¿Qué es el CETA?

 El CETA es el Acuerdo Económico y de Comercio que la Unión Europea ha cerrado con Canadá, un tratado de libre comercio destinado a facilitar los intercambios económicos entre las potencias a uno y otro lado del Atlántico. Las siglas con que se le conoce responden a su nombre en inglés: Comprehensive Economic and Trade Agreement.

¿Quién lo ha negociado?

 La Comisión Europea y el gobierno de Canadá. Los comisarios de Comercio, primero Karel de Gutch y desde 2014 Cecilia Malmstrom, han sido los encargados de negociar en nombre de los veintiocho países de la Unión, que han cedido sus competencias en materia comercial al Ejecutivo comunitario. Steve Verheul ha sido el negociador jefe de Canadá hasta agosto, cuando el primer ministro lo sustituyó por Pierre Pettigrew.  

 ¿Qué regula?

 El CETA contiene centenares de medidas acordadas entre la UE y Canadá para eliminar las barreras al comercio entre ambos y fija las normas que regirán los futuros intercambios: sus modalidades, límites y garantías. En total 1600 páginas y 13 capítulos en los que se regula el acceso a los mercados de bienes y servicios, las tarifas aduaneras, la participación de empresas extranjeras en los concursos públicos o el reconocimiento de los títulos profesionales.

 También se establecen los estándares de protección alimenticia, sanitaria o medioambiental a respetar y se ha incluido un capítulo sobre desarrollo sostenible. Uno de las partes más extensas y polémicas es la que recoge las garantías para la protección de los inversores a uno y otro lado del Atlántico.

 La UE lo considera el acuerdo de comercio “más progresista” de los 36 que ha firmado hasta ahora.

¿Beneficiará el CETA a los europeos?

Depende de a quién se le pregunte. Para la Comisión Europea todo son ventajas.

Según Malmstrom el CETA “ayudará a generar el crecimiento económico y empleo que tanto se necesitan manteniendo los altos estándares europeos en áreas como seguridad alimentaria, protección del medio ambiente o derechos laborales”. La CE asegura que el acuerdo permitirá aumentar las exportaciones a Canadá en 12.000 millones de euros al año y calcula que cada mil millones de estas ventas sostienen 14.000 puestos de trabajo.

De acuerdo con sus estimaciones los exportadores europeos se ahorrarán 500 millones de euros al año por la eliminación de casi todas las tarifas aduaneras, sobre todo en el sector de la industria, que representa el 90 % del comercio entre la UE y Canadá, pero también de agricultura y pesca, entre otros.  Las pequeñas empresas tendrán más fácil vender sus productos en el mercado canadiense por el reconocimiento mutuo de ciertos niveles de calidad y 147 denominaciones de origen.

Además los europeos podrán participar en los concursos públicos canadienses, que suponen 30.000 millones de euros al año, y tendrán mayor acceso a su mercado de servicios, lo que les generará 5.800 millones extra en beneficios cada año. Canadá es ya el cuarto inversor directo en la Unión Europea y Bruselas espera que las garantías que ofrece el acuerdo sirvan para hacer de ella un destino aún más atractivo.

Pero quienes se oponen al CETA manejan otros cálculos.

¿Hay inconvenientes, entonces?

Para sus detractores es casi lo único que traerá: dudan de sus bondades económicas y denuncian que tiene un coste democrático inaceptable.

Según el Consejo de los Canadienses, la mayor organización de acción social de Canadá, el CETA provocará una caída del 0,5 % del Producto Interior Bruto de la UE y del 1 % del PIB de Canadá. Conllevará la pérdida de 230.000 empleos de aquí a 2023, la mayoría en Europa, y presionará a la baja los salarios. De acuerdo con las proyecciones del Centro Austriaco de Investigación para el Desarrollo los beneficios para cada europeo serían de 20 euros al año.

Más allá de las cifras, que oscilan según los informes, las ONG y partidos políticos que rechazan el acuerdo miran a sus aspectos cualitativos. “El CETA busca una restricción deliberada de la soberanía democrática y del margen de maniobra política de gobiernos y parlamentos” dice Tom Kucharz, portavoz del movimiento ‘No al TTIP’, que agrupa en España a quienes se oponen a estos tratados.

Estas creen que el acuerdo beneficia a las multinacionales en detrimento de los trabajadores, mina los estándares de protección del consumidor y el medio ambiente, pone en riesgo los derechos laborales y favorece la privatización de los servicios públicos.

¿Cuáles son los puntos más conflictivos?

El ICS y la protección a los inversores. El Sistema de Tribunal de Inversiones (ICS por sus siglas en inglés) es un mecanismo que establece cortes de arbitraje especiales para que los inversores extranjeros puedan demandar a los estados y dirimir los conflictos sin pasar por los tribunales ordinarios de cada país.

La CE estableció este sistema para sustituir al ISDS previsto en un principio tras las críticas de ONG y eurodiputados. Mientras en el ISDS los miembros de estos tribunales eran elegidos por el demandante y el estado, en el ICS los escogerán la UE y Canadá, estarán sometidos a un código de conducta más estricto y habrá un segundo tribunal de apelación.  

Para Bruselas los cambios refuerzan las garantías de un sistema que consideran imprescindible. Para los detractores se trata de un “ISDS zombie”. Se mantienen “los privilegios que permitirán a las grandes empresas reclamar millones de euros en compensaciones cuando las leyes limiten su capacidad de ganar dinero” dice Pia Eberhard, del Observatorio Corporativo Europeo (CEO).

Las empresas podrán frenar reformas que busquen mejorar la protección del medio ambiente, los estándares laborales o blindar ciertos sectores si alegan que perjudican sus intereses, explican. Unas 46.000 filiales de compañías estadounidenses basadas en Canadá podrían demandar a la UE con este sistema, según sus cálculos.

Los servicios públicos. Quienes se oponen al CETA aseguran que el acuerdo limita el poder de los gobiernos para introducir criterios sociales, medioambientales o de género a la hora de diseñar los servicios públicos y adjudicar su prestación. Las normas que permiten el acceso mutuo a los mercados de servicios exigen que no se discrimine a las empresas extranjeras con lo que no se podría favorecer la producción local, por ejemplo, apunta un informe encargado por el Grupo de la Izquierda Unitaria en la Eurocámara.

La Federación Europea de Trabajadores del Sector Público (EPSU) teme que acaben primando los criterios mercantiles sobre las necesidades de los europeos y se fomente la privatización. “CETA nos pedirá sacar beneficios allí donde solo debería buscarse la prestación de servicios. Acabarán recurriéndose aquellas normas que frenen el comercio” decía su vicepresidenta, Penny Clarke, en una reciente conferencia en Bruselas.

Pero la CE rebate estos argumentos señalando que el tratado permite a los estados introducir medidas discriminatorias o cuotas en ciertos sectores, especialmente cuando se trate de monopolios estatales o la gestión de servicios como la sanidad, la educación, el suministro de agua o la asistencia social. El CETA no obliga a privatizar ninguna de estas prestaciones, recalcan.

La seguridad alimentaria. ¿Comeremos pollo clorado y ternera con hormonas cuando se acabe el CETA? Canadá tiene en ciertos sectores normas de protección más laxas que las europeas. Está permitido, por ejemplo, desinfectar el pollo o la ternera con cloro antes de su venta, inyectar ractopamina, una hormona estimulante del crecimiento prohibida en la UE, o utilizar ciertos colorantes vetados. Además es más permisiva con la venta de GMO.

Sus opositores aseguran que el CETA abriría las puertas del mercado europeo a miles de toneladas de estos productos, pero Bruselas insiste en que las exportaciones tendrán que cumplir las normas europeas. El intrincado texto del tratado establece que el principio es que el país importador acepte las condiciones del país de origen siempre que estas sean equivalentes a las suyas y precisa aquellos productos en los que cada parte debería aplicar medidas extra. En lo que respecta a la carne, Canadá tiene una larga lista de precauciones a tomar.

La Organización de Consumidores Europeos (BEUC) cree que el capítulo de normas fitosanitarias incluye “buenas medidas” y destaca que prioriza la salud humana sobre el comercio, pero opina que debería haberse puesto más énfasis en el “principio de precaución” que prima en la regulación europea pero no en la americana.

¿Son iguales el CETA y el TTIP?

No, pero se parecen.

La Comisión Europea los ha definido como la “nueva generación” de tratados comerciales. Unos tratados que van más allá de eliminar aranceles y fijar cuotas como se ha hecho hasta ahora y buscan armonizar la regulación a ambos lados del Atlántico: cuanto más similares sean las normas más fácil, rápido y barato será comerciar. En el caso del TTIP con Estados Unidos el objetivo declarado de los socios es adelantarse a China, Rusia y las potencias competidoras del mundo globalizado. “O ponemos las reglas nosotros u otros lo harán” defienden Washington y Bruselas.

Sin embargo, el alcance de esta homogenización es mucho menor en el CETA que en TTIP. En el CETA siguen prevaleciendo las normas del país que importa y la armonización se basa en una cooperación reguladora, pero en el TTIP el fin último es renegociar los estándares para que sean exactamente los mismos, lo que conlleva un riesgo mucho mayor de que los niveles de protección acaben rebajándose para alcanzar un consenso.

“En el CETA un 80 % regula la producción y solo un 20 % es reglamentación. En el TTIP es al contrario”, resumía Pascal Lamy, exdirector de la Organización Mundial del Comercio en un reciente coloquio en Bruselas.   

Sin embargo, sus detractores creen el CETA es una suerte de “caballo de Troya” del TTIP, una avanzadilla de la debacle para los estándares europeos que anticipa todos sus puntos problemáticos, especialmente el ICS.  

Entonces, ¿por qué no se ha criticado el CETA hasta ahora?

La oposición al CETA es en buena medida efecto arrastre del rechazo al TTIP. Nunca antes un acuerdo comercial había despertado una rebelión civil parecida. Canadá, décima economía mundial, duodécimo socio comercial de Europa y con 36 millones de habitantes, dista de ser Estados Unidos, primera potencia global y socio comercial con 325 millones de clientes potenciales.

No es lo mismo en términos económicos y ni en el imaginario colectivo europeo, que atribuye a los canadienses valores comunes que no encuentra en el gigante liberal americano.

El ‘brexit’ terminó de encender la llama de la duda en los propios gobiernos. Los dirigentes recibieron el mensaje de que los europeos querían más control nacional de las políticas y pidieron a Bruselas que convirtiese el CETA en un tratado mixto, con lo que el acuerdo tendrá que ser aprobado uno a uno por todos los parlamentos de los Veintiocho, un importante revés para la CE.

Pero sobre todo, la oposición se multiplica porque mientras el TTIP está abocado a esperar al próximo inquilino de la Casa Blanca la firma del CETA es inminente. 

¿En qué punto están las negociaciones?

El acuerdo está en su recta final, que se ha complicado a última hora. Las negociaciones se abrieron en 2009 y se cerraron en 2014 pero el proceso de ratificación se ha alargado. La Comisión Europea quiere firmar el tratado en la próxima cumbre UE-Canadá del 27 de octubre aprovechando que el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, estará en Bruselas.

Pero para que eso ocurra los ministros de Comercio de los Veintiocho tienen que dar su visto bueno el 18 de octubre en su reunión de Bratislava y algunos estados, sobre todo Bélgica y Austria, aún no han confirmado que vayan a hacerlo. La oposición al tratado en algunos países ha llevado a los gobiernos a pedir que se clarifiquen ciertos puntos en un documento que se añadirá al acuerdo y está destinado a calmar los ánimos de la oposición en sus respectivos espectros políticos.

Si los ministros dan luz verde se firmará el 27 de octubre y después tendrá que ser ratificado por la Eurocámara y los parlamentos nacionales, un proceso que podría alargarse durante años. Mientras tanto el acuerdo se aplicará provisionalmente a excepción de la polémica protección de inversores.

¿Puede aún descarrilar la firma?

Sí, pero es poco probable. En Bruselas se da por hecho que los países darán su visto bueno, pero las cosas podrían torcerse si alguno se resiste a última hora o si los parlamentos nacionales lo rechazan, aunque eso no ocurrirá mañana. Fuentes europeas no lo descartan pero lo ven poco factible. “Tirarlo tendría un precio muy alto”, apuntan.

Mientras, los activistas y opositores multiplican sus esfuerzos para que así sea. Desde mediados de septiembre se celebran movilizaciones en toda Europa y en España se concentrarán en esta semana. La plataforma ‘No al TTIP’, que agrupa a sindicatos, partidos políticos (Podemos, IU, Compromís, En Marea, ICV, Equo o EH-Bildu) y organizaciones sectoriales y de la sociedad civil ha convocado manifestaciones en 20 ciudades, las más importantes en Madrid y Barcelona el 15 de octubre, para pedirle al Gobierno que no firme el CETA.

“El Gobierno en funciones de Mariano Rajoy no tiene legitimidad para firmar este tratado porque no ha habido un debate parlamentario al respecto”, dice Tom Kucharz. Podemos ha pedido que comparezcan en el Congreso el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, la de Agricultura, Isabel García Tejerina y el Secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz para explicar su postura sobre el CETA.

Las organizaciones son conscientes de que un tropezón del CETA haría que el TTIP pierda fuelle y Bruselas admite que haría mucho daño. Si CETA falla “la política comercial de la UE estará casi muerta” admitía Jean-Luc Demarty, el director general de Comercio de la CE.

¿Y los canadienses qué dicen?

 Literalmente, que si no es con ellos a ver con quién va la UE a firmar un acuerdo comercial.

 “Es un acuerdo progresista con un país progresista. Y si la Unión Europea es incapaz de apañárselas para aprobar este acuerdo, creo que la gente se va a plantear serias cuestiones sobre cuán relevante sigue siendo la UE como entidad política” ha dicho sin ambages el primer ministro Justin Trudeau en una reciente entrevista.

Al otro lado del Atlántico también hay numerosas organizaciones que critican de la firma del acuerdo, aunque el movimiento no tiene tanta fuerza como en Europa. En el gobierno se impone un optimismo cauto aunque a nadie se le escapa que crece la impaciencia. 

Bruselas quiere recuperar la confianza de los ciudadanos a base de transparencia tras los escándalos de los excomisarios José Manuel Durao Barroso y Neelie Kroes. La Comisión Europea ha propuesto hacer el Registro de Transparencia obligatorio para todas las instituciones, una medida considerada “cosmética” por las ONG y recibida con paradójico entusiasmo en la Eurocámara. Los eurodiputados, que no han sido capaces de reforzar sus propias normas de conducta, la tachan de poco ambiciosa y piden que se exija más al tercero en discordia, el Consejo.

