Desastres naturales cada vez más frecuentes y dañinos

Los desastres naturales —como inundaciones, olas de calor, sequías o incendios— son cada vez más frecuentes e intensos. Las generaciones actuales están expuestas a una mayor acumulación de eventos extremos a lo largo de su vida, especialmente los grupos socioeconómicamente más vulnerables. Aunque España no ha sido históricamente un país muy expuesto a fenómenos meteorológicos extremos, en los últimos años han aumentado de forma evidente las olas de calor continuadas, los incendios forestales con grandes superficies afectadas y las lluvias torrenciales. Un ejemplo reciente de especial relevancia por su virulencia fue la DANA del 29 de octubre de 2024, que provocó graves inundaciones en el sureste del país, con 238 víctimas mortales, a la espera del cómputo y daños superiores a 17.000 millones de euros, según algunas estimaciones. La DANA y la inundación a la que dio lugar fue, sin duda, uno de los desastres naturales más devastadores en Europa en el siglo XXI.

La DANA de Valencia (2024) permite analizar los efectos del estrés durante el embarazo en la salud de los bebés

En una investigación reciente consideramos este episodio como un shock exógeno que afectó de forma generalizada a una zona relativamente pequeña y homogénea del país desde el punto de vista sociodemográfico y que permite realizar un “experimento natural”. Gracias a la disponibilidad de microdatos que recogen todos los nacimientos en España registrados cada año, podemos analizar si los bebés expuestos a la DANA nacieron con peor salud que el resto. La salud en el momento del nacimiento está estrechamente relacionada con el desarrollo cognitivo y socioemocional, el logro educativo, la salud e incluso la posición socioeconómica en etapas posteriores de la vida. Constituye un indicador crucial sobre la posición de partida de las personas y de las desigualdades tempranas entre ellas, pero también es una buena aproximación, un buen atajo para predecir trayectorias vitales con mayores o menores ventajas.

Para llevar a cabo el análisis, combinamos los microdatos administrativos relativos a la salud de todos los bebés nacidos en 2023 y 2024 —disponibles en el INE— con datos objetivos sobre daños materiales causados por la DANA en el nivel municipal. Para evitar “ruido” relacionado con las diferentes características de la población, de la economía, de las instituciones o de las respuestas de gestión proporcionadas, únicamente analizamos los nacimientos registrados en la Comunidad Valenciana y no en otras Comunidades Autónomas también afectadas. Seleccionamos un único indicador de salud en el momento del nacimiento, el riesgo de prematuridad. La prematuridad es el correlato más evidente de la morbilidad y mortalidad neonatal y sabemos que el riesgo de nacer antes de término es especialmente sensible al estés prenatal, también el inducido por catástrofes naturales.

Municipios afectados e intensidad de los daños materiales 

En el Gráfico 1 se muestran, para toda la Comunidad Valenciana y en color azul, todos los municipios afectados por las inundaciones (en total, 75); en gris aparecen aquellos que, de acuerdo con las clasificaciones oficiales, no se vieron directamente afectados.

En el Gráfico 2 mostramos los diferentes niveles de daño material que se produjeron durante el episodio, de acuerdo con los datos oficiales recogidos por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en su página web. En concreto, seleccionamos los datos relativos al daño en infraestructuras afectadas (en euros), los ajustamos al tamaño de la población del municipio y los dividimos en tres categorías: ningún daño, daños moderados y daños elevados. Los resultados que mostraremos a lo largo de esta entrada son similares si se utilizan indicadores alternativos de daño material.

Los embarazos expuestos a la DANA experimentaron un riesgo mayor de prematuridad

A partir de un diseño en el que comparamos embarazos expuestos y no expuestos a la DANA y analizamos su riesgo relativo de nacer prematuros, aportamos evidencia inédita hasta la fecha de los efectos de la DANA sobre la salud infantil a nivel poblacional y del estrés prenatal como posible mecanismo de explicación del daño.

Para identificar los embarazos expuestos a fecha 29 de octubre de 2024, seleccionamos todos los nacimientos de noviembre y diciembre de 2024 que tuvieron lugar en la Comunidad Valenciana. Dado que los datos de nacimientos registrados en el año 2025 no están disponibles aún, observamos únicamente una ventana de exposición a la DANA en el último tramo de la gestación, un tramo especialmente relevante de acuerdo con la literatura especializada por la alta susceptibilidad al estrés materno. Dividimos después estos nacimientos en dos grupos según residiera la madre gestante en un municipio que resultó afectado por la DANA o en uno que no.

Comparamos la salud de estos dos grupos de bebés post-DANA con otros dos grupos equiparables, nacidos justo un año antes, en noviembre y diciembre de 2023, en los mismos municipios. Medimos específicamente la probabilidad de nacer antes de término (es decir, prematuramente) de los bebés directamente afectados por la DANA en comparación con los no directamente expuestos. En el Panel A del Gráfico 3 mostramos tal efecto: los bebés afectados experimentaron un mayor riesgo de nacer prematuros.

A continuación, analizamos si haber vivido los efectos de la DANA con una intensidad mayor redunda en un mayor daño en términos de salud neonatal. Para ello comparamos los tres niveles de exposición directa a la DANA ya explicados —ninguno, moderado y elevado—, que aproximamos a través del nivel de daños en infraestructuras registrados en el nivel municipal. En el Panel B del Gráfico 3 mostramos que, en efecto, una mayor intensidad se traduce en un perjuicio superior: los bebés residentes en municipios que sufrieron daños más elevados experimentaron más riesgo de prematuridad que el resto. Aunque pequeños en magnitud, los dos efectos que mostramos son relevantes en términos sustantivos. Si tomamos como referencia factores de riesgo de consenso en la literatura especializada, el incremento en el riesgo que encontramos es mayor que el de la edad avanzada de la madre, pero menor que el del tabaquismo durante la gestación.

El embarazo es un periodo especialmente sensible. El estrés que experimenta la gestante como consecuencia de acontecimientos extremos, como las lluvias torrenciales de octubre de 2024 y las inundaciones y otros daños que éstas generaron, puede afectar a procesos biológicos, tanto en la propia a la madre como en el desarrollo del feto. De manera general, el estrés altera el funcionamiento del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, aumentando los niveles de cortisol que llegan al feto y causando alteraciones relevantes en su desarrollo neurológico, inmunológico y en la salud general del recién nacido. Los desastres naturales generan picos bruscos de estrés (estrés agudo) que intensifican estos mecanismos biológicos. Además, pueden producir cambios epigenéticos —como el acortamiento de los telómeros, marcador de envejecimiento biológico— que alteran la expresión génica y pueden tener efectos duraderos en la salud y el metabolismo de los bebés.

Diversos estudios sobre la exposición a estos picos de estrés prenatal agudo provocados por catástrofes naturales han corroborado cambios en la regulación del estrés, mayor riesgo metabólico y otros efectos adversos relevantes para la salud a lo largo de todo el ciclo vital. Aunque en nuestros análisis no podemos medir de manera directa los niveles de estrés que experimentaron las madres durante su embarazo, los resultados son coherentes con que es, de hecho, uno de los principales mecanismos que explican la peor salud de los recién nacidos afectados por la DANA. Es muy posible que, incluso en las zonas no directamente afectadas —no inundadas— las mujeres embarazadas también sufrieran estrés, por lo que nuestros resultados serían una versión relativamente conservadora, en la parte inferior del rango posible de efectos. En futuras entradas explicaremos cómo los efectos difieren para madres con niveles socioeconómicos diversos, lo que nos dará pistas importantes sobre la interacción entre fuentes de estrés agudo, como el que se observa durante un desastre natural, y fuentes de estrés crónico, como el que supone contar con recursos limitados para mitigar los efectos dañinos de la exposición a este tipo de amenaza ambiental.

Nota: Esta entrada forma parte de los resultados de los proyectos PID2019-111564RB-I00/AEI/10.13039/501100011033, PRE2020-094473 y PID2023-151383OA-100.

La actualidad, con las negligencias en los cribados en la sanidad pública andaluza y la asfixia financiera de la Universidad Complutense de Madrid, ha puesto en el centro del debate la preocupación por la calidad y sostenibilidad de los servicios públicos. En esta entrada quiero argumentar que, independientemente de la necesidad de incentivar y reforzar la inversión pública y de regular adecuadamente la provisión privada, el relativo abandono (o la expulsión) de las clases medias de estos servicios es un problema central que urge revertir.

La educación y la sanidad privadas se expanden en España

El importante peso del sector privado en la educación no universitaria lleva mucho tiempo consolidado, aunque de manera desigual entre Comunidades Autónomas. En los últimos años hemos visto a las enseñanzas terciarias contagiarse de estas tendencias privatizadoras, con una importante proliferación de centros de formación profesional y de universidades de titularidad privada. Si en los años noventa el porcentaje de matriculados en universidades privadas estaba en torno al 3%, hoy llega a casi el 26%, de acuerdo con los datos recogidos en la última edición del Informe sobre la Democracia en España. En al ámbito de la sanidad, en España inicialmente se comenzó a usar el seguro privado para procedimientos pequeños o pruebas de diagnóstico rutinarias y se continuaba confiando en la asistencia pública para enfermedades más complejas, intervenciones quirúrgicas o tratamientos costosos. En los últimos años, el número de personas que dispone de seguros de salud privados ha aumentado un 40% y el gasto privado en sanidad ya supone aproximadamente el 30% del gasto total sanitario en España, según algunas investigaciones.

Por qué se alejan las clases medias de lo público

Aunque no hay datos que permitan esclarecer las causas con suficiente contundencia, hay varias hipótesis que podrían explicar este aumento progresivo del peso de lo privado en la educación y en la sanidad –dejo al margen otros servicios importantísimos, como por ejemplo la dependencia, que no han estado aún suficientemente consolidados para que sean ahora abandonados.

La primera posible razón por la que las clases medias acuden al sector privado (o son expulsadas del público) es que los servicios públicos disponibles no satisfacen suficientemente sus demandas, bien porque la calidad objetivamente ha empeorado en algunos contextos de falta de inversión o bien porque ha habido una cierta inflación aspiracional –la calidad demandada ha podido crecer más rápido que inversión realizada. En el caso de la sanidad, las listas de espera, especialmente para acceder a especialidades, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas se han alargado sustancialmente, sobre todo en algunas Comunidades Autónomas, y han acabado expulsando a aquellos que pueden permitirse recurrir a la provisión privada.

La segunda razón puede estar relacionada con el deseo de diferenciación, que tal vez es más evidente en el caso de la educación porque ha sido un mecanismo más claro de logro de estatus, especialmente en contextos de incertidumbre o de limitadas oportunidades de movilidad social. La diferenciación en educación tiene que ver en parte con la búsqueda de las clases medias y altas de encontrar opciones pedagógicas e ideológicas que se ajusten mejor a sus preferencias o que puedan (supuestamente) maximizar las oportunidades vitales de sus hijos. Pero en parte procede también del interés en lograr un entorno social relativamente segregado para sus hijos (veremos en un momento por qué).

Una tercera razón puede responder a la información imperfecta que manejan los ciudadanos sobre lo que ofrecen los servicios privados en relación con su coste. En términos generales, el sector privado no consigue en España resultados sustancialmente mejores cuando se controla por las características de sus usuarios u otros factores relevantes. Por ejemplo, en la educación primaria y secundaria, la diferencia de resultados entre centros públicos y privados suele desaparecer cuando se controla por las características socioeconómicas del alumnado, que correlacionan con los resultados. Los mejores resultados que en ocasiones obtiene la educación privada cuando se miran las cifras agregadas se deben a que esta cuenta con más estudiantes con altos recursos familiares que, de por sí, independientemente de la escuela a la que vayan, tienden a tener éxito educativo.

No es un juego de suma cero

Que las clases altas (inicialmente) y las medias (después) recurran fundamentalmente a los servicios privados podría a priori hacer pensar que “liberan” recursos públicos para el resto de la población. No obstante, este razonamiento implica una visión de suma cero de lo público que en mi opinión no es adecuada porque ignora las dinámicas sociales y políticas que determinan la demanda de un determinado modelo de provisión de servicios públicos.

Cuando el uso de los servicios públicos es transversal, aumenta la exigencia de calidad por parte de proporciones suficientemente amplias de ciudadanos y mejora la rendición de cuentas porque a los partidos les compensa electoralmente gestionar con mimo esos servicios. Aumenta además la confianza y la legitimidad de lo público en general, lo que puede revertir en una mayor actitud prosocial de los ciudadanos que se materialice en mayores apoyos a la redistribución y en la formación de consensos electorales amplios que permitan y propicien la sostenibilidad de la provisión social. Por el contrario, si se percibe que estos servicios son un último recurso, asistencialista, “para pobres”, y la falta de inversión acaba expulsando a las clases medias, es probable que se entre en una dinámica de profecía autocumplida, como ejemplifica bien el caso de los Estados Unidos. El supuesto ahorro, por lo tanto, que implica un uso escaso de estos servicios por parte de las clases altas y medias no revierte en una mayor calidad precisamente porque los usuarios clave para garantizarla no están implicados.

Cuando hablamos, por ejemplo, de prestaciones en metálico la universalidad se propone para garantizar el acceso a las personas con menos recursos y con más dificultades para formar parte del sistema de protección (más proclives a no solicitar la prestación o a no saber navegar eficazmente por las complejidades administrativas); la prestación se universaliza para asegurar que llega a todas las personas “por abajo”. Curiosamente, en el caso de la educación y la sanidad nos encontramos ante una situación de universalidad formal muy consolidada (y en general con buenos resultados) que ha ido erosionándose “por arriba” y debe preocuparnos más atraer e incorporar a los que tienen alternativas que lo contrario.

En economía política hay una larga tradición que propone una relación simbiótica entre la protección social, la capacidad fiscal y la democracia. Esta relación se basa en una cuestión clave: que la clase media tiene un peso económico importante e influencia política suficiente para facilitar coaliciones estables que sustenten la inversión en lo público y la redistribución. Desde este punto de vista, que la clase media se implique en la provisión universal de servicios públicos es “bueno para los pobres”. En otros periodos históricos, muchos de los logros colectivos que se han alcanzado en materia de mejora de las condiciones de vida y los derechos de la población han contado con el apoyo, altruista o interesado, de las capas altas de la sociedad. Que el bienestar social esté repartido de manera transversal redunda en una sociedad más cohesionada, con menos conflictos y con más interacción entre clases sociales.

Necesitamos mejores datos 

España podría ser un excelente laboratorio para medir la calidad y el rendimiento de los servicios públicos porque hay suficiente variabilidad entre las Comunidades Autónomas que los proveen en muchas cuestiones implicadas: su nivel de riqueza, la composición demográfica de la población, su distribución de clases, el color del gobierno... Sin embargo, faltan buenos datos, y por lo tanto buena evidencia, sobre qué quieren los ciudadanos, qué les gusta y qué no de la actual provisión, cuánta información tienen sobre la financiación, coste, calidad y rendimiento de los servicios públicos en comparación con los privados o en qué condiciones las clases medias y altas podrían ser seducidas por lo público. Tampoco disponemos de información suficiente para vincular estas actitudes al preocupante aumento de tendencias anti-impuestos.

Sabemos que hay gran estabilidad en el apoyo ciudadano –genérico y más o menos difuso– al Estado de bienestar y al papel distributivo del Estado, pero necesitamos poder indagar sobre cuestiones más concretas, complejas y matizadas. Hace falta asimismo evidencia sobre los incentivos de los gobiernos autonómicos para invertir o no en estos servicios y sobre en qué medida los ciudadanos premian o castigan la (des)inversión en ellos. Las estrategias para asfixiar a los servicios públicos pueden ser obstaculizadas si amplias mayorías de la población nos implicamos en su uso, financiación y defensa.

Desigualdad entre generaciones: cómo se reparte el pastel

Si hasta hace unos años la evidencia empírica no respaldaba la tesis de que los jóvenes vivirán peor que sus padres, hoy existen indicios claros de que ese escenario pesimista es bastante real, al menos en lo que respecta a su bienestar material y al acceso a la parte estrictamente económica del pastel –en otras cuestiones muy relevantes como el acceso a la educación terciaria o a estilos de vida enriquecedores las cohortes más recientes están bien situadas. Una parte muy importante de este empeoramiento en la dimensión material se manifiesta en el acceso a la riqueza. En los últimos veinte años ha aumentado muy notablemente en España la brecha de riqueza entre grupos de edad. Como muestra el Gráfico 1, a principios del siglo XX la riqueza que estaba en manos de los mayores de 65 años era más de dos veces la de los menores de 30 años. En 2022 la distancia se había disparado, con algunas oscilaciones por el camino, hasta 4,6 veces.

Sabemos además que gran parte de esta riqueza en manos de la población joven está muy desigualmente distribuida y que hay una proporción sustancial de jóvenes sin ningún colchón económico a pesar de llevar años insertos en el mercado laboral. Hay también flujos privados de los mayores a los jóvenes, en forma de herencias o de donaciones en vida, que recibe solamente una parte de la población. Además, el aumento de la esperanza de vida ha hecho que las herencias (que en España están en buena medida formadas por viviendas) suelan materializarse en momentos en los que los receptores ya han abandonado la juventud y por lo tanto no son ya tan cruciales para iniciar proyectos vitales autónomos.

Preferencias, intereses, merecimiento y pensamiento de suma cero

Una pregunta que cabe hacerse es por qué, a pesar de las evidentes dificultades que los jóvenes tienen, en España y en otros contextos, para acceder a su parte del pastel económico, nuestro Estado de bienestar destina pocos recursos a los niños y jóvenes en comparación con los que dedica a otros grupos de edad.

