El pasado 26 de junio más de un centenar de personas represaliadas del franquismo y la Transición presentamos, en el espacio de memoria de la antigua cárcel Modelo de Barcelona, la campaña Nunca es tarde para hacer justicia, pero debe ser ahora, con la que demandamos a las instituciones internacionales, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, que insten al Estado español a investigar las torturas “sistemáticas” que sufrieron los opositores al régimen durante el franquismo y la Transición, y evitar que la amnistía y la prescripción impidan hacer justicia.

Esta iniciativa coordinada por Irídia-Centre per la Defensa dels Drets Humans, junto con el Ateneu Memòria Popular, la Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme, La Comuna, Òmnium Cultural y la Comissió per la Dignitat, cuenta con el apoyo de personalidades como Isabel Coixet, Juan Diego Botto, Ana Tijoux, Moha Gerehou, Mònica Terribas, Marc Giró, las hermanas Puig Antich y Xavier Antich.

Pese a que la Fiscalía y las víctimas interpretamos que la Ley de Memoria Democrática de 2022 abría la puerta a investigar judicialmente a los torturadores de la Brigada Político Social, los tribunales han alegado prescripción, amnistía y principio de irretroactividad.

Por ello, a partir de dos litigios estratégicos que han agotado sin éxito los recursos hasta el Tribunal Constitucional, se considera que acceder al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas puede ser un paso clave para romper la impunidad legal de los crímenes del franquismo.

El caso de los hermanos Pepus y Maribel Ferrándiz, que siendo menores de edad, al ser detenidos en 1971 por su militancia en la Joven Guardia Roja, fueron salvajemente torturados durante 32 días en la Prefectura de Vía Laietana de Barcelona, se presentará ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas.

Mi caso será presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya que fui torturado en 1970 durante 20 días, también en la Prefectura de Vía Laietana, por mi militancia sindical en las Comisiones Obreras de SEAT de Barcelona, acusado y condenado por el TOP (Tribunal de Orden Público) por delitos que hoy son derechos constitucionales: asociación, huelga, reunión, manifestación y propaganda.

Mi querella por torturas continuadas, consideradas crimen de lesa humanidad en la jurisprudencia internacional y, por lo tanto, imprescriptibles, fue presentada en 2022, apoyada inicialmente por la Fiscalía, pero desestimada por la Audiencia en febrero de 2025, argumentando que los hechos “no pueden calificarse como crímenes de lesa humanidad” por no estar definidos así en aquella época

¡Qué hipocresía! Claro que no existía ese tipo penal en el código franquista, ya que la tortura era y es sistémica en las dictaduras que fundamentan su persistencia en la persecución de los demócratas mediante la represión.

Los activistas que luchamos por las libertades y pagamos un alto precio por enfrentarnos a la dictadura, sufriendo torturas, privación de libertad, despidos y exilio, nos implicamos en esta campaña no por una reparación personal, ya que el dolor sufrido y el trauma nunca podrán resarcirse, sino por un compromiso ético con las nuevas generaciones para hacer justicia y cultura democrática, en tiempos de revisionismo histórico y populismo.

Somos la última generación del antifranquismo y nuestro legado es ser testimonio vivo de lo sucedido y del sacrificio que supuso avanzar en la conquista de libertades que nadie nos regaló, que no nos vinieron dadas y que se pueden perder.

Por eso resulta paradójico que ciertas instancias cuestionen que no acudiéramos antes ante los tribunales y las instancias internacionales. ¿Acaso desconocen que primero hemos tenido que acabar con la dictadura y después consolidar la democracia, reconstruir el tejido social, las organizaciones políticas y sindicales, y avanzar en derechos en un contexto de inestabilidad en una transición sangrienta amenazada por sucesivas tentativas de golpe de estado con verdaderos peligros de involución?

Es a partir de los primeros tímidos avances en políticas de memoria histórica y democrática, logrados mediante la presión de las asociaciones memorialistas y de víctimas del franquismo, que abordamos la tarea de exhumar de las fosas y las cunetas los restos de los miles de personas ejecutadas por el franquismo, para posteriormente poder permitirnos las primeras querellas.

