En el año 1953 se crea, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, el Juzgado Especial de Vagos y Maleantes del Archipiélago Canario con el objetivo de juzgar y aplicar las medidas de seguridad previstas en la Ley de Vagos y Maleantes a aquellas personas consideradas peligrosas sociales en virtud de la misma. Esta ley, aprobada en el año 1933, tenía como objetivo rehabilitar a personas cuyas conductas tuvieran inclinaciones delictivas. No obstante, la norma se aplicó con frecuencia como instrumento de represión y control social y político, uso este último que el régimen franquista dio a la ley sin complejos hasta su derogación y su sustitución por la Ley de Peligrosidad Social de 1970. En el año 1954, se creó la Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía, con el fin de aplicar el oportuno tratamiento de vagos y maleantes, según la propia Orden de constitución. La Colonia estuvo ubicada en las instalaciones, en ese momento abandonadas, del antiguo aeropuerto de Fuerteventura, en el pueblo de Tefía, ubicado en el centro de la isla majorera, a 20 kilómetros de Puerto del Rosario.

Sobre la Colonia Agricola de Tefía se han creado una serie de ideas erróneas, basadas en interpretaciones equivocadas, datos exagerados y alguna invención que, en aras de la verdad histórica, hay que aclarar, hecho que me propongo con este artículo.

Si Tefía se ha hecho conocida ha sido gracias a la difusión que de su existencia realizó el escritor Miguel Ángel Sosa y su novela Viaje al centro de la Infamia, en la que narra con escalofriante crudeza las experiencias de algunos presos de ese centro. El libro estuvo inspirado por los testimonios de dos homosexuales, Juan Curbelo y Octavio García, que contaron a Sosa la dura experiencia de haber estado recluidos en la colonia en los años 50 por haber sido considerados peligrosos sociales por su disidencia sexual. Aunque Sosa explicó en su momento, de manera clara, muchos de los errores que ahora intentamos disipar, algunos mitos creados en los últimos años alrededor de la Colonia se han ido reproduciendo de diversa manera en textos periodísticos, obras artísticas e incluso en más de una obra académica. Vamos a intentar desenredar algunos de esos mitos.

Tefía ¿un centro para recluir homosexuales?

Uno de los principales errores que se cometen al hablar de la Colonia de Tefía es considerar que el centro se creó para recluir en él exclusivamente a homosexuales. En Tefía fueron internados no solo homosexuales sino también condenados por otras categorías de las previstas en la Ley de Vagos y Maleantes. Esta conclusión es obvia a partir de varias premisas, la primera es la fecha de la aprobación de la Orden que crea la Colonia Agrícola, 30 de enero de 1954, ya que la homosexualidad no era una categoría de peligrosidad social en ese momento, ya que la reforma de la Ley de Vagos para incluirla como tal fue de 15 de julio de ese mismo año y, por tanto, posteriormente a la creación de la Colonia. Asimismo, la Orden de 30 de enero indica expresamente que se instituye una Colonia Agrícola para el tratamiento de Vagos y Maleantes, en Tefía, sin indicar expresamente una categoría específica, mucho menos la de homosexuales en tanto, en esa fecha, ni siquiera existía. Una última prueba que ratifica lo anteriormente dicho es el estudio de los expedientes de vagos y maleantes que hemos analizado y que obran en el Archivo Histórico Provincial Joaquín Blanco de Las Palmas de Gran Canaria. En dichos expedientes encontramos diversas categorías de peligrosos sociales, así como, presos comunes e incluso, según algunos testimonios, presos políticos.

¿Fueron tan duras las condiciones de reclusión como cuentan?

En este punto nos debemos atener a los testimonios de quienes estuvieron presos en la Colonia, Juan Curbelo y Octavio García. La crudeza de sus recuerdos y la vívida memoria que mantenían de su experiencia no nos permite dudar lo más mínimo de su veracidad. Los presos de Tefía estuvieron sometidos a duros trabajos forzados, a un riguroso régimen disciplinario por el que cualquier mínima infracción era objeto de una duras sanciones, entre las que se incluían terribles palizas. Asimismo, la escasa alimentación que se les suministraba les hacía pasar un hambre atroz, hasta el punto de buscar comida en las basuras o, incluso, de prostituirse con algún funcionario a cambio de comida, como cuenta Juan Curbelo. Sin embargo, según expone Octavio Garcia, este duro régimen no se mantuvo durante toda la existencia de la Colonia. Octavio recuerda cómo, tiempo después de finalizar su encierro se encontró con algún otro preso que estuvo en Tefía con posterioridad a él. Así lo exponía:

“Yo cuento lo mío, mi época. Después los chicos cuando nombraron a este director nuevo (…) Don Prudencio, que era buena persona, era humano, Dios lo bendiga (…). Ese señor dicen que abrió el economato, quitó todos los castigos, todos los castigos los quitó. Las comidas, hacían las perolas de comida, el que quería dos platos le daban dos platos, el que quería tres, tres, daba el pan. Lo que era nuestro, de los presos. Ya yo había salido, afortunadamente”.

Según Octavio, el cambio del director de la Colonia hizo que la nueva dirección suavizara el régimen disciplinario de manera importante. En todo caso, el tipo de trabajo a los que forzaron a los recluidos, el nivel de maltrato, el hambre y, en general, las duras condiciones del encierro fueron muy específicas del centro majorero y, según los testimonios, no tuvieron tan rígido carácter en el resto de centros de reclusión canarios, sin quitar por ello importancia al hecho de ser condenados simplemente por su homosexualidad.

¿Colonia Agrícola o Campo de Concentración?

En numerosas ocasiones se habla de la Colonia Agrícola como un campo de concentración, a menudo comparándola con los centros de reclusión del nazismo. Si nos atenemos estrictamente al concepto de Campo de Concentración como aquel establecimiento instalación en la que son recluidas personas por pertenecer a un determinado colectivo (grupo étnico, religioso, político, sexual, etc.) y no por haber cometido algún crimen o delito, difícilmente podemos aplicar este concepto a la Colonia Agrícola. En sentido estricto, las colonias agrícolas eran uno de los tipos de instalaciones previstas en la Ley de Vagos y Maleantes de 1933 que, junto con los establecimientos de trabajo y otro tipo de centros, estaban destinadas a la rehabilitación de los peligrosos sociales mediante el aprendizaje de tareas agrícolas, en el primer caso, o de diversos artes y oficios en el segundo, según establecía el Reglamento de la ley. A la confusión también ayuda el hecho de que también desde el régimen franquista fuera usual utilizar la expresión “campo de concentración” al referirse a la instalación de Tefía, tanto en artículos de prensa como en documentos oficiales que constan en los expedientes de vagos y maleantes.

Sin embargo, en la práctica, la colonia de Tefía se convirtió en un auténtico campo de trabajos forzados y la dura experiencia de Octavio García y de Juan Curbelo les llevó a comparar el centro con los campos de concentración nazis. Aquello era un campo de concentración. Ponlo así, contaba Curbelo en una de las entrevistas a la prensa. Asimismo, Octavio confesaba a Miguel Ángel Sosa en sus conversaciones: He visto hacer de todo, lo más horrendo que te puedas imaginar...: hambre, palos patadas, vejaciones... El mismo trato que recibieron los judios en los campos de concentración... Solo faltaban las cámaras de gas. Solo eso. Sigo sin conseguir quitarme de la cabeza todo aquel horror...

Sin lugar a dudas, la dureza de las condiciones en que vivieron los presos durante los primeros años de funcionamiento del centro de Fuerteventura soportan de manera clara esa comparación con los campos de concentración del nazismo.

¿Cuántos homosexuales fueron recluidos en Tefía?

En algunos textos se habla de decenas o de cientos de homosexuales los que cumplieron medidas de seguridad en la Colonia Agrícola. Sin embargo, estas cifras son notablemente exageradas. La colonia estuvo abierta entre los años 1953 y 1966. Es difícil de concretar el número exacto de presos que cumplieron medidas de seguridad o condenas en la colonia majorera. Habría que analizar todos y cada uno de los expedientes de vagos y maleantes de ese periodo para determinarlo claramente, cosa que aún no se ha realizado. Por otro lado, las estadísticas de las Memorias de la Dirección General de Prisiones no recogen todos los años el número exacto de reclusos de Tefía, pues en algunas de ellas este dato no aparece.

Pero de las cifras de altas de presos en el centro y de las medias anuales que se recogen en dichas memorias, podemos deducir que, durante los años de funcionamiento, la colonia agrícola acogió entre 300 y 350 presos. Sin embargo, solo 20 de ellos lo fueron por su disidencia sexual, según los expedientes de vagos y maleantes analizados, un número notablemente inferior al resto de reclusos. Obviamente, el número de expedientes abiertos por homosexualidad durante la vigencia de la ley fue superior. Durante la investigación en el Archivo Histórico, se revisaron un total de 1096 expedientes pertenecientes a los legajos comprendidos entre los años 1954 y 1970. De ellos 192 expedientes fueron abiertos en virtud de la presunta homosexualidad del procesado, de los cuales 68 fueron considerados peligrosos sociales por su homosexualidad y condenados a las correspondientes medidas de seguridad y 120 fueron absueltos. En cuatro expedientes no se llegó a la sentencia por diferentes motivos.

Por lo tanto, en Tefía fueron recluidos algo menos del treinta por ciento de los condenados por el juzgado especial del archipiélago canario por su homosexualidad, y un porcentaje mucho menor del total condenado en la colonia agrícola. El resto fue recluido en las prisiones de Tenerife, La Palma y Gran Canaria.

¿Fue la colonia dirigida por un sacerdote?

En sus declaraciones, Octavio García se refiere al director de la colonia como un ex-carmelita descalzo llamado Prudencio de la Casa de Dios, al que atribuye las terribles condiciones durante el tiempo en el que estuvo recluido. Esto ha llevado a considerar que la colonia estuvo dirigida por un sacerdote, hecho del todo incierto. Es posible, si nos atenemos a las declaraciones de Octavio, que efectivamente esta persona fuera un ex-carmelita y, por tanto, en el momento de ejercer las funciones de dirección estuviera fuera del ámbito religioso. Hemos intentado confirmar este dato a través de los archivos de la Orden de los Carmelitas Descalzos en Italia desde donde, mediante correo electrónico, se nos aconsejó que nos pusiéramos en contacto con la Provincia Ibérica, ya que ellos conservan los catálogos con todos los datos de los frailes de la Provincia. Tras remitir sendas solicitudes de información a dicho contacto, a través de la página web y de correo electrónico, nunca recibimos respuesta.

Sin embargo, sí podemos acreditar que Prudencio de la Casa de Dios, antes de incorporarse al cuerpo de funcionarios de prisiones, fue militar de graduación. Así, en el Boletín Oficial del Estado de 24 de junio de 1937 se publica su ascenso a Alférez, destinado en agosto de ese año al Regimiento de Infantería de Toledo. En julio de 1938 es ascendido a Teniente. Tras la guerra civil, en el año 1940, es nombrado con carácter provisional oficial del Cuerpo de Prisiones.

Del análisis de los expedientes de vagos y maleantes podemos deducir que Prudencio de la Casa estuvo destinado en Tefía al menos entre los años 1955 y 1959. En enero de este último año es nombrado administrador de la Central del Puerto de Santa María. Durante su destino en Tefía ocupó los cargos de administrador, entre los años 1955 y 1957 y, a partir de julio de este último año, el de director de la colonia hasta el año 1959. Asimismo, la casualidad hizo que otro Prudencio –Prudencio Lafuente–, fuera director durante los tres primeros años de funcionamiento de dicha instalación - probablemente de febrero de 1954 a julio de 1957–.

Todos estos datos nos vienen a aportar la siguiente información. La primera que Prudencio de la Casa de Dios no era sacerdote cuando realizaba sus funciones en Tefía, sino Oficial de Cuerpo de Prisiones. Y por otro lado, nos pone en duda sobre quién pudo ser el responsable de la dureza del régimen de Tefía durante la reclusión de Octavio García en este centro (entre marzo de 1956 y abril de 1957) y de Juan Curbelo (septiembre de 1955 y mayo de 1958), puesto que durante el encierro del primero, Juan de la Casa fue administrador y sólo durante los últimos diez meses de la reclusión de Curbelo actuó como director.

Nos encontramos aquí, por tanto, con cierta incongruencia entre el relato de los testimonios, específicamente el de Octavio García, que da a entender que durante su reclusión, entre los meses de marzo de 1956 y abril de 1957, la dirección de Tefía estaba en manos de Prudencio de la Casa cuando de los expedientes se infiere que durante ese tiempo el director del centro fue Prudencio Lafuente, y el primero ejercía las funciones de administrador.