La propuesta, presentada a finales de septiembre y debatida el pasado miércoles en la Eurocámara, es la medida estrella de la Comisión Juncker en este ámbito y aunque se esperaba desde hace tiempo no podía llegar en un momento más oportuno, en plena crisis de credibilidad. Pero su futuro, que depende de la voluntad institucional, es incierto. 

En el Registro de Transparencia de la Unión están inscritas 10.000 entidades, en su mayoría empresas y asociaciones de negocios, pero también ONG o consultorías. Casi la mitad, 4.000, se registraron desde que en 2014 la Comisión Europea prohibió a sus funcionarios reunirse con cualquier grupo de presión que no figurase en la lista. Ahora el Ejecutivo quiere extender esta exigencia a los altos cargos del Parlamento Europeo, incluidos los eurodiputados, y del Consejo.

Bruselas propone además que se endurezcan los criterios para inscribirse y que se refuerce el control sobre la información introducida por los lobbies. Las organizaciones que incumplan podrían quedar excluidas temporalmente de cualquier reunión o ser eliminadas de la lista. El objetivo es que los ciudadanos, que pueden consultar este registro en Internet, sepan quiénes influyen en el proceso legislativo de la Unión.

Pero la Comisión deja fuera del futuro acuerdo a un actor fundamental de este juego político, los Estados miembros, ya que no puede obligar a las Representaciones Permanentes de los países en Bruselas a que publiquen o restrinjan los encuentros de sus embajadores.

El Parlamento Europeo aprovecha esta coyuntura para intentar pasar la pelota al Consejo.

Los eurodiputados ven con buenos ojos una propuesta, que consideran “necesaria” y “un paso adelante”, pero creen que hay que cerrar flecos. Quieren que se defina con claridad el concepto de “grupos de presión” y sus actividades, que se proporcionen los medios económicos y humanos para que el registro funcione con garantías y que se prevean sanciones duras. Pero sobre todo, quieren que el Consejo no escurra el bulto.

“Esta institución necesita que el Consejo arrime el hombro. Los Estados miembros deben asumir su parte de responsabilidad. Hasta ahora no hemos visto un movimiento real por su parte”, dijo la diputada española Maite Pagazaurtundua, del grupo de los Liberales y Demócratas.

“También se legisla cuando se representa a un Estado. Creemos que en lo que respecta al Consejo la propuesta es moderada y deberíamos ampliar la cantidad de personas que entran en su registro”, apuntó en el mismo sentido la diputada socialista italiana Mercedes Bresso.

El Parlamento no da ejemplo

Este nivel de exigencia choca con la realidad de la institución, que no ha logrado endurecer sus propias normas. A mediados de septiembre se pospuso de forma indefinida por la presión de los grandes grupos el voto sobre el “Informe de Transparencia en las instituciones” elaborado por el diputado de los Verdes Sven Giegold. El Partido Popular Europeo, los Socialistas y los Liberales y Demócratas introdujeron hasta 400 enmiendas para rebajar el tono de la propuesta.

El informe abogaba por mejorar el registro de lobbies del Parlamento, dar más poderes al Comité de Ética para revisar las declaraciones de bienes de los eurodiputados, reformar el código de conducta para que estos no pudiesen tener otros trabajos mientras ocupan un escaño o fijar en tres años el periodo de espera para aceptar un puesto en un grupo de presión tras dejar su cargo.

“Usted propone lo que yo no he conseguido hasta ahora” le dijo Giegold al vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, durante el debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Aunque a renglón seguido añadió que “debe haber margen para encontrarse con personas no registradas por la libertad de mandato, no se puede someter todo al principio de transparencia violando esta libertad”. “Ese equilibrio es el que hay que buscar”, dijo el diputado alemán, buen conocedor del argumento al que se agarran y agarrarán sus compañeros para no ceder. 

Un plan cojo

Con este telón de fondo, Transparency Internacional es “bastante escéptica sobre la supervivencia de la propuesta durante las negociaciones den la Eurocámara”, según su responsable del Área de Integridad, Daniel Freund.

“En el Parlamento no hay reglas para evitar las puertas giratorias, cuando un eurodiputado termina su mandato puede ir donde quiera, cuando quiera. En la Comisión al menos hay un periodo de espera”, apunta.  

Pero “el niño problemático” en transparencia es el Consejo, dice. Hasta ahora los gobiernos nacionales no se han unido al registro voluntario y han dejado claro que no debatirán ninguna propuesta que incluya a las representaciones de los países. “Muchos gobiernos culpan a Bruselas de antidemocrática pero cuando se trata de hacer algo son ellos quienes bloquean”, opina.

La presión institucional será un escollo para un acuerdo que supone un progreso pero nace débil, a juicio de las ONG que defienden la transparencia. “Es increíblemente decepcionante. No solo porque no es legalmente vinculante para los lobbies, sino porque los incentivos que da para registrarse no son suficientes” dice Margarida Silva, del observatorio europeo de lobbies Corporate Europe.

“Casi da risa cuando la Comisión lo presenta como su respuesta a los conflictos de intereses cuando no tiene nada que ver”, dice esta activista, que insiste en que el Ejecutivo tendría que reformar completamente sus normas de conducta para controlar las actividades de sus comisarios.

Si Barroso se limita a aconsejar a Goldman Sachs, como ha dicho que hará, ni siquiera estaría cubierto por el registro, explica, porque este no contempla el lobby indirecto, sino solo a quienes acuden en persona a reunirse con funcionarios, algo que rara vez hacen los antiguos altos cargos.

Las organizaciones critican que cubre escasamente a un 1% de los funcionarios de más alto nivel, dejando fuera a figuras tan influyentes como el negociador del TTIP o al personal técnico que redacta las leyes. El asunto es especialmente sangrante entre los países, que solo estarán sometidos a escrutinio cuando ejerzan la presidencia de la Unión, es decir, una vez cada 14 años.

Esperan, no obstante, que se cumpla la promesa de destinar más medios para velar por la calidad el registro. Según un informe de 2015, más de 4.000 entradas son falsas o incorrectas, pero la verificación resulta difícil porque hay menos de tres personas trabajando en él. En Canadá, cuyo registro tiene unas 3.000 entradas, son 28. 

Para que el acuerdo entre en vigor tiene que ser aprobado por el Parlamento y el Consejo.

No habrá negociación sin notificación. Bruselas se aferra a su mantra sobre el Brexit, pero a seis meses del inicio del divorcio empiezan ya a esbozarse el calendario y los límites de la negociación. Desde que la primera ministra británica, Theresa May, anunció que invocaría el artículo 50 del Tratado de Lisboa a finales de marzo de 2017 los líderes europeos se han prodigado en declaraciones que vaticinan una ruptura complicada. 

Con la fecha fijada, empieza la cuenta atrás. La UE insiste en que no habrá ninguna negociación antes de marzo y rechaza la posibilidad de mantener “discusiones preparatorias” como quiere May, pero en Bruselas la maquinaria ha echado a rodar y se han abierto vías de diálogo, aunque no quede muy claro el contenido del mismo.

El negociador de la Comisión Europea para el Brexit, Michel Barnier, ha empezado a formar su equipo y trabaja ya de cara al divorcio, mientras que su presidente, Jean-Claude Juncker, se reunirá con May en la cumbre europea de los próximos días 20 y 21. La Comisión no ha desvelado los temas de un encuentro que Londres podría utilizar para tantear el terreno después de que May haya avanzado su estrategia. 

En un discurso ante el congreso del partido conservador que hizo las delicias de los euroescépticos y más fervientes defensores del Brexit, la primera ministra británica anunció que su Gobierno pondrá el control de la inmigración en el centro de las negociaciones, por delante del acceso al mercado único. “Quiero que las empresas británicas tengan la máxima libertad para comerciar y operar en el mercado único (…) pero diré una cosa alto y claro: no nos vamos de la Unión Europea para renunciar de nuevo al control de la inmigración” dijo May.

La línea dura ha recibido una respuesta sin medias tintas de los líderes políticos al otro lado del Canal de La Mancha. 

Respetar las reglas

“No se puede tener un pie dentro y otro fuera” decía este viernes Juncker, que defendió que la Unión “tiene que ser intransigente” sobre este punto. “Si Reino Unido quiere tener acceso libre al mercado interior, tendrá que respetar todas las reglas que lo rodean”, insistió el jefe del Ejecutivo en una conferencia en el centro de estudios europeísta Jacques Delors.  

Guy Verhofstadt, representante del Parlamento que tendrá que dar luz verde a cualquier acuerdo, advirtió esta semana de que las cuatro libertades de la Unión (movimiento de capitales, bienes, servicios y, he aquí la cuestión, personas y trabajo), son absolutamente indivisibles y no se negociarán por separado como pretende Londres. Según los medios británicos, el Gobierno prevé dividir las negociaciones en capítulos sobre mercado único, inmigración, asuntos exteriores, cooperación o presupuesto. 

“Eso destruiría la Unión y el mercado único” dijo el político belga, que aprovechó para lanzar un recado sobre el calendario al avisar de que las negociaciones deberían concluir antes de las elecciones europeas de mayo de 2019.

La imposibilidad de entrar en el mercado interior sin aceptar la libre circulación de trabajadores, un escenario que muchos de los impulsores del Brexit prometieron durante la campaña, es el punto de partida sobre el que hacen frente común los socios para abordar unas negociaciones que, una vez entrados en materia, tendrán muchas aristas. François Hollande y Angela Merkel, el dúo que se ha propuesto llevar la batuta del futuro post-Brexit en la Unión, han sido los primeros en salir a la palestra para asentar unos cimientos poco novedosos.

El presidente francés avisó el jueves a May de que si quiere un salida difícil, la tendrá. “Los británicos han elegido el Brexit, incluso un Brexit duro. Pues bien, tendremos que ir hasta el final en su voluntad de dejar la Unión. Tenemos que ser firmes”, dijo este jueves.

“Si no decimos que el acceso al mercado interior está ligado a la total libertad de movimientos, se extenderá una dinámica en Europa en la que cada uno hará sencillamente lo que le plazca” opinó por su parte la canciller alemana en la convención de las federaciones industriales de su país, la BDI. 

Recado a la industria

La audiencia de la canciller pesa aquí tanto como su mensaje. Reino Unido es uno de los principales mercados para las exportaciones alemanas y los partidarios del Brexit, incluido el actual ministro británico responsable de las negociaciones, David Davis, aseguraron durante la campaña que la presión de estas empresas sobre el gobierno alemán serviría para garantizar un buen acuerdo comercial.

Una tesis que Merkel aleja con un mensaje que parece haber calado, al menos de momento, entre sus empresas: mejor alinearse con los europeos y sufrir las consecuencias de un Brexit duro que sacrificar los valores esenciales por una exportaciones que, al fin y al cabo, solo representan una parte del comercio alemán.

Juncker hizo extensiva la advertencia a los industriales europeos: “No deberían participar en discusiones a puerta cerrada con el gobierno británico para luego venir dentro de un año a decir a la Comisión, el Consejo y los gobiernos que no hay alternativa más que seguir comerciando con Reino Unido como antes”. El luxemburgués advirtió de que el Ejecutivo de May “está maniobrando” para convencer a la industria europea de que se necesita un acuerdo en buenos términos con el objetivo de que ejerzan de correa de transmisión para con sus respectivos gobiernos. 

La UE en juego

“Las negociaciones no serán fáciles” ha vaticinado Merkel. A la Unión Europea no le interesa que lo sean o, al menos, que lo parezcan. Bruselas y los veintisiete que se quedan son conscientes de que está en juego más que un acuerdo comercial ventajoso; sobre el tapete está la existencia misma de la Unión.

Si dan la impresión de que la salida es un camino de rosas y no tiene consecuencias, de que un país puede marcharse manteniendo los beneficios económicos pero desprendiéndose de sus obligaciones, temen desatar un efecto dominó que lleve a otros a pedir lo mismo y acabe dinamitando el proyecto europeo.

Los gobiernos de Alemania, Francia y Austria se enfrentarán en las elecciones de 2017 a partidos euroescépticos en auge que beben de este argumentario. En Francia el ultraderechista Frente Nacional ya ha abierto el debate sobre un posible ‘Frexit’. 

Pero los analistas dudan de que la posición de firmeza de los veintisiete pueda mantenerse. “Al final se impondrá el pragmatismo” dice Pieter Cleppe, director en Bruselas del centro de estudios Open Europe. “Esto es un movimiento de cara a la galería. Tendrán que hacer concesiones porque es una negociación, aunque por supuesto habrá algo de irracionalidad y riesgo en ellas”, apunta. 

“Aun cuando sea verdad que Alemania y los veintisiete quieren privilegiar la política por encima de la economía el coste es demasiado elevado” opina. Su pronóstico es que al final la UE acabará aceptando un ligero límite a la inmigración, que sería visto con buenos ojos en algunos países, para evitar el proteccionismo británico y mantener sus exportaciones.

Tres años después de su lanzamiento, la principal herramienta de la Unión Europea y del Gobierno para luchar contra el paro juvenil no despega. En agosto, solo 325.000 jóvenes españoles se habían registrado en la Garantía de Empleo Juvenil, lo que supone un 27,8% de los casi 1,2 millones que podrían beneficiarse de ella.

La falta de voluntad política, los estrictos requisitos de inscripción y las trabas burocráticas están detrás de los malos resultados de España, uno de los países que está teniendo mayores dificultades para implementar esta herramienta, según las organizaciones españolas y europeas de defensa de la juventud.

El objetivo de la Garantía es que los europeos de entre 16 y 25 años que se queden en paro reciban una oferta de trabajo, prácticas o formación en los cuatro meses siguientes a perder su empleo. En el caso de España, se puede optar hasta los 30 años si no se ha tenido trabajo ni formación en los últimos treinta días. Según el INE, a finales de julio había en España 1.167.000 personas de entre 16 y 30 años que no habían trabajado en el último mes y que podrían haberse acogido a este esquema.

Aunque las inscripciones en España se han cuadruplicado desde las 60.000 de mayo de 2015, el alcance del programa sigue por debajo de la media europea, que se sitúa en un 41,9%, según la Comisión Europea. Una cifra que invita poco al optimismo sobre un programa destinado a paliar una de las mayores lacras en la Unión.

