Para echar un vistazo al futuro de Europa, solo hay que mirar los últimos acontecimientos de España en vísperas de unas elecciones generales el 23 de julio. Con el pretexto de defender al Estado nación tradicional y en un intento de convertir los comicios en una guerra cultural, la última estrategia de impacto del partido de extrema derecha Vox fue colocar una valla publicitaria en una de las principales calles de Madrid demonizando al feminismo, a la inmigración y a la comunidad LGBTQ+ con una papelera a la que sus símbolos eran arrojados violentamente.

Una retórica en la que profundizó el líder de Vox, Santiago Abascal, durante un incendiario debate electoral por televisión en el que pronunció la mentira de que casi el 70% de las violaciones en grupo son cometidas por extranjeros.

Las técnicas no son nuevas: durante el referéndum del Brexit de 2016, Nigel Farage encargó un polémico cartel en el que se veía a una multitud de inmigrantes dirigiéndose hacia el Reino Unido junto al mensaje “punto de quiebre”. No es casualidad que el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, mostrara exactamente la misma foto en sus carteles electorales, esta vez con el lema “Stop”. Hungría es el país europeo con menor número de ciudadanos nacidos en otro lugar, pero, en su campaña de “copiar y pegar”, Orbán logró que el tema ganador de las elecciones fuera la necesidad de levantar muros para frenar a unos “invasores” inexistentes.

El nacionalismo de Vox no se conforma con oponerse a la inmigración de otros países. Incluye ataques explícitamente dirigidos contra el movimiento feminista y el LGBTQ+, definidos por el partido de extrema derecha como amenazas para la misma existencia del Estado-nación.

En las coaliciones de gobiernos locales en las que participa, Vox ha impedido que haya iniciativas de igualdad de género, creando en su lugar “departamentos para las familias”. En Valencia, Vox ha forzado un cambio en la definición de la violencia de género, reduciéndola a una mera cuestión “intrafamiliar”. En Baleares, el partido está eliminando todos los reconocimientos formales al movimiento LGBTQ+.

Además, su programa ultranacionalista incluye terminar con los movimientos en favor de la autonomía regional y prohibir a los partidos políticos de Cataluña y del País Vasco que buscan la independencia.

Por supuesto, la derecha se centra en las guerras culturales para desviar la atención de sus políticas económicas neoliberales, que exigen privatizar servicios públicos, favorecer a la sanidad privada y recortar impuestos a los que más tienen, incluyendo la abolición del actual impuesto sobre las grandes fortunas, en vigor hasta 2024.

España y su audaz presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ocupan en este momento la primera línea de defensa de los valores progresistas, luchando contra los intentos de la derecha de asfixiar un programa económico de reducción de la pobreza y mejora del empleo.

Vox no ganará de forma absoluta pero es muy posible que acabe dominando el próximo gobierno de España. El conservador Partido Popular, que ya está alineándose con la formación de extrema derecha en coaliciones de gobiernos municipales y autonómicos, necesitará su apoyo para construir una mayoría de gobierno.

María Guardiola, líder del PP en Extremadura, juró hace unas semanas que no pactaría con un partido que “niega la violencia machista, deshumaniza a los inmigrantes, y tira a la papelera la bandera LGTBQ+”, en sus propias palabras. Luego dio un giro de 180 grados y anunció que a su partido no le quedaba más remedio que pactar con Vox para gobernar.

Si el bloque de partidos de derecha acaba por delante de Sánchez, se romperá una historia de casi 50 años sin partidos neofascistas en el poder. Los de Vox habrán pasado de ser una panda de demagogos callejeros a formar parte del gabinete de ministros. Un terremoto político que, en el año de la presidencia española de la Unión Europea, se hará sentir por todo el continente.

Su poder envalentonará a las formaciones de extrema derecha que proliferan por Europa. El partido alemán de extrema derecha AfD ha registrado más de un 20% de apoyo nacional en todo el país y también ha obtenido una primera victoria clara en elecciones locales, acercándose peligrosamente a los conservadores de la CDU/CSU, que con solo un 25% del voto están siendo arrinconados para avanzar aun más hacia la derecha.

En Finlandia, la formación de extrema derecha Partido de los Finlandeses acaba de hacerse con siete ministerios en el recién formado gobierno de derechas. En Austria, parece que la formación de extrema derecha Partido de la Libertad gobernará el país tras las elecciones de 2024, uniéndose al gobierno de Fratelli d'Italia, el partido de extrema derecha que ya manda en Italia con Giorgia Meloni como presidenta.

¿Quién puede asegurar que el eslogan del Brexit, “Recuperar el control”, no va a ser la forma de llegar al poder para Marine Le Pen, con promesas de ponerle fin a la violencia callejera y restablecer el orden en una Francia fragmentada?

Las formaciones de extrema derecha europeas colaboran unas con otras desde julio de 2021, cuando 16 de ellas firmaron una declaración contra la integración en la Unión Europea. Una paradójica coalición internacional de partidos antiinternacionalistas que dicen hacer campañas exclusivamente nacionales, incitando el miedo a los de fuera. Esta coalición se ha puesto de acuerdo en que el nacionalismo, la tradición y la familia nuclear son los pilares de Europa contra el intento cosmopolita de destruir los Estados nacionales y sus culturas.

Mientras los centristas y los partidos progresistas sigan creyendo que el actual malestar con la globalización es algo pasajero, estos adalides de la guerra cultural serán los que se beneficien del deseo que la gente tiene de un cambio, y revertirán los últimos avances en derechos humanos y en cooperación internacional. Por no hablar de la agenda verde europea, que ya está siendo torpedeada por la derecha en Alemania, en Países Bajos y dentro del Parlamento Europeo.

Como ha reconocido Orbán, lo que permite a la derecha librar estas guerras culturales es el fracaso de la versión neoliberal de la globalización, que en un mundo volátil deja a los trabajadores desprotegidos. Son muchas crisis, desde la caída del poder adquisitivo hasta el empeoramiento de la contaminación, las que deben convencernos: no podemos regresar a un statu quo que ha fracasado.

