El actual sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, aprobado mediante la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, entró en vigor en 2009 y, aunque su aplicación plena se desplegó progresivamente en los años posteriores, no ha sido objeto de revisión ni actualización desde entonces, a pesar de que la propia normativa preveía su revisión cada cinco años. Este sistema, que afecta a todas las comunidades autónomas salvo País Vasco y Navarra, regidas por el Concierto y el Convenio Económico respectivamente, se encuentra hoy claramente obsoleto y prorrogado de facto, al no responder adecuadamente a los cambios demográficos, económicos y sociales producidos en los últimos quince años. Su mantenimiento sin reforma ha generado crecientes desequilibrios territoriales, tensiones fiscales y problemas de suficiencia financiera, convirtiéndose en uno de los principales focos de debate político e institucional en España y evidenciando la urgente necesidad de una reforma integral que garantice equidad, suficiencia y corresponsabilidad fiscal entre territorios.

Vuelve a ocupar el centro del debate político el sistema de financiación de las comunidades autónomas, y conviene empezar subrayando una obviedad que no siempre se dice: que hoy estemos discutiendo sobre financiación, equidad fiscal y gobernabilidad es, en sí mismo, un avance democrático. Especialmente si se compara con el clima político polarizado de 2017, cuando la conversación pública estaba secuestrada por la confrontación identitaria, la unilateralidad y el riesgo real de ruptura territorial del Estado. Debatir sobre cómo se reparten los recursos, cómo se garantiza la igualdad de servicios públicos y cómo se refuerza la cohesión social es, sin duda, una discusión más sana y productiva para el conjunto del país.

Sin embargo, este debate vuelve a estar atravesado por dos pulsiones que lo empobrecen gravemente: el cinismo y la histeria. El cinismo aparece cuando se afirma, con solemnidad impostada, que cualquier reforma del sistema de financiación solo puede plantearse en marcos estrictamente multilaterales, como si la historia reciente del Estado autonómico no demostrara exactamente lo contrario. Ninguna reforma relevante del sistema de financiación se ha gestado sin impulsos bilaterales previos, ni con gobiernos del PSOE ni del PP. Ocurrió con los grandes acuerdos de los años noventa y con el modelo aprobado durante el primer gobierno de José María Aznar, cuando el objetivo prioritario era consolidar una mayoría parlamentaria estable y a eso se le llamaba, sin ningún rubor, “gobernabilidad”. Lo que ayer se entendía como pragmatismo político hoy se presenta interesadamente como claudicación.

La histeria, por su parte, adopta varias formas. La más ruidosa es la del anticatalanismo explícito o latente, que reaparece de manera casi automática cada vez que Cataluña entra en una negociación relevante con el Estado. Se construye así un relato de privilegios inexistentes, agravio comparativo y deslealtad permanente que ignora deliberadamente los datos básicos del sistema y alimenta una confrontación emocional que apenas oculta objetivos partidistas. Esta histeria identitaria no solo distorsiona el debate, sino que bloquea cualquier posibilidad de acuerdo racional y duradero.

A esta se suma una segunda forma de histeria, aparentemente más técnica pero igual de engañosa: la de denunciar una supuesta ruptura de la igualdad territorial cuando las propuestas que se están discutiendo se basan, una vez más, en el criterio de población ajustada y en el aumento de la participación de las comunidades autónomas en los grandes impuestos del Estado, como el IRPF o el IVA. Es difícil sostener que se esté hablando de privilegios fiscales cuando lo que se plantea es reforzar la corresponsabilidad tributaria y mejorar la suficiencia financiera de los servicios públicos fundamentales, especialmente sanidad, educación y dependencia.

En este contexto resulta llamativo el uso recurrente del fantasma del “concierto económico para Cataluña”. Se invoca como amenaza inminente algo que no está en ningún texto, no figura en ningún proyecto normativo y, sencillamente, no se le espera. El concierto económico es un régimen singular, con raíces históricas muy concretas, que afecta hoy al País Vasco y Navarra y que no forma parte del debate real sobre la financiación autonómica.

Agitar este espantajo sirve únicamente para desinformar, generar miedo y desplazar el foco de la discusión sobre los verdaderos problemas del sistema de financiación autonómica. Lo que sí puede y debe ser objeto de debate es un elemento novedoso en España, pero perfectamente conocido y aplicado en otros Estados descentralizados como Alemania: la introducción de una ordinalidad corregida. No se trata de que quien más aporta reciba más en términos absolutos, sino de garantizar que ninguna comunidad vea deteriorada su posición relativa hasta niveles que queden claramente por debajo de la media tras el proceso de redistribución. Es decir, preservar un suelo razonable de retorno para las comunidades con mayor capacidad fiscal, sin renunciar en ningún caso a la solidaridad interterritorial. Esta idea, con distintos matices, ha sido defendida en programas electorales de diversas formaciones políticas, y no solo en Cataluña, lo que demuestra que no responde a un capricho coyuntural, sino a un debate político maduro y transversal.

Resulta igualmente significativo lo que no aparece con fuerza en la discusión pública: la necesidad de avanzar en una cierta armonización fiscal. La competencia fiscal a la baja entre comunidades, especialmente en los impuestos patrimoniales, ha generado dinámicas de dumping que erosionan la capacidad redistributiva del Estado y penalizan a los territorios que apuestan por mantener servicios públicos fuertes. Esta cuestión es incómoda para muchos, pero indispensable si se quiere un sistema justo, sostenible y coherente con los principios de igualdad y solidaridad que proclama la Constitución.

No debería mezclarse, en ningún caso, el legítimo debate sobre el sistema de financiación autonómica con el ansia de parte de la oposición —y sorprendentemente también de algún presidente autonómico socialista— por dar por acabada una legislatura antes de tiempo. Vincular la reforma de la financiación a estrategias de desgaste político o a cálculos electorales de corto plazo es profundamente irresponsable. El sistema actual está caducado, genera desigualdades crecientes y castiga tanto a las comunidades infrafinanciadas como a aquellas que sienten que su esfuerzo fiscal no se ve razonablemente reconocido. Reformarlo no es una concesión coyuntural, sino una obligación estructural del Estado.

Desde una perspectiva progresista y solidaria, la reforma del sistema de financiación autonómica debe entenderse como una herramienta para fortalecer la cohesión territorial, mejorar la calidad de los servicios públicos y reforzar la legitimidad democrática del Estado autonómico. No se trata de enfrentar territorios, sino de construir un marco de reglas más justo, transparente y estable, capaz de adaptarse a los cambios demográficos, económicos y sociales del país. En ese sentido, resulta imprescindible introducir mejoras que reconozcan con mayor precisión las realidades territoriales diferenciales: la fragmentación y la insularidad de comunidades como Baleares y Canarias, los sobrecostes derivados de la condición ultraperiférica de Canarias, así como los desafíos estructurales de la despoblación y el envejecimiento en amplias zonas del interior y del medio rural. Atender adecuadamente estas singularidades no significa privilegiar a unos territorios sobre otros, sino garantizar que todos dispongan de los recursos necesarios para prestar servicios públicos equivalentes en condiciones comparables. La solidaridad no puede basarse en agravios permanentes ni en discursos morales vacíos, sino en mecanismos objetivos, revisables y equitativos.

España necesita menos ruido y más política; menos histeria y más datos; menos cinismo y más voluntad de acuerdo. Reformar la financiación autonómica no resolverá por sí sola todos los problemas territoriales, pero es una condición necesaria para garantizar gobernabilidad, igualdad real y un proyecto común creíble. Y precisamente por eso, hacerlo bien —desde el diálogo, la corresponsabiilidad y la justicia fiscal— es una tarea inaplazable.

El pensamiento mágico se ha incorporado con mayor protagonismo a la política como consecuencia de la reciente cadena de acontecimientos catastróficos, como han sido desde la crisis financiera a la pandemia, la guerra y la emergencia climática, pero sobre todo por la impotencia de la política para conciliar la economía con la salud y las condiciones sociales de la mayoría y con los conocimientos científicos, cuanto menos en paliar sus consecuencias y mucho menos para prevenirlas.

Ante la incertidumbre, el riesgo y la emergencia derivadas del actual estado de crisis, la política se ha visto desbordada, y como consecuencia impugnada y más recientemente sustituida por el recurso fácil del populismo. Una alternativa a la política en democracia que se crece en los momentos de crisis. En este caso con un relato populista basado en el pensamiento mágico, que o bien niega la gravedad de los datos y los hechos de la realidad o que simplemente los oculta mediante una cortina de humo de bulos y teorías de la conspiración, y sobre todo, que cuando se impone la necesidad de adoptar medidas restrictivas o de cambio cultural al objeto de paliarlas o prevenirlas, las rechaza por falsas o exageradas. En última instancia recurre a la descalificación de los técnicos, los profesionales y de la ciencia, así como de la legislación y de los organismos e instituciones estatales e internacionales que las promueven y respaldan. Esto es en definitiva lo que ha predominado como reacción populista a la cadena de catástrofes de los últimos años. Y todo a pesar de que la gestión de dicha cadena de crisis por parte del gobierno de coalición, si bien con las limitaciones lógicas de su carácter novedoso y de la incertidumbre, ha sido más que correcta y en algunos casos extraordinaria como ocurrió con la vacunación, los ERTEs, los fondos europeos y la excepción ibérica en la actual crisis energética. 

Sin embargo, este mismo relato se ha prolongado en los casos concretos más recientes con la pretensión de anteponer el mercado de la alimentación a la salud y al medio ambiente, como con pretensiones como la regularización de regadíos ilegales en Doñana y la flexibilización de la legislación sobre la tuberculosis bovina en Castilla y León, nada menos que por parte de sus respectivos gobiernos de la derecha al rebufo de la ultraderecha. Por eso, no es de extrañar la atribución por parte del nacional populismo a los compromisos del milenio y a la agenda 2030 de la ONU de las más oscuras intenciones al servicio del llamado contubernio globalista.

Un modelo de pensamiento que tampoco es nuevo en política, en particular en la política económica neoliberal donde, más allá de sus pretensiones científicas, sobre todo en la etapa más reciente de financiarización de la economía, cada vez está más presente la última ratio de los designios inescrutables del dios del mercado. 

El pensamiento mágico también se ha ido extendiendo como una mancha de aceite al conjunto de la política española, tanto en relación a las causas que animaron la moción de censura que derribó al gobierno de Mariano Rajoy, como en particular sobre las intenciones del gobierno de coalición así como de la mayoría parlamentaria de investidura y más en concreto por parte de los estigmatizados comunistas, así como de los nacionalistas y de los independentistas.

No en vano se han ido acuñando los términos peyorativos que los simbolizan como son el gobierno socialcomunista, la disyuntiva de España o Sánchez y más recientemente con el objetivo de la derogación del sanchismo, términos que remiten en última instancia al guerracivilismo de la dictadura y a la crisis política de países de América Latina, que en nada tienen que ver con la situación actual de la democracia española.

Este relato también pretende traer a la actualidad política, a medio camino entre el pensamiento simbólico y el racional, una suerte de realismo mágico sobre la actualidad de la presencia de los herederos del terrorismo de ETA y de la declaración de independencia de Cataluña, precisamente en el momento en que tanto la una como la otra no solo pertenecen al pasado, sino que se encuentran bajo mínimos en cuando a sus condiciones de posibilidad.

Por otro lado y paradójicamente, al tiempo que se niega la dimensión y las consecuencias de las catástrofes reales se trata de construir un relato catastrófico ficticio en oposición a la favorable realidad económica y política, que tan pronto intenta retorcer los datos del crecimiento económico y de empleo como si se tratase más que de una recesión al borde de la ruina, agitando con ello la incertidumbre y el malestar provocados por las restricciones en salud pública y medio ambiente y el incremento de los precios en segmentos de la población, cuando los organismos nacionales e internacionales respaldan la gestión económica y en especial el plan de protección de los colectivos vulnerables por parte del gobierno como un ejemplo a seguir en materias como la reforma laboral o la viabilidad de las pensiones. Incluso han llegado a denominar al propio gobierno de coalición como una verdadera dictadura, en contra de los baremos de las organizaciones internacionales de derechos humanos que la sitúan entre las democracias de mayor calidad, agitando incluso el espectro del peligro de fraude electoral, y todo por un puñado de irregularidades en un sistema electoral de los más seguros de nuestro entorno democrático. Y lo hacen los mismos que compararon la magnitud del golpe contra el Capitolio para detener un resultado adverso con las concentraciones de 'rodea el Congreso' en España. En las fechas más recientes deformando hasta el extremo la imagen del presidente Sánchez hasta calificarlo como un tirano sin escrúpulos. Todo ello entre la realidad deformada del callejón del gato de Valle Inclán, el realismo mágico de la novela latinoamericana y la realidad alternativa del populismo de Donald Trump.

La conclusión de tal elaboración delirante por parte de la derecha es en definitiva la caracterización del gobierno como la más acabada representación del mal. De un mal que atraería por sí mismo a las catástrofes. En palabras de la portavoz de Ciudadanos Inés Arrimadas, recientemente dimitida, un gobierno y un presidente “gafes” que es necesario derribar cuanto antes, para que con ello desaparezca la mala suerte que, al parecer, solo afectaría a nuestro país.

Lo cierto es que hasta ahora, tanto la réplica consistente en la dulcificación de una realidad contradictoria, como la de la deformación de la imagen del oponente no han hecho otra cosa que engordar el monstruo de esta estrategia populista de la oposición. Quizá sea tiempo de recurrir al realismo político y para ello de defender la continuidad y la profundización de los proyectos de reforma económica y social y de ampliación de derechos políticos desarrollados por el gobierno de coalición en esta legislatura. 

Reconociendo también los errores propios que van desde el exceso de confianza en la mayoría de investidura, en concreto a la dependiente de la política catalana, al funcionamiento compartimentalizado de la coalición de gobierno y hasta algunos saltos en el vacío como la renuncia al referéndum del Sáhara, a cambio de compromisos etéreos de Marruecos, o la reforma del Código Penal tanto en la ley de 'solo sí es sí' como de la malversación de fondos públicos.

Ahora que se van firmando acuerdos entre la representación de los profesionales sanitarios y los gobiernos de distintas CCAA, ya hay quien asegura que son solo parches y que no se solucionan los problemas de fondo limitando las agendas, aumentando el tiempo de atención y mejorando las retribuciones. Es verdad que son imprescindibles además cambios de fondo, aunque por algo había que empezar para contener la hemorragia.

