Una legislatura más, los parlamentarios del Reino de España han sido incapaces de ponerse de acuerdo para legislar a favor de extender los derechos de los pacientes en el final de la vida.

Se argumentará que es un tema muy complicado, pero la eutanasia activa y/o el suicidio médico asistido son prácticas legales en países como Bélgica, Canadá, Colombia, Luxemburgo, Holanda, Suiza y en siete estados de los Estados Unidos.

En estos países, en los que ambas posibilidades están reguladas siguiendo un proceso muy controlado cuyo objetivo principal es salvaguardar la protección del paciente, estas muertes suponen entre el 0,3% y el 4,6% de todos los fallecimientos, unas cifras reducidas que indican que la legalización no conlleva un abuso en el recurso a estas prácticas.

En España, los estudios disponibles y las encuestas más recientes muestran que tanto la eutanasia como, en menor medida, el suicidio médico asistido, también denominado ayuda en la muerte, son prácticas que cuentan con un importante y creciente apoyo entre la población.

En lo que sigue presentamos los principales resultados de una encuesta online realizada en noviembre de 2018 a partir de un panel probabilístico de la población española de 18 y más años (IMOP). En la encuesta, financiada con una beca de investigación de la Fundación Victor Grifols i Lucas, preguntábamos acerca de las opiniones de la población sobre distintos temas potencialmente controvertidos en bioética, entre los que se incluían preguntas sobre el suicidio médicamente asistido y la eutanasia médica voluntaria.

¿Qué piensan los españoles de estas prácticas?

Como se aprecia en el gráfico, a la gran mayoría de la población española le parece bien que se permitan tanto la eutanasia como el suicidio asistido. Entre el 78% y el 88%, según se adopte una definición más o menos restrictiva del apoyo, juzga como bueno que se permita la eutanasia activa voluntaria. Esta cifra oscila entre el 72% y el 85% en el caso del suicidio médicamente asistido.

Estos resultados son equiparables a los obtenidos en encuestas similares realizadas en España. Así, por ejemplo, una encuesta de IPSOS de 2018 situaba el apoyo a la regularización de la eutanasia en torno al 85%, un apoyo muy similar al 84% obtenido por Metroscopia el año anterior. Aunque no abundan las encuestas entre los profesionales médicos, las disponibles también muestran un respaldo ampliamente mayoritario a ambas prácticas en este colectivo. Estos datos ponen de manifiesto que el nivel de apoyo en España es similar al que existe en aquellos estados en los que estas prácticas son legales desde hace tiempo.

Sin embargo, de manera paradójica, los encuestados no son conscientes de la existencia de este amplio consenso en torno a los denominados “derechos de salida”. En otra de las preguntas del cuestionario pedíamos a las personas entrevistadas que nos dijeran qué porcentaje de la población creen que está de acuerdo con permitir estas medidas. El 81% da porcentajes inferiores al nivel de apoyo declarado de la eutanasia y el 71% al del suicidio asistido. La media del apoyo percibido de la eutanasia es del 60% (frente al 78% de apoyo declarado) y del 56% en el caso del suicidio asistido (frente al 72% de apoyo declarado).

El estudio no proporciona claves que nos permitan explicar esta disparidad entre el apoyo declarado y el apoyo percibido pero, al menos como hipótesis, es posible pensar que la presentación habitual del tema como un debate entre posturas enfrentadas puede estar contribuyendo a este hecho.

¿Pueden ambas partes tener razón?

Pero, ¿existe realmente esta polarización? ¿Perciben los entrevistados que ante los derechos de salida solo una de las posturas es la correcta?

La encuesta incluía una pregunta para ver cómo juzga la población española un desacuerdo moral en este terreno. En el caso de la eutanasia activa voluntaria y el suicidio médicamente asistido resulta muy interesante ver cómo, a pesar del abrumador apoyo a la regulación legal de dichas medidas, la mayoría de la población española percibe ambivalencia moral (“ambas partes pueden tener razón”).

El 54% de la población admite que en el caso de la eutanasia activa pueden tener razón tanto quienes defienden que es algo moralmente aceptable como quienes defienden lo contrario. Este porcentaje asciende al 58% en el caso del suicidio médicamente asistido.

