimo legal la carga lectiva de la asignatura de religión. En los huecos que dejase la desaparición de estas clases, proponía IU, se podían incluir contenidos educativos de los que recoge el decreto foral de Salud Sexual y Reproductiva. Pero el Gobierno sigue sin saber cómo llevar a efecto este compromiso del cuatripartito. Y la propuesta que ha presentado en el Parlamento la consejera de Educación, María Solana, no ha satisfecho a IU. Solana considera que “es suficiente” con modificar dos órdenes forales y que no es necesario introducir cambios en el currículo. IU ha advertido que este planteamiento no aporta garantías, y que seguirá presionando para que la reducción de las horas de religión sea una realidad en esta legislatura.

La portavoz de la coalición de izquierdas, Marisa de Simón, ha pedido cuentas a Solana sobre sus gestiones después de más de un año de aprobada la citada moción. La consejera ha respondido que durante este tiempo el Gobierno ha estudiado “a fondo” las posibilidades legales para reducir las horas lectivas de religión y ha llegado a la conclusión de que “no es necesario acometer esas modificaciones” que reclamaba IU en su iniciativa. “No es lo mismo cambiar un decreto foral, que modificar una orden foral, que no viene acompañada de un dictamen del Consejo de Navarra”, se ha justificado la consejera.

El temor de su departamento a modificar el currículo básico de la ESO es que será preciso someter los cambios al parecer del máximo órgano consultivo de la Comunidad foral, y no tiene del todo claro que el informe que se emita sea positivo. De hecho, el Gobierno conoce el precedente de lo ocurrido en Extremadura, donde se cambió el currículo para reducir al mínimo legal las horas de enseñanza de religión y los cambios fueron declarados contrarios a derecho por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Esta instancia judicial señaló que el marco en el que deben resolverse los cambios lectivos de religión es el Concordato entre España y el Vaticano de 1979. El propio parlamentario de Geroa Bai Patxi Leuza ya advirtió sobre estas dificultades hace un año, antes de aprobar la moción de IU con el resto del cuatripartito. “Este tema hay que enmarcarlo en un contexto más amplio de reforma constitucional o nuevos acuerdos entre la Iglesia y el Estado”, expuso.

Trece meses después, la consejera de Educación considera que modificar dos órdenes forales “sería suficiente”. Esta opción, ha dicho, se ha “contrastado a fondo con los letrados” y parece ser la mejor fórmula de evitar recursos o dictámenes jurídicos en contra. El inconveniente, ha reconocido Solana, es que tal vez la reducción de las horas de religión no sea de obligatoria aplicación en los centros concertados.

“Está clarísimo que lo que hay que modificar es el currículo básico, que es de obligado cumplimiento para todos los centros públicos y para todos los que están sostenidos con fondos públicos”, ha respondido por IU Marisa de Simón. “El Gobierno tiene la obligación de llevar a cabo esta medida”, ha advertido a la consejera, “vamos a insistir en que esos cambios normativos se produzcan”.

Ya es un hecho: cumplir el acuerdo programático que suscribieron al comienzo de la legislatura Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda Unida se negocia a cinco bandas y no a cuatro. La portavoz del Gobierno foral, María Solana, ha legitimado hoy a la ex líder de Podemos, Laura Pérez, expulsada del partido, como “interlocutora válida” del cuatripartito. También ha aclarado que el compromiso del Gobierno se firmó inicialmente con Podemos, por lo que seguirá negociando con la actual dirección política de la formación morada.

Esta declaración de intenciones del Gobierno busca que la división en Podemos no cause males mayores al cuatripartito. Aunque, en principio, que el Gobierno avale a Laura Pérez como interlocutora válida podría molestar de forma importante a la dirección de Podemos, en realidad se trata de un movimiento que pretende calmar las aguas en el Parlamento para que la ruptura del grupo morado no se lleve a cabo por las bravas.

Los cuatro parlamentarios críticos de Podemos tienen en su mano expulsar del grupo a la presidenta del Legislativo, Ainhoa Aznárez, mano derecha de la actual dirección de Podemos. Aznárez pasaría automáticamente a ser “parlamentaria no adscrita” y perdería su condición de presidenta del Parlamento. Si los otros dos parlamentarios que no se han rebelado contra Podemos fueran también expulsados o decidieran abandonar el grupo, el cuatripartito perdería su mayoría en la Junta de Portavoces y en las comisiones. Una pérdida de poder que dificultaría enormemente sacar adelante los compromisos de cuatripartito para el último tramo de la legislatura.

De manera que el Gobierno no quiere llegar a ese escenario bajo ningún concepto, y por ello contemporiza tanto con Pérez y su mayoría en el grupo parlamentario, como con Podemos y su unanimidad en los órganos de dirección del partido. “Creemos que el interés general está por encima de los intereses particulares y, evidentemente, por encima de los intereses partidistas. Confiamos en que esto sea un mantra para todos los que estamos en algún cargo público en general, y en el Parlamento de Navarra en particular”, ha deseado la portavoz Solana.

“No sé cómo Podemos tiene pensado funcionar dentro de lo que es el grupo parlamentario, qué deriva tomará, cuál será la cuestión, el dibujo final”, ha admitido Solana. Pero, ha querido insistir, “lo que sí entendemos es que, en el caso de Laura Pérez, sigue siendo una parlamentaria foral, que ha negociado un acuerdo programático y un contenido concreto, y hasta el día de hoy no he visto ni un caso en el que no se haya visto ella misma reflejada en ese acuerdo que apoyó, que ayudó a redactar y que firmó”.