Hay una agenda de políticas sociales y económicas positivas, progresistas y de alcance europeo, que gira en torno a la mejora del nivel de vida. Es la que sostiene Sánchez y la que tenemos que defender con convicción. Como escribió George Orwell en otra época, no podemos olvidar que solo “un esfuerzo moral” puede derrotar al nacionalismo xenófobo. “Fijarse en los homosexuales, culpar a las mujeres de la violencia de género, sugerir la prohibición de los partidos políticos”, dijo Pedro Sánchez desde el fragor de la batalla. “Todo eso tiene un nombre que no hace falta deletrear”.

Después del giro a la derecha, la marcha atrás. A pesar de haber abandonado la bajada de impuestos a las rentas más altas, el ministro de Economía británico, Kwasi Kwarteng, ha dejado intactos 49.000 de los 51.400 millones de euros de su plan de recorte fiscal.

El cambio de la noche a la mañana sobre las rentas más altas no supone un cambio de estrategia. Kwarteng sigue duplicando las exenciones fiscales para los que tienen derechos de adquisición de acciones, sigue recortando más de 1.100 millones de euros del impuesto sobre los dividendos y permitiendo vía libre en lo que respecta a las bonificaciones a los banqueros. También sigue adelante con sus privilegios para los evasores fiscales. Asimismo, se mantienen los 2.291 millones de euros reservados para las compras libres de impuestos de los turistas extranjeros y los 21.710 millones de euros de recortes del impuesto de sociedades que, según el exministro de Economía Rishi Sunak, no han contribuido en absoluto a la inversión. Al seguir rechazando un nuevo impuesto sobre las ganancias caídas del cielo, el ministro puede estar entregando miles de millones a los magnates del petróleo y el gas.

La reunión del viernes de Kwarteng con la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria debe haber acabado con su creencia de que sería capaz de pagar sus recortes fiscales evocando un supuesto crecimiento anual del 2,5%. Y después del choque viene el baño de sangre: una masacre al gasto público más grande que la austeridad del exministro de Economía George Osborne [2015-2016] o los recortes del FMI de 1976. Se trata de recortes tan severos que impedirán el crecimiento en lugar de estimularlo, arruinarán la educación y debilitarán nuestro bien más preciado, el Servicio Nacional de Salud.

A medida que la inflación erosiona el valor de los presupuestos departamentales, se avecina, según la Resolution Foundation, un recorte del gasto público para 2026 de entre 42.375 millones y 53.800 millones de euros: el equivalente a cerrar todas las escuelas en Inglaterra. Mientras que la primera ministra ha descartado cambios en las pensiones, una familia típica que recibe el 'crédito universal' (prestación mensual a los hogares con menos recursos y el cual ya ha sufrido un recorte de unos 1.700 euros en forma de una reducción de 22 euros semanales el pasado octubre y el aumento de abril por debajo de la inflación) verá ahora cómo sus pérdidas llegan hasta los 2.289 euros anuales si las prestaciones se vinculan a los ingresos y no a los precios. Ninguna familia que conozca puede permitirse perder tanto.

La anterior crisis financiera me enseñó que los dirigentes deben ir tres pasos por delante de los acontecimientos y jamás por detrás. La actual emergencia nacional exige una adecuada coordinación de la política monetaria y fiscal que nos ofrezca un camino convincente para salir de la estanflación. También se necesita un diálogo económico a nivel nacional con las empresas y los trabajadores si lo que se quiere es contar con alguna posibilidad de que los ciudadanos sientan que “estamos todos juntos en esto” y que hay igualdad de sacrificios. Y, al igual que en 2009, ahora que también se trata de problemas globales que requieren soluciones globales, la emergencia económica actual requiere de una acción internacional coordinada, tanto para evitar el peligro que supone una excesiva volatilidad de las divisas y lo que probablemente sea un exceso monetario, como para contrarrestar la amenaza tangible para la estabilidad que proviene de una banca en la sombra poco y mal regulada.

Entonces, ¿por qué cuando el país se ve amenazado por una caída en el valor de la libra, una carga de deuda de 3 billones de libras (3,4 billones de euros) y un millón más de desempleados, los ministros pisotean los mecanismos de rendición de cuentas, despiden a funcionarios de confianza y provocan el desorden político en plena disfunción de los mercados, encendiendo así fuegos precisamente en el momento en que deberían apagarlos?

Para descubrir el motivo hay que remontarse a 2012, a Britannia Unchained, un libro que contaba con Liz Truss y Kwarteng entre sus autores. La libra puede desplomarse, los costes de los préstamos pueden dispararse, los fondos de pensiones pueden tambalearse hasta llegar al borde del colapso, el mercado hipotecario puede desmoronarse, las pensiones pueden congelarse, los niños pueden pasar hambre y la desigualdad puede ampliarse aún más. Todo ello es, según ellos, un precio que merece la pena pagar, ya que la única economía que puede tener éxito es la que se construye en torno y sirve a las necesidades de los capitalistas de riesgo, a los que hay que inducir a quedarse en Reino Unido, garantizándoles libertad en las leyes laborales, medioambientales y sociales e, idealmente, la exención impositiva.

Sin embargo, incluso los capitalistas de riesgo con éxito deberían admitir que no se hacen ricos por sí solos. Tienen que contratar a trabajadores cuya educación pagamos los británicos; viajar por carreteras y ferrocarriles mantenidos por el Estado; invertir en innovaciones que nacen en nuestras universidades financiadas con fondos públicos; y depender de un sistema sanitario público que nuestros impuestos financian.

El capital riesgo depende del capital social, los mercados deben tener su base en la moral. La inversión pública es necesaria para crear las condiciones para el crecimiento y cualquier estrategia de crecimiento sensata tiene que ofrecer algo más que recortes fiscales y desregulación. Tiene que apoyar la ciencia, la innovación, las infraestructuras y las competencias, con los poderes adecuados en los lugares adecuados para crear sectores industriales competitivos a nivel internacional. Y tiene que reconocer una verdad antigua, aunque últimamente olvidada: que cuando los fuertes ayudan a los débiles, todos nos hacemos más fuertes.

* Gordon Brown fue primer ministro de Reino Unido de 2007 a 2010.

Traducción de Julián Cnochaert.

