Carlos Mesa sabe lo que es ser arrastrado por una crisis política con protestas en las calles. En 2003 vivió de primera mano cómo la masacre que provocaba el ejército contra los manifestantes bolivianos acababa con el mandato de Gonzalo Sánchez de Losada. Su renuncia fue también su ascenso: de vicepresidente pasó a ser el máximo mandatario de Bolivia. Un mandato de 14 meses que acabó en medio también de protestas por la no nacionalización del gas y que desembocarían en una presidencia interina, una convocatoria electoral y la victoria de Evo Morales en 2005. Casi un espejismo de lo que hoy se vive en las calles.

“Carlos Mesa no es un político al uso, él es académico, un periodista e historiador que dio el salto a la política gracias a su buen hacer como comunicador”, explica el politólogo Ludwig Valverde. Aquello fue en los inicios del 2000. La posibilidad de exportar el gas por Chile hizo arder al país. La sociedad boliviana salió a protestar porque no querían que su gas pasara por el país que negaba una salida al mar a Bolivia. Más de 70 muertos en lo que se llamó el octubre negro. Todavía los seguidores de Morales siguen cantando “Mesa, octubre no se olvida”. En aquel momento, el líder de Comunidad Ciudadana era vicepresidente. La tragedia le dio paso a la presidencia que abandonó meses después provocada por la exigencia de nacionalizar el gas de Evo Morales y los suyos tanto en la calle y en el parlamento. 

Años después, Carlos Mesa volvió a la política nacional y lo hizo de la mano del que luego sería su principal rival. El gobierno del Movimiento al Socialismo confió en Mesa para que defendiera la causa de la salida al mar boliviana en La Haya. Volvió a brillar como comunicador ante la diplomacia y también ante la ciudadanía, sobre todo, ante una entrevista en la cadena pública chilena. Una parte de Bolivia vio en él un posible contrincante a Evo Morales. “En las encuestas empezaba a aparecer el nombre de Carlos Mesa como uno de los favoritos de los bolivianos y Mesa se dejó convencer por estos buenos pronósticos”, explica el politólogo.

Después del referéndum del 21 de febrero en el que el 51% vota en contra de cambiar la constitución para permitir la reelección indefinida de Evo Morales, Mesa se prodiga en los medios. Su aterrizaje no se da con un discurso contra las principales medidas de los 14 años de la era Evo dado el buen rendimiento económico y social sino que habla de regenerar la democracia y tiene un mensaje contra la corrupción. Se presenta bajo una coalición ciudadana, alejada de los partidos. “Él se considera un outsider y así quiere actuar”, remata Valverde. Se inspira en el República en Marcha de Macron. En octubre consigue un resultado espectacular aunando el voto útil opositor para echar a Morales-.

Este resultado, eso sí, varía si tenemos en cuenta el dado al final por el Tribunal Supremo Electoral (del 36'75%) o el que salía en el TREP, que llegaba hasta el 38% forzando la segunda vuelta. Este balotaje se vuelve su reivindicación. Es el favorito en caso de celebrarse. El trasvase de votos de los otros dos candidatos que le siguen en resultado (9% Chi Hyun Ghung y 4'5% Óscar Ortiz) le harían imponerse al 46’8% de Evo. Sin embargo, el TSE da la victoria a Morales. Comienzan las denuncias de fraude. Mesa es el protagonista, el que consideran principal perjudicado y gran rival de Morales. A partir de entonces empieza a caer.

Dicen los que lo conocen que su perfil de outsider, académico y comunicador es su gran punto a favor mientras que cuenta con déficits en la toma de decisiones. “Piensa y reflexiona demasiado las cosas”, dice un ex colaborador suyo. En el momento en que Bolivia se adentra a una crisis política su perfil es arrollado por el de los halcones. Primero es Luis Fernando Camacho y los comités cívicos los que lo echan a un lado. Su tono se vuelve excesivamente suave. “Tibio” es la descripción casi como insulto que dan los universitarios que están en las barricadas. Un ejemplo: cuando Morales convoca elecciones tras el informe preliminar de la OEA sobre el posible fraude en las elecciones de octubre, Mesa pide que el entonces presidente no se presente. No exige la renuncia, solo la menciona como una elección del propio Morales. Para Camacho y sus seguidores, los que lideran las protestas, el adiós de Evo Morales y del MAS del gobierno es una línea roja.

La gran foto una vez se confirma el golpe de Estado contra Evo Morales es Camacho sobre un coche de policía o dentro del Palacio Quemado arrodillado frente a una bandera y una biblia. Nada de Mesa. Horas después otro golpe a su protagonismo: Jeanine Áñez jura como presidenta. Áñez es del partido Unidad Demócrata, el cuarto partido más votado en las elecciones el 20 de octubre, pero el principal de la oposición en 2014 a partir del cual se basa el parlamento actual. Cuando nombra a su gabinete no elige a ningún representante cercano a Carlos Mesa ni a Comunidad Ciudadana. Empiezan los malabares.

Asegura mostrar su apoyo al gobierno de Áñez, rechaza que se trate de un golpe de Estado y pide la convocatoria “inmediata de elecciones”, eso sí, lo hace reclamando que el MAS reconozca a la nueva mandataria como presidenta. Califica la frase del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas pidiendo la renuncia a Evo Morales como “desafortunada”. Sobre las muertes en la calle a cargo de la represión de los militares, pide investigaciones precisas y transparentes. No se moja, no ejerce de defensor, pero tampoco alza la voz contra la gestión gubernamental en la represión en las calles, la persecución de periodistas, la toma de decisiones en periodo de interinidad en política internacional o las imágenes de la Biblia “volviendo al Palacio”.

La situación de Carlos Mesa es incómoda. No tiene poder, pero tampoco puede ejercer de oposición. Su falta de representantes parlamentarios hacen que su único poder de influencia sean las mesas de diálogo convocadas por la ONU y la Iglesias y los votos de octubre. Eso sí, él mismo sabe que muchos de sus votos el pasado octubre fueron prestados dadas las encuestas que le situaban con posibilidades de forzar una segunda vuelta contra Morales. De ahí ha pasado a la irrelevancia, a dar bandazos, a intentar adaptarse al lenguaje de los Camacho o Áñez que, en caso de presentarse a las elecciones, podrían capitalizar más el voto 'anti-Evo'. Lo que está claro es que cuanto más se alejen las elecciones, menos posibilidades tendrá de ser lo que fue: el líder de la oposición, alguien con opciones de volver a ser presidente. Con distancias, el intento de Mesa de ser Macron puede acabar por salirle Albert Rivera.

Bolivia vive a dos velocidades. Una semana después del golpe de Estado que derrocó a Evo Morales y la toma de posesión de Jeanine Áñez como presidenta, el país vive entre los sucesos trágicos que marcan el día a día y la batalla de un futuro en las urnas. La convocatoria de unas nuevas elecciones es clave para la pacificación del país y la solución en la que los principales actores políticos parecen coincidir. Sin embargo, hasta llegar a que sean los votos los que dicten quién ha de hacerse cargo de Bolivia todavía quedan demasiados pasos y una cruenta partida de ajedrez.

Este martes hay convocada una sesión de la Asamblea Plurinacional a la que tanto la presidenta del Senado, Eva Copa, y del Congreso, Sergio Choque, ambos del Movimiento al Socialismo (el partido de Evo Morales), han llamado a los representantes opositores a que participen para tratar la convocatoria de nuevas elecciones generales. Sin embargo, desde el gobierno de facto de Áñez no acaban de estar convencidos de poder llegar a un acuerdo con el MAS y valoran convocar elecciones vía decreto presidencial saltándose los acuerdos parlamentarios.

Así lo ha asegurado este lunes el ministro de la Presidencia: “Si vemos que hay dificultades para poder convocar las elecciones, una de las sugerencias que va a hacer el Ministerio de la Presidencia a la señora presidenta es que de manera inmediata convoquemos elecciones a través de algún otro instrumento legal”. Las negativas a acudir a una asamblea dominada por los masistas se debe también a la posibilidad de que rechacen la renuncia de Evo Morales, que sigue sin haber sido votada en las cámaras.

Si las elecciones se convocasen de manera unilateral por el gobierno de los contrarios a Morales se darían sin llegar a acuerdos fundamentales como una elección consensuada de los órganos electorales. El Tribunal Supremo Electoral es considerado como el cuarto poder del país y en los siguientes procesos estará vigilado con lupa después de las acusaciones de la Organización de Estados Americanos de fraude de las pasadas elecciones de octubre. Según la Constitución, de los siete miembros que integran este órgano electoral, seis son elegidos por la Asamblea Legislativa en la que los partidarios de Evo Morales tienen más de dos tercios de representación, por lo que son indispensables para llegar a un acuerdo.

Durante el lunes se instaló una mesa de negociación auspiciada por la Iglesia y la Organización de las Naciones Unidas entre el actual Ejecutivo, los dirigentes afines a Evo Morales y los sectores sociales. Esta mediación intenta precisamente encauzar un acuerdo para la celebración en un plazo de tres meses de unas “elecciones transparentes”, tal y como declaró la Conferencia Episcopal en un comunicado, así como pacificar el país, que lleva una veintena de muertos en la última semana desde que Áñez asumiera como presidenta, según las organizaciones sociales.

Pese al papel que tiene el Parlamento boliviano como forma de rechazo al mandato de Áñez, tanto Evo Morales desde el exilio como sus seguidores en la calle son los que tienen el protagonismo. Las movilizaciones continúan y el fin de semana una de ellas acabó con al menos nueve muertos en Cochabamba a causa de la represión de las Fuerzas Armadas por órdenes del Gobierno. De hecho, el propio Ejecutivo emitió una orden en la que eludía de responsabilidades penales a los militares en este tipo de hechos. El Gobierno español, por su parte, se ha unido a la ONU y ha pedido una investigación de lo sucedido y ha rechazado el uso represivo de la violencia contra los manifestantes. Las autopsias han confirmado que las muertes de nueve personas en la jornada más trágica fueron por proyectiles de armas de fuego.

