Se dice que durante la primera república francesa, tras la revolución, se popularizó la consigna «guerra a los castillos, paz a las chozas» como un llamamiento a acabar con los órdenes feudales e instaurar por fin la soberanía popular. Hoy, más de 200 años después, pareciera que esa consigna se haya invertido. Atrincherada en sus castillos, la ultraderecha internacional empuja al mundo a la catástrofe: un mundo en llamas donde se acumulan las guerras ilegales y la violencia indiscriminada, donde la acumulación obscena de riqueza por parte de una minoría enloquecida coexiste con el negacionismo climático, las persecuciones racistas y las crisis económicas que se agravan y que pagan siempre las clases trabajadoras a lo largo y ancho del planeta.

Después de Gaza, pretender que cualquier guerra emprendida por los Estados Unidos e Israel tenga como propósito otra cosa que el control de áreas estratégicas, recursos energéticos o sencillamente la imposición de un orden geopolítico al servicio de los intereses particulares de las élites que los gobiernan no es ya un gesto de inocencia o hipocresía, sino de complicidad abierta con la barbarie. Voces como la de Francesca Albanese ya han pagado el precio —bajo forma de represalias, amenazas y campañas de odio— de advertir que Gaza era el campo de pruebas de ese mundo en ciernes: un orden internacional sin normas, donde impere solo la ley del más fuerte. Un mundo injusto e impune, hecho a imagen de la élite enloquecida que lo gobierna.

Y sin embargo, después de Gaza, después del ICE, después de los aranceles y Groenlandia, hemos tenido que asistir al mismo coro de voces desde la derecha y la ultraderecha española justificando esta nueva catástrofe en nombre de principios y objetivos —la democracia, el feminismo, los derechos humanos— que la propia administración estadounidense no ha perdido un segundo en desmentir abiertamente. Ni una sola vez, a aquellos que se dicen patriotas —los de la pulserita con la bandera y los del pueblo contra las élites— han predicado otra cosa que el vasallaje y la obediencia. No solo eso: han intentado boicotear, desvirtuar y desmentir la firme oposición del Gobierno de España a esta sinrazón, incluso cuando nuestro país era objeto de graves amenazas y ataques. Los presuntos patriotas, quienes se arrogan el monopolio de la bandera y la palabra España, no dudaron en ponerse del lado de quienes estaban atacando a su país.

Por mucho cable que ahora intente recoger el PP, no habrá manera de hacer olvidar esta ignominia. Tampoco de cubrir el hecho de que España ha elevado su voz para romper el manto de resignación y obediencia a este desastre, y que millones de personas en el mundo entero han reconocido esa llamada y agradecido nuestra valentía y nuestra coherencia. Durante estos años hemos dicho muchas veces que España era una excepción a la ola reaccionaria que sigue recorriendo el planeta entero. En estos días eso ha dejado de ser así: hoy podemos decir con orgullo que España ha sido vanguardia y es referencia para millones de personas que, piensen lo que piensen y voten lo que voten, ven hoy en nosotros una referencia. 

Es de justicia reconocer que ese orgullo —y el patriotismo internacionalista que mucha gente ha sentido en estos días— se fundamenta en una larga tradición de lucha política y cultural de la sociedad española, desde las movilizaciones contra la guerra ilegal en Iraq a la gente que paró la vuelta a España y ocupó las universidades por Palestina. Para las izquierdas del país es especialmente importante tenerlo presente en estos días, porque esa memoria popular contra la injusticia, ese compromiso transversal con la democracia y las clases trabajadoras es la razón esencial por la que estamos en el Gobierno y la fuente permanente de nuestras obligaciones y lealtades en su seno. Por eso es importante decirlo las veces que haga falta: claro que no da igual quién esté en el Gobierno. 

Es una evidencia que en los próximos días los ataques del bloque belicista van a ser muy duros. España está señalada y amenazada por quienes hoy incendian el mundo a sabiendas. En nuestro país, el PP y Vox empezarán a culpar al Gobierno de las subidas de precios que genere la guerra que ellos han jaleado y lo harán cuando hace apenas tan solo diez días tumbaron en el Congreso el mecanismo de control de precios que había creado el Ministerio de Consumo precisamente para impedir que se produzcan abusos en situaciones de emergencia. Tampoco hay duda de que la ultraderecha denunciará una “invasión” cuando lleguen a Europa los refugiados de las guerras que ellos mismos han apoyado. Igual que atacan las renovables que —como se demuestra precisamente en situaciones como esta— sirven no solo para aminorar el impacto del capitalismo fósil sobre el planeta sino que afianzan nuestra soberanía y reducen nuestra dependencia de poderes extranjeros. 

Frente a todas estas presiones, vamos a necesitar fuerza social y política no solo para mantener el rumbo y la coherencia, sino para redoblar el impulso de la posición española y convocar una alternativa creíble al mundo en llamas que nos traen los falsos patriotas de la ultraderecha. Tenemos la obligación de decir no a la guerra; no al capitalismo fósil que está destruyendo el planeta; no a un modelo económico desigual y fallido, que sirve solo los intereses de una oligarquía enloquecida; decir no a las lógicas de violencia y señalamiento que quieren arrancarnos las conquistas del movimiento feminista y antirracista. Todas estas cosas van de la mano y solo pueden lograrse redoblando la ambición del Gobierno para dar seguridad y certezas a las clases trabajadoras del país frente al temor y la incertidumbre que nos trae el mundo al revés de la ultraderecha. 

Esa ambición se traduce en cosas concretas. En las próximas semanas demandaremos intervenir sin ambages para proteger a las familias y las clases trabajadoras frente a las consecuencias económicas que ya está generando esta guerra ilegal en el mundo entero. Eso quiere decir garantizar que la cesta de la compra, los suministros y la energía no se conviertan —como sucedió en crisis pasadas— en un foco de especulación para engrasar la cuenta de resultados de las grandes multinacionales. Eso quiere decir también que debemos doblegar de una vez las resistencias dentro del Gobierno para intervenir el mercado de la vivienda y garantizar por fin el acceso a una vivienda digna y asequible para las clases trabajadoras, empezando por la prórroga inmediata de los contratos de alquiler vigentes que reclamamos desde hace meses. Eso quiere decir, en definitiva, aplicar la misma ambición y el mismo compromiso que España ha mostrado al mundo en estos días a la agenda democrática y social que reclama nuestra base social, y que es condición necesaria para empujar a este Gobierno a la victoria en 2027. Sin equivocarnos nunca de adversario. Marcando un camino decidido para defender la democracia y construir una verdadera paz para las chozas frente a quienes hoy se proponen atacarlas. 

No creo que debamos tener multimillonarios. Estas son las palabras que pronunció Zohran Mamdani, en una entrevista en la televisión nacional, poco después de su victoria en las primarias demócratas para la alcaldía de Nueva York. Le preguntaban por la reacción de los milmillonarios que viven en la ciudad al programa con el que Mamdani, de apenas 33 años, ha sacudido la política norteamericana en los tiempos distópicos de Trump: impuestos al patrimonio y la riqueza del 1% más adinerado de la ciudad para poner en marcha un programa público de control de alquileres, transporte gratuito y acceso universal a los servicios públicos. Las clases trabajadoras, ha explicado Mamdani una y otra vez a lo largo de su campaña, son las que mantienen en pie la ciudad, y es a ellas a quien deben servir las políticas públicas. No a un puñado de ricos y a los fondos de inversión que acumulan un poder y una fortuna obscenas, irracionales, que no necesitan para nada.