Octavio García ofreció su testimonio cuando habían transcurrido más de cincuenta años de los hechos por lo que es posible que hubiera confundido nombres o cargos. De esta manera podemos plantear dos hipótesis, la primera que la personalidad y el poder de Prudencio de la Casa de Dios, aun siendo administrador, fueran lo suficientemente destacables como para imponer tan riguroso sistema en la colonia y marcar tan negativamente el recuerdo de los reclusos. Y la segunda, que quien realmente impuso una disciplina tan severa fuera Prudencio Lafuente, por entonces director, y este régimen fuera suavizado por Prudencio de la Casa al sustituirlo en el año 1957, cuando Octavio ya había sido liberado. El fallecimiento de los testigos hace imposible confirmar alguna de las hipótesis.

¿Condenados sin juicio?

Más allá de su reclusión en Tefía u otra prisión, es habitual, y así lo manifiestan muchas de las personas procesadas, creer que la aplicación de la Ley de Vagos y Maleantes se realizaba sin juicio, es decir, sin la aplicación del procedimiento judicial previsto en la legislación correspondiente. En este sentido hay que anotar que tanto la Ley de 1931, en su Título II, como su Reglamento de desarrollo, regulaban el procedimiento judicial destinado a indagar y hacer constar el estado peligroso de vagos y maleantes, según el artículo 78 de la norma reglamentaria. Durante la tramitación de dicho procedimiento, el encauzado tenía legalmente derecho a proponer pruebas en su descargo y a designar Procurador que lo represente y Letrado que lo defienda o pedir al Juez que nombre uno de oficio, según el artículo 13 de la ley.

Del examen de los expedientes del juzgado canario se observa que, efectivamente, los procesos están documentados, incluyendo en ellos tanto las declaraciones que se toman a los inculpados como su firma en las diligencias en las que se les informa de su derecho a designar abogado y procurador. Asimismo se les permitía designar representación procesal y presentar escritos de alegaciones y proponer pruebas documental y testifical en su descargo. Una vez dictada sentencia, era posible interponer el correspondiente recurso ante la Audiencia Provincial. No obstante, el hecho de que no existiera juicio oral, sino que el expediente se tramitar fundamentalmente por escrito, produjo la sensación generalizada de que no se les había realizado juicio alguno.

Por otro lado, encontramos un número notable de procesados que no hicieron uso de tales posibilidades de defensa – elección de abogado o solicitud de uno de oficio, presentación de alegaciones o prueba – y en otros expedientes no se garantizaron plenamente de los derechos procesales. Sin extendernos en exceso, en estos expedientes podemos encontrar que la reforma de la Ley de Vagos y Maleantes de 1954 se aplicó en los primeros expedientes de manera retroactiva, a personas que fueron detenidas antes de su entrada en vigor, e incluso antes de que la misma ley estuviera vigente. También existen expedientes en los que no se concedió abogado de oficio a algunos procesados que lo solicitaron.

A todo lo anterior debemos añadir los abusos sexuales y malos tratos en las instalaciones policiales y las torturas con los que, en ocasiones, se intentaba extraer información de los procesados durante su estancia en comisaría o la policía armada. La conjunción de estas circunstancias nos ofrece un panorama en el que, a pesar de la tramitación del procedimiento judicial, de estos es fácil deducir en muchos casos la vulneración de los derechos de los inculpados, una situación de notable inseguridad jurídica y la ausencia del respeto a los más elementales derechos humanos.

Más allá de mitos y exageraciones, la realidad de Tefía nos remite a un momento de extrema represión hacia quienes osaban retar al sistema cis-heterosexista del nacional-catolicismo franquista. La Colonia Agrícola de Tefía se ha convertido en un necesario símbolo de esta represión, un espacio que se debe convertir en lugar de encuentro, reflexión y memoria que permita que generaciones futuras conozcan la historia de una comunidad secularmente marginada y cuyas vidas merecen el adecuado reconocimiento.

(Víctor M. Ramírez Pérez es activista LGTB e investigador de la memoria histórica de la comunidad del colectivo en Canarias. Acaba de publicar el libro Peligrosas y revolucionarias. Las disidencias sexuales en Canarias durante el franquismo y la transición, editado por Tamaimos)

Se cumplen este mes 40 años de la aprobación de la Constitución Española y también de la reforma (1) de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social que eliminó a los que realizaran actos de homosexualidad, en términos de la ley, del catálogo de peligrosos sociales. Es, por tanto, un momento idóneo para analizar el proceso que permitió a las disidencias sexuales y de género ser legalizadas durante el proceso transicional, tras otros cuarenta años de represión franquista.

Habitualmente se identifica esta legalización con un momento determinado, como fue la citada reforma de la ley de peligrosidad social. No obstante, la legalización de la disidencia sexual fue un proceso más complejo y largo en el tiempo que no concluye, sino que más bien comienza, con la mencionada reforma.

Durante los años de la transición el movimiento LGTB tuvo que hacer frente a las leyes que se aplicaron a lo largo de la dictadura para reprimir a la disidencia sexual y que continuaron vigentes a la muerte del dictador. Estas normas fueron fundamentalmente dos: la primera, el Código Penal, que si bien no contemplaba expresamente la homosexualidad en su articulado, se consideraba incluida en el artículo 431 de dicho texto que regulaba el delito de escándalo público. Esta figura delictiva consideraba penalizable aquellas acciones que “de cualquier modo ofendiere el pudor o las buenas costumbres con hechos de grave escándalo o trascendencia”. La moral nacional-católica del régimen franquista consideraba moralmente repugnantes los actos de homosexualidad por lo que dichas prácticas, aunque hubieran sido cometidas en privado, eran tenidas por delictivas en virtud de este artículo y sus autores eran juzgados y condenados si los hechos trascendían al conocimiento público.

Las otras leyes utilizadas para la represión de la homosexualidad fueron las aprobadas en virtud de la doctrina de la defensa social. En desarrollo de este principio, en el año 1933, durante la II República, se aprobó la Ley de Vagos y Maleantes que no recogía en su texto ninguna referencia expresa a la disidencia sexual, pero que en el año 1954 fue reformada por el régimen franquista para incluir a la homosexualidad en su artículo segundo. No se trataba de una ley penal, desde el punto de vista de que no tipificaba delitos y sus correspondientes penas, sino que categorizaba una serie de situaciones subjetivas como de “peligrosidad social”. La ley determinaba que, dado el estado de determinados sujetos, estos tendrían gran probabilidad de cometer un “daño social”, concepto más amplio que el puramente delictivo. Según el preámbulo de la propia ley de 1970, esta se aprobaba por la “necesidad de defender a las sociedad contra determinadas conductas individuales, que sin ser, en general, estrictamente delictivas, entrañan un riesgo para la comunidad”. Por poner un ejemplo clarificador, el alcoholismo no era considerado per se un delito, no obstante los ebrios habituales eran considerados peligrosos sociales por los indeseables efectos que su adicción podían traer a su entorno familiar, social, laboral, etc. De este concepto de peligrosidad se deriva la necesidad de rehabilitar al peligroso mediante una serie de medidas previstas en la ley con el objetivo de “rescatar y reeducar al hombre para la más plena vida social”, según el preámbulo de la misma. A partir de la reforma del año 1954 las personas homosexuales deberían ser objeto de esta reeducación o de “curación” de su “perversión sexual”.

Por tanto, estas dos normas incidían en la disidencia sexual desde dos perspectivas diferentes: la penal, con su consecuente condena, y la de defensa social, con sus medidas rehabilitadoras como presunto instrumento de inserción social. No pretendo con esto suavizar el efecto que las leyes de peligrosidad producían en las disidencias sexuales – y en el resto de supuestos previstos en la ley –. Más al contrario, la realidad nos pone de manifiesto que estas leyes fueron, en la práctica, utilizadas como un medio de represión más, como un instrumento que criminalizaba a la disidencia sexual desde una perspectiva más amplia que la puramente penal. Estas leyes se unieron al código penal configurando un doble sistema de control de la disidencia sexual que multiplicaba sus efectos, añadiendo a la condena penal un aparente sistema de rehabilitación que, en la práctica, era una segunda condena durante la cual, además, no eran aplicables los posibles beneficios penitenciarios que sí lo eran a los delincuentes condenados (2). Esta doble criminalización, que pone de manifiesto la perversa utilización de leyes rehabilitadoras con fines puramente represivos, profundiza precisamente la ignominia del sistema represivo de la dictadura.

Se evidencia, por tanto, el hecho de que las leyes de peligrosidad social no fueron las únicas que reprimieron a los homosexuales a lo largo del franquismo y que la derogación de la ley de peligrosidad social en el año 1978 no significó la legalización de la homosexualidad durante la transición. Dicha derogación implicó la eliminación de la consideración de la disidencia sexual como un peligro social, pero no de su carácter delictivo, ya que el delito de escándalo público, como veremos, continuó aplicándose durante prácticamente una década más.

En este punto hay que añadir un término más a la ecuación: la aparición de los movimientos de liberación homosexual en el panorama de los movimientos sociales de la época. La publicación del proyecto de ley peligrosidad social en el año 1970 promovió la aparición de un nuevo sujeto político, si bien en la clandestinidad, en la España franquista. Ante la inclusión de la homosexualidad en dicho texto, un grupo de activistas catalanes iniciaron un proceso de movilización para, desde las catacumbas del activismo y con la ayuda de colectivos franceses, intentar evitar dicha mención la nueva ley. Este movimiento clandestino emergió durante los primeros años de la transición, visibilizando una lucha en la que la derogación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social y el delito de escándalo público eran objetivos fundamentales. El Front d'Aliberament Gay de Catalunya (FAGC), fue la asociación de referencia durante esos años y la legalización de la misma se convirtió en un inesperado campo de batalla durante los últimos años de la década de los 70.

El FAGC inició su proceso de legalización en el mes de diciembre de 1978, recién aprobada la Constitución. Este acto suponía un reto al nuevo régimen constitucional que, sin embargo, respondió inicialmente con la inercia de la homofobia dictatorial: el Ministerio del Interior, en enero del año siguiente, denegó la legalización alegando la incompatibilidad de los fines de la asociación con el artículo 431 del Código Penal, el mencionado delito de escándalo público. El mantenimiento de una interpretación profundamente homófoba de dicho artículo por el recién estrenado sistema constitucional ponía en evidencia el hecho de que la legalización de la homosexualidad no era aún un hecho consumado, a pesar de la modificación de la ley de peligrosidad social, y de que el nuevo sistema no consideraba a las disidencias sexuales como dignas de ser sujetos del conjunto de derechos y libertades recogidos en la nueva y flamante Constitución.

Ante tales hechos el FAGC interpuso el correspondiente recurso y con el apoyo de una importante campaña que implicó a colectivos, un numeroso grupo de corporaciones locales catalanas y de la International Gay Asociation (IGA) (3), por fin, el 16 de junio de 1980, el Gobierno de Adolfo Suárez admitió su legalización, dándose un segundo paso en este proceso.

Otro acontecimiento a tener en cuenta, en relación con la legalización de la disidencia de género, se refiere a los avances que durante los años transicionales afectaron a los derechos de las personas transexuales. Una modificación del Código Penal, del año 19834, eximió de responsabilidad penal, entre otros supuestos, a la “cirugía transexual realizada por facultativos”, hasta ese momento penalizadas al ser consideradas un delito de lesiones por causar la esterilidad. Este nuevo avance despenalizador propició que las personas transexuales comenzaran a acudir a los tribunales a solicitar el reconocimiento del “cambio de sexo” con respecto al cambio la inscripción registral del nombre y del sexo, iniciativa que culminó con una Sentencia del Tribunal Supremo del año 1987 que reconocía por primera vez el derecho de una mujer transexual al cambio de nombre. Con todos los cuestionamientos que pueda hacerse la sentencia – que se refería a la afectada como “una ficción de hembra” que, en cualquier caso debería ser protegida por el Derecho –, tanto la modificación de la norma penal de 1983 como la sentencia de 1987 supusieron un importante avance de los derechos de las personas trans, que sin embargo no obtendrían una ley que regulara estas cuestiones hasta dos décadas más tarde (5).

Como se ha indicado, la utilización del delito de escándalo público como argumento para negar legalidad a las organizaciones homosexuales de la época es una muestra de que la consideración de las personas disidentes de las normas imperantes sobre el sexo/género no se consideraban dignas de ser sujetos de los más esenciales derechos fundamentales. Podían ser legalizadas sus organizaciones, pero sobre sus componentes pendía aun sobre sus cabezas la espada de Damocles del artículo 431 del Código Penal. Artículo que, aunque de manera quizás menos frecuente que en otras épocas, aún se aplicaba para reprimir las prácticas homosexuales.