Asimismo, resulta interesante señalar que esta posición de aceptación de la discrepancia en el debate sobre la eutanasia y el suicidio asistido se produce tanto entre quienes están a favor de estas prácticas como entre quienes se declaran en contra (las diferencias entre ambos grupos no son estadísticamente significativas).

En temas de bioética ¿somos los españoles consecuencialistas?

Para terminar, nuestra encuesta sobre desacuerdos bioéticos también preguntaba a los participantes si en su opinión se debía permitir la eutanasia activa y el suicidio médico asistido entre otras cuestiones bioéticas “siempre, independientemente de las consecuencias para las partes afectadas”, “nunca, independientemente de las consecuencias para las partes afectadas” o “cuando las consecuencias positivas son mayores que las consecuencias negativas para las partes implicadas”.

También se presentaba a los participantes con una serie de dilemas donde se confrontaban valores morales en conflicto en relación con los temas potencialmente controvertidos y se pedía a los participantes que dieran una justificación sobre por qué preferían permitir o prohibir dichas prácticas.

Las respuestas dadas a estas preguntas nos permiten clasificar a la población en función de si su posición respecto a estas cuestiones responde a criterios relacionados con principios de tipo moral (justificación deontológica) o definidos en función de las consecuencias que tiene para las partes implicadas (justificación consecuencialista) o bien una justificación mixta (con elementos de ambas).

Lo que observamos fue un patrón en el que aquellas personas que respondían sin reconocer ambivalencia moral (“solo una parte puede tener razón”) daban respuestas menos consecuencialistas y justificaciones más deontológicas. A la inversa, aquellos que reconocían una mayor ambivalencia moral, mostraban mayor preferencia porque la legislación tenga en cuenta las consecuencias para los afectados y tenían una probabilidad mayor de dar justificaciones consecuencialistas. Además, observamos que auto-adscribirse una identidad fuerte (el responder que el ser de izquierdas, de derechas, católico o musulmán es importante para uno) es uno de los mejores predictores de tener actitudes no consecuencialistas.

Más allá del amplio apoyo de la población española a estas medidas, es llamativo el porcentaje de apoyo intuitivo dado hacia el anticonsecuencialismo. Un porcentaje no bajo de personas están dispuestas a apoyar en un primer momento medidas de permisión o prohibición independientemente de las consecuencias que dichas leyes tengan para las partes afectadas. Si pensamos en el reciente borrador de ley que eliminaba la Ética de la ESO este dato proporciona materia para reflexionar.

En esta próxima legislatura, ¿alcanzarán nuestros representantes políticos el acuerdo que la ciudadanía parece estar pidiéndoles?

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.The Conversationaquí

En España es posible hacer encuestas electorales hasta el mismo día de la votación, pero se prohíbe la publicación de sus resultados en los cinco días previos

Es como si la televisión diera paso a publicidad al llegar el 90 de partido

“¡Encuestad hasta el último día!”. Este es el mensaje con el que George H. Gallup resumió para sus empresas afiliadas las conclusiones del informe sobre las causas del fracaso de las encuestas que dio pie a la famosa foto del recién elegido presidente Truman sosteniendo el periódico que proclamaba la victoria de su adversario tras las elecciones de 1948. En España es posible hacer encuestas electorales hasta el mismo día de la votación, pero la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) prohíbe la publicación de sus resultados en los cinco días previos. A pesar de que es legal publicar datos de intención de voto hasta el lunes anterior a la votación, lo habitual en nuestro país ha venido siendo que, salvo excepciones, las últimas encuestas se publiquen el domingo antes de las elecciones con datos recogidos hasta el viernes o el sábado anterior.

En otro post ya señalé los efectos negativos que, en mi opinión, tiene esta prohibición no solo sobre la precisión de las encuestas y su imagen pública, sino también sobre el derecho de la ciudadanía a decidir su voto con la información más completa y actualizada posible. El análisis de los datos disponibles acerca del momento de decisión del voto que presento aquí pone de manifiesto que la información que queda oculta como consecuencia de la prohibición es crucial para hacer estimaciones precisas de los resultados electorales.