Querellas que chocaron con un poder judicial, en su mayoría insensible ante los crímenes del franquismo. Por ello, algunos intentamos buscar en Argentina la justicia que no encontramos en nuestro país.

Aunque seguimos perseverando en Argentina, aquí en Europa y en las Naciones Unidas, con el impulso de esta campaña, pretendemos que instituciones como el TEDH y el Comité contra la Tortura obliguen a España a abrir una investigación, en lo que es un paso clave para romper la histórica impunidad legal.

Las palabras pronunciadas en Barcelona por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz el pasado 27 septiembre, proclamando que la comisaría de la Via Laietana “ha sido un símbolo de servicio público desde el que varias generaciones de policías han contribuido y siguen contribuyendo a fortalecer la democracia en nuestro país”, han herido en lo más profundo a los que, como en mi caso, fuimos torturados durante veinte días en estas dependencias, precisamente por luchar por la democracia y contra la dictadura.

Para los barceloneses, la comisaría de la Via Laietana sigue siendo un agujero negro en nuestra memoria colectiva, ya que durante 40 años allí se torturó sistemáticamente a los demócratas que nos enfrentamos a la dictadura. Algunos murieron a consecuencia de las torturas y otros sufrieron las secuelas para el resto de su vida, como es el caso de los dirigentes del PSUC Miguel Núñez y Sebastià Piera, entre tantos otros.

Aún hoy muchos barceloneses procuran evitar pasar por delante de la Jefatura de Policía de Via Laietana para no revivir el trauma sufrido en sus dependencias. Son muchas las vidas truncadas de hombres y mujeres que han sufrido en silencio el dolor y el trauma de la tortura que nadie ha atendido. Por esto, somos pocos los que estamos dispuestos a hablar de tan terrible experiencia.

En 1969, con 19 años, entré a trabajar en la empresa SEAT y me impliqué en la organización del sindicato Comisiones Obreras. Pero lo que hoy es un derecho constitucional, entonces era un delito. La empresa me denunció a la policía, que me detuvo la madrugada del 16 de diciembre de 1970 en la puerta de mi casa cuando me dirigía al trabajo.

A partir de ese momento comenzó una terrible pesadilla. Fueron 20 días de torturas en las dependencias de la Via Laietana, ya que al haberse declarado el estado de excepción para reprimir las movilizaciones de obreros y estudiantes contra las condenas a muerte de seis militantes de ETA Político Militar, la policía no tenía límite de tiempo para los interrogatorios y las torturas en las comisarías.

Veinte días de aislamiento en los apestosos sótanos de Via Laietana, sin ningún contacto con el exterior, ni con la familia ni con los abogados, perdiendo la noción del tiempo en sus celdas oscuras, de las que cada dos o tres horas, día y noche, me subían a los despachos para los interrogatorios y las torturas. Torturas de todo tipo: palizas, amenazas de dispararme, el quirófano, la rueda, la bañera… Y todo tipo de vejaciones, alternadas con la intervención del policía bueno que trataba de convencerte de que delatases a los compañeros para salir bien parado.

Fue como entrar en un pozo sin fondo, aislado e indefenso a merced de los torturadores, donde la posibilidad de estar indefinidamente en sus manos era la peor tortura. Tanto es así que ir a la cárcel para mí fue una liberación.

Mientras la Prefectura de Via Laietana sea la Jefatura superior de policía de Barcelona seguirá proyectándose sobre ella la sombra de su pasado franquista.

En otros países democráticos, los lugares de represión, como la ESMA en Buenos Aires o la sede de la Gestapo de Lyon, se han transformado en espacios de memoria. Así pues, para nuestra cultura democrática es un deber de memoria transformar la Prefectura de Via Laietana en un centro de interpretación de lo que fue la represión de la dictadura, para recordar a los que lucharon contra el franquismo y denunciar la tortura siempre y en todo lugar.