Así, por ejemplo, una sentencia del Tribunal Supremo del año 1980(6) aborda el caso de dos jóvenes de 25 y 32 años de edad que, a las dos de la madrugada habían aparcado un coche en un camino para mantener prácticas sexuales, donde fueron sorprendidos por la Guardia Civil. En el juicio de primera instancia se condenó a ambos procesados por el delito escándalo público, sentencia posteriormente confirmada por el Tribunal Supremo. Hubo que esperar al año 1988 en el que, una modificación parcial del Código Penal (7) derogó dicho delito. Este hecho que culminó, ahora sí, el proceso de legalización de las disidencias sexuales y de género en España.

Se puede concluir, por tanto, que la legalización de la disidencia sexual en España fue un proceso progresivo que duró prácticamente una década. Su desarrollo se encontró con las reticencias de un sistema democrático recién inaugurado que mantenía aún muchos de los tics LGTB-fóbicos del régimen dictatorial. La comunidad LGTB no fue un sujeto al que se tuvo en cuenta durante los años transicionales de tal manera que el proceso de legalización tuvo que ser impulsado por los colectivos, incluso desde una posición de ilegalidad. La reforma de la ley de peligrosidad social en el año 1978, que eliminó la homosexualidad de las categorías de peligrosos sociales, significó el inicio del proceso. Tras este paso, la legalización de los colectivos a partir del año 1980 permitió que estos continuaran con su tarea reivindicativa desde posiciones más fuertes y seguras. Pero a la legalización colectiva no siguió pareja la consideración de los derechos individuales. Las persona trans tuvieron que esperar a la reforma del código penal de 1983 y a una sentencia del Tribunal Supremo de 1987 para ver reconocido, aunque de manera precaria y a través de complejos y humillantes procedimientos judiciales, su derecho al reconocimiento de su identidad en el ámbito registral. Por fin, la derogación del delito de escándalo público en 1988 permitió a la comunidad LGTB sentirse aliviada ante la eliminación de la posibilidad de ser sorprendidos in fraganti en un acto sexual y ser procesados por tal delito. Esta última reforma llegó, además, en un momento crucial para la comunidad LGTB, en el que el SIDA hacía sus estragos. La epidemia del VIH tuvo nefastas y trascendentales consecuencias para la disidencia sexual y de género, a la que plantearía nuevos retos y perspectivas que se habrían de abordar en los años y décadas siguientes. Esta vez, sí, desde la legalidad, aunque no desde una verdadera igualdad legal y social, objetivo aún pendiente de alcanzar.

A la memoria de las víctimas de la masacre de Orlando, 12 de junio de 2016

De la peligrosidad al activismo social

En el año 1970, las Cortes franquistas aprobaron la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social(1). La ley venía a sustituir a la Ley de vagos y maleantes y tenía como objetivo, según su exposición de motivos, “defender a las sociedad contra determinadas conductas individuales, que sin ser, en general, estrictamente delictivas, entrañan un riesgo para la comunidad”. Entre los supuestos del estado peligroso previstos en el artículo segundo se encontraban “los vagos habituales, los rufianes y proxenetas, los que realicen actos de homosexualidad o los que habitualmente ejerzan la prostitución”. La ley tenía asimismo el ambicioso propósito, según su declaración de intenciones, “de servir por los medios más eficaces a la plena reintegración de los hombres y de las mujeres que, voluntariamente o no hayan podido quedar marginados de una vida ordenada y normal”. Específicamente para los homosexuales la ley establecía el internamiento en un “establecimiento de reeducación” por  tiempo no inferior a cuatro meses ni superior a tres años.

Pero más allá de esos objetivos, la ley tuvo unos efectos inesperados e indudablemente indeseados para el régimen: la activación de un movimiento de reivindicación homosexual(2) inexistente hasta esa fecha en la historia de España.

La publicación del proyecto de ley, que incluía la homosexualidad, sin más matices, entre los supuestos previstos, despertó la conciencia en un grupo de activistas catalanes que, liderados por Armand de Fluvià y Francesc Francino, decidieron tomar la iniciativa. De manera clandestina y con la colaboración de la asociación de homosexuales francesa Arcadie comenzaron una campaña para evitar que la homosexualidad fuera incluida en la nueva ley. Si bien sus objetivos no fueron plenamente cumplidos – la ley se aprobó, como hemos visto, considerando peligrosos sociales a “los que realicen actos de homosexualidad” -, sus actividades marcarían el inicio del primer proceso de organización de la disidencia sexual en España, que comenzaría con la creación de la Agrupación Homosexual para la Igualdad Social (AGHOIS).

A partir de ésta organización se inició la labor del entonces denominado movimiento de liberación de gays y lesbianas que desde Cataluña se extendió por todo el país, creándose organizaciones en Valencia, Mallorca, Madrid, Málaga, Zaragoza, Santiago de Compostela, Bilbao, etc. En 1972 se constituyó el Movimiento Español de Liberación Homosexual (MELH) con el objetivo de concienciar a los homosexuales en la reivindicación de sus derechos y conseguir por parte de la sociedad su aceptación y reconocimiento.

A finales de 1975, con la finalidad de reforzar el perfil ideológico de AGHOIS, se constituyó el Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC), de notable influencia en los movimientos homosexuales de la transición en todo el Estado.

Tras la muerte de Franco, ni el Real Decreto Ley de julio de 1976(3) sobre amnistía, ni la Ley de Amnistía de 1977(4) afectaron a los presos homosexuales, al no ser considerados presos políticos. Por tanto, ni los homosexuales, ni el resto de presos internados en aplicación de la ley de peligrosidad social, fueron excarcelados y tuvieron que seguir cumpliendo condena. En este contexto, es obvio que las principales reivindicaciones de los colectivos fueran la derogación de la Ley de peligrosidad y rehabilitación social y la amnistía para los disidentes sexuales que cumplían condena.

Primeras referencias al activismo en Canarias: Homosexuales Unidos Canarios

En el mes de mayo de 1977, varios grupos homosexuales de diversas partes del país presentaron en Madrid un comunicado de prensa en el que denunciaban el hecho de que “los homosexuales siguen siendo reprimidos; nuestra actual sociedad española sigue privándoles de sus más elementales derechos como personas y como ciudadanos; siguen vigentes leyes injustas y vejatorias (…)” y, entre otras reivindicaciones exigían la “inmediata derogación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social y la disolución de los tribunales que las aplican

Este manifiesto estaba firmado por asociaciones de Madrid, País Vasco, Baleares, Valencia, Andalucía y Aragón, sin que constara la firma de ninguna organización canaria. No obstante, ese mismo año, en el número 22 de la revista Ozono (Madrid, julio de 1977), encontramos el antecedente más antiguo que hemos podido encontrar del movimiento homosexual en las Islas(5). En dicha publicación, el denominado colectivo Homosexuales Unidos Canarios (HUCA), en un documento denominado Plataforma Reivindicativa se define como una “organización independiente, natural y elemental”, que no se encuentra adscrita a ningún grupo político y cuyo objetivo principal es “la feliz realización personal de cualquier ser humano”.

En el documento reivindican como “urgente y necesario conseguir de todos los estamentos sociales la inmediata supresión de cualquier discriminación para la realización personal” y, entre otras cuestiones, demandan el respeto total y absoluto por la inviolabilidad del domicilio, el derecho de intimidad, la supresión cualquier tipo de censura en espectáculos y publicaciones y la libertad de toda persona de usar y utilizar su cuerpo, con las limitaciones mínimas, siempre que no medie abuso, engaño o violencia.

También exigían acabar con el gueto homosexual, condenaban la prostitución masculina o femenina y expresaban la necesidad de impartir una educación sexual adecuada y objetiva, así como la exigencia a todos los medios de comunicación social de un tratamiento objetivo claro y eficaz sobre cualquier tema relacionado con la homosexualidad.

Solicitaban la derogación inmediata de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, la implantación de los dieciocho años como edad mínima para la mayoría de edad y la normalización en el consentimiento de relaciones sexuales a partir de los catorce años, salvo a deficientes mentales o funcionales. Por último, manifestaban su “confianza en que todos los grupos políticos que integran el Estado incluyan en sus programas unas posiciones concretas y bien definidas acerca de la Homosexualidad”.

El artículo no daba detalles acerca de quiénes componían el colectivo, ni en qué isla o islas estaba implantado, ni posteriores acciones del mismo. Esta plataforma reivindicativa muestra un ideario muy cercano a las asociaciones de la época, en las que, como hemos visto, la derogación de la ley de peligrosidad social era un objetivo fundamental.

El Diario de Avisos, de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, 26 de agosto de 1977, hacía referencia a dicho manifiesto y publicaba la tabla de reivindicaciones en una sección denominada El Frasquito de perfume. A pesar de que en uno de los puntos se pedía a los medios de comunicación social un tratamiento “objetivo, claro y eficaz” al abordar el tema de la homosexualidad, el artículo finalizaba con algunos comentarios presuntamente jocosos en los que, aparte del juego de palabras con el nombre del colectivo, de dudoso gusto, ironizaba sobre la existencia de dicha asociación. En el texto del periódico se lee:

“’Las llamadas ”locas“ se han unido y han lanzado su declaración de principios. (…) La declaración de la HUCA – ojo, HUCA, ¿eh?, no confundir – es una auténtica perla cultivada. No sabemos si estas asociaciones también tienen que pasar por un registro, aunque creemos que no. Pero los mariquitas – bueno, los homosexuales -, se han constituido en asamblea y piden la supresión de la Ley de Peligrosidad Social que les afecta. En fin, aquí está la noticia. Y yo con estos pelos’”.

Como se puede observar, un artículo lleno de fina ironía, en el que lo que se cuestiona es la existencia de grupos activistas homosexuales y no la vigencia de una ley que prácticamente criminalizaba la homosexualidad y que, como veremos a continuación, permitía su detención y encarcelamiento.

Siguen las detenciones de homosexuales en Las Palmas

Con este título, el Diario de Las Palmas de 30 de septiembre de 1977 hacía referencia a la detención de “un buen número de homosexuales” por miembros afectos a la Brigada Criminal de Las Palmas. “La inclusión de estos últimos en el grupo de maleantes – expone el periodista -, vuelve a poner de actualidad un tema ingrato y no siempre esclarecido, el de la homosexualidad, presente aquí en Las Palmas, como en cualquier rincón del país (…)”.

A continuación, El periodista se realiza la siguiente pregunta:

¿Son los jóvenes “gay” todavía considerados como elementos indeseables y viciosos y en consecuencia se les castiga taxativamente con todo el peso de la ley, o por el contrario el problema del homosexual está ya siendo considerado como un fenómeno encuadrado en una problemática social?

El cuestionamiento del periodista es significativo, en tanto empieza a plantear la realidad homosexual como algo más que un asunto de mero orden público o de moral social. El encuadramiento dentro de la problemática social, más allá de lo cuestionable de la expresión, no deja de ser un avance en cuanto a la percepción del fenómeno de las disidencias sexuales no tanto como un elemento perturbador del orden social y moral sino como una realidad a tener en cuenta desde perspectivas más amplias. De hecho, en el artículo encontramos también una referencia al movimiento homosexual local, no sin detalles que remarcan el estereotipo:

“Pero las cosas cambian y sin llegar a extremos notorios y excesivamente públicos (…), el gay abandona la clandestinidad y ha decidido mostrar su rostro maquillado y un programa en el que (…) se advierten planteamientos sujetos a corrientes de izquierda, ácratas, ya desde el comienzo de sus reivindicaciones”.

“Consideraciones psicológicas aparte – continúa el artículo -, el movimiento ”gay“ está aquí y ahora presente se quiera o no y sus gestiones han recibido el consenso y aún el apoyo de partidos políticos en la oposición. Luchan por desterrar la imagen de ”perversión“ y en definitiva romper las barreras aislacionistas (con las) que la sociedad siempre ha levantado en su entorno”.

A pesar de todo, no puede evitar caer en el tópico homófobo de la vinculación entre homosexualidad y delincuencia y presenta una perspectiva que aúna la patologización y la clasificación moral:

“Lamentablemente, junto al hecho de la homosexualidad como fenómeno sociológico – sobre el que no es necesario pronunciarse aquí y ahora -, lo cierto es que con mucha frecuencia el homosexual vive en el mundo del hampa, al borde de la delincuencia y su ”vicio“ le lleva en muchos casos a engrosar ese mundo”.

El artículo no hace referencia específica a un colectivo determinado, pero sí a una estructura organizada, de carácter reivindicativo – programa, dice el periodista -, en el que se advierten “planteamientos de izquierda, ácrata”. Tampoco a líderes o lideresas concretos: las cosas cambian (…) sin llegar a extremos notorios y excesivamente públicos, dice el artículo -. Nos encontramos con un fenómeno que es característico de la época y que podríamos calificar como de visibilidad colectiva e invisibilidad individual.