Los problemas de la sanidad pública y en especial de la atención primaria no son nuevos sino que son muy anteriores a la pandemia, aunque como consecuencia de ella se pusieran en evidencia e inmediatamente después se hayan agravado, y no solo en España sino en la mayor parte de los sistemas sanitarios públicos ya que los privados no tienen tales pretensiones.

La cuestión de fondo es la abrumadora orientación (casi monográfica) de la asistencia sanitaria pública y privada a la curación de la enfermedad. Como consecuencia de ello se ha producido la deriva tecnológica, farmacológica y hospitalaria del conjunto de la asistencia sanitaria moderna, reforzada durante el siglo XXI con el paso de la medicina de las máquinas y a la medicina digital y luego de los códigos en los términos acuñados por Jacques Attali. En la actualidad vivimos un nuevo salto hacia la medicina genómica, la de la inteligencia artificial y los robots. Un profundo cambio de modelo de atención con enormes repercusiones tanto en el propio sistema sanitario como en la economía, la sociedad y la cultura sanitaria. Precisamente por eso hay que reconocer en primer lugar que es muy difícil de reconducir la sanidad pública y sobre todo hacerlo a corto plazo.

Esta revolución digital del modelo de atención médica se ha impuesto al modelo médico humanista e incluso al más reciente modelo de las máquinas en el ámbito sanitario, en la propia formación médica y entre la ciudadanía. En primer lugar en las expectativas de éxito los estudiantes y de sus familias, que se han visto reforzadas por el carácter elitista y selectivo de las notas para el acceso a las carreras sanitarias, dentro de un ambiente que reproduce el de las carreras técnicas y de las oposiciones a los altos funcionarios del Estado.

De igual modo en el de la formación especializada mayoritariamente hospitalaria y tecnológica, que afecta incluso a la formación práctica y a las guardias de las especialidades comunitarias y marca sus aspiraciones de futuro. En el plano ciudadano son los influencers y el couching los que han cambiado la propia noción de lo que son la salud y la educación sanitaria, que estaban muy unidas a los equipos de atención comunitaria hasta hace bien poco.

Sobre todo lo anterior influye también el envejecimiento de la población y el consiguiente cambio del patrón de salud y enfermedad desde las patologías infecciosas y agudas de antes a las enfermedades crónicas y degenerativas de ahora. Y por consiguiente el retroceso de la noción de curación en favor de los tratamientos durante buena parte de la vida y la creciente demanda de cuidados. Todo esto se ha visto potenciado aún más con el modelo de consumo propio de la sociedad contemporánea, además en plena transición digital, que conlleva el incremento imparable de la demanda individualista, la exposición y la exigencia de satisfacciones o soluciones radicales e inmediatas, y la pandemia de la soledad.

Este incremento de la demanda sanitaria ha condicionado la saturación de la atención primaria como puerta de entrada y como agencia de casos, desarticulando la atención programada, el trabajo en equipo y su orientación comunitaria, provocando también como consecuencia el colapso de las urgencias hospitalarias y las crecientes listas de espera, tanto de pruebas complementarias, de especialidades, como quirúrgicas.

La mercantilización, la digitalización y la robotización han inducido también el agotamiento del modelo de gestión publica y su insuficiencia presupuestaria, facilitando el interesado recurso a su desarticulación, a la atomización de la gestión por áreas y por dispositivos, así como a su privatización con la excusa de su inviabilidad.

Esta potente inercia reparadora, hospitalaria y tecnológica explica la debilidad de la salud pública y de la salud comunitaria en ámbitos que les son tan esenciales como la atención primaria, la salud mental o la tan olvidada salud laboral.

En resumen, el conjunto de formación médica y sanitaria está hace tiempo orientado a la reparación y la especialización, incluidas la medicina de familia y la psiquiatría, que también tienen su principal sede en el ámbito hospitalario.

En este sentido, no son de extrañar los problemas surgidos en la planificación de recursos humanos y en particular en relación a las especialidades con menores recursos tecnológicos como ocurre con la medicina de familia, la salud pública o la psiquiatría, no solo en el número de plazas ofertadas sino también en relación a la menor adherencia al ejercicio en la comunidad por parte de los egresados.

En definitiva, lo que ha hecho la crisis de la pandemia de la covid19 es mostramos estas debilidades, es cierto que también junto a las evidentes fortalezas de nuestro sistema sanitario como su carácter universal y su accesibilidad. Por otra parte, la salud pública y los trabajadores en sectores esenciales se han mostrado imprescindibles. De forma contradictoria ha reforzado la epidemiología de los aislamientos y las cuarentenas de la época analógica, junto a la medicina de las máquinas de los respiradores, las UCI y la de los códigos de la genómica en las nuevas vacunas de la época digital.

También se ha mostrado útil la experiencia tanto de la dirección y reorganización para el objetivo concreto de la respuesta a la pandemia, junto a la flexibilidad y la autonomía organizativa de algunos dispositivos de atención.  Sin embargo, no ha ocurrido lo mismo con la atención personal propia de la atención comunitaria en la medicina de familia y la psiquiatría.

Otra consecuencia no menor ha sido también el agobio primero y ahora el cansancio de los profesionales, que se ha sumado a la desmotivación.

Con ello, la atención primaria se encuentra ante la encrucijada de volver a una mera atención ambulatoria con el añadido de la telemedicina, de convertirse en la consulta externa deslocalizada del hospital o la de avanzar en su refundación como atención humana, integral y comunitaria.

Se trata, por lo tanto, del difícil proceso de reorientar el sistema sanitario y en especial el ámbito comunitario, como también la formación médica y de enfermería hacia la salud pública y la atención primaria. Priorizando la educación sanitaria para hacer frente al modelo de demanda de la sociedad de consumo.

Debemos ser conscientes de que durante un tiempo tendremos un presupuesto y un número de profesionales limitados (sobre todo en algunas especialidades como la medicina y la enfermería de familia), con los que sin embargo tendremos que hacer frente a la crisis durante un tiempo.

Por eso hay que seguir planificando e incrementando el número de los graduados en ciencias de la salud y en particular en estas especialidades que sufren las principales carencias.

Se trata también de desarrollar de forma más equilibrada la educación médica, anteponiendo la formación comunitaria a la mera cobertura de las carencias en las urgencias hospitalarias.

En particular es preciso mejorar las condiciones laborales y de conciliación de estos profesionales, favoreciendo contrataciones dignas, el desempeño de las mismas y la carrera profesional.

Asimismo, el desarrollo de la autonomía y la flexibilidad de los centros sanitarios y al tiempo con la simplificación las actuales estructuras de dirección. También es urgente reforzar el carácter singular de las direcciones de salud comunitaria que integre entre otras la salud pública, la atención primaria y la salud mental.

Por último, la respuesta a la lista de espera excesiva solo será posible desde la integración de los recursos propios y la labor de agencia de la atención primaria. Porque la medicina comunitaria y la medicina tecnológica son vasos comunicantes y sus actividades pueden ser complementarias, siempre y cuando el hospital no absorba a la atención primaria ni la tecnología y la inteligencia artificial no terminen sustituyendo a la medicina.

Después de meses de calificar las movilizaciones sanitarias como una estrategia de oposición con motivaciones políticas, el consejero de sanidad de la Comunidad de Madrid ha levantado el velo de su modelo oculto para la atención primaria en el marco de un acto de partido del PP del distrito de Salamanca. 

Frente al actual modelo que considera que es de origen cubano y poco menos que pasado de moda, aunque tenga su base en la cumbre de Alma Ata, el consejero apuesta por lo que denomina el modelo de atención primaria adoptado en las reformas de los gobiernos conservadores del Servicio Nacional de Salud Británico (NHS), con el protagonismo casi exclusivo de la atención de enfermería y ahora con el añadido de la atención telemática y el práctico abandono de la prevención y la promoción de salud. Por otra parte, sin que le adorne el don de la oportunidad, ya que después de sucesivas privatizaciones y de la reciente pandemia de la covid19 el NHS ha entrado en una profunda crisis que afecta no solo a los resultados de la atención primaria, si no también a las urgencias hospitalarias y al conjunto del sistema. No es precisamente el ejemplo a seguir.

Entre tanto, la atención primaria madrileña continúa en pie de guerra después de tres meses de huelga y de dos movilizaciones de una magnitud sin precedentes, ante las que el gobierno madrileño no solo mantiene el bloqueo de la negociación sino que añade la sistemática descalificación de la importancia de las mismas y de su intencionalidad como meramente política.

Lo que no explican es por qué mientras que en el resto de las CCAA, en que según ellos se han producido problemas y demandas similares en la atención primaria, primero se ha negociado y en su mayoría finalmente se ha llegado rápidamente a un acuerdo, basado en ajustes de horarios y retribuciones y mediante la reorganización de los centros, y por qué sin embargo desde su gobierno se ha optado por el bloqueo de la negociación sino es para agotar la resistencia de los huelguistas y doblar el pulso a la representación sindical.

Por eso recientemente se ha llegado incluso a la persecución de la actividad informativa sobre las razones del conflicto en los centros sanitarios tachándola de porquería. Según la propia presidenta Ayuso una actividad inaceptable en la sanidad que resulta urgente evitar para que se mantenga el decoro.

Un largo proceso que comenzó con el desmantelamiento de las urgencias extrahospitalarias en la pandemia y su posterior reapertura parcial, con unos equipos demediados en los que era de aplicación el protocolo de atención en ausencia de personal médico, que entonces les sirvió de excusa para su atribución en exclusiva al personal de enfermería. El documento recogía que la enfermería era la garante de “mantener la continuidad de los centros de salud”. Así, en el caso de que no haya un médico en el consultorio o en el centro de salud correspondiente, serían los profesionales de enfermería los que lo evaluarían y decidirían si era necesario recurrir o no a un médico para atender al paciente. Ahora, lo que parecía un remedio temporal a la situación concreta de la urgencia extrahospitalaria, parece haberse convertido en el modelo low cost de una atención primaria precaria de la Comunidad de Madrid.

En definitiva, el contra modelo de la Consejería madrileña es que los denominados puntos de atención, no contarían en el futuro con personal médico, de tal manera que salvo en el caso de los triajes, los cuidados y las curas nadie asumiría la responsabilidad, ética, civil ni en su caso penal, de valorar, diagnosticar, estabilizar, prescribir una receta o en su caso dar de baja al paciente.

Los profesionales de la medicina quedarían, como ocurre en el NHS, a modo de consultores para el caso de que fueran requeridos por la primera línea constituida por personal de enfermería.

Esta sería entonces la alternativa del gobierno de la CAM al actual modelo de atención primaria nacido hace casi cuatro décadas del decreto de atención primaria de 1984 y luego incorporado a la ley general de sanidad de 1986 basado en la medicina de familia y en la labor del equipo pluridisciplinar de atención comunitaria integral, en la línea establecida en la cumbre de Alma Ata por la OMS.

El mencionado Real Decreto de Estructuras Básicas de Salud establece la constitución de la Unidad funcional mediante el equipo de Atención Primaria, el ámbito geográfico de actuación en la zona básica de salud dentro de la estructura física del centro de salud.

Es por eso que no solo las organizaciones médicas han asegurado que no se puede entender un modelo de centros de salud sin profesionales de la medicina, sino que la propia enfermería se ha pronunciado en contra de las palabras del Consejero Escudero, aunque como es lógico defienda un modelo sanitario de equipo en el que se le otorguen a la enfermería un “papel más importante” y con más competencias, al considerar al actual modelo de médicocentrista.

Mientras tanto, la dirección nacional del PP atribuye la situación actual a la escasez de médicos y la responsabilidad de la misma al gobierno central, a pesar de que desde hace más de dos décadas la competencia sanitaria sea de las CCAA y de que el actual gobierno de coalición haya incrementado sustancialmente el número de especialistas en formación y en particular de los médicos de familia a lo largo de la legislatura, a diferencia de los recortes realizados en los períodos con gobiernos conservadores.

Un doble juego que no puede ocultar que para el sector ultraliberal del PP como para la ultraderecha la Comunidad de Madrid es el laboratorio donde se juega el futuro del actual modelo de atención primaria de calidad, de la sanidad pública y del futuro del sindicalismo en el sector sanitario.

Con motivo de las actuales movilizaciones de los profesionales en defensa de la atención primaria, aparte de las distintas negociaciones en el ámbito de las CCAA y de algunas medidas del Gobierno central dentro de sus estrictas competencias, muchos analistas parecen coincidir de nuevo, además de en el trazo grueso del diagnóstico sobre la sanidad pública, en la necesidad de un pacto de Estado en favor del futuro de la sanidad pública en la línea del Pacto de Toledo sobre las pensiones.

No es la primera vez que se reconocen las carencias de nuestro sistema sanitario y la necesidad de un acuerdo que lo actualice, después de casi 40 años, en el que participen, dentro de un sistema sanitario descentralizado, al menos el Gobierno central y las CCAA, sino también los grupos parlamentarios de la Cortes Generales e incluso las organizaciones civiles relacionadas con el sector salud.

Aunque también es necesario recordar que el mencionado pacto de Estado se ha explorado, y no solo en el pasado, sino más recientemente. Al menos en mi experiencia como presidente de la comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados y miembro de la subcomisión para el estudio de los problemas del sistema sanitario, resultó entonces poco menos que inviable, sobre todo por el carácter antagónico del modelo sanitario propugnado en los últimos tiempos por la derecha. Un pacto que fue bloqueado finalmente por la derecha con argumentos conocidos: por una parte, con la impugnación de la atención primaria y, por otra, con la defensa cerrada de las concesiones y del modelo de gestión privada, desde un modelo alternativo opuesto al que contempla la ley general de sanidad de mediados de los ochenta del siglo pasado, que ha ido consolidando tanto ideológicamente y como con un no menos potente entramado de relaciones e intereses desde entonces, en particular en el periodo de hegemonía neoliberal. Bloqueado, asimismo, por la desconfianza de los gobiernos nacionalistas en que el pacto se pudiera utilizar para una nueva armonización autonómica y, con ello, para una injerencia en la competencia sanitaria que no solo consideran exclusiva sino incluso excluyente con respecto al ministerio de Sanidad. Una desconfianza confirmada con posterioridad como consecuencia de la polarización política y territorial de la actual década populista. Todo ello ha sido particularmente visible en las resistencias al estado de alarma y a los acuerdos de coordinación a lo largo de las sucesivas olas de la pandemia.

Por tanto, la pregunta fundamental es si la necesidad acuciante de reformas que fortalezcan el sistema público es una prioridad también para el conjunto de las administraciones y fuerzas políticas y sociales, o si, por el contrario, se trata para una parte relevante de ellos de una oportunidad para profundizar en su reorientación hacia un modelo mixto, no solo de gestión sino también de subordinación al sector privado, denominado eufemísticamente de colaboración público privada, pero que trata la salud como una oportunidad de negocio más que como un derecho universal. Algo que se ha visto de forma plástica a la par que dramática a lo largo de la pandemia, con el desbordamiento de la sanidad pública aprovechado para el incremento de las pólizas de la sanidad privada.