Parece haber evidencia de que el pensamiento de suma cero (“lo que se asigna a unos lo pierden necesariamente otros”) está bastante extendido. Desde esta perspectiva, habría una clara tensión entre los grupos de edad y para aumentar las prestaciones a jóvenes habría que reducir las que se dedican ya a los mayores. Quienes tienen esa percepción de suma cero tienden además a priorizar, según las encuestas, su propio interés y a ser menos solidarios con otros grupos. En un proyecto que compara las prioridades que los ciudadanos y las élites políticas y económicas tienen respecto al Estado de bienestar en varios países europeos se han identificado algunas pautas interesantes. A mayor edad, más se considera prioritario financiar las pensiones y menos el gasto en educación universitaria, pero no se han encontrado estos dilemas o conflictos entre grupos de edad en otros tipos de políticas.

En términos generales, las preferencias, orientadas por nuestros valores o por los intereses propios o de grupo, no logran explicar, en la literatura especializada, estos bajos niveles de gasto/inversión y es necesario recurrir a factores de tipo cognitivo (qué información o percepción tienen los ciudadanos). Para determinar quiénes son merecedores de ayudas públicas, estos suelen utilizar, explícita o implícitamente, criterios como el grado de necesidad, la reciprocidad (cuánto pueden contribuir), el control que los potenciales usuarios tienen sobre las circunstancias que les llevan a la situación de necesidad o para salir de ella, la actitud de los receptores (en el sentido de si están “agradecidos”) o la identidad (cercanía o pertenencia al mismo grupo). Cuando se aplican estos criterios a distintos grupos de edad, los ciudadanos dan, en las encuestas, puntuaciones de merecimiento mucho más bajas a los jóvenes.

La igualdad a lo largo de la vida como norma o principio rector de las preferencias

Para superar la visión de suma cero que abunda en el debate público en torno a este tema, puede resultar útil superar el concepto de (des)igualdad entre grupos de edad o entre generaciones y recurrir en su lugar al concepto de igualdad a lo largo de la vida. Desde este punto de vista, afrontaríamos las preferencias sobre política social pensando en nuestro ciclo vital completo –en lugar de en nuestros intereses presentes– y responderíamos a la pregunta de cómo sería más oportuno repartir el gasto público total al que cada uno tiene teóricamente derecho si pudiéramos (o tuviéramos que) vivir de nuevo. Si adoptamos el enfoque de la igualdad a lo largo de la vida, el diagnóstico de inequidad hacia los jóvenes es más evidente que en el enfoque puramente transversal. Los jóvenes de hoy pueden resultar perdedores en varios sentidos: porque no reciben lo que la generación anterior recibió en su juventud y porque se gasta menos en ellos ahora de lo que se gasta en los que son mayores, pero también porque se prevé que cuando lleguen a ser mayores recibirán menos de lo que las generaciones anteriores percibirán en su vejez.

Algunos filósofos políticos consideran que, con este esquema de ciclo vital, hay razones para pensar que los individuos querrían invertir sustancialmente más en las primeras etapas de la vida, en momentos en los que es crucial contar con recursos que permitan iniciar o planear iniciativas vitales de calado –y que precisan desembolsos económicos importantes– como acceder a una vivienda, tener hijos, emprender o seguir formándose.

Algunas propuestas para aumentar la justicia intergeneracional y promover oportunidades para los jóvenes

Mientras que la lógica de la compensación (de ingresos) es la que rige en la asignación de recursos para otros grupos de edad, para los jóvenes ha tendido a imperar la lógica de la inversión, en mayor o menor medida según los países. Así, se entiende que la mayor parte del gasto público para los jóvenes tiene lugar a través de recursos para su formación, que después revertirán de alguna manera en el bien común a través de su productividad en el mercado de trabajo o sus contribuciones a la seguridad social. Introducir de manera complementaria la lógica de la compensación o de la transferencia también en el grupo de los jóvenes podría aumentar simultáneamente la justicia entre generaciones (y/o grupos de edad) y las oportunidades de los jóvenes en un momento crucial para iniciar sus proyectos de vida.

En el Gráfico 2 se presenta, en las barras rojas, el gasto público total actual (en prestaciones monetarias) en España dedicado a distintos grupos de edad: los menores, las personas en edad laboral y los mayores de 66 años. Las cantidades están expresadas en millones de euros y se basan en cálculos realizados a partir de la ejecución presupuestaria en varias prestaciones y deducciones fiscales declaradas en diversas fuentes oficiales. Nótese la gran diferencia de gasto entre los mayores y los menores, que no se explica solamente por el desigual tamaño de ambos grupos. Cuando simulamos (con Euromod) el coste que tendría implantar una prestación monetaria de 150 euros mensuales para todos los menores de edad (barra de color naranja), logramos más que duplicar el gasto y aun así el monto total queda muy lejos del dedicado a los otros dos grupos, incluso sin haber sustituido alguna prestación ya existente.

Con el doble objetivo de redistribuir la riqueza, en este caso entre grupos de edad, y reducir la desigualdad de oportunidades, en especial en el acceso a bienes en los que hace falta un capital inicial sustancial (vivienda, educación, emprendimiento), la herencia universal plantea una alternativa interesante. La mayor parte de los jóvenes no tiene acceso a este tipo de dotación de capital económico de manera privada (familia, mercados de crédito). La idea básica de la herencia es que haya una provisión mínima para todos los jóvenes, concretada en un pago único, igual para todos y público que se concede por defecto al llegar a la edad adulta. El propósito es que ofrezca e iguale en cierta medida las oportunidades en un momento crucial para ganar en autonomía e iniciar proyectos vitales relevantes.

Como se ha demostrado en un artículo reciente en el que se simula qué pasaría con la distribución de la riqueza si se implantara una herencia universal, ésta podría ser viable (en términos de coste para el erario público y carga fiscal para los grupos que lo financian) para algunas combinaciones concretas de cuantías de la herencia y formas de financiación. La desigualdad de oportunidades, no obstante, es visible desde la cuna y está ya muy cristalizada cuando se llega a la mayoría de edad, por lo que cualquier medida que aumente el acceso a capital económico entre los jóvenes debe verse complementada con intervenciones en la primera infancia (medidas como la educación infantil pública de calidad o las prestaciones específicas para los menores) incluso si sus beneficios sólo son visibles a más largo plazo.

Nota: Esta entrada sintetiza algunos de los argumentos que se presentaron en el ciclo “¿Qué política social para los jóvenes?” auspiciado por la Fundación “la Caixa” en Palau Macaya, coorganizado con el Observatorio Social. El ciclo tuvo lugar los días 1 y 8 de abril de 2025. Los vídeos completos de las jornadas están disponibles aquí (mesa redonda del 1 de abril) y aquí (mesa redonda del 8 de abril).

Los profesores son los principales guardianes del mérito escolar, por lo que sus evaluaciones son esenciales para garantizar la igualdad de oportunidades. Si los profesores se guían solamente por las competencias curriculares y el esfuerzo de sus estudiantes, o si consideran además otros factores, como sus características sociodemográficas, es una cuestión crucial para identificar potenciales sesgos y discriminación en el sistema educativo.

Debido a la deseabilidad social, detectar estos sesgos a partir de los datos de encuestas tradicionales no es posible; se precisan diseños experimentales, escasos hasta el momento en los análisis sobre el ámbito educativo español. Normalmente, para estudiar los sesgos evaluadores se compara a estudiantes con similar rendimiento en pruebas estandarizadas (por ejemplo, PISA) para dilucidar si, a igualdad de competencias, cuentan con diferente nota o probabilidad de repetir curso según su sexo, origen migrante o el nivel socioeconómico de la familia.

Esta entrada recoge los resultados de un experimento diseñado por nosotros mismos y que hemos publicado recientemente en Sociological Science. El experimento está planteado específicamente para identificar causalmente si, más allá del mérito académico, las características adscritas del alumnado (sexo, origen migrante, clase social) entran en la ecuación de los profesores al asignar las notas y predecir las futuras trayectorias escolares de sus estudiantes.

Para diseñar el experimento seleccionamos una muestra representativa de 20 facultades de educación en todas las CCAA (no bilingües) españolas, tanto públicas como privadas, y distribuimos entre sus matriculados un cuestionario online. Nos centramos en estudiantes de magisterio en lugar de maestros en activo porque nos interesaba evaluar si, ya incluso antes de entrar en el sistema educativo como profesionales, los jóvenes reproducen los estereotipos grupales (pre)existentes en la sociedad y la propia escuela. Si así fuera (spoiler: lo es), las intervenciones y (re)diseños curriculares sobre los procesos cognitivos e institucionales que generan la discriminación podrían ser particularmente efectivos durante el periodo de formación docente.

En el cuestionario online distribuido a los futuros enseñantes se presentaba una ficha (Figura 1) con los datos personales y académicos de un/a estudiante ficticio/a de 6º de primaria y, a continuación, se les pedía puntuar una redacción, escrita por él/ella, y evaluar su futura trayectoria escolar. En la ficha, basada en expedientes reales, se proporcionaba información censal neutra, común a todos los perfiles (centro, domicilio familiar, nacionalidad, fecha de nacimiento) e información variable (apartados en color azul de la ficha en la Figura 1) sobre las características sociodemográficas del alumno: sexo, origen migrante (padres españoles o marroquíes) y la profesión del padre, camuflada en los datos de contacto, como marcador de estatus socioeconómico. Así, teníamos fichas para Daniel García González, Lucía García González, Youssef Salhi, Salma Salhi y los correos electrónicos de contacto de sus padres eran, en los dos primeros casos David.Garcia@Pintores-Express.es o David.Garcia@Notarios-Garcia.es y, en los dos segundos, Mohamed.Salhi@Pintores.Express.es o Mohamed.Salhi@Notarios-Salhi.es. En la ficha también se aportaba información sobre el rendimiento escolar previo, el comportamiento en clase y el cumplimiento de las tareas y deberes del estudiante. Estos factores comportamentales son cruciales, ya que los profesores, explícitamente o no, también los tienen en cuenta en sus evaluaciones.

A continuación, se les presentaba a los encuestados una redacción breve que describía un paisaje y el paso de las estaciones. Esta redacción tenía dos versiones según su calidad objetiva basada en rúbricas oficiales de la asignatura de lengua para 6º de primaria (ortografía, vocabulario, sintaxis) y validada mediante un estudio piloto con 250 maestros andaluces: una versión buena (7 sobre 10) y otra versión de peor calidad (un 5 sobre 10). Además, manipulábamos otros dos factores --independientemente de la calidad de la redacción. Por una parte, incorporábamos una frase como señal para recordar inadvertidamente el estatus socioeconómico del padre (notario o pintor en el sector de la construcción) y, por otra, deslizábamos información sobre el capital cultural de la familia haciendo referencia a dos actividades de ocio directamente en el texto: ver el programa de televisión “La isla de las tentaciones” o los cuadros impresionistas de Monet en un museo. En la Figura 2 se presentan la versión buena y mala de la redacción y, en colores, las varias manipulaciones experimentales que se hicieron.

Se les pedía a los encuestados, entonces, evaluar la calidad de la redacción y, además, valorar cómo de probable es (a) que ese estudiante repita 6º de primaria y (b) que llegue al bachillerato. Dado que se ha asignado de forma totalmente aleatoria la redacción buena o mala, además del comportamiento y rendimiento previo de la ficha, a los diferentes perfiles sociodemográficos de estudiantes, podemos identificar causalmente el peso que los profesores atribuyen a la capacidad académica objetiva o demostrada (es decir, la calidad de la redacción, el rendimiento previo y el esfuerzo) en comparación con los factores adscritos, es decir, aquellos factores sociodemográficos sobre los cuales el alumno no tiene ningún control (el sexo biológico, la procedencia de sus padres o los recursos socioeconómicos y el capital cultural de su hogar).

Podemos destacar varios resultados principales del experimento, que ilustramos en la Figura 3. Primero las buenas noticias: la capacidad (sobre todo la calidad objetiva de la redacción y el comportamiento) es lo que más pesa en la nota que se obtiene en la tarea y también en las predicciones que los encuestados hacen sobre el éxito escolar futuro del alumno. Después las malas: en todos los casos se cuelan factores adscritos que, en principio, a igualdad de mérito académico, no deberían afectar a las notas ni a las expectativas sobre el futuro éxito escolar. Las chicas reciben notas algo mayores y se les atribuye más éxito futuro de lo que los factores relacionados con el mérito predecirían (hay varias explicaciones coherentes con esto, que se explican en el artículo). Algo similar sucede con el estatus socioeconómico: los hijos de notarios reciben mejores augurios sobre su futuro escolar que los hijos de pintores a igualdad de capacidad y esfuerzo. Además, escribir en una redacción que se ve “La isla de las tentaciones” en lugar de los cuadros de Monet en un museo hace que la nota sea más baja, aunque ambas redacciones sean igual de buenas en lo que respecta a los criterios lingüísticos objetivos evaluables. El caso de los niños de origen marroquí es algo menos intuitivo. Reciben más nota de la que merecen en la redacción. Esta forma de discriminiación positiva puede ser debida a que los profesores tratan de compensar la dificultad añadida que implica una tarea relacionada con competencias lingüísticas en alumnos que normalmente no hablan este idioma en casa. No obstante, después se les atribuye menor probabilidad que a un estudiante de origen familiar español de acceder al bachillerato, algo que coincide más con la tozuda realidad empírica.

En el artículo científico discutimos profusamente las diversas explicaciones teóricas que pueden estar detrás de estos resultados (la discriminación estadística, los sesgos implícitos, los estereotipos de grupo); remitimos a los lectores interesados a él. Nos gustaría centrarnos aquí en la conclusión sustantiva. De manera consciente o no, los profesores toman por mérito algunas características que en realidad no están relacionadas con él, como el sexo, la clase social o el país de procedencia de la familia de los estudiantes. Cuando hablamos de las desigualdades educativas y de los factores que explican la reproducción intergeneracional de ventajas y desventajas educativas normalmente nos fijamos en el papel de las familias y de los estudiantes. No obstante, los profesores son los principales jueces del mérito educativo y condicionan de manera directa quién avanza y quién no en la carrera escolar. Explícitamente o no, envían continuas señales a los propios estudiantes y a sus familias que influyen en las decisiones que se toman, en ocasiones en forma de profecías autocumplidas. En el estudio mostramos, con la evidencia más apropiada hasta el momento, que los profesores desempeñan de hecho un papel fundamental como garantes de la igualdad de oportunidades. Aunque no es evidente qué tipo de medidas podrían tomarse para reforzar esta función, establecer empíricamente la existencia de estos sesgos es un primer paso en esta dirección. 

Que solemos emparejarnos con personas similares a nosotros es una regularidad empírica tozuda. Los miembros de las parejas se suelen parecer tanto en características adscritas –la raza, el nivel socioeconómico de los padres– como en características más o menos adquiridas –el nivel educativo o el estatus ocupacional alcanzados, los estilos de vida, las preferencias políticas. La ciencia social del emparejamiento ha hecho un buen trabajo describiendo cómo de iguales son las parejas, pero ha encontrado más dificultades para determinar si esta homogamia se debe a una preferencia genuina por lo igual o a la simple disponibilidad en el entorno de más personas elegibles con las características que valoramos (lo que se conoce como los mercados matrimoniales o mercados del emparejamiento).

Si preguntamos al público por sus preferencias respecto a ciertas características en sus parejas sexuales o románticas, es probable que no declaren toda la verdad. En toda la investigación sobre opiniones y actitudes, pero mucho más en aquella que se interesa por cuestiones íntimas, sensibles o controvertidas, los datos que recogemos tienen el riesgo de presentar sesgos de deseabilidad social. Las preferencias raciales son un caso evidente en el que simplemente preguntar a los ciudadanos puede dar lugar a conclusiones inválidas. Para superar este reto y captar las preferencias reales de los individuos de manera más precisa, en las últimas décadas se recurre con creciente frecuencia a los diseños experimentales.

La mayor parte del emparejamiento, sea casual o con intención más estable, ya sucede hoy en día a través del mundo digital. Éste ha desplazado claramente a los tradicionales intermediarios para conocerse como el entorno laboral o educativo, la familia o el grupo de amigos. Las aplicaciones para ligar han proliferado extraordinariamente en los últimos años y se han consolidado como herramientas de uso cotidiano y que cuentan con un público cada vez más transversal. Tinder es la aplicación para conocer parejas más utilizada en España, con más de un millón y medio de usuarios únicos según datos de GfK. Ligar en el mundo digital ofrece oportunidades para acceder a un número muy superior de personas y una mayor variedad de perfiles que nuestro habitual entorno analógico. Una persona que desee emparejarse fuera del propio grupo (por ejemplo, un blanco interesado en conocer y potencialmente establecer una relación puntual o duradera con una persona negra) haría bien en acceder a las aplicaciones para ligar porque en ellas el mercado matrimonial que permita la diversidad social es notablemente más amplio. Además, como estas aplicaciones tienen incorporadas herramientas para filtrar muy fácilmente a los candidatos según las características que cada uno valore, también hacen que el proceso pueda ajustarse más a las preferencias íntimas, reales e intrínsecas que tan difícil es que se expresen libremente en las encuestas. Este mayor ajuste puede operar fomentando lo similar o lo diferente. Investigar el emparejamiento en el mundo digital ofrece, por lo tanto, una gran oportunidad para analizar las preferencias raciales reales, reveladas por las decisiones que toman los propios usuarios.