El activismo de la transición se encuentra en una situación complicada a nivel legal y social. Si durante el franquismo el incipiente movimiento homosexual se movía en la más absoluta clandestinidad, durante la transición estos movimientos tardaron en ser reconocidos legalmente. Así, el FAGC intentó su legalización desde el año 1978, pero el Ministerio del Interior rechazó la reiteradamente la solicitud aludiendo a los artículos del código penal que regulaban el delito de escándalo público. El 15 de julio de 1980(6), tras una campaña de presión social y los correspondientes recursos, el FAGC es finalmente legalizado.

Por otra parte, la discriminación social era importante. La presión en los ámbitos familiar y laboral era difícil de superar y la visibilidad individual, el poner rostro con nombre y apellidos al movimiento, podía traer todavía consecuencias indeseadas. De ahí que el movimiento fuera visible en lo grupal, pero sus líderes invisibles a nivel individual. Fue en 1978, en un programa de la televisión pública española, cuando el pionero Armand de Fluvià y Jordi Petit(7), dirigente del FAGC e histórico líder del movimiento homosexual nacional e internacional, dieron por primera vez la cara como representantes del movimiento homosexual. Pero esa circunstancia fue excepcional, habría que esperar al año 1983 para que Petit volviera a la televisión(8), y no se produjo en Canarias ni prácticamente en el resto del país. En la investigación de hemeroteca no hemos encontrado un solo nombre de activista canario y las imágenes que aparecen en los artículos son completamente anónimas.

Pero lo cierto es que, como bien indicaba el artículo, el movimiento homosexual en Canarias comenzaba a organizarse y a visibilizarse y, al año siguiente, saltan a las páginas de la prensa local las primeras manifestaciones públicas en las Islas.

Accidentada concentración gay en Santa Cruz

Tras la muerte del dictador en el año 1975 los colectivos homosexuales, que se habían organizado en la clandestinidad ante la amenaza de las leyes represoras, iniciaron un proceso de visibilización necesario para poner de manifiesto sus exigencias de cambios legales y sociales. Así, el 26 de junio de 1977 y convocada por el FAGC – organización aún ilegal -, más de 5.000 personas se manifestaron por las ramblas de Barcelona al grito de eslóganes como “Amnistía sexual” y “No somos peligrosos”, en clara referencia a los encarcelados en aplicación de la ley de peligrosidad social.

De la convocatoria dio cuenta El Eco de Canarias en su edición del 22 de junio de ese año al título de: “150.000 de toda España. Manifestación de homosexuales en Barcelona el Domingo”. En el artículo se destaca que “se exhibirán pancartas alusivas a la discriminación social de los homosexuales y a la exigencia de que sean eliminadas todas las penas y prevenciones que les afectan de la vigente Ley de Peligrosidad Social.De momento

– concluye el artículo -, la manifestación no cuenta con autorización gubernativa“. Y efectivamente, la manifestación de Barcelona tuvo un final violento, con violentas cargas policiales y detenciones de manifestantes.

La primera referencia en prensa de una acción pública del movimiento homosexual en Canarias la encontramos en el Diario de Avisos de 27 de junio de 1978. Con el título “Accidentada concentración gay en Santa Cruz”. La concentración, desarrollada en el Parque García Sanabria, fue celebrada el 25 de junio y convocada por el denominado Partido Democrático de Homosexuales de la Región Canaria. Al acto acudieron unos doscientos homosexuales, según estimaciones del periodista, y algunos grupos políticos no especificados en el artículo que apoyaban sus reivindicaciones. Durante el acto se portó una pancarta en la que se leía “No a la Ley de Peligrosidad Social. 25 de junio, día del orgullo Gay”, lema fundamental de todas las acciones de la época.

Según el periódico, la concentración no estaba autorizada de manera oficial aunque sí de manera verbal. Durante su desarrollo, un comisario de policía les exhorto a disolverse y, ante la negativa de los concentrados, solicitó refuerzos y fue retirada la pancarta. Tras lo que el periodista califica de “lamentables incidentes”, que no describe, se inició una manifestación improvisada y pacífica por las Ramblas del General Franco hacia el centro de la ciudad. Durante el trayecto se corearon consignas del tipo “Libertad Sexual”, “No a la Ley de Peligrosidad Social” y “Suárez escucha, los gays están en lucha”. En el artículo se destaca la agresión sufrida por el presidente de la organización convocante por parte de un miembro de la Policía Armada, fuerza que se retiró tras las muestras de censura del público que contempló la agresión.

No es fortuito que la primera manifestación en Canarias se desarrollase en Tenerife, sede de la Universidad de La Laguna, entonces único centro universitario de las Islas. Al igual que en muchas otras universidades del país, aunque con menor relevancia que en otras, La Laguna había sido un espacio proclive a la actividad de los movimientos políticos clandestinos, ya desde mediados de los sesenta, por parte de estudiantes de las juventudes socialista, comunista y demócrata cristianas(9). De hecho, según el profesor Hernández Bravo de Laguna, “la Universidad de La Laguna se transformó en el principal reducto antifranquista de la isla de Tenerife”.

Por otro lado, la transición propició la emergencia de numerosas organizaciones sociales vinculadas al ámbito feminista, estudiantil, el movimiento vecinal, el ecologista y el antimilitarista. En este ambiente, prolífico desde el punto de vista político y de amplia movilización social, no era de extrañar que los estudiantes homosexuales de la universidad decidieran iniciar un proceso organizativo, emulando así a los colectivos que ya visiblemente habían puesto en marcha su activismo en el resto del estado. Sin duda, las noticias de la manifestación del año anterior en Barcelona, que tuvo repercusión en la prensa local(10), debieron ser incentivo para la convocatoria tinerfeña. Y, por otro lado, la notable presencia de estudiantes de Gran Canaria en la universidad, permitiría trasladar también a esta isla las siguientes convocatorias del incipiente movimiento homosexual canario.

La derogación de la LPS: un clamor social

La derogación de la ley de peligrosidad social no fue una reivindicación exclusiva de los movimientos homosexuales. La ley no sólo permitía reprimir las disidencias sexuales sino que su ambigua interpretación y su arbitraria aplicación era utilizada en ocasiones para la represión política. Asimismo, la ausencia de medidas rehabilitadoras, el hecho de que la mayoría de los peligrosos sociales acabaran siendo recluidos en cárceles junto con presos comunes, a pesar de que presuntamente las medidas se aplicaban a situaciones pre-delictuales, y la consecuente inseguridad jurídica y limitación de derechos que todo ello implicaba favoreció que desde diversos sectores sociales se exigiera su derogación inmediata. Todo ello en el marco de construcción de un sistema democrático que iniciaba su andadura con pasos indecisos en medio de un ambiente político y social ciertamente conflictivo.

Como muestra del contexto de beligerancia social, el 18 de julio de 1977 se produjo un motín en la cárcel de Carabanchel de Madrid. Las lamentables condiciones de los presos heredadas del régimen dictatorial influyeron en la creación de la denominada Coordinadora de Presos Españoles en Lucha (COPEL), a través de la que se reivindicaban una amnistía o indulto general, la abolición de torturas y tratamientos que violasen los derechos humanos, una alimentación decente, una sanidad efectiva y, entre otras numerosas cuestiones, la supresión de la ley de peligrosidad social.

El motín de Carabanchel se extendió a doce prisiones del país, entre ellas la de Barranco Seco, en Gran Canaria, hecho que tuvo amplia repercusión en los medios locales. El Eco de Canarias del 21 de julio titulaba el motín con el texto Motín en la cárcel de Las Palmas. Piden amnistía total, trabajo y libertad. En el artículo se exponían las reivindicaciones que, desde las ventanas, exponían los presos, entre los que se encontraban también disidentes sexuales. Así, con el texto: “los homosexuales se quejaban de la Ley de Peligrosidad Social”, el periodista reflejaba las reivindicaciones de este colectivo, dando muestras de la presencia de presos homosexuales en el centro penitenciario en aplicación de la mencionada norma.

Pero además de los colectivos y los presos, la derogación de la norma represora era exigida por partidos políticos, sus organizaciones y por entidades ciudadanas, como la Asociación Canarias Solidaria de Tenerife (El Eco de Canarias, 18/07/1977) y las Juventudes Socialistas Canarias (El Eco de Canarias, 19/11/1977). También los partidos más importantes a nivel nacional, entre los que se nombra a Unión de Centro Democrático (UCD), Partido Socialista Obrero Español, Partido Comunista de España y Alianza Popular, “en mayor o menor proporción, ponen en tela de juicio la actual Ley de Peligrosidad Social”, según un artículo de El Eco de Canarias del 20 de enero de 1978, en el que el representante de UCD expone “que ni la homosexualidad ni la prostitución deben ser objeto de reproche penal alguno”.

Desde los juristas especializados en cuestiones criminológicas también se muestra una postura favorable a la derogación de la ley, según una encuesta publicada en El Eco de Canarias (12/08/1977). “Es una ley represiva, que juzga conductas y personalidades y no hechos concretos, lo que conlleva una tremenda inseguridad”, declara el jurista Hernández Rodero en el artículo.

E igualmente otros sectores afectados expusieron públicamente sus reivindicaciones derogatorias en la calle, como fue el caso de la manifestación de prostitutas y otros marginados que recorrió las calles de Bilbao en apoyo a la COPEL y en exigencia de que fuera abolida la citada ley (El Eco de Canarias, 13/11/1977).

La presión social y la conciencia del gobierno de UCD de que al menos algunos aspectos de la ley no eran compatibles con la Constitución recientemente aprobada, permitieron que en enero de 1979 se derogaran varios de los artículos, entre ellos el referente a los actos de homosexualidad. Aun así, la homosexualidad seguiría siendo perseguida durante varios años más mediante figuras como la del escándalo público del artículo 431 de Código Penal, siempre al albur de que un juez considerara esa conducta como ofensiva “al pudor o las buenas costumbres”, según rezaba dicho artículo.

Germen del movimiento en Gran Canaria

Ya en 1976 se había intentado crear un colectivo en la isla de Gran Canaria, según declaraciones realizadas al Diario de Las Palmas de 21 de julio de 1978 por una de las personas que protagonizaron la iniciativa. Tras una reseña a la existencia del movimiento en España, el artículo expone las declaraciones del activista sobre la iniciativa de organización. De ellas destaca algunos datos que no dejan de ser interesantes. En palabras del anónimo activista, “la gestión cayó en manos de los travestis, los que se inyectan, ya sabes”.

A pesar de la confusión de términos y el carácter transfóbico de la expresión, de sus declaraciones se deduce que fueron mujeres transexuales las promotoras fundamentales del proyecto asociativo. Sin embargo, la iniciativa no prosperó debido a que la mayoría de las promotoras obtuvieron trabajo en el mundo del espectáculo: “como justo por esa época empezó la fiebre de los espectáculos nocturnos de homosexuales, todos los integrantes de la junta gestora, que aún estaba en embrión, se contrataron y olvidaron el seguir luchando por nuestras reivindicaciones”.

Por otro lado sorprende que, según afirma el activista, en ese momento existían dos grupos en Las Palmas “uno, el que forman los Guerrilleros de la Gran Generación Gay de tendencia ultraderechista, y otro que es el FULIGEC uno de cuyos representantes mantiene un contacto directo con los movimientos de liberación de la Península”.

La referencia a un colectivo gay de tendencia ultraderechista es realmente insólita y prácticamente única en el movimiento homosexual de la época en el país. No obstante, no existen más referencias periodísticas a dicho colectivo y no parece que deba ser resaltado más que como una anécdota más bien pintoresca.

Con respecto al FULIGEC, siglas cuyo significado no se especifica en el artículo, tampoco existen referencias posteriores. No obstante, dos de sus representantes, un hombre gay y una mujer lesbiana y hermanos entre sí, realizan unas escuetas declaraciones desde el anonimato: “Sabemos lo que queremos y luchamos por rescatar a esta sociedad hipócrita los derechos que nos corresponden. Hacemos una labor de mentalización, ¿comprendes? Hay que educarse primero. Por eso vamos de sala en sala, de club en club. Hablamos, hablamos mucho. Tenemos que empezar, pero con base. Nada más”.

No parece que el FULIGEC tuviera tampoco mucho recorrido en su actividad de concienciación, pero nuevos protagonistas iban a aparecer y visibilizar al incipiente movimiento canario de la época.

Fiesta mitin en el López Socas

El 21 de junio de 1979 El Eco de Canarias anunciaba la convocatoria de una fiesta mitin que se celebrará en el centro polideportivo López Socas, convocada por “el recién creado Colectivo Canario de Hombres y Mujeres Homosexuales”, en lo que sería el primer acto público de la organización. El evento se organiza en solidaridad “con la convocatoria de la Coordinadora de Frentes de Liberación Homosexual del Estado Español” y en él participaron conjuntos de rock, como Teclados Fritos, así como agrupaciones folklóricas. Asimismo, se expusieron libros y posters realizados por miembros de la asociación.