Mientras Nueva York se prepara para abrir una etapa nueva, en Ginebra la Conferencia de Naciones Unidas sobre Competencia y Protección del Consumidor adoptó por unanimidad una resolución impulsada por España para favorecer la protección de los consumidores vulnerables en el mundo entero. La conexión entre estas dos escenas es más simple de lo que podría parecer. Los conflictos en materia de consumo son un reflejo diáfano de esa misma asimetría: muestran de forma clara un enfrentamiento entre ciudadanos aparentemente indefensos y grandes corporaciones que cuentan con el poder y los recursos económicos suficientes para dictar las reglas del mercado, pasar por encima de sus derechos, y no asumir nunca responsabilidades por ello. Dicho de otro modo: en la realidad cotidiana del consumo cristalizan las enormes desigualdades de poder que atraviesan las relaciones económicas contemporáneas.

Ni ciudadanos indefensos, ni multinacionales impunes. Es el giro copernicano que desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 intentamos impulsar siguiendo el camino que las organizaciones de la sociedad civil lleva años recorriendo y que el ministro Garzón abrazó en la pasada legislatura. Nuestro mandato es defender los intereses y los derechos de las personas consumidoras siempre, donde haga falta y ante quien haga falta, para asegurar que nadie quede desprotegido frente a los abusos del poder corporativo. Que lo público sirva para girar el centro gravitacional de esas relaciones económicas. Que la legislación se cumpla, que los abusos se paguen y que ninguna empresa, por grande o poderosa que sea, pueda sentirse lo suficientemente impune como para colocarse por encima de la ley.

Claro que no basta con que los operadores económicos cumplan la ley. Lo que está detrás de esa desigualdad profunda que lastra la cohesión social y marca como un destino los horizontes de vida de millones de ciudadanos y ciudadanas es un proceso de acumulación de riqueza, renta, recursos, tiempo y poder en manos de una minoría a expensas de millones de personas. En última instancia, esta desigualdad –por la que en España el 1 % de la población acumula más del 22 % de la riqueza, mientras el 50 % que menos tiene apenas llega al 10 % del total– es una amenaza para el futuro de nuestra democracia.

Los intentos de redistribución de la riqueza que se han puesto en marcha en los últimos años –desde la reforma laboral a la revalorización sin precedentes de pensiones, salarios mínimos, prestaciones no contributivas, etc.– han mostrado una gran capacidad de mejorar las condiciones de vida en los deciles más bajos de la distribución de ingresos en el país. También se han convertido, contra todos los pronósticos y predicciones de los “analistas” económicos mainstream, en uno de los principales motores del desarrollo económico y social del país. Pero hoy la especulación y el rentismo que rigen el mercado de la vivienda, y el afán desmedido por el lucro de unas grandes empresas que el año pasado repartieron más de 60.000 millones de euros en dividendos, está contribuyendo a ahondar esa brecha, frustrar las expectativas de vitales de millones de jóvenes y trabajadores, y alentar así el crecimiento de el monstruo antipolítico y fascista que parasita esa desesperanza para sembrar el mundo de caos, de odio y de violencia.

Contra lo que dice parte de la conversación pública, esto no va sólo de una guerra cultural, de símbolos, identidades o valores en disputa. Esto va de los mecanismos de acumulación de riqueza que determinan las perspectivas y expectativas de las clases trabajadoras en nuestro orden social. Va de los fondos buitre que compran edificios enteros en barrios trabajadores de nuestro país ante la inacción absoluta de los gobiernos de la derecha que se niegan a aplicar la Ley de Vivienda. Va de las grandes empresas energéticas que lograron que se les eximiera del impuesto sobre los beneficios extraordinarios que acumularon durante la crisis energética, mientras los trabajadores sufrían la inflación y la elevación del coste de la vida. Va de las multinacionales que buscan escapar del impuesto mínimo global del 15% sobre sus beneficios, algo que ya han logrado las empresas estadounidenses con la vergonzosa connivencia del G7. Va de los 537 milmillonarios que existen en Europa, a los que aplicándoles un impuesto de (apenas) un 2 %, se podrían recaudar más de 65.000 millones de euros en Europa.

Tiene toda la razón Mamdani: en una democracia, esas 537 fortunas simple y llanamente no deberían existir. Esa riqueza debería regresar a la sociedad, al trabajo asalariado que la ha creado, debería convertirse en hospitales, en sueldos decentes para los trabajadores y trabajadoras, en sistemas de dependencia dignos para el continente más envejecido del planeta, en ciencia, en educación, en vivienda pública. Sucede lo mismo con la crisis climática que nos trae incendios, olas de calor e inundaciones. Los muertos de estas catástrofes nunca son los fascistas que se ríen de la “religión climática” o la “propaganda del Gobierno”: son trabajadores, personas mayores, vecinas de barrios vulnerables. En nuestro país el 1% más rico contamina tanto como 12 millones de ciudadanos. Su opulencia y sus excesos los pagan las mayorías trabajadoras. Es hora de darle la vuelta.

La realidad es que, si queremos defender un futuro para la democracia, no hay otra manera que redistribuir la riqueza, el tiempo y el trabajo entre las mayorías sociales que hoy están explotadas y amenazadas. En un mundo en el que la violencia se ha vuelto cotidiana, en el que se habla abiertamente de arrojar a millones de personas a los márgenes, en el que se especula impunemente con la vivienda mientras las familias no pueden pagar el alquiler, podemos intervenir la lógica demente del mercado para mejorar las condiciones de vida de la población o podemos seguir profundizando las desigualdades y las injusticias de las que se beneficia un puñado de oligarcas. O hacemos política social o blindamos los intereses de los ultrarricos. Mamdani tiene razón: no se puede hacer las dos cosas a la vez.

Hace ya 15 días que nos dejó Pepe Mujica. Una vida entera dedicada a la lucha por mejorar la vida; una vida dura, llena de voluntad y de coherencia. En su lucha por la libertad y la justicia social —esa forma superior de estar en la vida— hoy millones encuentran inspiración y entereza. Con frases de Mujica se pueden llenar libros enteros, pero hay una cita sencilla, ni siquiera original de no ser por la forma radical con que la aplicaba a su cotidianidad, que me viene a menudo a la cabeza, hoy que los apóstoles neoliberales vuelven a repartir lecciones a quien tenga la poca memoria para escucharles. 

Pobres no son los que tienen poco; son los que quieren mucho. Los pobres de Mujica no son los oprimidos, los necesitados, los que acumulan injusticias a las espaldas. Son los oligarcas, los magnates, los plutócratas que hoy buscan sin reparo asaltar las democracias. Pobre no es el pueblo que aspira al bienestar y a la justicia social; pobres son quienes oprimen, quienes extraen, quienes violentan a los pueblos para satisfacer un ansia de acumulación insaciable.

La frase remite más de lo que quisiéramos al mundo en que vivimos. Los pensadores neoliberales y sus representantes en la arena política irrumpieron con la arrogancia de quien posee las claves de un saber inaccesible: solo ellos sabían cómo hacer funcionar la economía, cómo construir una sociedad próspera, cómo hacer la libertad viable. En contraposición, todos los demás no eran más que ignorantes, ilusos o siervos de un destino colectivo, gris y autoritario. 

Con su lenguaje aséptico y su jerga de apariencia técnica, el pulpo neoliberal fue extendiendo extremidades hasta el último rincón de la sociedad y la cultura. Su mayor proeza fue ir más allá del programa político que todos conocemos: privatizaciones, desregulación económica, acabar con la redistribución de la riqueza, con la representación industrial de los trabajadores, convertir el Estado en un agente más de la acumulación privada de capital. 