En un artículo recientemente publicado con Ainhoa Arranz, investigadora en formación en la Universidad Libre de Ámsterdam, abordamos esta cuestión usando un diseño experimental propio (el artículo está disponible en abierto aquí). Previo visto bueno del comité de ética de la UNED, creamos en Tinder perfiles ficticios (pero creíbles) de usuarios en los que solamente difería el sexo (2 categorías: hombre o mujer), su color de piel (2 categorías: negro o blanco) y los gustos sexuales (2 categorías: heterosexuales u homosexuales), dando lugar así a 8 perfiles hipotéticos con todas las posibles combinaciones. Para maximizar la parsimonia del diseño y simplificar la interpretación de los resultados se obviaron otras condiciones (por ejemplo, personas que se declaran no binarias, otros tonos de piel y otras preferencias sexuales). Además, se mantuvo constante para todos los perfiles la edad, que se fijó en los 26 años. Como lugar de residencia –y lugar de geolocalización de los perfiles creados– se seleccionó Madrid, la ciudad más grande de España y un contexto con suficiente población racialmente diversa (el 14% de sus habitantes tenía nacionalidad extranjera cuando se hizo el campo) y con una escena homosexual bastante vibrante que hace que todos los perfiles sean realistas y que todos cuenten en principio con pools amplios de personas potencialmente interesadas.

Se utilizaron fotos extraídas del Face Research Lab London Set. Todas ellas habían sido valoradas por miles de usuarios como de belleza media. Para mantener fijas (y relativamente neutras) las aficiones, se presentaba, para todos los perfiles, una fotografía adicional de espaldas en un entorno natural, extraída de Unsplash y editada. Todos compartían, además, gustos en torno al cine y a la gastronomía. Los nombres de las breves biografías que acompañan al perfil se seleccionaron usando los más comunes para hombres y mujeres nacidos en la década de los noventa en España, según el INE. Así, en los perfiles de piel negra se usó Alejandro y María, para evitar señalizar un origen extranjero, y en los de piel blanca David y Marta.

Nuestros 8 buscadores de pareja ficticios declararon interés en personas de entre 20 y 36 años que estuvieran a menos de 160 kilómetros de distancia. La mitad buscaba personas del mismo sexo y el resto de distinto. Los perfiles estuvieron activos secuencialmente y todos los datos se recogieron entre abril y mayo de 2022. Se programó un algoritmo para que cada uno de nuestros ocho perfiles explorara 650 usuarios de Tinder con esas características (además de la preferencia sexual correspondiente en cada caso, homosexual o heterosexual) y diera like aleatoriamente al 80% de ellos, siempre excluyendo los usuarios sin fotografía o que ofrecieran servicios comerciales. La aleatoriedad evitaba, por una parte, que la aplicación identificara actividad no humana y arruinara el experimento, y además hacía que la selección de potenciales likes y matches no estuviera sujeta a sesgos en los que pudiéramos incurrir las investigadoras. Registramos el número diario de likes, matches y mensajes (conversaciones) recibidos por cada perfil, anonimizando la identidad de los usuarios.

España es, de acuerdo, con las encuestas de opinión pública existentes, un país relativamente tolerante con la diversidad en general, y la racial y étnica en particular, y con una proporción pequeña que declara explícitamente actitudes xenófobas o racistas. No obstante, nuestro análisis de las reacciones de los usuarios de Tinder desmiente rotundamente este lugar común. Como no es posible conocer el número total de visionados de cada perfil, los resultados que nos interesan son el número total de likes, pero sobre todo los porcentajes de matches y de conversaciones recibidos por cada uno, y la comparación sistemática de estos resultados entre los candidatos blancos y los negros. Nuestros candidatos de piel negra obtuvieron, en media, un 8% menos matches y un 5,5% menos conversaciones. Marta (la candidata blanca, en la condición heterosexual) recibió casi 7.500 likes, un 54% de matches y un 33% de conversaciones. Su contraparte María (la candidata negra, en la condición heterosexual) logró casi 5.000 likes, un 44% de matches y solamente un 18% de conversaciones. Este mismo patrón –más likes totales, más matches y más conversaciones para la persona de piel blanca–se repite para el resto de comparaciones: hombres blanco y negro heterosexuales, mujer blanca y negra homosexuales, hombre blanco y negro homosexuales. Además, aunque esperábamos que las personas homosexuales fueran menos proclives al prejuicio racial (por ejemplo porque, al contar con un pool más restringido, tuvieran más incentivos a cruzar la barrera racial), los resultados indican que, en este grupo, y en especial entre las mujeres, hay en realidad una preferencia mucho más intensa por parejas o encuentros sexuales con personas de piel blanca.

Nuestros resultados son posiblemente estimaciones conservadoras de la verdadera magnitud de la preferencia por parejas blancas. Por una parte, porque nuestros perfiles hipotéticos de piel negra señalizan a través de sus nombres que son españoles. Es probable que esos mismos perfiles hubieran recibido menos interacciones con nombres marcadamente africanos, si indicaran explícitamente un país de nacimiento distinto a España o si presentaran otros marcadores distintivos de su país de origen o cultura, como ropas en las fotografías o estilos de vida en la bio. Por otra parte, porque la aplicación no se usa necesariamente para buscar relaciones estables. La literatura especializada indica que es más probable explorar relaciones interraciales si éstas se conciben como esporádicas que si se pretende que sean duraderas.

Las aplicaciones para encontrar pareja permiten en principio aumentar las probabilidades de acceder a un pool de candidatos más amplio y diverso que el entorno físico y superar así la escasez de personas con características distintas a las propias de nuestros círculos, en los que prevalece la endogamia. A la vista de los resultados de nuestro experimento, en el que los sujetos pueden expresar y materializar, de manera privada y libre del juicio ajeno, sus preferencias reales, parece más bien que el entorno digital da cobertura, o al menos no impide, el prejuicio racial. Si bien podemos afirmar que las preferencias por parejas sexuales o románticas blancas son dominantes, no podemos ir más allá y determinar a qué se deben. En todo caso, los resultados están en sintonía con conclusiones similares en ámbitos de investigación distintos al del emparejamiento –la investigación experimental para determinar prejuicio y discriminación racial se ha centrado sobre todo en el mercado laboral. Los resultados aportan información relevante sobre el grado en que vivimos en sociedades cerradas o abiertas, endogámicas o no, y sobre los posibles obstáculos a la aceptación genuina de la diversidad que caracteriza a las sociedades contemporáneas.

La contaminación del aire: una amenaza global

La contaminación ambiental es uno de los factores más claros asociados a la mortalidad y morbilidad en todo el mundo. Según algunas estimaciones, casi el 99% de la población mundial está expuesta a niveles de contaminación que ponen en peligro su salud, al aumentar el riesgo de sufrir diversas enfermedades. En los países de altos ingresos, las principales fuentes de contaminación ambiental son el tráfico y las centrales eléctricas y, en menor medida, la actividad industrial y la climatización doméstica. Estas fuentes emiten una combinación compleja de contaminantes del aire, entre los que destacan las partículas en suspensión (PM_2.5 y PM₁₀), el dióxido de nitrógeno (NO₂), el dióxido de azufre (SO₂) y el monóxido de carbono (CO). Los potenciales efectos adversos para la salud de estas sustancias incluyen las afecciones cardiovasculares y respiratorias, el síndrome metabólico o el cáncer de pulmón. En esta entrada nos centramos exclusivamente en el dióxido de nitrógeno, NO₂, una sustancia que refleja bien la contaminación en entornos urbanos no industriales de países ricos. Madrid es una de las ciudades europeas en las que el tráfico genera mayores niveles de NO₂, muy por encima de los niveles establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) e incluso a menudo de los recomendados por la UE, que son sustancialmente más laxos. Madrid es de hecho la ciudad europea que presenta la mayor mortalidad atribuible al NO2.

La exposición a contaminación durante el embarazo y la salud neonatal

En esta entrada analizamos cómo afecta la exposición a la contaminación del aire (en concreto, al NO₂) a la salud de los recién nacidos de Madrid. Para responder a esta pregunta combinamos datos de todos los nacimientos que tienen lugar en la ciudad de Madrid, para los que disponemos de información sobre el distrito de residencia, con los niveles de contaminación que se registran cada hora en los medidores oficiales distribuidos por los 21 distritos de la ciudad.

Nos centramos en dos indicadores, el bajo peso al nacer (que se define como aquel por debajo de los 2 kilos y medio) y la prematuridad (el nacimiento que tiene lugar antes de término, por debajo de las 37 semanas). Estas dos medidas se utilizan recurrentemente como aproximaciones fiables de la salud del recién nacido. Nacer con bajo peso o antes de que la gestación esté completa tiene consecuencias importantes y duraderas. Por una parte, el bajo peso y la prematuridad son los causantes más evidentes de morbilidad y mortalidad neonatal (aquí). Por otra, correlacionan de manera clara con una peor salud a lo largo de toda la vida (aquí) y con limitaciones en el desarrollo cognitivo –que pueden tener consecuencias adversas, por ejemplo, en el logro educativo (aquí).

Durante la gestación, la placenta es un órgano crucial para el desarrollo fetal. El NO₂ puede causar estrés oxidativo e inflamación y activar vías de daño celular y molecular que tienen consecuencias negativas para la salud de los recién nacidos. Puede incluso provocar una mayor susceptibilidad a desarrollar enfermedades, respiratorias y de otro tipo, en etapas posteriores de la vida.

Mostramos la influencia de la exposición a NO₂ durante el embarazo solamente para los nacimientos del año 2019, el último disponible no afectado por la pandemia. Queremos así evitar las exposiciones posteriores, en las que cayeron drásticamente los niveles de contaminación ambiental como consecuencia de la parada de la actividad económica. También pudieron cambiar las condiciones socioeconómicas de las madres, así como su estado general de salud.

El Gráfico 1 muestra los niveles de NO₂ en cuatro medidores ubicados en distintas zonas de la ciudad de Madrid, en la ventana completa de exposición de los bebés nacidos en 2019, es decir, entre mayo de 2018 y diciembre de 2019. La línea discontinua horizontal refleja los niveles medios de NO₂ recomendados por la OMS, que se sitúan en 25μg/m³. Aunque con cierta estacionalidad (hay más concentración de NO₂ en invierno), se observa que lo más habitual es que los niveles sobrepasen, por mucho, en casi todas las zonas los valores permitidos. De hecho, si atendemos a la media de días en los que se excedieron los niveles aconsejados por la OMS en ese periodo, un bebé medio nacido en 2019 había estado expuesto a niveles peligrosos de contaminación ambiental durante dos tercios del embarazo.

Niveles de NO₂ en cuatro distritos de Madrid, mayo de 2018 a diciembre de 2

En el Gráfico 2 se presenta la probabilidad de nacer con bajo peso y antes de lo previsto, respectivamente, cuando se ha estado expuesto durante el tercer trimestre del embarazo a niveles crecientes de NO₂ y neutralizando la influencia de otros factores relevantes para la salud neonatal. Los valores situados más a la derecha en el eje horizontal implican una exposición más intensa –la línea discontinua vertical señala los niveles máximos permitidos por la OMS. En ambos casos, una exposición mayor en la fase final de la gestación implica un mayor riesgo de experimentar mala salud neonatal.

Madrid es una ciudad segregada socialmente: ¿a quién afecta más negativamente la exposición a la contaminación?

Los niveles medios de NO₂ se reparten, obviamente, de manera desigual por la ciudad. Los distritos del sur y los situados a lo largo de la M-30 son los que sufren niveles más altos. Pero, a diferencia de lo que ocurre en otras ciudades con elevada segregación socio-espacial, en Madrid no hay una correspondencia perfecta entre el nivel socioeconómico de los residentes y los niveles de polución a los que se exponen. Esto implica que una gran parte de las mujeres con más recursos de la ciudad están expuestas durante su gestación a niveles peligrosamente altos de contaminación. El Gráfico 3 muestra el mapa de la ciudad de Madrid, por distritos, con dos indicadores: a la izquierda, los niveles medios de NO₂ a los que se vieron expuestas las mujeres que dieron a luz durante 2019; a la derecha, el porcentaje de madres de bebés nacidos ese mismo año con estudios universitarios.

Por último, en el Gráfico 4 representamos de nuevo la probabilidad de nacer con bajo peso y antes de término para niveles diversos grados de exposición a NO₂. Pero esta vez comprobamos si el efecto adverso de la contaminación es o no similar para mujeres con distintos niveles socioeconómicos –en este caso usamos el nivel educativo y una vez más controlamos por la influencia de otros fenómenos relevantes. Los resultados indican claramente que no. En ambos casos, el riesgo al que induce la contaminación es más elevado para las mujeres con menor nivel educativo.

Para todos los niveles de exposición a NO₂ durante la gestación, éstas tienen más probabilidad de que sus bebés nazcan con mala salud. Para la prematuridad (a la derecha), la brecha es menos marcada para los niveles más bajos de polución, pero va aumentando a medida que nos movemos a exposiciones más altas. En el caso del bajo peso (a la izquierda), por el contrario, en los niveles más extremos de NO₂ el riesgo de ambos grupos converge. Estos resultados sugieren dos implicaciones para las políticas públicas. Primera, que las limitaciones actuales son claramente insuficientes para proteger a los grupos más desfavorecidos de la población, que no casualmente son aquellos que se beneficiarían más de una aplicación más estricta. Segunda, que, a partir de ciertos niveles –que en la ciudad de Madrid se exceden con mucha frecuencia–, los recursos de las madres no son capaces de mitigar las consecuencias adversas para la salud que implica la contaminación. Puedes correr, pero no esconderte.

Nota: Esta entrada forma parte de los resultados del proyecto de investigación PERIFACT: Desigualdades sociales en salud perinatal: factores y consecuencias (PID2019-111564RB-I00 / AEI / 10.13039/501100011033).

La evidencia empírica sobre la relación entre redes sociales y salud mental, a examen

Estos días se multiplican las iniciativas de madres y padres en distintos lugares de España que tratan de organizarse para retrasar, de manera colegiada, la edad a la que entregan el teléfono móvil a sus hijos en sus comunidades inmediatas (escuela, barrio, municipio). Según datos del INE de 2021, el 86% de los y las adolescentes de 13 años disponía ya de un teléfono móvil propio y esta cifra superaba el 96% entre quienes tenían 15 años. El uso más frecuente que se hace de los dispositivos en estas edades tempranas incluye publicar o reaccionar a contenidos en las redes sociales –a pesar de que muchas de las más frecuentes, como WhatsApp o TikTok no están en principio permitidas en la UE a menores de 16.

El aumento de la proporción de adolescentes y jóvenes con acceso a redes sociales en sus dispositivos personales a edades cada vez más tempranas ha ido en paralelo a un preocupante incremento de los problemas de salud mental como la ansiedad o la depresión en esta misma franja de edad. De acuerdo con los datos oficiales de las instituciones sanitarias, en Estados Unidos la proporción de adolescentes que declara presentar sentimientos de tristeza y desesperanza ha aumentado drásticamente en la última década, sobre todo entre las chicas. Esta tendencia al alza, así como la diferencia entre chicos y chicas, es muy similar cuando se examinan otros indicadores, entre los que tal vez sean especialmente alarmantes los relativos a las ideaciones suicidas y los intentos de suicidio. En nuestro país no hay datos oficiales con el mismo grado de detalle en lo que respecta a los indicadores considerados, a la desagregación por edad y a la evolución temporal. No obstante, las principales conclusiones de los datos disponibles para España están inequívocamente alineadas y muestran con mucha contundencia un claro aumento de los problemas de salud mental en los adolescentes y jóvenes y una evidente peor situación de las chicas.

En Estados Unidos (sobre todo, pero no sólo) ha proliferado una línea de investigación en torno a la posible relación entre la exposición a redes sociales y los problemas de salud mental. Estas contribuciones empíricas y los debates metodológicos y sustantivos que han suscitado son muy interesantes porque ponen de manifiesto problemas generalizados de la investigación en ciencias sociales, que abordan fenómenos complejos y en los que no es sencillo aislar las causas últimas.

Correlación no implica causalidad: descartando explicaciones alternativas

Intuitivamente, la relación entre redes y mala salud mental parece plausible, pero sabemos bien que en ciencias sociales el hecho de que dos fenómenos se muevan conjuntamente no implica que uno sea el causante del otro –correlación no implica causalidad. Para empezar, los datos (y diseños) que se requieren para establecer inequívocamente que una mayor exposición a las redes es la causa (o una causa) que explica el aumento de las afecciones mentales en adolescentes y jóvenes son difíciles de generar y los análisis que se requieren son asimismo muy complejos. Examinemos a continuación varios motivos concretos, al margen de la existencia o no de datos, que complican esta atribución de causalidad.

En primer lugar, es muy posible que en los últimos años se declaren más (y en consecuencia se diagnostiquen en mayor medida o con más precisión) los problemas de salud mental. Según este razonamiento, no existiría un aumento real que explicar (no habría más casos sino solamente más casos declarados) y en consecuencia no tendría sentido buscar una pistola humeante a la que atribuir la responsabilidad del cambio. Contra este argumento se pueden ofrecer los cambios en las cifras de ingresos hospitalarios por autolesiones e intentos de suicidio –que en muchos contextos han aumentado sustancialmente– y las del incremento de las muertes por suicidio –en algunos tramos de edad el suicido es ya la primera causa de muerte incluso en España. Sí hay, por lo tanto, un fenómeno nuevo por explicar.

En segundo lugar, podría suceder que quienes acceden antes, con más intensidad o están expuestos a contenidos con más riesgo en las redes sean adolescentes y jóvenes con peor salud mental de partida o más susceptibles de padecerla. Algunos estudios (por ejemplo, éste para población general en Francia) han mostrado que un bajo nivel educativo y de renta se relaciona con un uso de internet más centrado en las redes sociales, los servicios de streaming o los contenidos para adultos y menos en el acceso a información. Por otra parte, también sabemos que hay una brecha evidente en salud física y mental en todos los tramos de edad que se debe a los recursos socioeconómicos de los individuos.