El tiempo y la marea no se paran ni esperan. Las crisis tampoco. No se toman vacaciones ni dan tregua, mucho menos para ajustarse a las necesidades de un primer ministro que se acaba de marchar en Reino Unido y los caprichos de dos potenciales sucesores y de los miembros del Partido Conservador. Pero con el país en el ojo de una tormenta, las decisiones no pueden esperar hasta el cambio de Gobierno británico del 5 de septiembre, dejando a las familias empobrecidas girando con el viento. 

El sistema que actualiza el precio periódicamente debe ser suspendido antes del 26 de agosto, la fecha en que se espera el anuncio de un aumento de aproximadamente un 80% en las facturas de la luz de los británicos. Los ordenadores del Departamento de Trabajo y Pensiones, que ajustan el crédito universal y los beneficios heredados, deberán ser reprogramados en los próximos días si se pretende ayudar a quienes lo necesiten cuando suban los precios el 1 de octubre. Los cortes voluntarios en el consumo de energía –buenos para la agenda ecológica– deben ser acordados ahora, tal como ha ocurrido en Alemania y Francia, cuando las temperaturas son altas, si queremos evitar racionamientos más adelante cuando haga frío. Y debemos cobrar impuestos sobre los beneficios y los bonus de las eléctricas ahora, antes de que ese dinero abandone el país. 

Hubo dos lecciones que aprendí al principio de la última gran crisis económica de 2008: no hay que ir por detrás de la curva, sino adelantarse a los acontecimientos, y hay que llegar a la raíz del problema. Y las prioridades más urgentes no son una bajada en los impuestos ni, todavía, la espiral inflacionaria en los precios de los salarios, sino ocuparse de los elevados costes de la comida y el combustible, la causa detrás de la mitad de nuestra inflación actual. 

Unos principios básicos

De modo que es urgente que los candidatos a primer ministro en Reino Unido, así como el primer ministro y el ministro de Hacienda actuales, se reúnan para tomar no una sino dos decisiones imperiosas: suspender y reformar de manera fundamental el límite que se va actualizando al alza de los precios de la energía; acordar pagos en octubre para aquellos que no puedan costear el encendido de su calefacción; enfocarse en fuentes alternativas en el extranjero y construir instalaciones de almacenamiento apropiadas en casa; acordar reducciones voluntarias de la electricidad; y ayudar a pagar estas medidas con un indiscutible impuesto único a las compañías de energía y un impuesto sobre los bonus de alto nivel. Pues, si podemos eliminar la oportunidad de optar por no hacerlo, como hicimos al establecer el impuesto único sobre los servicios privatizados en 1997 y la tasa a los bonus de banqueros en 2009, podríamos recaudar no solo 5.000 millones de libras (unos 5.900 millones de euros) sino hasta 15.000 millones (17.700 millones de euros). Esto sería suficiente para dar, por ejemplo, unas 2.000 libras (unos 2.300 euros) a casi ocho millones de familias de bajos ingresos. 

Todas estas medidas deberían basarse en una serie de principios claros: que el derecho a un hogar cálido es un derecho humano; que debemos hacer más por aquellos que menos tienen; y que no se debería permitir que ningún proveedor de energía se beneficiara de una crisis de manera adicional. 

Soluciones globales

Es más, los ministros británicos –ninguno de los cuales lo ha entendido aún– deberían estar marcando el camino para, como hicimos en 2009, requerir una acción internacional coordinada con una reunión de emergencia del G20 en septiembre en la que se traten las emergencias de combustible, comida, inflación y deuda. Estos son problemas globales que solo pueden ser atacados con soluciones coordinadas globalmente. 

La previsión que hizo la consultora especializada en energía Cornwall Insight este martes, de un precio promedio anual de la energía de 4.266 libras (5.045 euros) para el mes de enero, es notable. Tal como muestra un análisis de los académicos Jonathan Bradshaw y Antonia Keung, esto significa que más de la mitad de los hogares británicos, el 54%, sufrirá de pobreza energética en octubre y dos tercios, el 66%, en enero. Seis millones de hogares, un número impactante, estarán obligados a pagar un porcentaje sin precedentes del 25% de sus ingresos en costes energéticos y 4,4 millones deberán pagar un 30%, una cantidad virtualmente impagable. 

En lugar de permitir que el regulador energético Ofgem anuncie un aumento de una escala que ocasionará una conmoción en los hogares, el Gobierno británico debería suspender cualquier nuevo aumento del límite de precios; evaluar los costes del suministro de energía que las compañías más grandes venden a los consumidores; y, después de revisar los márgenes de ganancias y examinar cómo hacer que los cargos fijos y las tarifas sociales sean más progresivos, negociar distintos acuerdos con cada compañía para mantener los precios bajos. El Gobierno británico debería trabajar con los comercios para reducir el consumo, como ocurre en Francia y España, que han impuesto su propio límite a los precios de la energía, dictado más por lo que la gente puede pagar que por el precio en el mercado mayorista. 

Y si las compañías no pueden cumplir con estos nuevos requisitos, debemos considerar todas las opciones que usamos con los bancos en 2009: préstamos garantizados, financiación de capital y, si esto no funciona, como último recurso, operar sus servicios esenciales desde el sector público hasta que termine la crisis. 

Reino Unido debería trabajar con los comercios para reducir el consumo, como ocurre en Francia y España, que han impuesto su propio límite a los precios de la energía, dictado más por lo que la gente puede pagar que por el precio en el mercado mayorista

Nuevos acuerdos

Mientras Noruega, uno de nuestros proveedores principales, busca retener su propio gas para uso interno, y Francia se mete en problemas con sus reactores nucleares, ya nos estamos quedando sin tiempo para negociar nuevos acuerdos con otros proveedores internacionales. Y loa británicos ya nos estamos perdiendo la capacidad adicional de Qatar, que se dirige al continente europeo. Con el tiempo, podemos y debemos aumentar la producción doméstica, y ponernos de acuerdo en un programa de aislamiento térmico de hogares con la misma urgencia que tuvo nuestro programa de vacunación. 