El gráfico anterior muestra la evolución en el momento de la decisión del voto en las elecciones generales en nuestro país entre 1993 y 2016. Más allá de diferencias puntuales entre convocatorias, lo que nos interesa poner de relieve aquí es la clara tendencia a la disminución en el número de personas que tenían decidido su voto antes del inicio de la campaña electoral en el conjunto del período, una pauta similar a la que se observa en otros países de nuestro entorno. Vemos además cómo, en los últimos años, ha crecido el porcentaje de electores que decide su voto en la semana anterior a la votación (sí, justo en esa semana en la que no se publican resultados de encuestas en nuestro país). Si tenemos en cuenta que las encuestas publicadas se están perdiendo una parte cada vez más importante de la competición electoral, quizás no deberían sorprendernos tanto sus fallos más recientes. Por emplear un símil futbolístico, es como si la televisión diera paso a publicidad al llegar el 90 de partido.

Sobre todo, si son los equipos nuevos los que marcan la mayoría de los goles en el descuento. Este segundo gráfico muestra el momento de la decisión del voto de quienes votaron a partidos nuevos en la elección en la que estos emergieron o consolidaron sus resultados. En todos los casos la proporción de votantes tardíos es muy superior a la media y a la del resto de los partidos. Como se ha señalado en alguna ocasión, casi dos tercios de quienes votaron a Podemos en las elecciones europeas de 2014 se decidieron por este partido en la última semana. Los votantes tardíos también fueron uno de cada tres de los votantes de Podemos en las elecciones de 2015, en las que este partido alcanzó sus mejores resultados. Algo similar ocurrió con Ciudadanos, primero en las elecciones andaluzas de 2015 y, posteriormente, en las generales del mismo año. Y lo mismo ha sucedido con VOX en las elecciones andaluzas de diciembre pasado. En torno al 40% de los votos obtenidos por estos partidos en las elecciones mencionadas se decidieron en la última semana. ¿Adivinan qué pasó con los pronósticos de las encuestas en estos casos? Las encuestas subestimaron el voto de Podemos en ambas elecciones y el de Ciudadanos y Vox en las elecciones andaluzas, si bien sobrestimaron el voto a Ciudadanos en las generales de 2015 (otro ejemplo de por qué en la estimación electoral no existe una receta única que funcione bien en todos los casos).

Y no se trata de una pauta que afecte exclusivamente a los partidos creados más recientemente ni a los de ámbito estatal, sino que, por el contrario, se verifica también con UPyD, en las elecciones generales de 2008 y 2011, y con partidos regionales en elecciones autonómicas como Compromís en las elecciones a las Cortes Valencianas de 2011 y Alternativa Galega de Esquerda en las gallegas de 2012. Parece, por tanto, que los nuevos partidos políticos marcan muchos de sus goles en el descuento y las cámaras no están allí para grabarlos.

¡Encuestad hasta el último día! no es solo una frase de Gallup. Es el resultado más consistente en las múltiples evaluaciones de calidad de las encuestas electorales que se han llevado a cabo desde entonces en todo el mundo. La distancia respecto a la fecha de la votación es el factor que mejor explica el éxito en el pronóstico electoral de una encuesta. Además, tenemos ejemplos recientes de que esto se cumple también en España. En las pasadas elecciones generales de 2015 las encuestas más precisas fueron las que eludieron la prohibición de la LOREG publicando sus resultados en el Periòdic d’Andorra (GESOP) o esperando al cierre de las urnas para hacerlo (GAD3). Encuestando hasta el viernes anterior a la jornada de reflexión, GAD3 también proporcionó pronósticos muy precisos de los resultados de las elecciones catalanas de 2017, en las que Ciudadanos fue el partido más votado, y las andaluzas de 2018, en las que el PSOE-A perdió el gobierno de la Junta. Los datos están ahí y son claros. Es necesario y urgente poner fin a una legislación injusta y obsoleta que impide que las encuestas electorales cumplan con la función que se les demanda.

Las encuestas son útiles. Incluso cuando fallan, proporcionan una información relevante que ayuda a los ciudadanos a decidir su voto. Por este motivo es fundamental eliminar la prohibición de publicar encuestas en los días previos a la elección. El embargo produce desinformación y desigualdad en el derecho de disponer de información actualizada y precisa.