Batalla entre Morales y Áñez

Evo Morales sigue dando entrevistas a los medios internacionales y cargando contra el golpe de Estado de Áñez en casi un diálogo constante entre el ex mandatario y la nueva presidenta desde la distancia. Si una le acusa de querer llevarle a la justicia por fraude y corrupción, él responde que está buscando la manera legal de volver a Bolivia. Si Áñez dice que son los jueces los que decidirán la candidatura del MAS a las próximas elecciones, Evo responde que renuncia a su candidatura, pero que quiere acabar su mandato que termina el 22 de enero y que todavía sigue siendo el presidente porque no se ha votado su renuncia. Si la presidenta saca a los militares, el líder cocalero dice que él puede lograr la pacificación del país.

La partida de ajedrez está en las declaraciones de Morales y en las acciones del gobierno post-golpe que, pese al anuncio de transitoriedad e interinidad, toma decisiones tan importantes como romper relaciones diplomáticas con la Venezuela de Maduro, reconocer la presidencia de Juan Guaidó, salir de la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe (ALBA) o cambiar el nombre del periódico estatal de Cambio por Bolivia. Áñez también ha cambiado la cúpula de las Fuerzas Armadas sustituyendo al comandante en jefe que pidió la renuncia de Morales y ha enseñado a la prensa la habitación presidencial del primer presidente indígena intentando señalar el lujo de una cama y un baño privado.

Curiosamente la batalla mediática entre Evo y Áñez se da entre dos personas que seguramente no estarán en las próximas elecciones al frente de sus respectivas fuerzas electorales. La propia Áñez dijo nada más asumir el poder que no se presentaría a las elecciones y falta por ver si habrá un gran conglomerado de todos los contrarios a Evo, si se seguirán manteniendo las candidaturas del 20 de octubre (hubo tres con más del 4% que se presentaban como contrarios a Morales) o si habrá alguna nueva candidatura proveniente de los comités cívicos en torno a personalidades como Luis Fernando Camacho.

Jeanine Áñez tomó posesión el martes declarándose una presidenta transitoria y prometiendo elecciones “cuanto antes”. Sin embargo, los tres días desde su nombramiento tras el golpe de Estado a Evo Morales no han sido desaprovechados por la nueva mandataria boliviana que se ha olvidado de su periodo de provisionalidad hasta unos nuevos comicios y ha ido tomando decisiones de un calado muy importante que podrían afectar a la política nacional, pero también a las relaciones internacionales del país no sólo en el hoy, sino en un todavía incierto futuro.

Áñez entró en el puesto prometiendo devolver la Biblia al Palacio. Sus primeras imágenes como presidenta fueron con el libro sagrado de los cristianos en la mano lo que supone un retroceso a antes de la Constitución de 2009 en la que se establece la laicidad del Estado. Esto es, la separación del poder eclesiástico y de influencia de la Iglesia de todo lo que tenga que ver con las Administraciones Públicas. Asimismo, esta toma de poder la hizo en el Palacio Quemado, la antigua sede de gobierno antes de que Morales mandase construir la Casa Grande del Pueblo, un imponente edificio que se encuentra justo detrás.

Pero esa imagen es puro simbolismo comparadas con las otras decisiones que Áñez ha tomado o que plantea tomar. El mismo día de la toma, quien le anudaba la banda era el entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman. Hoy, para hablar del hombre que provocó la renuncia de Evo Morales hay que hacerlo en pasado. La mandataria cambió en su primer día de gobierno la cúpula militar sustituyendo a Kalima, quien se le consideraba un aliado de Morales hasta que el domingo pidió la marcha del presidente, por el general Carlos Orellana Centellas.

En tres días de gobierno, el gobierno boliviano también ha mostrado su predisposición hacia las críticas a los medios de comunicación y a la petición de encarcelamientos. La nueva ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, amenazó a la prensa nacional y a la internacional con acusarla de sedición “si no cumplen con su trabajo”. “Algunos periodistas, bolivianos y extranjeros, que están causando sedición en nuestro país, tienen que responder ante la ley boliviana”, explicó la responsable gubernamental. Estas acusaciones también se dirigieron hacia antiguos ministros y funcionarios del país. El ministro de Gobierno anunció “una cacería” contra su predecesor al que acusó de haber estado sembrando la violencia en el país.

Ha sido en política exterior y especialmente relacionado con Venezuela donde Áñez ha dejado su impronta sin importarle el calificativo de “transitorio” que le puso ella misma a su mandato. De los primeros reconocimientos internacionales que tuvo al jurar su cargo fue el de Juan Guaidó, proclamado presidente de Venezuela por la Asamblea Nacional en la que hay mayoría opositora. Vía Twitter él felicitó a la nueva presidenta y ella le invitó a nombrar un nuevo embajador en el país lo que en ese momento suponía una quiebra con el gobierno de Maduro y el reconocimiento expreso de Guaidó como máximo dirigente venezolano.

A esto se añadió este viernes el anuncio por parte de la canciller interina, Karen Longaric, que el país rompía relaciones con el Ejecutivo venezolano. El motivo que esgrimió Longaric fue que había venezolanos vinculados con la embajada del país en La Paz que estaban “atentando contra la seguridad interna de Bolivia”. Asimismo, señaló que el actual gobierno será “consecuente” con los principios democráticos de respeto a los derechos humanos y la carta democrática de la Organización de Estados Americanos.

La responsable de la diplomacia boliviana también anunció la marcha del país andino del ALBA, la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe que ideó el fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez y a la que se unió Bolivia en cuanto Evo Morales subió al poder. Bolivia se añade ahora a Ecuador que en 2018 decidió salir tras la crisis de refugiados venezolanos. Ahora mismo, el grupo está compuesto por Antigua y Barbuda, Cuba, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Dominica, San Vicente y las Granadinas y la propia Venezuela además de Haití como observador.

El rechazo entre el nuevo gobierno boliviano y el ALBA es mutuo. Los integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América acordaron calificar la salida del poder de Evo Morales y la llegada de Áñez como un “golpe de Estado consumado de la oligarquía boliviana”, acusaron al ejército boliviano de violentar el orden constitucional y reclamaron el regreso de Evo Morales al que consideran como el presidente legítimo del país.

Asimismo, también deslizó la posibilidad de abandonar la cada vez más debilitada Unasur. Este proyecto que intentaba integrar a todo el continente latinoamericano, especialmente durante el periodo de gobiernos progresistas en países como Brasil y Argentina, tuvo un papel fundamental en la crisis del Oriente boliviano en 2008 cuando las tres regiones de la ‘media luna’ (Beni -de donde es Áñez-, Pando y Santa Cruz) iniciaron una revuelta autonomista contra Morales. En ese momento, la determinación de los socios de Unasur fue clave para frenar la insurgencia.

Por último, la autoproclamada presidenta del país puso además en duda que Evo Morales y el Movimiento Al Socialismo pudieran presentarse en las elecciones que debe convocar.  “El tribunal deberá decidir si el MAS puede participar o no”, explicó la nueva mandataria del país acusando al partido del ex presidente de causar un golpe de Estado con el intento de fraude electoral. Morales convocó nuevas elecciones tras el informe preliminar de la OEA, unas elecciones que siguen sin tener fecha, pero que tienen como límite el 22 de enero, día en que acaba el mandato constitucional de las cortes. Mientras tanto, Áñez seguirá tomando medidas.

El Senado ha elegido por unanimidad este jueves como presidenta a Eva Copa, del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales. Lo ha hecho en presencia y con el apoyo de cuatro senadores opositores. “Hemos podido consensuar las bancadas de oposición y oficialismo con el único objetivo de poder viabilizar las nuevas elecciones lo antes posible, poder pacificar a nuestro país y, sobre todo, defender la democracia”, dijo tras jurar el cargo Copa, conocida por su activismo por los derechos de la juventud y las mujeres.

En caso de vacío de poder, el presidente de la Cámara de Senadores es el segundo en la línea de sucesión del jefe de Estado en Bolivia, tras el vicepresidente del país y por delante del presidente del Congreso. La presidencia del Senado había quedado vacante por la renuncia de Adriana Salvatierra, también del MAS. En este contexto, Áñez, que era segunda vicepresidenta de la cámara, se proclamó mandataria interina de Bolivia en un pleno casi vacío.

Se trata de un nuevo capítulo en el sistema parlamentario boliviano que replantea la asunción de poderes en el país después de que, el miércoles de madrugada, los 74 diputados presentes en el Congreso (73 del Movimiento al Socialismo y una de la oposición) consiguieron entrar de noche en la Cámara Baja tras los primeros impedimentos policiales y votaron un nuevo presidente del Congreso. Sergio Choque consiguió los votos de los suyos y se convirtió en la cuarta autoridad del país, que le daría derecho a ocupar la presidencia en caso de vacío de poder, hecho que todavía no ha reclamado. Tampoco lo ha hecho la nueva presidenta del Senado.

Los nombramientos de Choque y Copa son el contrapoder al de Jeanine Áñez. Bolivia, al igual que España, tiene un sistema parlamentario bicameral. Esto es, tiene dos cámaras: Senado y Congreso. Si habitualmente toda la atención política la tiene el presidente, en este momento de incertidumbre estas asambleas se han convertido en uno de los puntos clave de esta crisis. Así, en una se trabaja para que el golpe de Estado contra Evo Morales triunfe y obtenga una justificación a partir de los recovecos legales, y en otra para que los seguidores del mandatario asilado en México puedan montar un instrumento que haga de contrapeso a la autoproclamada presidenta.