Las principales reivindicaciones de la convocatoria destacadas en el artículo fueron la abolición de las leyes y normas que reprimen la sexualidad; la abolición de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social y la supresión de los artículos 431 y 432 del Código Penal; la amnistía para los homosexuales y por el derecho a la legalización de los movimientos homosexuales.

Si bien a principios de ese año, como hemos visto, la ley de peligrosidad social había sido modificada para eliminar a los homosexuales de su articulado, los colectivos sociales continuaban exigiendo su derogación definitiva, dado su carácter represor de conductas pre-delictuales y la infausta memoria de su utilización como mecanismo de represión ideológica durante el franquismo. Por otro lado, a pesar de tal modificación, los artículos del código penal referentes a los abusos deshonestos y al escándalo público se siguieron utilizando para condenar las relaciones homosexuales hasta entrados los años 80. Asimismo, la reivindicación de la amnistía para los homosexuales indica claramente la existencia, aún en esa época, de disidentes sexuales encarcelados por su orientación sexual, probablemente en aplicación de los mencionados artículos del código penal.

El Colectivo Canario de Hombres y Mujeres Homosexuales, convocante de la fiesta mitin del López Socas, desarrolló una notable actividad pública a finales de los años 70 y principios de los 80, de manera coordinada, en las islas de Gran Canaria y Tenerife. En Gran Canaria se encontraban en un local de la calle Buenos Aires que, desde 1977, compartían con otros movimientos sociales, como la Coordinadora Feminista.

Documentos internos del colectivo destacan, entre otros actos relevantes organizados en Gran Canaria, la celebración del Orgullo en el López Socas en los años 1979 y 1980, la participación en la fiesta-mitin de UGT, la intervención en el Congreso Clausura del Sindicato Obrero Canario (SOC), la impartición de charlas en centros educativos (Isabel de España, Tomás Morales y Pérez Galdós), en la escuela de asistentes sociales y en la Universidad Laboral. También participaron en actos de colectivos feministas y en la manifestación del 1 de Mayo.

En la isla de Tenerife se reunían en el local de la CNT y en el Colegio Mayor de San Fernando. Según dicho documento en esta isla participaron en actos de propaganda-agitación en la Universidad de La Laguna, en la clausura del congreso del PUCC-MIRAC. Asimismo, participaron en entrevistas en los periódicos y realizaron intervenciones en programas de radio. Destacan igualmente la celebración del mitin del Día del Orgullo Gay en la antigua Recova y laPrimera salida publica de travestis en Tenerife, en el Parque García Sanabria, aunque sin que quede claro que se refiera a la primera concentración a la que nos hemos referido previamente.La influencia del FAGC era notable en el movimiento canario. Las referencias al mismo son diversas en los documentos del colectivo, que ponen de manifiesto que mantenían relaciones con el Front D’Aliberament. Como veremos, algunos de los textos estudiados por la asociación canaria proceden de la catalana y entre los documentos que constan en su archivo se encuentran pegatinas, algunos ejemplares del boletín mensual que editaba el FAGC con el títuloDebat gai, una publicación de 45 páginas con el manifest del colectivo y un folleto titulado Somos gais. Cambiemos la vida, publicado en catalán y castellano, en el que el Front expone sus objetivos y anima a la participación.

A nivel interno un texto explicativo de la organización canaria, sin datar, indica que durante los momentos iniciales del colectivo se realizaban estudios elaborados por “los miembros con mayor formación teórica, aquellos procedente de la izquierda, quienes preparaban los materiales y documentos a tal fin”. Los temas que se abordaban “estaban relacionados con la opresión de los homosexuales, con el machismo, etc. y los textos extraían de publicaciones realizadas por las organizaciones existentes en el Estado sobre todo el FAGC y de revistas como El Viejo Topo”.

El historiador Miguel Ángel Sosa, que militó en la asociación, ha explicado que “el colectivo era una especie de hueco o de parcela donde homosexuales, hombres y mujeres, nos veíamos con cierta frecuencia para normalizar la situación de muchos, que ya más o menos la teníamos clara y de algunos otros que la vivían con cierta dificultad”(11).

En este proceso de debate y reflexión interna, el colectivo se dividía en grupos de trabajo dentro de los cuales se desarrollaban las discusiones y comentarios relativos a los temas objeto de estudio. Al respecto se dispuso de un plan de estudio y formación en el que se analizaban textos como “La tortura infligida diariamente a los homosexuales’” (FAGC), análisis utilizado para “’debatir a fondo la problemática homosexual en Canarias, en especial la cadena diaria de la opresión”.

Desde la perspectiva ideológica, el colectivo se definía de tendencia revolucionaria que, según expusieron sus integrantes a los periodistas en el artículo de junio de 1979, “es la que agrupa a los homosexuales que mantienen que no se puede aislar su liberación de la del resto de los grupos oprimidos y explotados, niños, mujeres y clase trabajadora”.

Con el probable fin de sentar sus bases ideológicas, elaboraron lo que denominaron un primer documento interno del colectivo, titulado “Por un Movimiento Homosexual en Canarias”. En este texto, igualmente sin fecha pero que probablemente haya sido realizado en 1979, se desarrolla el ideario de la organización, muy cercano a planteamientos de izquierda revolucionaria, como era habitual en las asociaciones de la época del resto del Estado(12), que buscaron sus espacios en terrenos de la izquierda o la extrema izquierda. La lucha del colectivo se vincula “con la que se libra contra las estructuras de una sociedad burguesa – y su discurso sexual reaccionario fundamentado en el machismo y el heterosexismo – y capitalista, del que se critica la explotación capitalista de la sexualidad (…) y la miseria sexual que origina-”.

Planteamientos de izquierda revolucionaria

En el manifiesto se analiza la realidad de la específica “opresión de los homosexuales canarios” y sus diferencias en relación con la represión vivida en otras nacionalidades del Estado Español. Asimismo, se aborda la vivencia de la homosexualidad y el nivel de conciencia según el origen social de la persona, distinguiendo entre aquellos homosexuales cuyo origen está en el lumpen-proletariado, la burguesía media o pequeña burguesía y la cúspide de la jerarquía de las clases o clases explotadoras.

Algunos de los contenidos de este documento, como su carácter claramente crítico con el sistema capitalista, su visión del turismo y los locales específicos para homosexuales y los distintos ámbitos sociales de represión, se reflejan en la entrevista publicada en el Diario de Las Palmas el 12 de abril de 1980 con el título “El poder gay se organiza en Las Palmas”. En este artículo, previo a una charla que el colectivo impartiría en el Partido Comunista de Canarias, la agrupación de Las Palmas del colectivo explica al periodista que “la explotación de la figura del homosexual por parte de esta sociedad capitalista es continua, no tienes más que ver las revistas y clubs, que proliferan sobre todo en zonas turísticas. No significa esto la liberación del homosexual, más bien se pone como un señuelo de cara al turista”.

Asimismo denunciaban las situaciones de represión en diferentes ámbitos como el familiar y el laboral y destacaban el papel del homosexual como en la sociedad como la de un revolucionario: “al tomar conciencia de sus reivindicaciones, se enfrenta a esa explotación, a esa moral hipócrita y burguesa y se convierte en un elemento que puede echar por tierra los cimientos de esas estructuras. Esa es una de las causas por las que el homosexual es perseguido con saña en países donde la democracia pura y auténtica no ha aparecido aún.”

Como hemos mencionado, la ideología radical de izquierdas del colectivo era característica de los movimientos de la época al igual que la doble militancia, que también se dio en el colectivo canario. Miguel Ángel Sosa ha declarado que muchos de sus militantes venían de la pertenencia a partidos de izquierda, en incluso mantenían el algunos casos doble militancia. Pero esta afinidad ideológica no excluía ciertas fricciones.

Los conflictos con las izquierdas

Si ciertamente, tal y como afirma Berdoza Camacho (2012), la búsqueda del espacio propio de los homosexuales en el posfranquismo, tras la dura persecución durante la dictadura, “no podía encontrarse en el terreno de la derecha, sino en el plano diametralmente opuesto: el de la izquierda y la extrema izquierda”, no es menos cierto que las relaciones de las disidencias sexuales con esta izquierda no fueron totalmente pacíficas.

Ejemplo de esta situación, en ocasiones realmente tensa, lo encontramos en un artículo publicado por Juan Goytisolo en la revista Triunfo de septiembre de 1979(13). En este texto, titulado “Demos la vuelta de una vez, como un calcetín, a su miserable discurso”, el escritor exponía con ironía no exenta de cierto tono airado, la imaginaria situación en la que los heterosexuales, “marginados y arrinconados por espacio de siglos (…) reclaman hoy, al abrigo de las normas de tolerancia (…) el derecho a vivir su específica forma de sexualidad a la luz del día”. En el artículo denunciaba las hipócritas actitudes en diferentes momentos históricos y culturales hacia la homosexualidad, pero utilizando circunstancias similares aplicables a la heterosexualidad, sin dejar atrás la situación en los países socialistas.

En este sentido el autor ironiza con el hecho de que “frente a quienes creen ver en ella – la heterosexualidad -, un simple producto de explotación precapitalista o burguesas y, en cuanto tal, condenado a desaparecer en las futuras sociedades igualitarias, la experiencia acredita que (…) sigue manifestándose y dando que hacer en el ámbito de los países bajo un régimen de dictadura del proletariado.” Asimismo expresa que “los países socialistas han intentado erradicarla sin éxito mediante el envío de los interesados a granjas colectivas, campos de reeducación y asilos psiquiátricos”.

El artículo se complementa con un faldón en el que, ya sin ironía, algunos destacados dirigentes de izquierda responden a dos cuestiones que se les plantea: ¿qué opinión te merece la homosexualidad? y ¿estás de acuerdo con la creación de frentes que luchan en defensa de los derechos de los homosexuales? Las respuestas no dejan lugar a dudas sobre las contradicciones de unos políticos que empezaban a moverse sobre terrenos que poco habían explorado. Como muestra la de dos destacados dirigentes, Manuel Guedan de la Organización Revolucionaria de Trabajadores y el muy conocido Enrique Tierno Galván, entonces líder del Partido Socialista Popular.

El primero respondía de la siguiente manera a las cuestiones planteadas:

“Es una alteración de la sexualidad. No es una forma normal de entender las relaciones sexuales, no es un modo natural y puede verse en un tipo de deformación educativa, psicológica o física (…). No creo que haya que reprimir la homosexualidad de una forma policiaca o física. Hay que buscar la fórmula de solucionar estos problemas que son una enfermedad con origen en causas distintas y que pueden requerir tratamientos de diversos tipos.”

Por su parte, Tierno Galván contestaba con las siguientes palabras:

“Es un problema respecto del cual hay que tener mucha comprensión. Se trata de personas que han desviado los instintos bien por razón biológica, por razón social o, en muchos casos, porque no han tenido un tratamiento psiquiátrico a tiempo. (…) La homosexualidad debe ser corregida porque realmente no responde a los principios de una sociedad estable tal y como se entiende. Por lo menos, desde el punto de vista socialista revolucionario se comprende que la pareja hombre-mujer es la determinada para lleva a cabo el protagonismo histórico y que este tipo de emparejamiento nace de razones que están construidas sobre los instintos más que sobre la racionalidad.”

Estas visiones manifestaban una visión patologizante y asocial de las disidencias sexuales, no muy distantes de las de la propia dictadura franquista. No es de extrañar, por tanto, que los propios colectivos homosexuales fueran críticos con la homófoba intolerancia que destilaban en ocasiones los partidos con los que se identificaban. Así, en el documento “Por un movimiento homosexual canario”, el Colectivo Canario de Hombres y Mujeres Homosexuales, al analizar la realidad de la opresión de los homosexuales canarios durante la dictadura, incluía como elemento fundamental “la nula respuesta de los partidos políticos y de las organizaciones obreras y populares a la opresión específica de los/las homosexuales tanto a nivel de sus programas ideológicos y políticos como a nivel de su práctica interna y externa”. Asimismo, pone en evidencia el hecho de que “la falocracia y el puritanismo de todos los partidos políticos y de la mayoría de las organizaciones obreras y populares relega al olvido la opresión homosexual y la lucha contra el poder que la burguesía hegemónicamente ejerce sobre los cuerpos y el placer”.

No obstante, no deja de ser cierto el apoyo que las actividades organizadas por el colectivo tenía entre los partidos de izquierda, que se muestra no sólo con la charla en la sede del Partido Comunista de Canarias a la que antes nos referimos, sino en el amplio apoyo en convocatorias como el mitin del López Socas de junio de 1979 o la jornada en el Palais Royal de Tenerife de 1980, que fueron apoyadas por organizaciones como CNT, SOC, UGT, Unidad Socialista, Unión Juventudes Maoistas, ORT, STEP, CC.OO., PCE, PCC, PSOE-PSC, PUCC-MIRAC y LCR, entre otras.

