La nueva legislatura del Parlamento Europeo va a ser decisiva para el futuro de la Unión (UE). La positiva experiencia de las políticas habilitadas tras la crisis por la pandemia del COVID permite abrigar esperanzas de que se puedan afrontar de forma efectiva las necesarias políticas en campos como el social o el medioambiental. 

Confiemos en que el nuevo Europarlamento continúe y refuerce esa tendencia y se apueste decididamente por seguir avanzando hacia una Unión Europea más potente, en favor de una transición ecológica justa y con instrumentos suficientes para ello.

Varias iniciativas europeas recientes, surgidas en respuesta a la crisis climática, a la pandemia de COVID-19 y a la guerra en Ucrania, han comenzado a orientar las políticas de la Unión en esta dirección, como el Pacto Verde o el Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia.

Frente a algunas voces que parecen querer revertir esta tendencia, parece claro que la única respuesta posible a los desafíos actuales es acelerar de manera eficaz la lucha contra el cambio climático y las desigualdades. Para ello, se necesitan recursos adicionales. Los actuales presupuestos comunitarios son evidentemente insuficientes a estos efectos.

La UE está demostrando que es posible superar algunas carencias y obstáculos de su deficiente sistema de gobernanza. La Conferencia sobre el Futuro de Europa ha insistido en la necesidad de armonizar la política fiscal. Recientemente, más de un centenar de eurodiputados pidieron a la Unión que estableciera un impuesto progresivo sobre la riqueza extrema. El establecimiento de un nivel mínimo global de imposición para las multinacionales en la Unión Europea es también un paso en la buena dirección. 

Un impuesto sobre las transacciones financieras que compensara la baja tributación privilegiada que recae sobre la actividad financiera y que contribuyera a frenar la especulación en los mercados de valores sería un poderoso instrumento para las políticas de la Unión.

Una buena iniciativa es la que invita a la Comisión Europea a establecer una tributación europea sobre las grandes fortunas. Estamos hablando de un grupo muy reducido de personas, en torno al 0,1% más rico de la población de cada país miembro, llamado a contribuir de forma más equitativa de lo que lo hacen actualmente, para favorecer las necesidades de toda la ciudadanía, del planeta y de esos mismos contribuyentes.

Esta iniciativa, denominada 'Tax the rich', solicita que se ponga en marcha una tributación sobre las grandes fortunas destinada a reforzar la lucha contra la pobreza, las desigualdades económicas y sociales, y que genere recursos adicionales que permitan financiar medidas urgentes para combatir el cambio climático.

Esta tributación contribuiría a los recursos propios de la Unión y los correspondientes ingresos permitirían ampliar y consolidar las políticas europeas de transición medioambiental, social y de cooperación al desarrollo, en cofinanciación con los Estados miembros. Esta contribución se destinaría a combatir el cambio climático y las desigualdades y permitiría una participación más equitativa de la ciudadanía europea en la consecución de estos objetivos.

La puesta en marcha de esta propuesta empujaría el avance hacia un sistema de recursos propios de la Unión Europea más relevante. De hecho, hacer frente al reembolso de los compromisos financieros contraídos por la Comisión con el fin de financiar el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) obliga a caminar decididamente en esa dirección.

Los ingresos derivados de una tributación sobre las grandes fortunas permitirían reforzar el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, los fondos vinculados al Pacto Verde y la política de cohesión. 

Una Europa más limpia, más justa, más sostenible y más solidaria es posible. Y podemos empujar en esa dirección difundiendo la iniciativa 'Tax the rich' y animando a apoyarla con nuestras firmas.

Tras el impacto de la COVID-19, las instituciones económicas supranacionales emitieron señales esperanzadoras. Parecía que los hombres de negro, ya fueran del Banco Mundial o del FMI, de los bancos centrales o de la Comisión Europea, habían aprendido de los errores pasados y que las respuestas iban a ser diferentes.

Pero se dispara la inflación y los bancos centrales, tras años de una política de bajos o nulos tipos de interés, comienzan de nuevo una escalada acelerada al alza. Se recupera una visión supuestamente ortodoxa que insiste en atacar la demanda para bajar la inflación. 

Se supone que el objetivo es de pura imagen con la que se quieren cortar las expectativas alcistas mostrando una intervención activa coherente con su gran objetivo de contener la inflación.

La creencia de que son las expectativas las que marcan la futura inflación goza de más seguidores teóricos que de evidencia empírica. Pero resulta especialmente irrelevante en las circunstancias actuales. 

Es unánime la percepción de que la actual inflación no tiene su causa en presión de la demanda sino en factores de oferta: por los disparados costes de la energía y los cuellos de botella del comercio global, agravado todo ello por la estructura crecientemente oligopolista de los mercados.