El martes, los diputados opositores convocaron la Asamblea Legislativa. El objetivo era votar la renuncia de Evo Morales como presidente y Álvaro García Linera como vicepresidente para hacerlas oficiales, así como intentar nombrar una nueva dirección tanto en el Congreso como en el Senado. Sin embargo, la sesión no se produjo. La ausencia de los diputados socialistas (que tienen dos tercios de la representación), que señalaron no contar con las garantías mínimas para poder trasladarse, hizo que el primer intento quedase en nada ante la falta de quórum establecida en este caso en la mitad más uno: 65 de 130.

Por la tarde, volvería a ocurrir lo mismo con la diferencia de que la oposición sí que iniciaría la sesión y proclamaría el 'ascenso' de Áñez de vicepresidenta segunda a presidenta del Senado ante las renuncias de los dos cargos superiores. Inmediatamente asumiría la jefatura del Estado, justificándose en el vacío de poder ante las dimisiones de Evo Morales y su vicepresidente, que no se habían votado por la mañana.

El riesgo de 'venezolanización'

Con el nombramiento de Eva Copa, el Congreso y Senado recomponen su directiva tras la cascada de dimisiones y se amortigua el riesgo de que las dos cámaras parlamentarias del país vivieran sin reconocerse. En estos momentos, los que sí se contraponen son el poder legislativo y el ejecutivo, con la consiguiente dualidad. Por ejemplo, en su primera intervención como presidente del Congreso de los Diputados, Sergio Choque pidió a los policías y a las Fuerzas Armadas que dejen de reprimir a los manifestantes que piden la vuelta de Evo Morales. Sin embargo, en estos momentos, las fuerzas de seguridad responden a los mandos de Jeanine Áñez, a quien ayudaron a llegar al poder tras pedir la renuncia del anterior presidente.

Antes de que el Senado nombrara nueva presidenta, el politólogo Diego Ayo señalaba que uno de los escenarios posibles es que “exista una conflagración mutua y que convivan dos presidencias como en Venezuela”. La comparación con el país de Nicolás Maduro es una constante por parte de la derecha boliviana que quiere calificar a Evo Morales de dictador y de querer perpetuarse en el poder. En Venezuela la Asamblea Nacional, donde tiene mayoría la oposición, nombró presidente a Juan Guaidó y desconoció a Maduro, mientras que para la Asamblea Constituyente el dirigente del país es el hijo político de Chávez.

Esta venezolanización de la situación boliviana se caracterizaría en que una parte importante del país no reconoce a la que se autoproclamó presidenta mientras que otra parte no reconocerá a ningún dirigente que no sea Áñez. En segundo lugar, cada una de las dos cámaras que representan la voluntad popular ha tenido una consideración totalmente opuesta a la situación que vive el país empezando por quién ocupa la jefatura del Estado. Esto podría dificultar mucho la necesidad de acuerdos que marquen el futuro del país que pasa por unas elecciones que el mismo Morales convocó. Entre estos acuerdos está la renovación de los órganos electorales o la fecha de los comicios.

Sin embargo, existen diferencias respecto a la situación que vivió Venezuela hace unos meses. La más clara en lo que se refiere al trabajo parlamentario es que, a diferencia de Venezuela, donde cada bando tiene una presencia mayoritaria en una de las dos cámaras por dos votaciones populares en momentos diferentes; en Bolivia tanto Senado como Congreso tienen mayoría de representantes de izquierdas. Esta mayoría surge de la misma votación: las elecciones de 2014 donde Evo ganó con más del 60% de los votos y expira el 22 de enero.

Ayo señala otros escenarios alternativos que pasan por el “diálogo y el pacto” entre sectores del MAS y los movimientos sociales con sectores de la oposición para establecer un camino hasta las elecciones que deberían celebrarse antes de la fecha señalada. Según quién convoque esas elecciones y con qué condiciones, se podría generar una situación similar a la que llevó a Guaidó a autoproclamarse presidente: que una parte no las reconozca generando una bicefalia al estilo venezolano.

Del “la Biblia vuelve al Palacio” al “la wiphala se respeta, carajo”. Los símbolos juegan una batalla fundamental por la hegemonía cultural y la construcción de un relato. En Bolivia, después del golpe de Estado que derrocó a Evo Morales, hay dos  narraciones totalmente diferentes: los que hablan de que a Evo le obligaron a renunciar en un golpe cívico-policial que contó con la colaboración final del ejército y los que defienden que fue un movimiento ciudadano que restableció la democracia. Y cada relato tiene su símbolo y su sentido. 

Minutos después de que Evo Morales anunciase su renuncia como presidente del país, algunos seguidores de la oposición decidieron descolgar banderas wiphalas, la que representa a los pueblos originarios (a cuadros con disposición diagonal y varios colores) y a quemarlas. A estos actos se unieron algunos policías, que los días antes se habían amotinado contra el gobierno, quienes se arrancaron del uniforme esta enseña y lo cortaron. Vídeos en las redes sociales con unas acciones que los pueblos indígenas, hasta 36 en toda Bolivia, sintieron como una agresión. 

Casi a la vez, uno de los líderes de las protestas, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, entraba en el Palacio Quemado, la antigua sede presidencial, con una biblia. “La Biblia ha vuelto al Palacio”, tuiteó en su cuenta con una imagen en la que se le veía arrodillado, cara hacia abajo, con la bandera boliviana extendida sobre el suelo y el libro sagrado de los cristianos. La frase se repitió dos días después cuando Jeanine Áñez, senadora de la coalición derechista Unidad Demócrata, se acababa de autoproclamar presidenta del país. La Biblia y cualquier mención a Dios acababan de ganar la batalla a las banderas indígenas. 

La Constitución boliviana establece, por una parte, el laicismo del Estado, un “al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” que separa las labores políticas de la Administración con la Iglesia, lo que no quita que siga teniendo influencia. Por otra, la constitución de 2009 considera a Bolivia como un Estado Plurinacional. A diferencia de España, esta plurinacionalidad no la expresan los territorios sino los diferentes pueblos y etnias que viven en el país. En total, 36 diferentes, uno de los países con mayor riqueza. Aimaras y quéchuas son los mayoritarios, pero se añaden otros como los guaraníes o los araonas. Esta riqueza cultural queda reflejada en la Constitución incluyendo no sólo el apelativo plurinacional sino también señalando a la wiphala como un símbolo propio del Estado. 

Que la oficialidad de la wiphala fuera aprobada con Evo Morales como presidente, quien a su vez fue el primer presidente indígena del país, la convierte en un símbolo de sus seguidores. Pero también lo es contra la intolerancia y el racismo que ha vivido el país hasta hace apenas una década y media. “Quieren que volvamos atrás, a que volvamos a tener vergüenza de ir de pollera (vestimenta típica aimara que se caracteriza por las faldas largas y anchas)”, dice Glenda Yáñez de 40 años quien recuerda que su abuela cuando emigró a la ciudad dejó de vestir a sus hijas con la prenda clásica para evitar problemas. “Antes había en sitios en la ciudad en los que no podían entrar esas mujeres que venían del campo”, añade la paceña, hoy diseñadora que apuesta por este tipo de trajes como leit motiv. 

Ver quemar la bandera de los pueblos originarios ha generado una reacción contra los que hoy se consideran nuevos gobernantes del país. El escritor indianista Carlos Macusaya señala que el ataque contra la wiphala se ha tomado “como una agresión” a los pueblos originarios que han sido históricamente olvidados y discriminados. “Hay mucha gente que ha salido a la calle a protestar contra la oposición no por Evo Morales sino por la wiphala y por actitudes racistas que ha tenido la oposición durante las manifestaciones”, agrega. El “si hacen esto a la bandera ahora que acaban de llegar, qué van a hacer conmigo si gobiernan” es un temor entre poblaciones indígenas que, además, están vinculadas con localidades con menores ingresos económicos. 

La derecha boliviana ha intentado remediar el asunto. Ha vuelto a colgar algunas de las banderas que habían sido retiradas de la Plaza Murillo, el kilómetro cero de la política boliviana, o del Palacio de Gobierno. El que fuera segundo candidato más votado en las pasadas elecciones de octubre, Carlos Mesa, ha condenado la quema de wiphalas y ha pedido a los autores que pidan perdón por sus acciones. La policía también ha intentado limpiar su imagen y ayer izaron banderas wiphala “como símbolo de unión de todos los bolivianos”. 

Lo que sí que está claro es que mientras en las manifestaciones opositoras de la semana pasada la bandera que protagonizaba la vista era la nacional tricolor, en las marchas de apoyo a Evo Morales y condena del golpe de Estado es la wiphala. Esta batalla de banderas va más allá y es una percepción de la propia Bolivia, o la República asociado a formas de gobierno elitistas o el Estado Plurinacional donde muchos pueblos originarios sienten representadas sus diferentes identidades. 

El otro símbolo es la religión. “Bolivia es un país en el que convive la creencia católica con prácticas indigenistas que integran muchos elementos de la Iglesia”, explica el politólogo Ludwig Valverde. La llegada del MAS al poder fue aparejada de una apuesta por un Estado laico. Hasta 2006, los presidentes y los demás altos cargos juraban su cargo ante la Biblia, mientras que ahora prometen con el puño izquierdo en alto y la mano derecha en el corazón, aunque son libres de hacerlo según el credo que se considere. En los últimos meses la creencia de movimientos católicos y evangélicos está tomando cada vez más fuerza. Lo demuestra la irrupción del candidato Demócrata Cristiano, Chi Hyun Chung, quien con un mensaje racista, homófobo y ultra católico consiguió el  9% de los votos con apenas nueve semanas de campaña. 