En definitiva, si a pesar de la gravedad de la pandemia no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en su gestión, primero en el Congreso de los Diputados y ni siquiera en el Tribunal Constitucional, con un grado satisfactorio de cooperación -aunque lastrado por un clima de desconfianza- entre las CCAA y el Gobierno central, difícilmente se puede pensar que se den hoy las condiciones para un diálogo, y mucho menos para un acuerdo, sobre todo en el actual clima de obstrucción y deslegitimación del Gobierno central. Una estrategia en la que se utiliza no solo a los grupos parlamentarios, sino además los gobiernos autonómicos e incluso a instituciones teóricamente neutrales como la propia cúpula de la justicia.

En todo caso, de lo que no cabe ninguna duda es de la extraordinaria respuesta tanto de los profesionales sanitarios como del sistema sanitario público, muy por encima de sus recursos y de sus posibilidades, a los duros retos de la pandemia, en comparación con otros modelos sanitarios, bien sean privados o mixtos. Una experiencia de resiliencia e innovación en condiciones de emergencia, que debería servir de base para cualquier acuerdo así como para la necesaria reforma del sistema sanitario. Un sistema tocado pero no hundido, cosa que justifica su modernización pero en ningún caso permite su desmantelamiento.

Tampoco cabe duda de la crisis y de las dificultades del sistema sanitario público en su conjunto como consecuencia del test de estrés de la pandemia en España y a nivel global, y que se hoy refleja en nuestro país especialmente en la debilidad de la salud pública y en la crisis de la atención primaria y de la salud mental, con consecuencias también en el conjunto del sistema en unas listas de espera insostenibles. Asimismo, con carencias -que aunque menos visibles no son menos importantes, debido a la orientación reparadora, farmacológica y tecnológica del sistema y su carácter hospitalocéntrico- en materias tan centrales como la planificación sanitaria, la gestión pública, la promoción de salud, la prevención o la vigilancia epidemiológica.

Una crisis que sin embargo se remonta a la última década del siglo veinte y la primera del actual con la pérdida del impulso integral y comunitario inicial del modelo público, y más tarde, con la distorsión de los vientos neoliberales de la estabilización presupuestaria y las primeras experiencias de nuevos modelos de gestión. Laa mayoría de ellos importados y de extracción privada, plasmados finalmente en la ley 15\97, desde la que hemos ido al rebufo de las sucesivas reformas liberalizadoras del Sistema Nacional de Salud Británico, que con el colapso que sufre en la actualidad tampoco se han demostrado precisamente exitosas. 

Es por todo esto que en el actual contexto quizá cabría plantearse, no tanto el objetivo manido pacto de Estado sobre el conjunto del Sistema Naxional de Salud, hoy por hoy imposible, sino la posibilidad de algunas reformas concretas pactadas en el Congreso y en particular en el seno del Consejo Interterritorial de Salud. Reformas que fortalezcan y modernicen los pilares del sistema sanitario público en la línea de la ley general de sanidad, para su inmediato desarrollo desde el gobierno central y en particular en las CCAA gobernadas por formaciones políticas que comparten estos presupuestos.

Una de estas, hasta ahora incomprensiblemente aplazada, es la puesta en marcha definitiva de la Agencia de Salud Pública. Otras podrían ser también las medidas urgentes de relanzamiento tanto de la atención primaria como de la salud mental, así como el avance en algunas de las principales prioridades como son la planificación sanitaria, los modelos de gestión publica, de formación y especialización y de consolidación del empleo sanitario, junto a la de coordinación de las agencias de evaluación de la calidad del sistema en el sentido del modelo NICE. Seguramente no tienen tanto predicamento como el pacto de Estado, pero sí son alcanzables con la voluntad política de la mayoría.

"A la naturaleza se la gobierna obedeciéndola"

Bacon

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de trabajo y economía social, Yolanda Díaz, ha anunciado que iniciará próximamente su proceso de escucha, algo que se ha venido anunciando y luego aplazando por diversas razones tanto externas como internas a lo largo de los últimos meses. Una cuestión de cálculo, seguramente, pero un retraso que también puede deberse a la dificultad de la tarea y a las resistencias internas, entre otras razones.

Se asegura que el encuentro con los ciudadanos será la primera parte del proyecto de suma, para dejar para un momento posterior, ya en el año 2023, la articulación de las fuerzas políticas hoy existentes a la izquierda del PSOE.

Una iniciativa que resultaría más imperiosa aún por la actual dinámica de decadencia electoral de la fórmula Podemos en sucesivas elecciones autonómicas, primero en el contexto de la pandemia, y ahora incluso en el tramo de salida por la experiencia más reciente de la división con Adelante Andalucía y el lío posterior en la elaboración de la candidatura de 'Por Andalucía'. Como consecuencia, todo indica que su resultado profundizará en la crisis de representación de la izquierda, en el mantenimiento del gobierno conservador en Andalucía y en una mayor debilidad dentro del gobierno de coalición.

El argumento de fondo para postergar el encuentro de los partidos al de los ciudadanos es el desprestigio de la política y de la imagen de los partidos en las encuestas, y por tanto, de la necesidad de un proyecto y plataforma alternativos que genere una nueva ilusión en la izquierda. Un desprestigio que ha ido en paralelo al de todas las organizaciones e instituciones mediadoras en la sociedad, más que líquida, gaseosa, de consumo digital. De hecho, desde estos sectores se da prácticamente por amortizada la forma partido. La pregunta es si el desahucio se extiende al resto de las organizaciones e instituciones democráticas que sufren hace años la misma crisis derivada del malestar social y la desconfianza en la política. Recientemente lo hemos podido constatar en la crisis de representación de los transportistas.

El problema es que esta reconsideración del sistema ya se ensayó recientemente con Podemos y Ciudadanos, que si bien pudieron capitalizar electoralmente la indignación del 15M, no han apuntado siquiera una organización ni una política alternativa. Ni el modelo de movimiento social ni los mecanismos de democracia directa como alternativas a la democracia representativa han fructificado. Muy al contrario se han degradado a tanta o mayor velocidad que lo que aspiraban a sustituir, de manera que la única alternativa ha terminado siendo la deriva autocrática representada por los partidos de extrema derecha, los gobiernos de las llamadas 'demoduras' y los regímenes iliberales. Sin embargo, ni la frustración provocada por las carencias derivadas de la gestión en el gobierno así como de sus menguados resultados electorales, han provocado hasta ahora una mínima autocrítica como un indicador de la voluntad de rectificación del proyecto.

La única explicación conocida públicamente, tanto interna como externamente, ha sido la del acoso del estado profundo en contra del proyecto, que sumado al continuismo del PSOE han dado como resultado la desmovilización de las izquierdas y el consiguiente avance de la sensación de agravio social, cultural y territorial. Sin embargo, la identidad populista y el liderazgo carismático no se cuestionan. Por el contrario, se aprovecha el ejemplo francés para revitalizar la idea del sorpaso y de la hegemonía del proyecto antagonista frente a la insatisfacción de las reformas. Tampoco se analiza que el desprestigio de la política y de los partidos no afecta hoy por igual a la derecha que a la izquierda ni a todos los partidos políticos.

Así, la política y los partidos españoles actuales son la política y los partidos del tiempo del populismo. Una mezcla en distinto grado de los restos del partido analógico electoral y del partido personalista digital. Los últimos cambios en la dirección de la derecha y su estrategia en Andalucía así lo atestiguan.

De una lado los partidos del bipartidismo, y en particular la derecha, se han instalado en un lugar hegemónico que les permite articular el nuevo bifrentismo en clave continuista, y por otro la ultraderecha se ha convertido en el partido antipolítico y antidemocrático del nuevo populismo, inestable pero funcional para la construcción de mayorías de gobierno. Vox representa una caricatura que lleva al extremo la deformación del modelo populista: una dirección militar, unos mensajes tan simples como falsos, la polarización política y odio al diferente y unos candidatos ungidos por designación del jefe.

En este sentido, entre los principales errores de Podemos están su proyecto adanista de negación del legado de la izquierda, la estrategia populista que hoy monopoliza la ultraderecha y el modelo de partido personalista. Por el contrario, sus aciertos se han producido solo cuando la realidad ha impuesto una vuelta a los orígenes de la izquierda interrumpida consistente en el compromiso con la democracia representativa, la alianza de las diferentes izquierdas, la participación en el Gobierno y la política de reformas, fruto del reconocimiento de los límites de la realidad, del reconocimiento mutuo, del diálogo político y de la concertación social. Es decir, cuando el pensamiento democrático ha sustituido al populista demostrando que aunque estaba postergado no está erradicado.

El peligro es pues volver a la primacía del liderazgo mediático, del movimiento y el populismo sobre el proyecto político y la organización de las ideas de la izquierda. Huir del concepto de partido no ayuda sino que esteriliza la capacidad de transformación de la izquierda en democracia. La alternativa al partido es hoy por hoy inexistente, no así las diferentes alternativas dentro de la forma partido.

Eso no significa darle la primacía a los viejos partidos del populismo, sino unir el proceso de escucha a la regeneración democrática, la apertura, la renovación programática y reorientación conceptual de los partidos existentes. En definitiva, la reconstrucción de la izquierda política se trata de una urgencia impostergable. Por otra parte, si las mejores prácticas resulta que han sido las reformas realizadas desde el gobierno, se trata también de continuar y reforzar el diálogo, con el acuerdo y la gestión positiva de las diferencias, abandonando la confrontación pública y la inseguridad que trasmite la gestión de la coalición de gobierno y de la mayoría parlamentaria actual. La discrepancia no puede significar estridencia ni inestabilidad.

Se trata de estabilizar una dinámica centrípeta y no centrífuga de todos los actores del sistema político que tiene que parecerse naturalmente a la sociedad a la que representan que es plural y no tiende, salvo en épocas de dominio de la desigualdad, a la división frentista. Los polos de la democracia, imprescindibles para la salud y el cambio democrático, tienen que orientarse hacia la centralidad para hacer viable la conquista de avances sociales, como por ejemplo se ha producido en la pandemia y en reforma laboral. Por otra parte, de llevarse adelante el premioso calendario previsto, significaría dejar de lado las próximas elecciones autonómicas y municipales, la verdadera base de la escucha y de cualquier proyecto político con arraigo entre la ciudadanía.

Además, las elecciones autonómicas y municipales de mayo van a ser, se quiera o no, la precampaña e incluso la campaña electoral de las elecciones generales. Un nuevo fracaso, aunque se considerara algo ajeno, se traduciría en desánimo y puede ser letal para el avance del proceso de escucha. Más vale implicarse.

En definitiva, a la naturaleza se la gobierna obedeciéndola, no ignorándola.

Recientemente, la presidenta de la Comunidad de Madrid, a propósito de la nueva ley de aborto, ha dicho que no conoce a ninguna mujer arrepentida de haber tenido un hijo y sí lo ha visto en mujeres que en su momento interrumpieron su embarazo.

La frase expresa con claridad meridiana algunos de los prejuicios naturales, sociales, ideológicos y culturales que están en el trasfondo del veto de las derechas al reconocimiento del aborto como un derecho, más allá de su natural apego a la doctrina de la iglesia católica.

Desde luego, la frase no se basa en ningún estudio sociológico existente que demuestre que hay más arrepentidas de no haber continuado con el embarazo que de tener un hijo, que en todo caso habría que evaluar controlando múltiples variables al cabo de los años, con la consiguiente inconsistencia de los resultados, sino que simplemente trata de contraponer la aparente naturalidad del curso del embarazo, como algo poco menos que inevitable y no sujeto por ello a ningún tipo de remordimiento, a la posibilidad de su interrupción como algo evitable y por tanto como una anomalía objeto de valoración, más bien de remordimiento que de alivio.

Sin embargo, el problema es que la complejidad del carácter natural y social de la vida humana ha supuesto a lo largo de la historia que un tercio de los embarazos se interrumpan de forma natural, como consecuencia de abortos espontáneos y, por otra parte, que las distintas culturas y condiciones sociales hayan recurrido a lo largo de la historia al aborto provocado. Y asimismo que en ambos casos el avance de la ciencia, del desarrollo social y político y de los movimientos feministas hayan contribuido a reducir los abortos espontáneos involuntarios, tanto como a garantizar la vida de las mujeres que han venido optando por el aborto voluntario. Una indudable aportación a la vida que niega la acusación a las feministas y a las fuerzas progresistas de defender la política de la muerte, arrogándose la injusta denominación de Provida.

Otro de los prejuicios tiene que ver con la idea clasista de que lo que una experimenta es la norma y que lo que no ocurre en tu entorno más cercano no existe, cuando es evidente que no ha supuesto en las distintas etapas de la historia ni supone hoy lo mismo un hijo o la alternativa de un aborto para una familia acomodada, a la que se refiere Díaz Ayuso como patrón de conducta, que para una mujer con otras creencias, viviendo diversos modelos de relación, en situación más o menos precaria y con un proyecto de vida en marcha o por construir, coincidente también con otras realidades.  

Como tampoco lo es el sentimiento de arrepentimiento o de alivio ante el resultado de una decisión, como el aborto, que afecta a las distintas creencias, sean o no religiosas, a la situación económica y a las condiciones sociales o al proyecto de vida de unas o de otras mujeres.

En el fondo de estos prejuicios de clase como también de los morales late el rechazo a un concepto de vida diferente, tanto en las creencias sobre la vida humana así como de los derechos de la mujer sobre su propio cuerpo en relación con el no nacido, como también el dogma de lo que deberían de ser las condiciones de vida deseables y de lo que es o tendría que ser el concepto de una 'vida buena'.

En definitiva, el dogma sobre la vida y sobre la vida buena propia entendidas como patrón generalizable al conjunto de la sociedad, y en consecuencia la no aceptación de la pluralidad de creencias y convicciones, de modelos de relaciones, de familias y de situaciones sociales, es lo que lleva a la presidenta de la Comunidad de Madrid y a la derecha a negar la libertad de las mujeres para optar por el embarazo o el aborto y la posibilidad de que se haga con tranquilidad y sin traumas.