Que las encuestas han fallado en su pronóstico de los resultados de las elecciones andaluzas del domingo 2 de diciembre parece algo tan evidente como poco sorprendente teniendo en cuenta sus recientes descalabros. Tal es la acumulación de desengaños, que hay quien pensaría que solo nos queda hacer las maletas y marcharnos de casa. Sin embargo, un análisis detallado de los sesgos cometidos por las encuestas pre-electorales andaluzas hace que piense que merece la pena seguir apostando decididamente por esta relación.

En general, las encuestas han funcionado bien en Andalucía tanto a la hora de captar las tendencias en la evolución del voto como de pronosticar el resultado de la mayoría de las convocatorias electorales celebradas desde 1982. Han identificado siempre correctamente al ganador, han acertado casi totalmente con el orden de los partidos según el porcentaje de voto y han anticipado la entrada de nuevos partidos en el Parlamento. A pesar de este buen historial, las encuestas no fueron capaces de pronosticar correctamente el resultado de las elecciones de 2012, en las que otorgaban un importante margen del PP-A sobre el PSOE-A que no se materializó en las urnas. Y, a la vista de los datos, tampoco lo han conseguido en las pasadas elecciones.

Entre el 17 de septiembre y el 2 de diciembre se publicaron un total de 39 encuestas pre-electorales producidas por 17 empresas e instituciones distintas. La tabla muestra la lista de estas ordenadas por fecha, así como su nivel de precisión global medido a través del error absoluto (la suma de las desviaciones de la estimación del voto a cada partido con respecto al resultado obtenido por ese partido en la elección) cometido. Asimismo, la tabla identifica aquellas encuestas que han ofrecido alguna estimación que se desvía del resultado electoral por encima del margen de error muestral declarado y sobre qué partido y en qué dirección se producen estos sesgos.

Como vemos, la práctica totalidad de las encuestas incurrió en sesgos sistemáticos en sus pronósticos de los resultados electorales de PSOE-A y de Adelante Andalucía (AA), sobrestimándolos en unos cinco y algo más de tres puntos de media respectivamente. Las encuestas también subestimaron la fuerza de la entrada de Vox en el Parlamento andaluz restándole en promedio otros cinco puntos. Con una excepción: la encuesta tracking de GAD3, que mantuvo abierto el trabajo de campo hasta el viernes anterior a la votación, dentro ya del período en el que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) prohíbe la publicación de encuestas, y que el diario ABC publicó al cierre de las urnas el domingo 2 de diciembre, acertó casi de pleno los resultados de la elección.

Además de por la precisión alcanzada, esta encuesta tiene un gran valor para el sector de la investigación de la opinión pública. Sus resultados son una prueba más del impacto negativo que el embargo a la publicación de encuestas en los cinco días anteriores al de la votación, que prevé la LOREG, causa a la precisión de las encuestas y a la imagen y la confianza del público en ellas. La evolución de la intención de voto directa medida por esta encuesta, publicada por Narciso Michavila en su cuenta de Twitter, muestra cómo entre el 26 y el 30 de noviembre el voto al PSOE-A bajó cuatro puntos mientras que VOX aumento en un porcentaje similar (pasando del 6,8 al 10,9 por ciento en esos cinco días), profundizando así una tendencia que las últimas encuestas publicadas ya venían apuntando, pero cuya magnitud no pudieron llegar a reflejar en su totalidad.

Algo muy parecido ya había ocurrido en las pasadas elecciones generales de 2015 en las que las encuestas más precisas fueron, además de un tracking de GAD3 similar al descrito para las elecciones andaluzas y el sondeo a pie de urna de TNS, las encuestas andorranas de GESOP, así denominadas porque eluden el embargo de la LOREG publicando sus resultados en el Periòdic d’Andorra.

No es casualidad que las encuestas que más atinan con los resultados sean las que preguntan en los últimos días antes de la votación. Las encuestas post-electorales del CIS nos alertan de que buena parte del electorado decide su voto cada vez más tarde. En las elecciones generales de 2015, el 36% de los votantes decantó su voto en las dos últimas semanas. De ellos, algo más del 9% lo hizo el mismo día de la votación. Estas cifras fueron del 30% y de algo más del 7% en las elecciones al Parlamento Andaluz del mismo año.