El gran éxito neoliberal fue infiltrarse en los resquicios de la vida económica y social, en la creación y el pensamiento cotidiano, en el deseo de unos y de otros, en el aire cultural de nuestro tiempo. Una sociedad sin horizontes ni anhelos colectivos, hecha sólo de individuos y familias; de consumidores, inversores, productores; de agentes económicos para los que todo es un activo financiero en acto o en potencia. Una sociedad jerárquica y estratificada, pero sin clases. Una sociedad donde valores como la igualdad, la solidaridad o la justicia social pertenecen a la ética de cada uno. Una sociedad hecha a medida de los que quieren siempre más, de los que quieren mucho.

Hoy, el legado de aquel sueño colectivo muestra su verdadero rostro: un mundo roto, cada vez más desigual, violento e injusto; sociedades desgarradas por la desigualdad y la pobreza; democracias asediadas por oligarcas y fascistas que, cuando el proyecto neoliberal ya no puede siquiera prometer prosperidad, progreso y certezas para el futuro, porque ya no hay quien se las crea, se deciden a imponerlo simplemente por la fuerza. 

Por eso no es el momento de contemporizar, de asumir un momento frío o defensivo, de matizar las ambiciones. Igual que el proyecto cultural del neoliberalismo vino de la mano de un proyecto económico tan radical como claro, es imprescindible que la izquierda —sobre todo en esta Europa marcadamente derechizada— haga de su programa económico un reflejo claro de los valores políticos y del horizonte social hacia el que apuntamos. Un horizonte que se expresa de forma clara: nuestro proyecto no busca otra cosa que la justicia social, es decir, que llevar la democracia a la economía. 

Hablamos de crear derechos universales de ciudadanía, como una prestación por crianza o el acceso garantizado a una vivienda digna, que cristalicen con la misma plenitud con que lo hicieron el derecho a la salud, a la educación, a la jubilación o las vacaciones. Hablamos de reducir la jornada laboral y aumentar los salarios para repartir el fruto del crecimiento económico entre quienes lo producen cada día en el trabajo. Hablamos de justicia fiscal para que se dé una redistribución real de la renta, la riqueza y los recursos. Hablamos de una transición energética y digital con justicia social, con infraestructuras públicas y control democrático. 

Hablamos de equilibrar la balanza y repartir el poder, haciendo que todos y todas tengan más oportunidades, más tiempo, más derecho al bienestar. Hablamos de construir las condiciones de una igualdad real, traducida en vidas mejores especialmente para quienes menos tienen. Para los muchos y la mayoría social. Eso quiere decir democratizar la economía. 

Es evidente que estamos lejos de atisbar esa sociedad, pero eso es precisamente lo que define un horizonte. En nuestra acción política, en el programa de Gobierno, en cada debate social, esa es la aspiración a la que nos debemos dirigir. Eso es que intentamos hacer por ejemplo en materia de derechos sociales y de consumo: defender el derecho universal al bienestar, garantizar que ninguna empresa, por grande o poderosa que sea, esté por encima de la ley, que los ciudadanos no estén indefensos, que quienes más poder tienen no se sientan impunes. Garantizar, a fin de cuentas, unas relaciones económicas más justas, menos desiguales, escrupulosamente al servicio del interés general y de la mayoría social. 

Porque aunque en este tiempo maldito haya ojos que se acostumbren al dolor, a la barbarie genocida, a la desigualdad extrema, aunque haya quienes lo apuestan todo al odio, la división y la violencia, nuestra obligación es saber que una vida mejor, que una forma superior de estar en la vida, es posible. El desafío para ello sigue siendo el mismo: derrotar a los que quieren mucho para que los más, los cualquiera, los que hacen cada día este y todos los países, tengan derecho a una vida buena, a esa vida mejor por la que luchó Mujica.

Estos días se habla a menudo de las amenazas que enfrenta la democracia. Se hace con motivo del auge de fuerzas ultraderechistas en todo el mundo y de los intentos de desestabilización que se suceden de un país a otro para servir fines abiertamente autoritarios. El hombre más rico del mundo, protagonista de alguno de estos intentos recientes, ya anunció hace años esas intenciones: Derrocaremos a quien queramos, dijo a propósito de una crisis política en Bolivia. Ahora, cuando aquella doctrina se va convirtiendo en práctica, se hace más evidente si cabe que la principal amenaza a la democracia no es de orden electoral, cultural o ideológico: es la concentración sin límites del poder y la riqueza en manos de una minoría. Frente a ello, la respuesta no es el repliegue sino el avance. Redistribuir tiempo, poder y riqueza es hoy defender la democracia.

Este argumento no es en absoluto novedoso. De hecho, es uno de los principios del pensamiento democrático desde sus orígenes en el mundo clásico: la igualdad política que da sentido al demos se consideraba incompatible con las jerarquías y las servidumbres que genera el atesoramiento desmedido de poder y de riquezas (que era para los griegos propio de una plutocracia: el régimen en que gobiernan los ricos). También fue una de las premisas sobre las que se construyeron los estados de bienestar del siglo XX: la convicción de que las sociedades más igualitarias, más cohesionadas y más justas eran también las más dinámicas y las más prósperas. Las décadas de dominio neoliberal enterraron esa convicción bajo ideales que hoy vuelven de formas cada vez más tétricas: la sociedad que no existe sino como conjunto de individuos; el yo liberado de toda interdependencia, que se traduce inevitablemente en un sálvese quien pueda; el culto a los millonarios como la wonderful people que carga sobre sus espaldas el peso parasitario de los demás.

Hoy esos ideales ya no sostienen la defensa del libre mercado y de las “democracias mínimas” que nutrieron la ideología del mundo globalizado. Como poco, se han convertido en munición contra derechos sociales y libertades públicas que hasta hace nada se consideraban poco menos que incuestionables. Sobre ellos se edifican proyectos políticos autoritarios, que prometen firmeza para afrontar los desafíos de un mundo cada vez más desigual, injusto y violento. La fórmula es exactamente esa: más desigualdad, más injusticia, más violencia contra quienes menos tienen. Mientras tanto, las fortunas que financian esos proyectos y dirigen sus destinos no paran de crecer y multiplicarse a la vista de todos. 

Claro que escandalizarse ante esta amenaza hoy sirve de poco. La mejor manera de contrarrestar el proyecto autoritario que se extiende explotando el miedo, la incertidumbre y la sensación de precariedad es actuar en el sentido opuesto, creando más seguridad social, es decir, democratizando el poder, el tiempo y la riqueza. Dicho de otra manera, la forma de defender la democracia no es atrincherarse, sino profundizarla: más redistribución, más estado de bienestar, más protección social. No es sólo una fórmula deseable para lograr sociedades más justas, más estables y cohesionadas. También es la única alternativa viable a los ideales autoritarios que se replican por el planeta.

Desgraciadamente, no hablamos de realidades ajenas. En España, el 1% de las personas más ricas concentra hasta un 22% de la riqueza. El 10 % de quienes más tienen posee más de la mitad de la riqueza del país. En contraposición, la mitad más pobre de la población apenas posee un 8 % de la riqueza total. Mientras una pequeña minoría acapara una cantidad enorme de recursos, las mayorías trabajadoras no tienen apenas nada. Es un reparto injusto, peligroso e ineficaz desde todos los puntos de vista. También es un orden difícil de alterar, pues representa intereses poderosos y bien organizados.

Los intentos recientes de democratizar las relaciones laborales sirven como ejemplo de esos obstáculos y resistencias. Una y otra vez se anunció que la subida del salario mínimo y la reforma laboral iban a destruir empleo y a poner en peligro el tejido empresarial y económico del país. Hoy los datos demuestran todo lo contrario. Se han alcanzado cotas históricas de ocupación, se ha reducido drásticamente la temporalidad, también la brecha salarial de género. Los hogares con ingresos bajos han caído un 25 % respecto a 2019; aquellos con baja intensidad de empleo se han reducido a la mitad. La desigualdad, medida por el índice de Gini, está en el dato más bajo desde 2008. La economía, lejos del apocalipsis anunciado, crece muy por encima de la media europea. Las mejoras salariales, especialmente en los deciles más bajos de la distribución de ingresos, han actuado como motor del desarrollo económico del país. 