A la cabeza

España tiene la segunda tasa de paro juvenil más alta de Europa, un 43,2%, solo por encima de Grecia, y es el país que más fondos ha recibido: 1.887 millones de euros, casi un tercio de los 6.400 millones destinados a los Veintiocho para el periodo 2014-2020. Madrid ha gastado ya unos 1.400 millones, el 73%, en línea con otros países europeos, aunque no es quien mejor los ha empleado.

Si se compara con otros grandes países de la eurozona, Italia, que recibió poco más de la mitad que España (1.135 millones) ha cubierto casi tres veces más personas. Francia, por su parte, recibió un tercio del dinero de España (unos 620 millones) y ha cubierto a más de la mitad (167.000 personas).

El país también lo ha hecho en general peor que otros a la hora de alcanzar a los ninis – jóvenes que no estudian ni trabajan-, ya que solo un 10,7% de este colectivo se ha beneficiado de la Garantía pese a que España tiene una de las tasas de ninis más altas de Europa, de un 22%, según la OCDE. Cuando se presentó el programa en 2014 el Gobierno calculaba que unos 858.000 jóvenes entraban en este grupo.

En lo que España supera a sus socios es en el porcentaje de jóvenes que abandonó el programa con una oferta de trabajo o formación bajo el brazo, que alcanzó el 74,3% frente al 24% de Francia o Grecia, el 50% de Alemania o el 38% de Irlanda. Ahora bien, la Comisión Europea no precisa si estas ofertas fueron contratos indefinidos, a tiempo parcial, o simplemente prácticas o cursos de formación, y se limita a señalar que en el conjunto de la Unión dos tercios fueron contratos indefinidos.  

Esta es precisamente una de las principales críticas del Consejo de la Juventud Español, que cree que existe falta de transparencia por parte del Ministerio de Empleo a la hora de informar sobre los resultados de la Garantía y que no se está haciendo un seguimiento adecuado de quienes participan.

“No nos están proporcionando herramientas para evaluar rigurosamente cómo se está aplicando”, dice Víctor Reloba, responsable del Área Socioeconómica del Consejo. “No se nos da información sobre cuánto tardan en procesar las solicitudes ni qué respuesta reciben”, añade.

La directora del Fondo Europeo de la Juventud, Johanna Nyman, apunta a que uno de los mayores problemas que encuentran es la baja calidad de las ofertas, que muchas veces consisten en prácticas no remuneradas.  

Para estas organizaciones el escaso impacto de la garantía se explica por las carencias en la implementación y la falta de una campaña de comunicación adecuada para informar a los jóvenes, pero sobre todo a “la falta de voluntad política”.

Desde el Consejo Español critican además que la mayor parte de las ayudas se destinan a bonificar a las empresas para que contraten a estos jóvenes, un enfoque que consideran erróneo porque “no favorece la creación de empleo sino que solo reduce el coste para el empleador”. De la misma opinión es el sindicato UGT, para quien “los resultados del plan de Garantía Juvenil constatan el fracaso del gobierno para solucionar los problemas de la juventud”.

Con todo, las organizaciones conceden que se han hecho progresos, especialmente con la puesta en marcha de una red para que los jóvenes puedan inscribirse presencialmente. La Comisión comparte este punto de optimismo y señala que el desempleo juvenil en España se ha reducido un 7% desde 2013.

Bruselas ha anunciado que dará 2.000 millones de euros más a los estados para financiar esta iniciativa hasta 2020, un incremento escaso si se tiene en cuenta que la Organización Internacional del Trabajo calcula que harían falta 21.000 millones para la tarea. 

La excomisaria europea Neelie Kroes no informó a la Comisión de que mientras ostentaba la cartera de Competencia figuraba también como directora de una sociedad opaca en Bahamas. La “omisión”, admitida por la propia holandesa, ha puesto de manifiesto que Bruselas cuenta con pocas herramientas para prevenir los conflictos de interés y depende en gran medida de la buena fe de los comisarios.   

Kroes, encargada de Competencia entre 2004 y 2009 y de Agenda Digital entre 2009 y 2014, habría dirigido una empresa offshore ubicada en el paraíso fiscal caribeño de 2000 a 2009 según una filtración –los Bahamaleaks– hecha pública este miércoles por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. 

Los comisarios no pueden ejercer ninguna otra actividad, remunerada o no, durante su mandato y deben incluir en su declaración de intereses sus puestos durante la última década. La nutrida declaración de Kroes incluía cargos en hasta 60 compañías, lo que ya entonces despertó dudas sobre posibles conflictos, pero no la offshore Mint Holdings, con lo que Bruselas a duras penas podía saber de su existencia. 

“Contamos con que las declaraciones de nuestros comisarios sean precisas, veraces y completas. No tenemos un servicio de policía secreta que podamos enviar a Bahamas a buscar lo que no se nos ha comunicado”, dijo ayer el portavoz de la Comisión Europea , Margaritis Schinas preguntado por sus mecanismos de control.

Lo único que puede verificar el Ejecutivo son los cargos que sí se declaran, aunque fuentes europeas apuntan a que la capacidad de la Comisión para ello es “muy limitada” y está lejos del escrutinio al que se somete, por ejemplo, a los candidatos al congreso de Estados Unidos.

En esta tesitura a Bruselas solo le queda su capacidad de reacción. La CE ha pedido explicaciones a Kroes y si concluye que rompió las reglas podrá llevarla ante el Tribunal de Justicia Europeo. Tampoco excluye revisar las decisiones que tomó en materia de competencia para ver si hubo conflictos de interés.

La Corte también tiene poco margen para la sanción: solo podría retirarle la pensión –que Kroes nunca ha pedido cobrar– o pedirle que devuelva la indemnización transitoria que se embolsó durante tres años al dejar su cargo.

Kroes ha admitido a la Comisión que “omitió” incluir la compañía en su declaración, pero asegura también que nunca estuvo operativa y que su presencia se debe a un “error administrativo”. 

Solo un excomisario ha llegado ante la justicia

Hasta la fecha solo un excomisario ha acabado ante la justicia. En 1999 la exprimera ministra francesa Edith Cresson, entonces comisaria de Educación, fue acusada de favoritismo por contratar a un amigo dentista como consejero en su gabinete. El caso obligó al colegio de comisarios, dirigido por Jacques Santer, a dimitir en pleno y en 2003 la Comisión Prodi llevó el caso al TJUE.

En 2006 la Corte confirmó que había habido favoritismo pero no impuso pena económica alguna. El Tribunal consideró que “la constatación de la falta es en sí misma una sanción apropiada” y Cresson mantuvo su pensión de 3.600 euros.

Pero en la política europea, profundamente marcada por la relación entre lobbys e instituciones, los conflictos de interés son una constante que ha llegado hasta el propio Comité de Ética de la Comisión. 

En 2014 Michel Petite, uno de los miembros del Comité encargado de velar por la integridad de los comisarios, se vio forzado a dimitir precisamente por un conflicto de intereses. Petite fue director general del Servicio Jurídico entre 2001 y 2007 además de asesor de los presidentes del Ejecutivo Jacques Delors, Romano Prodi y José Manuel Durao Barroso.

En 2008 dejó la Comisión por la puerta giratoria para trabajar en el bufete de abogados Clidfford Chance para quien ejerció como lobista ante la UE a favor de tabacaleras, entre otras Philip Morris. Pese a ello la Comisión le nombró miembro del Comité de Ética en 2012, lo que llevó a la Defensora del Pueblo a pedir una investigación sobre el caso. Unos meses después Petite dimitió.

En lo que respecta a España el último en ser escrutinado por un posible conflicto de intereses ha sido el exministro de Agricultura Miguel Arias Cañete, hoy comisario de Energía, después de que su mujer, Micaela Domecq, apareciese en los Papeles de Panamá como responsable de las transacciones de una empresa offshore en el país americano. Cañete aseguró que las actividades de su mujer estaban separadas de las suyas.

La Comisión aseguró ayer que los casos de Kroes y la mujer de Cañete no son comparables y defendió que el exministro ya ha dado explicaciones ante la Comisión del Parlamento Europeo encargada de investigar Los Papeles de Panamá.

Antes de ser confirmado para la cartera Cañete tuvo que enmendar a última hora su declaración de intereses para incluir 30.000 euros en complementos salarias del PP. Previamente había vendido sus acciones en dos compañías petrolíferas. Con todo la Eurocámara le sometió a una intensa audiencia para solventar las dudas sobre un posible conflicto de intereses en el sector energético.

El escándalo de Kroes no podía llegar en peor momento para la Comisión, que quiere hacer de la lucha contra la evasión fiscal de las multinacionales una de sus prioridades políticas y ha prometido una lista de paraísos fiscales para el año próximo. Bruselas se enfrenta además  a una crisis de desconfianza ciudadana agravada por el fichaje del expresidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, por el banco de inversión Goldman Sachs.

El roaming será gratis sin restricción de tiempo ni volumen consumido a partir de junio de 2017. La Comisión Europea ha presentado hoy una nueva propuesta para acabar con los gastos por itinerancia después del aluvión de críticas que recibió su primer plan. Con este nuevo modelo serán las compañías de telecomunicaciones las encargadas de detectar abusos y, solo en ese caso, cobrar al cliente.

Las organizaciones de consumidores reaccionaron con indignación al plan propuesto por Bruselas hace apenas quince días que, en lugar del fin total del roaming publicitado durante años solo garantizaba 90 días gratis. La CE justificó los límites porque la media de los europeos viaja solo 12 días al año y, sobre todo, para prevenir abusos derivados de las enormes diferencias de precio de la telefonía en la Unión Europea.

En concreto Bruselas quiere evitar que se compren tarjetas SIM en los países donde son más baratos y se usen solo en aquellos estados más caros, ya que esto obligaría a las operadoras a costear la diferencia y acabaría por inflar los precios domésticos.

Esta precaución es la que rige el nuevo “enfoque” de la Comisión: los europeos que viajen al extranjero tendrán roaming gratis sin límite de tiempo ni volumen consumido, pero las operadoras podrán cobrarlo si detectan abusos que se determinarán en base al país de residencia del usuario.

¿Y cuándo se consideraría abuso? Algunos de los indicadores serían que un consumidor apenas use su tarjeta SIM en el país donde la compró pero la usa con mucha frecuencia en el extranjero, que la tarjeta permanezca inactiva salvo para ser utilizada en itinerancia, o que un mismo usuario tenga varias tarjetas que solo utiliza en el extranjero.

Si las operadoras detectan alguno de estos patrones podrán avisar al consumidor y empezar a cobrarle roaming a unas tasas, eso sí, inferiores a las que ha habido en los últimos años. Quedan excluidos los trabajadores fronterizos, que utilizan todos los días las redes de dos países, y se deberán tener en cuenta también los “vínculos estables” con un determinado país. Es decir, si alguien trabaja, estudia o visita un estado durante largas temporadas o regularmente en principio no tendría que pagar.

La Comisión deja así en manos de las compañías y reguladoras fijar estos modelos de uso abusivos para sus clientes. Si no están de acuerdo con la factura los usuarios tendrán que reclamar a la operadora y en última instancia recurrir a los reguladores nacionales. Bruselas insiste, no obstante, en que este mecanismo se dará en casos muy específicos ya que la inmensa mayoría de europeos apenas viaja al extranjero.

La propuesta tiene aún que concretarse hasta tener una versión definitiva en diciembre y este será uno de los flecos a cerrar. “Tenemos que dar indicaciones a las operadoras, pero también a los supervisores, sobre lo que debería ser permisible y cuándo habría que investigar más”, ha dicho el comisario de Economía Digital, Gunter Oettinger.

El plan se antoja más complicado de aplicar que el ya célebre límite de los 90 días por la carga extra que supondrá para los reguladores y para las propias compañías. Pero Bruselas está obligada a introducir salvaguardas que satisfagan a las operadoras y permitan sostener un mercado con enormes diferencias de precios.

La auténtica batalla detrás de la mal parada abolición del roaming es la negociación sobre los precios mayoristas que está abierta entre Consejo y Parlamento Europeo. Las operadoras tienen que pagar a las de otros países cada vez que uno de sus clientes utiliza su red y la UE debe ahora fijar unas cotas máximas.

En los países nórdicos las operadoras ofrecen paquetes muy baratos pero muy generosos en llamadas o mensajes, con lo que si los precios mayoristas son muy altos estarían perdiendo dinero con cada byte que sus clientes consuman en el exterior. Y en el otro lado de la balanza están los países del sur, que invierten para proveer servicios a los veraneantes europeos pero obtienen rendimiento solo tres meses al año, con lo que les interesa tener el máximo beneficio por roaming durante el verano.

Los países nórdicos quieren precios mayoristas más bajos y los del sur más altos, lo que deriva en una minoría de bloqueo en el Consejo con la que la Comisión tiene que lidiar. El temor de Bruselas es que si van demasiado lejos con la reglamentación las compañías se acojan a la llamada “cláusula de sostenibilidad” que les permitiría derogar la normativa.

Berlín no será un escollo para sellar el acuerdo de libre comercio e inversión entre la Unión Europea y Canadá, conocido como CETA. El partido socialista alemán ha dado luz verde a su líder, Sygmar Gabriel, para firmar este acuerdo de libre comercio, cuya discusión ha tenido menor impacto que el tratado que negocian la UE y EEUU, el TTIP, lo que permitirá al también ministro de Economía alemán apoyar a los conservadores de Merkel, con quienes gobierna en coalición, para rubricar el polémico tratado.

Se diluyen así las posibilidades de que Alemania, peso pesado de Europa, vete el CETA en la reunión de ministros de Comercio que se celebra en Bratislava (Eslovaquia) este jueves, una cita crucial en la que los países tienen que limar las últimas diferencias y cerrar flecos sobre la firma y aplicación provisional del acuerdo.   

El ala más izquierdista del SPD, el partido socialista alemán, ha criticado reiteradamente el CETA por considerar que mina los derechos de los trabajadores y conlleva riesgos medioambientales y alimentarios para los europeos, unas acusaciones que comparten las decenas de ONG que se manifiestan estos días contra el acuerdo en varios países.

Para aplacar sus reticencias, Gabriel se reunió el pasado fin de semana con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, a fin de obtener “aclaraciones” sobre el acuerdo que respondiesen a las quejas de los sindicatos alemanes. Pese a que del encuentro en Montreal solo quedó claro que no habrá una nueva negociación del CETA, la jugada le sirvió para conseguir el apoyo de dos tercios de sus compañeros de filas este lunes.  

