Por si había dudas a disipar, el pasado viernes, con el auto de procesamiento dictado la desde la máxima institución del poder judicial español que es el Tribunal Supremo, el juez Llarena hizo entrar a toda la judicatura como institución y jerarquía en cruzada abierta contra el independentismo. No debía de ser casual que todo pasara el primer día de la Semana Santa, en viernes de dolores. Desde un estado tan poco aconfesional, seguro que la causa general se concibe, otra vez, en aquella Inquisición tan hispánica como una vía de expiación colectiva del ataque a la sacrosanta unidad de la patria.

Esta causa general, dirigida desde las altas instancias del Estado, con plena concertación de todos sus poderes, ha transmutado en un juicio de país que mantiene al vicepresident de la Generalitat, cinco consellers, la que fue presidenta del Parlament y los líderes de dos de las principales entidades del país en prisión y el resto del Govern en el exilio, con Carles Puidemont bajo custodia en Neumünster.

Todo ello sin olvidar el resto de imputados por el Tribunal Supremo, las personas investigadas por el juzgado de instrucción 13 de Barcelona, los cientos de cargos electos investigados, y las decenas de personas citadas a declarar por las huelgas del 3 de octubre y el 8 de noviembre y demás hechos de octubre, en una clara demostración de que la administración de justicia se encuentra claramente posicionada en el conflicto. Y sin equidistancia posible, porque los independentistas no disponemos de instituciones ni poder similar.

En el Estado español del año 2018 se está consolidando una deriva autoritaria en muchos aspectos. En cuanto al independentismo, ha comenzado a aplicársele el “derecho penal del enemigo” como una especie de “doctrina del shock”. De hecho, el derecho penal del enemigo, prohibido en sistema democrático, se definía por el propio Tribunal Supremo español en la sentencia contra las detenciones de Guantánamo en tres elementos: juzgar a la gente por cómo es o cómo piensa en vez de por lo que ha hecho, eliminar las garantías procedimentales (que no te juzgue el tribunal que te correspondía), y la desproporción de las penas, como en el caso de la imputación por rebelión. Estos tres elementos son los que ahora mismo este tribunal aplica contra el independentismo en un Guantánamo europeo bastante particular.

El aparato represivo del Estado, compuesto por actores policiales y judiciales y que busca aplicar la “doctrina del shock”, se encuentra plenamente posicionado en el combate político para impedir el ejercicio del derecho a la autodeterminación. De hecho, el triunvirato PP-PSOE-C's se sumó a esta explosión represiva mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Así consumaba la unidad de acción entre todos los poderes del Estado, poderes institucionales, políticos , mediáticos y de calle, como las agresiones de la extrema derecha.

Se utiliza la brutalidad policial del 1-O como argumento para aplicar el 155 y para encarcelar a quien defendió ejercer el derecho a la autodeterminación. Es decir, se utiliza de argumento la brutalidad policial ejercida por el régimen para el simple mantenimiento del régimen. El orden social post155, fruto de la represión ejercida por todos estos poderes, en ningún caso es una solución del conflicto. Es sólo una manera de esconder el conflicto, de apartarlo a través de la estrategia del miedo.

En este contexto post155 se ha debatido mucho sobre la necesidad de rebajar el conflicto para no condicionar la defensa de las personas encausadas y en prisión preventiva. Pero el procesamiento dictado por el juez Llarena demuestra que no es una 'cuestión de desescalar' porque, en uno de los momentos de menos movilización independentista y de menos confrontación con el Estado, se ha dictado una de las resoluciones más duras y llenas de crueldad contra las filas independentistas, en una perversión absoluta del relato. Ante los últimos hechos, se evidencia que hay que cambiar la estrategia de la lucha antirrepresiva del conjunto del independentismo.