Es cierto que una década de bajo crecimiento en Reino Unido, a causa de las bajas inversiones, nos ha vuelto vulnerables a situaciones de escasez de mano de obra cualificada y de trabas en la oferta, y por lo tanto a una inflación mayor a la de nuestros competidores. Pero la mayor parte de la subida actual de la inflación ha sido generada por el aumento de precios de la energía y la comida causado por la guerra en Ucrania. De modo que eliminar la independencia del Banco de Inglaterra es un mero ejercicio de intercambio de culpas, al igual que las críticas directas al Tesoro que, en mi opinión, hará lo que digan los ministros. 

Debemos considerar todas las opciones que usamos con los bancos en 2009: préstamos garantizados, financiación de capital y, si esto no funciona, como último recurso, operar los servicios esenciales desde el sector público hasta que termine la crisis

Una acción audaz y concluyente

Es el Gobierno el que establece el objetivo de inflación y el que designa a los encargados principales del banco central. Y en una crisis, es deber del Gobierno enviar al Banco de Inglaterra una carta abierta en la que le requieren que establezca un camino claro para los próximos años sobre cómo volver a tener precios estables. Sobre la base de una trayectoria inflacionaria acordada que ronde el 2%, debemos considerar el pacto de salarios año a año –empezando por una tasa fija de entre 2.000 y 3.000 libras (entre 2.300 y 3.500 euros) para este año– para que las familias trabajadoras, en especial aquellas con ingresos más bajos, puedan costear las facturas de luz sin caer en la pobreza. 

La verdad es que, sin un plan, el Gobierno se tambalea de crisis en crisis, y no logra ocuparse de los temores de las familias cuya situación es de sufrimiento hoy y mañana. Pero hay un camino para ir del sufrimiento de hoy a la mejoría de mañana, y no solo a través del alivio inmediato que propongo, sino por una estrategia clara que nos lleve del crecimiento anual del 1,4% anual que han logrado los conservadores a una tendencia de crecimiento del 2,5%. Esta es la única forma de terminar de manera permanente con la crisis del coste de la vida que las familias británicas llevan padeciendo a lo largo de una década de austeridad. 

Nadie puede estar seguro cuando millones se sienten inseguros, y nadie puede estar contento cuando hay tanto descontento. Churchill dijo una vez que aquellos que construyan el presente a partir de una imagen del pasado jamás lograrán estar a la altura de los desafíos del futuro. Solo una acción audaz y contundente, que empiece esta semana, rescatará a la gente de la adversidad y reconciliará a nuestro fracturado país.

Traducción de Patricio Orellana

Falta poco para que de las líneas de producción de vacunas contra la COVID-19 salga la dosis número 10.000 millones. Según un informe reciente de Airfinity, una agencia de investigación de datos, en enero se alcanzará el momento en que habremos producido suficientes dosis para todos los adultos de todos los continentes. En junio, el número de dosis producidas llegará a 27.000 millones, suficiente para inmunizar por completo a la población mundial dos veces.

Sin embargo, este triunfo en la fabricación que no se corresponde con lo mucho que estamos fallando en la carrera por vacunar a todos los adultos de todos los países. Si se mantienen las tendencias actuales, más de la mitad del mundo seguirá sin vacunar el próximo verano. Sencillamente, no estamos distribuyendo las dosis a las personas que las necesitan.

Hasta hace poco, esto se debía a una comprensible escasez de vacunas. Pero ahora estamos ante un evidente e inexplicable fracaso en su distribución equitativa. Se le está negando la vacuna a los países pobres, que solo han inmunizado al 2% de sus adultos, mientras el acceso a las dosis sigue monopolizado por países ricos que ya han administrado la pauta completa a más del 60% de su población. La razón de que miles de personas mueran este mes y en el futuro cercano no es que se produzcan pocas vacunas, sino que se están acaparando en los lugares que menos la necesitan.

Un fracaso colectivo

Actualmente no hay ninguna posibilidad de que se cumpla la promesa que hizo Boris Johnson, en nombre del club de las economías avanzadas del G7, de que entre 2021 y 2022 todo el mundo estaría vacunado. Más de 100 países no cumplirán con el plazo de septiembre para inocular al primer 10% de su población. Tal y como están las cosas, las probabilidades de que cumplan el plazo de diciembre para vacunar al 30% son bajas.

El programa COVAX de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es el mecanismo de compra a gran volumen creado el año pasado para garantizar una distribución equitativa de las vacunas. En junio, los miembros del G7 prometieron a COVAX que compartirían 870 millones de dosis con los países más pobres, pero solo les han entregado 100 millones. Apenas el 4% de todas las vacunas producidas en el mundo se han canalizado a través del programa.

Nuestro fracaso colectivo a la hora de transformar el éxito científico de las vacunas en una protección real para todos, de evitar una división del mundo entre los que tienen vacunas y los que no las tienen, es una catástrofe moral. Si el mundo fuera un Estado, podríamos decir que es un Estado fallido.

Necesitamos un plan

Estamos en una carrera contrarreloj para cambiar las cosas. Los países con buena cobertura de vacunas han roto el vínculo entre la COVID-19 y las altas tasas de mortalidad, mientras que los que siguen sin acceso a ellas sufren hospitalizaciones y muertes récord con las altas tasas de contagios.

No es de extrañar que los países africanos hayan mostrado su enfado. Esta semana varios líderes africanos, el grupo The Elder (una asociación global de líderes impulsada por Nelson Mandela) y ONG del continente han suplicado que haya equidad en las vacunas. En vista de que no pueden seguir confiando en las promesas de Occidente, crearon su propia agencia de compra a gran volumen y ahora se proponen crear su propia capacidad de fabricación de vacunas.

Pero hay un camino a seguir. El G7 debería convocar una cumbre de emergencia sobre vacunas, presidida por el presidente Joe Biden y al margen de la Asamblea General de la ONU, para acordar un plan exhaustivo que permita transferir a COVAX el suministro no utilizado por Occidente y sus contratos de entrega de dosis, que están sobresuscritos.

Tenemos vacunas más que suficientes para hacerlo. La producción de vacunas ha llegado ya a 1.500 millones de dosis mensuales y a finales de año superará los 2.000 millones por mes. Para entonces, habremos acumulado más de 1.000 millones de vacunas sin utilizar, una cifra que podría superar los 2.000 millones a mediados de 2022.