Gabriel había amarrado su futuro político a esta consulta. Con el “sí” de sus camaradas salva su futuro como candidato por el SPD en las elecciones alemanas de 2017 y ha sacado a flote el CETA en un momento en el que arrecian las dudas de ciudadanos y políticos en varios países.

El acuerdo con Canadá se negoció durante cinco años y cerró en 2014 sin mayor escándalo, pero en su recta final ha recibido varios reveses. Por un lado, el ‘Brexit’ llevó a las capitales a pedir más control nacional de las políticas, con lo que Bruselas aceptó que fuese ratificado también por los parlamentos nacionales de los Veintiocho. Por otro, el aumento exponencial de la oposición ciudadana, efecto arrastre de la resistencia al TTIP, lo ha puesto en el centro del debate político interno en los países con elecciones a la vuelta de la esquina: Alemania, Austria y Francia.

Reunión crucial

“La Comisión Europea es completamente consciente del debate en los estados sobre la política comercial, especialmente TTIP y CETA, y está deseando discutir esto con los estados miembros” dijo ayer un portavoz de la comisaria de Comercio, Cecilia Malmstrom. Pese a ello la CE no contempla reabrir las negociaciones.

El contexto es convulso y los tiempos apremian, ya que Bruselas quiere firmar el CETA en el cumbre UE-Canadá del 27 de octubre, lo que explica la inusitada importancia que cobra el Consejo del viernes en Bratislava. Con la situación bajo control en Alemania, el principal escollo para la firma es Bélgica, donde el parlamento de la región de Valonia ha advertido que vetará el acuerdo, según apuntan fuentes europeas.

En Austria los socialistas también han consultado a su militancia sobre el CETA, lo que podría abrir un debate interno que, no obstante, tiene menos posibilidades de frenar la firma, según las mismas fuentes. En los últimos días Malmstrom ha intentado limar asperezas reuniéndose con parlamentarios austríacos y belgas.

Por otra parte, los ministros tienen también que delimitar la aplicación provisional del acuerdo, ya que varios países querían que se excluyese la parte de protección a los inversores, en concreto el polémico Sistema de Tribunal de Inversores que permite a las empresas extranjeras demandar a los estados en cortes especiales y que es uno de los caballos de batalla de las ONG.

Según fuentes europeas, este punto estaría prácticamente cerrado después de las últimas reuniones de trabajo, en las que la CE había asumido que el ICS no entraría en vigor hasta la aplicación definitiva del tratado, que podría retrasarse años.

La decisión final sobre si se firma y aplica el acuerdo tendrá que esperar a octubre, ya que el consejo de mañana es informal, pero se prevé que los veintiocho acepten. España es partidaria de que el acuerdo se firme cuanto antes.

La luz verde al CETA insuflaría aire al TTIP, aunque las renovadas reticencias en Alemania, Francia y Austria alejan en objetivo de Bruselas de cerrar un acuerdo antes de fin de año. 

Manifestaciones en Bruselas

Mientras tanto, las manifestaciones se multiplican en el continente. Este martes en Bruselas más de 10.000 personas, según los organizadores, salieron a la calle convocadas por sindicatos, asociaciones de consumidores y organizaciones medioambientales para protestar contra el TTIP y el CETA ante las instituciones europeas.

“La urgencia es el CETA porque se acerca la firma y porque contiene todas las disposiciones problemáticas del TTIP” explica Michel Cermak, especialista de Comercio del Centro Nacional de Cooperación y Desarrollo belga, una de las impulsoras de la manifestación.

Las ONG belgas, como sus homólogas europeas, critican que ambos acuerdos benefician a los intereses de las multinacionales y minan los estándares europeos de protección alimentaria, medioambiental y laboral.

“TTIP y CETA ponen en cuestión nuestro modelo social y llevarán a la privatización de todo aquello que pueda generar beneficio, como los servicios públicos”, denuncia Marc Goblet, secretario general del principal sindicato belga, la FGTB.

La manifestación en Bélgica se une a las convocadas la semana pasada en Alemania y Austria y a las que están previstas en otras partes de Europa para el mes de octubre, una estrategia de las ONG para impulsar la oposición en el tramo final de estas negociaciones comerciales.

Si ha veraneado en el extranjero puede que septiembre le depare una sorpresa en su factura de móvil. Si olvidó apagar los datos, no pudo resistir la tentación de wasapear desde la playa usando 3G o su jefe llamó más de lo previsto la cuenta podría ser abultada. El culpable es el roaming, la tarifa que las operadoras cobran por usar sus servicios en el extranjero y que tiene los días contados. O eso nos habían prometido.

Bruselas lleva años anunciando que para el verano de 2017 el roaming será historia, pero hace unos días la Comisión Europea presentó una propuesta que solo garantizaba 90 días gratis. La lluvia de quejas de los consumidores ha obligado a Juncker a salir al rescate de una de las medidas europeas más populares. El presidente de la Comisión ha prometido una mejor, pero está por ver cuanto más puede sacar a Estados y ‘telecos’.

Una vieja promesa

La Unión Europea cree que el roaming supone una barrera para el mercado único, para el libre movimiento de personas y servicios. Por eso desde 2007 ha ido obligando a las operadoras a reducir progresivamente sus tarifas, rebajándolas en un 92%.

En 2015 Comisión y Parlamento acordaron abolir definitivamente el roaming desde el 15 de junio de 2017 y en abril de este año se aplicó una primera bajada de precios, de un 75% según la CE. Los que viajan habrán apreciado sus bondades en la factura. 

Bruselas fijó un recargo máximo de 5 céntimos por minuto hablado o megabyte consumido y 2 céntimos por SMS enviado. Además, lo consumido se descuenta del plan contratado en el país de origen. Por ejemplo, si el contrato español incluye 100 SMS gratis y se envían 20 en el extranjero quedarían 80, y solo se facturaría extra el roaming (40 céntimos), no los mensajes en sí mismos.

Para junio de 2017 incluso estos recargos estaban llamados a desaparecer.  

Del fin del roaming a los 90 días gratis

Pero la propuesta final de la Comisión dista mucho de la abolición. Según el plan presentado el 5 de septiembre los consumidores no pagarían gastos de itinerancia solo durante 90 días al año o 30 si los disfrutan de seguido.

Por otra parte, quienes tengan contratados paquetes en sus países de origen solo podrían disfrutar sin recargos de la media de consumo de los usuarios con el mismo plan. Es decir, que si el paquete incluye 3 gigabytes de datos y la media de uso es de 2GB, el tercero estará sujeto a roaming.

Solo se salvan de las restricciones los trabajadores fronterizos, que utilizan las redes de dos países diferentes todos los días.

No es lo que nos habían vendido

Las asociaciones de consumidores, que habían asumido como el común de los mortales que “fin” significaba “fin”, reaccionaron con estupor y achacaron la deriva a la presión de las empresas de telecomunicaciones, que ya en 2014 lograron retrasar la medida.

Bruselas salió en defensa de su propuesta explicando que los europeos viajan de media 12 días al año y que el mínimo de 90 días gratis, que las compañías pueden ampliar voluntariamente, cubre el 99% de los casos. 

Las restricciones se deben a la llamada “política de uso justo” que se ha incluido en la regulación para prevenir abusos. Bruselas quiere evitar que los europeos compren tarjetas SIM en los países más baratos para usarlas solo en sus lugares de origen, ya que esto obligaría a las operadoras a asumir permanentes costes de itinerancia.

La Comisión pasaba así de publicitar el fin del roaming a felicitarse por una gratuidad temporal solo para viajeros, no para quienes viven siempre en el extranjero.

“La Comisión no puede romper su promesa de acabar con el roaming y las ‘facturas-shock’”, advirtió el presidente de los Liberales y Demócratas en el Parlamento Europeo, Guy Verhofstadt.  “La propuesta es un sinsentido” coincidían en Twitter los eurodiputados socialistas. 

Juncker quiere algo mejor

Con las críticas in crescendo Juncker acabó retirando la propuesta, algo atípico en la Comisión, que recibe quejas por casi todo.

El fin del roaming es una de las pocas medidas salidas de la burbuja tecnócrata comunitaria cuyos beneficios pueden sentir los europeos en primera persona, en sus propios bolsillos. Después de presumir de ella a bombo y platillo en los últimos años, de utilizarla como argumento de campaña en las elecciones europeas y en el referéndum sobre el ‘brexit’, la sensación de engaño por el paso atrás era manifiesta. Y Bruselas sabe que lo último que necesita una Europa en plena crisis de credibilidad es otra decepción ciudadana, tanto menos en vísperas del discurso sobre el Estado de la Unión.

“El proyecto partía de una buena intención. Era correcto en el plano técnico. Pero no correspondía a las promesas hechas. A partir de la semana que viene verán un nuevo proyecto mucho mejor”, anunció Juncker este miércoles ante la Eurocámara.

Y a sus desacreditados comisarios no les ha quedado más remedio que apechugar.

No es tan fácil

Pero conseguir la abolición total del roaming será difícil. El problema que subyace es la enorme diferencia de precios entre países: los servicios de telefonía en Irlanda, Luxemburgo, Chipre o Reino Unido son hasta seis veces más caros que el Letonia, Lituania, Rumanía o Bulgaria.

Así, si alguien compra una tarjeta SIM barata en Letonia, por ejemplo, y la usa solo en Irlanda, la compañía letona sería quien costearía la diferencia de precio, ya que las operadoras tienen que pagar a las de otros países cada vez que uno de sus clientes utiliza su red. El temor de Bruselas es que las compañías de los países más baratos inflen sus tarifas para afrontar este coste perjudicando a los clientes domésticos.

Es lo que conoce como precios mayoristas y la gran discusión gira en torno a los límites que tiene que fijar la UE. Es aquí donde entran en juego estados y empresas de telecomunicaciones.

En los países nórdicos las operadoras ofrecen paquetes muy baratos pero muy generosos en llamadas o mensajes, con lo que si los precios mayoristas son muy altos estarían perdiendo dinero con cada byte que sus clientes consuman en el exterior. Y en el otro lado de la balanza están los países del sur, que invierten para proveer servicios a los veraneantes europeos pero obtienen rendimiento solo tres meses al año, con lo que les interesa tener el máximo beneficio por roaming durante el verano. 

“Así que ahora hay una minoría de bloqueo por ambas partes”, explica el comisario de Mercado Digital, Andrus Ansip. Los países nórdicos quieren precios mayoristas más bajos, los del sur más altos y la Comisión tiene que contentar a todos.

“No es tan fácil, no se trata solo de una línea con días, sino de fijar precios y principios de uso justo para evitar abusos” defiende Ansip.

Las empresas de telecomunicaciones ya han advertido de que no renunciarán a introducir salvaguardas. Y obligarles a sufragar el roaming por sí solas recortaría sus beneficios en un momento en el que la CE les pide que inviertan millones para desarrollar la banda ancha.

Bruselas tiene ahora que encontrar un equilibrio entre los intereses de estados y y operadoras y las expectativas de los ciudadanos. Lo de “hablar en toda Europa como en casa” se antoja incierto.

El nombramiento de los jefes negociadores de la Unión Europea para el ‘brexit’ ha caído como un jarro de agua fría en Londres. A los medios británicos les ha faltado tiempo para tacharlo de “declaración de guerra”. Y, aunque la metáfora bélica es quizá exagerada para lo que la UE prefiere presentar como un divorcio, lo cierto es que la elección huele a provocación.

Guy Verhofstadt, la figura más prominente del federalismo en el Parlamento Europeo y Michel Barnier, excomisario francés históricamente enfrentado con la City, conducirán las negociaciones para la primera ruptura comunitaria. Bruselas parece querer mandar un mensaje al gobierno británico antes de echar a andar: no será un camino de rosas.

El federalista más mediático

“El Parlamento Europeo nunca aceptará un acuerdo que ponga fin al libre movimiento de personas durante una década mientras renuncia a una compensación a cambio de todas las ventajas del mercado interior. Entonces, ¿qué impediría a otros países pedir lo mismo?”

Así reaccionaba Guy Verhofstadt en julio, poco después de que los británicos votasen por abandonar la Unión, echando por tierra uno de los principales argumentos de los partidarios de la salida: que Reino Unido podría quedarse en el mercado interior sin aceptar la inmigración intracomunitaria.

Con esta carta de presentación de su jefe negociador parece improbable que la Eurocámara vaya a tratar con guante de terciopelo a sus interlocutores británicos. El político liberal belga de 63 años, ex primer ministro de su país durante casi una década y líder de los Liberales y Demócratas en el PE desde 2009 ha sido uno de los críticos más feroces del brexit desde antes del referéndum.

No se mordió la lengua a la hora de tacharlo de estupidez, asegurar que con ello solo ganaría Vladimir Putin o señalar la “ignorancia” del ya exprimer ministro británico David Cameron, al que acusó de querer chantajear a la Unión. No es de extrañar que la idea del divorcio no agrade al autor de “Los Estados Unidos de Europa” (uno de sus muchos libros sobre el continente), cuyo primer paso al llegar a la Eurocámara fue fundar el Grupo Spinelli para impulsar el federalismo.

Desde entonces Verhofstadt se ha convertido en el defensor más destacado de la integración europea, de esa “Unión siempre más estrecha” que históricamente han deplorado los británicos y finalmente les ha llevado a abandonar el club.  

También en el más mediático. Célebres son sus enardecidos discursos, capaces de romper la monotonía de los soporíferos debates plenarios, prolíficos en gestos, con buenas dosis de ironía y provocación y un punto de idealismo. Sus dardos se dirigen por igual a líderes nacionales –su reprimenda a Tsipras se hizo viral- y comunitarios, especialmente a los euroescépticos. “El mayor desperdicio de recursos europeos es el salario de Nigel Farage” es una de sus citas memorables, pronunciada durante una enganchada con el eurodiputado y líder de la campaña por el “Leave”.

“No podían haber elegido a un ser humano más negativo hacia lo que tratamos de hacer. En el templo europeo del federalismo él es el sacerdote mayor”, dijo Farage tras el nombramiento, el 8 de septiembre. “Con Verhofstadt al cargo, la salida de la UE ocurrirá antes de lo previsto”, añadió.