Por eso no pueden entender que la decisión de las mujeres de interrumpir el embarazo no cambie, por mucho que los gobiernos conservadores se empeñen en poner en marcha todo tipo de consejos y medidas de apoyo y adopción paternalistas, cuando no de obstáculos, presiones y prohibiciones para disuadir a las mujeres de la decisión libre de interrumpir su embarazo. El problema es que cuando del dogma se llega a las prohibiciones y al código penal se provocan los mismos abortos clandestinos, pero con más sufrimiento y muertes innecesarias.

Esta misma concepción dogmática de la 'vida buena' es la que ha impedido hasta la reciente aprobación de la ley de eutanasia, el reconocimiento del derecho a disponer de la propia vida, provocando también aquí un sufrimiento innecesario. Estos casos sí que deberían provocar el arrepentimiento. Porque en la decisión libre radica la posibilidad de acertar tanto como de equivocarse, y en consecuencia de la satisfacción, el alivio o por contra el arrepentimiento por la misma.

Hace unas décadas fuimos testigos del hundimiento del mundo comunista. Como describe Tony Judt en Postguerra, la desaparición de la Unión Soviética fue algo sin parangón en la historia contemporánea. No fue una guerra contra otro país, ni una catástrofe natural: un enorme estado industrial, que se había constituido en la madre patria del socialismo real como alternativa al capitalismo, se limitó a derrumbarse. Y con ello, también se terminaban la bipolaridad Este-Oeste, o eso parecía, y la Guerra Fría, si es que se puede decir con lo que hoy estamos viviendo, que esta se terminó alguna vez.

Si la implosión de la Unión Soviética no fue como consecuencia de una guerra, sí hubo guerras entre los otros grandes acontecimientos políticos de esa época: la guerra del golfo pérsico, la guerra de la Federación Yugoslava, la guerra de Siria y ahora la guerra de Ucrania, entre otras.

Esos grandes hechos, su dimensión planetaria, junto con la llegada de la pandemia desde la lejana China y la dinámica que se construyó alrededor de la tecnología saltando por encima de los Estados-nación, anunciaban la compleja transición hacia un nuevo orden internacional, en torno a la llamada globalización.

En efecto, hemos vivido en estos años dos grandes crisis, la financiera de 2008 y la sanitaria de la covid-19, además de cambios estructurales provocados no solo por las revoluciones políticas, sino también por la revolución digital, que han acelerado la globalización, y ahora lo que parece ser una desaceleración de la misma, que algunos denominan ya desglobalización. La revolución digital ha transformado la sociedad, las empresas, la sanidad, la economía, la enseñanza y toda la aldea global.

De hecho, la revolución tecnológica, con sus ramas colaterales de la inteligencia artificial y la automatización, traerán, lo están haciendo ya, grandes cambios que afectarán a millones de trabajadores.

Si pretendemos comparar el mundo analógico con el digital, en cualquiera de esos ámbitos, nos daremos cuenta de que estamos comparando mundos completamente diferentes. Entre la globalización y las nuevas fuerzas que pugnan en sentido contrario, van quedando perdedores, en un mundo que es muy complejo y, por tanto, es muy difícil hacer análisis que perduren. Entre un mundo que se derrumba y otro que no acaba de nacer, vivimos en una época de incertidumbre, y en ese río revuelto... aparecen los viejos monstruos.

A diferencia de los grandes referentes del movimiento conservador, Margaret Thatcher y Ronald Reagan, los líderes de la nueva derecha desprecian los derechos humanos y la legalidad de los tratados internacionales.

El auge del populismo ultra con la construcción de muros frente a las minorías y el reforzamiento de las fronteras nacionales corren a la par con esa misma línea de desprecio de la democracia. A diferencia de los grandes referentes del movimiento conservador, Margaret Thatcher y Ronald Reagan, los líderes de la nueva derecha desprecian los derechos humanos y la legalidad de los tratados internacionales.

Sin embargo, aunque durante la pasada crisis de la Covid-19 sus ideas negacionistas salieron derrotadas y en la mayoría de los países que gobiernan tuvieron que acabar reconociendo la magnitud de la pandemia y aceptando a regañadientes la necesidad de su control, su fuerza no hace más que crecer y son una amenaza para el futuro y para la salud del planeta.

En resumen: si nos preguntásemos qué es lo más importante que está ocurriendo en las primeras décadas del siglo XXI, la respuesta seguramente tendría que mencionar que en el tránsito de una sociedad industrial y de servicios a una sociedad digital y robotizada, un virus ha hecho que nuestra seguridad de hombre analógico y los pilares de seguridad del mundo sólido que conocíamos se hayan venido abajo.

Creíamos que un fantasma recorría nuestras democracias: el fantasma de la tecnología; pero ahora vemos que el verdadero fantasma es el desconcierto acerca de qué hacer con ella.

Creíamos que un fantasma recorría nuestras democracias: el fantasma de la tecnología; pero ahora vemos que el verdadero fantasma es el desconcierto acerca de qué hacer con ella. En un repaso a la bibliografía especializada destacan muchos libros y artículos que entienden que la digitalización desmesurada y el desarrollo sin control de la inteligencia artificial, que son cada vez más dominantes en la vida cotidiana, son incompatibles con valores muy importantes propios de las democracias.

El sistema hacia el que nos desviamos está configurando un escenario en conflicto con dichos valores: la falta de respeto a la privacidad en el tratamiento de los datos personales y la entronización de los propios datos como fuente de valor; las empresas digitales y la uberización del trabajo, la tendencia a la deshumanización en las relaciones en determinados servicios públicos hasta ahora personales, entre ellos el educativo y el sanitario; el desprecio por los perdedores de la globalización y el abandono de sus actividades y territorios; y la automatización disruptiva que pone en peligro millones de puestos de trabajo.

Desde múltiples y variadas instancias se asegura con insistencia que los nuevos productos liberarán a las personas de tantas y tantas tareas, que se harán cargo de las cuentas como el mejor contable, que escribirán cualquier texto como el mejor de los novelistas, que observarán el cuerpo humano por dentro y que harán diagnósticos de gran precisión. 

Paralelamente, distintas voces desde las universidades, la sociedad, el mundo de la política y el periodismo han hecho hincapié durante estos últimos años en que la irrupción de las nuevas herramientas tecnológicas representan una manera de interpretar el respeto a las relaciones humanas contraria a sociabilidad que nos ha hecho humanos y a los estándares democráticos. Es un punto de vista que, a la vista de las experiencias que vamos teniendo, no parece muy alejado de la realidad.

Después de un tiempo de desorden unipolar, impuesto por los Estados Unidos, ha reaparecido la vieja polarización comercial y tecnológica, está vez con la nueva potencia China y su alianza con Rusia.

Tampoco el nuevo orden internacional se acerca siquiera al sueño de un mundo multipolar capaz de autogobernarse mediante el derecho internacional. Muy por el contrario, después de un tiempo de desorden unipolar, impuesto por los Estados Unidos, ha reaparecido la vieja polarización comercial y tecnológica, está vez con la nueva potencia China y su alianza con Rusia. Una Rusia que aspira a reconstruir su antiguo espacio, con la fuerza de las armas de una antigua potencia nuclear.

Pero volviendo al principio, a las últimas crisis, como si la covid no hubiera existido, la pregunta que nos hubiéramos hecho a nosotros mismos, en una conversación que hubiéramos tenido, sería ésta: “Lo veíamos así desde hace tiempo? La deriva tecnológica y geopolítica estaban anunciadas?”. En estos años ha habido innumerables muestras en favor de tal cosa. Tal vez, de haberlo sabido, analizado y actuado en consecuencia, las relaciones humanas todavía hoy pudieran ser humanizadas y frenadas las amenazas a las democracias, empezando por poner límites a los abusos de las grandes potencias, los populismos y las autocracias.

Con frecuencia se recurre a la condición analógica para definir situaciones de características caducas, de algo pasado de moda, y a menudo el imaginario colectivo asocia dicha condición a la idea de algo propio de otro tiempo. La actitud de la banca en España, iniciada tras la crisis financiera y acelerada por la pandemia, encaja como pocas otras cosas en esa conceptualización, con el abandono de sus servicios tradicionales en favor de la actividad exclusivamente comercial, el cierre de sucursales y la supresión de empleos, con la entronización de las apps y con el abandono de la España rural y de los barrios, y, como consecuencia, con las consiguientes colas de personas, muchas de ellas jubiladas, a las puertas de las cada vez más escasas entidades bancarias.

En este mismo sentido, un estudio reciente realizado en el País Vasco sobre el retraso en los conocimientos de los alumnos durante el periodo de confinamiento en la pandemia, muestra la brecha de la docencia telemática con respecto a la enseñanza presencial y a su vez entre la enseñanza pública y la enseñanza concertada, en favor de esta última.

La atención primaria, con su carácter inseparable de ciencia y de relación humana, también se había visto desplazada en los últimos años por la atención tecnológica hospitalaria y se ha precipitado ahora, como consecuencia de la pandemia, hacia la telemedicina, lo que ha acentuado la crisis de su modelo de atención comunitario y con ello el malestar de los ciudadanos. Un malestar que se ha vivido de forma especial en el ámbito de la salud mental.

De modo que, según lo que se ha escrito en estos últimos tiempos, la banca, la educación y la atención sanitaria comunitaria son algunos de los ejemplos más paradigmáticos de la transformación analógico-digital que sufren los ciudadanos, y que están sentando las bases de una brecha tan profunda que en realidad es un verdadero déficit social y democrático.

La digitalización ha sabido jugar muy bien sus bazas. A ello hay que añadir que el coronavirus ha sido un gran catalizador de la transición y de la transformación digital. A todo esto se suma que los equilibrios que permitían a las democracias del mundo mantener su posición respecto al estado social se han alterado con la catástrofe que ha significado la pandemia. Esto se puede percibir en particular en distintas parcelas de la vida como la sanidad, la educación o la administración pública y con un balance contradictorio a veces positivo y muchas veces, negativo.

Dada la trascendencia de la digitalización, para el mundo, parece importante recordar también que los países europeos y sus democráticos estados nación han perdido influencia geopolítica en favor del ciberespacio. Además, estos países se encontraban durante la revolución digital gobernados en el marco de la legislación de la UE que, a pesar de desarrollar una normativa muy avanzada en el terreno de los valores éticos y democráticos, y en la regulación del ciberespacio, como por ejemplo en materia de protección de datos, sin embargo sigue arrastrando un importante déficit previo, fundamentalmente derivado del alejamiento de sus instituciones con respecto a los ciudadanos.

Por eso este contexto histórico, así como determinadas cuestiones derivadas del fenómeno digitalizador, pueden resultar preocupantes para quienes creemos en la democracia. Y aquí, entendemos por democracia, como Hanna Arendt, la participación activa de las personas en las decisiones sobre los asuntos públicos; esto es, algo más que la mera protección de ciertos derechos individuales fundamentales. No se puede olvidar que estamos en plena guerra (y no solo de ideas) contra la forma de vida y valores de las sociedades democráticas y nos encaminamos hacia un nuevo escenario bipolar o multipolar en el que una parte muy grande de la población mundial está gobernada por autocracias.

Un aspecto menos aireado hasta ahora en los análisis que se han hecho de la digitalización sin control ha sido el de la transformación que está produciendo en nuestras vidas en los diferentes ámbitos. Y demuestra que la gran ofensiva contra los valores basados en el acercamiento de las administraciones a los administrados no procede solo de los bancos, que también, sino de la administración pública, de alguno de los bastiones más importantes del estado social como el servicio sanitario público e, incluso, de algunas universidades y centros educativos, con su obsesión por la atención telemática y sus telerreuniones, en las que la participación, la relación humana terapéutica, la enseñanza en valores, el control democrático y el debate son más difíciles y por lo tanto la tarea de los servicios y de sus órganos de dirección, huérfanos de relación personal y de oposición presencial, más fácil y al tiempo menos diversa y enriquecedora.

De cómo resolvamos la salida de estas últimas crisis depende en gran medida nuestro futuro. La magistrada Natalia Velilla destaca en uno de sus artículos que formamos parte de la primera generación que se encuentra el enorme cambio que ha supuesto la sociedad de la información. Los cambios se suceden tan rápidamente que los restos de las relaciones presenciales parecen un recuerdo de un tiempo protagonizado por otros valores democráticos, poco menos que anticuados, unos valores que respetaban una cultura basada en las relaciones humanas. Eso no implica que tengamos que renunciar a los avances que han venido de la mano de las tecnologías, pero nuestro presente, y el futuro, no pueden estar dominados por una relación dependiente con la tecnología para la que por otra parte aún no estamos preparados. No basta pues con la receta de la educación digital ante los problemas que se plantean y ante los que se avecinan. Porque no es solo que se haya desarrollado hasta la hipertrofia todo lo que es más propio de la televida que de la relación humana y que, paradójicamente, se haya perdido también la oportunidad de dedicar una máxima atención hacia otras múltiples posibilidades de la digitalización, como por ejemplo en la atención a personas dependientes (y no dependientes). No es solo eso. En ese río revuelto pescan las autocracias.

La falta de relaciones humanas podría llegar a impedir, lo está haciendo ya, que las personalidades individuales confluyan en comunidades, de modo que no será posible, por tanto, que de estas resulten interacciones más amplias de unos pueblos con otros. En definitiva, hay una cuestión que nos concierne especialmente y a todos: es preciso que entendamos que sin relaciones no es posible un mundo humano; será posible un mundo cibernético, pero no humano.

Parece que al final, la más grave crisis sufrida por el gobierno de coalición se ha cerrado con una solución que ha sido denominada como metodológica. Sin embargo, todo apunta a que el recurso del método tampoco va a ser suficiente. Las espadas siguen en alto entre los contendientes también en cuanto a los contenidos, entre la derogación de la reforma laboral del PP propugnada por la vicepresidenta y ministra de trabajo de UP y la reforma equilibrada de dicha contrarreforma, defendida ahora por la vicepresidenta y ministra de economía del PSOE, así como entre los avances de la negociación con los agentes sociales y los llamados solo preliminares por la ministra de economía. Prueba de ello es que, aparte del método en que se mantiene el liderazgo del Ministerio de Trabajo en la negociación de la concertación social, se suma ahora la participación en la misma del Ministerio de Economía y del de Inclusión, y por si todo eso no fuera suficiente, es el propio presidente del Gobierno quien con su presencia en una próxima reunión previa a la de la concertación toma cartas en el asunto. En todo caso, algo más que metodología.