Desde el mismo Banco Central Europeo (BCE) se constata que “la inflación subió a 9,9% en septiembre, reflejando nuevos aumentos en todos los componentes. La inflación de los precios de la energía, del 40,7 %, siguió siendo el principal impulsor de la inflación general, con una contribución cada vez mayor de los precios del gas y la electricidad. La inflación de los precios de los alimentos también aumentó aún más, al 11,8%, ya que los altos costos de los insumos encarecieron la producción de alimentos. Los cuellos de botella en la oferta se están suavizando gradualmente, aunque su impacto rezagado sigue contribuyendo a la inflación. El Banco de España cifró en su último informe anual que el 73% de la inflación de la eurozona y el 89% en España se explican por la energía y los alimentos.

Con esos datos, es evidente que una política de control de la inflación a través de la demanda promete ser poco eficaz. Tan evidente, que la propia presidenta del BCE, Christine Lagarde, reconoce públicamente que “nuestras previsiones contemplan la posibilidad de una recesión suave en la eurozona, pero no creemos que esa recesión sea suficiente para domar la inflación… El riesgo de recesión ha aumentado pero la evidencia histórica sugiere que no deberíamos esperar que la desaceleración del crecimiento haga mella significativa en la inflación, al menos no en el corto plazo”, según hemos leído en prensa.

Es decir, que la institución que debe velar por el control de la inflación impone una política generadora de recesión y paro, de dificultades para buen número de empresas, aun a sabiendas de que los efectos sobre la inflación son muy reducidos.

La lógica parece aconsejar atacar las causas reales y evitar sus más perniciosos efectos. Medidas como el tope al gas, apostar por energías limpias, o descuentos al transporte público y para los hogares más vulnerables casan mejor con las circunstancias. De hecho, están demostrando una relativa eficacia para moderar la inflación y aliviar los efectos sociales negativos.

Pero los Bancos Centrales hacen caso omiso de la evidencia y siguen defendiendo que hay que seguir subiendo los tipos de interés como si la inflación fuese de demanda.

Simultáneamente, se reconoce que buen número de empresas, incluidas las bancarias, están gozando de beneficios más o menos caídos del cielo gracias al entorno económico global… pero que lo que hay que vigilar especialmente es que los salarios no provoquen una peligrosa espiral de nuevos incrementos de precios.

Podemos admitir la necesidad de un gran pacto de rentas, pero resulta una vez más llamativo que algunos entiendan que solo afecta a los sueldos y salarios.

No resulta así sorprendente que el BCE haya emitido un informe crítico con el proyectado impuesto español sobre los beneficios extraordinarios de la banca. 

Son muchos los aspectos que sorprenden en su dictamen. Resulta especialmente llamativo el cinismo implícito en el argumento de que el nuevo impuesto puede impactar en la concesión de crédito de las entidades financieras… cuando la política monetaria de subida de tipos está precisamente dirigida a reducir la concesión de préstamos de los bancos. ¡En vez de criticar, el BCE debería alegrarse de que este impuesto pudiera colaborar con su política!

Choca también que se obligue al Gobierno a detallar los mecanismos que empleará para verificar que la banca no acabe trasladando el coste del tributo a los clientes pero que defienda con firmeza que sean estos quienes finalmente lo soporten.

La impresión resultante de todo lo que precede es que el BCE es consciente de que sus medidas van a implicar algunos costes sociales pero que está dispuesto a actuar como defensor del sector bancario para que no sufra su cuenta de beneficios. Quizás no choque tanto observando de dónde proceden varios de sus principales responsables, en unas evidentes puertas giratorias con la banca privada.

Considerando que el Estado español da por perdidos en ayudas a la banca más de 70.000 millones de euros y que los beneficios de nuestros grandes bancos podrían llegar este ejercicio a los 10.000 millones, no parece desequilibrante pedir que aporten 3.000 millones en dos años. 

Más bien, estos impuestos sobre beneficios extraordinarios han de verse como un componente necesario del nuevo pacto social con que afrontar las presentes dificultades.

En cualquier caso, resulta doloroso comprobar la insensibilidad social de nuestros Bancos Centrales. Quizás derivada de la falta de control democrático que implica su sacrosanta independencia. Pero ese es otro debate.

Economistas sin Fronteras no se identifica necesariamente con la opinión del autor y esta no compromete a ninguna de las organizaciones con las que colabora.

Queremos plantearnos si existen alternativas de transición a una economía más justa, contribuir a que la izquierda ofrezca nuevas metas y abandonar un discurso conservador por otro estimulante de un modelo alternativo

A lo largo de los últimos 30 años, la ideología neoliberal se ha materializado en un modelo económico a escala nacional y global que está llevando a una pérdida del bienestar colectivo cada vez más evidente.