No era cierto, por tanto, que mejorar la posición del trabajo en el reparto de la riqueza del país fuera contrario al desempeño económico. Es importante recordarlo hoy, cuando algunos de aquellos argumentos vuelven con motivo de la confrontación por la reducción de la jornada laboral para 12 millones de trabajadores y trabajadoras Es importante recordarlo también por otro motivo. En el año 2023, con los últimos datos disponibles, un 26,5 % de la población en España seguía en riesgo de pobreza y exclusión social. Para los niños, niñas y adolescentes, ese porcentaje era de un 34,5 %. Detrás de la realidad persistente, estructural de la pobreza en España sigue habiendo un reparto desigual e injusto de la riqueza, que no solo es inasumible e inmoral en una sociedad rica: también es contrario al interés económico y una amenaza para la cohesión social y política de una democracia.

De ahí se derivan las prioridades políticas que defendemos en el seno del Gobierno. La reducción de la jornada laboral; una mayor capacidad impositiva sobre multinacionales y grandes fortunas; la intervención del mercado de la vivienda, convertido hoy en factor de riesgo de pobreza para la clase trabajadora; la adopción de una prestación universal por crianza (configurada precisamente como un nuevo derecho de ciudadanía: el derecho a que la pobreza y la desigualdad no sean un destino heredado). Es una evidencia que, en este contexto difícil, cada una de estas medidas choca con grandes obstáculos, y que hará falta fuerza suficiente y presión social para contrarrestarlos. Es así porque cada una de estas medidas reitera ese mismo propósito: la redistribución de la riqueza, del poder y del tiempo como horizonte democrático para la sociedad. 

Un famoso economista dijo una vez que los más pudientes serían capaces de apagar el sol porque no reparte dividendos. La oscuridad que intuimos en el presente no está separada de ese empeño ciego y cortoplacista por defender el orden en curso y la posición de quien más tiene. Redistribuir la riqueza y el poder, defender un interés general que es hoy por hoy inseparable de la libertad política y la justicia social, no sólo es una fórmula más eficaz, más capaz y más estable que los fallidos corsés del neoliberalismo. También es el único camino para defender la democracia frente a quienes hoy quieren vaciarla, asediarla o subvertirla.

El nuevo curso político llega atravesado por una ola autoritaria mundial. Lo vemos con crudeza en el genocidio cronificado en Gaza y la guerra en Ucrania. Lo vemos en los mensajes xenófobos que inundan el debate público, apuntalando la migración como eje de una agenda antidemocrática global. Lo hemos visto en las recientes elecciones regionales en Alemania, y lo vemos cada día en el algoritmo de una red social convertida en instrumento de amplificación para esta ofensiva autoritaria. 

Con todo, es importante recordar que la extrema derecha también acumula importantes derrotas electorales en este ciclo reciente. Su  triunfo no está escrito en piedra. Es más: sabemos cuál es la receta para derrotarla. La filósofa Wendy Brown la ha resumido de manera elegante: “Más que una persuasión ideológica, la justicia social es todo lo que hay entre el sostenimiento de la promesa de la democracia y el abandono total de esa promesa”.

Es un planteamiento que las fuerzas democráticas deberían grabar a fuego en sus análisis y programas. Si para entender el auge de la extrema derecha debemos remitirnos a cómo las políticas neoliberales erosionaron los fundamentos del estado de bienestar, si la grieta por la que se han introducido estos discursos violentos es precisamente esa base democrática desgastada, sellar esa rotura es la manera más eficaz de contrarrestar su auge. La herramienta para frenar el avance de la extrema derecha es la justicia social.

Con esto quiero decir que no basta con aguantar o resistir. No superaremos el desafío antidemocrático a la defensiva ni reivindicando posiciones ganadas. Más bien al contrario, las fuerzas progresistas en España y el mundo entero deben dar forma a una nueva ofensiva democrática y social centrada en tres ejes principales: derechos humanos, redistribución de la renta y la riqueza, y bienestar para las mayorías trabajadoras.

España ha demostrado en estos últimos años que ese es el camino a seguir. El Gobierno de coalición ha apuntalado algunos avances muy importantes: desde las subidas históricas del salario mínimo interprofesional a la Reforma Laboral, pasando por la creación del Ingreso Mínimo Vital y una importante movilización de recursos en educación, sanidad, ciencia y protección social. 

Es la senda que intentamos prolongar con una inversión récord en dependencia, que ha aumentado un 150% en los últimos tres años; poniendo en marcha el programa de Tarjetas Monedero, que busca garantizar el acceso de casi 70.000 familias con niños y niñas en situación de vulnerabilidad a una alimentación de calidad; destinando más de 1.300 millones de euros a la transformación del modelo de cuidados de larga duración, para garantizar que las personas mayores y en situación de dependencia cuenten con los apoyos necesarios para permanecer en su domicilio durante el tiempo que deseen; o defendiendo los derechos de las personas consumidoras frente a abusos y fraudes en sectores como el transporte, la alimentación, el comercio electrónico, o la proliferación de pisos turísticos sin licencia. 

No enumero estas medidas por autocomplacencia. Lo hago porque ilustran cómo, incluso en un contexto político convulso y difícil, los grandes consensos sociales sirven para fortalecer la democracia y asentar nuevos derechos de ciudadanía. También porque es imposible, al enumerar estos avances, no pensar en todo los que falta por hacer, en una serie de pasos urgentes que no pueden hacerse esperar.

La intervención del mercado de la vivienda es la primera prioridad en esa lista. Sabemos lo que hay que hacer: más vivienda pública en alquiler social, movilizar vivienda vacía, atajar los alquileres turísticos y de temporada, combatir la especulación desbocada que ha convertido nuestro mercado inmobiliario en un casino. 

Las prioridades también están claras en lo que refiere a la agenda social. Hay que culminar la reducción de la jornada laboral, ampliar los permisos por nacimiento, retribuir por fin los permisos de cuidados, adoptar una prestación universal por crianza para combatir la pobreza infantil. Todo ello debe ser financiado por una reforma fiscal justa, capaz de redistribuir la riqueza y las oportunidades. Son objetivos razonables, que gozan de un amplísimo respaldo social, y así deben verse reflejados en los Presupuestos Generales del Estado, centro del trabajo político para las semanas por venir.

Si las prioridades están claras, las dificultades que vamos a enfrentar para conseguirlas también lo están. Por encima de las mayorías parlamentarias fragmentadas, o de la imprevisibilidad de esta legislatura, creo que el mayor desafío que enfrentamos para ello es rearticular una fuerza social que no sólo empuje para hacer realidad estas medidas, sino que las convierta en avances irrevocables. Esta tarea es algo que trasciende la esfera mediática e institucional. Requiere desterrar la toxicidad del debate político, recuperar la creatividad y la lucha de ideas, cuidar y alentar la movilización social. 

Lo que está en juego en todo ello no es solo el devenir de esta legislatura, la supervivencia del Gobierno, o de su alma progresista. Tampoco la suerte de una u otra organización política. En juego está el papel que España –hasta ahora, pese a todas las dificultades, una gran excepción a la deriva autoritaria– pueda jugar en el desenlace de este ciclo político peligroso a nivel internacional. En juego está que nuestro país pueda sostener su promesa democrática para las próximas generaciones.