Una solución que ha satisfecho a los dos partidos de la coalición de gobierno, que parecen haber enterrado el hacha de guerra, pero que ha dejado una sensación amarga de mayor desconfianza entre los socios de gobierno, en los sindicatos y entre los votantes de UP y en la izquierda en general, pero que sobre todo ha terminado rebajando el papel y el perfil de la ministra de Trabajo dentro del Gobierno. En definitiva, da la impresión que son el PSOE y la CEOE los aparentes ganadores de una batalla, en todo caso pírrica, dentro del gobierno de coalición, ya que el deterioro ha sido de los dos y del Gobierno en su conjunto. Además, se explicita la alianza entre el PSOE y la CEOE que ha logrado limitar la influencia de UGT y CCOO en el Gobierno. Con ello el Gobierno se reequilibra políticamente hacia el centro, como ya había anunciado el sentido del congreso socialista más allá de sus manifestaciones más epidérmicas y efectistas. 

Es cierto que las discrepancias entre los socios de gobierno no son nuevas ni tampoco lo es que éstas trascienden ruidosamente a la opinión pública, lo novedoso es que estas últimas hayan provocado un cambio tan importante en el funcionamiento habitual del gobierno de coalición, que además ha supuesto la implicación del propio Presidente, decantándose del lado de su partido y por extensión de la vicepresidenta de Economía, y ante todo que estos cambios vayan a proyectar sus efectos a los contenidos de la reforma laboral a negociar y a la propia dinámica de la concertación social, dotando de mayor fuerza negociadora a la CEOE y por tanto de mayor capacidad de influencia en el resultado que al final se va a remitir a la Unión Europea dentro de los compromisos para la recepción de los fondos de recuperación. Nada más y  nada menos.

En paralelo, la paradoja de la condena mínima sustituida por multa y la pena máxima de inhabilitación aplicada al diputado Alberto Rodríguez de Unidas Podemos no ha hecho más que añadir más leña al fuego en la crisis de relación de los dos grupos de apoyo al Gobierno, también en el Congreso de los Diputados y precisamente en el momento más delicado de una negociación presupuestaria con los socios parlamentarios que ya de por sí se presentaba difícil.

El problema que ha emergido con esta crisis es que el origen del gobierno de coalición, inédito en la democracia española, después de la ruptura, la convocatoria de nuevas elecciones y el fracaso del sorpaso, estuvo basado en la aceptación a regañadientes por parte del PSOE de la incorporación de UP al Gobierno y más en un clima de animosidad que de confianza, así como en un programa negociado de forma apresurada y centrado básicamente en la deconstrucción de la política de recortes y austeridad de los últimos gobiernos del PP, pero sobre todo en el forcejeo sobre el número y los nombres a incorporar al frente de las carteras ministeriales y de las vicepresidencias, de la parte del partido mayoritario al socio de gobierno.

En definitiva, se optó por un gobierno compartido o cogobierno de ministerios monocolor, y no por un gobierno mixto o de coalición, lo que hubiera requerido además de experiencia previa, una base de confianza mutua, un mayor detalle del programa de gobierno y sobre todo compartir las responsabilidades en cada ministerio o al menos contemplar la participación de los dos partidos en los puestos clave de los ministerios más estratégicos para el desarrollo de las prioridades del proyecto progresista. Por ejemplo en el Ministerio de Trabajo, en el de Hacienda, Transición Ecológica, Justicia, Sanidad o Interior. Muy al contrario, Unidas Podemos se incorpora a la periferia de un gobierno que se estructura con el ánimo de hacer impermeables para la izquierda las principales áreas que pueden incidir en el poder. La única excepción, y a medias, había sido hasta ahora el Ministerio de Trabajo.

La propia organización ministerial se hace pensando en la hipótesis de la salida de UP del Gobierno cuya permanencia, desde el primer día, se entiende como algo provisional. Es por eso, que los ministerios han funcionado desde entonces como compartimentos estancos de cada socio, un funcionamiento autónomo y cada uno con la lógica propia de cada partido, y por tanto con frecuentes desacuerdos públicos y con una dificultad añadida para conseguir acuerdos, logrados 'in extremis' y gestados a tirones como consecuencia de la dificultad de aproximación desde posiciones previas casi cerradas, lo que ha estado en el origen de una dinámica compleja y de crisis cíclicas. Es la consecuencia de un pacto de gobierno surgido de la suma de debilidades electorales tras unas elecciones provocadas por la lógica populista y el menosprecio de la potencialidad del pacto parlamentario. Una lógica en la que aún resonaban los ecos del sorpaso, junto al clima populista de simplificación, sobreactuación y pulsos entre los partidos.

Buen ejemplo de ello han sido el accidentado proceso vivido por el proyecto de Ley de Vivienda, hasta su reciente aprobación, o también el de la ley de Garantías de la libertad sexual desde la otra parte del Gobierno. El antecedente más cercano en el ministerio de Trabajo ha sido la subida del salario mínimo, que se saldó finalmente con la aparente derrota de la vicepresidenta Calviño y los frecuentes roces con el ministerio de Inclusión y Seguridad Social y en particular con las declaraciones del ministro Escrivá, primero en relación a los los períodos de cotización y más recientemente sobre el retraso en la edad de jubilación como alternativa para compensar el efecto del baby boom en las arcas de la seguridad social. Ambos temas provocaron, además de malestar, divisiones en el seno de la concertación social.

Los más recientes determinantes políticos de la crisis en el seno de la coalición han sido la dimisión del vicepresidente Iglesias y el consiguiente cambio de interlocutor por la parte de UP en la persona de Yolanda Díaz, unido a la remodelación en el Gobierno de los ministros del PSOE y de los principales responsables en el gabinete de Moncloa, todo ello ya había modificado el equilibrio de fuerzas inicial en detrimento de Unidas Podemos. Porque no es lo mismo ser un referente ideológico externo que estar en la cocina del Gobierno y de la Presidencia en Moncloa.

Pero también y fundamentalmente han sido los congresos de los partidos del gobierno, primero el de Podemos que vuelve a la estrategia del sorpaso, pero sin Pablo Iglesias y con Yolanda Díaz en capilla, debido a la incipiente germinación en su seno de divergencias estratégicas que pueden ser difíciles de gestionar. En este sentido, son muy reveladoras las distintas intensidades de las reacciones a las dos crisis comentadas, la parlamentaria con el Supremo y la última de la Reforma Laboral, que han mostrado dos mentalidades que aún conviven en Unidas Podemos. No ha habido la misma reacción ni en las formas ni en la táctica al responder a dos paradigmas distintos. Esta variable puede tener consecuencias durante el próximo año.

De otra parte, el congreso del PSOE, una vez reconciliado consigo mismo y bajo la égida indiscutida de Sánchez, se ha reafirmado en el espacio socialdemócrata, incluso como referencia europea.

También la imagen pública de los futuros candidatos en las encuestas, en particular la de la vicepresidenta Díaz con respecto a la del presidente Sánchez, pueden haber influido en la ruidosa gestión de la crisis.

En definitiva, el modelo de cogobierno y su funcionamiento compulsivo es el que ha entrado en crisis, al que ahora se le da una solución como si se tratase de una coalición, pero exclusivamente para el ministerio de Trabajo y su reforma laboral, cuando el Gobierno en su conjunto sigue siendo un gobierno compartido. Una salida extraña al modelo pactado, pero también parcial y asimétrica que no garantiza la solución al problema de fondo del contenido final de la derogación o la reforma parcial de la contrarreforma laboral impuesta por el gobierno del PP, y que de generalizarse acentuará la desconfianza y la injerencia entre los ministerios de uno y otro partido, si se sigue eludiendo la cada vez más necesaria reconsideración del cogobierno.

El relato populista se diferencia de la historia e incluso de la memoria histórica, entendida como historia de los derrotados y olvidados de Walter Benjamín, no solo en su explícito enfoque de parte y en su carácter de auto justificación, sino sobre todo en su voluntad política movilizadora.

De eso ha tratado el relato del exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias. Una narración al modo trampantojo en la que conecta leninismo y populismo, destinada a halagar los oídos de sus coetáneos ya maduros de las juventudes comunistas, que en los años noventa retomaron el leninismo y la revolución a destiempo y que hoy se encuentran entre la nostalgia del pasado, el orgullo de la presencia inédita en el Gobierno de coalición y la insatisfacción por los por ahora magros resultados del tan denostado reformismo.

Dentro del relato en que se reserva el papel de héroe griego, destaca la voluntad de Estado como hilo argumental del centenario del PCE, desde la Revolución de Octubre hasta el actual Gobierno de coalición progresista, que desvela la resistencia de las fuerzas oscuras y que culmina con su inmolación en aras de la continuidad del proyecto. No aclara si para situarse en un nuevo papel de ideólogo y constructor de relatos o por el contrario para por el momento salir del foco y quizá volver luego con más fuerza.

El núcleo del argumento es la continuidad de la voluntad de Estado de los comunistas, como eufemismo de la revolución y la toma del poder desde Lenin y el movimiento comunista, hasta la indignación liderada por Pablo Iglesias y la presencia de comunistas en el Gobierno de coalición con Podemos, pasando por el Frente Popular en la última fase de la Segunda República española.

Una voluntad de Estado al modo de trasunto de la nietzscheano de la voluntad de poder, reflejado primero en la toma revolucionaria del poder y ahora en la toma del poder por asalto, luego en el sorpasso del PSOE en la izquierda, finalmente frustrado, cuyo último significado se reduce ahora a la participación en el Gobierno de coalición. Voluntad de Estado devenida con el aterrizaje en la realidad en mera voluntad de gobierno.

Por eso, en su narración la Segunda República, la larga y dura resistencia antifranquista y finalmente el pacto por la libertad, no le interesan, tampoco una Transición que ve parcial y agridulce, por decirlo suavemente.

En el relato elude conscientemente lo más importante y que significa el cambio de paradigma y la identidad singular del PCE dentro de los partidos comunistas: la propuesta de Reconciliación Nacional de 1956 construida en la lucha clandestina y en las cárceles de la lucha antifranquista, así como la toma de conciencia frente al fascismo y por extensión contra cualquier forma de totalitarismo, incluido el de los regímenes comunistas realmente existentes, con la culminación lógica de un giro copernicano desde la revolución a la reforma, del asalto al poder a la defensa de la democracia parlamentaria y en definitiva con la nueva estrategia eurocomunista, no solo como vía democrática al socialismo, sino como la esencia de un socialismo que solo puede ser democrático. Pablo Iglesias, sin embargo, lo ignora y oculta con ello buena parte de nuestra historia y la verdadera identidad del PCE y del PCE dentro de IU. El problema es que ese PCE y esa IU no sirven para un proyecto populista.

De nuevo, como viene siendo tradicional desde el propio origen de Podemos, el orador también minusvalora y tergiversa la Transición Democrática con el discurso de su carácter parcial y gatopardiano (cambiar todo para que todo permanezca) y como consecuencia su decadencia, poco menos que inevitable, en la democracia del bipartidismo imperfecto en una alianza continuista con los nacionalistas, incluyendo a los sindicatos de clase CCOO y UGT como parte del mencionado bloque de poder.

El tópico discurso izquierdista de la traición y la izquierda sumisa de la Transición, en que el PCE se haría el harakiri comprometiéndose con el juego democrático con el límite infranqueable del veto a su presencia en el Gobierno del Estado. Una traición a la voluntad de Estado. En definitiva, se trata de un rechazo a la complejidad que necesita la idea de voluntad de Poder-Estado que solo germina en la simplificación. La democracia es rechazada como idea compleja. La contradicción llega cuando se invita a los sindicatos UGT y CCOO a la fiesta del PCE y se cierra filas con ellos para defender las conquistas, siempre parciales e insuficientes, de todo Gobierno de coalición e incluso de todo Gobierno democrático.

Tampoco es una casualidad que ignore el proyecto estratégico de Izquierda Unida y su aportación a la democracia española, fundamentalmente en los gobiernos autonómicos y locales y en la colaboración o la oposición a los sucesivos gobiernos. Lucha y gobierno que forma parte indisociable, primero del proyecto del PCE y luego del de IU y que Julio Anguita desarrolla con su experiencia municipal como la voluntad de gobierno. Algo muy diferente de la voluntad de Estado. IU supuso una segunda inmersión democrática del PCE después de la primera producida por el eurocomunismo.

En este sentido su situación en España quizás tiene más que ver con la incapacidad de IU de aprovechar la posibilidad de apertura hacia sectores amplios de la izquierda y el alejamiento de CCOO y UGT, algo que deberíamos meditar por qué se produjo. IU renunció a agotar la lógica de su propia fundación y el lenguaje dicotómico y maniqueo que hoy Iglesias despliega en la fiesta del PCE, he de reconocer que empezó a ser dominante en aquella, mi querida IU.

Como consecuencia de lo anterior, Pablo Iglesias se presenta a sí mismo como el hacedor que rompe con la subordinación y pone fin a la exclusión de los comunistas en el Gobierno Estado, cuando por el contrario el problema ha sido general en Europa en el contexto de la guerra fría y como consecuencia además del escaso apoyo electoral y de la existencia del recambio de los nacionalistas para que hayamos podido entrar a formar parte de gobiernos de coalición como el actual. Asimismo se presenta como el muñidor de la nueva alianza alternativa con EH Bildu y ERC, frente al intento de recomponer el reformismo con el centro de Ciudadanos, sin por supuesto pararse a analizarlo en función de sus costes y resultados. ¿Cuál es la voluntad de Estado de estas dos fuerzas políticas? Desde luego, y muy legítimamente, no la de un Estado común para toda España. Luego una alianza ideológica con estas dos izquierdas alberga una contradicción que no se quiere explicitar. Lo que no impide alianzas cooperativas y políticas que son parte indispensable de la democracia. Es el mito izquierdista que Pablo Iglesias quiere fomentar utilizando simbólicamente a estas dos fuerzas políticas para acendrar su estética revolucionaria. Más munición populista que necesita un sistema político sin fuerza centrípeta y moderadora.

Tampoco analiza la complejidad de las fuerzas oscuras del Estado profundo, sino que se atribuye el haberlo sacado a la luz gracias a su presencia en el Gobierno y su alianza con los partidos independentistas, sin tener en cuenta su existencia anterior y sobre todo su fortalecimiento como consecuencia de la polarización que supone el populismo, más allá de los déficits de la transición, ahora monopolizado por la ultraderecha. Por eso la izquierda debe anteponer la voluntad democrática a la voluntad de Poder-Estado pues esta última no alberga el concepto de pluralidad.

Al final de su intervención, explica su salida de la vicepresidencia del Gobierno como sacrificio necesario a consecuencia de la reacción del Estado profundo a su política de alianzas con el independentismo como alternativa al continuismo, sin aclarar la contradicción que supone su reivindicación de la voluntad de Estado y ni siquiera la más reformista voluntad de gobierno, con su efímera presencia e inesperada salida del Gobierno para la batalla perdida de Madrid. Algo muy poco leninista y muy poco responsable, por otra parte.