Por estos motivos resulta vital eliminar la prohibición de publicar resultados de encuestas electorales. Se trata de una legislación anticuada que no solo va directamente en contra de la precisión de las encuestas electorales sino también contra el derecho de la ciudadanía a disponer de información actualizada y precisa sin limitaciones de ningún tipo que recoge el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y que además no consigue el pretendido objetivo de evitar que los resultados de las encuestas influyan en el electorado. El embargo afecta solo a la publicación y no a la realización de encuestas con lo que hay quienes sí disponen de esa información (partidos políticos, medios de comunicación, etc.) hasta el último minuto y pueden emplearla estratégicamente en la conformación de sus mensajes al electorado. Por tanto, el embargo no solo priva a los ciudadanos del acceso a una información relevante para decidir su voto, sino que genera una desigualdad flagrante en el acceso a la misma.

La prohibición deja congelada la foto de la evolución de la opinión pública y de las preferencias del electorado en un momento determinado arbitrariamente cuyo efecto no es en ningún caso neutral. En 2012, el fundido a negro de las encuestas apuntó un escenario en el que el PP-A ganaría las elecciones con un margen holgado para gobernar. Es plausible pensar que este escenario pudo activar el voto progresista y dejar en casa a otros votantes, confiados en que el PP-A contaba con un margen suficiente. En 2018, el escenario avanzado por las encuestas era el de un gobierno del PSOE-A apoyado por Ciudadanos o Adelante Andalucía. Es probable que, de haber sabido que podía producirse un vuelco electoral en Andalucía, muchos de quienes se quedaron en casa hubieran votado. Con independencia del resultado en ambos casos, de lo que no hay duda es que lo deseable en democracia es que los ciudadanos no se arrepientan al día siguiente de haber votado (o de no haber votado) como lo hicieron.

Todos hemos visto esas imágenes de tortugas atrapadas entre los aros de plástico que mantienen unidas las latas de cerveza en nuestro frigorífico. Y también esas otras en las que grandes bloques de hielo se deshacen como azucarillos en las aguas de los polos, cada vez más cálidas. Por eso, si una periodista o un encuestador nos pregunta con qué frecuencia reciclamos, es muy probable que respondamos que lo hacemos siempre y con todos los tipos de residuos aunque no sea del todo cierto. Porque a estas alturas pasar del medio ambiente no está bonito.

Tener muchas parejas es algo que está más o menos bonito según seas hombre o mujer. Por eso en las encuestas de hábitos sexuales las mujeres tienden a declarar un número menor de parejas de las que realmente tuvieron. Todo lo contrario de lo que hacen los hombres, que parece ser que en esto hacen como en el parchís: que se comen una y cuentan veinte.

A esta tendencia de los seres humanos a tratar de presentarnos ante los demás bajo una luz favorable se le denomina deseabilidad social y es la razón por la que conductas o actitudes que tienen una connotación mayoritariamente negativa como consumir drogas, no llevar puesto el cinturón de seguridad o mostrar actitudes racistas son subestimadas sistemáticamente en las encuestas. Y es la razón también por la que comportamientos que son percibidos positivamente como votar en las elecciones o donar a organizaciones sin ánimo de lucro obtienen muchos mejores resultados en las encuestas de lo que muestran las cifras reales.

Todo apunta a que la deseabilidad social ha jugado un papel importante en los recientes y sonados fracasos de las encuestas en los referéndum del Brexit y sobre el acuerdo de paz en Colombia y en las pasadas elecciones presidenciales estadounidenses, en las que Donald Trump venció a Hillary Clinton contra la mayoría de los pronósticos.

Brexit, Colombia y Trump

En el caso del Brexit, muchas encuestas subestimaron el voto de quienes querían que el Reino Unido saliera de la UE. La campaña ganadora había focalizado su mensaje en la necesidad de que el país recuperara el control sobre sus fronteras para frenar la inmigración. Un mensaje que llegó a adquirir marcados tintes racistas de la mano de alguno de sus principales defensores. El asesinato de la diputada laborista Jo Cox, que defendía la permanencia en la UE, a manos de un nacionalista de extrema derecha vino a cerrar el círculo de una campaña agria y que había generado un clima de fuerte polarización: en la mayor parte de los entornos votar a favor de la salida no era la elección más bonita. El hecho de que las encuestas online, que al no tener entrevistador presenta menos problemas de deseabilidad social, pronosticaran correctamente el resultado final y el aumento aparente de la intención de voto a favor de la permanencia tras el asesinato de Jo Cox son algunos indicios que apuntan a la existencia de este voto oculto a la opción de salir de la UE.