Dar un paso adelante

Desde la experiencia de la lucha antirrepresiva de la izquierda independentista y anticapitalista, pero también partiendo de este análisis de la situación actual y de la ofensiva judicial y política del Estado, la CUP ha defendido desde el inicio de esta macrocausa de país que hay que ir más allá y dar un paso adelante. Planteamientos como el 'no se atreverán a...' deben desaparecer de nuestro vocabulario.

Por si alguien lo había dudado, se evidencia que jueces, fiscales y cuerpos policiales, en su mayoría, están dispuestos a atreverse a hacer todo lo que consideren necesario para la preservación del régimen. No hay límites porque ha desaparecido cualquier concepto propio del Estado democrático basado en contrapoderes, equilibrios y derechos de la ciudadanía, que son precisamente eso, límites a la actuación abusiva de los poderes del Estado.

En esta idea de dar un paso más, de trabajar para detener y superar el embate represivo, es necesario construir una estrategia antirrepresiva que implique a todos los actores, y que parta de unos elementos comunes que tengan claro que el conflicto político ha sido el punto de partida y debe ser el punto de llegada de esta estrategia.

Hay que trabajar un frente común antirrepresivo donde se apoye a las personas encausadas y su entorno, desde el punto de vista económico, pero también emocional y político. Si partimos de que estamos ante una causa política las consecuencias deben ser asumidas colectivamente. La macrocausa del 'juicio de país' está vinculada a las tantísimas causas abiertas en todo el país contra la ciudadanía, que en estos momentos podemos decir que seguro superan la barrera de las mil personas, entre cargos electos, huelguistas, personas que mostraron su rechazo a la presencia de los cuerpos policiales, informáticos que colaboraron en la página web del referéndum o profesores que hablaron de la brutalidad policial del 1-O en las aulas.

De la represión más pequeña y más arrinconada hasta la macrocausa, todas ellas tienen el mismo origen y deben ser analizadas y tratadas en el conjunto.

Y es por eso también que este frente debe buscar establecer una estrategia lo más conjunta posible entre todas las personas afectadas, de fortaleza jurídica, pero sobre todo con alto contenido político. Una estrategia que sirva para destapar la naturaleza de estos procesos, tanto para el establecimiento de tribunales ad hoc, como por la recuperación de figuras delictivas del pasado y la criminalización de la actividad parlamentaria, entre otros. Tenemos claro que la mejor y la más fina de las estrategias jurídicas sólo será útil si tiene la fuerza de ir acompañada del conflicto político que ha originado este juicio de país.

Queremos ser un espejo que desde fuera que muestre la verdadera naturaleza del Estado. Es por ello que hay que vincular la estrategia antirepressiva a la estrategia de internacionalización del caso catalán, ya que se tiene que poner sobre la mesa el ejercicio del derecho a la autodeterminación que nos es sistemáticamente negado con la grave suspensión de los derechos civiles y políticos de los tratados internacionales suscritos por el Estado español.

Unos tratados que, además, no disponen de ninguna garantía institucional, porque quien debería encargarse de tutelarlos, los tribunales, se encuentra claramente posicionado en contra de la tutela de derechos. Este ejercicio de hacer de espejo también debe mirar hacia el Estado español, ya que el retroceso de derechos no nos afecta sólo a nosotros. Catalunya ahora mismo sólo es el laboratorio.

Desde la izquierda independentista y anticapitalista siempre hemos tenido claro que la represión también es y debe ser una herramienta política. No puede ser sólo utilizada en términos de defensa jurídica, sino que también debe poder reconvertirse como herramienta de pedagogía , y debe ser un argumento más en la defensa de nuestro proyecto político y de nuestra convicción independentista y republicana. En definitiva, en la lucha antirrepresiva es importante organizarse y organizarnos, trabajar un marco común de defensa de derechos y libertades que tenga claro el origen político de la regresión de derechos, y que sirva para movilizarnos de forma permanente frente la represión.