La ideología de la izquierda ha permanecido a la defensiva, añorando una vuelta a los dorados años del Estado de bienestar como paradigma de referencia. Sin renunciar a destacar los avances conseguidos en el pasado, la izquierda necesita redefinir sus propuestas y subrayar sus ideales.

El Foro de Economía Progresista quiere ser un espacio de diálogo libre, no atado a la coyuntura ni a disciplinas partidistas, que contribuya a la generación de una corriente de pensamiento económico alternativo, en las condiciones del siglo XXI.

El modelo económico neoliberal inició en los años 80 del pasado siglo una ofensiva ideológica potente, con mensajes muy sencillos y contundentes. A lo largo de los últimos 30 años, esa ideología se ha materializado en un modelo económico a escala nacional y global cuyos resultados (desigualdad creciente, pobreza y exclusión social, precarización del mercado de trabajo, deterioro medioambiental grave, dominio de lo especulativo y deterioro de la democracia, por resaltar algunos de ellos) están llevando a una pérdida del bienestar colectivo cada vez más evidente.

Pero quizás lo más grave es que esa ofensiva está consiguiendo sustituir valores tradicionales que dábamos por indiscutidos –como la solidaridad, la justicia y la igualdad– por otros como el individualismo, la competencia egoísta, el menosprecio de lo público y la percepción de la pobreza y el desempleo como consecuencia de la pereza.

Ante ese desolador panorama, la ideología de la izquierda ha permanecido a la defensiva, añorando una vuelta a los dorados años del Estado de bienestar como paradigma de referencia, más aún después de los estragos sociales causados por la crisis y las políticas austericidas en Europa. Las opciones progresistas carecen de un hilo argumental suficientemente explicativo –sobre por qué pasa todo lo que pasa– ni adecuadamente prescriptivo –sobre la dirección en la que avanzar y las políticas que proponer–.

Un grupo de personas, de amplio espectro profesional e ideológico, que partimos de una tradición ideológica de izquierdas y de fidelidad a los valores básicos de libertad, igualdad, fraternidad y solidaridad, nos reunimos desde hace meses en un Foro de debate que hemos denominado de “economía progresista”. Los días 20 y 21 celebraremos unas primeras jornadas que pretendemos que sirvan de recopilación de nuestros debates de meses pasados, de presentación pública y de lanzamiento de actividad para los próximos meses.

Queremos plantearnos si existen alternativas de transición a una economía más justa. No tenemos una respuesta de salida y por ello concebimos el trabajo como una “marcha” hacia terrenos poco conocidos, con el enriquecimiento de diferentes disciplinas y apoyada en la generosidad de los participantes en el Foro para incorporar todos los elementos valiosos que vayan aportando sus miembros.

Partimos de la convicción de que vivimos en un tiempo caracterizado por muchos nuevos fenómenos que no se acomodan a esquemas preestablecidos. Fenómenos como la amenaza a la sostenibilidad de la vida humana en el planeta, la digitalización de la sociedad, la financiarización de la economía, el agravamiento brutal de las desigualdades, las graves amenazas a la autonomía del poder político y la democracia…

Ante este escenario, el Foro quiere ser un espacio de diálogo libre, no atado a la coyuntura ni a disciplinas partidistas, que contribuya a la generación de una corriente de pensamiento económico alternativo. Queremos contribuir a definir los elementos básicos de una visión alternativa al neoliberalismo, que supere también, en las condiciones del siglo XXI, los presupuestos ideológicos de la socialdemocracia del siglo XX. Para ello nos interrogaremos sobre la situación actual del sistema capitalista, y el modelo neoliberal que ha adoptado, recogiendo las principales reflexiones existentes, aportando nuestro propio esfuerzo y dialogando con intelectuales que en otros países están buscando también respuestas a la actual situación.

Queremos contribuir a que los valores de progreso y justicia vuelvan a situarse en el centro de las preferencias sociales, a que la izquierda renueve un discurso ilusionante, a que las posturas progresistas ofrezcan nuevas metas y proyectos, a abandonar un discurso simplemente conservador de lo que consiguió, por otro estimulante de un modelo alternativo para el siglo XXI.

Sin renunciar a destacar los avances conseguidos en el pasado, la izquierda necesita redefinir sus propuestas y subrayar sus ideales. Para ello, es preciso sentar bases sólidas, en un debate riguroso que identifique los cambios radicales que se han producido respecto al pasado siglo y cómo deben adaptarse las propuestas y soluciones.

Confiamos en que el Foro de Economía Progresista, gracias a todas las personas que en él debaten y aportan, sea un instrumento eficaz en ese camino.