Algo similar ha podido ocurrir en el caso del Plebiscito por la Paz en Colombia por el que los ciudadanos fueron llamados el pasado 2 de octubre a ratificar un acuerdo, alcanzado entre el gobierno del país y las FARC, que ponía fin a 52 años de conflicto armado. Las encuestas habían pronosticado la victoria del “Sí” sobre el “No”, con una ventaja que oscilaba entre los 15 y los 40 puntos. Ganó el “No” con el 50,2% de los votos frente al 49,8% del “Sí”, en una votación en la que se abstuvo el 60% de la población. Esta era la pregunta: ¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Con esta pregunta, le dejamos decidir al lector cuál era en este caso la respuesta bonita.

Por último, la polémica personalidad de Donald Trump, con una larga lista de comentarios sexistas y racistas en su haber, unida a algunos datos de las encuestas como el mayor porcentaje de indecisos en esta ocasión en comparación con las elecciones de 2012 (15% vs. 5% de media) o sus mejores resultados en las encuestas por internet, ha alimentado la hipótesis de la existencia de votantes tímidos que habrían ocultado en las encuestas su intención de votar por este candidato. También en este caso, la deseabilidad social es uno de los posibles factores que explicaría el shock que produjeron los resultados electorales entre quienes esperaban levantarse celebrando la primera presidencia femenina en la historia de los EEUU.

Para conocer cuál es la explicación definitiva de este último fallo habrá que esperar a la próxima primavera, cuando se publique el informe que la Asociación Americana para la Investigación de la Opinión Pública (AAPOR) ha encargado a un comité de expertos en la materia. Mientras tanto, si le interesa seguir profundizando en el tema, le invitamos a acompañarnos en el ciclo de conferencias “Encuestas de Opinión: Guía de uso para usuarios y consumidores críticos”, organizadas por el CSIC y el Departamento de Sociología de la Universidad Pablo de Olavide que tendrá lugar en el salón de actos de la Casa de la Ciencia en Sevilla entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre. Abiertas a toda la ciudadanía, les esperamos.

Una de las principales razones por las que las encuestas tienen dificultades a la hora de pronosticar resultados electorales pasa por saber quién va a ir a votar. Por supuesto, las encuestas suelen preguntar también por ello, pero nuestras respuestas a esa pregunta son tan ciertas como las que daríamos a la pregunta de si el domingo iremos a comer a casa de mamá, si el jueves iremos a clase de yoga o si vamos a ver el partido de cuartos de final de España en la Eurocopa.

Es decir, algunos no se van a perder seguro esas actividades porque son su prioridad absoluta y no faltan nunca a la cita; otras no tienen ninguna duda de que no les interesan y que por tanto no irán, pero hay mucha gente que tiene cierto interés por ellas pero terminará decidiendo si va o no va un rato antes, en función de planes alternativos, menús, cuñados asistentes y cansancios o resacas.

La segunda dificultad parte de que estas personas normalmente no van a contarle su vida a la entrevistadora, poniéndole por delante todas esas dudas y consideraciones. Sus opciones pueden ir por dos caminos: o tiran mentalmente la moneda al aire y responden sí o no a la pregunta de si van a ir a votar, mitad al azar, mitad en función de lo que han hecho otras veces; o bien, miran a la entrevistadora, piensan “¿qué espera esta chica que yo le diga?” y optan por la respuesta socialmente más aceptable, el sí.

¿Qué puede hacer ante esta situación el analista que tiene la encuesta delante? Para empezar, si ha sido previsor y el contexto se lo ha permitido, habrá hecho alguna otra pregunta adicional que le permita tratar de pronosticar si la persona entrevistada votará realmente. Lo más habitual es que, dado que el “no iré a votar” es la respuesta más difícil en un contexto de cierta presión social favorable al voto (algo menos extendida entre jóvenes y que por tanto podría no aparecer en un contexto de entrevistado y entrevistadora jóvenes), tomemos esa respuesta como una verdad definitiva.