Organizarnos y movilizarnos en barrios, pueblos y villas para denunciar la represión calle a calle y tejer y recoger las más amplias solidaridades. Hacer un frente común que parta del 1-O, el 3-O, y que construya políticamente ante una represión que busca la desmemoria de la brutalidad policial, la desmemoria de la vulneración de derechos, pero sobre todo una desmemoria de lo nos llevó a organizarnos el 1-O: la república.

"Hay que ser explícito en la prohibición del uso del patrimonio público por parte de la sanidad privada", aseguran la exdiputada y la diputada de la CUP

Los presupuestos de 2016 llevan una sorpresa amarga para la sanidad pública. El anteproyecto de ley de medidas fiscales, la norma que acompaña a los presupuestos y que modifica ochenta artículos de leyes existentes, posibilitará la utilización por parte de la sanidad privada de las instalaciones de los centros sanitarios públicos.

En concreto, el anteproyecto que el Gobierno aprobará antes de final de mes modificará el artículo 51 de la Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña (LOSC), que regula el patrimonio del Servicio Catalán de la Salud. La modificación habilitará que el Director del CatSalut, “pueda autorizar con una simple resolución el uso de los bienes inmuebles de su patrimonio, ya sean propios o adscritos, vinculados a la prestación de servicios de salud para las entidades proveedoras de servicios sanitarios”.

¿A quién puede autorizar este uso? La norma, de momento, no lo dice. Es decir, no dice a quién beneficia esta modificación sobre el uso del patrimonio público. Lo que sí dice pero es que “puede establecer el carácter gratuito o con contraprestación del uso autorizado”.

¿Por qué decimos que esto puede ser grave? El patrimonio del Servicio Catalán de la Salud es público, y se usa para llevar a cabo actividad sanitaria pública. La introducción de esta modificación permitirá que este patrimonio ya no sólo sea usado para hacer actividad sanitaria pública sino también para hacer actividad privada.

Lo permitirá porque la norma no hace ninguna mención sobre quién puede usar o no el patrimonio público, y porque no excluye expresamente el aprovechamiento privado para generar beneficios de estas infraestructuras públicas. Además, incluye un precepto destinado a orientar el patrimonio a la utilización privada: ¿qué sentido tendría exigir una contraprestación por la utilización del patrimonio del CatSalut?

Estamos ante otro intento de permitir y regular la realización de actividad privada en los centros sanitarios públicos, como lo hizo en su día la Instrucción 5/2015. La instrucción entraba en vigor el 1 de abril de 2015 y quedó suspendida por orden del Parlament el 7 de mayo pasado mediante una resolución que la deja “sin efecto” hasta que no “se someta a debate y aprobación en sede parlamentaria la regulación de la actividad sanitaria privada en centros sanitarios del Sistema Sanitario Integral de utilización pública de Catalunya (SISCAT)”. El SISCAT es la red de centros de utilización pública, aunque su titularidad también puede ser privada o público-privada.

Si el objetivo de esta modificación incluida en el anteproyecto de ley de acompañamiento de presupuestos no es facilitar la actividad privada en los centros sanitarios públicos evitando así el debate público, hay que ser explícito en la prohibición del uso del patrimonio público por parte de la sanidad privada.

La voluntad de hacer actividad privada en los centros sanitarios y en las instalaciones públicas volvía a estar sobre la mesa en el Plan de Choque de Junts pel Sí. “La asistencia sanitaria privada en centros, servicios y establecimientos del SISCAT es una fuente de ingresos para el sector sanitario público que si se regula adecuadamente tiene un impacto positivo en la reducción de las listas de espera”, decía el punto 31 del documento de JxSí.

Debemos recordar además, que esta voluntad de hacer actividad privada llega tras años intensos de recortes y de precarización de la sanidad pública y de favorecimiento deliberado de la sanidad privada. Así, desde el comienzo de la crisis, los centros sanitarios total o parcialmente públicos, han visto sus presupuestos mermados de forma importante, comprometiendo en algunos casos la propia viabilidad del centro. Desde 2010, el presupuesto del Departamento de Salud ha adelgazado más de 1.000 millones y ha pasado de un total de 9.548 millones a los 8.467 de este año, un 11,3% menos.