El declive de los 80

Tras el auge activista de la década anterior, los años ochenta fueron testigos del declive del movimiento gay-lésbico en todo el Estado. Muchos de los colectivos creados en la vorágine activista de la transición desaparecieron. La consecución del principal objetivo de esos primeros años, como fue la eliminación de la referencia a los homosexuales de la ley de peligrosidad social, junto a la necesidad de disfrutar una libertad desconocida por muchas generaciones de personas lgtb, facilitaron la desmovilización y el decaimiento del activismo.

En Canarias, el año 1980 significó un punto álgido pero también prácticamente final del movimiento de la transición. El mes de junio de ese año, el movimiento canario organizó dos actos públicos en celebración del día del orgullo gay. El de Gran Canaria fue convocado por el Colectivo de Homosexuales Canarios y el Colectivo Canario de Liberación de la Mujer Lesbiana, según noticia de El Eco de Canarias del 24 de junio, y se celebró el 27 de junio, en el polideportivo López Socas, según el diario La Provincia del 28 de ese mes.

En Tenerife el acto tuvo lugar en el Palais Royal, convocado por el Colectivo Canario de Hombres y Mujeres Homosexuales. Según el Diario de Avisos del 25 de junio, que anunciaba la convocatoria, la fiesta-mitin tenía “como principal objetivo la legalización de los movimientos homosexuales en España, así como la desaparición de todas las leyes represivas en materia sexual”.

El mismo diario, en su edición del 29 de junio, publicó que al acto tinerfeño acudieron unas 300 personas y la convocatoria fue apoyada por varios partidos de izquierda y organizaciones sindicales. Entre los partidos, el PUCC-MIRAC, realizó un comunicado, que destaca el citado artículo, en el que “manifiesta su apoyo decidido y consciente al joven movimiento homosexual canario. Sólo con la lucha decidida y revolucionaria de las mujeres y hombres de nuestro pueblo irán minando las bases sobre las que se asienta la secular opresión de las y los homosexuales, en el camino de una sociedad sin clases donde se dé el marco que posibilite la total liberación sexual de los individuos (…).”

Tras estas convocatorias, el colectivo canario prácticamente desaparece de los medios de comunicación. Tampoco hay referencias posteriores a ese año en la documentación de la organización y, según Miguel Ángel Sosa, el colectivo fue desapareciendo sin causas aparentes. Siguiendo la misma senda del activismo del resto del Estado, el movimiento perdió fuerzas tras la consecución de los primeros objetivos legales y cierta paz social entre el poder político y la comunidad, que vivía sus primeros años de libertad en los locales de ambiente que proliferaron en la época. Habría que esperar al año 1994 para que con la aparición del Colectivo Gamá de Gran Canaria y, en los años siguientes, Algarabía de Tenerife y Altihay de Fuerteventura, el movimiento lgtb canario se reactivara e iniciara una nueva, más larga y fructífera etapa.

Homosexuales: vagos y maleantes

Tras la cruenta guerra civil española, el régimen de Francisco Franco dedicó todos los medios a su alcance para crear una estructura política y social que le permitiera consolidar su poder y controlar, de manera totalitaria, una sociedad ya de por sí moralmente devastada por la violencia generada durante el conflicto armado. Con el ejército y las fuerzas del orden público ejerciendo un férreo control coercitivo, orientado fundamentalmente a eliminar cualquier resquicio de indisciplina política, el control moral del nuevo estado fue encomendado a la Iglesia Católica, institución cuya percepción del pecado y la virtud impregnó la sociedad durante los siguientes cuarenta años.

En el concepto de sociedad franquista, la consideración de la superioridad del hombre y, por tanto, de la virilidad como valor ejemplar y supremo y el estatus de la mujer a su servicio, como mero instrumento para la perpetuación de la raza, fueron las consignas oficiales del régimen y de su religión oficial. Este contexto ideológico puramente patriarcal excluía cualquier disidencia sexual y de género. La homosexualidad y la bisexualidad, tanto masculina como femenina, así como cualquier ruptura con el binarismo de género, se consideraban no sólo pecaminosas sino además delito y enfermedad. De esta manera, todas las instituciones del sistema fueron puestas al servicio de esta ideología machista y profundamente lgtb-fóbica. Quienes no se atuvieran a esa ideología tendrían que sufrir terribles consecuencias en su dignidad y derechos esenciales.

Si bien durante los primeros años de la dictadura la homosexualidad no pareció ser una preocupación prioritaria del régimen, ocupado como estaba de aniquilar cualquier disidencia ideológica, no es menos cierto que ya se utilizaba la figura del escándalo público, recogida en el artículo 431 del Código Penal, para condenar las prácticas homosexuales.

No obstante, no considerando suficiente este instrumento, en el año 1954 se modifica la Ley de Vagos y Maleantes de 1933 para incluir, entre otros supuestos, a los homosexuales al entenderse que ofenden la sana moral de nuestro país por el agravio que acusan al acervo de buenas costumbres, fielmente mantenido en la sociedad española, según reza la exposición inicial de la reforma. Las medidas adoptadas en esta Ley, según la misma, no son propiamente penas, sino medidas de seguridad con finalidad preventiva, cuya finalidad es proteger y reformar.

Con este fin protector de la sociedad y reformador del maleante, a los homosexuales se les condenaba al internamiento en un establecimiento de trabajo o Colonia Agrícola (…), en Instituciones especiales y, en todo caso, con absoluta separación de los demás. Este internamiento no podía ser superior a tres años. Asimismo se les prohibía residir en determinado lugar o territorio, que solía coincidir con el de su residencia habitual, y a estar sometido a la vigilancia de los Delegados.

Una colonia penitenciaria en Canarias

El 29 de agosto de 1947, en un buque procedente de Tenerife, arriba a Gran Canaria acompañado de su esposa e hijas don Francisco Aylagas Alonso, entonces Director General de Prisiones. El día siguiente el diario Falange (1) publica una entrevista con el personaje que, al ser preguntado por el motivo de su viaje, explica que uno de los principales asuntos que le trae a las islas es “adquirir unos magníficos terrenos, dotados de agua y otros buenos elementos, con el fin de fundar una colonia agrícola penitenciaria modelo, que tendrá talleres para el trabajo, centros de experimentación y explotación agrícolas, etc., etc. Y es que” – prosigue el político – “en España no se confina a los delincuentes con el único propósito de alejarlos del contacto con la sociedad, sino que, interpretando el sentido humano y cristiano que define sobre todo a nuestro régimen se les recupera y devuelve a la convivencia nacional dignificados por el trabajo”.

La creación de una colonia agrícola en Canarias, con el fin de rehabilitar en ella a condenados por la Ley de Vagos y Maleantes, no era nueva. Ya en 1934, en el diario republicano de TenerifeHoy, en un artículo titulado ¿Canarias, colonia penal?, el periodista denunciaba el proyecto de establecer “campos de concentración para vagos y maleantes” en las islas de Lanzarote y El Hierro. El autor mostraba su férrea oposición a la propuesta aludiendo a las duras condiciones económicas de las islas, que obligaban a la emigración por falta de trabajo, al secular olvido de las infraestructuras imprescindibles, como las vías de comunicación, la necesidad de “alumbramientos de caudales de agua o la construcción de embalses”, y al posible daño que tal instalación podría ocasionar a la industria turística, que había atraído “hacia nuestras islas grandes contingentes de viajeros”. Pero los planes de crear en las islas tal establecimiento no fructificaron ni en 1934 ni en 1947.

En el año 1953 regresa a las islas un nuevo Director General de Prisiones, don José María Herrero de Tejada. De este viaje da cuenta el diario Falange de 17 de julio de ese año. Tras visitar Lanzarote y Fuerteventura el Director General explica al diario que su visita tiene como objetivo estudiar “sobre el terreno diversos aspectos fundamentales para el emplazamiento de una colonia agrícola penitenciaria”, sin querer concretar el emplazamiento definitivo, aunque realiza una alusión específica a Tefía, “donde existe un campo de aviación que actualmente no se utiliza”.

Sí se extiende el Director de prisiones en explicar los beneficios para la isla de tal instalación, ya que “al amparo de los establecimientos penales se derrama siempre mucho dinero, de lo que se beneficia el comercio, la industria, etc”. Explica igualmente que dadas las “peculiaridades de la isla de Fuerteventura, con tan amplias zonas improductivas, los beneficios serán mayores si tenemos en cuenta que se aprovecharán muchos brazos de los que allí han de redimirse para transformar zonas actualmente improductivas”.

El proyecto se concreta por fin mediante la Orden del Ministerio de Justicia de 15 de enero de 1954, por la que “se instituye una Colonia Agrícola para el tratamiento de Vagos y Maleantes, en ”Tefía“, de la Isla de Fuerteventura” (BOE núm. 30, de 30 de enero de 1954). La colonia se ubicará en “las instalaciones cedidas a este fin por el Ministerio del Aire”, confirmándose su ubicación en el antiguo aeropuerto de la isla. La Orden establece asimismo que se deberán dictar las órdenes complementarias para su funcionamiento y “se seleccionará libremente el personal que consideren necesario para su destino a dicha Colonia”.

Tras la Orden de 30 de enero 1954, la creación de la colonia no se hizo esperar y el 11 de febrero de ese mismo año, según un artículo publicado en el diario Falange el 3 de marzo de 1954, marcharon al centro de reclusión “seis funcionaros del Cuerpo de Prisiones, y el 18 del mismo mes han sido destinados a dicho Campo doce presos reincidentes para auxiliar en los trabajos de instalación de dicho establecimiento penitenciario”.

Con la habilitación de la nueva colonia se concluía un proceso de creación de órganos judiciales e instalaciones destinadas a la reclusión que iban a facilitar en las islas la aplicación efectiva de la Ley de Vagos y Maleantes y que se había iniciado en 1953, con la creación de un Juzgado Especial para la aplicación de dicha ley. Con esta infraestructura básica se iba a poner en marcha el mecanismo judicial y penal imprescindible para reprimir, mediante su internamiento y un duro régimen de trabajo, a todos aquellos “parásitos y sujetos indeseables que torpemente dañan la convivencia humana”, según el citado artículo de Falange, entre los que se encontraban vagos habituales; rufianes y proxenetas; mendigos profesionales; ebrios y toxicómanos habituales y “demás personas que con su irregular o anormal conducta fueren merecedores de esta saludable y enérgica sanción social”, en palabras del Presidente de la Audiencia Territorial citadas en el artículo. Los homosexuales, sin embargo, no estarían contemplados en la ley hasta la reforma de julio de 1954.

Es por tanto, en el antiguo Aeropuerto de Tefía que, lejos de ser aquellos “magníficos terrenos, dotados de agua y otros buenos elementos” de los que hablaba el Director General de Prisiones en 1947, era más bien un desierto pedregoso, donde el gobierno decide finalmente instalar la colonia agrícola. Allí, varias decenas de hombres redimieron, mediante trabajos forzados y unas duras condiciones de vida, según el “sentido humano y cristiano” que definía al régimen, su condición de vagos y maleantes durante los años siguientes, incluyendo varias decenas de homosexuales.

Tefía: el infierno de Octavio

La exploración clínica evidencia encontrarnos ante un amanerado con movimientos y gestos feminoides así como su manera de hablar. Psiquismo deformado por su propia perversión; no tendencia al delito; estado físico normal. En el reconocimiento correspondiente con su dilatación esfinteriana y casi desaparición de pliegues nos permite formular el diagnóstico de pederasta pasivo. Es apto para toda clase de actividades“.

Esta descripción fue incluida por el historiador y escritor Miguel Ángel Sosa Machín en el artículo Invertidos, publicado en el Dominical del diario La Provincia el 29 de junio de 2003. El informe forense está incluido en el expediente incoado a Octavio García en aplicación de la Ley de Vagos y Maleantes. Detenido simplemente por ser maricón, como él mismo ha explicado en innumerables ocasiones desde que el historiador sacó a la luz su historia, su terrorífico testimonio es ejemplo del trato dado a los presos de Tefía y que de manera escalofriante plasmó Sosa Machín en su imprescindible novela Viaje al Centro de la Infamia.

Octavio García nació en 1931 en Las Palmas de Gran Canaria, en el seno de una familia humilde. Estudió en el internado de San Antonio, en el barrio de Vegueta de la capital grancanaria y posteriormente continuó sus estudios básicos en Los Salesianos. De educación y convicciones católicas, nunca podría imaginar que sus conocimientos de religión le permitirían aliviar el calvario que habría de pasar años más tarde en Tefía.

En 1953, con 22 años, fue detenido tras una denuncia y, sin juicio alguno, como él afirma, se le aplicó la Ley de Vagos y Maleantes. En su testimonio suele repetir con profundo dolor los motivos de su condena: por ser homosexual, corruptor de menores y por escándalo en la vía pública. “¡Corruptor de menores y escándalo en la vía pública! ¡No he sido ladrón, ni maleante, ni mala persona!”, repite indignado. “El único motivo para ser detenido era ser maricón”, explica enfatizando el insulto, la palabra que lo ha definido durante toda su vida, la única con la que, al final, se siente identificado.