El mensaje cristiano tiene especialmente fuerza en la zona del Oriente, donde la oposición siempre ha tenido más fuerza. Tanto Camacho como Áñez son de la llamada media luna oriental (Santa Cruz, Beni y Pando) que en 2008 hizo una revuelta autonomista contra el entonces presidente. Esta región es la que tiene menor porcentaje de población indígena y es donde grupos como Unión Juvenil Cruceña, de extrema derecha, tienen apoyo en sus ataques contra los que ellos llaman “collas”, una forma despectiva de referirse a los indígenas andinos. Por ello es donde el cristianismo tiene más presencia y menos influencia de prácticas o credos indigenistas. 

“La Biblia está volviendo a Palacio de Gobierno. Nunca más volverá la Pachamana. Bolivia es Cristo” fue uno de los mensajes de Camacho estas semanas denigrando las creencias indigenistas sobre la naturaleza. “Qué año nuevo aymara ni lucero de alba!! satánicos, a Dios nadie lo reemplaza!!” (sic) fue un tuit de la hoy autonombrada presidenta del país, Jeanine Áñez.

Otros tuits difundidos en las últimas horas y atribuídos a Áñez son falsos; este es real y aunque lo ha eliminado, aún queda rastro en Internet.  La Biblia y la wiphala, el cristianismo como forma de separarse de la herejía comunista contra la cosmovisión indígena que también ha incluido al catolicismo. Los símbolos, más que significantes vacíos, resultan en este caso la tinta del modelo de país hacia el que deberá caminar Bolivia.

Entre la broma y el enfado, los seguidores de Evo Morales que salieron este lunes a las calles a protestar contra el golpe de Estado gritaban “Que renuncie Áñez, carajo”. En esos momentos, mientras ellos chocaban con las barricadas puestas por la policía y los manifestantes opositores durante toda la semana, a menos de 300 metros Jeanine Áñez se autoproclamaba presidenta de Bolivia. Lo hizo sin quórum, con un Senado famélico ante la falta de los diputados del MAS (el partido de Morales) y sin que se hubiera votado la renuncia del presidente y vicepresidente durante los últimos 14 años. 

No obstante, esta designación podría verse anulada este mismo miércoles. El diputado del MAS, Rubén Chambi, anunció anoche que este miércoles se celebrará una nueva sesión en el Congreso de los Diputados, a la que acudirán los representantes socialistas. Así, manifestó que la intención es votar contra la renuncia del presidente Evo Morales, lo que, se entiende, supondría la anulación de la designación de Jeanine Áñez como presidenta ya que ocuparía el puesto solo por el vacío de poder del presidente y el vicepresidente. Esta decisión supondría otro nuevo giro de los acontecimientos. 

Horas antes, sobre las siete de la tarde, la senadora de Beni juró el cargo. “Como presidenta de la Cámara de Senadores asumo de inmediato prevista en el orden constitucional y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país”, dijo entre los escasos aplausos que había entre los asientos del Senado. La autoproclamación llega después de que por la mañana no se consiguiera quórum para la celebración de la sesión del Congreso de los Diputados con dos tercios de los sillones vacíos y que, por lo tanto, no pudiera votarse la renuncia de las dos máximas autoridades. Esto ocurrió debido a que los representantes del MAS no acudieron a votar la renuncia del presidente y del vicepresidente, alegando en algunos casos falta de garantías para poder acceder a la Plaza Murillo. 

Si la sesión de la mañana se suspendió, por la tarde, Áñez decidió no esperar a sus colegas socialistas y se sentó en el asiento correspondiente a la Presidencia del Senado e hizo su juramento. La abogada de 52 años consideró, igual que lo hace una parte de la oposición, que tras las dimisiones de la anterior presidenta de la Cámara Alta, Adriana Salvatierra, y del vicepresidente primero, Rubén Medinacelli, ambos del partido de Morales; ella, como vicepresidenta segunda, debía ocupar el cargo. El vacío de poder amplió esta consideración hasta la Presidencia de Bolivia. 

La Constitución boliviana, promulgada por Morales en 2009, establece que la línea de sucesión en caso de la renuncia del presidente recae en, por este orden, el vicepresidente del Gobierno, el presidente del Senado y el de la Cámara baja. Todos los cargos que prevé la Carta Magna han dimitido. 

La falta de una votación en cualquiera de las dos cámaras que componen el sistema parlamentario boliviano no impidieron que Áñez celebrase su nombramiento. “La Biblia vuelve al Palacio”, dijo alzando un ejemplar del libro de considerables dimensiones mientras entraba en el Palacio Quemado, antigua sede presidencial hasta que Morales inauguró la nueva Casa Grande del Pueblo. El lema de “la Biblia vuelve a Palacio” está siendo un habitual en las expresiones de la oposición durante las protestas, asumiendo postulados cercanos a los de Bolsonaro. Minutos después, ya lucía en el antiguo balcón presidencial con los galones que dan el poder del Estado Plurinacional de Bolivia.

El Tribunal Constitucional, encargado de velar por el cumplimiento de la Carta Magna, ha emitido un comunicado “considerando la grave situación política y social”. El órgano afirma que “el funcionamiento del órgano ejecutivo de forma integral no debe verse suspendido”, por lo que el siguiente en la línea de sucesión asume “ipso facto” la presidencia, sin requerir una “ley o resolución” del Congreso.

Entró en política en 2006 y es senadora desde 2010

Jeanine Áñez es natural de Beni, uno de los estados de la llamada media luna de Oriente en la que ha destacado siempre la oposición al gobierno de Evo. Entró en política en 2006 cuando fue nombrada para la asamblea que llevaría la reforma constitucional de 2009. Después ha sido senadora desde 2010 por la coalición Unidad Demócrata, con quien repitió candidatura en 2014. Antes, trabajó como abogada y como presentadora de una televisión local. Liberal en lo económico, tiene un claro perfil situado en la derecha conservadora con claras referencias a la Iglesia y a Dios.

El nombramiento de Áñez ha sido reconocido por la oposición y por los comités cívicos que llevan 19 días de paros, protestas y bloqueos de calles. De hecho, el líder cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que durante estas manifestaciones ha asumido un gran protagonismo, anunció el levantamiento de los paros en la segunda ciudad del país a partir de las 12 de la noche. Esta medida será imitada en otros departamentos y ciudades. Asimismo, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, el mismo que precipitó la renuncia de Morales en un golpe de Estado, acudió al “saludo protocolario” con Áñez. 

Por su parte, ya desde México, Evo Morales denunció vía Twitter “ante la comunidad internacional que el acto de autoproclamación de una senadora como presidenta viola la Constitución Plurinacional de Bolivia y normas internas de la Asamblea Legislativa” y añade: “Se consuma sobre la sangre de hermanos asesinados por fuerzas policiales y militares usadas para el golpe”. El que fuera presidente del país hasta el domingo llegó por la mañana al país que le ha dado asilo después de una operación diplomática de más de 24 horas y que vivió numerosas turbulencias.

Los problemas fueron varios, “un viaje por la política latinoamericana”, según el canciller mexicano Marcelo Ebrad. Desde la falta de un poder al que pedirle permiso para sobrevolar el espacio aéreo de Bolivia hasta la tensión en el aeropuerto del Chimoré en el que se encontraba Evo Morales con miembros de las Fuerzas Armadas en las instalaciones. Desde el rechazo de Perú a parar a repostar ya con el dirigente boliviano en el avión hasta las intervenciones del embajador de Brasil en La Paz y del presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, para poder sobrevolar el país que dirige Bolsonaro y poder repostar en Paraguay.  

Bolivia, con un presidente renunciado en el exilio y una presidenta autoproclamada, sigue sin tener una situación clara. Las protestas de los seguidores de Morales continúan entre acusaciones de racismo y golpe de Estado. En la Organización de Estados Americanos la división geopolítica se muestra en la posición sobre la situación boliviana. Estados Unidos, Brasil y Colombia por un lado; México y Uruguay por otro.  La celebración de unas elecciones será inevitable, aunque todo sigue pendiente de si habrá un gobierno con capacidad de guiar al país hacia este escenario. 

“¿Y ahora qué?”, le pregunta en un acento que se nota extranjero un turista portugués a David, dueño de un hostal del centro de La Paz. La pregunta va con un gesto que señala a la televisión que habla de la renuncia de Evo Morales como presidente del país después de 13 años de gobierno. Las imágenes de la televisión muestran a gente con la bandera boliviana celebrando, dándose abrazos, lanzando besos al aire y gritando “sí se pudo”. Es lunes por la mañana y el país todavía está en shock sin saber muy bien qué responder. Es lo que tienen los fines de semana en los que pasa todo. O casi todo. 

El domingo, un golpe militar puso punto final al Gobierno del primer presidente indígena de América Latina. “Estoy renunciando para que mis hermanos y hermanas no sigan hostigados, perseguidos y amenazados; lamento este golpe cívico”, dirá en una comparecencia Evo Morales. Pero hasta llegar a las 16.51 de la tarde en la que el que fuera sindicalista cocalero apareciera en las televisiones bolivianas diciendo que se iba por culpa de un golpe de Estado hay mucho camino previo. 

El 20 de octubre Bolivia celebró la primera vuelta de las elecciones. Evo Morales se presentó con la intención de conseguir un cuarto mandato consecutivo. Atrás quedaba el referéndum que había perdido en 2016 negándole la reelección. La Carta Americana de Derechos Humanos había sido su tabla de salvación avalada por el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Constitucional porque “es un derecho humano participar en una elección democrática”. Aquella noche, con el 84% escrutado se para el conteo. Morales es el más votado, pero al no superar los 10 puntos de diferencia con el segundo, Carlos Mesa, ni llegar al 50%, tendrá que ir a una segunda vuelta en diciembre. La oposición se convierte en favorita en caso de unirse. 