Hasta hace poco, los dirigentes occidentales podían defender su decisión de asegurarse una reserva de dosis porque temían interrupciones en la cadena de producción. Pero en este momento hay capacidad suficiente como para garantizar un flujo creciente de vacunas en los próximos meses. Se están produciendo tantas dosis que el mayor riesgo ahora es que se desperdicien millones.

Podemos empezar inmediatamente. Los países occidentales podrían liberar 500 millones de dosis a finales de septiembre y otros 200 millones cada mes a partir de entonces. Si lo hicieran, todos los países de bajos ingresos alcanzarían en menos de un año los niveles actuales de vacunación de los países ricos: a mediados de 2022, ya tendrían suficientes dosis como para inmunizar al 60% de su población.

Las naciones con abundancia de vacunas no tienen que elegir entre los refuerzos y las donaciones. Para el año que viene, Norteamérica y Europa podrían vacunar a su población, incluso con la dosis de refuerzo y con la inmunización de los mayores de 12 años, donar para satisfacer las necesidades de los países pobres, y aún así tener dosis de sobra para cubrir la mayoría de las eventualidades. Esa fecha se podría adelantar en meses si se logra que China, el mayor fabricante del mundo, también contribuya a este esfuerzo.

El coste económico es mínimo en comparación con los beneficios en la reactivación del empleo, el comercio y los intercambios. COVAX solo necesita 4.000 millones de dólares (unos 3.400 millones de euros) para pagar su compra de vacunas prevista para 2022. La cobertura completa –que incluye el tratamiento, como con el oxígeno médico, y los equipos de diagnóstico– representaría unos 30.000 millones de dólares al año (unos 25.400 millones de euros). Es solo el 1,5% del coste del plan de estímulo COVID-19 estimado por Biden, 1,9 billones de dólares. Si se reparte entre las economías avanzadas, es perfectamente asequible.

El reto de nuestro tiempo

Negar vacunas al mundo es contraproducente y se volverá en nuestra contra. A medida que la enfermedad se extienda entre personas no vacunadas, podrán surgir variantes que amenacen incluso nuestra actual cobertura vacunal. No son solo la salud y la vida de incontables millones de personas las que penden de un hilo, también lo hacen la sostenibilidad de la recuperación económica mundial y la posibilidad de una prosperidad inclusiva y duradera.

La agencia de salud pública de Inglaterra estima que la campaña de vacunación británica ya ha salvado 100.000 vidas en su territorio. Tenemos que preguntarnos si África y el resto del mundo volverán a confiar en nosotros si sus ciudadanos siguen muriéndose por no estar vacunados. Como ha dicho el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, la equidad en las vacunas es el reto de nuestro tiempo. También es una prueba de si el mundo es capaz de aunar la voluntad de trabajar juntos. Debemos hacerlo.

Traducido por Francisco de Zárate.

En un chocante gesto de incumplimiento por parte de Occidente de su promesa de distribución equitativa de vacunas, en las últimas semanas se han enviado a Europa millones de vacunas contra la COVID-19 fabricadas en África que deberían haber salvado la vida de los africanos.

De hecho, he podido saber a través de algunos líderes africanos que, durante este mes y el próximo, se exportarán a Europa unos 10 millones de vacunas de Johnson & Johnson fabricadas y envasadas en la fábrica de Aspen, en Sudáfrica, justo en el momento en que África se enfrenta a su mayor oleada de contagios.

En contraste con el reto que supuso el desarrollo rápido de las innovadoras vacunas contra la COVID-19, ahora inyectarlas a la población mundial debería ser algo más fácil. Sin embargo, el llamado “nacionalismo de las vacunas”, así como el enfoque neocolonial de Europa sobre la salud mundial, están dividiendo el mundo entre los ricos y protegidos, que viven, y los pobres, desprotegidos y en riesgo de morir.

De los 4.700 millones de dosis que se han distribuido en el mundo, más del 80% han ido a parar a los países más ricos del G20. La brecha entre ricos y pobres es ahora tan enorme que, mientras los países de altos ingresos han administrado casi 100 dosis por cada 100 ciudadanos, los países de bajos ingresos sólo han administrado 1,5 dosis por cada 100.

Hasta ahora, se han administrado 496 millones de vacunas en la Unión Europea, que tiene una población de aproximadamente 440 millones de personas. En cambio, sólo se han administrado 77,3 millones de dosis en la población de África, que es casi tres veces mayor, con 1.300 millones de personas.

Así, mientras que el 50% de la población adulta de Europa, Estados Unidos y el Reino Unido ya está totalmente vacunada, la cifra de personas con la pauta completa en África es del 1,8%, muy por detrás de India, que sólo ha vacunado al 8% de su población. Debido a la lentitud en el suministro de vacunas, la Organización Mundial de la Salud estima ahora que 47 de los 54 países africanos no alcanzarán ni siquiera el modesto objetivo de septiembre de vacunar al 10% de sus ciudadanos. En países como Burundi, todavía no se ha distribuido ni una sola vacuna.

'Apartheid' de las vacunas

A este ritmo, no hay esperanza de que África alcance los niveles de vacunación de Occidente ni este año ni el próximo. No es de extrañar que los líderes africanos hablen de “apartheid de las vacunas”. Mientras los gobiernos occidentales se preparan para administrar una tercera dosis de refuerzo, millones de enfermeras y trabajadores sanitarios africanos, que arriesgan sus vidas para salvar otras, quedarán totalmente desprotegidos. También está completamente desprotegida la vulnerable población anciana de África.

El programa de vacunas debería haber sido un nuevo tipo de carrera “armamentística”. Rápidamente, un país tras otro debería haber podido vacunar a sus ciudadanos. Sin embargo, los países con más vacunas no están ayudando a los que tienen menos, y ahora los efectos económicos perjudiciales para el empleo y los medios de vida están provocando una divergencia creciente entre el destino de los países pobres y los ricos. Las bajas tasas de vacunación en todo el continente africano han llevado al Fondo Monetario Internacional a rebajar una vez más las perspectivas económicas de la región, mientras aumenta las de los países occidentales vacunados, y África está sufriendo tasas de crecimiento que son la mitad de las del resto del mundo. 