Tras varios meses de condena en la cárcel de Barranco Seco de Gran Canaria, es trasladado en el correíllo – buque que realizaba los transportes marítimos entre islas –, a Fuerteventura. La reciente apertura de la colonia de Tefía, le convirtió en uno de los primeros presos que cumplió condena en ella. Iban siete presos, esposados, escoltados por la Guardia Civil, a la vista de todo el mundo, “como si fuéramos los peores delincuentes”.

“Tefía era un campo inhóspito, sólo tierra y miseria”, recuerda. “La colonia estaba vacía, había que llenarla. ¡qué deprimente cuando llegamos allí, todos en fila, con un sol, un viento…!”

Al llegar le despojaron de su ropa y le ofrecieron un “mono canelo de tela picona” y unas botas que no eran de su número y tuvo que intercambiar con otros presos para poder tener un calzado adecuado.

El centro era dirigido con mano de hierro por un excarmelita que instauró un auténtico régimen de terror, peor que un campo de concentración, en palabras de Octavio García. Su trabajo allí consistía en acarrear agua de un pozo, ya que el centro carecía de agua corriente, picar piedra de una cantera de piedra de cal y levantar gavias y muros, todo ello bajo el sol inclemente de la isla y la rigurosa vigilancia de los funcionarios. Cualquier mínimo motivo era suficiente para recibir una paliza. “He visto allí las palizas más atroces a los pobres presos”, testimonia Octavio. Los insultos y humillaciones eran constantes.

Estando preso, cuenta Octavio, “una hermana mía (…) dio a luz y me mandaron un telegrama que dice: Pinito tuvo una niña. Y cuando me llamaron al centro para leerme el telegrama (…) me dicen: enhorabuena le felicito, su mujer tuvo una niña, después yo le dije: no es mi mujer, es mi hermana. Y me hincharon a palos por haberle contestado mal”.

Junto al duro trabajo y a las arbitrarias palizas, otra de las pesadillas del centro era la escasa alimentación, que les hacía pasar un hambre atroz y constante: “lo peor era la comida, batatas enraizadas, arroz con gorgojos, un pan pequeño para todo el día. (…) Vi hombres allí que entraban con 87 kilos y se quedaban en 45”.En una ocasión apareció por el centro un sacerdote para una ceremonia católica. Muchos presos no tenían educación religiosa y, al realizar el cura algunas preguntas, a Octavio se le ocurrió responder. Lo hizo acertadamente y al día siguiente lo llamaron y lo nombraron maestro de religión. Esa fue su salvación. A partir de ahí no trabajó más en la cantera, ni cargó más agua, estaba bien mirado y considerado.

Pero el paso por la prisión lo dejó marcado de por vida. Tras su salida y luego de algunos trabajos, se fue de Canarias y sólo hasta hace unos años fue capaz de contar su historia. En el año 2009 el Gobierno español aprobó la concesión de indemnizaciones a las personas homosexuales o transexuales que hubieran sido encarceladas durante el franquismo. Octavio García recibió 12.000 euros por sus dieciséis meses de cautiverio. La Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía cerró por Orden del Ministerio de Justicia de 21 de julio de 1966, “en atención al reducido número de penados sancionados por el Tribunal de Vagos y Maleantes, en la que actualmente existen siete reclusos, los cuales pasarán a la Prisión de Santa Cruz de La Palma”, según informaba El Eco de Canarias de 26 de agosto de 1966.

La Palma: la reclusión de Manuel Alfonso

Manuel Alfonso nació en 1946, en el barrio de Guanarteme de Las Palmas de Gran Canaria, junto a la playa de Las Canteras. Su padre trabajaba en la Compañía Transmediterránea. Su madre se dedicó a las tareas de hogar hasta que se separó de su padre y comenzó a trabajar en las factorías de pescado ubicadas en el mismo barrio en el que residía.

Desde su infancia estuvo marcado por sus ademanes femeninos que lo convirtieron en víctima de habituales insultos por parte de sus compañeros, que, como él mismo cuenta, habitualmente le gritaban: “¡maricón, que eres un maricón!” Manuel, en ocasiones, respondía a los insultos de manera agresiva, porque, como explica “me daba mucho coraje que me llamaran maricón. Aunque yo sabía que lo era”.

La primera vez que estuvo en comisaría tenía 15 años, porque la policía se equivocó con su edad y le pusieron dos años más. Con esa edad estuvo una semana en la prisión de Barranco Seco. Las detenciones e idas y venidas a la comisaría eran frecuentes, por el mero hecho de exponerse en las calles:

“Nos poníamos en una esquina dos, tres o cuatro a hablar de nuestras cosas (…) en ese momento estábamos descuidados, como era de noche, a oscuras (…) paraban justo delante de nosotros, estábamos tranquilos y descuidados, paraban y venga, carnet de identidad y palante para la comisaría, y en comisaría una semana, tres días a la cárcel, diez días, quince días, y así pero un montón de entradas y salidas que tuve yo y, bueno, como yo, montones de amigos de la época aquella”.

“El periodo más largo que tengo – explica Manuel – fue el que me pegué, cuando la policía se cansó de cogerme una y otra vez… había un juez (…) de vagos y maleantes al que si eras pudiente y le llevabas un buen anillo de oro o un sobre con dinero, diez o quince mil pesetas, ese señor te quitaba la ley de vagos y maleantes y no ibas a prisión. Aunque fueras el chorizo más grande del mundo o el maricón más grande del mundo. Pero a las personas humildes como mi madre que no tenía dos o tres mil pesetas en un sobre para darle, no te digo dos o tres mil sino diez o quince mil pesetas, si no tenías para darle te enviaba a prisión. Y mi madre llorando, ¡Ay, no me metas a mi hijo tanto tiempo allá arriba!”.

En la prisión eran habituales los abusos de los funcionarios, también los sexuales. Manuel cuenta que “en la prisión de Barranco Seco por la noche iba algún funcionario abría la puerta y si había algún mariconcillo joven como yo que le gustaba, lo sacaban afuera y con la excusa de ”hacerles el cuarto“, tenían que mantener relaciones sexuales con él. Me ocurrió a mí en la prisión de allí”.

En su expediente constan cuatro detenciones e ingresos en prisión en el año 1963, con 17 años, por delito de conducta atentatoria contra la moral. En 1964 es detenido y finalmente declarado en estado peligroso por su condición Homosexual, según consta en el Expediente nº 62/63 del Juzgado Especial de Vagos y Maleantes del Archipiélago Canario. Tras esta declaración es recluido en la prisión de Gran Canaria, luego trasladado a la de Tenerife y, posteriormente a La Palma. Como expresa con humor: “yo hice una ”turné“, como la que va de gira”. Entre esas tres prisiones cumplió un año de condena.

En la prisión de La Palma los homosexuales estaban separados del resto de reclusos, según obligaba la ley. Esto implicaba estar la mayor parte del tiempo encerrados en una celda: “estábamos en la celda 22 horas encerrados al día. La celda constaba de un baño pequeñito, un lavabo en una esquina y tres literas. Allí cumplíamos seis personas. (…). Cuando subían los machos del patio salíamos los maricones”.

Había que taponar los baños para que no salieran las ratas de la letrina. “Nosotros limpiábamos la celda, lavábamos la ropa y la tendíamos en la misma celda (…). Donde mismo hacíamos las necesidades, lavábamos la ropa y comíamos. (…)”.

Las ocupaciones en la prisión eran fundamentalmente de limpieza: lavar ropa de otros presos, limpiar cristales, incluso desde el exterior de la prisión… “nos tenían entretenidos”, explica. Había un funcionario mayor que les hacían limpiar los pasillos de la prisión con ceniza, con cepillos de mano, de rodillas en el suelo. “Decía que la ceniza purificaba”.

El régimen carcelario no tenía la dureza de Tefía, pero el temor a las agresiones era constante: “en muy pocas ocasiones llegaban a pegarte, aunque a veces se le iba la mano y te pegaban un cachetón o te daban un par de porrazos buenos. Cuando hablabas con un funcionario tenías que poner las manos a la espalda y si decías una palabra que no les gustaba jalaba con la mano y cachetón que te pego”.

No obstante, para un joven de apenas 18 años, la experiencia carcelaria, la separación de su familia y la sensación de aislamiento y estigma que significaba el estar separados de los demás presos eran situaciones difíciles de afrontar: “en aquella época, como era joven, lloré mucho, lo pasé muy mal, pero siempre con la ilusión de que iba a salir. Mi madre fue a verme a Tenerife (…) después también fue a verme a La Palma, aprovechando que mi padre trabajaba en el barco y se quedaba en él por la noches. (…) Las cartas de mi madre me daban fuerzas para luchar y seguir adelante. Yo decía que ya llegaría mi tiempo de salir a la calle”.

De la prisión de La Palma salió en 1965. En 1966 fue trasladado a la comisaría de Policía “por haber sido detenido en la vía pública por llevar a cabo actos de ostentación Homosexual”. Fue condenado a una multa de cinco mil pesetas e ingresó para cumplir 30 días de prisión. Por sus diferentes pasos por prisión fue indemnizado con una cuantía de 8.000 euros.

Como a todos los que sufrieron la represión del régimen, su experiencia le marcó profundamente: “yo no puedo olvidar que una persona me diera un porrazo sin yo hacerle daño. Que yo estuviera en una esquina con dos amigos, hablando, y que llegaran unos señores vestidos con un uniforme, representando a la ley de España y que esos señores me maltrataran y me pegaran. (…) Yo no lo entendía y no lo entenderé así viva cien años”.

Patologización y momentos de cambio

Si, como decíamos al comienzo de este artículo, la Iglesia fue un pilar ideológico y referente moral del franquismo, una segunda institución social vino a reafirmar, con el aval de la ciencia – o pseudo-ciencia al servicio del régimen -, el tratamiento represivo de las disidencias sexuales: la institución médica y, especialmente, la psiquiatría. La condición patológica de la homosexualidad fue asumida por la psiquiatría oficial del régimen franquista, disciplina médica que se apoyó en tal condición para adaptarse sin remordimientos a las exigencias morales del nacional-catolicismo.

Esta visión patologizante de las disidencias sexuales se pone en evidencia en artículos como el publicado en el diario Falange, editado en Las Palmas de Gran Canaria, el 4 de junio de 1956, en el que el Dr. Laforet comenta el libro titulado Sodomitas, de Mauricio Carlavilla, un panfleto agresivamente homófobo publicado ese año. En su comentario, titulado Un grito de alarma, el doctor Laforet califica de “valentía viril” el hecho de “atacar al crimen nefando dondequiera que se encuentre y a quienquiera que lo pueda defender”.

“Ya era hora”, expone el doctor, “de que se hablase claro y decididamente sobre un contagio psíquico tan pernicioso”, con el fin de evitar que “entre en la morada de la mente de los adolescentes ese aliado del demonio que es el pederasta. (…) El sodomita es un monstruo peligroso por su proselitismo y porque odia, rencoroso, todo lo que va mostrando a cada paso la inicuidad (sic) de sus crímenes contra la naturaleza y contra Dios. (…) La sodomía”, ultima el galeno, “no tiene ni puede tener justificación científica, como no la tiene la lujuria del heterosexual”.

Con una mezcolanza de ideas pseudo-científicas y prejuicios religiosos el autor muestra una imagen demonizada y psíquicamente perversa de la homosexualidad. Su publicación en el único diario de la época, controlado por el régimen, facilita la difusión del estigma, con la consecuente influencia en las actitudes fóbicas de una sociedad ya vigilada hasta en sus más profundos pensamientos. También la institución médica, como vemos, fue un instrumento útil para profundizar en el trato humillante a las disidencias sexuales durante el franquismo.

Sin embargo, y a pesar de la modificación de la ley en 1954, la homosexualidad no pareció ser una especial preocupación del régimen durante las primeras décadas de vigencia. Las memorias de la Fiscalía General del Estado de 1959 lo expresan de la siguiente manera:

“El balance del año judicial de 1957 (…) nos ofrece saldo positivo y un panorama satisfactorio y alentador en esenciales aspectos: el índice de criminalidad dolosa clásica (…), acusa una tendencia, más que estacionaria, regresiva, en relación con el incremento demográfico; sin que parezcan motivos de preocupación problemas candentes en otros países, tales como actividades terroristas, delincuencia juvenil y extensión y alarde de prácticas homosexuales”.

Pero algo estaba cambiando sustancialmente en la sociedad española. La sustitución de la desastrosa política autárquica de las primeras décadas, cuyos frutos habían sido hambre y miseria para el pueblo, por una política más aperturista, más las ayudas internacionales que Franco obtuvo gracias al apoyo incondicional a Estados Unidos, propiciaron un cambio socio económico que traería abundantes divisas y el inicio de una época caracterizada por el denominado desarrollismo económico.