Morales avisa que todavía queda el voto rural y exterior, que tarda más en contabilizarse y suele inclinarse en gran mayoría hacia el entonces presidente. Al día siguiente se reanuda el recuento. La distancia aumenta hasta los 10 puntos. Dos días después, con el 99% escrutado, el Tribunal Supremo Electoral da la victoria a Evo Morales por 10’5 puntos siendo el voto exterior clave. La oposición denuncia fraude y exige una segunda vuelta. Con esa exigencia salen a las calles. Por su parte, la Organización de Estados Americanos pide realizar una auditoría que el Gobierno acepta y la oposición rechaza. 

Las protestas crecen en intensidad y de exigir la segunda vuelta se pasa a pedir la renuncia de Evo Morales. Los comités cívicos asumen el protagonismo en detrimento de Carlos Mesa. El nombre de Luis Fernando Camacho comienza a destacar por encima del resto. Es el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, forma parte de la burguesía cruceña que se ha mostrado siempre beligerante con Morales, tiene un discurso duro contra Evo Morales al que no duda de tildar de dictador en cada una de sus intervenciones y no para de hacer referencias a la Biblia, a Dios y a Cristo. Su perfil, por lo tanto, pese a ser más joven que Mesa es mucho más conservador. Era la victoria de los halcones sobre las palomas. 

La tensión se hace cada vez menos manejable. Las protestas dejan tres manifestantes muertos y varios enfrentamientos entre seguidores de la oposición y del gobierno socialista. Se amenaza a los dirigentes políticos de los dos bandos, se bloquean carreteras, se cortan calles y los paros en ciudades como Santa Cruz o Potosí toman más fuerza. Los choques entre los pro, los contra y la policía se vuelven cada vez más frecuentes. Quedan imágenes como la humillación a una alcaldesa del MAS a la que cortaron el pelo, le tiraron pintura roja y le hicieron caminar descalza pidiendo perdón.

El viernes los acontecimientos toman un nuevo impulso. La policía comienza un motín en siete de los nueve departamentos del país exigiendo mejoras laborales y reclamando la renuncia de Evo Morales. El sábado se une la policía de La Paz. Morales, que ya denunciaba un intento de golpe de Estado, propone una mesa de diálogo con toda la oposición. La rechazan. Ofrecen a los policías negociar las reivindicaciones laborales. La rechazan. El país se va a dormir con tensión y enfrentamientos entre seguidores opositores que van hacia La Paz y campesinos y mineros que quieren bloquearles el paso. 

El domingo la primera noticia es el informe de la Organización de Estados Americanos. Es un informe preliminar que adelantan debido a la tensión del país. En él se señala que en las elecciones de octubre hubo “contundentes” irregularidades. Minutos después, Evo Morales comparece y convoca elecciones y pide un acuerdo para una renovación total de los órganos electorales. La oposición más moderada le pide que no se presente. El ala dura pide la renuncia inmediata del presidente y del vicepresidente, la renovación del Tribunal Supremo Electoral, la renuncia de todos los cargos del Senado y el Congreso y la composición de un “gobierno de notables” hasta la convocatoria de unas próximas elecciones “en un plazo no mayor de 60 días”. 

La auditoría de la OEA, que para la oposición era en un principio una jugada de Morales, se convierte en la mejor munición de la oposición. “Hasta que no renuncie no nos vamos”, dicen los jóvenes en las barricadas en torno a la Plaza Murillo. Y como una gota malaya comienzan a llegar las peticiones de renuncia.Se une la Central Obrera, aliada de Evo. Comienzan también las dimisiones de dirigentes del MAS, pidiendo la pacificación, y denunciando acoso, amenazas, ataques a las familias… 

Y llega la petición que rompe la baraja: el comandante jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, pide la renuncia de Evo Morales. El Ejército, ese gran aliado durante los 13 años de proceso de cambio, le daba la espalda al presidente. Sin policía, sin ejército, con bloqueos, amenazas hacia sus dirigentes y la oposición en las calles. Parece que no hay salida posible para el gobierno con Evo. Por eso comparece y anuncia su renuncia. Junto a él su vicepresidente durante 13 años, Álvaro García Linera, quien también renuncia diciendo que “el golpe de Estado ha triunfado”.

Morales acepta la oferta de México

Morales, en un primer momento, anunció que se iría al Chapare, en Cochabamba, en el trópico boliviano, a trabajar con las bases donde comenzó como sindicalista. Sin embargo, ayer aceptó la oferta de asilo político que le había ofrecido el presidente del país norteamericano, el izquierdista López Obrador. El canciller de este país, Marcelo Ebrard, indicó en rueda de prensa que México “ha decidido conceder asilo por razones humanitarias” a Morales “en virtud de la urgencia que afronta en Bolivia donde su vida e integridad corren peligro”. Asimismo, reclamó garantías de vida para el expresidente. México ha aceptado también dar asilo político a más de 20 funcionarios de los gobiernos socialistas. 

Sí que hay detenciones, pero no contra el gobierno socialista sino contra los máximos representantes del Tribunal Supremo Electoral. Mientras tanto, las calles se llenan de banderas de Bolivia, abrazos y besos por parte de los manifestantes opositores. La noche trae la tensión de quienes sienten que han sufrido un golpe de Estado. Los seguidores de Morales salen en algunos puntos como El Alto y sus protestas acaban en incidentes como quema de autobuses y saqueos.

Por la noche se ataca la casa de Evo Morales y se quema la de su hermana. La pacificación que pedía el presidente en su renuncia no se acaba de dar. El lunes la policía levantó el motín y tuvo que pedir ayuda al ejército para contener las protestas de los seguidores de Morales en el centro de La Paz. 

Todo ello ocurre en un país donde el vacío de poder se ha instalado. Con el presidente dimitido el papel debería ser para su vicepresidente, quien también ha renunciado. El testigo llega a las presidencias del Senado y del Congreso. La primera dimite minutos después que el que fuera líder del MAS mientras que el segundo había dimitido horas antes pidiendo, además, que liberasen a su hermano que las fuerzas opositoras tenían como rehén.

La vicepresidenta segunda del Senado, la opositora Jeanine Áñez, reclama la presidencia del Senado y por ende la del país. Este movimiento todavía no se ha confirmado puesto que falta que la Asamblea Legislativa dé su visto bueno a la renuncia de los máximos representantes. Tanto en el Senado como en el Congreso la mayoría es del MAS (todavía imperan los resultados de 2014) y no se sabe cuál será su posición. El futuro es incierto. Todo apunta a unas nuevas elecciones sin Evo Morales. Hasta entonces hacen falta una serie de acuerdos, desde un presidente que las convoque hasta reformar la ley para acelerar los plazos.

Bolivia se puede hacer la pregunta de aquel turista portugués que miraba la televisión sin entender qué iba a pasar. Un ojo ha de ponerse en los acuerdos parlamentarios y en las decisiones del poder judicial y su interpretación de la ley. Otro en las calles donde la tensión sigue. Las barricadas opositoras dicen que no se irán hasta que pasen 48 horas de un gobierno de transición y los militantes masistas no quieren regalar el poder sin mostrar su músculo social. “No sé”, responde David. Es la única respuesta posible.

“Espanya es podria convertir en l’epicentre de la Transformació Global. Tot i que el precariat s’ha estat configurant des de fa dècades, el creixement d’aquest fenomen es va accelerar quan el crac financer del 2008 va afonar el país en un avenc fosc d’austeritat”. D’aquesta manera obri Guy Standing el pròleg per a l’edició espanyola de la seua obra El precariado. Precisament, l’afonament del sistema financer i la crisi econòmica mundial consegüent van fer evident que el gran problema espanyol era la creació d’ocupació i que, a més, fóra de qualitat.

Si el 2007 la taxa de desocupació a Espanya (8,42%) se situava per davall de l’alemanya (9,4%), la francesa (8,9%) o la portuguesa (9,2%), al cap de dos anys, el 2009, Espanya, amb un 17,2% de desocupació, no solament superava la grega (8,7%) i la portuguesa (9,3%), sinó que també duplicava la de França, amb un 8,7%, i la d’Alemanya, amb un 7,5. En aquest sentit, la desocupació a Espanya augmenta de manera desproporcionada respecte del PIB i dels veïns europeus. Només cal veure que el 2013, any d’‘esplendor’ de la desocupació, Espanya tenia un 26,14% de taxa de desocupació, només superada per Grècia (27,2%), 9 punts més que Portugal (17,6%), 15 més que Itàlia, 16 més que França i un 160% més que la mitjana de la UE dels 27 (10,8%).

Al costat de la desocupació i els errors en el mercat laboral, Espanya va patir altres problemes, com la comentada fallida del sistema financer, la falta d’un teixit productiu potent, la dependència de la construcció i del turisme i, per descomptat, un deute important, tant públic com de les famílies. Ja eren anteriors, però les polítiques neoliberals de retallades i privatitzacions es van fer més intenses una vegada la crisi es va tornar una realitat crua i visible. Les mesures de caire conservador, com la tisorada del maig del 2010 de Zapatero i totes les que van arribar amb Rajoy a la Moncloa a partir del novembre del 2011.