“Verhofstadt podría ser un hueso duro de roer”, apunta Vicenzo Scarpetta, analista del centro de estudios Open Europe, que espera sea “especialmente intransigente” en lo que se refiere a separar la libertad de circulación de bienes, servicios, capitales y personas.

Con todo, esto “no significa necesariamente anti-británico”, apunta. Verhofstad es un firme defensor del libre mercado, tanto así que en sus primeros años en política era apodado baby-Tatcher, y comparte con los británicos la idea de que la UE necesita ser reformada, una hipótesis que se ha reforzado tras el ‘brexit’. Lo que no está claro es que las capitales comulguen con su visión para el futuro.

Barnier, el regreso del “azote de la City”

El contrapunto a la carga ideológica y la efervescencia verbal de Verhofstadt lo pondrá el jefe negociador de la Comisión. El francés Michel Barnier hace gala de un discurso pausado y se autodefine como un hombre pragmático.

Leyendo su currículum el puesto parece hecho a su medida: a sus 65 años ha sido ministro de Exteriores, Agricultura y Asuntos Europeos en Francia con el partido conservador de Sarkozy, así como eurodiputado, Comisario de Desarrollo Regional y de Mercado Interior y Asuntos Financieros. Este cargo es quizá su mejor credencial ya que uno de los puntos candentes de la negociación será el futuro de la City, centro financiero europeo y motor indiscutible de la economía británica.

En 2010, en plena crisis económica y con buena parte de la clase política y la opinión pública apuntando a la banca como causante, Barnier capitaneó las grandes reformas del sector financiero en Europa. Bajo su dirección aumentaron las exigencias de capital para los bancos, se reforzó la vigilancia común sobre las entidades y se caparon los bonus a los banqueros, entre otras muchas medidas que mutaron el sector.

Barnier protagonizó sonados encontronazos con el gobierno de Cameron y el Banco de Inglaterra, que no veían con buenos ojos unos planes que implicaban ceder competencias a Bruselas y limitar el libre mercado. Le acusaban de querer minar la posición de la City. Fue entonces cuando se granjeó entre los británicos la mala prensa que hoy vuelve a perseguirle.

“No es amigo de la City, sonarán las alarmas”, advertía tras conocerse el nombramiento el liberal Nick Clegg, vicepresidente en ese periodo. “El azote de la City”, “el hombre más peligroso de Europa” o “un archi-federalista” son algunas de las definiciones rescatadas en julio por los medios británicos, principalmente los euroescépticos, que llegaron a tachar de “acto de guerra” la elección.

“Durante su mandato la UE y Reino Unido chocaron repetidamente, y su nombramiento sugiere que la Comisión adoptará un enfoque duro en las negociaciones” opina Pawel Swidlick, de Open Europe. “En lo que se refiere a los servicios financieros será seguramente un cliente difícil, aunque no está claro que su objetivo sea directamente castigar” añade el analista.

Que sea francés solo echa más sal en la herida. La nacionalidad no tendría mayor importancia, dado que negociará en nombre de la Comisión, si no fuera porque el gobierno galo llamó a las empresas de la City a establecerse en Francia tras el brexit y París sería de las más beneficiadas si al final los bancos no pueden seguir operando en la UE desde Londres. “Por su puesto hay que tener en cuenta la presión de su país de origen”, apunta Swidlick.

Barnier ha querido quitarle hierro al asunto y ha asegurado que “en cualquier caso habrá un acuerdo con Reino Unido” y que está preparado para empezar a negociar en cuanto la primera ministra, Theresa May, invoque el ya famoso Artículo 50.

Dónde lleven y cuán tensas sean las negociaciones aún está por ver. El rol de Verhofstadt será solo relativo, dado que el Parlamento tiene que aprobar el acuerdo final pero este será diseñado por el Consejo y la Comisión. El margen de maniobra de Barnier, por su parte, dependerá de lo que estén dispuestos a ceder los estados, auténticos comandantes en jefe de esta travesía.  

La Eurocámara ha rechazado este miércoles una parte de la legislación de protección a los inversores minoristas por considerar que la propuesta de la Comisión Europea contiene “errores” que no permiten asegurar que los usuarios reciben información adecuada sobre sus inversiones y el riesgo de las mismas.

Pocas veces se ve una unanimidad como la que ha cosechado este veto. No solo ha contado con el respaldo de todos los grupos políticos –salió adelante con 602 votos a favor votos, 4 en contra y 12 abstenciones– sino que tanto asociaciones de inversores como representantes del sector financiero apoyan que las reglas se cambien.

En 2014 la Unión Europea lanzó una nueva reglamentación para proteger a los inversores minoristas que adquiriesen productos de inversión vinculados o basados en seguros,  más conocidos como PRIIPS por sus siglas en inglés. Su objetivo es evitar que se repitan casos como el de las preferentes en España cuando hasta 600.000 particulares, invirtieron miles de euros en deuda perpetua pensando que adquirían algo similar a un depósito y se encontraron con que no podían recuperar su dinero.

Entre otra medidas, Bruselas exigirá a las entidades que den un documento de no más de tres páginas y en lenguaje comprensible –conocido en la jerga financiera como KID- en el que expliquen al inversor qué tipo de producto adquiere, cuáles son sus costes, riesgos y potenciales beneficios. La parte de la regulación que ayer vetó el Parlamento especifica qué información exacta tiene que incluirse y cómo debe calcularse.

La Eurocámara ve deficientes estas reglas técnicas. En concreto cree que la metodología para estimar los futuros escenarios de rentabilidad contiene fallos y por lo tanto “no cumple el requisito de dar información correcta, justa, clara y no engañosa”. En particular, señalan en su informe, para algunos productos no se muestra que los inversores podrían perder dinero, ni siquiera en un escenario adverso o para productos que en el pasado generaron pérdidas regularmente.

Además critica la falta de instrucciones detalladas sobre cómo debe utilizarse la llamada “alerta de comprensión”, una aviso que se incluye en el documento de información en el caso de productos especialmente complejos de entender.

Los eurodiputados también consideran “engañoso” que no se incluyan los riesgos de crédito a la hora de evaluar el riesgo de los seguros e insisten en que la información para los consumidores tiene que ser comparable, independientemente de quien lo venda.

“Si no se cambia existe el riesgo de que esta regulación vaya en contra del espíritu de la legislación que es proporcionar información clara, comparable, comprensible y no engañosa sobre los PRIIPS a los inversores minoristas”, dice la Eurocámara.

Retraso en la legislación

La pelota vuelve ahora al tejado de la Comisión, que tendrá que proponer una nueva regulación, lo que alargará los plazos para su entrada en vigor. El Parlamento ha pedido que se retrase la aplicación de toda la legislación, prevista para el 31 de diciembre de 2016, hasta que este reglamento sea aprobado.

Tanto asociaciones de inversores como representantes del sector bancario y asegurador respaldan la decisión del Parlamento.

“Es mejor que exista un retraso pero haya buenas reglas que tener que parchearlas después”, dice Niels Lemmers, director de European Investors, una asociación que representa a los inversores minoristas de la UE.

Para esta organización el principal defecto del folleto informativo es que finalmente no incluirá información histórica sobre la rentabilidad del producto que sirva de guía a los consumidores sobre cómo funcionó en el pasado. “Esperamos que sea posible enmendar la legislación para llenar este vacio”, dice Lemeers, que afirma que hasta ahora “la Comisión guarda completo silencio”.

Pese a ello están a favor de una legislación que consideran imprescindible para mejorar la información y protección que reciben los inversores.

“Es lo más razonable dado que está claro que hay fallos”, opina por su parte un portavoz de la Federación Europea de Banca, que se representa a las entidades financieras europeas.

Tras conocer la proposición, en junio, de la CE varias asociaciones del sector habían enviado ya una carta conjunta a las instituciones pidiendo que se resolviesen los “importantes fallos” en esta regulación. La industria considera que las reglas no son lo suficientemente “claras, coherentes y adecuadas” como para que las entidades puedan elaborar correctamente y a tiempo los documentos de información que tendrían que estar en sus sucursales el año próximo.

“Tal como están ahora, estas reglas no permiten que el KID sea una herramienta para que los consumidores entiendan bien y comparen los productos”, aseguran. 

La Unión Europea intenta encontrar una solución para el complejo escenario que se abrirá cuando el 15 de octubre España no presente un nuevo presupuesto para 2017, sino una prórroga del de 2016. La Comisión espera una lista de medidas de ajuste para encarrilar el déficit –y evitar una multa millonaria– que serán difíciles de aprobar por un Gobierno en funciones.

Bruselas reconoce los retos que afronta España, asume que no habrá nuevas cuentas para el año próximo y busca una fórmula para evaluar a un Gobierno sin plenos poderes. Pero el desafío recae también, una vez más, del lado de la gobernanza europea. Como en ocasiones anteriores, en muchas con España de protagonista, se ha visto que las normas pactadas por los países del euro no se adaptan a las circunstancias reales de los países. Un Ejecutivo en funciones no puede cumplir a rajatabla con los compromisos del pacto fiscal, un corsé demasiado estrecho para la nueva realidad política que vive la UE.

“Resulta difícil para la Comisión Europea juzgar un presupuesto cuando no lo hay y es difícil para un Gobierno en funciones diseñar uno nuevo”, dijo el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, resumiendo con claridad la encrucijada en que se encuentra España para cumplir sus criterios con la burocracia europea.

La CE anuló en julio la multa millonaria a la que se enfrentaba Madrid por no haber emprendido acciones suficientes para corregir su exceso de déficit y le dio dos años extra, hasta 2018, para llevarlo por debajo del 3% del PIB. Pero la nueva senda fiscal exige un ajuste estructural equivalente a 10.000 millones de euros para alcanzar un 3,1% en 2017 y 2,2% en 2018.

Este esfuerzo tiene que plasmarse en las cuentas del año próximo y el informe que España entregará en octubre. Si no convencen a la CE, el país se arriesga a la congelación de hasta 1.100 millones de euros en fondos estructurales y una multa automática de hasta 5.000 millones por reincidir en los incumplimientos.

La UE asume que habrá un presupuesto prorrogado

Pero la ley española prohíbe al Gobierno en funciones aprobar un nuevo presupuesto y le ata las manos para adoptar casi cualquier medida legislativa. El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, avisó al Ejecutivo comunitario de que se prorrogará el presupuesto de 2016, unas cuentas aprobadas mucho antes de lo habitual en vista de las elecciones y con las críticas de Bruselas, que advirtió que no eran realistas para cumplir el déficit.

Bruselas ha tenido que resignarse a recibir un documento sin cambios en las políticas, que es precisamente lo que el Consejo le pide a España (que refuerce su marco fiscal y las políticas de contratación pública) y que a priori no está permitido.

“Tenemos que clarificar lo que puede hacer un Gobierno en funciones dado que la línea general es que no puede presentar un presupuesto sin cambios en las políticas”, explicaba Dijsselbloem. Pero si algo quedó claro con el indulto de julio es que cuando hay voluntad política las reglas dejan margen de maniobra.

A la espera de que se concreten los procedimientos la Comisión mantiene el calendario y quiere los presupuestos y el informe con las medidas de ajuste sobre su mesa a más tardar el 15 de octubre, según ha explicado el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici. De Guindos, ha dicho, se ha comprometido a que así será.

Lo que sí puede y prevé aprobar el Gobierno es la reforma para fraccionar el pago del impuesto de sociedades, con la que espera ahorrar 6.000 millones de euros y alcanzar así el 4,6 % de déficit acordado para 2016. La medida, la principal promesa hecha en julio a la CE y determinante para la cancelación de la multa, tendría que declararse de “urgencia” e “interés general” y aprobarse por Real Decreto-Ley. De Guindos asegura que espera contar con el apoyo del PSOE para que el Parlamento refrende esta medida.

Cumplir este año podría ser también un asidero para España aun cuando las perspectivas para 2018 no convenzan, ya que el Pacto de Estabilidad impide que se avance en el proceso por déficit excesivo si se alcanzan los objetivos de déficit intermedios.

En esta tesitura Bruselas no anticipa ningún movimiento, mucho menos una multa, pero advierte de que la papeleta sigue ahí. “Independientemente de las decisiones tomadas en verano los problemas presupuestarios de España no se han evaporado. Pero corresponderá al nuevo gobierno encarrilar el presupuesto”, dijo Dijsselbloem ayer.

Suspensión de fondos y multa de hasta 5.000 millones

Si al final la UE vuelve a certificar que España no ha tomado medidas suficientes el castigo más inminente será la congelación de hasta la mitad de los fondos estructurales comprometidos para 2017, unos 1.100 millones de euros que financian sobre todo programas regionales.

Se trata de la segunda pata de la sanción que quedó pendiente en verano a la espera de que el Parlamento Europeo se pronuncie. Su opinión no es vinculante y la Comisión, que tiene que proponer un montante en las próximas semanas, ha insistido en que quiere dirimir el asunto “cuanto antes”.

En segundo lugar se desencadenaría el proceso para imponer una multa, esta vez de hasta 5.000 millones de euros (0,5% del PIB) y automática, que iría acompañada de la suspensión de más fondos.

La UE podría pedir también que España publique información extra a la hora de emitir bonos y valores así como “invitar” al Banco Europeo de Inversiones a reconsiderar sus préstamos al país. El BEI invirtió en 2015 en España 11.900 millones de euros, de los que 8.568 (72%) se destinaron a pymes.

La Defensora del Pueblo de la UE, Emily O’Reilly ha pedido al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que aclare la postura del Ejecutivo comunitario sobre la contratación de su predecesor, José Manuel Durao Barroso, por parte del gigante financiero Goldman Sachs. Además quiere saber qué pasará en caso de que el político portugués participe como asesor del banco en las negociaciones sobre el 'Brexit'.

El político conservador portugués, jefe del colegio de comisarios entre 2004 y 2014 y uno de los principales gestores de la crisis económica, fue contratado en julio como presidente no ejecutivo del banco de inversión Goldman Sachs, uno de los mayores responsables en el origen de la crisis de las hipotecas subprime (basura). El fichaje ha levantado ampollas entre políticos, diputados y funcionarios europeos, que han pedido Comisión una reacción firme ante un caso de puertas giratorias especialmente simbólico.

Las críticas han llevado a la Defensora del Pueblo a enviar a Juncker una carta –fechada el 5 de septiembre– en la que reclama que clarifique qué medidas ha tomado para asegurarse de que el nombramiento de Barroso se ha hecho conforme a las reglas comunitarias y si ha consultado, o piensa hacerlo, al Comité de Ética que existe para estos casos.