Mientras tanto, se ha disparado el número de derivaciones de pacientes hacia centros privados -más de 16.000 sólo en 2014-, así como el negocio con fondos públicos de grupos con ánimo de lucro, con IDC Salud (la antigua Capio) como máximo exponente. El grupo ha pasado de ingresar menos de 56,5 millones en 2008 -a través de los convenios o contratos con el Servicio Catalán de la Salud- a ingresar casi 82 en 2013, un 45% más. En época de recesión económica, también ha crecido el volumen de personas con seguros médicos privados.

Este panorama nos dibuja que más del 24% del presupuesto de Salud, en concreto 2.450 millones de euros, se derivan a la sanidad privada. Y esto genera una red de sanidad privada parasitaria, ya que las mutuas y otras empresas privadas sanitarias pueden prestar servicios a sus clientes sin tener que asumir costes de inversión en infraestructuras, por lo tanto les sale más barato y pueden conseguir más clientes ofreciendo precios más bajos. Nos encontramos pues que con los recursos de todos se permite el lucro de unos pocos, donde ofrecen unos servicios asistenciales de menor calidad para abaratar costos y así pueden generar más beneficio. Negocio redondo.

Lo que se quiere aprobar mediante la ley de medidas fiscales es doblemente grave: por el contenido pero también por la metodología, por no plantear el debate abiertamente y de cara sobre si queremos o no actividad privada en los centros sanitarios públicos. Incluirlo en la ley de acompañamiento de los presupuestos es una manera de colarlo por la puerta trasera.

Consecuencias en las listas de espera y en la equidad de acceso

Más allá de eso, no podemos dejar de explicar qué implicaciones tendrá que se posibilite la utilización de las infraestructuras públicas para hacer sanidad privada.

Supondrá un aumento de las listas de espera si los centros deben atender más actividad. Además, se genera una doble lista de espera, una para aquellas personas que no queremos pagar y una para las personas que quieran y puedan pagar. Nuestros derechos sanitarios dependerán de nuestros recursos económicos, lo que hará aumentar la desigualdad en el acceso a la salud. Las clases populares veremos empeorado nuestro acceso a la sanidad pública, y en consecuencia nuestra salud.

Las instalaciones pagadas con recursos públicos estarán al servicio de los intereses económicos privados. Así, se blinda una práctica muy común durante los años de Boi Ruiz al frente de Salud: los quirófanos que se cierran por las tardes para la sanidad pública debido a los recortes abren para pacientes de pago. Con la adopción de criterios de “sostenibilidad” y “eficiencia” el concepto de “servicio público” se diluye en favor del concepto de “servicio de mercado”.

Esta medida que el Govern quiere aprobar para la utilización de las infraestructuras del servicio de salud es uno más de los chanchullos para no situar una diferenciación clara entre lo público y lo privado. Que una misma infraestructura, y está por ver si también el personal sanitario (como es el caso de Barnaclínic) deban responder a intereses públicos ya intereses privados facilita que se confundan estos dos ya que no se establece una línea de separación clara sobre dónde empieza lo privado y donde termina.

Recordemos que el confusionismo de intereses públicos y privados es una de las conductas facilitadoras de la corrupción en sanidad de los últimos años, así casos como el INNOVA en Reus y muchos otros. Son un ejemplo de no establecer la separación entre lo público y lo privado, de gestionar lo público como si fuera privado.

Si esta medida se aprueba, la aceleración y sobre todo la normalización de la actividad privada a cargo de los presupuestos públicos estará garantizada. Si no queremos que con nuestra salud se haga un negocio, está en nuestras manos pararlo: digamos no a la actividad privada en los centros públicos.