Predecir el comportamiento

Por el contrario, con las personas que han dicho que votarán (si tenemos alguna pregunta complementaria en la que basarnos) y, sin duda con aquellos que explicitan su duda de si van a ir a votar, toca iniciar el proceso de tratar de pronosticar su comportamiento. ¿Fue a comer a casa de mamá el pasado domingo? ¿Cuánto le interesa el yoga de 0 a 10? ¿No pudo dormir cuando eliminaron a España del mundial? Las respuestas a estas preguntas podían ayudarnos a saber qué hará dentro de unos días, aunque ni el propio entrevistado sepa hoy si irá a votar.

Un experimento reciente desarrollado en colaboración entre el IESA-CSIC y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha permitido medir ese componente de deseabilidad social de la participación y tratar de acercarnos a maneras más precisas de poder medir la abstención, aunque sea en este caso en encuestas post-electorales. Le preguntamos a los entrevistados por su voto en las elecciones generales de 2011. A una parte de la muestra les hicimos la pregunta habitual: enunciado breve y respuesta afirmativa y negativa al mismo nivel. Por el contrario, a otra parte, les ofrecíamos un enunciado que legitimaba la abstención, dejando muy claro que es un comportamiento muy habitual y a la vez les ofrecía varias maneras de poder decir que a veces votan y que solo esta vez no lo hicieron. Mientras que en el primer formato de pregunta solo un 22% reconoció no haber votado (28% fue la cifra real), la cifra creció hasta un 30% con la segunda.

En definitiva, los abstencionistas están ahí y tenemos que seguir trabajando para encontrar las maneras de captarlos y predecir su comportamiento de la forma más fidedigna posible. Aunque tú no sepas lo que vas a hacer este domingo, los expertos en encuestas van a seguir estrujándose los sesos a ver si pueden adivinarte, tratando de hacer algo que quizás va más allá de sus posibilidades, predecir el futuro.

Pronosticar los resultados de unas elecciones es una tarea difícil. Más si cabe en nuestro país con un contexto pluripartidista y un sistema electoral caracterizado por un gran número de circunscripciones electorales, en las que el número de escaños no es proporcional a su peso poblacional, y en el que la aplicación de la Ley D’Hondt hace que en muchas ocasiones la atribución de un escaño se vea determinada por una diferencia mínima de votos.

A esta dificultad se une el hecho, ampliamente tratado por la metodología de encuestas en los últimos años, de que cada vez son menos los ciudadanos y ciudadanas que tienen alguna probabilidad de ser contactados para participar en una encuesta y los que, en caso de serlo, están dispuestos a responder a ellas. Así, en el caso de la entrevista telefónica, el modo de administración empleado en la práctica totalidad de las encuestas pre-electorales realizadas en España, se estima que cerca de la mitad de la población no tiene ninguna probabilidad de formar parte de sus muestras, bien porque no disponen de teléfono fijo en el hogar, bien porque su número no aparece en los directorios telefónicos que la mayoría de estas encuestas emplean como marco muestral. A este segmento de la población no contactable, ya de por sí elevado, habría que sumarle la población que rechaza participar en una encuesta de este tipo (no respuesta total) y la que, accediendo a responder a la encuesta, se inhibe en las preguntas en las que se basa la estimación de voto (no respuesta parcial).

Todos estos motivos hacen que el balance de la precisión de las encuestas electorales en nuestro país no haya sido especialmente positivo en los últimos años. Desde las pasadas elecciones generales, celebradas en noviembre de 2011, el fracaso de las encuestas ha ocupado titulares en prensa tras la celebración de tres de las últimas siete convocatorias: las autonómicas andaluzas y catalanas de 2012 y las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2014. Concretamente, en el caso de las anteriores elecciones autonómicas andaluzas, las encuestas publicadas supieron pronosticar la victoria del PP-A pero fallaron al otorgarle una ventaja de nueve puntos de media sobre el PSOE-A que quedó reducida a poco más de un punto en los resultados definitivos y que no sirvió a este partido para formar gobierno.