O’Reilly pregunta también si la Comisión piensa dar instrucciones al equipo que negociará el ‘Brexit’, incluido su jefe, el excomisario de la segunda legislatura de Barroso Michel Barnier, sobre si podrían discutir con el expresidente y cómo deberían hacerlo llegado el caso.

El propio Barroso ha anunciado que asesorará a Goldman Sachs sobre la salida de Reino Unido de la UE, que implicará debates decisivos para el banco como el futuro de la Unión y Supervisión Bancaria o el mantenimiento del pasaporte financiero único, que le permitiría seguir operando en Europa.

En este sentido el portavoz de la Comisión Europea, Alexander Wintenstein, ha señalado en rueda de prensa que todos los funcionarios europeos “están obligados a señalar en el registro de transparencia todos los contactos que mantienen”, aunque no ha explicado si se tomarán medidas adicionales en el caso de Barroso.

Pide revisar el Código de Conducta

Desde que comenzó la polémica, la Comisión no ha respaldado explícitamente al expresidente y se ha limitado a defender que el nombramiento se ajusta a las normas: “Por un lado están las reglas, que son enormemente estrictas y han sido respetadas (…) y por otro los aspectos éticos y la decisión personal del antiguo presidente”, ha dicho Winstenstein.

Es el mismo argumento que utilizó Juncker en sus únicas críticas a su predecesor: “El hecho de que trabaje para un banco no me molesta, pero este en concreto me plantea un problema. Uno tiene que elegir a su empleador”, dijo al diario belga Le Soir. “Yo no lo hubiera hecho”, añadió en la televisión francesa, recordando sin embargo que todas las normas se habían cumplido.

Pero precisamente por eso ahora la Defensora del Pueblo se pregunta si el Código de Conducta actual es “deficiente” y pide a la Comisión que lo revise. Según el mismo, durante los 18 meses siguientes a su salida los comisarios tienen que informar de sus intenciones profesionales y, si estas pueden generar un conflicto de intereses, el Comité de Ética tiene que emitir un dictamen. Pasado ese plazo solo están obligados a mantener los principios de integridad, discreción y secreto profesional.

O’Reilly pone en cuestión la “aparente arbitrariedad” de este periodo de notificación y recuerda que la obligación de integridad no tiene límite de tiempo. “Ciertos casos no dejarán de ser problemáticos solo porque han pasado 18 meses. Sería más apropiado que la Comisión decidiese caso por caso teniendo en cuenta todos los elementos importantes”, apunta en su misiva.

La Comisión tiene ahora hasta el 14 de octubre para responder a las preocupaciones de la Defensora del Pueblo.

La reacción sin precedentes de la comunidad europea ante un fenómeno que no es nuevo –el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, también ejerció un alto cargo en Goldman Sachs– se explica por el momento en que llega. La Unión Europea hace frente a una importante falta de credibilidad ante su dificultad para gestionar la crisis económica, migratoria y de seguridad, exacerbada por el ‘Brexit’ y la erosión de la confianza ciudadana en las instituciones europeas.

El Gobierno español aboga por que el Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá (CETA por sus siglas en inglés) se firme cuanto antes y comience a aplicarse de forma amplia hasta que lo apruebe el Congreso, posición que contrasta con los límites que exigen otros países.

El CETA ha entrado en su recta final. El texto está desde este viernes en manos de los lingüistas que tienen que hacer las últimas correcciones con vistas a su firma, que Bruselas quiere llevar a cabo en la Cumbre Unión Europea-Canadá del 27 de octubre. En cuanto esté rubricado y el Parlamento Europeo dé luz verde, empezará a aplicarse de forma provisional hasta que lo ratifiquen las cámaras nacionales de los Veintiocho, condición indispensable para que entre oficialmente en vigor.

Ningún país se opone a la aplicación provisional del acuerdo, que podría prolongarse durante años, pero la mayoría tiene dudas sobre el alcance de la misma, especialmente en lo que se refiere al capítulo de protección a los inversores y acceso a los mercados. Así se recoge en los documentos de la última reunión de trabajo entre Comisión y estados, a los que ha tenido acceso eldiario.es.

España, junto con Portugal, ha pedido explícitamente que se incluyan las provisiones sobre el acceso al mercado de inversiones, que regulan las posibilidades de las empresas europeas en Canadá y viceversa. La Comisión Europea apoya esta postura y ha advertido de que no hacerlo podría desalentar las inversiones canadienses en la UE. Sobre todo, subraya, el país norteamericano podría hacer lo propio y limitar la entrada de compañías europeas en su mercado.

Pero el punto más polémico es la parte de protección a los inversores, que contempla el criticado Sistema de Tribunales de Inversiones (ICS por sus siglas en inglés). El ICS permite que los inversores extranjeros lleven a los Estados ante un tribunal específico, al margen de la justicia ordinaria, si creen que alguna de sus decisiones les perjudican.

Diez países (Alemania, Irlanda, Luxemburgo, Hungría, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Letonia, Lituania y Eslovenia) se oponen, con mayores o menores reticencias, a que este sistema se incluya desde la aplicación provisional. España, por su parte, no ha solicitado expresamente que se incluya pero tampoco ha manifestado reserva alguna.

Francia, Austria y Bulgaria temen que sea difícil separar este apartado del de acceso a los mercados, ya que forman parte del mismo capítulo. Ambos son de interés crucial para las empresas.

Protección a los inversores

El Sistema de Tribunales de Inversores es uno de los caballos de batalla de las numerosas ONG que rechazan el CETA y denuncian que es la antesala del TTIP que se negocia con Estados Unidos. Para Ecologistas en Acción, el ICS aumenta el riesgo de que los estados afronten demandas millonarias por proponer medidas de interés público. “Es una herramienta poderosa en manos de los inversores para impedir cambios en las regulaciones que busquen proteger la salud pública, el medio ambiente o mejorar las condiciones de las personas”, dice su portavoz, Tom Kucharz.

Su inclusión en la aplicación provisional podría dar pie a que surjan conflictos entre Estados y empresas incluso antes de que el Tratado haya sido ratificado por los parlamentos nacionales: el acuerdo podría revertirse pero los juicios seguirían abiertos.

España quiere firmar en octubre

Dada la división entre los Veintiocho, la CE ya da por hecho que la protección de los inversores quedará fuera de la aplicación provisional, aunque el alcance de la misma aún está por decidir. Bruselas tenía previsto que se negociase una vez firmado el Tratado pero varios países han pedido que se aclare antes, con lo que es posible que el tema tenga que dirimirse en un Consejo extraordinario de Asuntos Exteriores a finales de verano o principios del otoño, según los documentos consultados.

Algunos Estados han advertido de que ahora mismo no pueden garantizar que lo rubricarán. Es el caso de Bélgica, donde el Parlamento de la región de Valonia ha anunciado que vetará el acuerdo, o de Rumanía, que denuncia que Canadá exija a sus ciudadanos un visado que no necesitan el resto de europeos.

El Gobierno español en funciones, sin embargo, ha defendido que el acuerdo se firme en octubre pese a que un mes después del 26J sigue sin haber Ejecutivo.

“Es muy preocupante que el Gobierno en funciones defienda la firma y aplicación provisional de un tratado que tendrá consecuencias amplias y muy negativas más allá de la presente legislatura sin haberlo debatido en el Congreso y el Senado”, denuncia Ecologistas en Acción.

La libre circulación de personas y servicios en la Unión Europea ha abierto la puerta a que sus ciudadanos trabajen en cualquier punto del continente, pero también a que las empresas abusen de la legislación más laxa que se aplica a los trabajadores desplazados para competir deslealmente a costa de los obreros locales. Es lo que se conoce como dumping social y explica en buena medida la preocupación creciente de los europeos por la inmigración.

El Brexit, catalizado por esta inquietud, ha puesto de relieve que los ciudadanos asocian la inmigración comunitaria con una amenaza para sus empleos. Bruselas quiere romper el círculo vicioso entre trabajadores desplazados y dumping social igualando sus condiciones a las de los empleados locales. “Misma remuneración por un mismo trabajo en un mismo lugar” es el lema de la reforma que la Comisión Europea ha impulsado, pese a la oposición de los países del Este.

El número de trabajadores desplazados –los que trabajan en un país distinto al país de origen de su empresa de forma temporal– se ha multiplicado desde el inicio de la crisis. En 2014, había 1,9 millones en toda la Unión, un 45% más que en 2010. En España esta cifra subió un 83%, hasta 111.557. Casi la mitad en Europa (43,7%) trabajaban en la construcción, seguido de la industria manufacturera (21,8%).

Construcción, transportes y agricultura son los sectores donde se registran el mayor número de abusos que terminan en dumping social, según la Confederación Europea de Sindicatos (ETUC). Subcontratas, empresas buzón o falsos autónomos permiten aprovechar las lagunas de la legislación europea.

Competencia desleal

Un trabajador desplazado cobra de media la mitad que un trabajador local en el mismo puesto, ya que la ley actual solo obliga a las empresas a pagarles el salario mínimo del país de destino, sin primas, incentivos o pagas extras. Esto incita a las compañías a echar mano de subcontratas extranjeras para ahorrar costes laborales y a la larga impide que los trabajadores locales puedan competir en igualdad de condiciones y “tumba” los precios generales del sector.

Y eso cuando se cumplen las reglas, que no es siempre. Según los sindicatos europeos, es frecuente que las empresas trasladen a sus trabajadores con salarios y condiciones laborales similares a los del país de origen, pese a que por ley deben aplicarse las mismas que en destino.

En Alemania, cuyo sector cárnico representa el 20 % de la industria en la UE, empleados rumanos y búlgaros trabajan con contratos ficticios por cuatro o cinco euros la hora, muy por debajo de los precios alemanes, en jornadas de diez horas, sin seguridad social ni derecho a pensión, de acuerdo con los informes de la Federación Europea de Sindicatos Alimentarios.

También han proliferado las empresas buzón, compañías que se registran solo con una dirección postal en países con legislaciones sociales favorables pero prestan sus servicios en otros. El empleador final se beneficia así de impuestos más bajos, se ahorra tener que indexar salarios o pagar seguros y además no tiene vínculo legal con el trabajador.

La compañía de transporte holandesa Vos Transport, por ejemplo, realiza la mitad de sus viajes con conductores contratados por empresas buzón en Rumanía y Lituania. Estas no tienen oficinas reales y los contratos son firmados por un directivo holandés, pero los salarios son de 200 euros al mes más gastos y primas ilegales, según un informe de la ETUC. Es solo un caso, dicen, de un fenómeno extendido en muchos países y sectores por la falta de control y sanciones efectivas.

Con frecuencia los trabajadores viven en condiciones precarias, en alojamientos compartidos a kilómetros de sus puestos o durmiendo en las cabinas de los camiones. En 2012, dos conductores polacos murieron en Wingene, Bélgica, cuando se incendió la nave de su empleador en la que pasaban la noche con otros nueve compañeros.

Bruselas quiere igualar condiciones

Bélgica, Francia y Alemania reciben ellas solas el 50% de los trabajadores desplazados, mientras que Polonia es el país que más exporta. París y Berlín, que tienen elecciones en 2017 y han visto como los partidos euroescépticos en auge utilizan el dumping como argumento contra la inmigración, presionaron a la CE para reformar la directiva. El primer ministro galo, Manuel Valls, llegó a amenazar con dejar de aplicarla si no se cambiaba.

Bruselas propone ahora que los trabajadores desplazados cobren exactamente lo mismo que los locales, no solo el salario mínimo, y que se les apliquen todos los convenios colectivos del sector, algo que ya hace España. Además exige que las agencias de trabajo temporal extranjeras estén sujetas a las mismas normas que las nacionales.

A partir de los dos años de desplazamiento los trabajadores tendrán derecho a la misma protección laboral que los locales, que hoy es solo equivalente en ciertas áreas como sanidad o igualdad de género. La Confederación de Sindicatos Europeos apoya la reforma, aunque cree que este lapso es demasiado largo porque el desplazamiento medio dura 4 meses.

La revisión también se queda a medio camino en la regulación de las subcontratas, ya que deja en manos de los estados decidir si obligan a que las extranjeras cumplan las mismas normas que las nacionales. Para el futuro queda otro asunto espinoso: las cotizaciones sociales, que se pagan en el país de origen y tendrán que regularse en una normativa específica.

Los países del Este, en contra

El plan se topó en marzo con la llamada tarjeta amarilla de once países –Polonia, Bulgaria, Rumanía, República Checa, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania, Croacia, Hungría y Dinamarca– . Esta herramienta, que permite a un grupo de estados exigir que se revise una propuesta, ha sido utilizada solo dos veces más en la historia de la UE, lo que da una idea de la relevancia de la cuestión. Los países del Este, principales exportadores de trabajadores, temen perder capacidad de competir en el mercado.

Pero la Comisión, que le ve las orejas al lobo del populismo en cada rincón del continente, anunció este miércoles que seguirá adelante. “El Brexit nos ha enseñado que hay un grupo de personas que tienen miedo de ser los perdedores de la globalización y quieren más protección social”, dijo la comisaria de Empleo, Marianne Thyssen. “Necesitamos prestar servicios a través de las fronteras pero tenemos que organizarlo de forma justa”, añadió.

“Esta normativa es transnacional por naturaleza (…) no interfiere con las competencias de los estados para la fijación de salarios”, dijo dando por zanjada la cuestión de la subsidiariedad a la que se habían agarrado los opositores. La batalla, sin embargo, no está ganada: la reforma necesitará el apoyo final de una mayoría de estados miembros, y los del Este van a pelear.

Bruselas ha dado una de cal y una de arena. La Comisión Europea ha anulado la multa económica a España por no haber tomado medidas para controlar el desvío del déficit, pero ha fijado una nueva senda fiscal que le obligará a recortar 10.000 millones de euros hasta 2018. Bruselas espera que el déficit nominal se sitúe en el 4,6% del PIB en 2016 y pide que se reduzca al 3,1% en 2017 y que se lleve al 2,2% en 2018. El ajuste estructural será del 0,5% del PIB en 2017 y de otro 0,5% en 2018, lo que supone un recorte de 10.000 millones de euros en los tres próximos años que caerán sobre las espaldas del nuevo gobierno.