En tercer lugar, sería sensato pensar que hay otras características individuales o acontecimientos sociales que explican ambos fenómenos. Por ejemplo, se ha argumentado que la pandemia pudo, por una parte, hacer que aumentara el uso de dispositivos electrónicos (y de aplicaciones de redes sociales en ellos) por encima de un umbral “razonable” como consecuencia de las limitaciones para la interacción social en persona que se establecieron y, por otra, pudo haber empeorado de manera independiente la salud mental de los jóvenes al intensificar su ansiedad, su preocupación o su estrés por la situación personal, familiar o social derivada de la propia crisis. Hay razones que cuestionan esta idea. Una de ellas es que el consumo digital ya era muy intenso –y creciente– entre adolescentes y jóvenes antes de la pandemia. Según el Informe de la juventud en España 2020 (que se basa en datos de encuesta de 2019), el 60% de los adolescentes entre 14 y 19 años pasaban ya en ese año más de tres horas al día conectados a internet y su consumo digital se concentraba en dos actividades principales: la conexión a redes sociales (más frecuente en las chicas) y a plataformas de contenidos audiovisuales.

Por último, se ha argumentado en ocasiones que la evidencia empírica no respalda una relación fuerte entre dosis (cuánto de expuesto a las redes está un usuario) y respuesta (cuánto empeora su salud mental), como sería esperable si la relación fuera causal. Según algunos expertos en el tema (por ejemplo, aquí), lo importante en este caso es cuántas personas de la propia red están expuestas. En un contexto (como hace al menos una década) en el que pocos adolescentes y jóvenes tenían un dispositivo propio, existe una clara relación entre exposición y salud mental (más horas de exposición de un usuario implican peor salud) pero no se producen efectos adversos en la salud mental de sus pares. En un contexto como el actual en el que la mayor parte de los adolescentes y jóvenes disponen de teléfono propio y acceso a alguna red social, retirar el acceso a un usuario puede no sólo no mejorar su propia salud mental sino empeorarla, al aislarle de la interacción que sus pares siguen manteniendo en línea o de planes en persona que surgen de esa interacción. Como en el cuento de Ricitos de Oro, la virtud estaría en un término medio de uso que garantice la integración con sus pares pero impida que se desplacen actividades importantes o que se deterioren procesos cognitivos.

¿Hay mecanismos explicativos plausibles para relacionar el uso de redes y la salud mental?

Hay explicaciones razonables tanto para pensar que la relación causal puede de hecho existir como para explicar por qué el efecto negativo puede ser mayor entre las chicas que entre los chicos. Los epidemiólogos Richard Wilkinson y Kate Pickett, por ejemplo, han señalado en este artículo cómo las sociedades en las que las diferencias de estatus son muy marcadas y hay competición por la posición individual se enfrentan a un mayor sentimiento colectivo de amenaza derivado de la evaluación social. Las respuestas individuales a esta amenaza que supone el juicio externo incluyen dos extremos: uno, dejarse llevar por los sentimientos de inferioridad, baja autoestima, incompetencia y depresión; otro, embarcarse en diversas formas de narcisismo y exhibicionismo. Las redes sociales, especialmente aquellas cuyos contenidos principales –o aquellos que los algoritmos priorizan– son imágenes o vídeos que enfatizan el aspecto físico, el triunfo o que muestran como ejemplo estilos de vida y actividades de ocio basadas en el estatus pueden fomentar sentimientos de baja autoestima, insatisfacción o aislamiento que se relacionan con las afecciones de salud mental que más están creciendo entre adolescentes y jóvenes.

Regular el acceso a los dispositivos de uso personal, a las redes sociales y los contenidos a los que se accede –o que las propias aplicaciones priman– supone un reto para muchas familias y plantea problemas de acción colectiva evidentes para las comunidades en las que éstas se insertan. Dar prioridad a este tema en la agenda pública y fomentar que sea la investigación rigurosa centrada en mejorar la salud pública –por encima de los intereses comerciales de las empresas que ofrecen los servicios– la que guíe la acción política es fundamental para atajar el deterioro emocional de las generaciones jóvenes.

El caso de Ana Obregón ha vuelto a poner el foco del debate público en la reproducción asistida. Aunque su ejemplo particular no deja de reflejar un extremo por el contexto personal y familiar en el que se produce o la cantidad de dinero movilizada, hay varios asuntos en torno a él que nos permiten reflexionar sobre debates relativos al uso de las técnicas de reproducción asistida que ya se están abordando en la literatura académica especializada. Repasamos a continuación algunos de los más evidentes y resumimos qué aporta la ciencia social a ellos.

1. ¿Quién es familia? Lo biológico y lo social

Hace ya décadas que, incluso en los países de tradición católica, las familias se han hecho más heterogéneas y diversas. Además de las tradicionales adopciones y de las situaciones de acogimiento, hoy día encontramos familias reconstituidas, en las que es común que hijos e hijas (biológicos/as o no) pasen tiempo con las parejas de sus padres y madres, compartiendo en muchos casos crianza con hijos/as de dichas parejas o medio hermanos. La familia claramente va en la actualidad más allá de personas con vínculos biológicos, incluso en los casos en los que no media la reproducción asistida.

Sin embargo, en el caso de familias formadas mediante reproducción asistida, como en el que da título a este texto, la biología hace una reaparición estelar cuando se intentan establecer los roles y los vínculos entre las personas implicadas en el complejo proceso. Mientras que en algunos casos sólo se utiliza el material genético de los futuros padres y es la futura madre la que gesta al bebé, en buena parte de las intervenciones se recurre a material genético de terceras personas, en ocasiones de más de una. Los expertos están comenzando a plantear una redefinición de los roles en el proceso completo, con cuestiones tan interesantes como qué derechos asisten a las personas que aportan sus gametos o que gestan un bebé para terceros –¿pueden elegir las condiciones de la gestación, conocer el destino de su material genético, elegir qué usos darle y qué otros evitar?– o qué información deben tener en el futuro los individuos nacidos a partir de estos procesos sobre las personas que contribuyeron a su concepción y gestación.

2. ¿Es la regulación de la reproducción asistida muy restrictiva en España?

El escrutinio de la regulación vigente desde una perspectiva comparada desmiente esta percepción que se ha difundido en las últimas semanas tras conocerse el caso Obregón. En el contexto europeo, en términos generales las parejas heterosexuales tienen acceso a un abanico más amplio de tratamientos, seguidas de las mujeres sin pareja y de las parejas de mujeres. La inseminación artificial y la fecundación in vitro (sin o con microinyección intracitoplasmática y esperma donado) son ya tratamientos comunes en gran parte de los países europeos, mientras que el uso de óvulos donados o de técnicas de diagnóstico genético preimplantacional está mucho más limitado.

En este contexto, en realidad España es un país notablemente “liberal”, tanto en lo que respecta a las condiciones de acceso –quién puede someterse a un tratamiento– como en lo que se refiere al número de ciclos cubiertos y a los tipos de tratamientos que se ofrecen, incluso en el sistema público de salud. El caso de la oferta privada es aún más espectacular por el volumen de tratamientos provistos, que además atiende a una fuerte demanda por parte de pacientes de otros países. Esto último se debe a la laxitud respecto al tipo de características que se admiten en las pacientes –con casos, por ejemplo, de mujeres que acceden a la maternidad con ovocitos donados a edades muy próximas a la de la menopausia natural–, al amplio catálogo de servicios que se ofrecen y al ingente mercado de material genético al que estas circunstancias dan lugar. De hecho, los países europeos con más tratamientos realizados –entre los que se encuentra España– son aquellos que cuentan con una legislación más permisiva y que logran atraer a numerosas pacientes de otros contextos.

3. ¿Qué papel desempeña el dinero en todo esto?

Los tratamientos de reproducción asistida son costosos en dinero, tiempo y salud física y mental. Incluso en los países en los que la provisión pública es amplia –por ejemplo, los que ofrecen tratamiento a mujeres de edad reproductiva avanzada, con hijos anteriores o sin emparejar– y generosa –por ejemplo, cubren varios ciclos y/o los tratamientos más complejos–, en realidad tanto el acceso como el uso efectivo están muy condicionados por los recursos de los que disponen quienes optan a ellos. Los recursos –especialmente los económicos– son, según la literatura especializada, una barrera más potente que las restricciones normativas; entre otros motivos porque existe bastante movimiento entre países para acceder a determinados tratamientos, como en el caso que inspira este texto.

De hecho, existe un gradiente socioeconómico evidente que se manifiesta en todas las fases relevantes del proceso. Las mujeres con más recursos buscan más atención médica y más rápido cuando identifican un problema de infertilidad, acceden en mayor medida a las técnicas de reproducción asistida, ya sea en el sistema público o en el privado, y están, con mucho, más representadas entre quienes conciben bebés por esta vía. Así, las mujeres con niveles educativos más altos y en estratos socioeconómicos más acomodados, a pesar de ser las más propensas a posponer la maternidad, tienen una mayor capacidad de recuperar el tiempo perdido y de aproximarse a su fecundidad deseada.

Por otro lado, las mujeres que proporcionan su material genético o que gestan para otras personas tienen mayoritariamente recursos económicos más limitados y/o proceden de países de renta baja, siendo su motivación para participar en este tipo de procesos primordialmente económica.

4. ¿Se debe hacer todo lo que se puede hacer?

La rápida aceleración de la capacidad técnica para intervenir en procesos reproductivos y el rol creciente de entidades privadas en este negocio cada vez más lucrativo plantean nuevos retos, que se abordan en una investigación científica en constante desarrollo. Entre las dimensiones en discusión se encuentran la escasa información entre la población sobre los potenciales riesgos y beneficios del recurso a técnicas de reproducción asistida, sobre sus implicaciones para la salud materna, fetal e infantil, y sobre las limitaciones que estas técnicas presentan a la hora de poder compensar el retraso de la maternidad. Otras cuestiones que están adquiriendo creciente preponderancia en la investigación e incluso en el debate público son la mercantilización del material genético –incluyendo no sólo gametos sino también embriones– y, en sentido más amplio, la comodificación de la reproducción, de sus productos, y de la intervención en cuerpos de terceras personas con fines reproductivos. En estas dinámicas, el proceso reproductivo se ve en no pocas ocasiones deconstruido en fases y componentes separados que agudizan los dilemas éticos y dificultan la atribución de derechos y responsabilidades. En vista de que estas fases y componentes no responden solamente a necesidades médicas y sociales cambiantes, sino también a las demandas de los mercados construidos en torno a las mismas, se requerirá una discusión amplia y profunda, que no quede restringida al ámbito biomédico, sobre cómo legislar sobre los avances tecnológicos en este campo.

Nota: Esta entrada resume algunos de los argumentos recogidos en este trabajo de Marta Seiz, Tatiana Eremenko y Leire Salazar: [ enlace ]

La educación en España ya no es elitista y las mujeres se han beneficiado muy claramente de la expansión del sistema

España ha experimentado, con especial claridad durante la segunda mitad del siglo XX, una auténtica revolución educativa cuyo resultado ha sido una mejora considerable y casi continua del nivel educativo medio del país y el acercamiento a los niveles educativos de los países europeos. En este sentido, y sin entrar en el delicado debate sobre la calidad de la formación, es cierto que las generaciones más jóvenes son las más formadas de nuestra historia. Una característica destacada de este cambio secular es que se han revertido las desigualdades educativas de género hasta situar a las niñas y chicas en posición de ventaja en prácticamente todos los indicadores posibles, tanto del nivel educativo alcanzado como de las competencias adquiridas.

A pesar de este evidente logro social de facilitar el acceso a la formación de proporciones cada vez mayores de ciudadanos, cuando se analiza la desigualdad de oportunidades educativas, es decir, en qué medida el origen social de los alumnos condiciona su logro y rendimiento educativo, los datos ofrecen resultados menos optimistas. En los siguientes párrafos mostraré solamente tres evidencias que ilustran esta persistencia en distintas etapas formativas y en diversos indicadores. Todos los datos se refieren al año 2019.

1. En la primera etapa de educación infantil (0-3), ya son manifiestas las desigualdades sociales en el acceso

De manera muy evidente, los hogares con más recursos culturales (educación de los padres) o económicos (renta) escolarizan más a los niños de menores de 3 años. Los hijos de los hogares de alto nivel educativo están hasta un 28% más escolarizados en esta etapa que los de los hogares de bajo nivel.

2. Es hasta 11 veces más probable abandonar prematuramente la educación cuando la madre tiene solamente estudios básicos

El abandono educativo temprano se produce cuando una persona de entre 18 y 24 años no ha finalizado los niveles posteriores a la ESO y no cursa otra formación reglada. España lideraba en 2019 el ranking de este indicador en la Unión Europea, especialmente entre los chicos. No obstante, el abandono no se distribuye por igual entre todos los orígenes sociales. Los hijos de madres con nivel educativo bajo tienen casi 11 veces más probabilidades de haber abandonado prematuramente la educación que aquellos con madres universitarias. Asimismo, los hijos de hogares situados en el tercil (tercio) inferior de la distribución de la renta abandonan tempranamente los estudios con una probabilidad 6 veces mayor.

3. En 2019, una persona procedente de un hogar con ingresos altos tenía el doble de probabilidades de cursar educación terciaria que otra de un hogar con ingresos bajos

Incluso en educación terciaria, cuando ya ha tenido lugar buena parte de la selección y muchos estudiantes con orígenes sociales más bajos ya han quedado fuera del sistema, el peso de los recursos culturales y económicos de los padres continúa siendo evidente. Nuevamente, cuanto mejor es el estatus socioeconómico de los padres, mayor es el acceso de sus hijos e hijas a la enseñanza terciaria. En 2019, una persona procedente de un hogar con ingresos altos tenía el doble de probabilidades de cursar educación terciaria que otra de un hogar con ingresos bajos.

Como apreciamos en los tres gráficos, la notable expansión del sistema educativo español en todos los niveles de enseñanza no se ha traducido en una desaparición de las desigualdades en el acceso y en la permanencia en ellos. Aunque en la España de las últimas décadas ha predominado el ascenso social (hay más jóvenes que logran un nivel educativo más alto que el de sus padres que lo contrario), el suelo al que se enfrentan en la actualidad los hijos de familias con menos recursos sigue siendo bastante pegajoso. Los jóvenes cuyos padres tienen niveles bajos de estudios ascienden socialmente en menor medida que sus pares con padres universitarios.

¿Qué hacer? Entre otras medidas, políticas que ofrezcan segundas oportunidades

Estos resultados nos recuerdan que existe todavía margen para diseñar políticas públicas que profundicen en la igualdad de oportunidades educativas, dado que estas siguen constituyendo la mejor vía para acceder a otros recursos socialmente deseables (por ejemplo, salud, trabajo y renta). Para diseñar las medidas, conviene identificar los factores que intervienen en la persistencia de estas desigualdades. Entre ellas, hoy me interesa hacer referencia a una: la posibilidad que tienen las familias con más recursos de ofrecer segundas oportunidades a sus hijos.

Ante un acontecimiento adverso que afecte al rendimiento educativo (una mala racha, una enfermedad, un problema familiar o con los amigos, una materia que se atraganta), las familias con recursos pueden recurrir cómodamente a estrategias de todo tipo, incluyendo las actividades extraescolares, profesores particulares o academias de refuerzo, detección de problemas de salud o de desarrollo y acceso a tratamientos efectivos, o incluso un cambio de escuela. Cuando llega el momento de la inserción laboral, estas familias pueden asimismo ofrecer a sus hijos un colchón para esperar a una oferta de trabajo aceptable o preparar oposiciones, pueden prestarles un pequeño capital para iniciar un negocio o para buscar trabajo en el extranjero, pueden facilitar acceso a información o a contactos relevantes que puedan ayudar en el proceso.

Para las familias con recursos limitados no es tan sencillo desplegar estrategias para hacer frente a estas eventualidades. Para los niños y jóvenes con escasos medios, en muchas ocasiones no existen las segundas oportunidades. Sabemos que las ventajas y desventajas, las heredadas y las que se reciben de manera autónoma, se van acumulando a lo largo del ciclo vital de los individuos y que una desventaja en un ámbito, por ejemplo, el educativo, puede tener una influencia adversa en otro, por ejemplo, la salud o la inserción laboral. Existe margen para avanzar en el diseño de un amplio abanico de medidas que ofrezcan segundas oportunidades a los estudiantes con menos recursos, de modo que sus tropiezos no dejen cicatrices duraderas.

*NOTA: Esta entrada está basada en mi intervención en el Fórum 360 del Observatorio Social de “la Caixa” en el que se presentó el libro Desigualdad y pacto social. Los gráficos que se muestran proceden del capítulo sobre desigualdades educativas, en coautoría con Miguel Requena. El libro completo se puede descargar aquí.

Durante décadas se ha presumido en España de la sanidad pública, gratuita y universal, como un logro social extraordinario, un modelo de éxito evidente y la joya de la corona del Estado de bienestar. Las tendencias hacia la privatización de la atención sanitaria y las fuertes tensiones a las que se ha visto sometido el sistema público de salud durante la pandemia de COVID-19 han mostrado las a veces frágiles costuras de éste. En este contexto, surge la pregunta de qué efectos tiene la calidad del sistema sanitario público –condiciones de acceso, infraestructuras y equipamientos, magnitud de la inversión, condiciones laborales de los profesionales– en la salud de los ciudadanos y qué ocurre cuando alguno de estos parámetros cambia. Responder a esta pregunta de manera sistemática, exhaustiva y rigurosa resulta muy complicado y en ocasiones es necesario recurrir a estrategias creativas para hacerlo. En esta entrada ofrecemos los resultados de un ejercicio empírico que ofrece una respuesta indirecta a la pregunta.