La plataforma para la compra de vacunas para África (African Vaccine Acquisition Trust, AVAT por sus siglas en inglés), decepcionada por el incumplimiento de las promesas de Occidente de proporcionar financiación para 700 millones de vacunas a África a finales de año (el mecanismo de reparto de vacunas Covax sólo ha podido conseguir 60 millones hasta ahora), ha tomado cartas en el asunto. Ha negociado un acuerdo con Johnson & Johnson para obtener 400 millones de vacunas. Para ello, ha tenido que superar la resistencia de la UE. Solo después de que el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa interviniera y amenazara con prohibir todas las exportaciones de vacunas desde Sudáfrica, Europa aceptó que todas las futuras vacunas de J&J producidas en África se quedaran en el continente a partir de octubre. Ahora, el 30% de la población adulta de África tiene garantizada la vacunación, aunque haya que esperar hasta septiembre del año que viene para que esto suceda.

No obstante, aún no se dispone de vacunas para cumplir el objetivo de vacunación de África, fijado en el 60% de los adultos, ni para cubrir a ese otro 30% de personas a las que se prometieron vacunas suministradas por Occidente. Por ello, me cuentan que la Unión Africana no ha tenido más remedio que iniciar negociaciones con China para comprar al menos 200 millones de vacunas de fabricación china. Los retrasos son ahora tan graves que el FMI, el Banco Mundial, la OMS y la Organización Mundial del Comercio (OMC) han creado una “sala de guerra” de las vacunas para ayudar a seguir, coordinar y avanzar en la entrega de las mismas. A pesar de ello, sólo el liderazgo político de los países del G7, que han negociado vacunas muy por encima de su número de habitantes, garantizará que todos los continentes reciban un suministro adecuado.

Las próximas vacunas

El mundo fabricará unos 6.000 millones de dosis más de vacunas hasta diciembre y aumentará la producción en muchos miles de millones más el año que viene. Este suministro podría ser suficiente para que todos los países cumplan el objetivo de vacunación del 60% para el próximo verano. Los problemas que perpetuarán las desigualdades en la distribución de las vacunas sólo pueden resolverse con un nivel de coordinación mundial que hasta ahora ha brillado por su ausencia entre los líderes del G7 y el G20.

Se necesitan urgentemente dos cambios de política, que el presidente de Estados Unidos Joe Biden, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, y el primer ministro italiano, Mario Draghi, presidente del G20, deben llevar a cabo ahora en una cumbre especial sobre vacunas del G20 que debería convocarse el mes que viene.

En primer lugar, deben impulsar un círculo virtuoso, empezando por una financiación internacional garantizada por parte de los países más ricos, para suscribir y acelerar el desarrollo de una nueva capacidad de fabricación mundial en los países más pobres. Esto incluiría acelerar la transferencia de tecnología a través de acuerdos de licencia que se beneficiarían de una exención temporal de las patentes de vacunas.

Sin embargo, África necesita vacunas inmediatamente.

En la actualidad, Estados Unidos tiene opción a 1.960 millones de dosis adicionales. La Comisión Europea tiene acceso a 1.000 millones de vacunas adicionales, mientras que Canadá ha conseguido 191 millones (y en un momento dado había conseguido casi 10 vacunas por ciudadano). Debido al exceso de pedidos, es probable que sus poblaciones no utilicen todas estas vacunas, pero en el proceso de asegurar acuerdos preferenciales los países ricos han bloqueado de hecho a los países africanos el acceso a las dosis que necesitan urgentemente.

Los líderes del G7 deben intervenir ahora para garantizar que los suministros lleguen donde más se necesitan. Los países con exceso de suministro deben poner fin a una situación que genera un bloqueo de las vacunas disponibles y los futuros suministros. No sólo deben liberarlas para África, sino que, como propusieron el FMI y cuatro ex ministros de Economía estadounidenses, deben proporcionar al menos 50.000 millones de dólares en apoyo financiero a través de Covax y la ayuda logística necesaria para garantizar que las vacunas puedan administrarse de forma rápida y segura.

Garantizar el acceso de las poblaciones africanas a las vacunas no es sólo un imperativo para África. Es en el interés de todos nosotros. Como ha dicho la creadora de la vacuna de la Universidad de Oxford/AstraZeneca, Sarah Gilbert, la mayor amenaza a la que nos enfrentamos es que el virus se propague y mute sin control en los países con población no vacunada. Debemos seguir recordando la razón de asegurar la vacunación masiva de todo el mundo: nadie está a salvo en ningún sitio hasta que todos estén a salvo en todas partes, y todos viviremos con miedo hasta que nadie tenga miedo.

- Gordon Brown es ex primer ministro del Reino Unido y autor del libro Siete formas de cambiar el mundo (Seven Ways to Change the World)

Traducido por Emma Reverter.

La historia de las cumbres internacionales es una historia de oportunidades perdidas. Cuando Estados Unidos y Europa celebraron en 1938 la Conferencia de Evian en Francia, las pruebas del antisemitismo nazi ya eran indudables y el riesgo de un holocausto inminente, demasiado real. Eligieron dar la espalda a la verdad.

En 1990, al término de la Guerra Fría, Alemania se centró en la unificación alemana; Francia, en la unificación europea; y Estados Unidos, en mantener unida a la OTAN. Cumbre tras cumbre, se dejó de lado un objetivo aún mayor: integrar a Rusia en la comunidad internacional para unificar al mundo.

La crisis financiera de 2009 era la oportunidad de hacer algo más que evitar que una recesión se convirtiera en una gran depresión. Por el fracaso de no haber reconstruido entonces la fallida arquitectura internacional en la toma de decisiones económicas fuimos directamente al proteccionismo de “Estados Unidos primero”, “China primero”, “India primero” y “Rusia primero”.

El G7 de 2021 será recordado como otro punto de inflexión en el que la historia no cambió. Mucho después del fin de la cumbre de este fin de semana, cuando se desvanezcan los apretones de manos, las sesiones de fotos y los comunicados, solo será recordada por no haber cumplido la promesa previa de Boris Johnson de vacunar a todo el mundo. Un fallo moral imperdonable cuando la COVID-19 está destruyendo un millón de vidas por trimestre.

