“Nosotros no somos narcotraficantes, nosotros somos víctimas. Caímos en una trampa y tenemos que levantarnos poco a poco y volver a sembrar comida”. Un líder social del departamento del Cauca habla ante una audiencia de unos 250 agricultores de coca y marihuana en la caseta comunal de su vereda para escuchar la propuesta oficial del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) pactado entre el Gobierno y las FARC.

Según datos del gobierno colombiano, el 81% de los cultivos de uso ilícito se concentra en seis de los 32 departamentos. El 43% de las aproximadamente 100.000 hectáreas sembradas con coca en todo el país está localizado en solo 10 localidades y, teniendo en cuenta esa concentración, 40 municipios están siendo priorizados para la aplicación del PNIS durante el primer año.

A la dificultad del proceso se añade el miedo. “Hacer el papel de líder social a veces da miedo. Uno tiene que tener mucho cuidado porque no sabe quién le está escuchando ahí delante”, se sincera el ponente –que prefiere mantener el anonimato–, después de hablar de la situación de los agricultores de coca delante de un centenar de personas.

No se equivoca. En esa misma línea trabajaba Faiver Cerón Gómez, líder social del municipio de Mercaderes, al sur del Cauca, cuando fue asesinado el 18 de febrero por grupos paramilitares, según la organización local. Cerón participaba en la resistencia regional a la minería y la erradicación forzosa de cultivos ilícitos. Con él, al menos son 18 los líderes sociales y defensores de derechos humanos que han sido asesinados en Colombia este año.

Sustituir los cultivos de coca

“Hay que entrar ahora al programa porque luego será un despelote”, comenta una campesina en la reunión, refiriéndose a las interferencias que supondrá la campaña electoral para las elecciones presidenciales de mayo de 2018.

Estas serán decisivas debido a que, en el segundo acuerdo firmado el 24 de noviembre después de la victoria del 'no' en el plebiscito, la implementación de la mayor parte de los acuerdos de paz depende de decisiones políticas del Gobierno, y por tanto de los nuevos comicios.

El programa de sustitución sería el primer paso para la aplicación del punto cuarto de los acuerdos de paz, relativo a la búsqueda de una solución al problema de las drogas. También se trata de una de las medidas clave para llegar a cumplir el apartado uno, acerca de la Reforma Rural Integral, que no establece ningún mecanismo de redistribución de la tierra.

Los afectados, sin embargo, se muestran desconfiados. “Desde el Gobierno de Turbay –de 1978 a 1982– han prometido muchos programas, acuerdos y planes que nunca han cumplido”, explica Benjamín Perales, vecino del municipio de Corinto, uno de los que serán prioritarios en la aplicación del PNIS. Perales se acuerda del programa Plante y Pa'lante para erradicar coca, marihuana y amapola que el Gobierno presentó en 1995 en varias regiones del país que aún esperan, en muchos casos, las medidas prometidas.

Qué supone acabar con los cultivos de coca

Hace 14 años que este agricultor empezó a cultivar coca, cuando la mancha de amapola había bajado mucho de precio. Él pensaba apostar por el cultivo de café pero, apunta, “resulta que en ese tiempo Álvaro Uribe –entonces presidente– decía que iba a acabar con el narcotráfico y con la guerrilla. Con eso, la coca se disparó. Estuvo a 75.000 pesos (25 euros) la arroba en 2003”.

Él gestiona también un cibercafé con cuatro ordenadores y es mecánico de motos por las tardes. Sin embargo, su principal sustento es el cultivo de una hoja que sabe que atrae violencia y muerte.

Acabar con ella sería un cambio importante a nivel psicológico porque, apunta, ya no viviría continuamente pendiente de la posible llegada de los soldados a su zona. También económico. El colectivo sospecha que los agricultores pasarían a ganar menos.

Empieza el informativo de televisión de las siete de la tarde. Una periodista explica que las zonas de desmovilización para las FARC aún no están finalizadas. “Si no han podido acomodar a la guerrilla, ¿cómo van a poder acomodarnos a todos nosotros?”, se pregunta Perales.

La erradicación como primera opción

“No hay voluntad política de cumplir con el espíritu de los acuerdos”, asegura en una entrevista telefónica Óscar Salazar, líder popular del sur del Cauca. Salazar es delegado de la Cumbre Agraria, organización que reúne a la mayoría de organizaciones y movimientos sociales rurales.