En definitiva, Pablo Iglesias se presenta ante ustedes y quiere seguir siendo el ideólogo de Unidas Podemos y de las izquierdas radicales, que desde fuera del Gobierno nos devela la estrategia a seguir y las resistencias, más que obvias, del Estado profundo, para que sean otros los que gestionen la realidad y sus contradicciones. Porque los resultados de la voluntad de gobierno y de la gestión concreta serán siempre insatisfactorios. Cosa de mujeres y hombres, más que de héroes y dioses.

Estamos ante un proyecto de ley que intenta cubrir las carencias de la denominada popularmente ley de memoria histórica: la nulidad de los juicios de los tribunales franquistas, ya que entonces solo pudimos llegar a la nulidad de las sentencias, la responsabilidad pública de las exhumaciones que se quedó en mero apoyo presupuestario, junto a la resignificación del Valle de los Caídos y la ilegalización de las organizaciones de apología del franquismo como la fundación Francisco Franco, entre otras.

Tengo que recordar, cómo diputado y portavoz entonces, en primer lugar, que estas medidas y algunas más formaron parte ya entonces de los debates y las enmiendas de los grupos parlamentarios y en particular del de Izquierda Unida e Iniciativa per Cataluña en la tramitación parlamentaria de la llamada coloquialmente ley de memoria histórica, pero cuyo encabezamiento fue también un dechado de eufemismos, que junto a las flaquezas del texto, se debieron al intento inútil del gobierno de evitar una confrontación que estaba servida por parte de la derecha, pero no solo por parte de la derecha.

También entonces, una parte de la izquierda cuestionó las tímidas medidas e incluso la necesidad de la propia ley, defendiendo desde las tribunas y los principales editoriales que la reparación fundamental ya había tenido lugar y que los flecos se podían arreglar fácilmente con otros instrumentos normativos menos contundentes, como los decretos y las órdenes ministeriales, mientras otra parte de la izquierda que finalmente se desmarcó del apoyo a la ley de memoria, lo hizo en base a una posición de principios, poco menos que irreductibles, por ejemplo con respecto a la derogación de la ley de amnistía, cuando sabían que era contraproducente, en lugar de mantenerse e influir en mejorarla.

De todas formas, se trataba de la primera ley de memoria y reparación de las víctimas de la dictadura, cuando una parte de ellas todavía estaban con vida, y pensamos que se merecían el reconocimiento y la reparación, aunque fuera parcial y con evidentes insuficiencias, y que con su experiencia política entenderían que era un primer paso importante, al que seguirían legislaciones de CCAA y acciones de las administraciones locales, como así ha sido, y que junto a la presión del movimiento memorialista y de las organizaciones internacionales de derechos humanos, facilitaría el camino a avances posteriores, como es esta nueva ley. Por eso me extraña que haya periodistas que reprochen la tardanza de esta nueva ley olvidando el calvario de la anterior y por eso mismo quiero expresar hoy mi apoyo a la ley de memoria democrática.

Se presenta este nuevo proyecto en un contexto aún más polarizado si cabe, en un clima populista y sobre todo después de la súbita irrupcion de la extrema derecha en España con una representación parlamentaria sin precedentes desde la dictadura, que ha pasado de condicionar agendas y gobiernos autonómicos a impulsar la radicalización del conjunto de las derechas y muy en particular del partido popular. Lo ha hecho a lo largo de la pandemia y lo hace en cada uno de los debates políticos.

No hay más que ver lo ocurrido recientemente con motivo de la celebración del tercer aniversario de la elección de Pablo Casado al frente del Partido Popular, en que uno de sus invitados, a la sazón exministro en la transición y promotor de Vox, llegó a negar el propio golpe de estado franquista y acusó del desencadenamiento de la guerra civil a la Segunda República, recuperando con ello la propaganda de la dictadura franquista. Tampoco se trata de una mera coincidencia, la frase equidistante del portavoz popular en el reciente debate en el pleno del Congreso de los diputados sobre los indultos a los condenados por el Procés, en que asimilaba la legitimidad de la República a la de los golpistas con el aserto de que “la Guerra Civil fue un enfrentamiento entre quienes querían la democracia sin ley y quienes querían la ley sin democracia.”

El partido popular no solo no ha rectificado el mencionado falso relato franquista, sino que se ha remitido a la proposición no de ley de condena de la dictadura de los años noventa como muestra de sus convicciones democráticas, y al tiempo ha anunciado que en caso de que finalmente se produzca la aprobación de la nueva ley de memoria democrática, en el momento que lleguen al gobierno la derogarán sustituyéndola por una ley de concordia. Un ejercicio más de cinismo político de la derecha española con respecto tanto a la memoria como a la concordia.

Lo cierto es que desde la aprobación de la ley de memoria histórica, el partido popular, en vez de aprovechar la oportunidad para un relato compartido de los demócratas sobre la guerra civil y la dictadura que diera continuidad al pacto de la Transición, se ha dedicado a menospreciar la memoria de las víctimas, descalificándola como una obsesión de la izquierda por recrearse en el pasado y por reabrir heridas y por otra parte a enfrentar la reconciliación de la Transición democrática con el periodo agitado de la Segunda República, volviendo a la estigmatización del periodo republicano del franquismo, olvidando que sus defensores y luego luchadores antifranquistas fueron también los que más generosa y decididamente apostaron por la reconciliación y la democracia.

No contentos con avivar la llama del guerracivilismo del que acusan a los defensores de la memoria, el partido popular ha aprovechado todos sus resortes institucionales para boicotear la aplicación de la ley, por parte de las administraciones locales y autonómicas primero, obstaculizando la retirada de símbolos de enaltecimiento de la dictadura y el cambio de denominación de las calles, luego desde las instituciones donde tenía representación, y finalmente desde el gobierno central y la judicatura, paralizando de hecho cualquier apoyo político y presupuestario a las exhumaciones y alentando la causa contra el juez Garzón para cerrar el paso a la memoria, la justicia, al resarcimiento de las víctimas del franquismo y al espíritu de la no repetición promovidas por las Naciones Unidas.

Ya, con los acuerdos de gobierno en las CCAA, el PP ha dado cabida a una actitud de rebeldía frente a la ley existente como el mantenimiento del los residuos del callejero de la dictadura, la retirada de placas de recuerdo a las víctimas, junto a la humillación a la memoria de las Trece Rosas y el más descarado sectarismo frente a cargos institucionales de la República como Largo Caballero en el Ayuntamiento de Madrid o los obstáculos de todo tipo al traslado de los restos del dictador del mausoleo del Valle de los Caídos, sin un solo gesto hacia los que lo construyeron con trabajo esclavo ni a los familiares que sufrieron la exhumación y el traslado forzosos de sus seres queridos de toda España hasta Cuelgamuros. Todos ellos ejemplos lacerantes de cómo entiende la concordia la derecha española.

Lo más preocupante junto al desprecio por la memoria de las víctimas y a raíz de la confirmación del nuevo gobierno de coalición progresista, es que la derecha española se haya sumado en las últimas fechas al discurso ultraderechista de criminalización de fuerzas políticas de la izquierda y del nacionalismo e independentismo. Si durante las últimas dos décadas, la derecha ha tratado de patrimonializar la Constitución, impidiendo con ello no solo su reforma sino también una interpretación más abierta, ahora ha pasado de cuestionar el carácter democrático de otras fuerzas políticas, deslegitimando al gobierno de coalición y más recientemente a criminalizar a sus adversarios, dentro de lo peor de la estrategia populista.

Nunca, desde el final de la dictadura, se había esgrimido con tanto odio y desprecio el término comunista, uno de los partidos que tiene un compromiso acreditado con la transición y con la democracia. Mucho me temo que el mismo odio y desprecio hacia la memoria de las víctimas y de los luchadores y luchadoras antifranquistas. Espero que esta vez sepamos actuar unidos.

Si antes no nos unió el amor, que ahora al menos lo haga el espanto.

La última área que se ha abierto a la explotación en el mercado del consumo no es la del amor, sino la del narcisismo

Zygmunt Bauman

Aunque estas elecciones madrileñas se hacen a mitad de legislatura y con la excusa de una moción de censura con Ciudadanos, lo cierto es que todas las elecciones autonómicas realizadas hasta ahora en el contexto de la pandemia han reforzado al gobierno de turno. Quizá por aquello de que, en tiempo de desolación, nunca hacer mudanza.

Además, ha existido desde el principio de la crisis una preferencia por lo local y una atribución de mayor responsabilidad al Estado, independientemente del reparto de competencias y de la calidad de su gestión.

El hecho diferencial dentro del gobierno madrileño ha sido la bicefalia y la disputa pública permanente entre la presidencia del PP y la vicepresidencia de Ciudadanos, que en los últimos tiempos se zanjó, primero, con el sistemático y humillante ninguneo y, finalmente, con la exclusión de los consejeros de ciudadanos en la antesala de la convocatoria electoral.

Pero, si hay algo que ha caracterizado a la presidencia saliente de la Sra. Ayuso en la Comunidad de Madrid es la conversión del gobierno madrileño en una plataforma política y personal para la oposición al gobierno central de la coalición de izquierdas. Se ha construido una identidad propia alternativa a las identidades de los gobiernos nacionalistas que, como ella misma no se cansa de repetir, se la ha echado a la espalda Madrid y trasciende a un partido concreto como el Partido Popular. Aspira a hacer de Madrid el laboratorio para refundar la derecha. La operación pretende reconectarse con el aznarismo más antidemocrático, el que tuvo su paroxismo en los atentados del 11M y reconvertirlo en un populismo conservador radical de carácter trumpista. Y a eso ha venido Miguel Ángel Rodríguez.

Una identidad sin ninguna restricción propia del sistema democrático y basada en el rechazo, la fobia y el trato de enemigo, tanto en lo ideológico como fundamentalmente en lo personal y en lo emocional, al gobierno de la coalición de izquierdas, y asimismo nítidamente diferenciada de la estrategia y los equilibrios de centroderecha del PP de Casado, con el objetivo de monopolizar la representación y la imagen misma del conjunto de las derechas madrileñas en primer tiempo y españolas en segundo lugar. Un movimiento más parecido al reagrupamiento de Marine Le Pen que a la agrupación de De Gaulle. Sin duda un Casado al que ya dan por amortizado será su próxima víctima.

Una identidad que no se ha construido en torno a una gestión, sino sobre la mera imagen y relato alternativos frente al gobierno central, particularmente en la gestión de la pandemia, y para la que no ha dudado en utilizar los golpes de efecto, muchos de ellos contradictorios, dejando en un segundo plano los contenidos. El relato alegre de la libertad de movimientos y del consumo, frente a la dura realidad del confinamiento y las restricciones por razones de salud pública.

Un relato inicialmente compartido por la mayor parte de los gobiernos autonómicos en el primer estado de alarma, pero que luego todos se vieron obligados a abandonarlo para equilibrarlo con sus competencias de gestión sanitaria a lo largo de la pandemia, y que sin embargo el gobierno de Madrid mantuvo y amplió para hacerse eco de los requerimientos de sectores económicos y políticos, situándose con ello a medio camino entre el negacionismo de la pandemia y la única prioridad de la economía del consumo.

Una estrategia que no le ha impedido sin embargo verse beneficiado por las medidas de salud pública articuladas por el gobierno y las CCAA (junto a la prudencia y la responsabilidad de los madrileños mayores y de los vulnerables), y al mismo tiempo sin perder ninguna ocasión de diferenciarse de ellas como principal abanderada del rechazo de las restricciones, la apertura de la hostelería y la libertad de consumo en una apuesta más o menos explícita por la llamada “inmunidad de rebaño”.

Pero, sobre todo, esto le ha permitido en los momentos más duros de la pandemia, situarse fuera del foco de las consecuencias de la deficiente gestión sanitaria en áreas como la salud pública y la atención primaria, y de los servicios sociales en el Waterloo de las residencias de mayores, y por tanto de sus correspondientes responsabilidades, que o bien ha eludido o ha atribuido a la mala fe o la incompetencia del gobierno central.

Ahora, incluso en plena campaña electoral, en que la Comunidad de Madrid se sitúa entre las de mayor incidencia de COVID-19, así como de saturación hospitalaria y de UCI en esta cuarta ola, los dramáticos efectos de la pandemia y la gestión sanitaria aparecen tan solo como un ruido de fondo con respecto a la prioridad del relato de la libertad y la alegría del consumo.

Si acaso, la única política sanitaria que se asume son los contratos privados y las grandes construcciones como el Zendal. En conclusión, la negación de la realidad social, de la pandemia, la salud pública, de sus restricciones y sus consecuencias. La alegría y el negocio antes que el derecho a la salud.

Todo ello conecta hoy con una campaña dirigida al orgullo y la alegría de saberse madrileños. De considerarse distintos y libres para no preocuparse más que de uno mismo en la sociedad de consumo de los triunfadores y de los que aspiran a serlo. En definitiva, el relato de la apariencia de normalidad frente a la realidad de la pandemia que se deja a la imagen triste y negativa de las críticas de la izquierda en la oposición, con el tópico de siempre de que están contra Madrid. Todo muy del gusto de las élites económicas más poderosas para las que la protección de la salud es una política obsoleta de intervención en un mercado que no puede parar de generarles beneficio. Élites que se expresan, por ejemplo, a través de Esperanza Aguirre, propagandista acérrima de una presidenta sin complejos de ningún tipo, pues el ridículo puede ser un potente activo político en este clima populista.

Un rechazo que se extiende a la política del gobierno central (socialcomunista) y también a su propia imagen, a veces de impotencia y de tristeza, desarbolado como todos los gobiernos del mundo por los embates de la pandemia y de la crisis. Y con ello el rechazo de lo público y de lo progre.

En definitiva, la prioridad del individualismo frente a lo público. La de la libertad banal de 'tomarse una cerveza' al final de un día de perros sin derechos laborales, la de 'cambiar de pareja y no volver a encontrarlo nunca más' sin consecuencias. La primacía obsesiva de la economía, las terrazas y el consumo digital y el olvido de los derechos y los servicios educativos, sanitarios y sociales como competencias esenciales del estado autonómico. En resumen, el menosprecio de los perdedores del sistema económico, de los vulnerables y el abandono de la vejez.