La setmana passada el community manager del twitter dels Mossos va piular:

La reacció des del feminisme va ser contundent, la resposta d’aquells que volen treure ferro a l’afirmació -per banalitzar la violència masclista- també. Sumem-hi els insults d’aquells que, fent bandera de la nostra exageració, delaten el seu masclisme i la seva voluntat de continuar en una societat patriarcal, on els rols suposadament assignats i el llenguatge utilitzat no fan més que reproduir el model que humilment, però rotundament, volem canviar.

I ens diuen que el community manager va utilitzar el genèric femení per parlar com nosaltres, les dones de la CUP-Crida Constituent. I és el primer cop que ho veiem. I ho dubtem. Tenim la certesa que el consell només anava dirigit al 50% de la població, la dèbil, l’agredida, la que no pot anar sola de nit.

I ens diuen que tenim la pell fina, que és un consell per tothom. Exagerades. Però nosaltres voldríem desmuntar la idea de l’agressor desconegut que ataca de nit i a carrers foscos. La majoria d’assassinats per violència masclista es donen a mans de les parelles de les dones agredides, i la major part d’agressions a mans de familiars i/o amics d’aquestes. Però d'això no se’n parla, del que passa a dins de casa. La vella reclama que allò personal és polític. Ens podeu dir pesades, sí, volem acabar amb un xacra social, amb els feminicidis que, precisament, no són dels que adverteix el community manager dels mossos.

I ens diuen feminazis, que en fem un gra massa amb això del masclisme. I ni en fem un gra massa -de fet, qui decideix què és massa o poc?- ni ens sembla acceptable homologar el feminisme al nazisme; no calen explicacions per entendre-ho. I nosaltres seguim denunciant, assassinada rere assassinada que no, que els terroristes són altres, els maltractadors. I repetim que la violència i les agressions són la cara més extrema d’un model assumit i reproduït: el patriarcat. I que per això també ens manifestem de nit, el 8 de març. I que no volem haver de recordar a ningú que la nit és nostra. I que volem ser lliures, i que criticar-nos és impedir que trenquem les cadenes.

I ens diuen que és un consell que tothom i totdona dóna a les seves filles quan surten de nit. I nosaltres contestem que la nit com a perill per les dones individualitza la responsabilitat del risc envers elles, i no assumeix socialment el conflicte polític del patriarcat.

I ens diuen que no anem soles. I nosaltres els diem que en tot cas anem juntes, i que no volem passar por, que potser no imaginen quina és la sensació que ens inoculen des de petites, i com sabem i sentim què pot ser la foscor. Però que en tot cas, sortirem si ens dóna la gana, i on més ens vingui de gust, que la llibertat és això i que treballem perquè la llibertat sigui completa, i per això han de treballar els poders públics, per prevenir i combatre les agressions, i això és, incorporant l’agenda feminista a les seves polítiques.

I ens diuen que els Mossos fan una gran tasca i que van detenir al violador del cúter el mateix dia. I els hi donem la raó. Però també recordem les retallades que hi ha hagut en temes de violència de gènere. I sabem que no és responsabilitat dels agents, però sí dels responsables polítics.

I ens diuen que una diputada hauria de mesurar les seves paraules i contestar havent reflexionat. I els hi diem que 140 caràcters no són suficients i que per això contestem totes. I els hi diem que el cos públic hauria de mesurar també les seves paraules, i actualitzar els seus coneixements abans de piular, que per això és un treballador públic i que té una responsabilitat cabdal en un tema tan seriós com la violència de gènere i les agressions a nosaltres, les dones. I els diem que els mitjans de comunicació són també responsables de reproduir i perpetuar certs estereotips. I que potser tenen un pacte no escrit per no parlar més del tema, no vagi a ser que la societat se n'adoni de la magnitud del problema i el community manager hagi de tuitejar parlant dels agressors, del patriarcat, dels seus privilegis i de totes les complicitats que el fan possible, i no de les dones víctimes, i no de nosaltres.