La mejora de la economía se reflejó en un notable proceso de industrialización y la subsiguiente aparición de fenómenos como el éxodo rural a las ciudades. La llegada del turismo y cierta apertura de los medios de comunicación, no obstante su cercana vigilancia por las autoridades, colaboraron en el proceso. Estos ingredientes facilitaron un incipiente cambio de mentalidad en la sociedad que comenzó a resquebrajar, aunque fuera de manera superficial, la sólida estructura ideológica y moral impuesta durante las primeras décadas de la dictadura.

La influencia del turismo

La industria turística fue un elemento clave en el desarrollo de la economía de las Islas Canarias a partir de los años 60. El clima insular atrajo a un turismo masivo de sol y playa que se tradujo en un “boom” económico que implicó, además, un importante cambio sociológico en el archipiélago. La tradicional población rural comenzó a trasformar su economía y sus costumbres; el desarrollo de los núcleos urbanos costeros con atracción turística atrajo a la población del interior; los sectores de la construcción y de servicios sustituyeron rápidamente a la agricultura y se impusieron como los principales motores de las economías insulares, especialmente en las islas mayores.

El turismo europeo, con mentalidades más abiertas y de amplia cultura democrática, no sólo influyó en el aspecto puramente económico sino también impulsó un cambio de mentalidad de la sociedad. “El espectáculo de libertad que inundó las playas y discotecas españolas, las nuevas pautas de actuación social, moral y cultural y, en suma, el acercamiento a las formas de vida de las sociedades educadas bajo sistemas democráticos provocaron una auténtica revolución en las mentalidades, sobre todo entre los sectores más jóvenes (2)”.

Estas nuevas ideas y formas de vida que empezaron a afectar a la sociedad no eran en absoluto del agrado del régimen. Los cambios de mentalidad comenzaron a influir en las actitudes de la ciudadanía, especialmente en el ámbito urbano, en el que el anonimato y cierta libertad social permitieron una mayor visibilización de las disidencias sexuales, aún a pesar de su persecución.

Esta visibilidad dio al régimen la sensación de un aumento de la homosexualidad que los informes de la Fiscalía del Tribunal Supremo pusieron de manifiesto. Así, el fiscal de Barcelona, en el informe del año 1962 manifiesta cierta alarma ante la “creciente ola de homosexualismo” que el “dique de la Ley de Vagos parece insuficiente para contener”, por lo que “considera preciso tipificar como delito tan nefando vicio, hijo muchas veces de la vida fácil y licensiosa (sic)”.

La sensación de la existencia de una ola de homosexualismo, se expone a lo largo de diferentes informes con expresiones como “aumento constante del homosexualismo” o “el aumento de los delitos de escándalo público, principalmente el homosexualismo”, según manifiesta la Fiscalía de Tenerife en su informe del año 1967.

Es precisamente la influencia del turismo una de las causas a las que el régimen atribuye tal tsunami homosexual. Obviamente Canarias no fue ajena a esta influencia extrajera. El Fiscal de Las Palmas, en el informe del año 1971, consideraba que contribuye “al aumento de prácticas homosexuales (…) una clase especial y degenerada de turistas extranjeros. El fenómeno deriva en aumento de la delincuencia contra la propiedad al inducir a los jóvenes que se dedican a dichas prácticas a hacerse pago por sus propios medios de los ”servicios“ prestados y a desvalijar a veces a los ”clientes“.

“La proliferación de estas conductas en algunos lugares muy determinados y perfectamente conocidos, que van alcanzando ya renombre internacional y que son frecuentados especialmente por gran número de extranjeros habituales, exigiría medidas extraordinarias de represión”, concluye al respecto el informe de la Fiscalía General del Estado de ese año. Sin nombrarlos la Fiscalía pone de manifiesto un fenómeno que, a pesar de sus intentos de represión, sería imparable y, efectivamente, daría renombre internacional a algunas zonas del país, entre ellas Canarias: las mecas del turismo homosexual, de las que Sitges y Torremolinos fueron precursoras.

El diario El Eco de Canarias reflejaba este fenómeno en un artículo titulado El subproducto del turismo, publicado el 17 de marzo de 1972. El autor llamaba la atención sobre determinados establecimientos, cuya ubicación no especifica (3) y, según cuenta, “cuya finalidad, y tal vez negocio, es la corrupción de la gente joven”.

“La señal de alarma – narra el periodista –, se ha dado con el cierre nada menos que de cuatro establecimientos que se identificaban ”Para homosexuales“ e incluso se hacían publicidad en este sentido en los países de origen de los posteriores visitantes”. Estos hechos ponen de manifiesto, a su juicio, “la tragedia que sobre nuestra juventud se está echando como una de las más vergonzosas plagas de la humanidad”.

Tras vincular tales hechos con el tráfico de drogas y la trata de blancas, el periodista termina su artículo clamando por una “investigación hasta las ”raíces“ en todo lo que huela a esta nueva (?) invasión social organizada que afecta e infecta a nuestra querida y, hasta hace bien poco, cándida isla”.

La connivencia de la prensa con la ideología profundamente lgtb-fóbica del régimen, a través del control institucional y la censura, convertía a los medios de comunicación en portavoces de la moral nacional-católica oficial. La difusión de la ideología lgtb-fóbica por parte de los medios facilitó y expandió la estigmatización de las disidencias sexuales y su consecuente rechazo social. La publicación de artículos como los citados difundía con facilidad la imagen perversa del homosexual. A la condena penal se añadía la propaganda injuriosa realizada a través de los medios, directamente controlados por el régimen. Sin duda, la represión era ejercida por el sistema a través de todos los medios a su alcance.

Afeminados y peligrosos

Mientras otros países europeos habían despenalizado las relaciones homosexuales en la década de los sesenta, en España el régimen de Franco decidió actualizar la Ley de Vagos y Maleantes y, en 1970, fue aprobada la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. El artículo segundo de la ley establecía que “serán declarados en estado peligroso y se les aplicarán las correspondientes medidas de seguridad, quienes: […] b) se aprecie en ellos una peligrosidad social”. Entre los “supuestos de estado peligroso se encontraba el de aquellos que realicen actos de homosexualidad”.

Esta nueva ley, a diferencia de la de vagos y maleantes, exigía expresamente la comisión de “actos de homosexualidad” y, por tanto, la realización de prácticas sexuales de carácter homosexual y no la mera condición de homosexual. Siendo esto un “avance”, pongámoslo entre comillas, la realidad de la práctica de la ley fue muy diferente. Numerosos testimonios de los represaliados indican que la mera expresión de la ruptura de los códigos de género, es decir, el afeminamiento o la pluma, era suficiente para ser detenido y pasar varios días en un calabozo de la comisaría. Y si esto ocurría en varias ocasiones era muy probable que el juez acabara aplicando la ley y condenando al reo al internamiento en un centro de reeducación.

En este sentido, es significativa la percepción social de la necesidad de reprimir incluso por la vía penal el afeminamiento, especialmente el masculino, ya que la mujer estaba prácticamente ausente del debate represivo desde el punto de vista legal (4). La columna titulada Mirador, publicada en El Eco de Canarias de 4 de noviembre de 1969, aludía al inicio del proceso de aprobación de la Ley de Peligrosidad social. “Dentro de la nueva Ley parece que se trata de incluir como factor grave de peligrosidad social el afeminamiento en la indumentaria masculina (…), ciertas bandas, pandillas y todos aquellos persistentes en contrarias a la normal convivencia social. En suma, continuaba el artículo, ese ”narcisismo“ imperante en la juventud, favorecida por el afeminamiento en el uso de indumentarias y el sentido hedonista y materialista de la vida, los ebrios, la prostitución, etc”.

“Y todo esto que hoy bulle en la mente de selectas clases rectoras parece deducirse del establecimiento diferencial entre hechos delictivos y conductas antisociales. (…) La peligrosidad que se deriva de la conducta de muchos jóvenes necesita adecuados remedios y a ello tienen las modificaciones (…), restablecer las buenas costumbres en la juventud”.

Si bien el texto final de la ley no fue tan restrictivo como para considerar peligroso el afeminamiento en la indumentaria masculina, no deja de llamar la atención que al articulista le resultara normal, y hasta conveniente, el condenar a un centro de reeducación a una persona exclusivamente por la posible ambigüedad de su vestimenta. Este hecho da una medida clara del rígido sistema de roles de género impuesto por el régimen que fue asumido con naturalidad por la sociedad de la época.

La tramitación de la Ley de Peligrosidad Social tuvo amplia repercusión en la prensa del régimen. Ya en la portada de El Eco de Canarias del 11 de octubre de 1969 el titular más destacado rezaba: El Consejo de Ministros ha pasado a las Cortes el proyecto Ley de Peligrosidad Social. Reforma la de vagos y maleantes. En el interior, el artículo resaltaba que la nueva ley no consistía en “un nuevo ordenamiento de los estados peligrosos, sino meramente en edición actualizada de la ley de 4 de agosto de 1933”.

Según el artículo “se aspira a sustituir el título de ”Vagos y Maleantes“ (…) por el más cabal, menos vejatorio y más concretamente comprensivo de las diversas conductas que interesan, de ”Peligrosidad Social“. Asimismo aspiraba la ley a ”dotar al sistema de efectividad (…) evitando que las medidas de seguridad se conviertan en corrientes penas privativas de libertad y que se frustren el propósito ellas“, para lo cual ”se crean los establecimientos especiales precisos, de custodia, trabajo, colonias agrícolas, reeducación, preservación y templanza (…)“.

Más allá de las intenciones de la ley, la realidad es que en Canarias, al igual que en el resto del Estado, no se ejecutaron en absoluto las previsiones de la ley en cuanto a infraestructuras destinadas a aplicar las medidas de seguridad. La arbitrariedad en su aplicación fue tan habitual como en la Ley de Vagos y Maleantes. Algunos estudios determinan que, a nivel nacional, fueron más de cinco mil los disidentes sexuales que fueron víctimas de la represión por esta ley, aunque su número real no está aún contabilizado.

La muerte del dictador en 1975 y la aprobación, en diciembre de 1978, de la Constitución española permitieron la reforma de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, por ser incompatible con los principios democráticos. Esta ley se modificó en 1978, mediante una reforma legal en la que se eliminaron varios artículos de la misma, entre ellos los que hacían referencia a los actos de homosexualidad.

Conclusiones

La represión de las disidencias sexuales durante el franquismo se fraguó mediante la conjunción de normas penales, discursos pseudo-científicos patologizantes, castradores sermones nacional-católicos y la propaganda estigmatizadora de los medios de comunicación, controlados por el régimen.

En Canarias, durante los primeros años de la década de los 50, se creó el sistema judicial y penitenciario que iba a garantizar la efectiva aplicación de la Ley de Vagos y Maleantes en el territorio y que, con la modificación de la misma en 1954, en la que se incluyó a los homosexuales, permitiría una represión no menos intensa que en otros territorios del estado.

La Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía se ha convertido en un triste símbolo de esa represión, por la inhumanidad de su régimen carcelario. Los valientes testimonios de algunos de los presos canarios, tanto de Tefía como de otras cárceles como la de Santa Cruz de La Palma, nos han permitido conocer de primera voz la dureza de la represión de las disidencias sexuales y las injusticias de un sistema represor y arbitrario.

Junto con la represión legal, la prensa local controlada por el régimen contribuyó a la estigmatización de las disidencias sexuales, propagando una imagen patológica, retorcida y perversa y fomentando el rechazo social a las diferencias sexuales y de género.

Los cambios económicos y sociales producidos en Canarias durante los años 60, especialmente los originados por el auge del turismo, contribuyeron también a los cambios de mentalidad en la sociedad de las islas. Una sociedad más urbana y cosmopolita permitió una mayor visibilización de la diversidad sexual y de género. Este fenómeno produjo un auténtico pánico homosexual en las autoridades que desembocó en la aprobación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1970, que incluía las prácticas homosexuales como causa de peligrosidad social. No obstante, la evolución social era imparable a pesar de la crudeza en la represión social y política durante los estertores de la dictadura.

En el estudio de la represión de las disidencias sexuales en Canarias durante el franquismo no se ha profundizado lo suficientemente. Más allá de algunos artículos periodísticos y la obra de Miguel Ángel Sosa, prácticamente no hay trabajos sobre el tema. Se hace necesario ahondar en esta parte de nuestra memoria histórica. Quienes sufrieron la represión merecen recuerdo y reconocimiento. Y las futuras generaciones tienen el derecho de conocer nuestra historia, que es parte de nuestro patrimonio como comunidad lgtb y como sociedad. Sirva este artículo de homenaje y recuerdo a las personas represaliadas y también de incentivo para seguir dando luz a esta oscura época de nuestra historia.