Se trata del populismo de una política para narcisos. La política de las emociones. Del miedo, la caricatura y la deshumanización del adversario, convertido en fobia, del espejismo y de una ilusión de normalidad. Precisamente ahora, cuando el final de esta larga pandemia parece casi al alcance de la mano gracias a la vacunación de los más vulnerables, de nuevo la presidenta Ayuso se sube a la ola de la recuperación para intentar convertirse en su representante en esta campaña, aunque no haya hecho mucho por contribuir a ella, incluso con declaraciones y gestos contrarios a las carencias de la contratación conjunta de la Unión Europea y favorables a la compra unilateral de la vacuna rusa o de la vacunación a demanda, unos gestos que la sitúan con Orban en el mismo terreno de la ultraderecha.

Eso sí, sin mencionar siquiera que el problema de la llegada de las vacunas está en el incumplimiento de los compromisos de las élites multimillonarias que dirigen las farmacéuticas y no en la UE y mucho menos en sus estados miembros o en las CCAA, no sea que sus alianzas entre el capitalismo multinacional y el capitalismo rentista, tan favorecidos por sus medidas de rebajas impositivas y de especulación del suelo, se tambaleen.

Libertad y alegría sí, pero nada de libertinaje, que para Sade es una idea muy seria e interesante.

La campaña de Madrid no es, pues, sobre comunismo o libertad, ya que el comunismo ni siquiera es un actor político que realmente esté presente. Tampoco es Democracia frente a fascismo, pues la extrema derecha ya ha devorado este concepto, aunque esté en su código genético. Estas elecciones son sobre populismo o democracia, que es la disyuntiva fundamental de nuestra sociedad y de nuestro tiempo. Y como esto no ha sido todavía interiorizado por los partidos, Ayuso, hoy por hoy, si no la paran los votos, es simultáneamente el rostro y el sino de los tiempos.

La frase hecha de que el virus era igual para todos, ha resultado un mensaje vacío. Por el contrario, ha afectado a los más frágiles desde el comienzo y lo ha hecho en cada uno de los pasos del proceso. Tampoco ha servido como reclamo para favorecer una respuesta unitaria, ya que los más privilegiados no se han sentido comprometidos.

El término sindemia hace referencia a la coincidencia y sinergia entre varias epidemias, en este caso la Covid-19, con las enfermedades crónico degenerativas y ambas junto a los determinantes sociales, en particular el de la desigualdad.

La desigualdad en los determinantes sociales, junto al reparto asimétrico de los riesgos y ahora también, al final de la pandemia, en el acceso a la vacunación. Unas diferencias en el acceso a las vacunas, que reproducen, cuando no amplían, las brechas sociales territoriales y de género preexistentes, al tiempo que las experimentadas en el acceso a productos y tecnologías sanitarias, como consecuencia del colapso de la cadena de suministros, al comienzo de la pandemia.

Porque finalmente, los beneficios de las compañías farmacéuticas y la defensa de las patentes y la propiedad intelectual han prevalecido sobre la necesaria consideración de las vacunas como bienes comunes dentro del derecho universal a la salud, como habían pedido un buen número de países y de organismos en el marco de de la UNESCO.

El programa Covax de solidaridad en vacunas de la OMS se ha quedado corto en relación a la mayor potencialidad de la liberación o suspensión de las patentes, dejando de nuevo inermes a los países empobrecidos y también en los barrios deprimidos de los más desarrollados. Por otra parte, la geoestrategia vacunal, ha servido más para sumar la lógica del poder político de las grandes potencias a los mencionados intereses económicos, que para garantizar la accesibilidad global. Así, el mercado actual de las vacunas obliga a los pueblos, los barrios y los sectores más discriminados a luchar frente a estos últimos brotes de la pandemia, prácticamente con las manos atadas a la espalda, al decir de algunas universidades hasta 2024.

Incluso en los países más desarrollados, dotados con sistemas universales de salud, las estrategias de vacunación, si bien anteponen la vulnerabilidad en términos de salud, no está ocurriendo sin embargo lo mismo con los sectores sociales donde la marginación y exclusión social son la norma, sectores que también corren el riesgo de quedarse al margen de la vacunación. El problema añadido es que, en la medida que se aplaza el logro de una inmunidad para la inmensa mayoría, se mantiene la posibilidad de nuevas variantes y con ello la virulencia de la pandemia.

Antes de la pandemia, la desigualdad en el mundo había llegado ya a límites obscenos, entre el uno por ciento de privilegiados y la mayoría pobre de la humanidad. El 1% más rico lo era cada vez más rico y ya poseía el doble de recursos de los que carecían casi siete mil millones de personas. Sin embargo, en los países desarrollados, los impuestos seguían siendo cada vez menos progresivos que décadas atrás. El lema de no dejar a nadie atrás, aunque era el principio fundamental de la Agenda 2030, no se estaba cumpliendo en absoluto.

Una desigualdad que afecta también al modelo de enfermar, tanto en la incidencia de las enfermedades infecciosas de los países empobrecidos como en los determinantes sociales, los factores de riesgo y las enfermedades crónico degenerativas, los trastornos mentales y el estrés, que también afectan en mayor medida a las clases y las razas más desfavorecidas y discriminadas.

Se puede afirmar pues, sin riesgo a equivocarse, que no solo la riqueza sino también la salud, la enfermedad y la mortalidad van por barrios. Como se ha dicho el código postal influye más en la salud que la propia genética. Son los determinantes sociales, de género y ambientales los que influyen en la diferencia de hasta una década en esperanza de vida en favor de las clases sociales y los barrios más ricos, con respecto a los de renta más baja.

Algo parecido ha ocurrido con la desigualdad en la transmisión, la incidencia y la mortalidad de la pandemia. La Covid-19 también se distribuye de forma desigual por clases, barrios y géneros.

En Europa y América, así como en ciudades de Asia y África, la transmisión de la pandemia ha tenido mucho que ver con la movilidad, el empleo, la demografía y la densidad de población. Eso explica su particular impacto de la Covid-19 en el sector informal y en los trabajos más duros como los mataderos, los temporeros y los cuidados, realizados en su mayoría por mujeres, así como en los barrios más densamente poblados, en los centros de mayores y en las regiones con una composición demográfica más envejecida.

Por eso, recientes estudios confirman que el 20% más pobre de los habitantes de algunas grandes ciudades (como Nueva York, Filadelfia o Barcelona) están teniendo entre 1,5 y 3 veces más riesgo de contagio, hospitalización y mortalidad que el resto.

Tampoco el confinamiento ha sido para todos igual. Sobre todo para los del llamado en términos bélicos el frente de batalla, con respecto a los encargados de la logística y la retaguardia. Así, los trabajadores de los sectores productivos y los servicios esenciales, sin la alternativa del teletrabajo y una vivienda espaciosa o la residencia en una urbanización, se han visto obligados al trabajo presencial, al uso del transporte público y a las consiguientes aglomeraciones y también a un menor espacio vital en sus barrios y viviendas, y con ello a un mayor riesgo de contagio, sufriendo en consecuencia una mayor incidencia de la pandemia. En particular, las mujeres con trabajos temporales y en la economía informal, quienes en muchos casos se vieron obligadas a abandonarlos o combinarlos para dedicarse a los cuidados en el hogar y con ello a una mayor dependencia y vulnerabilidad.

En consecuencia, las olas de la pandemia en Europa y América se han ensañado en los barrios, los sectores, las clases desfavorecidas y con las mujeres.

A todo ello se suma que los riesgos y las enfermedades que agravan la pandemia también se concentran entre las mismas clases sociales. Así, la obesidad, la hipertensión, la diabetes y las enfermedades pulmonares crónicas y las cardiovasculares, junto a situaciones de vulnerabilidad, como en particular la vejez, han sido los antecedentes que han aumentado significativamente el riesgo de hospitalización, y luego el ingreso en las UCIS y los fallecimientos. Lo que no es tan sabido es que estas patologías están también condicionadas socialmente por el nivel de recursos económicos, la alimentación, el medio social, la educación y la cultura en detrimento, una vez más, de los sectores más desfavorecidos. Además, en muchos países donde no existe derecho a la asistencia sanitaria pública, el diagnóstico de covid19 a partir de una edad avanzada ha sido sinónimo de enfermedad mortal.

Por todo ello, según el CIS, en este año de pandemia, el peor año para la economía y para el empleo desde la Guerra Civil, las clases altas han incrementado su volumen en España, pasando de suponer el tres y medio a más del seis por ciento en prácticamente en un año, mientras que la clase trabajadora se ha desplomado a menos de la mitad, pasando de significar el veinte al diez por ciento de la población activa. Es la expresión de las brechas que han consolidado y ampliado la pandemia, tanto en lo económico, social y laboral como en lo educativo y en lo tecnológico.

Hacer posible el objetivo del milenio de 'no dejar nadie atrás' significa paliar el incremento de la desigualdad en los sectores más desfavorecidos como consecuencia de la pandemia: de las complicaciones de las medidas de confinamiento y la protección colectiva, del efecto desigual del aislamiento domiciliario y de las medidas de distancia social, que tampoco afectan a todos por igual. Para ello es necesario intensificar las medidas sociales como el ingreso mínimo vital o los ERTE, pero también poner ya en marcha otras en el ámbito de la salud, como la superación de la debilidad de la salud pública, de la atención primaria y de los apoyos a las residencias de mayores y a la educación destinadas a compensar al menos las brechas mencionadas. Y, sobre todo, se trata de avanzar en una gobernanza global en materia de salud pública y en el acceso a los bienes comunes como son sin lugar a dudas las vacunas.

Para que, aunque no haya sido para todos igual, al menos los recursos finalmente se redistribuyan en favor de los más afectados.

Madrid se configura como una batalla interna por la refundación de la derecha trumpista, pero también en el populismo de izquierdas nacido de Podemos y, como consecuencia de ello, como un ensayo de primera vuelta de las próximas elecciones generales.

Porque así como la pandemia se ha hecho con el tiempo de nuestras vidas, la pandemia populista se ha hecho con el tiempo político, hasta el punto de convertir el fin del Gobierno y los medios de las elecciones en un revoltijo confuso, en el que las convocatorias electorales sirven de estaciones intermedias para pulsar o dirimir las relaciones de fuerzas en el propio espacio político, tanto o más que frente al adversario. Una campaña electoral permanente en olas sucesivas y con diversas variantes, al modo de la evolución actual de la pandemia.

Buena muestra de ello han sido las recientes elecciones catalanas en las que se dirimió la hegemonía en el espacio independentista, con el resto de las fuerzas políticas como invitados de piedra, aunque con la inesperada victoria del PSC.

Si no fuese así, sería difícil de entender el recurso al adelanto electoral en una comunidad del artículo 143 como Madrid, en que la capacidad de disolución tan solo permite una legislatura corta de apenas dos años hasta la próxima convocatoria conjunta de elecciones autonómicas. En este sentido, gobernar, lejos de ser el fin último, se convierte así en un objetivo secundario y lo hemos podido comprobar de forma ruidosa en esta primera mitad de legislatura de la Comunidad de Madrid.

La gestión del gobierno y la precampaña del gobierno de coalición de las derechas madrileñas ha consistido en la polarización sistemática, en contra de la gestión del gobierno Sánchez, asumiendo la presidenta Ayuso el discurso negacionista y la primacía de la defensa, sobre todo retórica, de la apertura de la hostelería frente a las medidas de salud pública y con ello la confrontación sobre todo con el gobierno central, pero también con la dubitativa estrategia centrista de su socio de Ciudadanos.

Un acuerdo de gobierno difícil y una mayoría de investidura aún más conflictiva que se ha ido tensando en particular con Ciudadanos, en la medida que este adoptaba una orientación centrista, y que ha terminado en un gobierno compartido, más que en un gobierno de coalición. Algo similar a lo que se corre el riesgo de que ocurra en el gobierno central si no se rectifica la dinámica actual.

El fiasco de Murcia ha sido finalmente la excusa para la disolución del Parlamento y la convocatoria electoral, con el argumento preventivo frente a una hipotética moción de censura en ciernes que no se ha podido demostrar. Con ello, la derecha ha marcado la iniciativa.

La campaña electoral, con la disyuntiva de socialismo o libertad, la derecha la ha diseñado, más que como la de unas elecciones autonómicas madrileñas, ante todo como una oportunidad para cambiar de aliado en la derecha, como unas primarias propias en torno a la figura de Ayuso y a la vez como un ensayo de primera vuelta de elecciones generales, que en esta ocasión se disputan en el territorio favorable de Madrid.

La decisión de Pablo Iglesias de presentarse como salvador, a parte de superar el 5% y mantener la presencia parlamentaria de Unidas Podemos, se propone, como en el caso de Ayuso, doblegar la competencia en su espacio de Más Madrid con una propuesta, en apariencia unitaria, que en realidad es una OPA hostil a dicha organización como proyecto autónomo, para recuperar buena parte de su electorado. Una propuesta que Más Madrid, nacida de la división interna de Podemos, no podía aceptar por su propia supervivencia, pero a la que el rechazo le costará caro electoralmente. Pablo Iglesias trata de recomponer la fractura de la única forma que sabe: la absorción o la disolución.

A su vez, su salida de la vicepresidencia del gobierno central para presentarse como candidato en Madrid es un refuerzo de la polarización identitaria por la que apuesta la derecha. Unas elecciones en clave nacional que arrastran al resto de los partidos.

Porque la candidatura de Pablo Iglesias es un refuerzo de la lógica de elecciones generales en Madrid, donde solo caben los partidos de la polarización populista de la derecha en el gobierno de Madrid de un lado y de la izquierda en el gobierno de España de otro, los demás, como Ciudadanos, tienen muy difícil la entrada en el Parlamento o, al compartir el espacio electoral de Unidas Podemos, corren el riesgo de perder una buena parte de su electorado, como ocurre con Más Madrid. El PSOE, aunque repite candidato, es muy difícil que repita la mayoría electoral.

Porque estas elecciones ni para Ayuso ni para Vox van de la gestión de Madrid, de la que ni siquiera tienen intención de dar cuentas. Como tampoco versan sobre la valoración del trabajo de oposición de PSOE o de Más Madrid. Estas elecciones son, ante todo, unas elecciones identitarias en clave populista frente al gobierno socialcomunista del Estado para refundar la alternativa de la nueva alianza de la derecha trumpista del PP de Madrid y de Vox.

Se trata de desbrozar el espacio del centro derecha de la presencia incómoda de Ciudadanos. Un partido que es una contradicción insoluble en sí mismo. Una vez perdida la tríada populista de un líder, un relato y un pueblo, con la salida de Rivera y el desplome electoral de las recientes elecciones catalanas, la huida hacia adelante de Murcia ha puesto en evidencia la imposibilidad de su reubicación en un centro inexistente, incluso dentro de sus propias filas cada vez más escoradas hacia la derecha, en un contexto de extrema polarización. No hay centro posible en el seno de alianzas de gobierno respaldadas por la extrema derecha en el ámbito autonómico y municipal, que pueda ser siquiera compatible con tímidos gestos a la izquierda como los apoyos a las prórrogas del estado de alarma y finalmente con el intento de moción de censura de Murcia. Mucho menos para incorporarse con decisión a la mayoría presupuestaria y presentar la moción de censura en el corazón de la derecha en Madrid.