En la larga década perdida desde la crisis financiera se ha dado un fenómeno peculiar en la política europea. La inestabilidad institucional, y las altas tasas de volatilidad electoral que viven muchos países de la Unión, han provocado grandes idas y venidas en los equilibrios de poder entre las principales familias políticas euro­peas. Los Verdes, por ejemplo, vivieron con enorme tensión interna la posibilidad de entrar al gobierno de Merkel en Alemania; tres años después se han convertido en el sujeto ascendente de la políti­ca europea. Los liberales leyeron el triunfo presidencial de Macron como la promesa de un despliegue imparable en el continente, para ver justo después cómo sus aspiraciones mermaban sábado tras sábado con cada marcha de los chalecos amarillos. En Grecia la izquierda quiso abanderar una alternativa de época al orden de la austeridad neoliberal, apuesta de la que salió maltrecha. Hasta la extrema derecha ha conocido vaivenes en su espectacular carrera para convertirse en la principal alternativa al bipartidismo europeo, un dinosaurio que goza, como suele decirse, de una mala salud de hierro (aunque el hierro lo haya puesto el bloque conservador y la mala salud, una socialdemocracia menguante). En todos estos movimientos, sin embargo, se da una peculiaridad: solo la extrema derecha ha tenido cierto éxito en la construcción de un nuevo sujeto político europeo.

El nuevo sujeto político europeo

¿Qué define el espacio político de la extrema derecha europea, por encima de las múltiples diferencias entre sus componentes? Les une, en primer lugar, un rechazo del régimen de gobernanza mun­dial heredado de los años 90 que les permite alinearse a la vez con los Estados Unidos de Trump y con la Rusia de Putin (a ese juego a dos bandas se suma sin problemas la filia por otras figuras disruptivas del derecho internacional como Bolsonaro o Netanyahu). Les une una aversión instintiva a la ideología política liberal, sintetizada en la imagen de lo «políticamente correcto»: un paraguas tan impermeable al discurso del feminismo como a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A su vez, ese rechazo casa bien con una cierta vocación autoritaria, vinculada al revisionis­mo histórico y a la rehabilitación de figuras y corrientes históricas del fascismo europeo; con una práctica represiva de los derechos civiles, en particular los de las personas LGTBI; y con todas las formas imaginables de xenofobia, expresadas en el rechazo radical de la inmigración y especialmente de la religión musulmana. Por encima de todo, sin embargo, les une una oposición furibunda a la Unión Europea. Podría decirse que aquí trazan los nuevos «popu­lismos de derechas» la frontera arriba/abajo, la línea que separa a los pueblos soberanos de las élites que les oprimen: exactamente a la altura de Bruselas.

La Unión Europea es el gran otro del nacional-populismo, el tótem que unifica su espacio político continental. Frente a las glo­riosas naciones europeas, enraizadas durante siglos en tierra fir­me, Bruselas es el paradigma del poder artificial y ajeno, una corte cosmopolita, carente de pasado y de huellas, que no pertenece a ningún pueblo y al que no hay pueblo que pertenezca. Desde allí las élites globalistas imponen sus planes de neutralización de las naciones para hacerlas gregarias y someterlas, para convertirlas en colonias desarmadas y a merced de los poderes transnacionales. El levantamiento contra el orden europeo marca por tanto el inicio de la reconquista, del retorno glorioso de la soberanía nacional. No pocos profetas de izquierdas han encontrado aquí un mirador sobre el presente de Europa desde el que todo lo anterior —autoritarismo, violencia, xenofobia, discriminación— desaparece mágicamente de la vista, siguiendo ese esquema que hacía de las contradicciones secundarias meros efectos transitorios de la contradicción princi­pal de una época. Ver claramente los objetos cercanos mientras todo lo demás se pierde en la bruma es lo que llamamos miopía.

Sea como fuere, estamos ante un hecho notable de nuestro tiem­po: el único sujeto político que ha logrado asentarse de forma estable a escala europea es el sujeto político antieuropeo, al que unifica precisamente su oposición radical a la unificación. Parece una contradicción, pero quizá nos encontremos ante otra cosa: una carac­terística, un síntoma, o incluso una definición de lo que es Europa.

Negar Europa

Para la izquierda del continente, Europa se ha convertido pro­gresivamente en el mayor de los problemas políticos. Europa es objeto de un debate donde las posiciones son de partida irrecon­ciliables. De un lado, podríamos decir en una caricatura forzada, hay una izquierda cosmopolita, federalista, que entiende la cons­trucción europea en relación a la de los Estados nacionales del siglo XIX. Como aquellos Estados, Europa empezó a construirse políticamente como un mercado, asegurando en primera instancia un régimen de propiedad, comercio e imperio de la ley. Mediante sus múltiples luchas, el movimiento sindical y las clases populares lograron construir la «mano izquierda» del Estado, conquistar los derechos laborales y sociales, asentar la democracia política. Como entonces, hoy se trataría de introducir el componente democráti­co en Europa: abrir al pueblo sus instituciones y construir el pilar social europeo, germen del estado del bienestar del siglo XXI. Es necesario hacerlo, además, por una cuestión de economías políti­cas de escala. Solo a nivel europeo podremos afrontar cuestiones como el cambio climático, el control de los flujos internacionales de capital o las grandes migraciones entre el sur y el norte global. Los mayores desafíos que enfrentamos en nuestro tiempo, conclui­ría la izquierda cosmopolita, sobrepasan con mucho la capacidad de intervención del Estado nación.

Del otro lado en esta caricatura está la izquierda soberanista, para quien esa tarea es inútil y está condenada al fracaso. Tal y como existe, tal y como fue concebida por los padres fundadores en el marco político-ideológico de la Guerra fría, y refinada des­pués en Maastricht y Lisboa para el mundo de la globalización victoriosa, la Unión Europea es incompatible con cualquier for­ma de participación democrática en la economía. No cabe en los Tratados Europeos ninguna de las medidas que serían necesarias para recuperar el control de las decisiones fundamentales del sis­tema económico: ni la intervención del Estado y el sector público, ni las expropiaciones de empresas y recursos, ni la desmercanti­lización de bienes y servicios fundamentales ni, por supuesto, la renacionalización de competencias clave como la soberanía fiscal o monetaria. Esas transferencias constantes de soberanía han des­poseído a los Estados de sus atribuciones económicas fundamenta­les, hasta el punto en que hoy en día hasta la ortodoxia keynesiana está prohibida en la zona euro. En el mundo realmente existente, es ilusorio pensar en la reforma política de la Unión Europea, una estructura concebida para desplegar la concepción neoliberal del mundo y hacer el socialismo constitucionalmente imposible. Lo ha demostrado recientemente la experiencia griega: en la era de la austeridad, con las correlaciones de fuerza que se dan en Europa, no hay espacio posible para el reformismo. La ruptura con la jaula de hierro de la Unión es por tanto una premisa fundamental para cualquier programa democrático.

El espacio de encuentro entre estas dos posiciones es, como se ve, estrecho; y mantener las tropas unidas, una tarea difícil. Sin embargo, en esa confrontación acaba sucediendo algo curioso. Hasta el más rupturista de los programas incluye a continuación algún propósito de refundación de una estructura política europea: una Europa social, una alianza entre los pueblos, una confederación de sujetos políticos solidarios y deseosos de vivir libres y en paz. Esta parte del programa nunca está muy detallada, pero rige como un horizonte o como un anhelo. De hecho, las críticas más furibundas a la Unión Europea suelen hacerse precisamente en nombre de los valores (paz, fraternidad, democracia, cooperación entre los pue­blos) que el proyecto europeo dice defender pero en la práctica no defiende. Tal vez este sea un punto de encuentro entre la izquierda cosmopolita y la soberanista: la convicción de que la Europa de hoy, lejos de satisfacer el ideal de fraternidad entre sus pueblos, es una negación del mismo, la sensación de que Europa no debería ser esto, pero sí otra cosa.