Nuestra estrategia: “aprovechar” un cambio normativo que introducía restricciones de acceso a la atención sanitaria

Identificamos un contexto en el que hay un cambio exógeno en alguno de estos elementos. En concreto, partimos de un acontecimiento cuasi experimental ocurrido en 2012 –la introducción del Real Decreto-ley 20 de abril 2012 (RDL 16/2012)– mediante el que se limitó la cobertura sanitaria, con algunas excepciones, a personas inmigrantes sin documentación. La medida se aplicó de manera muy desigual en las distintas Comunidades Autónomas (en su orientación general y en el tratamiento de las excepciones contempladas); no en vano las competencias sobre la sanidad están descentralizadas. Estas variaciones en la aplicación de la norma jurídica nos permiten observar en la práctica distintos grados de restricciones en las condiciones de acceso a la atención sanitaria, siguiendo el trabajo de Cimas y sus coautores (aquí). Su clasificación da lugar a tres grupos de Comunidades Autónomas: las que adoptaron ninguna o muy pocas restricciones de facto, las que impusieron algunas restricciones y las que aplicaron en la práctica muchas restricciones, es decir, una implementación más “fiel” de la nueva ley. Aunque ésta afecta potencialmente a distintos indicadores de salud (por ejemplo, a la mortalidad, como se ha mostrado convincentemente aquí), en este caso nos centramos en la salud de los recién nacidos y en concreto seleccionamos el bajo peso al nacer como nuestro indicador relevante, ya que existe un gran consenso sobre la influencia adversa que tiene nacer con bajo peso en multitud de resultados de salud a lo largo de la vida.

En el trabajo analizamos, por tanto, si residir en Comunidades Autónomas con más restricciones para acceder a la sanidad pública conlleva un mayor riesgo de que nazcan bebés con dificultades y si, además, esta influencia adversa de las limitaciones es más acentuada para los grupos potencialmente más expuestos o vulnerables. Con este fin, clasificamos todas las nacionalidades de las madres de bebés nacidos en España unos años antes de la reforma y unos años después –entre 2009 y 2016– según el porcentaje de personas en ese grupo con residencia legal en el país. Para ello utilizamos datos oficiales tanto de los permisos válidos como de las solicitudes de asilo en trámite. A partir de estos datos, construimos tres grupos de nacionalidades: con una proporción muy baja de irregularidad (<5%), una proporción media (5-19%) y una proporción alta (>19%).

Las instituciones importan: a mayores restricciones, peor salud de los bebés

Los análisis confirman algunos resultados relevantes; en esta entrada destacamos dos, que se extraen de los gráficos que mostramos a continuación. En ambos se presenta, en el eje horizontal, el año de nacimiento de los bebés. La línea roja vertical marca el momento en el que se introduce el RDL 16/2012. Las tres líneas presentan la prevalencia de bajo peso al nacer para los tres grupos de Comunidades Autónomas: sin restricciones o con muy pocas, con algunas restricciones y con muchas restricciones (la línea naranja). La figura de la izquierda ilustra la prevalencia de bajo peso para el grupo de nacionalidades (de la madre) con una proporción alta de irregularidad; la de la derecha lo hace para el grupo de nacionalidades con una proporción baja.

Prevalencia del bajo peso al nacer para distintas combinaciones de estatus legal de las madres y de condiciones de acceso a la sanidad pública en la Comunidad Autónoma

El primer resultado relevante resulta de comparar la prevalencia de bajo peso para los bebés cuyas madres eran más vulnerables al cambio legislativo –aquellas con nacionalidades para las que la situación de irregularidad era frecuente, en el panel de la izquierda– con las que en principio podrían haber eludido con más facilidad la aplicación de la ley, en el de la derecha. El estatus legal de las madres, de hecho, afecta a la salud de los bebés: los niños de madres más expuestas al cambio legislativo muestran resultados consistentemente peores. El segundo resultado procede de comparar la salud de los bebés en contextos con aplicaciones más y menos férreas de la ley restrictiva, cotejando las líneas dentro de cada figura. Como cabía esperar, en las Comunidades Autónomas en las que se implementó de manera más literal y restrictiva el Real Decreto-ley, la salud de los bebés empeoró de manera sustancial.

Algunas implicaciones

En este ejercicio hemos considerado el escenario en teoría menos propicio para detectar una influencia del cambio legislativo, dado que la atención al embarazo y al parto en principio seguían cubriéndose en la sanidad pública, aunque en la práctica en algunas Comunidades Autónomas había evidentes dificultades al respecto. Incluso en este contexto, los resultados demuestran que restringir el acceso a la sanidad pública empeoró la salud de los recién nacidos, especialmente entre los grupos de inmigrantes más vulnerables. Sabemos que los bebés que al nacer presentan peores resultados perinatales son más propensos a tener mala salud a lo largo de la infancia y la vida adulta, por lo que, desde el punto de vista de la equidad y la igualdad de oportunidades, esta política resultó sin duda desacertada. Incluso desde el punto de vista de la eficiencia, estos resultados sugieren que descuidar la inversión en sanidad pública universal parece un muy mal negocio. Las consecuencias adversas para la salud y el bienestar de la población que se deben a cambios en las condiciones de acceso y en la calidad del servicio –sean estos cambios explícitos o velados– no tardan en hacerse notar.

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Nota: Esta entrada forma parte de los resultados del proyecto de investigación PERIFACT: Desigualdades sociales en salud perinatal: factores y consecuencias (PID2019-111564RB-I00 / AEI / 10.13039/501100011033). La investigación en la que se basa cuenta también con financiación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (IJC2018-038444-I).

El negacionismo de las inequidades económicas tradicionalmente se había centrado en cuestionar la oportunidad de mitigar la desigualdad, no en negar la existencia de pobreza y la necesidad de hacerle frente. La negación de la magnitud de la pobreza o de su relevancia supone una novedad preocupante para la calidad y el tono del debate público. En esta entrada hablaré de cuatro razones (la lista no es exhaustiva) por las que puede que se esté minimizando la importancia de este tema recientemente.

Razón 1: Pensar que no puede ser pobre quien tiene trabajo remunerado

En contra de lo que nuestra primera intuición pueda llevarnos a pensar, en nuestro país tener trabajo no siempre garantiza un mínimo de bienestar material. España tiene una proporción extraordinaria de trabajadores pobres: el 11,8% de las personas con trabajo tenía, en 2020, el último año para el que disponemos de datos consolidados, ingresos disponibles por debajo del umbral que convencionalmente se establece para delimitar el riesgo de pobreza. Esta cifra no responde a la situación excepcional que se vivió con el inicio de la pandemia; en los años anteriores los porcentajes eran similares, incluso algo superiores. Por supuesto que en este grupo abundarán otras características que correlacionan de manera independiente con el riesgo de pobreza (como la estructura del hogar, el número de horas trabajadas o el tipo de trabajo que se desempeña), pero incluso en ese caso no deja de ser llamativa la magnitud del fenómeno. La evidencia disponible apunta a que se han diversificado en España los correlatos del riesgo de pobreza y que los factores tradicionalmente protectores (tener un nivel educativo alto, contar con dos salarios en el hogar, estar empleado) no funcionan como se esperaría (un resumen sobre esta cuestión puede encontrarse en mi capítulo sobre desigualdad social en el Oxford Handbook of Spanish Politics). Mientras en otros contextos los debates académicos y políticos empiezan a plantear si sería posible ir transitando hacia sociedades que trabajen menos horas, en España, si no se plantean soluciones eficaces para mitigar la pobreza laboral con medidas predistributivas o redistributivas, esta aspiración parece ser aún bastante lejana.

Razón 2: No llamar a las cosas por su nombre

El debate sobre desigualdad económica y pobreza se apoya en un corpus teórico y técnico relativamente complejo y da la impresión de que los matices que se manejan en la literatura especializada no siempre encuentran un buen reflejo en el debate público. Si bien en el lenguaje popular parece evidente que el término pobreza remite simplemente a la escasez de recursos, el debate académico es mucho más rico en conceptos, indicadores y metodologías. No son lo mismo pobreza, privación y exclusión social; no es lo mismo la pobreza absoluta (la imposibilidad de cubrir necesidades básicas), que no suele ser objeto frecuente de análisis en las sociedades ricas, que la pobreza relativa, que incorpora una referencia a la sociedad concreta en la que tiene lugar (con un umbral que, por lo tanto, no es fijo y que depende de cómo se distribuyen en la población los recursos económicos que se estén analizando). La privación, material y no material, es otro indicador con entidad propia que en ocasiones se confunde con la pobreza. Aunque lógicamente existan relaciones entre todos los conceptos, es crucial mantener el rigor en su uso y en la especificación de sus posibles implicaciones. Algunas medidas identificarán más personas o colectivos con dificultades que otras y no siempre se ofrece el sustrato técnico suficiente, digerido para un público no experto, para ponerlas en contexto con otras que tal vez den lugar a conclusiones algo o muy diferentes. El uso transparente de varias medidas complementarias y sus posibles implicaciones minimiza el riesgo de que se entienda que se elige la que más conviene al argumento –tenga éste como objetivo enfatizar la importancia de la pobreza o por el contrario minimizar su importancia en nuestra sociedad.

Razón 3: Homofilia y cohesión social

La homofilia es la propensión a relacionarse, en mayor medida de la que correspondería si las interacciones tuvieran lugar de manera aleatoria, con personas muy similares a uno mismo en características como la edad, el nivel educativo, las preferencias ideológicas o el origen social. Incluso en las sociedades crecientemente diversas en las que vivimos, tendemos a rodearnos de y relacionamos con gente muy similar a nosotros. Estas preferencias individuales, muchas veces implícitas, propiciadas por múltiples obstáculos estructurales que dificultan la mezcla, dan lugar, en el nivel agregado, a pautas bien conocidas en el análisis sociológico como la segregación residencial, la segregación escolar, la desafección de las clases medias de los servicios público o la aparición de cámaras de eco en las redes sociales. Por ejemplo, en un interesante estudio Cáceres Delpiano y coautores aprovechan la asignación aleatoria a zonas distintas de España que tenía lugar cuando la mayoría de jóvenes realizaba el servicio militar para analizar los cambios en la identidad nacional; en el artículo se señala la importancia del contacto entre diferentes, aunque hay múltiples análisis que apuntan a similares conclusiones en otros ámbitos. Cuando se tienen pocas oportunidades para interactuar en el día a día con personas distintas a nosotros, la empatía y la cohesión social se resienten.

Razón 4: Una percepción errónea sobre la propia posición social

En España una proporción sustancial de los ciudadanos no es capaz de (auto)ubicarse correctamente en la distribución de la renta, es decir, desconoce cómo de altos o bajos son sus propios ingresos en comparación con los del resto de la población. Las personas que ocupan los tramos más bajos de la distribución de la renta suelen situarse, cuando se les pregunta (incluso en entornos experimentales), más arriba de donde realmente están, mientras los ricos se ubican mucho más abajo de lo que en realidad les correspondería. Esta tendencia la hemos documentado José Antonio Noguera, Luis Miller y yo en un estudio sobre preferencias sobre fiscalidad que se basa en un diseño experimental y cuyos resultados se publicarán muy pronto (¡seguiremos informando!). Tenemos, pues, indudables dificultades para situarnos en los extremos de la distribución. Cuando analizamos la clase social subjetiva, la percibida, muchos ciudadanos también parecen evitar los extremos; tanto la clase trabajadora como la clase alta tienen cierta tendencia a pensarse desproporcionadamente como clase media y hay dificultades añadidas para valorar las posibilidades de ascender socialmente (por ejemplo, en este estudio de Antonio Jaime e Ildefonso Marqués). Sería importante conocer de dónde proceden estos sesgos –hay quien ve relación con la homogeneización de los estilos de vida en las sociedades de consumo o con la progresiva extensión de la educación obligatoria, pero por supuesto hay hipótesis alternativas. En cualquier caso, las consecuencias adversas de esta percepción errónea son evidentes. Este error de cálculo puede hacer que las personas con pocos recursos perciban de manera poco realista, subestimen, su necesidad de protección social. Entre las personas con una posición socioeconómica holgada, puede debilitarse el compromiso redistributivo y verse comprometida la aceptación de obligaciones fiscales ya que se percibe que hay hueco “por arriba” para asumir una mayor presión fiscal.

La pobreza es uno de los muchos temas en los que no se ha conseguido aún salvar totalmente la distancia entre el conocimiento experto y la praxis política. Los datos son los que son, aunque su comprensión mejoraría si se ofrecieran todos los matices que permite el conocimiento experto. Ignorar estos datos solamente contribuye a reforzar las cámaras de resonancia en las que partidos políticos, gestores de lo público, analistas y ciudadanos ya habitan, y por lo tanto no hacen sino polarizar aún más los discursos y dificultar la búsqueda de consensos para afrontar este reto y otros de similar gravedad.

¿Por qué una lotería?

Porque cada combinación de un padre y una madre podría llegar a producir más de 70 billones de bebés genéticamente únicos. Nuestro genotipo, nuestra secuencia completa de ADN, es el resultado de una lotería genética, es fruto del azar, de la misma manera que es azaroso, y por lo tanto está fuera de nuestro control, haber nacido en una granja del sur de Francia, en una familia de ingenieros de Silicon Valley, o en una favela brasileña. Somos fruto de dos loterías, la genética y la social que, sin embargo, lejos de ser deterministas son probabilísticas y por lo tanto complejas y llenas de matices. Los genes, como la familia en la que se nace, no marcan a hierro nuestro destino, pero sí lo condicionan.

En el estudio de la influencia de los factores sociales en un fenómeno, un enfoque basado en un único factor –pongamos el análisis del riesgo individual de experimentar pobreza basado únicamente en el nivel educativo– sería considerado extremadamente ingenuo. De similar manera, la influencia de los genes en la mayoría de fenómenos que nos interesan tampoco se puede explicar por un solo gen. No existe un único gen para explicar el rendimiento escolar, las enfermedades mentales o la longevidad; se trata de fenómenos “poligénicos”.

¿Cuál es el premio?

Se juega a la lotería para ganar, sea dinero o algo que compartir con amigos. En la lotería genética, hay genes que predisponen a ciertos fenotipos (los ojos de un determinado color, una cierta estatura, mayores puntuaciones en pruebas estandarizadas, más persistencia en las tareas, más riego de padecer una enfermedad…). En la lotería social, hay familias que predisponen a obtener más cantidades de ciertos tipos de recursos. No obstante, no todas las diferencias entre individuos en la suerte genética y social son igualmente relevantes. Los fenotipos o recursos que se valoran en una sociedad concreta están construidos socialmente. Por fortuna, las recompensas sociales no se reparten, al menos explícitamente, según la suerte experimentada en el reparto de ciertos fenotipos como el color del cabello, aunque claramente la propensión –genética o inducida por los recursos familiares– a presentar genotipos que correlacionan con la salud mental o el éxito escolar pueden otorgar ventajas considerables en las sociedades actuales.

¿Son independientes la lotería genética y la social?

No, la suerte que se tiene en cada uno de los dos sorteos no es, en realidad, independiente: hay una clara interacción entre ambos. En numerosos estudios se ha demostrado que las personas con genes “más afortunados” para explicar resultados escolares son también las que crecen en entornos (familiares) más conducentes a tener éxito educativo. Por ejemplo, los niños que a los dos años de edad son capaces de repetir más sonidos (una ventaja claramente genética) reciben más estimulación por parte de sus padres (una ventaja claramente social), lo que aumenta aún más sus probabilidades de puntuar alto en pruebas relevantes en la escuela.

¿Por qué se suelen usar argumentos genéticos para justificar el racismo?

Porque se hace un uso erróneo de los estudios basados en datos genéticos. El análisis genético puede informar sobre diferencias dentro de los grupos, pero no sobre diferencias entre grupos. La mayoría de estudios genéticos están realizados a partir de muestras de personas blancas con ancestro del norte de Europa y la portabilidad de los resultados a otros ancestros es muy cuestionable. En sociedades étnicamente diversas como las contemporáneas, los resultados de estos estudios no pueden ni deben aplicarse de manera frívola o directamente torticera. Además, el valor social que atribuimos a un determinado fenotipo (por ejemplo, a lograr estudios universitarios) depende de factores históricos y culturales y no es necesariamente constante. De ahí que las conclusiones de los estudios genéticos para tratar de explicar diferencias entre grupos (razas, por ejemplo) sean erróneas.

¿Qué pesa más, los genes o el ambiente?

Por fin disponemos de estimaciones fiables que cuantifican el peso relativo de los factores genéticos y de los sociales en fenómenos complejos como por ejemplo obtener un título universitario (en los EEUU en 2018). Las brechas en ambas loterías son sorprendentemente similares. Si comparamos individuos cuyas familias estaban en el cuartil(cuarto) de población más pobre y más rica (en términos de renta familiar), los hijos de las familias ricas tenían tasas al menos cuatro veces más altas de graduación en la universidad que los hijos de familias pobres. Cuando se comparan, de forma análoga, las tasas de graduación de individuos que nacieron en el cuartil(cuarto) de la población con genes menos “favorables” a la educación y a aquellos en la parte alta de la distribución, las diferencias también son de uno a cuatro. Pesan lo mismo, pues, un kilo de hierro y un kilo de plumas.