Hacen falta como mínimo 11.000 millones de dosis de vacunas para garantizar que todos los países logran el mismo nivel de protección contra la COVID que Occidente. Sin esa cobertura mundial, la enfermedad seguirá propagándose, mutando y regresando para amenazar incluso a los ya vacunados. Es un hecho innegable: todos viviremos con miedo hasta que nadie viva con miedo. Distribuir las vacunas no es solo un acto de caridad sino una forma de autoprotección. Tal vez, la mejor póliza de seguro que el mundo tiene a su alcance.

Pero menos del 1% de la población de África Subsahariana está totalmente vacunada. En todo el continente africano viven 1.300 millones de personas, y de los 2.500 millones de dosis solicitadas solo ha recibido, en su conjunto, 41 millones. Según Unicef, si las tendencias actuales se mantienen, es posible que no se alcance un nivel de vacunación similar al de Occidente hasta 2024, si es que se logra.

El ofrecimiento de 1.000 millones de dosis [entre donaciones y contribuciones económicas] que los países más ricos han hecho a los más pobres ha generado titulares y es bienvenido. Pero se queda a miles de millones de dosis de la solución y no responde a lo que Johnson denominó “el mayor desafío en la era de la posguerra”.

Tenemos que hacer por el mundo lo que Reino Unido ha hecho para sí mismo: construir un círculo virtuoso que empieza por una financiación garantizada por el G7 para asegurar la compra conjunta de vacunas, generando a su vez mayor capacidad de fabricación en todos los continentes.

A los líderes del G7 se les presentó un plan de entrega integral, elaborado por la respetada alianza sanitaria ACT-Accelerator, para suministrar vacunas a través del mecanismo de reparto equitativo COVAX. También, una fórmula propuesta por Sudáfrica y Noruega para repartir la carga financiera, según la cual los asistentes al G7 debían pagar dos tercios del coste.

Se necesitan urgentemente 33.000 millones de dólares para vacunas, pruebas y equipos de protección de este año. Los líderes del G7 fueron informados de que hasta ahora sólo se ha conseguido recaudar la mitad de ese importe (para 2022 se necesita, como mínimo, la misma cantidad). En lugar de poner su parte, el G7 ofreció vacunas por valor de unos 7.000 millones de dólares.

Tampoco resolvieron la emergencia inmediata. África necesita ahora mismo 225 millones de dosis solo para vacunar al 10% más vulnerable. Los casos de COVID en África aumentaron un 25% la semana pasada, pero Reino Unido se ha limitado a ofrecer cinco millones de vacunas para finales de septiembre, el 2% de las que hacen falta. Como la mayoría de las vacunas estadounidenses llegará más tarde, habrá millones de trabajadores sanitarios que sigan sin protección, incluso cuando están arriesgando sus vidas para salvar las de otros.

Tampoco se ha avanzado en la petición de los 100 países más pobres de suspender las patentes de manera temporal y hacerles una transferencia tecnológica de las vacunas. En los meses previos a la COP26, los líderes del G7 han dejado sin cubrir un vergonzoso agujero en los fondos para la lucha contra el cambio climático de la misma manera que se quedaron cortos en otra gran decisión: ayudar a los países de bajos ingresos con los 100.000 millones de dólares de nuevos fondos internacionales (los llamados derechos especiales de giro en las reservas del Fondo Monetario Internacional).

Los activistas exigirán que el G20 de finales de octubre avance donde el G7 de junio se quedó corto, pero es difícil imaginar cómo se cumplirá la promesa de Johnson de lograr “la mayor hazaña de la historia de la medicina” si los países más ricos del mundo, sentados en la misma mesa, no han podido ofrecer más.

De los líderes políticos británicos de principios del siglo XX se decía que jamás dejaban pasar una oportunidad. A medida que el número de muertos en todo el mundo aumenta vamos –vamos por cuatro millones y sumando– la historia juzgará a los líderes de hoy con mucha más dureza.

Traducido por Francisco de Zárate.

Gordon Brown es ex primer ministro de Reino Unido.

Históricamente Reino Unido ha tenido una mirada abierta al exterior y se ha comprometido con el mundo. Ese puede ser nuestro futuro, un futuro que no es el de unos Estados Unidos de Europa sino el de una Europa unida de Estados.

A cualquier espectador se le puede perdonar por pensar que dos referéndums europeos están en camino: el primero, sobre nuestra economía; el segundo, sobre nuestra forma de vida. Hasta ahora, los partidarios de la permanencia en la UE se han centrado en el comercio, el empleo y la prosperidad, mientras que quienes buscan la salida de la unión han hecho una llamada al corazón, al prometer restaurar la soberanía británica y proteger nuestras fronteras.

Pero los años de experiencia política hacen imposible olvidar que los intereses económicos y culturales siempre van de la mano –están vinculados de forma indisoluble– y que, en la cuenta atrás hacia el 23 de junio, los rupturistas tendrán que responder a preguntas minuciosas sobre economía, mientras que los unionistas se deleitarán en explicar cómo el compromiso con Europa realza, y no socava, el fuerte sentimiento de identidad nacional de Reino Unido.

El bando del Brexit revive el Reino Unido de 1940: independiente, una raza propia, una isla que siempre ha sido autosuficiente. Dicen que las oleadas demoledoras de globalización refuerzan su demanda de devolver el control al país. Pero hay otra visión del sentimiento británico, que resuena más, que se enfrenta directamente con la guerra cultural inspirada en el UKIP. Esa perspectiva ve de otra manera el mejor momento de Reino Unido (referencia a un discurso de Winston Churchill en 1940) y el espíritu de Dunkerque (la idea de la solidaridad de la sociedad británica para hacer frente a las adversidades de la guerra): un pueblo que no se echó a un lado cuando Europa estaba en peligro mortal y que, como defensor de la libertad, intervino una y otra vez para asegurarse de que la tiranía nunca triunfaría.