La Comisión ha dado un espaldarazo al Gobierno al ahorrarle el escarnio político de la multa económica y el estigma de convertirse en el primer país, junto con Portugal, castigado por el déficit. Los dos años de oxígeno para corregirlo, sin embargo, están lejos de ser gratis.

“Concedemos dos años, pero si España no quiere ser el último país en salir del proceso de déficit excesivo tiene que acelerar los esfuerzos cuanto antes si se forma un gobierno”, ha dicho el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, quien ha recalcado que la Comisión confía en que así sea.

“Si se forma un gobierno en las próximas semanas es posible que España no se aleje mucho del 3% el año próximo”, ha señalado. La Comisión ha insistido en que los objetivos para España son “realistas”.

Bruselas ha hecho suyo el peor escenario pronosticado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que preveía que el déficit de 2016 podía elevarse incluso al 4,7%, muy por encima de lo vaticinado por el Gobierno y por la propia Comisión en primavera, cuando esperaba que se situase en el 3,9% este año. En 2015 el déficit quedó en el 5,1%, muy por encima del 4,2% pactado, algo que la Comisión atribuye a las rebajas de impuestos y aumentos del gasto en el año electoral.

Bruselas da ahora por perdido 2016 y deja los ajustes en manos del futuro gobierno, que tendrá que empezar a plasmarlos ya en los presupuestos para 2017. Además estrechará la vigilancia sobre el Gobierno.

Moscovici ha defendido que haber dado solo un año de prórroga habría requerido ajustes estructurales masivos hasta finales de año y en 2017, que hubiesen sido “muy costosos en términos de crecimiento y bastante inciertos a falta de una mayoría parlamentaria estable”. Han querido evitar, ha señalado, un nuevo incumplimiento que hubiese llevado a una multa automática del 0,5% del PIB.

En 2012, cuando concedió la primera prórroga al gobierno de Rajoy, Bruselas recomendó un aumento del IVA y cambios en el mercado laboral, que se saldaron con una reforma que flexibilizó el despido y elevó la edad de jubilación. Con la segunda, en 2013, pidieron medidas fiscales equivalentes al 4,5% del PIB hasta 2016.

La multa, cancelada

En plenas negociaciones para formar gobierno, la Comisión Europea ha dado una tregua al Ejecutivo de Rajoy, que lleva meses asegurando por boca del ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, que la multa se anularía. El organismo ha tenido en cuenta que Madrid y Lisboa han hecho “esfuerzos presupuestarios masivos y reformas estructurales importantes” y que aún tienen problemas sociales por resolver, especialmente el alto desempleo. También han pesado los “compromisos firmes” que el Gobierno ha hecho en su recurso, especialmente la reforma del impuesto de sociedades con la que el Gobierno prevé recaudar 6.000 millones de euros, según Moscovici.

El titular de asuntos económicos de la UE ha insistido en que la decisión se ajusta a las normas, pero no ha escondido su carácter político. “Una población que ha hecho tantos sacrificios no lo habría entendido (las sanciones). Pensamos que el enfoque punitivo no es el mejor en este momento”, ha explicado Moscovici, quien ha asegurado que en sus consultas con el Consejo han encontrado consenso para esta decisión.

“Sobre la mesa del colegio de comisarios había hoy tres opciones: la multa máxima, de 2.100 millones de euros y por la que nadie tenía apetito, una sanción simbólica y la cancelación. Aunque al final ha habido consenso, el debate ha sido intenso y el presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, ha jugado un rol decisivo a la hora de decantar la balanza”, según fuentes comunitarias.

Y es que la sanción ha divido a los 28 entre quienes creen que el indulto a España y Portugal alienta los incumplimientos y mina la credibilidad comunitaria –principalmente los nórdicos y los del centro de Europa– y quienes creen, como Francia o Italia, que las multas son contraproducentes en el momento actual. En Europa la recuperación solo es incipiente, el crecimiento se ralentiza, la salida de Reino Unido siembra incertidumbre y el descontento ciudadano con las instituciones no deja de crecer.

El Consejo de ministros de Economía de los 28 tiene ahora diez días para dar luz verde a esta multa, lo que previsiblemente harán sin fisuras y por procedimiento escrito.

La otra parte de la sanción, la congelación de los fondos estructurales para España, no se decidirá hasta después del verano, ya que la Comisión tiene que esperar a conocer la opinión del Parlamento Europeo aunque esta no sea vinculante.

Bruselas podría bloquear hasta la mitad de la financiación comunitaria o un máximo del 0,5 % del PIB (unos 5.000 millones de euros) que le corresponde a España en 2017, mermando el sustento de 78 programas destinados a las Comunidades Autónomas. La suspensión, sin embargo, puede cancelarse si España cumple con las condiciones que fijará la Comisión.

Las incógnitas sobre la sanción a España por hacer descarrilar su déficit empiezan a despejarse. En plenas negociaciones para formar Gobierno, la Comisión Europea prevé dar a Madrid dos años de prórroga para corregir el déficit excesivo. Será, por tanto, el nuevo ejecutivo quien tenga que aplicar los ajustes que permitan colocarlo por debajo del 3% en 2018, según varias fuentes. Los objetivos y plazos concretos los fijará la Comisión el próximo jueves.

Esta nueva senda fiscal, como la llama Bruselas, tendrá en la práctica mayor impacto que la multa económica que conlleva la sanción por incumplir el objetivo de déficit en 2015. El ejecutivo comunitario anunciará este miércoles la cuantía de la sanción y hay varias opciones sobre la mesa. Bruselas puede decantarse por una sanción millonaria –de hasta 2.100 millones de euros–, rebajarla a unos cientos millones, o incluso anularla, ahorrándole al gobierno en funciones el estigma político.

El déficit español se fue al 5,1% en 2015, muy por encima del 4,2% pactado con Bruselas. Las previsiones de la Comisión Europea en primavera ya auguraban que sería imposible que bajase del 3% –cota del déficit excesivo– este año, con un desvío del 3,9% en 2016 y del 3,1% en 2017. Pero la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha pulverizado estos pronósticos, vaticinando que el déficit cerrará el año en el 4,1% en el mejor de los casos y en el 4,7% en el peor.

Bruselas acusa a España de no haber tomado medidas para corregir el desajuste y culpa directamente a la rebaja de impuestos aplicada por el Gobierno en el año electoral. Según la Comisión, el Ejecutivo de Rajoy relajó la política fiscal en lugar de aprovechar los beneficios del crecimiento económico, el descenso del paro y la mayor recaudación por impuestos para reconducir su desvío presupuestario. Valora las reformas hechas durante la crisis pero pide más.

La consecuencia directa es que Madrid tiene que aplicar ajustes para enmendarse y que Bruselas mantendrá una vigilancia más estrecha para asegurarse de que cumple y de que lo hace a tiempo. Será el nuevo gobierno quien tenga que lidiar con el correctivo de la Comisión, que podría exigir un ajuste de hasta 10.000 millones de euros, según fuentes citadas por El País.

En sus recomendaciones de primavera la CE ya pidió un ajuste de 8.000 millones de euros para llevar el déficit por debajo del 3% en 2017. Con la prórroga hasta 2018 cabe la posibilidad de que el ritmo del recorte se suavice. Bruselas estudia ya las propuestas hechas por el gobierno en funciones (la principal de ellas una reforma del impuesto de sociedades que permitiría recaudar 6.000 millones de euros) pero la AIReF ha echado por tierra las expectativas asegurando que aun con ellas el déficit se irá por encima del 4%.

Atajarlo parece difícil en 2016, así que los ajustes tendrán que materializarse en el presupuesto para 2017 que el nuevo gobierno tendrá que presentar a la Comisión en octubre.

La multa divide a la Comisión

Al recorte adicional que exija Bruselas habrá que sumarle la cuantía de la multa que impongan hoy los comisarios, que puede ser de hasta 2.100 millones de euros.

El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, ha repetido hasta la saciedad, la última vez este mismo domingo, que la multa se anulará o será simbólica, y que en este sentido cuenta con el apoyo de Francia, Italia y Alemania. Pero en el seno del colegio de comisarios, como entre los países, hay división de opiniones.

Por un lado está el grupo liderado por Francia e Italia, que defiende que las reformas acometidas en España y Portugal (también sancionada) y el crecimiento económico que han registrado justifican ser indulgentes, y que castigar a los buenos alumnos sienta un mal precedente. Pero por otro están los países del centro y norte, tradicionalmente encabezados por Berlín, que piden ceñirse a rajatabla al Pacto de Estabilidad y que el escarnio a Madrid y Lisboa sirva de ejemplo para los que estén tentados de salirse de la vía de la austeridad.

Según fuentes europeas todas las opciones están sobre la mesa, aunque no hay apetito por la pena máxima.

Fondos estructurales

Para septiembre queda la segunda pata de la sanción, la congelación de los fondos estructurales, que necesita la opinión previa del Parlamento Europeo. Hasta la mitad de lo que España tiene que recibir en 2017 podría bloquearse, dejando a medio gas la financiación de 78 proyectos regionales y 7 nacionales destinados en su mayoría al desarrollo agrícola y rural.

La congelación no entraría en vigor hasta 2017 y podría incluso anularse, siempre y cuando, eso sí, el nuevo gobierno español cumpla con las condiciones que fijará la Comisión.

La sanción a España por el desvío presupuestario podría acabar costándole cara a las Comunidades Autónomas. Hasta 78 proyectos regionales y siete nacionales podrían ver suspendida su financiación comunitaria el año próximo, según una lista enviada a la Eurocámara por la Comisión Europea. El castigo, no obstante, podría evitarse si los ajustes propuestos por el Gobierno español para encarrilar el déficit convencen a Bruselas, algo que aún no está nada claro.

La Unión Europea ha constatado que Madrid no ha hecho lo suficiente, y de forma deliberada, para atajar su exceso de déficit y ahora corresponde al Ejecutivo comunitario fijar una sanción por ello. La punición tiene dos partes: por un lado una sanción económica, que podría elevarse a 2.000 millones de euros pero que el Gobierno insiste quedará en cero,y, por otro, la congelación de una parte de los fondos estructurales que le corresponden al país en 2017. Además Bruselas fijará nuevos objetivos de déficit para España y una hoja de ruta para alcanzarlos que exigirá nuevos ajustes.

Entre los proyectos que podrían verse afectados por esta congelación de fondos hay 44 programas de Desarrollo Agrícola y Rural, 22 de Desarrollo Regional, otros tantos financiados con el Fondo Social Europeo y uno dependiente del Fondo Marítimo y para la Pesca. De estos 85 solo siete tienen alcance nacional, mientras que la mayoría van directamente a las diecisiete Comunidades Autónomas junto con Ceuta y Melilla.

España tiene que recibir 38.000 millones de euros en Fondos Estructurales y de Inversión entre 2014 y 2020. No hay información agregada sobre los compromisos para 2017, pero suponiendo que estos se distribuyesen de forma homogénea, cada año la UE tendría que desembolsar unos 5.428 millones. Como máximo pueden congelarse la mitad, es decir, unos 2.700 millones que no llegarían a las arcas públicas españolas.  Según fuentes europeas citadas por el diario El País, la Comisión prevé bloquear unos 1.100 millones pero dejar la multa económica a cero.

Temor a un chantaje

El Gobierno tiene en su mano limitar los daños de la congelación. Los fondos no tienen que desembolsarse hasta 2017 y la suspensión está condicionada a que España siga a rajatabla la nueva senda fiscal. Si Madrid hace los ajustes exigidos por Bruselas en el calendario pactado, el Ejecutivo podría decidir de aquí a fin de año cancelar la congelación de fondos y no habría más consecuencias. Con los últimos datos publicados por la Autoridad Fiscal Independiente Española (un organismo creado a instancias de Bruselas precisamente para salvaguardar el rigor de las cuentas públicas), España tendría un 4,7% de déficit este año, muy lejos del 3,9% que la Comisión tenía en mete como cifra aceptable. Aún implantando la medida sobre el Impuesto de Sucesiones, el déficit solo se reduciría hasta el 4,1%.

En este sentido, el eurodiputado de los Verdes, Ernest Urtasun, apunta que en su grupo parlamentario temen que la suspensión de fondos se utilice como “chantaje” para que el Gobierno realice más recortes o presente un presupuesto más austero. “Las Comunidades Autónomas van a pagar el pato por la actuación del gobierno central”, asegura, y añade que su grupo defenderá que ni se multe ni se congelen los fondos para España, sino que se derogue la reforma fiscal del Gobierno que según Bruselas está detrás del desvío presupuestario.

 Por ahora, se prolonga el impasse del verano ya que la Comisión Europea tendrá que esperar a que el Parlamento Europeo dé su opinión antes de decidir si bloquea las ayudas, aunque esta no será vinculante. Para fijar el montante deben tenerse en cuenta las condiciones socio-económicas, especialmente el nivel de desempleo y el impacto que tendría en el país en cuestión. 

Esto acarreará un nuevo retraso a la hora de conocer un veredicto que se espera desde hace meses, ya que la Eurocámara no tiene previsto debatir el asunto hasta el 8 de septiembre en la Comisión de Política Regional. La multa económica junto con los nuevos objetivos de déficit y calendario de revisiones fiscales sí se conocerán el próximo 27 de julio. 

El Ejecutivo comunitario podría anular la sanción económica o rebajar su cuantía, pero eso dependerá del crédito que den a la propuesta enviada por el Ministerio de Economía para convencerles de que se puede encauzar el déficit. Pero si ni la propia Autoridad Nacional lo cree, será difícil convencer a los burócratas en Bruselas.

El expresidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, ha sido el último en pasar por la puerta giratoria en Bruselas para desembarcar en el banco Goldman Sachs, pero está lejos de ser el primero. Apenas un año después de acabar la segunda legislatura del portugués, nueve de sus 26 comisarios trabajaban ya en grandes empresas u organizaciones ligadas a ellas, según un informe del Observatorio Europeo de las Corporaciones (CEO).

Durante los dieciocho meses siguientes a su salida los comisarios no pueden ejercer lobby ante las instituciones y deben informar a la Comisión de las ofertas de trabajo que piensen aceptar. Si esta cree que puede haber un conflicto de intereses debe pedir un dictamen al Comité de Ética antes de aprobar la incorporación. Pero en la práctica la mayoría reciben luz verde directamente de sus sucesores: de las 98 propuestas aceptadas entre noviembre de 2014 y el mismo mes de 2015 solo 37 fueron estudiadas por el Comité de Ética, según CEO.