¡Mirad lo que ya no somos!

¿Qué tiene que ver el auge de la extrema derecha con los debates programáticos de la izquierda europea? Nada de lo que se suele leer en los editoriales de las grandes cabeceras del continente, que especulan a menudo sobre los extremos que se tocan y los cami­nos inescrutables del populismo eurófobo. En los años en los que ejercí funciones de responsabilidad pública en materia de política internacional, me preguntaron muchas veces sobre esa supuesta coincidencia de posiciones en el ámbito europeo entre la extre­ma derecha y la nueva izquierda populista. Mi respuesta siempre fue la misma: la línea que separa esa amalgama es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todas las demás, y son mu­chísimas, pueden declinarse de ese texto.

Más bien, ambas formas de crítica apuntan a una realidad pro­funda de la construcción política y sentimental del proyecto euro­peo, que afecta por igual a sus más férreos defensores y a quienes abjuran de él. El discurso europeísta, por tomar un ejemplo con­trario, suele defender las virtudes del proyecto de integración uti­lizando principalmente argumentos negativos. Gracias a la Unión en Europa no ha habido guerras en los últimos setenta años, ni hay fronteras, ni confrontaciones entre religiones o minorías; gracias a la Unión, Europa ha podido superar por fin la contradicción per­manente entre sus partes, actuar unida, hablar con una sola voz. La división permanente, la guerra de todos contra todos, los conflictos dinásticos, étnicos, religiosos, de clase, las ambiciones imperiales y las invasiones recíprocas, la lucha por los recursos, por la influencia y por el poder dentro y fuera del continente... Todos esos elementos han definido la existencia de Europa a lo largo de su historia. Desde la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, la construcción europea consiste en crear una serie de mecanismos y dispositivos para dificultar primero, e impedir después, la activación de esos ejes de conflicto. Su principal logro es que Europa haya dejado de ser lo que siempre ha sido; su identidad positiva se basa en la ausencia de aquello que la definió durante gran parte de su existencia.

Cuando la extrema derecha despliega su batería de ataques con­tra las instituciones europeas, lo hace precisamente en nombre de esa Europa negada, de una Europa visceral, de sangre e incienso, que ha sido silenciada artificialmente y que hoy reaparece desde las sombras para reclamar sus derechos. Ese pasado glorioso (que siempre lo es, pues para cada una de las naciones europeas hay un momento en el que fue grande) es el reverso exacto del presente mediocre que impone Bruselas. De hecho, la tarea de la extrema derecha es recuperar ese pasado, es hacerlo volver. Cuando en Europa emerge lo reprimido a plena luz del día, en una marcha para honrar a criminales de guerra, en el rebrotar de múltiples causas irredentistas, en la articulación de sujetos políticos regiona­les que se remontan a un origen mítico y ancestral (Visegrado, la Nueva Liga Hanseática, la Europa germánica, cristiana o latina), se ve perfectamente aquello que se trataba de hacer desaparecer. La extrema derecha es perfectamente consciente de los logros de Europa; su propósito más firme es revertirlos, rescatar lo que ha sido aplacado, devolverle su libertad.

¿Y la izquierda? En cierto modo, podría decirse que la izquierda también aspira a rescatar Europa de su propia negación, pero por las razones contrarias: por haber sido del todo insuficiente. La revolución de las ciudades de 1848, la bolchevique de 1917, la libertaria del 36, la victoria antifascista del 45, las luchas de liberación del 68, los levantamientos democráticos de 2011. Cada una de esas revoluciones encerraba una idea de Europa, y la Europa actualmente existente, la negación de todas y cada una de ellas. Quizá el «problema europeo» de las fuerzas progresistas del continente venga precisamente de aquí, de una herencia truncada e irresuelta. La izquierda conoce perfectamente esa sensación de escisión o desgarro histórico que es inseparable de la construcción europea, ese movimiento por el que Europa se niega a sí misma para afirmarse a la vez. Si le incomoda tanto la cuestión europea es porque le resulta dificilísimo asumir que ella misma forma parte de lo nega­do, que Europa también le apunta con el dedo cuando se dice a sí misma mirad lo que ya no somos. Treinta años después de la caída del muro de Berlín, todavía no sabe qué hacer con esa negación.

Extracto del libro 'Europa frente a Europa' publicado por la editorial Lengua de trapo.

Desaparecida al inicio, abrumada por el caos después, la UE es ahora escenario de una batalla política formidable. Los líderes europeos deben encontrar recursos para un esfuerzo fiscal sin precedentes, especialmente para los países más afectados por la pandemia y en peor situación financiera, en un contexto apocalíptico donde las economías del continente perderán millones de empleos y enfrentarán recuperaciones largas y dolorosas. Pero no solo está en juego encontrar los recursos para financiar la reconstrucción económica y social del continente. También hay que decidir qué hacer exactamente con ellos.

Por muy duros que parezcan, es sensato asumir que por ahora todos los gestos y posiciones en esa batalla son movimientos preparatorios. Los marcos legales y regulatorios fundamentales de la política económica europea están actualmente suspendidos. Nadie sabe realmente cómo se retorna a la normalidad tras una crisis de esta envergadura. Una cosa sí parece clara: no habrá manera de compensar con austeridad el tipo de brecha fiscal que se va a generar; no se podrá cubrir con recortes un agujero de esa magnitud. Por no hablar de la capacidad política que requeriría, en un momento de durísima tensión social, disciplinar a los pueblos de Europa para que asuman una factura que simplemente no se puede pagar.

Sin embargo, el problema va más allá de la incertidumbre fiscal. En una crisis de producción y empleo de esta magnitud, la reconstrucción económica en los países de la periferia requerirá de algo más que un keynesianismo prudente. El tipo de medidas que se han implementado hasta ahora (nacionalizaciones, intervención estatal de sectores estratégicos, extensión de los programas de bienestar) anticipan un período de profunda participación pública en la economía. Dirigiéndose a la nación en tono solemne, Macron explicó recientemente que la pandemia ha demostrado que es una “locura” delegar a otros la capacidad de cuidar de nosotros mismos, y que hay bienes y servicios que deben ser protegidos “fuera de las reglas del mercado”. Muchas voces abogan por la reterritorialización estratégica de las industrias esenciales y anticipan un reordenamiento profundo de la economía.

La batalla europea por la deuda es un anticipo de la tarea real que se avecina: la reconstrucción de la economía política de Europa. Contra las apariencias, la confrontación no se da simplemente entre el Norte y el Sur, ni es una mera repetición de conflictos del pasado. El cambio decisivo tiene que ver con Francia, que ha adoptado un papel activo que no tuvo en crisis anteriores, pero no solo: hasta nueve países firmaron la petición original de los bonos comunes, y la oposición real se ha limitado a los “cuatro frugales”, cada uno de los cuales enfrenta a su vez presiones internas derivadas de la composición de sus gobiernos de coalición y de opiniones públicas que esta vez podrían ser menos homogéneas que en 2012 o 2015.

El conflicto tampoco encaja en la narrativa estándar con que se ha caricaturizado la política europea durante años. Hoy no estamos presenciando una confrontación entre el centro y los extremos, entre “partidos de orden” y populistas euroescépticos que amenazan con asaltar la fortaleza desde fuera. Ciertamente, la extrema derecha presiona a los gobiernos del norte para que bloqueen cualquier apariencia de unión fiscal o de transferencias sistemáticas de riqueza hacia el sur. Pero en Francia e Italia, los populistas de extrema derecha están presionando a sus gobiernos en la dirección exactamente opuesta, reduciendo su margen de compromiso y obligándolos a negociar a la ofensiva. A ese esfuerzo se unen los gobiernos de Italia, España y Portugal, sostenidos por fuerzas que surgieron en el escenario europeo como una reacción a las políticas de austeridad. Un euro-optimista podría discernir aquí una especie de dialéctica política por la cual aquellas fuerzas anti-establishment hoy son la principal esperanza para la reforma del sistema europeo.