No obstante, aunque se ha avanzado sustancialmente en el estudio de los genes que correlacionan con ciertos fenotipos complejos, como el éxito escolar, y se ha podido incluso cuantificar su peso, las explicaciones sobre mecanismos siguen siendo una asignatura pendiente en ese campo. Igual que en las ciencias sociales nos enfrentamos aún a cajas negras por abrir, en los estudios genéticos hay también mucho margen para entender por qué ciertos genes se asocian con ciertos fenotipos. Aun así, se puede afirmar con bastante confianza que las diferencias genéticas entre individuos, al igual que las diferencias en los recursos familiares entre individuos, causan diferente acceso a recursos valorados socialmente, dando lugar a desigualdades sociales.

¿Se deben corregir los resultados desiguales de la lotería genética?

Sí. Igual que ocurre con la lotería social, en la que entendemos que se debe atender a las inequidades que se deben a la distinta suerte que se tiene (nacer en una familia acomodada o en otra con riesgo de pobreza, por ejemplo), las que surgen de la lotería genética nos deberían resultar igualmente incómodas. Las inequidades que se generan como consecuencia de la desigual suerte en la lotería genética pueden, por supuesto, tener soluciones ambientales. Si a nadie le sorprende que la miopía, venga ésta de factores genéticos o del entorno, se corrija con unas gafas –una intervención ambiental universalmente efectiva, barata, sencilla y escalable– no se comprende que se muestre más remilgo a la hora de plantear intervenciones sociales para mitigar otros tipos de fenómenos causados (en el sentido laxo del término) por la lotería genética. La ciencia interesada en las desigualdades sociales y la política social deberían evitar el fatalismo que considera las diferencias genéticas inevitables y sus consecuencias no abordables.

Una conclusión optimista

El improductivo maniqueísmo que ha polarizado durante décadas el debate nature-nurture, genes y entorno, ha hecho que la genética del comportamiento y las ciencias sociales hayan avanzado con anteojeras todo este tiempo, tratando de medir, de maneras crecientemente sofisticadas pero separadas, el peso de las dos loterías, la genética y la social, en fenómenos de interés común. Para las ciencias sociales, el estudio genético estaba fuera de alcance –por su coste económico, la hiper-especialización técnica que requiere, los prejuicios ideológicos y la falta de tradición de trabajo interdisciplinar. Con el abaratamiento de la recogida, custodia y procesamiento de datos genéticos y la aparición de proyectos compartidos, se sabe ya que gran parte de los esfuerzos de las ciencias sociales para identificar intervenciones que mitiguen las desigualdades –por ejemplo, las que se heredan de padres a hijos, como el logro educativo– están erradas porque no tienen en cuenta la transmisión de ventajas y desventajas que tiene lugar por la vía genética.

Nota: Estas ideas son un reflejo directo de las expuestas por Kathryn Paige Harden en su reciente libro The Genetic Lottery. Why DNA Matters for Social Equality. La autora ha participado recientemente en la serie de seminarios de #DIGCLASS. Su intervención íntegra puede encontrase aquí.  

El descenso secular de la mortalidad infantil (según el INE, es el total de defunciones de menores de un año de vida, pertenecientes a un determinado ámbito, por cada 1.000 nacidos vivos en ese ámbito) es uno de los fenómenos demográficos más evidentes y mejor documentados. Este descenso ha sucedido como consecuencia de las mejoras a lo largo de la historia en las condiciones de vida de la población, la higiene – especialmente del agua –, el desarrollo de vacunas y antibióticos y la expansión del acceso a tratamientos médicos, entre otros, la atención profesional del parto. De hecho, la mortalidad infantil es una medida que habitualmente se utiliza como un buen indicador resumen del progreso económico y social de un país. Estos avances han ido teniendo lugar en momentos diferentes y con distintos ritmos en distintas regiones del mundo, y los países ricos han logrado, en general, reducir la mortalidad infantil hasta niveles sustancialmente bajos.

España es un ejemplo clarísimo de este fenómeno. Según los datos del INE, en el año 1900 morían en España 204 menores de un año por cada 1.000 nacidos; en 1920, 156 por cada 1.000. Para el año 1950, la mortalidad infantil había descendido ya a 57 de cada 1.000 y esta rápida caída continuó progresivamente, si bien con algunas oscilaciones, hasta las cifras actuales, 2,89 menores de un año fallecidos por cada 1.000 nacidos en 2019, entre las tasas más bajas del mundo. Este descenso coincide en nuestro país con una caída, asimismo muy marcada, de la natalidad, con lo que el éxito reproductivo, entendido como los bebés que sobreviven respecto a los que nacen, ha experimentado un incremento espectacular en España en el último siglo largo. En el gráfico 1 se ilustra esta caída en la mortalidad infantil desde 1975 para niños y niñas por separado.

Un dato llamativo es que en los últimos años la caída parece haberse estancado. Cuando tratamos fenómenos que ya han alcanzado niveles muy bajos y que pueden considerarse, afortunadamente, acontecimientos “raros”, deben interpretarse con cautela las oscilaciones anuales. No obstante, si observamos los datos de 2019, la tasa de mortalidad para los niños no había sido tan alta desde 2012 y la de las niñas no lo había sido desde 2014. Por otra parte, es bien sabido que la mortalidad infantil no se distribuye por igual entre los sexos, siendo este un fenómeno habitual en sociedades muy diversas. En el caso de España, cuando se observan las defunciones de menores de un año por cada 1.000 nacidos vivos, la desventaja, como en otros indicadores de mortalidad, es evidente para los niños: en 1975 morían 20,87 niños por 16,78 niñas. Con todo, la brecha ha ido cerrándose en las últimas décadas y desde 1997 se sitúa de manera sistemática por debajo de 1.

Las tasas nacionales esconden, no obstante, importantes diferencias geográficas. En 2019, moría en Cantabria antes de cumplir el año de vida solamente 1,13 por cada 1.000 nacidos vivos; en Melilla 6,42 (una cifra similar al total nacional en 1993). En el gráfico 2 presentamos correlaciones entre algunos indicadores de bienestar material en distintas zonas de España y la tasa total de mortalidad infantil. En concreto, en el panel de la izquierda se ilustra la relación entre la tasa de riesgo de pobreza en las distintas Comunidades y Ciudades Autónomas en 2019 y la tasa de mortalidad infantil en el mismo año. En el panel de la derecha, presentamos la tasa de paro en el primer trimestre de 2019 en el nivel provincial y la tasa de mortalidad infantil en el mismo año. En ambos casos, aparece una pauta clara: a mayores niveles de privación económica en el nivel agregado, mayores tasas de mortalidad infantil.

Con la cautela necesaria dado que nos movemos en unas tasas de mortalidad infantil que solamente pueden calificarse como muy exitosas, existe aún margen de mejora para reducirlas en varias provincias españolas. Será conveniente, asimismo, observar las tendencias cuando dispongamos de datos que recojan los efectos de la crisis sanitaria de 2020 y el impacto económico de la pandemia.

Nota: Esta entrada forma parte de los resultados del proyecto de investigación PERIFACT: Desigualdades sociales en salud perinatal: factores y consecuencias (PID2019-111564RB-I00 / AEI / 10.13039/501100011033).

La pandemia del coronavirus ha puesto en circulación numerosos términos relacionados con el diseño de las investigaciones científicas que no siempre resultan evidentes. En esta entrada se explican y se ofrecen ejemplos relacionados con esta emergencia sanitaria:

1. Muestra: Es una reproducción en miniatura de la población objeto de estudio sobre la que se desean extraer conclusiones. Que la muestra sea representativa significa que mantiene las características importantes que nos interesan de esa población. El macroestudio de seroprevalencia del coronavirus en la población española es representativo en el nivel de la provincia, pero los hogares dentro de ellas han sido seleccionados al azar, es decir, no parecen haber sido captados para mantener ciertas características de los hogares que pueden ser relevantes para entender los correlatos del virus (por ejemplo, los recursos económicos) o los procesos de contagio dentro de los hogares (por ejemplo, la estructura de edad de los hogares). Además, la participación en el estudio es voluntaria, lo que puede inhibir a ciertos tipos de personas e incentivar desproporcionadamente a otros. Al ser una encuesta a hogares, excluye, además a la población española que vive en instituciones (por ejemplo, en residencias, que sabemos que son uno de los principales focos). En esta entrada colectiva de hace un tiempo describíamos con más detalle cuestiones relacionadas con las características de las muestras y los métodos de muestreo.

2. Sesgo de selección: Tiene lugar cuando la selección de la muestra se hace de acuerdo con alguna característica que está relacionada con el fenómeno que deseamos estudiar. Del reciente estudio de John Ioannidis y sus colaboradores para conocer la prevalencia de COVID-19 en el condado de Santa Clara (California) se ha criticado, entre otras cuestiones, la captación de sujetos a través de un anuncio en Facebook. Esta decisión puede inducir sesgos en la muestra (relacionados con la edad, los recursos socioeconómicos, con la inclusión desproporcionada de personas especialmente deseosas de someterse a pruebas, por ejemplo si presentaban síntomas compatibles…) que estén dando lugar a un resultado distinto al de la población objeto de estudio, si esas características correlacionan con la exposición al virus o con la propensión a contraerlo.

3. Tratamiento: En el diseño de un experimento se suele probar un tratamiento (por ejemplo, un medicamento) y comparar su efectividad con un placebo, es decir, una intervención similar en todo lo demás (forma, color, presentación,…), pero sin el principio activo. O se puede comprobar la efectividad de un tratamiento, frente a la efectividad de otros (por ejemplo, distintas vacunas), manteniendo todo lo demás constante. En este artículo, Víctor Lapuente planteaba la necesidad de probar estrategias alternativas de desescalada en contextos similares en España precisamente para poder diseñar un escenario semi-experimental y comprobar así la eficacia relativa de distintas opciones (tratamientos relacionados con el ritmo de apertura).

4. Ceteris paribus Ceteris paribus: Expresión que procede del latín y se puede traducir como “manteniendo lo demás constante”. Para poder estudiar la influencia de un fenómeno X sobre otro, Y, debemos asegurarnos de que lo hacemos neutralizando el posible efecto de otras variables intervinientes relevantes. Si no se garantiza esta condición, es fácil atribuir erróneamente efectos que, en realidad, no existen o que son insignificantes, o bien negarlos cuando sí están presentes en la población objeto de estudio. Durante estas últimas semanas hemos visto a los medios especular con la idea de que las mujeres líderes han demostrado una mayor capacidad de hacer frente a la crisis de la COVID. El problema para hacer esta atribución es que los países que cuentan con mujeres como primeras ministras o presidentas del gobierno no suelen ser comparables al resto de países. Es probable que en ese puñado de contextos haya instituciones ya de por sí más eficientes en la selección de líderes altamente capaces, independientemente de su género.

5. Significatividad estadística y significatividad sustantiva: Que un efecto exista desde un punto de vista estadístico no implica necesariamente que sea socialmente relevante por su magnitud o su “sentido”. Y a la inversa, hay relaciones entre fenómenos que no superan las convenciones de la significatividad estadística, pero tienen importancia sustantiva. Recientemente, se ha señalado el fármaco antiviral remdesivir como un posible tratamiento efectivo contra la COVID; y varios países han permitido su uso ante la inexistencia de vacunas que hayan culminado el proceso de pruebas en seres humanos o de tratamientos alternativos cuya eficacia se haya consensuado. En este estudio publicado en The Lancet, sin embargo, no se pudo demostrar que el fármaco diera lugar, en pacientes con grados de gravedad similares de la COVID, a mejoras clínicas desde un punto de vista estadístico, tal vez por el reducido tamaño de la muestra.

6. Cherry picking Cherry picking: En ciencia, especialmente si se trata de un fenómeno nuevo, raramente existe consenso sobre cómo es el objeto de estudio y, menos aún, sobre sus causas o consecuencias. Además, los trabajos, a menudo, se basan en datos y técnicas de análisis diferentes que complican su comparabilidad. Aunque existen meta-análisis que nos permiten valorar la calidad y el rigor científico de múltiples contribuciones a la vez, éstas solamente existen para ciertos temas. Cuando se seleccionan de manera sesgada las fuentes y se priman, se da más credibilidad o se recuerdan en mayor medida las fuentes y los resultados que confirman nuestras creencias previas, se dice que se está haciendo cherry picking. Este fenómeno está muy relacionado con uno de los sesgos cognitivos más mencionados durante esta crisis, el sesgo de confirmación.

7. Supuestos de una investigación: Todos los análisis empíricos se basan en o están condicionados por los supuestos que hacen los investigadores. Estos supuestos tienen una importancia crucial, sobre todo cuando se trata de hacer predicciones o proyecciones. En una de las pre-publicaciones iniciales, a mediados de marzo, relacionadas con los efectos de la pandemia en el Reino Unido, por ejemplo, el Imperial College trabajó con diversos escenarios de contagios y capacidad de las UCIs bajo diferentes supuestos de distancia y confinamiento, dando lugar a resultados en términos de muertes enormemente discrepantes y que apuntaban a medidas políticas muy diversas. Los supuestos que se hacen, da igual cómo de realistas sean o de bien fundamentados parezcan, siempre tienen consecuencias sobre los resultados. Sospechen de quienes no hacen explícitos sus supuestos en sus investigaciones.

8. Falso positivo y falso negativo: Cuando una prueba diagnóstica da lugar a un positivo sin que en realidad exista enfermedad hablamos de un falso positivo. Cuando, por el contrario, la prueba da lugar a un negativo pero, en realidad, el paciente está afectado por la enfermedad, tenemos un falso negativo. En Corea del Sur se ha confirmado que, casos de aparente reinfección, en realidad eran falsos positivos anteriores que se contagiaban por primera vez. Y los falsos negativos se han relacionado con cargas víricas aún pequeñas en las fases iniciales de la enfermedad. Esto nos remite al concepto de fiabilidad en estadística, así como al de incertidumbre.

9. Relación espuria: Asociaciones aparentes entre dos variables no siempre son reales. En ocasiones hay un tercer elemento que no estamos teniendo en cuenta y que explica esa relación (es decir, no se cumple la condición ceteris paribus). La posible relación entre la toma de ibuprofeno y el agravamiento del estado de salud de pacientes afectados por coronavirus, que tanto revuelo causó en los momentos iniciales de la crisis, podía deberse a que la toma en dosis altas de ibuprofeno fuera mucho más frecuente en pacientes con patologías previas que correlacionaran con la gravedad del virus. En este caso, el ibuprofeno no sería una causa del agravamiento de la enfermedad, simplemente podría ser un indicador relacionado con la verdadera causa, la enfermedad previa.

10. Efectos de segundo orden: En muchas ocasiones, sobre todo fuera de las condiciones experimentales, una intervención puede tener efectos no previstos inicialmente o efectos en ámbitos distintos a aquellos sobre los que se interviene. El confinamiento estricto, sin duda, ha tenido un efecto enormemente positivo en la reducción de los contagios y las defunciones con COVID-19, pero parece claro que puede estar teniendo efectos no deseados. Por ejemplo, están aumentando claramente las desigualdades educativas, al desaparecer el elemento igualador de la escuela, o están apareciendo afecciones de otro tipo agravadas por no haber sido tratadas a tiempo. Pero el confinamiento también ha tenido efectos imprevistos positivos, como el descenso de los niveles de contaminación en las grandes ciudades. Estos días debatimos cómo distintas estrategias de desconfinamiento pueden permitir al mismo tiempo minimizar el nivel de ingresos en UCIs y maximizar la recuperación de la actividad económica.

11. Revisión por pares: El proceso de producción y publicación de un artículo científico suele ser largo y proceloso. Desde que se obtienen los primeros resultados, aún tentativos, hasta que éstos ven la luz en una revista científica, los investigadores presentan sus trabajos en congresos científicos y seminarios varias veces, lo que suele inducir a nuevas pruebas que, en muchas ocasiones, modifican las conclusiones del trabajo. Después reciben críticas y sugerencias por parte de evaluadores expertos en el tema, quienes normalmente no conocen a los autores, ni son conocidos por los autores y editores de las revistas a las que se envían los manuscritos. Los juicios de los pares ejercen de contrapeso y suelen servir de aval al rigor científico y a la sensatez de los resultados. La pandemia ha hecho saltar por los aires estos controles por las lógicas presiones para producir evidencias rápidas que informen la toma de decisiones y que avancen en los tratamientos y las vacunas.

12. Replicabilidad: La buena ciencia se debe desnudar (debe ser explícita y honesta al contar sus supuestos, sus decisiones analíticas o sus técnicas de análisis) para que otros investigadores puedan reproducir los análisis en otros contextos, con otros supuestos o con ciertas modificaciones metodológicas. En los últimos años se ha hablado de la crisis de la replicabilidad, precisamente, para hacer referencia a la imposibilidad de reproducir gran parte de los experimentos o estudios publicados; en ocasiones, ni siquiera estudios clásicos que generaban suficiente consenso en ciertas disciplinas. Cuando se replican, buena parte de los estudios no permiten apoyar las conclusiones iniciales. La medicina y las ciencias sociales son algunas de las áreas donde el problema es más evidente.