La semana pasada el community manager del twitter de los Mossos tuiteó:

La reacción desde el feminismo fue contundente, la respuesta de aquellos que quieren quitar hierro a la afirmación -por banalizar la violencia machista- también. Hay que sumar también los insultos de aquellos que, haciendo bandera de nuestra exageración, delatan su machismo y su voluntad de continuar en una sociedad patriarcal, donde los roles supuestamente asignados y el lenguaje utilizado no hacen más que reproducir el modelo que humildemente, pero rotundamente, queremos cambiar.

Y nos dicen que el community manager utilizó el genérico femenino para hablar como nosotras, las mujeres de la CUP-Crida Constituent. Y es la primera vez que lo vemos. Y dudamos. Tenemos la certeza de que el consejo sólo iba dirigido al 50% de la población, la débil, la agredida, la que no puede ir sola de noche.

Y nos dicen que tenemos la piel fina, que es un consejo para todas. Exageradas. Pero nosotras queremos desmontar la idea del agresor desconocido que ataca de noche y en las calles oscuras. La mayoría de asesinatos por violencia machista se dan a manos de las parejas de las mujeres agredidas, y la mayor parte de agresiones a manos de familiares y/o amigos de las mismas. Pero de eso no se habla, de lo que pasa dentro de casa. La vieja reclama que lo personal es político. Nos pueden decir pesadas, sí, queremos acabar con un lacra social, con los feminicidios que, precisamente, no son del tipo que advierte el community manager de los mossos.

Y nos dicen feminazis, que exageramos con eso del machismo. Y ni exageramos -de hecho, ¿quién decide qué es demasiado o poco?- ni nos parece aceptable homologar el feminismo al nazismo; no hacen falta explicaciones para entenderlo. Y nosotras seguimos denunciando, asesinada tras asesinada que no, que los terroristas son otros, los maltratadores. Y repetimos que la violencia y las agresiones son la cara más extrema de un modelo asumido y reproducido: el patriarcado. Y que por eso también nos manifestamos de noche, el 8 de marzo. Y que no queremos tener que recordar a nadie que la noche es nuestra. Y que queremos ser libres, y que criticarnos es impedir que rompamos las cadenas.

Y nos dicen que es un consejo que todos y todas dan a sus hijas cuando salen de noche. Y nosotras contestamos que la noche como peligro para las mujeres individualiza la responsabilidad del riesgo hacia ellas y no asume socialmente el conflicto político del patriarcado.

Y nos dicen que no vayamos solas. Y nosotras les decimos que en todo caso vamos juntas, y que no queremos pasar miedo, que quizás no imaginan cuál es la sensación que nos inoculan desde pequeñas, y como sabemos y sentimos qué puede ser la oscuridad. Pero que en todo caso, saldremos si nos da la gana, y donde más nos apetezca, que la libertad es eso y que trabajamos para que la libertad sea completa, y para esto deben trabajar los poderes públicos, para prevenir y combatir las agresiones, y esto es, incorporando la agenda feminista en sus políticas.

Y nos dicen que los Mossos hacen una gran labor y que detuvieron al violador del cúter el mismo día. Y les damos la razón. Pero también recordamos los recortes que ha habido en temas de violencia de género. Y sabemos que no es responsabilidad de los agentes, pero sí de los responsables políticos.

Y nos dicen que una diputada debería medir sus palabras y contestar habiendo reflexionado. Y les decimos que 140 caracteres no son suficientes y que por ello contestamos todas. Y les decimos que el cuerpo público debería medir también sus palabras, y actualizar sus conocimientos antes de tuitear, que para eso es un trabajador público y tiene una responsabilidad primordial en un tema tan serio como la violencia de género y las agresiones a nosotras, las mujeres. Y les decimos que los medios de comunicación son también responsables de reproducir y perpetuar ciertos estereotipos. Y que quizás tienen un pacto no escrito para no hablar más del tema, no vaya a ser que la sociedad se dé cuenta de la magnitud del problema y el community manager tenga que tuitear hablando de los agresores, del patriarcado, de sus privilegios y de todas las complicidades que lo hacen posible, y no de las mujeres víctimas, y no de nosotras.