El cuarto punto del acuerdo final de paz predica que “a los cultivadores que no manifiesten su decisión de sustituir los cultivos de uso ilícito o incumplan los compromisos, el Gobierno procederá a su erradicación manual, previo un proceso de socialización e información con las comunidades”.

Según asegura Salazar, “la erradicación la están enfocando como primera opción” porque reina “la antigua visión, bastante dura, que el Estado y el Ejército se empeñan en tener”. Los acuerdos de paz añaden que “el Gobierno, de no ser posible la sustitución, no renuncia a los instrumentos que crea más efectivos, incluyendo la aspersión”. “Esto ya es un polvorín”, evalúa el líder caucano.

Para la erradicación de plantaciones de coca, Colombia utilizó la técnica de la fumigación aérea con glifosato durante aproximadamente 30 años. En 2015 ilegalizó esta práctica, que acababa con la vida de ecosistemas y provocaba enfermedades a las comunidades colindantes a las plantaciones, además de eliminar otros cultivos de productos legales.

La intención pública era aplicar, de nuevo, programas de sustitución sostenible y desarrollo rural alternativo pero el único efecto visible de esa medida legal fue el incremento alarmante del número de hectáreas sembradas con coca en el país. Según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (SIMCI), de 2014 a 2016 pasaron de 69.000 a 96.000.

Organización contra erradicaciones

Desde entonces, el Estado ha seguido erradicando a través de fumigaciones terrestres con glifosato –a pesar de que el uso de este químico de Monsanto ha sido objeto de debate por parte del Consejo Nacional de Estupefacientes y de movimientos de la sociedad civil– y de erradicaciones manuales con equipos especializados de la fuerza pública.

Las localidades del país afectadas por esta práctica han protagonizado protestas y concentraciones en sus plantaciones para denunciar que esas medidas se contradicen con lo pactado en los acuerdos de paz. Tratan de evitar que eliminen los cultivos que forman su sustento familiar.

Según varias asociaciones de campesinos, en los departamentos de Putumayo, Cauca, Nariño, Caquetá y Guaviare se han registrado varios centenares de erradicaciones forzadas en el último año.

Miedo y falta de garantías

Durante un plazo de dos años, los núcleos familiares de agricultores que arranquen voluntariamente las hojas de sus matas de coca recibirán, según el Gobierno, 327 euros al mes durante un año, así como materias primas, herramientas y asesoramiento técnico para proyectos agrícolas de larga duración por valor de 7.500 euros.

Esta es la opción que están barajando algunas de las familias de los 40 municipios priorizados. Muchas se preguntan si será cierto, si esta vez irá en serio. Si sus veredas dejarán de ser el escenario del primer escalón del narcotráfico.

Los miedos son varios. Miedo de arrancar los arbustos de coca, su sustento diario, y luego no recibir los recursos prometidos por el gobierno. De apuntarse, con nombre y apellidos, a una lista que recogerá información del campesinado cocalero que hasta hoy es criminalizado y perseguido judicialmente. Miedo de que la población no consiga vender a buen precio el plátano, el cacao o el aguacate que decidan plantar y, en consecuencia, se incrementen los robos y la violencia. La falta de garantías y el histórico incumplimiento gubernamental se suman a unas circunstancias globales que no apuntan hacia un cese del negocio del narcotráfico.

“Da miedo: matan a uno aquí, hay tiroteos allá. Luego vienen las autoridades y preguntan si vimos algo”, se lamenta otro campesino del municipio de Corinto que también prefiere guardar el anonimato. Hace cosa de un año llegaron unos cuantos soldados y le pidieron permiso para entrar a erradicar sus plantas de coca. “Yo les dije que no, pero ellos entraron igualmente y tumbaron unas pocas de ese lado”.

Al cabo de unas semanas, volviendo del funeral de un viejo amigo que fue asesinado se encontró con que los soldados habían regresado y no habían dejado ni una planta en pie. “Menos mal que yo tengo seis ganaditos, de eso vamos viviendo”.