Aquestes mesures van comportar un descens dels ingressos mitjans per casa, la precarització de l’ocupació i un augment de les desigualtats i de l’exclusió social. Així ho demostra un informe d’Oxfam Intermón Una economia al servei de l’1% publicat al gener en què mostra que la pobresa i l’exclusió a Espanya han crescut “de manera alarmant” en els últims anys, amb 13,4 milions de persones en risc d’exclusió l’any 2014 (el 29,2 % de la població espanyola). A això s’ha d’afegir que Espanya és el segon país de la UE en què més ha augmentat la distància entre les rendes altes i les baixes, només per darrere d’Estònia, i des del 2007 fins al 2014 el salari mitjà espanyol s’ha desplomat un 22,2 %. Pel que fa a la precarització de l’ocupació, l’EPA del març deixava dades com ara que només el 47% dels treballadors formen part del nucli d’estabilitat d’ocupació amb una faena de més de cinc anys. El 53% restant tenen diferents relacions amb el mercat laboral. El 10% se situa en un procés d’estabilització; el 13,5% té ocupacions poc estables; l’11,2% fluctua entre l’ocupació i la desocupació; el 4,4% es va ‘estabilitzant’ en la desocupació, mentre que el 13% restant està en una situació de desocupació de llarga durada. Així, a la fi de l’any passat, un 55% dels desocupats no disposaven de cap mena de cobertura per desocupació; i del 45% restant menys d’un terç (el 17% de tots els parats) rebien la prestació contributiva, i dos de cada tres un subsidi amb un import mitjà de 463 euros per mes, és a dir, el 71% del salari mínim.

Tal com explica l’estudi del 2014 de la Fundació Foessa centrat en la població jove: Joves, desigualtats i exclusió social del 2014, “les persones joves han tingut tradicionalment més dificultats laborals que altres grups d’edat”. En aquest estudi es mostra a partir de l’Eurobaròmetre del 2014 que fins al 84% dels joves espanyols entre 16 i 30 anys tenen un sentiment de marginació i exclusió de la vida social i econòmica del país per la crisi, l’índex més alt d’Europa, només superat per Grècia i 27 punts per damunt de la mitjana europea. Que els joves han estat uns dels grans afectats per la crisi també ho demostra l’últim estudi de la Fundació Foessa fet juntament amb Càritas i la Universitat CEU Cardenal Herrera Anàlisi i perspectives Comunitat Valenciana 2016 en què se centra en el territori valencià i s’hi assenyala que la renda de la població jove ha caigut un 30% des del 2007, mentre que la renda mitjana ha baixat al 18%. La desocupació juvenil a Espanya ha estat una de les dades més alarmants, el nostre país ha tingut l’honor ben dubtós d’encapçalar el rànquing de la desocupació juvenil a Europa al costat de Grècia en els últims anys. Actualment, la taxa de desocupació juvenil se situa en el 46%, més del doble que la mitjana dels 28 estats membres de la Unió Europea, que arriba al 19,2%, encara que està lluny del rècord que va establir en el primer trimestre del 2013 amb un 56,91%.

L’Organització Internacional del Treball (OIT), en l’informe de Tendències mundials de l’ocupació juvenil 2015 (OIT): Promoure la inversió en ocupacions decents per als jovesPromoure la inversió en ocupacions decents per als joves, indica que durant el període en què es van impulsar les mesures d’austeritat als països perifèrics del sud d’Europa (Portugal, Itàlia, Grècia i Espanya) va augmentar el percentatge de treball temporal i de treball a temps parcial involuntaris entre els joves, i també el risc de caure en la pobresa i en l’exclusió social. En concret, entre el 2010 i el 2014, a Espanya va augmentar en 10,7 punts percentuals la taxa de treball temporal jove, 10,3 punts la taxa de treball a temps parcial involuntari juvenil i va créixer 9 punts el percentatge de persones joves en risc de caure en la pobresa o en l’exclusió social.

És en tot aquest sistema en què se situa el ‘becariat’. El ‘becariat’ és el terme amb què mire de denominar un grup social, que no es va configurar amb el període de la crisi econòmica, però sí que va multiplicar-ne els integrants i va aguditzar alguns dels problemes que pateixen. La paraula ‘becariat’ és un neologisme creat a partir de les paraules beca i precariat, en què també convergeix la idea de ‘becari’ com l’exemple exponencial del concepte. És a dir, el ‘becariat’ és la part de la joventut que, malgrat haver estudiat, malgrat ser la que diuen la millor formada de la història i haver crescut en un període d’abundància més alta que les generacions anteriors, troba un present i un futur plens d’inseguretat. Podríem considerar el becariat una ‘subclasse’ en què convergeixen, d’una banda, la qüestió de l’edat, en una franja difusa entre els 20 i els 30, encara que es pot ampliar en determinats casos. D’altra banda, hi ha la qüestió econòmica, que adquireix una gran transversalitat, ja que els integrants d’aquest grup tenen un origen al voltant dels recursos econòmics molt diferent, però que es caracteritza per la necessitat de beques i de subvencions de l’Estat per a desenvolupar-se, Estat que actua de malla protectora i que, quan falta, genera situacions de grans dificultats. Tanmateix, dins del mateix ‘becariat’, l’àmplia franja d’ingressos que encarna fa que hi haja diferències ben importants entre els seus membres: qui posseeix menys recursos econòmics té molts més problemes.

Però, sens dubte, l’element comú que uneix en aquest subgrup són les situacions que viuen i, sobretot, la situació en què se situen pel que fa al mercat laboral. El becariat conviu en un limbe entre el precariat, del que realment formen part pel tipus d’ocupació que duen a terme, i la possibilitat d’ascendir, ja que tenen les eines necessàries per a poder escapar del precariat. De fet, el problema d’un becariat és que ha seguit totes les instruccions que el sistema li ha anat indicant i ha estat el mateix sistema que li ha impedit entrar en el mercat laboral amb unes condicions dignes que li havien estat promeses. Per posar-ne un exemple gràfic, el becariat és algú que ha pujat a un pis i troba davant seu una oficina, un lloc de treball de qualitat al costat d’altres treballadors tan formats com ell i amb unes condicions més que interessants. No obstant això, en el moment en què vol entrar a l’oficina hi ha una paret de vidre. Al costat, encara que la faena és semblant i estan situats en un mateix pis, les condicions són pitjors que les de darrere del vidre. Des de dins li diuen que més avant hi ha una entrada a l’oficina i, mentre el becariat busca la porta que li permeta passar, continua amb els treballs temporals, a temps parcial, subvencions, ocupacions per a les quals està sobrequalificat o en què cobra menys del que hauria de cobrar. Pel camí hi ha els qui es van quedant, els qui renuncien al lloc pel qual han pujat uns quants pisos. Hi ha els qui aconsegueixen entrar-hi després d’haver passat pel corredor, mentre que n’hi ha que, quan arriben a la porta, se la troben tancada, troben un altre camí a una altra oficina o una escala que, en compte de pujar, baixa.

Precisament la reducció de l’estat del benestar i les prestacions que comporta, al costat del fet que els estudis universitaris estan més normalitzats que en les generacions anteriors, és el que ha afavorit que aquest grup social s’haja fet cada vegada més important, més nombrós i visca situacions de més risc. Aquest fet es dóna principalment en el sector dels serveis. En l’àmbit del periodisme les pràctiques gratuïtes o els contractes a temps parcial són un fet habitual, però es tracta d’un sector arrasat que no pot servir-ne d’exemple, per això ens centrarem en el servei sanitari amb els contractes d’una professió amb més memòria històrica i rellevància social: els metges. Segons l’informe de Situació laboral dels metges a Espanya, de tots els metges que treballaven a Espanya el 2015 el 18,5% ho feien amb contractes amb una durada menor a 6 mesos, alguns (un 2%) contractes de dies de durada. Aquest nombre de metges amb contractes inferiors a 6 mesos s’amplia fins al 40% si comptem els metges que no tenen plaça en propietat. Així mateix, la mitjana de contractes signats en l’últim any pels metges que no tenen una plaça en propietat és de 5,73 contractes l’any, mentre que els qui estan en l’atur han signat una mitjana de 7,64 contractes en els últims 12 mesos, i els joves (menors de 40) han estat els qui més contractes han signat l’any de mitjana, amb 5,88 contractes/any, és a dir, és als qui més els afecta la temporalitat.

Aquest és només un exemple d’una professió per a la qual es requereix una carrera de 6 anys més l’especialitat i que té un grau de temporalitat molt alt tenint en compte la quantitat de places fixes que ofereix el sistema sanitari públic. La temporalitat laboral amb contractes de curta durada o les ocupacions a temps parcial amb una jornada més baixa que la desitjada són dos exemples de les situacions o de les cares que hi ha en el becariat. Un altre dels perfils que forma part del becariat és el dels joves que van decidir anar-se’n fora d’Espanya a la recerca d’una faena que no podien aconseguir al seu país. Les dades són difuses i ballen, depenent de les interpretacions. Segons les dades oficials, més de 225.000 espanyols van decidir fer les maletes i buscar fortuna, principalment, en altres països d’Europa entre els anys 2008-2012. Tanmateix, hi ha qui sosté que el nombre podria ser molt més alt, com per exemple Amparo González Ferrer, sociòloga i especialista en demografia del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), que, en un article del desembre del 2015 en El Mundo, va considerar que no seria absurd “afirmar que durant els anys de la crisi (2008-2012) se n’haurien pogut anar al voltant de 700.000 persones”. El rostre següent del becariat és la sobrequalificació, és a dir, ocupar una faena per a la qual es requereix una qualificació inferior a la que té el treballador. Tal com denuncia l’informe No és país per a joves del professor Antonio Villar, el percentatge de treballadors amb estudis superiors que exerceixen ocupacions no qualificades a Espanya es mou entorn del 35%, mentre que a Europa és del 20%. Aquest percentatge augmenta pel que fa als joves, en què el 55 per cent dels assalariats de menys de 30 anys i que no cursen estudis tenen una faena que requereix una qualificació inferior a la seua. També formen part del becariat les persones que es van quedar sense poder estudiar per motius econòmics, bé per la pujada de taxes o bé perquè se’ls va denegar la beca amb què podien estudiar ja que, a l’origen, són, sens dubte, víctimes del mateix problema.