El passat dilluns, 17 d'octubre, formava part d'un grup d'unes cinc-centes persones que assistíem a la inauguració de l'exposició Franco. Victòria. República. Aleshores em vaig trobar en una situació que, certament, mai m'hauria figurat: una trentena de persones començaren a insultar-nos. Vaig tractar d'explicar-los que no em podien dir feixista fill de puta, donat que no només jo, sinó bona part dels assistents a l'acte havíem estat precisament insultats, maltractats i torturats per oposar-nos a una dictadura feixista encapçalada pel general Franco. Els insults, fins i tot l'amenaça, es van incrementar. Al representant municipal electe Gerardo Pisarello li van dir “marrano, fill de puta, feixista... perquè no marxes al teu país i poses una estàtua a Videla”. Dir això en el context actual no necessita qualificatius; no crec que els qui van dir-ho, siguin o no fills i néts de víctimes del franquisme, tinguin cap dret a llançar aquests insults. La condició de víctima no exonera de les responsabilitats cíviques bàsiques.

Per altra banda, i en sóc bon coneixedor, no vaig trobar entre aquest grup, insisteixo reduït, cap pancarta o identificació amb associacions de memòria del país que porten anys reivindicant el reconeixement de justícia, veritat i reparació. Des del meu punt de vista, aquest acte és totalment rebutjable. El cert és que allò semblava una acció de l'anomenada justícia a l'inrevés de la que va parlar Ramon Serrano Suñer, el “cuñadísimo” del dictador, per qualificar la justícia franquista de guerra i postguerra. Em sembla que va ser un acte molt poc espontani, amb una música ben identificable, per cert, fora de ritme i de context. En definitiva, la meva impressió fou que allò no havia estat el resultat d'una provocació sinó d'una acció orquestrada des de temps enrere, com a mínim des de l'agost. Tant és així que una alta representant institucional, que tal com va actuar sembla no tenir gens clar el que vol dir la representació institucional, atiava i aclamava dies després parlant sobre aquest assumpte de l'exposició com si es tractés d'un directiu de futbol que inflama el hooliganisme.

Tot això ha fet que una oportunitat per parlar sobre la dictadura, la democràcia i la impunitat hagi generat més polèmica que un necessari debat ciutadà, reflexiu i raonat, al voltant d'aquestes qüestions. Les seves conseqüències, en la meva opinió, han estat nefastes, bàsicament perquè des del primer moment s'ha buscat dividir a les víctimes de la dictadura franquista, i això no s'havia produït mai abans. Però a més s'ha introduït una qüestió mai plantejada durant els anys de democràcia com és enfrontar el patrimoni de l'antifranquisme. En aquest sentit, també es pot plantejar que s'obre una nova forma d'impunitat, diferent per suposat a la que tracten les exposicions que acull El Born fins el proper 8 de gener, però que posa el focus en la necessitat d'establir una relació adequada entre ètica i política. Tot no està permès, el fang del que va parlar-nos Umberto Eco, molt poc abans de morir, és un fang que neix precisament d'espais utilitzats de manera impune, moguts per la voluntat de forjar una falsa i única memòria de Catalunya, de vocació unitarista. Aquestes pulsions condueixen a una fe única impartida per una comunitat de creients fora de la qual alguns podem ser considerats fills de puta i feixistes, sense atenir-se a cap conseqüència posterior.

El passat dissabte dia 22 de novembre vaig assistir a la lectura dramatitzada de l'obra d'Ariel Dorfman, La mort i la donzella, una peça més de les activitats del programa Evocacions de la ruïna. La sala estava plena de gom a gom i es van exhaurir les entrades. Paulina Salas, la protagonista, pronuncia unes paraules esfereïdores, també a la llum del cas espanyol, en el sentit de que la reparació de les víctimes afecta tant als morts com als que encara restem vius i podem parlar.

Cal que no perdem, novament, l'oportunitat de parlar sobre la impunitat i sobre la construcció de la democràcia. Enfrontar el nostre passat és un deure ètic i polític.