“Yo tenía como misión estar en la puerta de entrada repeliendo cualquier intromisión o ataque de la policía. Eramos una guerrilla sin recursos, éramos una juventud que confiaba en que íbamos a cambiar la situación social”. María Eugenia Vásquez tenía en aquel entonces 23 años y un espíritu de lucha que hoy la sigue llevando a trabajar, esta vez en algo diferente.

Cuando dejó la guerrilla colombiana se unió a la Red Nacional de Mujeres Excombatientes de la Insurgencia, a través de la que fue invitada a la subcomisión de género de la mesa de negociaciones de los acuerdos de paz de La Habana.

En octubre de 2012 comenzaron las negociaciones de paz entre las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Gobierno colombiano, encabezado por Juan Manuel Santos. En ese momento, no había ninguna mujer en la mesa de negociaciones. Hubo que esperar a la celebración de la Cumbre de Mujeres y Paz un año más tarde para que el Gobierno reservara dos sillas que garantizaran la presencia femenina en las conversaciones.

El verano de 2014 supuso un gran avance. En la Habana, la mesa decidió, de manera inédita en el marco de otros procesos de paz, crear una subcomisión de género que incluyera la perspectiva de las mujeres en los borradores de los acuerdos.

Entre diciembre de 2014 y marzo de 2015, el organismo se reunió varias veces en la capital cubana con 18 representantes de organizaciones feministas y LGBTI. Aportaron sus visiones del impacto del conflicto armado a la discriminación de género y de diversidad sexual, y presentaron algunas propuestas con énfasis en la participación política femenina.

Violencia sexual y discriminación de género

“Sí, la nuestra es una sociedad machista. Pero no olvidemos que éstas prácticas son parte de un orden patriarcal heredado de Occidente y funcional al sistema económico dominante”, explica la antropóloga excombatiente. Cree que los acuerdos de hoy son una oportunidad para lograr transformaciones de fondo, pero también un reto. “Los cambios culturales son los más lentos y difíciles. En eso estamos”, añade.

Especialmente en las zonas rurales, donde hay mayor presencia de grupos armados, el conflicto dejó de ser un suceso político o bélico para convertirse en la norma de sus vidas desde hace varias décadas. Un contexto en el que las mujeres colombianas, “además de la discriminación y la explotación laboral, son víctimas de múltiples formas de violencia”, asegura la delegada de las FARC, Victoria Sandino.

Una investigación de Casa Mujer en el marco de la campaña Violaciones y otras violencias: saquen mi cuerpo de la guerra, afirma que entre 2001 y 2009, 489.687 mujeres fueron víctimas directas de violencia sexual en el país –una media de seis cada hora–, de las que un 19% habían sido violadas. Entre sus páginas quedan detalladas múltiples formas de violencia que las mujeres, por ser mujeres, sufren especialmente en el marco del conflicto. Prostitución, embarazo, aborto, esterilizaciones forzadas, acoso sexual.

Aquellas que pertenecen a los sectores más pobres son víctimas de violencia sexual con mucha más frecuencia. Solo el 18% de las víctimas denuncia el hecho y el 47% de las que no lo denuncian es por miedo a represalias. Sufren una discriminación por razón de género omnipresente: en sus hogares, en los centros de trabajo y en las mismas guerrillas. Según el XII informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres en Colombia, los presuntos agresores de las víctimas son, en la mayor cantidad de casos, militares o policías.

“Los padres son héroes, las madres abandonan”

Maria Eugenia Vásquez dio el primer testimonio en Colombia de una mujer guerrillera. En su libro Escrito para no morir explica cómo empezó a pedir que le dejaran usar falda en las acciones en las que participaban mujeres. “Era para que se notara que también estábamos en los operativos militares”, relata.

Su rostro muestra reproche si se le pregunta cómo es ser madre guerrillera: “¿Ustedes les preguntan a los hombres cómo fue ser padre guerrillero?”. “Tener cerca a los hijos en la clandestinidad es un riesgo para ellos. Entonces delegué la maternidad de mis dos hijos, lo cual es una renuncia en aras de 'dejamos nuestros hijos porque vamos a luchar para ofrecerles un mundo mejor”, explica.

Recuerda cómo las mujeres reciben reclamos de la sociedad y de sus propios hijos “porque no fuimos las madres que se esperaba, algo que se exige a las mujeres y no a los varones”. “Los padres que fueron guerrilleros son vistos por los hijos e hijas como héroes y las madres como unas abandonadoras”.