Entre los excomisarios bien colocados destaca el caso de Neelie Kroes, extitular de Agenda Digital y Competencia que ya trabaja como consejera para Bank of América Merril Lynch, la segunda corporación bancaria más grande de Estados Unidos. En mayo de este mismo año fichó por la compañía de transporte privado Uber, a la que había defendido fervientemente aún en el cargo. Cuando el gobierno belga quiso prohibirla en Bruselas, Kroes les acusó de “defender a un cártel de taxistas”.

Al sector de las finanzas se ha pasado también el excomisario de Comercio, Karel De Gucht, quien lideró el inicio de las negociaciones del TTIP con Estados Unidos. Es miembro de los consejos de administración de las empresas de inversión Merit Capital y CVC Capital Partners, así como del principal operador de telecomunicaciones de Bélgica, Belgacom. El sector de las telecomunicaciones fue el tercero que más presión ejerció en las negociaciones del TTIP durante el mandato de De Gucht, según datos de CEO, que se dedica al escrutinio de la actividad corporativa en Bruselas.

Por su parte, Vivian Reding compagina su escaño en el Parlamento Europeo con su labor como miembro de la junta directiva de la compañía minera Nyrstar I y de la tecnológica Afga Gevaert. También es administradora de la Fundación Bertelsmann, principal accionista del gigante mediático del mismo nombre, un cargo que pese a estar relacionado con su cartera –Sociedad de la Información y Medios– fue autorizado por el Comité de Ética.

El español Joaquín Almunia, responsable de Competencia entre 2010 y 2014, recibió en abril el beneplácito para entrar en el comité científico de la Fundación Aristedi Merloni –ligada al grupo Ariston– y ha colaborado en un informe sobre la Unión de la Energía encargado por Enel. Ambas empresas son multinacionales energéticas italianas.

El papel del comité de ética

En la gran mayoría de estos y otros casos la Comisión Juncker, con o sin el aval previo del Comité de Ética, aprobó las incorporaciones y se limitó a recordar a sus predecesores el deber de no interceder por sus nuevos empleadores en 18 meses. Solo en tres casos la opinión del Comité de Ética llevó a la retirada de la propuesta en cuestión.

Las grandes compañías gastan millones de euros al año para influir en las políticas diseñadas por las instituciones, desde el medio millón de euros en lobby de Uber, hasta los más de dos millones de Enel, pasando por el millón y medio de Merrill Lynch en 2015. Así las cosas, a los comisarios, con amplia experiencia y una nutrida agenda de contactos, no les resulta difícil recolocarse.

En total, en su primer año fuera del cargo, los 26 comisarios de la última legislatura asumieron un total de 117 roles entre puestos en el sector privado, grupos de presión, autoridades estatales o instituciones educativas, entre otros.

Pero el fichaje de Barroso, aunque perfectamente legal, es el que ha levantado más ampollas en la Unión por lo simbólico del traspaso: el portugués estuvo al mando del Ejecutivo entre 2004 y 2014 y lideró la gestión de la crisis de financiera; en ese periodo Goldman Sachs jugó un rol crucial en su origen, siendo el epicentro de la crisis de las hipotecas basura y maquillando las cifras de la deuda griega. Barroso será ahora presidente no ejecutivo del banco de inversión y le asesorará sobre la salida de Reino Unido de la UE tras la victoria del Brexit.

Eurodiputados, funcionarios comunitarios y políticos de los Veintiocho han criticado con dureza una contratación que, más allá del potencial conflicto de intereses, refuerza la imagen de unas instituciones estrechamente ligadas a los gigantes financieros.

El gobierno francés ha instado a Barroso a rechazar el puesto. “Jurídicamente es posible, pero moralmente es inaceptable”, ha dicho el presidente François Hollande, el cargo más alto que se ha pronunciado al respecto. La Defensora del Pueblo Europeo, Emily O’Reilly, ha pedido a la CE que endurezca su código de conducta, recordando que la simple adhesión a las reglas no les exime de su deber de “integridad” a la hora de aceptar ciertos cargos.

Los socialistas franceses en la Eurocámara quieren que se extienda a 5 años el periodo de “enfriamiento”, que la CE cancele la pensión por jubilación de Barroso –de unos 18.000 euros mensuales- y que lleve un registro público de su actividad como lobista.

Pese a que el caso Barroso ha reavivado el escándalo, muchos de sus colegas dieron el salto al sector privado antes que él. Los que fueran principales ejecutores de la política comunitaria se han incorporado a grandes empresas del sector financiero, energético, tecnológico o de la comunicación.

El capítulo energético del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) que negocia la Unión Europea con Estados Unidos genera serias dudas sobre el futuro de la política climática y medioambiental europea. 

Varias ONG han dado la voz de alarma a la vista de las filtraciones ha revelado Guardian esta misma semana sobre la propuesta que la Comisión Europea ha presentado a Washington esta semana, durante la decimocuarta ronda de negociaciones que se desarrolla en Bruselas. Creen que, de aprobarse, el texto ataría las manos a los gobiernos europeos para promocionar las energías renovables y limitar el uso de combustibles fósiles y haría más difícil alcanzar los objetivos de reducción de emisiones y eficiencia firmados en el Acuerdo por el Clima de París.

El objetivo, según la UE, es liberalizar el comercio energético entre ambos bloques y promover la sostenibilidad, pero en la práctica las medidas propuestas para garantizar los intercambios priman sobre las destinadas a salvaguardar el medio ambiente. 

De acuerdo con el borrador filtrado por Greenpeace, la Comisión pide que se levanten todas las barreras a la importación y exportación de gas natural mediante un “compromiso legalmente vinculante”, lo que eliminaría las restricciones que aún impone Washington para exportar gas natural licuado (LNG) a Europa. Las organizaciones medioambientales creen que esto impulsaría la obtención de gas por fractura hidráulica (frácking), una técnica de gran impacto medioambiental muy extendida en Estados Unidos.

Pero lo que más preocupa es que la propuesta prevé que no se pueda fijar un precio más alto para las exportaciones que en el mercado doméstico “por ningún medio, ya sea a través de licencias o el establecimiento de precios mínimos”.

“El texto quiere prohibir el recurso a instrumentos de control de las exportaciones como los precios diferenciados, la introducción de cuotas, los monopolios estatales o las tasas a las exportaciones, que son instrumentos políticos indispensables para controlar la producción y uso de energías fósiles”, explican desde AITEC, la Asociación Internacional de Técnicos y Expertos, que ha analizado la propuesta.

Freno a las renovables

Bruselas pide además que se garantice el acceso de ambas partes a las infraestructuras y redes de transporte energéticas “en términos comerciales razonables, transparentes y no discriminatorios (incluyendo entre tipos de energía)”.

Este principio de “no discriminación” minaría las políticas de impulso a las energías renovables, impidiendo que los estados exijan un mínimo de producción eólica o solar, les otorguen subvenciones, les den tarifas preferenciales para acceso a las redes de distribución o privilegien el uso de proveedores locales frente a las multinacionales.

“Si no se da el mismo trato a todos los tipos de energía los inversores podrían considerar que se han vulnerado sus derechos y recurrir al Sistema de Tribunal de Inversiones (ICS)” que permite a las compañías demandar a los estados, explica el portavoz de Amigos de la Tierra Europa, Paul De Clerck.

“Un brazo de la CE está diciendo que quiere acabar con los combustibles fósiles, pero el brazo fuerte –la Dirección General de Comercio- dice que no se puede discriminar, haciendo a la UE vulnerable a estas demandas”, dice.

Bruselas, sin embargo, defiende que estas críticas “son  totalmente incorrectas”. La propuesta “está totalmente en línea con la legislación europea y los estados miembros son libres de dar preferencia a las renovables en el acceso a las redes”, dijo el negociador jefe de la UE, Ignacio García Bercero, en una rueda de prensa al término de la ronda de negociaciones.  

“Hemos sido criticados por centrarnos en los combustibles fósiles a pesar de que hay una sección entera de cooperación en eficiencia y renovables”, añadió.

El último borrador del capítulo, obtenido por The Guardian, señala que Estados Unidos y Europa están de acuerdo en la “eliminación progresiva de los subsidios a los combustibles fósiles” pero matiza que deberán tenerse en cuenta “consideraciones de seguridad energética”.

“Cuando se desarrollen sistemas de ayudas públicas, las partes tendrán en cuenta la necesidad de reducir los gases de efecto invernadero y limitar las distorsiones en el comercio tanto como sea posible” apunta en otro artículo.

Los Veintiocho importan el 53 % de toda la energía que consumen, el 40 % del gas natural llega desde Rusia y seis países dependen de un único proveedor, de ahí que la seguridad del suministro y la diversificación de las fuentes de energía sean una prioridad estratégica para la UE  y un importante argumento para que países muy dependientes del gas o el carbón mantengan los subsidios públicos.   

Las asociaciones ecologistas creen que los criterios comerciales y de seguridad se impondrán a los medioambientales, impidiendo que se acabe con estas ayudas. “Esto es lo que estamos viendo ahora y no hay razón para que cambie con la nueva propuesta”, incide De Clerck.

Este segundo borrador, no obstante, reafirma también los compromisos adquiridos con el Acuerdo de París, que en la propuesta previa brillaban por su ausencia.

Eficiencia

La oferta de la UE incluye medidas en materia de eficiencia energética y renovables pero, lejos de exigir compromisos vinculantes, se limita a pedir cooperación, armonización de estándares e intercambio de buenas prácticas. En este sentido, aboga por que “se impulse la autoregulación por parte de la industria” para fijar las exigencias en eficiencia, algo que que a juicio de los ecologista dinamita políticas europeas.

“Amenazaría los requisitos mínimos de eficiencia para bienes y equipamientos (frigoríficos, televisiones, coches, lavadoras) que han ahorrado millones de euros a los consumidores y evitado millones de toneladas de contaminación cada año”, dicen. 

Bruselas se dice “un poco sorprendida” por unas críticas que, considera, son fruto de la “malentendidos” sobre su proposición. “Es totalmente coherente con los objetivos acordados en la COP 21”, defendió García Bercero, quien señaló que han preparado una propuesta sobre clima que se incluirá en el capítulo de desarrollo sostenible.

La Unión Europea se ha fijado como objetivos para 2030 reducir al menos en un 40 % las emisiones de gases de efecto invernadero (con respecto a 1990),  alcanzar un 27 % de cuota de energías renovables y un 27 % de mejora en eficiencia energética.

La Unión Europea atraviesa una profunda crisis política y de desafección ciudadana. Que quien fuera presidente de la Comisión Europea durante la crisis financiera y de deuda pase ahora a presidir uno de los bancos de inversión que estuvo en su origen le hace un flaco favor a su imagen. El portugués José Manuel Durao Barroso, presidente de la Comisión entre 2004 y 2014, será contratado como presidente no ejecutivo de Goldman Sachs, el mayor banco de inversión del mundo y uno de los principales responsables de la crisis de las hipotecas basura, para aconsejarle tras la salida de Reino Unido.

El Brexit enfrenta al gigante financiero con la posibilidad de perder el “pasaporte único” que permite a las entidades operar en toda la Unión, y a cuestiones relativas a la Unión y la Supervisión Bancaria, temas que se gestaron o negociaron durante las dos legislaturas encabezadas por Barroso. Su mandato coincidió con los años previos a la crisis y el inicio de su gestión, que se saldó con los rescates a Grecia, Irlanda y Portugal y el rescate bancario a España.

La decisión ha creado un profundo malestar en las instituciones, sobre todo entre eurodiputados y funcionarios, que han pedido que se aclaren los posibles conflictos de intereses y se endurezcan las normas para los casos de “puertas giratorias” en un momento en el que cala sin dificultad la imagen de que Bruselas trabaja al servicio de los intereses financieros.

La delegación socialista francesa en la Eurocámara propone que se retire a Barroso el derecho a su pensión que cobrará en la edad de jubilación y está fijada en un 70 % de su último salario base, rondaría los 18.000 euros, ya que el presidente de la Comisión se embolsaba cerca de 26.000 euros al mes. La Comisión o el Consejo pueden pedir al Tribunal de Justicia que anule la pensión del expresidente, pero solo en caso de que este incumpla sus obligaciones, que una vez fuera del cargo se limitan básicamente a ser “honesto y discreto” en su nuevo rol profesional. Bruselas, por el momento, no ha anunciado ningún paso en esta dirección 

“Esta nominación es absolutamente vergonzosa. Barroso ha esperado el final de sus 18 meses para recoger inmediatamente el fruto del trabajo que hizo para Goldman Sachs y los mercados financieros devastando la vida de millones de ciudadanos con austeridad”, ha dicho, Marisa Matías, eurodiputada portuguesa de la Izquierda Unitaria, que también aboga por modificar esta regla.   

Barroso dejó el cargo en noviembre de 2014, con lo que desde mayo de este año no está obligado a rendir cuentas a Bruselas. Durante el año medio siguiente a su salida los comisarios tienen que informar de sus intenciones profesionales y, si estas pueden generar un conflicto de intereses, el Comité de Ética tiene que emitir un dictamen. Pero pasado ese plazo solo están obligados a mantener los principios de integridad, discreción y secreto profesional.

En esta tesitura los socialistas piden que se informe de todas las reuniones que Barroso mantenga en su nuevo cargo con miembros de las instituciones de la UE. En última instancia han llamado al propio Goldman Sachs a renunciar a contratar a al expresidente.

La CE ha confirmado que Barroso comunicó directamente la noticia por teléfono a su sucesor, el también conservador Jean-Claude Juncker, pero ha rechazado pronunciarse políticamente sobre la decisión. Sí ha recordado, sin embargo, que el expresidente renunció a la indemnización transitoria a la que tenía derecho tras dejar el cargo y ha defendido que sus reglas son más estrictas que las de otras instituciones y estados.

Los funcionarios europeos, habitualmente discretos, casi inaudibles, han enviado una carta abierta a la Comisión en la que se dicen “impactados” por la noticia y le piden “una reacción firme”. “No se trata de un banal conflicto de intereses”, apuntan, sino de un acontecimiento que “podría desacreditar la institución” y “alimentar la propaganda eurófoba de todos los populismos y extremismos”.

Las puertas giratorias no son un fenómeno nuevo en la Unión Europea. Hace apenas dos meses la excomisaria de competencia Nelie Kroes fichó por Uber, la compañía de transporte privado a la que mostró su apoyo aún en el cargo.