El pasado lunes, 17 de octubre, formaba parte de un grupo de unas quinientas personas que asistíamos a la inauguración de la exposición Franco. Victoria. República. Entonces me encontré en una situación que, ciertamente, nunca me habría figurado: una treintena de personas empezaron a insultarnos. Traté de explicarles que no me podían llamar 'fascista hijo de puta' dado que, no sólo yo, sino buena parte de los asistentes al acto habíamos sido precisamente insultados, maltratados y torturados por oponernos a una dictadura fascista encabezada por el general Franco.

Los insultos, incluso la amenaza, se incrementaron. Al representante municipal electo Gerardo Pisarello le dijeron “marrano, hijo de puta, fascista... Porque no marchas a tu país y pones una estatua a Videla”. Decir esto en el contexto actual no necesita calificativos; no creo que quienes lo decían, sean o no hijos y nietos de víctimas del franquismo, tengan derecho a lanzar estos insultos. La condición de víctima no exonera de las responsabilidades cívicas básicas.

Por otra parte, y soy buen conocedor del tema, no encontré entre este grupo, insisto reducido, ninguna pancarta o identificación con asociaciones de memoria del país que llevan años reivindicando el reconocimiento de justicia, verdad y reparación. Desde mi punto de vista, este acto es totalmente rechazable. Lo cierto es que aquello parecía una acción de la llamada justicia al revés de la que habló Ramón Serrano Suñer, el cuñadísimo del dictador, para calificar la justicia franquista de guerra y posguerra. Me parece que fue un acto muy poco espontáneo, con una música bien identificable. Por cierto, fuera de ritmo y de contexto.

En definitiva, mi impresión fue que aquello no había sido el resultado de una provocación sino de una acción orquestada desde tiempo atrás, como mínimo desde agosto. Tanto es así que una alta representante institucional, que tal como actuó parece no tener nada claro lo que quiere decir la representación institucional, atizaba y aclamaba días después hablando sobre este asunto de la exposición como si se tratara de un directivo de fútbol que inflama el hooliganismo.

Todo esto ha hecho que una oportunidad para hablar sobre la dictadura, la democracia y la impunidad haya generado más polémica que un necesario debate ciudadano, reflexivo y razonado, en torno a estas cuestiones. Sus consecuencias, en mi opinión, han sido nefastas, básicamente porque desde el primer momento se ha buscado dividir a las víctimas de la dictadura franquista, y eso no se había producido nunca antes.

Pero además se ha introducido una cuestión nunca planteada durante los años de democracia como es enfrentar el patrimonio del antifranquismo. En este sentido, también se puede plantear que se abre una nueva forma de impunidad, diferente por supuesto a la que tratan las exposiciones que acoge El Born hasta el próximo 8 de enero, pero que pone el foco en la necesidad de establecer una relación adecuada entre ética y política. Todo no está permitido, el barro del que hablaba Umberto Eco, muy poco antes de morir, es un barro que nace precisamente de espacios utilizados de manera impune, movidos por la voluntad de forjar una falsa y única memoria de Catalunya, de vocación unitarista. Estas pulsiones conducen a una fe única impartida por una comunidad de creyentes fuera de la que algunos podemos ser considerados hijos de puta y fascistas, sin atenerse a ninguna consecuencia posterior.

El pasado sábado día 22 de noviembre asistí a la lectura dramatizada de la obra de Ariel Dorfman, La muerte y la doncella, una pieza más de las actividades del programa Evocaciones de la ruina. La sala estaba llena a rebosar y se agotaron las entradas. Paulina Salas, la protagonista, pronunció unas palabras aterradoras, también a la luz del caso español, en el sentido de que la reparación de las víctimas afecta tanto a los muertos como a los que todavía estamos vivos y podemos hablar.

Es necesario que no perdamos, nuevamente, la oportunidad de hablar sobre la impunidad y sobre la construcción de la democracia. Enfrentar nuestro pasado es un deber ético y político.