La antropóloga recuerda la llegada del feminismo a sus vidas como “un gran apoyo para despejar esas culpas, para esas mujeres que fuimos transgresoras de las maternidades tradicionales”, explica.

Resultados de la subcomisión

Los resultados de la subcomisión de género han sido aplaudidos y categorizados por columnistas y críticos colombianos como un “hito histórico”. El objetivo de esta ha sido revisar con una mirada propia los borradores de los seis puntos en la mesa de negociaciones: desarrollo rural integral, participación política, fin del conflicto, drogas ilícitas, víctimas y refrendación e implementación de los acuerdos.

Uno de los cambios más importantes se introdujo en el punto de víctimas en el que se anuncia la creación de un grupo especial para la investigación de la violencia sexual dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz. “El tema de violencia sexual quedó como delito de lesa humanidad, no amnistiable ni indultable”, destaca como logro la líder de las FARC-EP.

En general, la mayor parte de puntos que han pasado por el molde de la subcomisión añaden a lo existente criterios de género, inclusión de la mujer como sujeto activo, promoción de la no estigmatización por razón de orientación sexual o identidad de género diversa y aplicación de medidas para una representación equilibrada.

“Por experiencia sabemos que, si no se tienen en cuenta las acciones afirmativas, después de los acuerdos las mismas estructuras se seguirán perpetuando. Se necesitan espacios propios de las mujeres, no basta con espacios mixtos”, alerta Vásquez.

Pero está aún por llegar el desafío más grande. La implementación de los acuerdos con este enfoque de género sigue siendo un reto importante teniendo en cuenta que, debido al reciente incremento en el acceso de las mujeres a posiciones políticas, se calcula que entre 2014 y 1015 aumentaron un 23% las agresiones contra estas.

Hay desconfianza. Pese a que los sectores feministas aplauden la creación de la subcomisión de género, algunos recuerdan que las instituciones colombianas arrastran una larga tradición en el incumplimiento de acuerdos y leyes, por lo que ponen en duda los efectos prácticos que tendrán los acuerdos a nivel territorial.

“Es una ilusión pensar que los acuerdos cambien radicalmente la realidad social. No sucedió con la Constituyente de 1990 y no sucederá con los acuerdos. Son un camino”, afirma Vásquez. La antropóloga destaca el papel del Estado, pero también el de la ciudadanía para “la tarea de construir lo que consideramos paz a mediano y largo plazo”. “Ello implicará movilizaciones y confrontaciones”, añade.

Postconflicto y reinserción a la vida civil

Este 26 de agosto se ha firmado en la ciudad costera de Cartagena el Acuerdo Final para el Fin del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, a la espera de que el próximo 2 de octubre quede o no ratificado por parte de la población colombiana a través de un plebiscito.

Si sale el sí, Colombia estará entrando muy pronto en la llamada etapa del postconflicto –que algunas voces críticas han rebautizado como el postacuerdo, sugiriendo que el conflicto no termina tan solo con este paso– e iniciando el proceso de desmovilización y reinserción civil de guerrilleros y guerrilleras. Se estima que actualmente puede haber unos 17.500 combatientes de las FARC y que el 30% de estos sean mujeres.

“Trabajar en la guerrilla urbana, experiencia rural, cárcel, tortura, amnistía, trabajo político...”. Vásquez describe los peldaños de su vida, ahora que su presencia en este hito histórico colombiano sigue siendo relevante.

Recuerda ahora cómo decidió retirarse “por motivos ideológicos y personales” del movimiento M19, pocos años antes de que en 1990 se desmovilizara todo su conjunto después de un proceso de negociaciones de paz con el gobierno. “En ese paso tan importante para lograr la paz en Colombia, las mujeres guerrilleras fuimos más estigmatizadas que reconocidas. La sociedad nos cobró la doble transgresión: actuamos contra lo establecido y fuimos en contra de los patrones femeninos”, relata.

Mantiene en mente la discriminación perpetua que las mujeres han sufrido y sufren a lo largo de este proceso, pero valora positivamente el trabajo de la subcomisión de género con las FARC. “Comparado con los acuerdos de los años noventa, hay avances gigantes. Se ven las luchas de las organizaciones de mujeres y las agendas internacionales que presionan por un enfoque de género”, concluye.