El cim del becariat és, però, sens dubte, el becari, l’estudiant que bé en els últims anys de formació o bé una vegada acabada la carrera decideix fer pràctiques en una empresa gràcies a la col·laboració amb la universitat o amb contractes especials de formació. Això suposa la ‘cúspide’ del becariat, no pel fet que siguen els més importants, sinó perquè comporta la concentració de tots els elements: formació, necessitat d’ajudes o contractes especials, treballs temporals i inestables i salaris baixos. Segons l’estudi The experience of traineeships in the EU –publicat per la Comissió Europea–, a Espanya el 67% dels graduats han fet pràctiques una vegada acabats els estudis i el nostre Estat és el segon país que més percentatge en té després d’Eslovènia. D’aquests, a més, el 38% han fet més d’un període de pràctiques. Cal destacar que el 58% no van rebre cap tipus de compensació econòmica i, dels qui sí que en van rebre, només al 30% li cobrien les despeses mínimes, la pitjor dada d’Europa. És curiós que la majoria no rebera cap compensació econòmica, malgrat que el 72% van assegurar que, llevat del salari, tenien les mateixes condicions de treball que els companys. Després de les pràctiques, només al 33% els van oferir un contracte de treball, mentre que al 22% els van renovar el contracte de becari. La figura del becari ja existia, però ha crescut per la crisi, com s’ha denunciat des de l’Oficina Precària en què s’ha assenyalat que el nombre de becaris que treballen sota un conveni entre universitat i empresa ha passat de 20.000 el 2013 a 70.000 el 2015, i això suposa un 350% més, segons les dades del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. No obstant això, aquesta quantitat exclou els qui tenen una beca no remunerada i que, per tant, no cotitzen a la Seguretat Social i que podria arribar als 180.000 estudiants en total.

Com hem observat, en primer lloc, cal assenyalar que el ‘becariat’ no sols inclou els qui fan pràctiques o fan de becaris en alguna empresa amb jornades llargues i remuneracions baixes, si és que n’hi ha. Moltes vegades, quan s’és becari, coincideixes amb altres becaris i es crea una mena de comunitat en què es comparteixen sentiments i vivències, però no per això és exclusiu de les persones en pràctiques, sinó que en aquesta ‘subclasse’ s’inclouen altres perfils que coincideixen en la part bàsica: estan formats, tenen treballs inestables que no corresponen amb la seguretat que suposa la seua formació i tenen dificultats econòmiques o, almenys, necessiten l’ajuda d’un terra sobre el qual intentar posar-se drets, bé siga l’Estat o bé els progenitors. Una altra de les conclusions que ens deixa el becariat és que els joves, en compte de rebel·lar-se contra un mercat laboral que els dificulta l’entrada, es tornen conformistes i agraeixen treballar per pocs diners i, fins i tot, fer pràctiques una vegada acabada la carrera de manera gairebé altruista perquè així no “perdem el temps” i “almenys fem alguna cosa”, i és un motiu molt celebrat si els paguen alguna cosa al final de mes. Tot això fa que, a més, la nostra generació passe a convertir-se en una de les que té una joventut més llarga, i no en el sentit de ser joves físicament sinó quant a l’adquisició de responsabilitats. L’exemple més clar és l’augment de l’edat d’emancipació dels joves espanyols. Actualment, la mitjana d’emancipació se situa en els 29 anys, segons l’Eurostat, encara que cal afegir-hi que, segons l’Observatori Jove d’Emancipació, el 84% dels joves emancipats comparteixen pis amb dues persones o més. Al final, el becariat és la realitat d’una generació que ho té tot per a portar sobre l’esquena el futur, però, de moment, l’ha d’observar darrere del vidre esperant una oportunitat per a poder entrar en el món adult.

“España podría convertirse en epicentro de la Transformación Global. Aunque el precariado se venía configurando desde hace décadas, su crecimiento se aceleró cuando el crash financiero de 2008 hundió al país en una sima oscura de austeridad”. Así abre Guy Standing el prólogo para la edición española de su obra El precariado. Precisamente, el derrumbe del sistema financiero y la consiguiente crisis económica mundial dejó en evidencia que el gran problema español era la creación de empleo y que además este fuera de calidad.

Si en 2007 la tasa de paro en España (8’42%) se situaba por debajo de la alemana (9’4%), la francesa (8’9%) o la portuguesa (9’2%), dos años después, en 2009, España con un 17’2% de paro no sólo superaba a la griega (8’7%) y a la portuguesa (9’3%), sino que, en los casos de Francia, con un 8’7%, y Alemania con un 7’5%, incluso las doblaba. En este sentido, el desempleo en España aumenta de forma desproporcionada respecto al PIB y a sus vecinos europeos. Sólo hay que ver que en 2013, año de ‘esplendor’ del desempleo, España tenía un 26’14% de tasa de paro, sólo superado por Grecia (27’2%), 9 puntos más que Portugal (17’6%), 15 más que Italia, 16 más que Francia y un 160% más que la media de la UE de los 27 (10’8%).

Junto al paro y los fallos en el mercado laboral, España sufrió otros problemas como la comentada quiebra de su sistema financiero, la falta de un tejido productivo potente, la dependencia de la construcción y el turismo y por supuesto, una importante deuda, tanto pública como de las familias. Ya venían de atrás, pero las políticas neoliberales de recortes y privatizaciones se hicieron más intensas una vez la crisis se había vuelto una realidad cruda y visible. Las medidas de corte conservador como el tijeretazo de mayo de 2010 de Zapatero y todas aquellas que llegarían con Rajoy en la Moncloa a partir de noviembre de 2011.

Estas medidas llevaron a un descenso de los ingresos medios por hogar, a la precarización del empleo y a un aumento de las desigualdades y la exclusión social. Así lo muestra un informe de Oxfam Intermon Una economía al servicio del 1% publicado en enero de este año en el que muestra que la pobreza y la exclusión en España ha crecido “de manera alarmante” en los últimos años, con 13,4 millones de personas en riesgo de exclusión en el año 2014 (el 29,2 % de la población española). A esto se le añade que España es el segundo país de la UE en el que más ha aumentado la distancia entre rentas altas y bajas, sólo por detrás de Estonia, y desde 2007 a 2014 el salario medio español se desplomó un 22,2 %. Respecto a la precarización del empleo, la EPA de marzo dejaba datos como que sólo el 47% de los trabajadores forman parte del núcleo de estabilidad de empleo con un trabajo de más de cinco años. El 53% restante tiene diferentes relaciones con el mercado laboral. El 10% se encuentra en un proceso de estabilización; el 13’5% está en empleos poco estables; el 11’2% fluctúa entre el empleo y el paro; el 4’4% está ‘estabilizándose’ en el desempleo mientras que el 13% restante está en una situación de desempleo de larga duración. Así, a finales del año pasado, un 55% de los desempleados no disponía de ningún tipo de cobertura por paro; y del 45% restante menos de un tercio (el 17% de todos los parados) recibía la prestación contributiva, y dos de cada tres un subsidio con un importe medio de 463 euros al mes, es decir, el 71% del salario mínimo.

Tal y como explica el estudio de 2014 de la Fundación Foessa centrado en la población joven: Jóvenes, desigualdades y exclusión social de 2014 de la Fundación Foessa, “las personas jóvenes han mostrado tradicionalmente mayores dificultades laborales que otros grupos de edad”. En este se muestra a partir del Eurobarómetro de 2014 que hasta el 84% de los jóvenes españoles entre 16 y 30 años tiene un sentimiento de marginación y exclusión de la vida social y económica del país por la crisis, el índice más alto de Europa sólo superado por Grecia y 27 puntos por encima de la media europea. Que los jóvenes han sido uno de los grandes afectados por la crisis también lo demuestra el último estudio de la Fundación Foessa junto a Cáritas y la Universidad CEU Cardenal Herrera Análisis y perspectivas Comunitat Valenciana 2016 en el que se centraba en el territorio valenciano y señalaba que la renta de la población joven ha caído un 30% desde 2007 mientras que la renta media situaba su descenso en el 18%. El desempleo juvenil en España ha sido uno de los datos más alarmantes, nuestro país ha tenido el dudoso honor de encabezar el ranking del paro juvenil junto a Grecia en Europa en los últimos años. Actualmente, la tasa de paro juvenil se sitúa en el 46%, más del doble que la media de los 28 Estados miembros de la Unión Europea, que alcanza el 19’2% aunque lejos del récord que estableció en el primer trimestre de 2013 con un 56’91%.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su informe de Tendencias mundiales del empleo juvenil 2015 (OIT): Promover la inversión en empleos decentes para los jóvenes señala que durante el periodo donde se impulsaron las medidas de austeridad en los países periféricos del sur de Europa (Portugal, Italia, Grecia y España) aumentó el porcentaje de trabajo temporal y trabajo a tiempo parcial involuntarios entre los jóvenes, así como el riesgo de caer en la pobreza y en la exclusión social. En concreto, entre 2010 y 2014, en España aumentó en 10’7 puntos porcentuales la tasa de trabajo temporal joven, 10’3 puntos la tasa de trabajo a tiempo parcial involuntario juvenil y creció 9 puntos el porcentaje de personas jóvenes en riesgo de caer en la pobreza o en la exclusión social.