¿Es posible imaginar esa reforma? Las líneas ideológicas y políticas del continente podrían redibujarse en torno a la respuesta a esa pregunta. La izquierda socialdemócrata podría imaginar la reconstrucción como una segunda posguerra europea, y concebir un nuevo contrato social redistributivo basado en la transición ecológica. Las fuerzas soberanistas discernirán en esta crisis la ocasión definitiva para forzar el repliegue estatal, y lanzarse a formidables batallas para redefinir el alma de cada nación. Los conservadores europeos querrán restaurar cuanto antes el orden que ha sido suspendido. Sin embargo, el retorno a la normalidad podría requerir una acción tan drástica como inevitable: para salvar la Eurozona, será necesario reconstruir la periferia europea a través de transferencias fiscales masivas y la toma de decisiones comunes. Los conservadores europeos se enfrentan a una grave elección existencial: avanzar hacia un federalismo obligado por el desastre, o arriesgarse a la implosión del proyecto de austeridad europeo.

Sorprende que un proceso como el de las negociaciones del Brexit -sin duda el mayor escollo destituyente que haya conocido el proyecto europeo desde el Tratado de Roma- haya generado tan poco debate público en España. Hubo, es cierto, un arrebato inicial subido de tono sobre Gibraltar- que en seguida fue reconducido y rebajado con buen tino por todas las partes implicadas.

Oficialmente, la posición del gobierno no difiere de la de muchas otras cancillerías y capitales europeas: prudencia, discreción, unidad en torno a las posiciones del negociador europeo, y una hasta ahora exitosa táctica que consiste en esperar los errores, contradicciones e incongruencias de la posición británica que van marcando el ritmo de las negociaciones. El trabajo parlamentario sigue la misma tónica - en la subcomisión del Brexit de momento estudiamos documentación, escuchamos a los expertos (cuyas comparecencias empiezan irremediablemente por un “es imposible saber lo que va a suceder”) y esperamos la información que Bruselas anuncia a cuentagotas y el devenir de los acontecimientos.

Si la prudencia (que se lo digan a cualquiera que haya vivido los últimos meses en España) puede ser buena consejera ante procesos tan delicados y sensibles, no es sin embargo una buena noticia que no exista un grado de conciencia en el debate público proporcional a la importancia de lo que está en juego. En primer lugar, porque, aunque el Gobierno sigue sin tener cifras fiables sobre emigración - pese a nuestros múltiples y reiterados requerimientos - sabemos que Reino Unido es el principal destino de la emigración española. Según los datos de la Seguridad Social Británica, 40.473 españoles/as se dieron de alta sólo en el último año; esto son 110 altas de españoles al día. A estos hay que añadir los que fueron a estudiar o están trabajando sin contrato (que, por desgracia, es algo relativamente común, especialmente en los empleos más precarios).

Reino Unido es también uno de nuestros mayores importadores: el 7,5% de todas las exportaciones españolas en 2016; un 10% de las del sector agrario y ganadero, y hasta un 16% de las exportaciones de hortalizas fueron a parar allí. Además, la salida de Reino Unido de la Política Agraria Común comportará una reducción de alrededor de 7000 millones de euros para España en el próximo periodo. No es por lo tanto descabellado afirmar que el resultado de este proceso de negociaciones -que se siguen produciendo, todo un clásico en Bruselas, a puerta cerrada- afectará decisivamente a la posición de España en la UE, a la de la UE en el mundo, y tendrá repercusiones importantes sobre sectores claves de nuestro sistema productivo y sobre la vida de cientos de miles de compatriotas.

Nos encontramos además ahora en un momento clave del proceso, en que ambos equipos están intentando cerrar con dificultad la primera fase de negociaciones (centrada en el acuerdo financiero, la frontera con Irlanda y los derechos adquiridos de la ciudadanía británica en la UE y la comunitaria en Reino Unido) para poder pasar a negociar el tratado comercial. ¿Pero qué pasará si alguna de estas cuestiones -tan sensibles- no llega a buen puerto, o si como parecen asumir todas las partes implicadas, resulta imposible concluir un tratado comercial antes de que finalice el plazo establecido por el Artículo 50?

Nuestra principal preocupación, en este magma de incertidumbres cruzadas, es que los derechos de la ciudadanía queden secuestrados como rehenes de una negociación a contrarreloj. Según las cifras oficiales hay alrededor de tres millones de ciudadanos comunitarios viviendo en el Reino Unido, y un millón de británicos viviendo en la UE, muchos de ellos en España. Según el registro consular español, hay actualmente 115.000 españoles residiendo en Reino Unido, aunque como las organizaciones de emigrados no dejan de denunciar, es muy posible que esta cifra no represente ni una tercera parte de la real.

Tanto el gobierno británico como la Unión Europea aseguran que su máxima prioridad, por encima de cualquier otra, es garantizar los derechos de los ciudadanos, pero 9 meses después de iniciar las negociaciones sigue sin haber un acuerdo claro en esta materia, y en la práctica, ambas partes siguen utilizando a la ciudadanía como fichas de negociación. Mientras tanto, casi 5.000 comunitarios han sido deportados de Reino Unido sólo en el último año, la xenofobia y los crímenes de odio siguen en aumento, y miles de personas y sus familias viven horas de angustia e incertidumbre sobre su futuro.

Esa situación no tiene visos de modificarse mientras el acuerdo sobre derechos de la ciudadanía siga supeditado a que se alcance un acuerdo global. Si por cualquier otra cuestión -y en vista de los recientes desacuerdos, la lista de posibles razones es extensa- se rompieran las negociaciones en el curso de los próximos meses, o incluso si alguno de los 28 países no aprobara el acuerdo final, miles de personas podrían verse de un día para otro sin derecho a vivir y trabajar en sus lugares de residencia, donde han hecho sus vidas y donde pagan sus impuestos.

Esta no es una cuestión menor. Aun si se supera el escollo de la frontera irlandesa, cuando se empiece a negociar ese acuerdo comercial, serán muchos y muy poderosos los intereses que se enfrenten para redefinir el estatus de las relaciones comerciales entre el Reino Unido y la Unión Europea: hay quien aboga abiertamente por adoptar modelos como el del CETA (tratados comerciales de nueva generación que incluyen la creación de sistemas normativos y jurídicos propios, al margen del ordenamiento constitucional de los Estados) para superar el modelo de la unión aduanera y la libre circulación de personas, pero es evidente que no va a haber tiempo suficiente -ni probablemente voluntad, o quizá capacidad, dada la posición de debilidad actual del Gobierno británico- para concluir un acuerdo de esas características en el plazo establecido.

No es la única cuestión sensible: la renegociación de la Política Agraria Común, por ejemplo, para adaptarse al agujero que dejará el final de las contribuciones británicas, tendrá implicaciones -y despertará intereses- de primer orden en cada uno de los Estados Miembros. En cada una de estas cuestiones, existe el riesgo real de que los derechos de la ciudadanía sean rehenes de una confrontación de grandes intereses, de tácticas dilatorias o amenazas de bloqueo en una negociación comercial que no tiene nada que ver con las necesidades ni con la situación vital de millones de personas que pueden verse atrapadas en un escenario de confrontación política en el que no han tenido, por ahora, ni voz ni voto real.