Es el Reino Unido que siempre ha tenido una mirada abierta al exterior y ha estado comprometido con el mundo. El Reino Unido de los comerciantes, misioneros y exploradores, que nunca fue corto de miras ni aislacionista. El Canal de la Mancha se convirtió en el “foso defensivo” de Shakespeare cuando se vio atacada la propia existencia de Reino Unido. Durante la mayor parte de la historia de nuestra isla, el Canal y el Mar del Norte han sido nuestras autopistas hacia el mundo. Esta visión de un Reino Unido global se ve ahora mejor a través de los ojos de los jóvenes, que no ven alternativa, ni económica ni cultural, a un futuro en un mundo cada vez más interconectado e interdependiente.

Mientras la globalización vuelve a reavivar en las personas la necesidad de pertenecer a algo, también crea la necesidad de que las naciones cooperen. Por eso, el camino a seguir para Reino Unido –y cualquier otro país– radica en mantener el equilibrio entre la autonomía nacional que deseamos y la cooperación continental que necesitamos. Esto debería llevarnos a rechazar las dos ideas absolutas que siguen confundiendo más que iluminando el debate: un superestado europeo, que minaría las identidades nacionales; y el regreso a una visión de la soberanía del siglo XIX, cuando incluso la mayor superpotencia del mundo reconocía que la soberanía debe compartirse. En resumen, el futuro no está en unos Estados Unidos de Europa, sino en una Europa Unida de Estados.

“Me opuse al euro”

Hablemos de la economía. Hace unos diez años, me opuse a la entrada de Reino Unido en el euro –el proyecto de integración más ambicioso de Europa–, pero siempre he estado a favor de abrir el mercado único europeo. Este será, al extenderse en los servicios digitales y financieros, el mayor creador de empleo británico de la próxima década.

Dentro de la Unión Europea, Reino Unido tiene el poder de decidir nuestro equilibrio energético entre la nuclear, el carbón, el petróleo y las renovables. Sin embargo, una unión energética y medioambiental no solo evita que los aprovechados contaminen nuestro aire, sino que integra nuestra energía eólica y la del oleaje, masivas pero intermitentes, en la mayor reserva energética.

No necesitamos sacrificar nuestra cultura política y social para beneficiarnos de esos dividendos. Ni tenemos que sacrificar nuestra autonomía nacional –el parlamento sigue determinando nuestras propias políticas de seguridad social– mientras ayudamos a los trabajadores a proteger derechos básicos al establecer los mismos estándares mínimos en los 28 países miembros. Solo la empresa más explotadora sale ganando si la que paga bien, y el país, es derrotada por la mala, y la mala por la peor, en lo que supone una carrera hacia el abismo.

Lograr el equilibrio entre la autonomía y la cooperación también es esencial cuando se trata del que es quizá el problema más polémico del momento: erradicar los paraísos fiscales que quitan a nuestros servicios públicos unos recursos muy necesitados y nos impiden tener un sistema fiscal que la gente vea justo. El parlamento británico mantiene su libertad para tomar sus propias decisiones sobre impuestos: solo el IVA está sujeto a los mandatos europeos. Pero si queremos garantizar que no haya escondites para los evasores fiscales, ni refugios para los que eluden impuestos ni islas del tesoro para el blanqueo de dinero, donde se estima que se esconden 7,5 billones de dólares de riqueza global, necesitamos el intercambio automático de información fiscal a nivel mundial.

Además de una lista negra integral europea de paraísos fiscales como primer paso para una lista negra global, deberíamos acordar que los territorios británicos de ultramar y las dependencias de la corona que no cumplen con las normas no pueden ser excluidas de esa lista negra, y Reino Unido debería ahora obligarles a mantener registros públicos de beneficiarios efectivos.

Londres no puede lograr esto solo. Y mientras Estados Unidos se resiste actualmente a regulaciones fiscales recíprocas, la acción colectiva de los 28 países de la Unión Europea para poner en la lista negra a los que evitan el pago de impuestos, imponer sanciones e incluso imponer retenciones fiscales –en nuestros propios territorios de ultramar, si es necesario– es ahora lo único que podemos hacer.

Las fronteras británicas las controlan guardias británicos. Reino Unido siempre puede inclinar la balanza hacia un sistema fronterizo más abierto o más cerrado, según las circunstancias del día. Pero solo la cooperación transfronteriza y la inteligencia compartida pueden boicotear las actividades de los terroristas y afrontar el mayor desafío migratorio: el de toda la inmigración ilegal y los traficantes de personas que la controlan.

Sin una política común de seguridad en Europa para enfrentarnos a la “tormenta perfecta” de las fronteras del este y el sur de Europa, estamos todos en peligro de una agresión rusa, del terrorismo de Oriente Medio y de la inestabilidad africana. Solo una Europa unida –no la OTAN, ni ningún país por sí solo– puede proporcionar la combinación de diplomacia, ayuda y apoyo económico que se necesitan ahora a un nivel que no se ha visto desde el Plan Marshall.

El equilibrio adecuado entre autonomía y cooperación se puede encontrar sin poner en riesgo nuestra identidad nacional. En la última década, la moda de armonizar las leyes y prácticas en Europa se ha rendido al reconocimiento mutuo de los diferentes estándares y tradiciones de cada país. El intercambio de información entre las autoridades fiscales independientes ahora es más prioritario que los intentos de crear tipos impositivos europeos uniformes. Y, lo más importante de todo: la toma de decisiones intergubernamental por parte de los 28 líderes en el Consejo Europeo se ha impuesto a los dictados centralizados de la antes dominante Comisión Europea.

La votación de junio debería ser un homenaje al espíritu irreprimible de Reino Unido, un tributo a nuestra tradición de mirar al exterior y un momento progresista y de influencia en la agenda pública, que muestre que la cooperación europea es la mejor manera de conseguir más empleo: la única forma de frenar los paraísos fiscales, la principal manera de lidiar con la inmigración ilegal y con el terrorismo en nuestras fronteras, y un camino progresista para afrontar el cambio climático y establecer estándares laborales mínimos. Puede salir un resultado positivo de lo que a veces parece un referéndum que suma cero, al demostrar que honramos mejor nuestro internacionalismo de mirada abierta liderando en Europa que abandonándola.

Britain: Leading Not Leaving - The Patriotic Case for Remaining in Europe, de Gordon Brown, fue publicado este martes por la editorial Deerpark Press

Traducción de Jaime Sevilla Lorenzo