La mayor complejidad del contexto actual, con nuevos partidos que venían creciendo con fuerza y una caída sin precedentes en la fidelidad de voto de los partidos mayoritarios, hacían prever un mal rendimiento de las encuestas a la hora de pronosticar los resultados de las elecciones que se celebraron el pasado domingo 22 de marzo. Sin embargo, la mayoría de las estimaciones publicadas han sabido adelantar de manera acertada las principales tendencias de los resultados: con un PSOE-A que ganaría las elecciones pero lejos de la mayoría absoluta, un fuerte descenso en el voto al PP-A y a IULV-CA y la potente irrupción en el arco parlamentario de Podemos y Ciudadanos. Partido éste último cuyo crecimiento se ha ido viendo reflejado encuesta a encuesta a medida que se acercaba la fecha de los comicios.

Uno de los aspectos en los que se ha traducido esta complejidad es la mayor disparidad en los pronósticos realizados por las diferentes empresas encuestadoras en comparación con convocatorias anteriores en las que las estimaciones tendían a converger entre sí. Esto hace particularmente interesante llevar a cabo una evaluación más pormenorizada del nivel de precisión obtenido por las distintas encuestas.

Entre el 24 de enero y el 22 de marzo de 2015 se publicaron los resultados de un total de 21 encuestas pre-electorales y una encuesta a pie de urna producidas por 13 empresas e instituciones distintas. La siguiente tabla muestra la lista de estas encuestas ordenadas en función de su nivel de precisión global medido a través del error absoluto (la suma de las desviaciones de la estimación de voto a cada partido con respecto al resultado obtenido por ese partido en la elección) cometido. Asimismo, la tabla identifica aquellas encuestas que han ofrecido alguna estimación que se desvía del resultado electoral por encima del margen de error muestral declarado y sobre qué partido y en qué dirección se producen estos sesgos.

Un primer elemento a destacar de estos datos es que hay una clara relación entre la precisión de la encuesta y su fecha de realización, que se traduce en que las encuestas más cercanas al 22 de marzo tienen un nivel de error significativamente más bajo que las que se publicaron en los meses de enero y febrero. Además, buena parte del error cometido por estas encuestas más lejanas se produce porque subestiman el voto a Ciudadanos y sobrestiman el voto al PP. Este hecho apuntaría más a que se habría producido un cambio en la tendencia de voto de parte del electorado del PP hacia Ciudadanos a medida que avanzaba el proceso electoral y no tanto a problemas en el diseño técnico-metodológico o en los modelos de estimación de voto aplicados por las empresas. Será necesario esperar a analizar los resultados de la encuesta post-electoral del CIS para ver si se confirma esta hipótesis. Menos problemático parece haber resultado para el conjunto de las empresas estimar el voto del PSOE-A, IU-CA y Podemos, para los que el número de encuestas que presentan sesgos significativos es mucho menor. La gran mayoría de las encuestas ha estimado bien el voto a Podemos, un partido para el que no existía un histórico suficiente que permitiera afinar en sus pronósticos.

Podemos afirmar, por tanto, que las encuestas han cumplido razonablemente bien con su misión de avanzar los resultados de las elecciones, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades añadidas que entrañaba esta convocatoria para una tarea ya de por sí difícil. Sin embargo, estos datos también aportan indicios de la existencia de sesgos, posiblemente relacionados con la representatividad de las muestras obtenidas, que no son corregidos en su totalidad en los modelos de estimación del voto. Sólo dos encuestas proporcionan una estimación que no se desvía significativamente de los resultados obtenidos por los principales partidos. El resto presenta sesgos superiores al que explicaría el nivel de error muestral de la encuesta en la estimación de voto de alguno o varios de los partidos.

Este resultado nos avisa de la importancia de mantener la guardia, analizando las posibles fuentes de sesgos de estas encuestas e incorporando a la práctica los avances metodológicos que tratan de solucionar los retos a la representatividad de sus muestras (encuestas a móviles, técnicas de marcado aleatorio, etc.). Este esfuerzo debería ir acompañado de una mayor transparencia en la difusión de los resultados de las encuestas electorales, en particular en lo que se refiere a sus características técnico-metodológicas, los datos de intención directa de voto y los procedimientos de estimación empleados. Todo ello contribuiría a mejorar la calidad de las encuestas y la confianza del público en esta técnica y en las empresas e instituciones que trabajamos con ella.