La visita del señor Rajoy a Downing Street sería una buena ocasión para plantear que el derecho al trabajo, a la residencia, a la movilidad, a que se vean reconocidos las prestaciones y los derechos adquiridos de nuestros compatriotas en el Reino Unido (y también de los británicos que viven en nuestro país) y se garanticen al margen e independientemente de todas las demás cuestiones, para asegurar que la gente no quede expuesta y desprotegida en ninguna circunstancia. Aprovechando la visita, el presidente del Gobierno podría hacer hueco en la agenda también para reunirse y hablar con nuestros compatriotas. Tal vez así entendiera la gravedad de la situación a la que se enfrentan y que es también su responsabilidad velar por sus derechos.

Dijo Joan Fuster que si tú no haces política otros la harán por ti. En el paisaje de la debacle americana, queda una certeza que riza el vello: si fracasamos en la construcción de una democracia diferente tengamos por seguro que 2016 no será un mero espejismo en el devenir histórico del siglo XXI

A estas alturas se habrá escrito ya mucho sobre Donald Trump. Se habrá puesto todo tipo de calificativos a su misoginia, el racismo y la homofobia patentes en su discurso, la psicología pre-autoritaria sobre la que ha construido toda su figura y su inverosímil proyecto político. Y sin embargo todo ese volumen de palabras apenas llega a apaciguar la inquietud latente, a silenciar todas las horas previas dedicadas a dar por sentado que no, Trump no puede ganar, Trump nunca será presidente. Desde luego no dedicamos el mismo número de páginas ni de horas de radio o televisión a prever, a prepararnos, a pensar la causa y la solución, la posibilidad de una alternativa. ¿La alternativa fue posible? Casi desde el principio nosotros dijimos que sí: la alternativa se llamó Bernie Sanders, se llamó 15$/hour, se llamó Glass Steagal contra Goldman Sachs, no al TPP y al fracking, se llamó acceso garantizado a la universidad pública, se llamó Black Lives Matter . La alternativa existió y estuvo cerca, muy cerca de forjarse en realidad.

Consumado el fracaso, consumada la derrota, conviene huir de relatos simplistas pero también de esa superioridad moral que equivale a la que suelen tener con nosotros nuestros allegados cuanto tomamos una mala decisión, asumiendo que “ya nos daremos cuenta y el tiempo nos pondrá en nuestro lugar” como si el “darse cuenta” bastara para que una opción política emancipadora se impusiese por la propia fuerza de su fe. Tampoco sirven de mucho esas retahílas improvisadas que mezclan caracterizaciones sociales, sustratos económicos, estados, géneros y minorías, con las que cualquier coach recién llegado nos explica cómo vota el pueblo de los Estados Unidos. Aceptar los resultados, sin más, como se apresuró a hacer nuestro Gobierno de la mano del flamante nuevo ministro de Exteriores y de nuestro presidente (de puño y letra en su Twitter, MR), no obedece ni a la sensibilidad ni al supuesto hermanamiento con el pueblo estadounidense del que tanto hacen gala, porque esa es la condescendencia de las élites que no saben explicarse lo que hemos hecho pero sí saben que en todo lo que toca a lo importante no será para tanto, que ya se les pasará y no se tocarán ni los dineros ni los tratados ni las bases.

Ahora no toca lamentarse, ni temer lo que vendrá, ni por supuesto darlo por sentado. Toca hablar en todas partes, a todo el que siga sabiendo escuchar. Toca explicar que no, que no es verdad que en los Estados Unidos sólo haya estúpidos, ignorantes y racistas, que no, que allí hay lo mismo que aquí, lo mismo que hay en los suburbios de París y en las filas de la CGT francesa, y lo mismo que hay en las ciudades industriales del Reino Unido, lo mismo que en Tesalónica y Rotterdam y las afueras de Varsovia: una quiebra de las trayectorias de vida y los relatos compartidos, la pérdida del horizonte, la esperanza y la expectativa, el ruido seco de una estructura ideológica que se rompe, la sensación completa de abandono, la pérdida de derechos que sólo ayer parecían fundamentales. Y enfrente, la imperturbabilidad insistente de las élites y el establishment, un sistema colapsado y quebrado incapaz de canalizar afectos, inquietudes, negando anhelos de una generación que los había naturalizado como propios y sustanciales: derechos, libertad, progreso, justicia social, dignidad. Ese grito resuena hoy en todas partes como los añicos de un espejo roto.

Dijo Joan Fuster, y lo hemos repetido tantas veces que ya casi parece una idea nueva, que si tú no haces política otros la harán por ti. En el paisaje aún humeante de la debacle americana, queda una certeza que fija la mirada y riza el vello: si nosotros no construimos la alternativa que canalice el clamor y los anhelos de quienes hoy alzan la voz contra este mundo injusto y desbocado, si fracasamos en la construcción de una democracia diferente, si no logramos hacer justicia en el mundo del dinero y la riqueza, tengamos por seguro que sí, que 2016 no será un mero espejismo en el devenir histórico del siglo XXI, que el futuro estará lleno de dolores y lamentos, y que además de a los culpables, no tendremos nadie más a quien culpar, sino a nosotros mismos.

Es el momento de recuperar un proyecto europeo democrático, fraterno, solidario y justo para todos. Nosotros nos vamos a dejar la piel en ese empeño

Hoy es un día triste para los europeístas. Hoy se consuma la crisis política del proyecto europeo y debemos hacer una reflexión profunda sobre qué nos ha traído hasta aquí y qué tenemos que hacer para reconstruir ese proyecto ilusionante de paz, cooperación y libertad que soñaron nuestros abuelos y abuelas.

Este año hemos visto a Europa ser incapaz de responder ante la crisis de los refugiados, y hoy vemos cómo los británicos han decidido abandonar este proyecto común. Afectada por un enorme déficit democrático, aplicando ciegamente las políticas de austeridad, dando la espalda a millones de ciudadanos condenados a la incertidumbre, la exclusión y la pobreza, levantando verjas mientras los refugiados se ahogan en nuestras costas.

Estas políticas han conseguido lo que parecía imposible: que Europa hoy dude de su propio futuro. Una UE que no asegura los derechos sociales, que protege a los privilegiados mientras abandona a las mayorías no es una UE fiable ni atractiva. Si Europa funcionara, si garantizara la paz, la democracia y los derechos sociales, si tuviera un proyecto de futuro, de bienestar y progreso, nadie se querría ir y el resultado del referéndum habría sido muy distinto.

Por eso creemos que Europa debe aprender la lección y cambiar de rumbo. En este momento de crisis, debemos reafirmar nuestro compromiso con sus valores fundamentales: defender la democracia, los derechos sociales y la fraternidad entre los pueblos del continente. Y esto es lo que nosotros vamos a ir a defender en Bruselas.Además, el nuevo Gobierno que salga de las urnas debe tener como prioridad proteger los derechos e intereses de los cientos de miles de españoles/as que viven y trabajan en Reino Unido, y que se han visto obligados a abandonar nuestro país por las políticas austericidas que ha impuesto nuestro gobierno siguiendo el mandato de la UE. Es prioritario abrir conversaciones con el Gobierno británico para garantizar que sus derechos básicos no se vean afectados por la nueva situación y a ello nos vamos a dedicar desde todos los lugares donde estemos.

Nosotros estuvimos en Manchester y Londres haciendo campaña en contra del Brexit. Ojalá otros partidos, que ahora intentan atizar el miedo y hacer un uso partidista de esta situación para rascar un puñado de votos hubieran hecho lo mismo. Es el momento de mirar por encima de los intereses a corto plazo de los partidos y hacer una reflexión profunda sobre qué Europa queremos. Es el momento de recuperar un proyecto europeo democrático, fraterno, solidario y justo para todos. Nosotros nos vamos a dejar la piel en ese empeño.