La brecha salarial de género sin ajustar en España está en una posición intermedia en el contexto europeo

Cuando se neutraliza la influencia de factores que correlacionan con el nivel salarial, las diferencias se estrechan sustancialmente

Hay una tensión entre participación laboral y brecha salarial difícilmente resoluble mientras persista la desigual dedicación de hombres y mujeres a tareas no remuneradas relacionadas con los cuidados

Al analizar las diferencias en los resultados en el mercado de trabajo entre mujeres y hombres, uno de los indicadores más utilizados es la brecha salarial, que hace referencia a las diferencias en los salarios –anuales, mensuales o por hora– que perciben los hombres y las mujeres. Los datos más recientes de Eurostat disponibles, correspondientes a 2017 y aún provisionales, sitúan a España en una posición intermedia en el contexto europeo. El dato de la brecha salarial sin ajustar para España, del 15,1%, es llamativo si lo comparamos con las limitadas diferencias de países como Rumanía, Italia o Luxemburgo –todos por debajo del 5%, todos muy diferentes entre sí en una buena cantidad de características socioeconómicas e institucionales– pero está lejos de las brechas más altas, en torno al 20% o superiores, de países, también muy diversos, como, en orden ascendente, Eslovaquia, Austria, el Reino Unido, Alemania, la República Checa y Estonia.

Cuando se inspeccionan series más o menos largas de esta brecha, es evidente que hay una tendencia relativamente generalizada hacia cierta reducción en las diferencias; España no es un caso anómalo en esta pauta, aunque desde 2007 hay fluctuaciones que previsiblemente están relacionadas con los efectos de la crisis. La excepción se encuentra en un reducido número de países en los que tiene lugar una desconcertante estabilidad en el tiempo. Hay contextos en los que la brecha salarial es sorprendentemente baja, como Italia (5% en 2017), y otros, en el extremo opuesto, con brechas persistentemente altas, entre los que pueden resultar llamativos Alemania (21%) y el Reino Unido (20,8%).

¿Por qué no conviene sobre-interpretar, sin embargo, la magnitud de las diferencias salariales medias? Simplemente porque estas cifras están enormemente afectadas por la desigual presencia de mujeres y hombres en la actividad laboral, en distintos sectores, ocupaciones, y tipos de empresas, por la diferente composición del grupo de trabajadoras y trabajadores en términos de edad, número de horas trabajadas, o antigüedad en el puesto, y por la distinta tendencia de unas y otros a interrumpir sus carreras profesionales, entre otras cuestiones. Cuando se neutraliza la influencia de todos estos factores para estimar el nivel salarial en el nivel individual, la brecha salarial neta es claramente menor.

En el siguiente gráfico se pone en relación la tasa de empleo de las mujeres con edades comprendidas entre los 20 y los 64 años –en el eje horizontal– con la magnitud de la brecha salarial –en el eje vertical– en dos años seleccionados, 2008 y 2016, para un grupo de países europeos. La pauta que emerge es clara: en contextos en los que la participación de las mujeres en el mercado laboral está más extendida, la brecha salarial es, en términos generales, también mayor.

Estos resultados en el nivel agregado recomiendan prestar más atención a los procesos de entrada al mercado laboral y de permanencia en él. Simplificando mucho un fenómeno ciertamente muy complejo, cuando solamente acceden al empleo mujeres muy seleccionadas en ciertas características (nivel educativo, preferencias por la carrera profesional versus la vida familiar…), la brecha salarial es pequeña porque los hombres y las mujeres que efectivamente trabajan son muy similares –son “intercambiables” en ciertos atributos que correlacionan con el nivel salarial. Cuando, por el contrario, la participación laboral es relativamente generalizada y por tanto la fuerza de trabajo está compuesta de mujeres muy heterogéneas entre sí –y suponiendo que el grupo de hombres suele ser más homogéneo–, la brecha salarial tiende a ser mayor.

En realidad, en España, como en otros contextos, no hay prácticamente diferencia en los salarios medios de hombres y mujeres en las primeras etapas de la vida laboral, pero la brecha empieza a acrecentarse con la edad a medida que la dedicación de unos y otras a la familia diverge en el periodo habitual de reproducción. Un indicador muy evidente de esta desigual dedicación se encuentra en el análisis de los motivos que los hombres y las mujeres declaran para pasar a la inactividad: mientras que ellos entran en esta situación para dedicarse a la formación o como consecuencia de una enfermedad o incapacidad propia, ellas son sustancialmente más propensas, en todos los rangos de edad, a estar inactivas para cuidar de sus hijos o de otros miembros de la familia. De hecho, las interrupciones laborales son uno de los principales frenos a la progresión salarial en general, y en particular a la de las mujeres (aquí). Si se adopta un enfoque longitudinal, las diferencias salariales a partir de la maternidad comienzan a ser tan evidentes que no parece exagerado afirmar que el nacimiento del primer hijo es el principal amplificador de las desigualdades de género en el mercado laboral (aquí).

Esta simple (simplificada) ilustración de la relación entre participación laboral y brecha salarial sugiere que, mientras persistan diferencias tan marcadas en la dedicación a las tareas de cuidado entre hombres y mujeres, seguirá existiendo en España un dilema entre empleo e igualdad.

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*Esta entrada recoge en parte argumentos desarrollados en mi capítulo sobre desigualdades de género en el III Informe sobre la Desigualdad en España, que se puede descargar de manera gratuita en este enlace, y en mi capítulo sobre desigualdades sociales en el Oxford Handbook of Spanish Politics, cuya publicación tendrá lugar a principios de 2020. Pueden consultarse los detalles sobre los contenidos completos del libro aquí.

España presenta una de las tasas de obesidad en adultos y en niños más altas de Europa. En general, el sobrepeso y la obesidad se relacionan con una ingesta de alimentos excesiva, poco equilibrada o de mala calidad. La preocupación médica y política por este problema ha aumentado considerablemente en los últimos años. Recientemente, por ejemplo, el Ministerio de Sanidad ha aprobado nuevas medidas para mitigar este problema al firmar acuerdos con empresas del sector alimentario para mejorar la calidad de los alimentos y bebidas reduciendo el contenido de azúcar, sal y grasas. Al tiempo, sobrepeso y obesidad se asocian con un excesivo sedentarismo. En España hay una proporción sustancial de personas sedentarias en todos los grupos de edad, especialmente en las mujeres. Nuestro país es, además, según datos del estudio PISA, el cuarto por la cola en el porcentaje de alumnos que tienen educación física en la escuela con la regularidad recomendada (al menos tres veces a la semana).

En esta entrada el interés se centra en otro indicador, tal vez menos conocido, que hace referencia a los hábitos alimentarios: saltarse el desayuno antes del colegio. Los datos proceden del estudio PISA en su última edición, la correspondiente a 2015, en la que se recoge información sobre muestras representativas de chicos y chicas de 15 años en los países de la OCDE y en otras naciones participantes en el estudio.

En el conjunto de países de la OCDE, el 22% de los/as estudiantes no suele desayunar antes de ir al colegio. Buenas noticias: este porcentaje es sustancialmente menor en España, un 14,9%. Los datos suponen en realidad un límite superior, porque es posible que algunas personas que declaran no desayunar antes de entrar al colegio puedan ingerir algún alimento después, por ejemplo, en la pausa de media mañana. No disponemos, sin embargo, de esta información en los datos de PISA. A pesar del relativamente buen dato en el caso español, cuando se analizan diferencias según algunas características de los adolescentes emergen regularidades relevantes que replican patrones de desigualdad en salud ya conocidos para otros indicadores.

Primera, las chicas se saltan el desayuno en mucha mayor medida que los chicos en todos los países que cubre el estudio, excepto en China, Hong Kong y Japón. Si para la media de la OCDE algo más del 18% de los chicos y casi el 26% de las chicas no desayuna, en España las cifras son el 11% para los chicos y casi el 19% para las chicas. Las tasas de ayuno son, por lo tanto, menores en España para los dos grupos, en torno a 7 puntos porcentuales menos que la media de los países ricos, pero la brecha entre chicos y chicas es de idéntica magnitud.

Segunda regularidad, los estudiantes con menos recursos acuden al colegio sin desayunar en una proporción mucho mayor que los que cuentan con más recursos en su hogar. Mientras en el cuartil inferior del índice ECSC (elaborado por PISA para medir el capital económico, cultural y social del estudiante y su familia) más del 17% de los adolescentes no desayuna, en el cuartil más rico la cifra se encuentra alrededor del 10%. La diferencia entre estos dos cuartiles extremos se sitúa en torno a los 7 puntos porcentuales, muy similar a la brecha media de la OCDE, aunque de nuevo con niveles considerablemente menores de ayuno en todos los tramos de la distribución. Existe evidencia que confirma esta misma pauta cuando se comparan niveles de ayuno usando distintos indicadores del nivel de recursos del hogar, como por ejemplo el nivel educativo del padre o su situación laboral.

Tercera, los adolescentes de origen inmigrante van al colegio sin desayunar en mayor medida que el resto. En la media de países de la OCDE, la diferencia entre nativos e inmigrantes de primera generación es de solo 2,6 puntos porcentuales, si bien significativa. Aunque en la mayor parte de países de hecho no hay diferencias significativas entre ambos grupos, en España en cambio la brecha es de 5,5 puntos porcentuales y relevante desde el punto de vista estadístico.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de PISA 2015. Datos ordenados en orden ascendente en cada variable.

Los datos no permiten hacer saltar ninguna alarma; en general, el ayuno no es un problema generalizado entre los adolescentes de nuestro país y posiblemente son más acuciantes otros problemas relacionados con la alimentación –como la insuficiente calidad nutricional de la dieta o su exceso calórico– o con el sedentarismo, que están detrás del aumento del sobrepeso y de la obesidad en la población infantil y adulta. Sin embargo, sí se han podido identificar grupos potencialmente vulnerables al desagregar los datos por sexo, estatus socioeconómico y origen, y las brechas detectadas en España son de magnitud similar a las registradas para la media de los países de nuestro entorno.

Lamentablemente, no es posible identificar en los datos los motivos declarados por los estudiantes para no desayunar. En algunos casos extremos, el ayuno puede ser un problema de escasez de recursos para adquirir los alimentos. Es posible, además, que existan dificultades más generalizadas para desayunar en familia o en compañía de algún otro adulto como consecuencia de los horarios rígidos (o desalineados entre la mayoría de trabajos y los centros escolares), o que estas dificultades se distribuyan de manera desigual en la sociedad. Esta intuición recibe apoyo en el dato de que es significativamente más habitual saltarse el desayuno que la cena, en España y en el resto de países. Podría también influir cierta falta de información sobre los beneficios de desayunar en general y de desayunar en familia en particular. El propio informe PISA muestra una correlación positiva entre el desayuno y las competencias en ciencias que tiene lugar también en el caso español –aunque lógicamente haya factores que afecten a ambas cosas. Por otro lado, hacer las comidas en familia se asocia, según algunos estudios, con un mayor bienestar físico y emocional de los adolescentes. En el caso concreto de las chicas, la literatura especializada suele entender que el mayor ayuno de ellas se debe a una preocupación más intensa por la imagen y a la mayor presencia de trastornos de la conducta alimentaria en chicas que en chicos.

Los motivos, por tanto, son probablemente muy diversos y las estrategias de intervención necesitan tener en cuenta esta heterogeneidad de perfiles y de potenciales motivos. Promover información sobre hábitos saludables en la infancia y adolescencia en la escuela parece un punto de partida inicial prometedor.

Cuando la economía de un país se contrae, las expectativas educativas de los estudiantes que están cercanos, por edad, a la toma de decisiones cruciales sobre su continuidad en el sistema educativo se tornan menos ambiciosas, se acortan de manera generalizada

Son los que pertenecen a hogares con menos recursos –aquellos cuyos padres tienen menor nivel educativo o en situación de privación material– y los que tienen trayectorias académicas previas con más incertidumbre los que se ven afectados más negativamente

En un artículo reciente (aquí) hemos analizado cómo la magnitud de la Gran Recesión ha afectado a las expectativas de los estudiantes sobre su futuro y posibilidades en el sistema educativo en 24 países (1). Se atribuye a Kennedy la frase de que una marea que sube hace que se levanten todos los barcos, y es cierto que durante la bonanza económica los estudiantes aspiran a más, mientras que la crisis acorta sus expectativas y hace que se vuelvan menos ambicioso. El problema es que esto sucede, sobre todo, en los hogares con menos recursos. 

El trabajo permite extraer tres conclusiones principales sobre los efectos de la Gran Recesión.

Primera, la crisis deprimió las expectativas medias de los estudiantes de secundaria: controlando por un buen número de factores relevantes, incluyendo los recursos del hogar o el rendimiento educativo, un clima económico adverso hace que los estudiantes crean que progresarán menos en el sistema educativo, es decir, que sus trayectorias educativas serán más reducidas (que en tiempos de crecimiento económico). Aunque la correlación entre expectativas y nivel educativo final conseguido no es perfecta, se considera que en general es una buena aproximación, por lo que podemos pensar que una contracción de la economía se asocia a un logro educativo menor que en situación de bonanza.

El segundo resultado de nuestro trabajo es que la crisis aumentó las desigualdades según el origen socioeconómico, es decir, la desigualdad de oportunidades: todas las expectativas se redujeron, pero las de los estudiantes más desfavorecidos se vieron afectadas de forma especialmente marcada y los recursos –tanto materiales como culturales– de las familias se convirtieron en predictores aún más potentes de las expectativas que en tiempos de crecimiento. En el Gráfico 1 mostramos cómo se reducen las expectativas educativas de los estudiantes de secundaria en distintos escenarios: (a) ante decrecimientos de la economía de distinta magnitud, y (b) cuando el estudiante pertenece a familias con diversos niveles de recursos educativos y materiales.

Las conclusiones que pueden extraerse de este ejercicio son claras. Por una parte, la influencia adversa de la recesión parece ser proporcional a su crudeza: crisis de más magnitud –en las que, por ejemplo, se reduce el crecimiento del PIB en 5 puntos porcentuales– ejercen un efecto depresor de las expectativas mayor que una reducción más moderada. Por otra parte, las expectativas se ven sustancialmente más afectadas para los estudiantes de familias con menor recursos –todos los efectos son suficientemente grandes desde el punto de vista estadístico. Cuando sus padres tienen un nivel educativo relativamente bajo o hay insuficientes recursos materiales en el hogar, las expectativas resultan claramente menores. La diferencia entre hogares con distintos niveles socioeconómicos y su efecto en las expectativas es especialmente llamativa en el caso de los recursos educativos.

El tercer resultado que destacamos en el trabajo tiene que ver con los efectos de la Gran Recesión en estudiantes con distintos rendimientos educativos previos (en concreto, en matemáticas). Mientras los estudiantes con un rendimiento especialmente bajo y alto no parecen verse afectados, controlando por el resto de factores relevantes, por una contracción de la economía en su país, aquellos con rendimientos previos intermedios –cuyas probabilidades de éxito en las sucesivas etapas de la educación son más inciertas para ellos mismos y para sus padres y profesores– se ven muy negativamente afectados. De nuevo la crisis aumenta la desigualdad de oportunidades, esta vez según las capacidades y/o rendimientos educativos previos de los alumnos.

Recapitulando, cuando la economía de un país se contrae, las expectativas educativas de los estudiantes que están cercanos, por edad, a la toma de decisiones cruciales sobre su continuidad en el sistema educativo se tornan menos ambiciosas, se acortan de manera generalizada. La optimista frase de Kennedy se confirma parcialmente en nuestro estudio: el crecimiento económico se asocia con carreras que se conciben como más largas, mientras las crisis hacen que los estudiantes prevean que éstas se acortarán. Los barcos se hunden con la crisis, sí, pero no lo hacen todos de idéntica manera. Son los que pertenecen a hogares con menos recursos –aquellos cuyos padres tienen menor nivel educativo o bien se encuentran en situación de privación material– y los que tienen trayectorias académicas previas con más incertidumbre los que se ven afectados más negativamente. Estos hallazgos alertan sobre la necesidad de poner el foco sobre los estudiantes más vulnerables y en la conveniencia de diseñar políticas específicas para ellos.

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(1) En concreto, nos interesaba aislar la influencia de la magnitud de la Gran Recesión -el (de)crecimiento de la economía controlando por el nivel de desarrollo- que tuvo lugar con timings y magnitudes diversas en distintos países, sobre las expectativas de los estudiantes de secundaria de 13 o 14 años respecto a su continuidad en el sistema educativo: qué nivel educativo creen que podrán alcanzar. Para ello construimos una base de datos con información sobre el clima económico en 24 países desarrollados y en diversos momentos del tiempo y la combinamos con datos en el nivel individual, relativos al rendimiento en matemáticas de los alumnos y a las características de sus familias, para esos mismos países, del estudio internacional TIMSS en sus ediciones de los años 2003, 2007 y 2011. Estos datos nos permitieron determinar cómo influye una contracción de la economía en las expectativas de los estudiantes de secundaria. Los estudios tradicionales sobre el tema se habían fijado fundamentalmente en el peso de factores institucionales, no tanto en los relativos al ciclo económico, y se habían limitado al estudio de un solo país.

Las brechas de género en competencias básicas en la escuela (lectura, matemáticas, ciencias) se dan a menudo por supuestas. Tradicionalmente se ha considerado que de manera bastante natural las niñas destacaban en habilidades relacionadas con la lectura, la comunicación y las relaciones sociales y los niños en matemáticas y ciencias. Esta convicción de la ciencia popular obtiene cierto apoyo empírico si se observa el caso español usando, por ejemplo, los datos del estudio PISA. En España en su conjunto los chicos de 15 años obtienen, en la última edición del informe, la de 2015, 7 puntos más que las chicas en competencias en ciencias, el equivalente a lo que se aprende en casi 3 meses de escolarización. Para la media de países de la OCDE, también se observa una diferencia a favor de los chicos, esta vez de 4 puntos, equivalente a 1,6 meses de instrucción.