Es en todo este sistema en el que se encuentra el ‘becariado’. El ‘becariado’ es el término con el que intento denominar a un grupo social, que no se configuró con el periodo de crisis económica pero sí que multiplicó a sus integrantes y agudizó algunos de los problemas que sufre. La palabra ‘becariado’ es un neologismo creado a partir de las palabras beca y precariado, en el que también converge la idea de ‘becario’ como el ejemplo exponencial del concepto. Es decir, el ‘becariado’ es aquella parte de la juventud que pese haber estudiado, pese a ser la que dicen mejor formada de la historia y haber crecido en un periodo de abundancia mayor que las generaciones anteriores, encuentra un presente y un futuro lleno de inseguridad. Podríamos considerar al becariado una ‘subclase’ en la que convergen, por una parte, la cuestión de la edad, en una franja difusa entre los 20 y 30, aunque puede ampliarse en determinados casos. Por otro lado, encontramos la cuestión económica, donde adquiere una gran transversalidad ya que sus integrantes tienen un origen en torno a los recursos económicos muy diferentes pero que se caracteriza por la necesidad de becas y subvenciones del Estado para su desarrollo, haciendo que este actúe de malla protectora que cuando falta provoca situaciones de grandes dificultades. Sin embargo, dentro del propio ‘becariado’, la amplia franja de ingresos que encarna hace que haya importantes diferencias entre sus miembros teniendo muchos más problemas aquellos que tienen menos recursos económicos.

Pero sin duda, el elemento común que une a todas en este subgrupo son las situaciones que viven y sobre todo, la situación en la que se encuentran respecto al mercado laboral. El becariado convive en un limbo entre el precariado, del que realmente forman parte por el tipo de empleo que realizan, y la posibilidad de ascender ya que tienen las herramientas necesarias para poder escapar del precariado. De hecho, el problema de un becariado es que ha seguido todas las instrucciones que el sistema le ha ido indicando y ha sido el propio sistema el que le ha impedido entrar en el mercado laboral con unas condiciones dignas que le fueron prometidas. Por poner un ejemplo gráfico, el becariado es alguien que ha subido a un piso y se encuentra ante él una oficina, un puesto de trabajo de calidad junto con otros trabajadores igual de formados y con unas condiciones más que interesantes. Sin embargo, en el momento en que quiere entrar en la oficina hay una pared de cristal. En su lado, aunque el trabajo es similar y están en un mismo piso, las condiciones son peores que tras el cristal. Desde dentro le dicen que más adelante hay una entrada a la oficina, y mientras el becariado busca la puerta que le permita el paso continúa con los trabajos temporales, a tiempo parcial, subvenciones, empleos para los que está sobrecualificado o en los que cobra menos de lo que debería. Por el camino hay quienes se van quedando, quienes renuncian al puesto por el que han subido varios pisos. Hay quienes consiguen entrar tras pasar por el pasillo, mientras que hay otros que cuando llegan a la puerta se la encuentran cerrada, se encuentran otro camino a otra oficina o una escalera que, en vez de subir, baja.

Precisamente la reducción del Estado del Bienestar y sus prestaciones junto a que los estudios universitarios están más normalizados que para generaciones anteriores es lo que ha propiciado que este grupo social se haga cada vez más importante, más numeroso y se encuentre en situaciones de mayor riesgo. Este hecho se da principalmente en el sector servicios. En el ámbito del periodismo las prácticas gratuitas o los contratos a tiempo parcial son un habitual, pero se trata de un sector arrasado que puede no servir de ejemplo, por ello nos centraremos en el servicio sanitario con los contratos de una profesión con más caché histórico y relevancia social: los médicos. Según el informe de “Situación laboral de los médicos en España”, de todos los médicos que trabajan en España en 2015 el 18’5% lo hacían con contratos con una duración menor a los 6 meses, algunos (un 2%) contratos de días de duración. Este número de médicos con contratos inferiores a los 6 meses se amplía hasta el 40% si contamos a los médicos que no tienen plaza en propiedad. Asimismo, el promedio de contratos firmados en el último año por los médicos que no cuentan con una plaza en propiedad es del 5’73 contratos al año mientras que los que se encuentran en desempleo han firmado un promedio de 7’64 contratos en los últimos 12 meses, siendo los jóvenes (menores de 40) los que más contratos firman al año de media con 5’88 contratos/año, es decir, es a los que más les afecta la temporalidad.

Este es sólo un ejemplo de una profesión para la que se requiere una carrera de 6 años más la especialidad y que muestra un grado de temporalidad muy alto teniendo en cuenta la cantidad de plazas fijas que ofrece el sistema sanitario público. La temporalidad laboral con contratos de corta duración o los empleos a tiempo parcial con una jornada menor a la deseada son dos ejemplos de las situaciones o de las caras que se encuentran en el becariado. Otro de los perfiles que forma parte del becariado es el de aquellos jóvenes que decidieron marcharse fuera de España en busca de un trabajo que no podían conseguir en su país. Los datos son difusos y bailan según interpretaciones. Según datos oficiales, más de 225.000 españoles decidieron hacer las maletas y buscar fortuna, principalmente, en otros países de Europa entre 2008-2012. Sin embargo, hay quienes sostienen que el número podría ser mucho mayor, como por ejemplo Amparo González Ferrer, socióloga y especialista en demografía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), quien, en un artículo en diciembre de 2015 en EL MUNDO, consideró que no sería disparatado “afirmar que durante los años de la crisis (2008-2012) se habrían marchado alrededor 700.000 personas”. El siguiente de los rostros del becariado es la sobrecualificación, es decir, estar empleado en un trabajo para el que se requiere una cualificación inferior a la que ostenta el trabajador. Tal y como denuncia el informe No es país para jóvenes del profesor Antonio Villar, el porcentaje de trabajadores con estudios superiores que desempeñan empleos no cualificados en España se mueve en torno al 35%, mientras que en Europa es del 20%. Este porcentaje aumenta en los jóvenes donde el 55 por ciento de los asalariados de menos de 30 años y que no cursan estudios tiene un trabajo que requiere una cualificación inferior a la que posee el joven en cuestión. También forman parte del becariado aquellas personas que se quedaron sin poder estudiar por motivos económicos, bien por la subida de tasas o bien porque se les denegó la beca con la que podían estudiar ya que, en la raíz so sin duda víctimas del mismo problema.

Pero sin duda el culmen del becariado es el becario, aquella estudiante que bien en sus últimos años de formación o bien una vez terminada la carrera decide hacer prácticas en una empresa gracias a la colaboración con la universidad o con contratos especiales de formación. Esto supone la ‘cúspide’ del becariado, no en cuanto a que sean los más importantes, sino que supone la concentración de todos los elementos: formación, necesidad de ayudas o contratos especiales, trabajos temporales e inestables y salarios bajos. Según el estudio The experience of traineeships in the EU –publicado por la Comisión Europea-, en España, el 67% de los graduados ha hecho prácticas una vez terminados sus estudios siendo el segundo país que mayor porcentaje tiene después de Eslovenia. De los que han hecho además el 38% ha realizado más de un periodo de prácticas. Cabe destacar que el 58% no recibió ningún tipo de compensación económica y de los que la recibieron, sólo al 30% le cubrían los gastos mínimos, el peor dato de Europa. Resulta curioso que la mayoría no recibiera compensación económica cuando el 72% aseguró que exceptuando el salario, tenía las mismas condiciones de trabajo que sus compañeros. Tras las prácticas, sólo al 33% le ofrecieron un contrato de trabajo mientras que al 22% les renovaron el contrato de becario. La figura del becario ya existía, pero se ha visto acrecentada por la crisis como denunciaron desde Oficina Precaria en la que señalaron que el número de becarios que trabajan bajo un convenio entre universidad y empresa ha pasado de 20.000 en 2013 a 70.000 en 2015, lo que supone un 350% más, según los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Sin embargo, esa cantidad excluye a aquellos con una beca no remunerada y que, por tanto, no cotizan a la Seguridad Social y que podría alcanzar a 180.000 estudiantes en total.

Como hemos observado, en primer lugar, hay que señalar que el ‘becariado’ no sólo incluye a aquellos que realizan prácticas o están de becarios en alguna empresa con jornadas largas y remuneraciones bajas, si es que hay. En muchas ocasiones, cuando se es becario, coincides con otros becarios y se crea una especie de comunidad en la que se comparten sentimientos y vivencias pero no por ello hay que hacer exclusivo de las personas en prácticas sino que en esta ‘subclase’ se encuentran otros perfiles que coinciden en lo básico: están formados, tienen trabajos inestables que no corresponden con la seguridad que supone su formación y tienen dificultades económicas o por lo menos, necesitan la ayuda de un suelo sobre el que intentar ponerse en pie, bien sea el Estado o bien sus progenitores. Otra de las conclusiones que nos deja el becariado es que los jóvenes, en vez de revolverse contra un mercado laboral que les dificulta la entrada, se vuelven conformistas y agradecen estar trabajando por poco dinero e incluso estar haciendo prácticas una vez acabada la carrera de forma casi altruista porque así no “perdemos el tiempo” y “por lo menos hacemos algo”, siendo motivo de gran celebración si pagan algo a final de mes. Todo esto hace que, además, nuestra generación pase a convertirse en una de las que tenga una juventud más larga, y no en el sentido de ser jóvenes físicamente sino en cuanto a la adquisición de responsabilidades. El ejemplo más claro es el aumento en la edad de emancipación de los jóvenes españoles. Actualmente, la media de emancipación está en los 29 años según el Eurostat, aunque a esto hay que añadirle que, según el Observatorio Joven de Emancipación, el 84% de los jóvenes emancipados comparte piso con dos personas o más. Al final, el becariado es la realidad de una generación que tiene todo para llevar sobre sus espaldas el futuro, pero de momento, lo tiene que observar tras el cristal esperando una oportunidad para demostrar poder entrar en el mundo adulto.