Como en muchos otros casos, sin embargo, cuando se busca una foto más amplia los datos no permiten respaldar estas conclusiones. Cuando se analizan las competencias en ciencias en un número amplio de países (por ejemplo, en todos los países que participan en el estudio PISA) y a lo largo del tiempo, las diferencias a favor de uno u otro sexo distan mucho de ser sistemáticas, algo similar a lo que ocurre, por cierto, con las competencias matemáticas. En realidad, existe bastante heterogeneidad en el sentido de la brecha. Así, si se excluye el grupo de países con diferencias insignificantes desde el punto de vista estadístico, que, atención, son mayoría, en la mitad de los países los chicos obtienen puntuaciones mayores que las chicas, mientras en la otra mitad de naciones son las chicas las que puntúan mejor. Por ofrecer algo de contexto, las mayores distancias en esta edición de 2015, de 19 puntos (7,6 meses de aprendizaje), se observan en Austria y en Finlandia, dos países con sistemas educativos muy diferentes; en el primer caso la ventaja opera a favor de los chicos y en el segundo a favor de las chicas.

En lo que resta de post, apuntaré brevemente algunos de los fascinantes debates en los que están entretenidos los especialistas en estos momentos y que creo que son cruciales para entender por qué en algunos países, como España, persiste cierta brecha de género en competencias científico-matemáticas.

1. Los estereotipos de género respecto a la brillantez se manifiestan a una edad muy temprana, a los seis años, momento en el que comienza la educación primaria en muchos países. Las niñas a partir de esta edad, pero no antes, asocian en menor medida que los niños la brillantez a su propio sexo incluso a igual percepción sobre el rendimiento escolar en ambos sexos, y esto condiciona el interés que muestran en actividades para las que supuestamente se requiere esta cualidad (estudio aquí).

2. Hay evidencia sobre la diferente conformidad con las reglas o con los estereotipos de género que esperan familias y docentes, de los niños y las niñas. También sobre la exposición a roles de género estereotipados a través de los contenidos de los materiales de estudio o de los modelos ejercidos (o los prejuicios transmitidos) por el personal docente. Por ejemplo, algunos estudios concluyen que el profesorado puntúa sistemáticamente más bajo a las niñas que a los niños, incluso cuando las aptitudes y las actitudes hacia el aprendizaje son idénticas. Otros señalan que, a igualdad de otras características, tener una profesora (en lugar de un profesor) mejora el rendimiento escolar de las niñas y su percepción sobre sus propias capacidades en la asignatura de matemáticas, mientras que para los niños el sexo del docente no tiene ningún efecto, ni positivo ni negativo.

3. De manera bastante sistemática en los países desarrollados, los chicos presentan actitudes más negativas hacia la escuela y tienen menor autorregulación. Las chicas, por su parte, se muestran más reacias a competir y tienen menos confianza en sí mismas ante tareas matemáticas y científicas, incluso cuando su rendimiento es muy alto, y muestran además mayores niveles generales de ansiedad hacia este tipo de problemas (aquí). Estos hallazgos son relevantes porque la ansiedad hacia las matemáticas es uno de los factores que más claramente correlacionan con un peor rendimiento y con una menor elección de estudios científicos-tecnológicos por parte de las mujeres. Hay además un creciente interés en la comunidad educativa y el mundo académico por el desarrollo de estas competencias socioemocionales entre la población escolar. Existen estudios muy influyentes que muestran la relevancia de este tipo de competencias para explicar el rendimiento educativo (medido a través de las competencias puramente cognitivas), el bienestar físico y emocional y el encaje posterior en el mercado laboral.

4. Entre los estudiantes de secundaria, persisten importantes diferencias en las actitudes hacia la ciencia y en las expectativas respecto a la posibilidad de elegir carreras científicas. Los datos de PISA antes aludidos indican no sólo que los chicos se interesan más por los contenidos científicos y esperan optar en mayor medida que las chicas por carreras científicas en el futuro. Muestran además que, incluso si nos fijamos exclusivamente en los chicos y chicas con igual (alto) rendimiento e igual (alto) interés en las ciencias, en muchos países, incluyendo España, las chicas tienen menor propensión a concebir una carrera de este tipo como adecuada para ellas y, cuando lo hacen, es una regularidad que las chicas se decantan en mucha mayor medida por profesiones en el ámbito de la salud (tres veces más que los chicos) y los chicos por profesiones como la ingeniería o las tecnologías de comunicación.

5. Estas pautas son coherentes con los datos sobre matriculaciones en distintos programas de educación superior, que confirman la segregación de género: de manera bastante sistemática entre países y estable en el tiempo, hay una infrarrepresentación de las mujeres en estudios científicos y una brecha importante en los estudios dedicados a tareas de cuidados (aquí).

Estos argumentos sugieren la necesidad de prestar más atención a la interacción entre estereotipos, actitudes, expectativas, rendimiento y decisiones académicas y laborales posteriores. Podrían estar generándose, especialmente en países con una división sexual del trabajo resistente al cambio, círculos viciosos: expectativas negativas respecto a la propia capacidad, implicación menor en actividades científicas, rendimiento escolar menor del que potencialmente se podría obtener, expectativas negativas sobre una carrera científica, menor acceso a estudios científicos. Estos círculos viciosos operan a lo largo de toda la vida escolar de los estudiantes y limitan las oportunidades de las chicas para acceder a carreras de este perfil, especialmente a las mejor remuneradas o las que en un momento concreto cuentan con más reconocimiento social. Si los estereotipos respecto al tipo de actividades supuestamente más apropiadas para cada género se desarrollan en la primera infancia, y si es cierto que condicionan el interés por la participación en determinados estudios o tareas, parece oportuno pensar que los modelos o referentes ofrecidos en el entorno escolar (pero también en el familiar) podrían diversificarse y que podría incentivarse aún más proactivamente por parte de los educadores la participación de niños y niñas en actividades que tradicionalmente han experimentado cierto sesgo de género.

NOTA: Parte de estos argumentos han aparecido en mi capítulo sobre desigualdades de género en el III Informe sobre la Desigualdad en España, que se puede descargar de manera gratuita en este enlace.

España es el país en el que en mayor medida se valora que la escuela fomente el pensamiento crítico y la creatividad

El acceso a escuelas, también públicas, en las que se da prioridad a estas competencias tiene un fuerte sesgo por clase social

Generalizar los métodos educativos "alternativos" podría tener efectos no deseados desde el punto de vista de la movilidad social

Nota: La autora del post y todos los editores de Piedras de Papel lamentamos que la publicación de éste haya precedido en pocas horas a la noticia del nacimiento prematuro de los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias, a los que les deseamos lo mejor en estas duras circunstancias.

¿Qué educación quieren las familias?

Irene Montero y Pablo Iglesias no son los únicos que prefieren, para sus hijos, una educación alejada de las clases magistrales tradicionales. En un estudio del Pew Research Center llevado a cabo en el año 2016, se preguntó en 19 países por la importancia que se atribuye a distintos modelos educativos. En concreto, se preguntaba si lo más importante era que las escuelas del país enseñaran de manera prioritaria las competencias académicas básicas y la disciplina, por un lado, o que fomentaran preferentemente la creatividad y el pensamiento crítico/independiente, por otro. Los resultados para España pueden sorprender. El 67% de las personas consultadas en España manifestó como prioritario que la escuela debía fomentar el pensamiento crítico y la creatividad y solamente el 24% consideró conveniente que la escuela se centrara en la adquisición de competencias a través de la disciplina.

Lo más interesante de estos resultados, sin embargo, no se encuentra en que ésta sea la modalidad más deseada sino en lo transversal que resulta esta preferencia en nuestro país. En todos los países ricos incluidos en el estudio hay evidentes diferencias ideológicas en la importancia que se otorga a cada tipo de educación y, en términos generales, los ciudadanos de izquierda prefieren en mayor medida el modelo basado en la creatividad y el pensamiento crítico.

En España esta pauta se confirma, pero las diferencias son sustancialmente menos marcadas que en otros estados y tanto los ciudadanos de derecha como de izquierda apoyan este modelo en mucha mayor medida que en otros contextos (74% de los ciudadanos de izquierda y 62% de los de derecha). El consenso, por lo tanto, es marcadamente más transversal que en otros países, especialmente que en Estados Unidos (67% frente a 33%) o el Reino Unido (60% frente a 29%). Esta misma pauta se repite si desagregamos por grupos de edad, con una brecha mucho menor en España y niveles más altos de apoyo a este tipo de formación incluso entre los ciudadanos de más edad –el 73% de los ciudadanos entre 18 y 34 años y el 62% entre los mayores de 50.

¿Qué ofrecen las escuelas?

Algunas de las características que solemos asociar a los métodos educativos innovadores tienen en realidad una larga historia, e incluso en España han tenido implantación histórica en (contados) proyectos inspirados en la Institución Libre de Enseñanza o herederos de la misma. Sin embargo, es cierto que en las últimas décadas ha sido cuando han proliferado escuelas con metodologías muy variadas y “con apellido” (Waldorf-Steiner, Montessori) que tenían ya mucha presencia en otros países. Al tiempo, y sin necesidad de que se adscriban a uno de estos modelos particulares, en muchos centros privados y concertados se están implantando continuamente innovaciones pedagógicas que en principio se alinean con estas preferencias mostradas por las familias.

Aunque en teoría estas competencias están recogidas en el sistema educativo público español, en la práctica los requisitos de cumplimiento curricular y la carrera de los centros por lograr buenos resultados en las pruebas estandarizadas dificultan enormemente su pleno desarrollo en la escuela pública. Esto explica que las familias que cuentan con más recursos para cambiar de barrio o de municipio de residencia y con más información sobre el funcionamiento del sistema puedan optar en mayor medida a los escasos centros públicos que, como el CEIP La Navata de Galapagar, combinan calidad académica con modelos pedagógicos innovadores.

¿Se podrían universalizar estos modelos?

Dado que parece que este tipo de escuelas o este tipo de metodologías son las más demandadas por las familias españolas, alguien podría plantearse si sería conveniente generalizarlas. Sin pretender evaluar los pros y contras de todos los posibles escenarios ni ofrecer respuestas cerradas, concluyo este post trayendo al debate algunas restricciones a las que se tendría que enfrentar una posible universalización de este enfoque.

Primero, existe evidencia empírica que sugiere que los modelos educativos “alternativos” no favorecen por igual el aprendizaje de todos los tipos de alumnos. Como resume de manera muy clara Antonio Cabrales en este post, los estudios más rigurosos sobre el tema apuntan a que los métodos tradicionales (con más énfasis en los contenidos, la memoria y la repetición) producen de media mejores resultados en las chicas, los estudiantes con menor rendimiento y los de familias con menos recursos socioeconómicos. Si estos resultados son ciertos, puede ser crucial plantearse cómo alinear los modelos pedagógicos de estas escuelas “alternativas” con las pautas de crianza y las aproximaciones al aprendizaje que se ejercen en las familias para que los beneficios puedan generalizarse.

Segundo, el mercado laboral en España ya parece que tiene severas dificultades para integrar en buenas condiciones a los estudiantes formados en nuestro clásico sistema memorístico e hipertrofiado de contenidos (desempleo, sobrecualificación, precariedad). ¿Podría el tejido empresarial absorber nuevas cohortes de ciudadanos creativos y con espíritu crítico? ¿O es plausible pensar que precisamente la capacitación en estas competencias modificará de manera sustancial el mercado laboral, aumentando drásticamente el número de puestos en innovación y desarrollo?

Tercero y relacionado, es razonable pensar que las competencias que en principio se adquieren más y/o mejor con los métodos modernos (el pensamiento crítico, la creatividad, la diversificación de estrategias para la resolución de problemas complejos) tendrán un mayor rendimiento en sectores y ocupaciones a los que es más complicado acceder desde la clase (de origen) trabajadora. Si es cierto que estos métodos benefician desproporcionadamente a los estudiantes de las clases medias-altas, la generalización de estos métodos podría tener el efecto no previsto de aumentar la herencia de las desventajas y de limitar la movilidad social.

El peso al nacer es un buen indicador de desventaja temprana porque condiciona la salud y el éxito escolar de los individuos a lo largo de su vida

Los efectos adversos de una desventaja temprana como nacer con bajo peso son muy evidentes para los niños de familias con pocos recursos. Las familias mejor situadas, en cambio, son capaces de neutralizar completamente esta desventaja inicial

Una de las conclusiones más comúnmente aceptadas entre quienes estudian la evolución de la desigualdad educativa es que los problemas a los que se enfrentan los hijos de las familias con menos recursos tienen un origen muy temprano. Tanto es así que incluso mucho antes de que se escolaricen, los niños ya presentan dificultades en su desarrollo que difieren en función de quiénes son (o de cómo son) sus padres.

En este post tomamos un indicador frecuentemente utilizado como una de las medidas de desventaja más tempranas: el peso al nacer. Sabemos que el bajo peso al nacer, aquel que está por debajo de los dos kilos y medio, correlaciona de manera muy clara con un peor estado de salud y mayor morbilidad en distintas fases del ciclo vital. Aunque hay menos evidencia al respecto, también parece estar asociado con peores resultados escolares e incluso laborales. A continuación analizamos su influencia en el éxito escolar (medido en comprensión lectora) a medio plazo (para una muestra de escolares entre 10 y 15 años de edad en China) y observamos que los efectos adversos son muy diferentes en función de los recursos socioeconómicos de los hogares.

Desmenuzamos nuestro argumento en tres partes.

1. El bajo peso al nacer: una desventaja real y duradera para el éxito escolar

En el primer gráfico vemos que nacer con bajo peso implica una desventaja en el rendimiento escolar en lengua, una materia instrumental relevante para la adquisición de otros tipos de competencias. Los niños que nacen con menos de dos kilos y medio de peso obtienen puntuaciones más bajas en esta materia en secundaria, controlando por la influencia de otros factores potencialmente relevantes como el sexo, la edad, los recursos de la madre y del padre, el lugar de nacimiento y el lugar de residencia, que los niños con más peso. En concreto, sus puntuaciones son un 8% menores. Una desventaja tan temprana como nacer con un peso patológicamente bajo continúa, por lo tanto, teniendo consecuencias evidentes en el éxito escolar de los niños más de diez años después.

2. Una desventaja que no sucede al azar

Sabemos que esta desventaja no sucede de manera aleatoria en la población de niños. La evidencia empírica para multitud de países, que nosotros hemos confirmado en el caso español (por ejemplo, aquí), indica que hay un claro gradiente asociado a los recursos socioeconómicos de la madre y del padre en la prevalencia del bajo peso al nacer. Los bebés que nacen de madres/familias con mayor nivel educativo, más ingresos, un nivel ocupacional más alto o mayores niveles de apoyo socioemocional, nacen en mucha mayor medida que el resto con un peso normal, por encima de los dos kilos y medio. De nuevo neutralizando la posible influencia de otros factores relevantes, se confirma que las madres con menores niveles educativos (más a la izquierda en el eje horizontal en el segundo gráfico) tienen probabilidades más altas de dar a luz un bebé con bajo peso. Cuando la madre no tiene ninguna educación formal, algo no del todo infrecuente en este contexto, presenta el doble de probabilidades de tener un bebé con bajo peso que una madre comparable pero con educación terciaria.

3. Y, ¿cómo es la reacción de los padres?

Ante la evidente desventaja inicial que para los niños supone nacer con bajo peso, las familias no son agentes neutros ni pasivos. Los mecanismos que tradicionalmente se han utilizado desde la sociología para explicar cómo las familias con más recursos logran transmitir ventajas a sus hijos son perfectamente aplicables en este caso. Bien sea porque se activan estrategias intencionales para neutralizar esta desventaja o porque la transmisión tiene lugar a través de procesos más sutiles (como la exposición de los niños a determinados valores o actitudes), lo cierto es que las familias con más recursos están en principio mejor equipadas para remediar las dificultades que puedan tener sus hijos durante su desarrollo. Así es como se explica que las familias reaccionen de forma diferente en función de sus recursos ante los problemas que puede tener un recién nacido con un peso excesivamente bajo.

En el tercer gráfico mostramos, para la materia de lengua, las puntuaciones para los niños nacidos con peso normal (a la izquierda) y con bajo peso (a la derecha), pero esta vez desagregado para tres niveles formativos de las madres. Entre los niños nacidos con bajo peso y cuyas madres tienen nivel educativo de primaria o menos (azul) y de secundaria (rojo), las puntuaciones son marcadamente inferiores que en niños comparables en cuanto al nivel educativo de sus madres pero nacidos con un peso normal. En cambio, y aquí está la cuestión interesante, cuando la madre tiene educación universitaria la desventaja inicial que supone nacer con bajo peso no tiene una traslación en los resultados; no hay diferencias entre estos niños y los niños comparables nacidos con un peso normal. Mientras que los padres con más recursos son capaces de neutralizar la desventaja que para sus hijos supone nacer con bajo peso, los padres menos educados no consiguen remediar los problemas de sus hijos con bajo peso.

En resumen, podemos decir que los padres de hogares con más recursos son capaces de neutralizar las consecuencias más negativas que ciertos factores tienen en el desarrollo de sus hijos hasta el punto de contrarrestarlas, algo que los hogares menos aventajados no pueden hacer. Las desventajas que se manifiestan ya desde la cuna pueden tener consecuencias de muy largo plazo; las desigualdades se reproducen en parte como consecuencia de la desigual capacidad de las familias para neutralizarlas.

Una nota final

Este trabajo está hecho con datos del Panel de Hogares de China (2010), aunque creemos que las consecuencias de este tipo de análisis pueden ser universalmente aplicables. ¿Por qué no usamos datos españoles? A pesar de la extraordinaria importancia que, en nuestra opinión, tienen investigaciones como estas, España no ha considerado oportuno, por el momento, producir este tipo de datos.