La derecha trata pues de polarizar el debate en clave nacional, agitando la amenaza frente al estigma del socialcomunismo. De movilizar al electorado frente al enemigo de la patria y de la libertad económica, agitando gigantes donde solo hay molinos de viento.

Todo ello desde la previsión de una alta abstención, en particular en los barrios populares, que la convocatoria el martes cuatro de mayo, en un día además laborable, no favorece la recuperación de la participación electoral y menos aún de la izquierda.

El centro quedaría así anulado por la polarización, y la izquierda en retroceso y peleando en la reducción mutua de espacios.

El objetivo final es pues una victoria de la derecha por mayoría relativa del PP y la mayoría absoluta con Vox y con ello la derrota de los partidos de la mayoría de la izquierda en el gobierno de España. Quizá con la excepción de la victoria pírrica de Unidas Podemos sobre Más Madrid, que como todas las victorias pírricas, anuncia también próximas derrotas.

La pandemia populista continúa y la vacuna no avanza.

Empiezo por valorar cualquier aportación crítica a la gestión de la pandemia, convencido como estoy de que es más lo que ignoramos después de un año que lo que sabemos, y, por tanto, de la necesidad de aprender para ahora y también para prepararnos mejor de cara a futuras y probables pandemias letales.

Tales valoraciones, más o menos críticas, de la gestión de la pandemia se han llevado a cabo prácticamente desde su inicio, tanto externas como internas. Así, se han creado comisiones parlamentarias para la evaluación de la gestión política y los consiguientes dictámenes y recomendaciones, desde distintos ámbitos profesionales y de sociedades científicas se han realizado artículos e informes sobre distintos aspectos de la pandemia y en los medios de comunicación especializados y generalistas se ha dado cabida a todos los puntos de vista en función de la orientación de cada medio. Evaluaciones parciales no faltan, si de lo que se trata es de hacerse una composición de lugar.

Por otra parte, sigo considerando que la política informada es la que tiene la legitimidad democrática para decidir y que el control de las decisiones y de la gestión política de esta grave pandemia le corresponde a los órganos legislativos y en primer lugar al Congreso de los diputados, así como a las asambleas legislativas de las CCAA. De hecho, primero el Congreso y ahora los parlamentos autonómicos han venido emitiendo sendos dictámenes de sus comisiones respectivas sobre la pandemia.

De otro lado, la evaluación o auditoría desde el punto de vista técnico debe contar inexcusablemente, además de con expertos externos, con la presencia de los funcionarios de salud pública, sanidad, servicios sociales, así como con sus gestores y responsables políticos. Así lo ha hecho la OMS en su proceso de evaluación sobre esta pandemia que encabezan dos expresidentas de gobierno y que cuenta con un tercio de sus miembros de conocida experiencia política y de gestión. Un comité que ya ha evacuado un informe preliminar del que he hecho referencia en un artículo anterior.

No me cabe duda de que contar con un órgano de ese tipo y de una composición similar, desde el primer momento de la pandemia, nos hubiera permitido sentar las bases de un sistema de análisis y reflexión continuada sobre la respuesta a lo largo de su evolución, algo que quizá hubiera contribuido a matizar la extrema polarización entre oposición, gobierno y CCAA, y también algunas aristas de la polémica artificial entre técnica y política ante la opinión pública. Es por eso que la evaluación de conjunto de la pandemia debiera contar en su momento con una composición mixta de estas características.

Otra cosa es el momento adecuado para la realización, no ya de una valoración sino de una evaluación de conjunto propiamente dicha y la composición mixta más concreta del correspondiente comité pluridisciplinar donde se valoren las fortalezas, pero sobre todo de debilidades y se den cuenta de las lecciones aprendidas a todos los niveles, en relación a esta pandemia.

Sin embargo, para el grupo promotor de una evaluación, denominada técnica y neutral, se trata desde un principio de excluir cualquier contaminación política para, al parecer, dotarlo de mayor credibilidad, con base en el prejuicio de la parcialidad de que se acusa sistemáticamente a los funcionarios y gestores públicos, en contraposición a los expertos independientes. 

Por eso ni los técnicos de salud pública del sistema de salud ni los gestores políticos se consideraban necesarios para entrar a formar parte de la mencionada evaluación, que se solicitó, en más de una ocasión, al gobierno y luego se exigió de forma crítica y pública en la revista científica The Lancet, por parte del mencionado grupo de expertos. En diciembre el consejo interterritorial del SNS acordó dicha evaluación, pero se ha dado los próximos meses para abordar su metodología y puesta en marcha, quizá como muestra de desapego hacia el tono y el contenido final de la propuesta.

Quizá por ello y a modo de respuesta, en los últimos días se ha publicado en El Confidencial, por parte de este mismo grupo promotor, los resultados de un primer cuestionario dirigido a más de ciento setenta profesionales cualificados, que coincide a grandes rasgos con algún cuestionario previo a profesionales y también con otras encuestas de opinión pública.

Al final, lo que se había anunciado públicamente como una evaluación de la gestión de la pandemia, se trata sin embargo de un cuestionario más, eso sí con un mayor número de preguntas y de encuestados y dirigido a profesionales cualificados de distintos ámbitos relacionados con la sanidad y las ciencias sociales.

En concreto, coincide con la encuesta realizada por The Economist entre los profesionales sanitarios españoles, y que ya al final de la primera ola eran de los más críticos con la gestión técnica y política, en especial del gobierno central, coincidente con el ambiente general de crispación política entre la opinión pública.

De este último cuestionario llama la atención en primer lugar el sesgo de los profesionales a quien va dirigida, pero sobre todo el alineamiento del selecto grupo de los más motivados, que son los que finalmente han respondido al cuestionario. Se deduce que los más críticos.

Como era de esperar, los funcionarios técnicos de salud pública, los gestores sanitarios y los políticos de los gobiernos, previamente estigmatizados por su supuesta parcialidad y excluidos de la futura evaluación técnica, han recibido las peores notas y se han convertido así en los señalados como culpables de los errores en la pandemia, refutando con ello la finalidad propositiva.

Y eso se nota en sus conclusiones, a medio camino entre la crítica demoledora a los técnicos y las direcciones de salud pública, en materia de datos y alertas, y la descalificación política a todos los gobiernos central, autonómicos y local, independientemente de sus recursos y competencias.

Al margen de la reiteración de las opiniones críticas, conocidas a través de su artículo en The Lancet sobre la gestión de la pandemia, como los errores del gobierno y la mala coordinación con las CCAA, por otra parte seguro que mejorables, lo más escandaloso es la descalificación con una nota de las más bajas de la encuesta que se atribuye a la salud pública, en relación al resto de la respuesta sanitaria, incluso en relación a la valoración de la gestión residencial, reconocida como manifiestamente mejorable.

Una descalificación a todas luces injusta, y no solo por la ingente y callada labor de la salud pública española, antes y especialmente durante la pandemia, sino porque ésta se ha venido realizando en una situación de marginación durante décadas en un sistema sanitario casi exclusivamente reparador, asistencial y cada vez más hospitalario, del activo boicot político a la ley de salud pública y su desarrollo reglamentario y de las carencias crónicas, tanto de personal como su situación de penuria presupuestaria.

El cuestionario parte de nuevo de los datos descontextualizados de la alta incidencia y mortalidad en España, para a continuación lanzarse sin solución de continuidad a puntuar en una escala de cero a diez el mal funcionamiento del conjunto de los sectores implicados frente a la pandemia.

La premisa de los malos datos condiciona la conclusión lapidaria del mal funcionamiento de casi todo en España, desde la descalificación injusta de la salud pública y en menor medida de la atención primaria, que aprueba por los pelos, y de la que solo se salvan, como era de esperar los hospitales. Sorprende también la equiparación en la crítica a la gestión de las residencias de mayores. Algo, hoy por hoy, incomprensible.

Como era previsible, el cuestionario se ensaña con la deficiente gestión política de los gobiernos, y en particular del gobierno central y con la ya tópica descoordinación entre la Administración central y las CCAA. Llama de todas formas la atención, que al igual que en las encuestas de opinión pública, salga peor parado el gobierno central que las CCAA, que sobre todo a partir de la desescalada y el tercer estado de alarma, han tenido todo el protagonismo en la gestión descentralizada. Daría la impresión de que a más competencias menos responsabilidad, o lo que es peor, que más que la valoración técnica nos encontramos ante una valoración fundamentalmente política por parte de los mencionados expertos. 

El colofón es una valoración final de las medidas económicas y sociales tan superficial como sesgada, cuando se concluye lapidariamente que las medidas frente a la pandemia han carecido de un enfoque de equidad, poniendo el ejemplo de la brecha digital entre los estudiantes. Nada se dice, sin embargo, de la puesta en marcha de la puesta en marcha de un fondo específico para la adaptación tecnológica ni de la decisión a partir de la primera ola de mantener abiertas las escuelas ha sido precisamente por razones de equidad, en particular en los primeros tramos de edad.

Tampoco se valora el esfuerzo por sostener el empleo y el tejido económico mediante los ERTEs, los créditos ICO y la importancia del poder adquisitivo de las pensionrs y de la puesta en marcha del ingreso mínimo vital, que aunque con evidentes problemas de gestión, es un nuevo paso en la configuración de un estado de bienestar digno de tal nombre en España.

Se equivoca de plano quien piense que de esta valoración demoledora sobre la salud pública, la política sanitaria, y crítica sobre la asistencia sanitaria a la pandemia es casual. No es tampoco neutral ni pretende extraer lección alguna para su mejora. En la debilidad del sistema sanitario y los servicios públicos ante el vendaval de la pandemia, más de uno ha visto la oportunidad de aprovechar el malestar social y profesional para cuestionar la salud pública y en ella la sanidad pública y el estado de bienestar. No es una evaluación, es una opinión injusta.

Fobia social: “Rechazo a situaciones sociales en las que el sujeto se expone a la valoración negativa de su imagen”.

A medida que se acerca el primer aniversario de la declaración de pandemia por la OMS, arrecia la nostalgia de los inquisidores que al parecer se han quedado paralizados, como una estatua de sal, en la fecha de la movilización feminista del 8 de marzo.

De tanto mirar atrás, no se han querido enterar de que desde entonces las cosas han cambiado y no solo por el saldo trágico de la enfermedad que ya supera los dos millones y medio de fallecidos en el mundo y cerca de setenta mil en España. Tanto en relación al inicio y la evolución en brotes de la pandemia, en el conocimiento acumulado sobre la misma y en su relación compleja con las decisiones políticas, ya que no es lo mismo la evolución del saber sobre el virus, de su transmisibilidad y letalidad en humanos, de los factores determinantes socioambientales de todo tipo, de las posibilidades reales de mitigación o erradicación, así como de las capacidades de respuesta económica, social y sanitaria.

Hoy, a diferencia de los primeros momentos, sabemos que la zoonosis es contagiosa entre humanos y que, a diferencia de otros virus, lo es tanto en el periodo sintomático como en el asintomático, que su transmisibilidad es superior a la de la gripe pero inferior a la del sarampión, que se transmite por gotículas y por aerosoles, que el ambiente más favorable son los interiores con mala ventilación donde no cuidamos la distancia de seguridad, hablamos alto y nos quitamos la mascarilla como ocurre en la hostelería, los gimnasios o los lugares de culto, y que su letalidad aumenta con la edad, cebándose en particular en los mayores de 80 años, y también con factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes, la obesidad... Al igual que sabemos que algunos fármacos conocidos reducen la mortalidad y que la mayor parte de las vacunas se han desarrollado en un tiempo récord sin precedentes y que las autorizadas por los organismos oficiales de evaluación del medicamento cuentan un altísimo grado de eficacia y seguridad.

Hemos aprendido también que no existen gestiones ejemplares al igual que tampoco ha habido tantas vidas ejemplares. Que la gestión sanitaria tiene luces y sombras, sobre todo en los países que, como España, han marginado tradicionalmente la especialidad de salud pública y epidemiología. Y que si a ello le sumamos los recortes recientes en la sanidad pública y en particular en la atención primaria, la sociosanitaria, los déficits de equipamientos y las carencias en investigación, nuestra fragilidad ante el vendaval de la pandemia estaba más que cantada. Pero sobre todo que las gestiones han dejado de ser ejemplares en la medida que sufrían los sucesivos brotes de la pandemia, primero en los países frugales y luego también en Portugal y Grecia, y que finalmente tales ejemplos se han quedado recluidos en el sudeste asiático y en África, sobre todo por factores geográficos, ambientales, sociodemográficos y de movilidad, más que por sus diferencias en el abordaje sanitario, en el modelo de administración o en el color político de sus respectivos gobiernos.

A pesar de todo lo ocurrido, ha habido incluso quien, adelantándose a los acontecimientos, ha propuesto cambiar la fecha histórica del día de la mujer del día 8 de marzo, por el día de homenaje a los fallecidos en la pandemia, demostrando con ello la amnesia sobre el año vivido, pero sobre todo el sesgo ideológico y el prejuicio antifeminista de su memoria y la voluntad de seguir con la instrumentalización partidista de las víctimas de la pandemia, como ya hicieron en su momento con las del terrorismo.

Y lo promueven los mismos que entonces acusaron al Gobierno de haber retrasado el confinamiento por razones ideológicas ligadas a la celebración de las manifestaciones del 8. Inasequibles al desaliento, vuelven otra vez con el mantra del retraso culpable en relación a la declaración de pandemia de la OMS del 11 de marzo, cuando el decreto de estado de alarma se aprobó casi a continuación el día 14 de marzo, y además en paralelo con la mayor parte de Europa.

Un fin de semana de marzo en que en España se celebraron todo tipo de actividades sin ningún límite y que tampoco cuestionaron como el propio congreso de Vox, la feria de arte ARCO, partidos de fútbol internacionales incluso en la misma Italia, viajes, fines de semana, terraceo... para acabar obsesionándose en particular con las manifestaciones feministas al aire libre, que por otra parte se realizaron con casi absoluta normalidad en todo el mundo, incluida la propia Italia.

Son los mismos que después defendieron todo lo contrario, votando no y protestando insistentemente contra las prórrogas del estado de alarma y el confinamiento domiciliario, acusando al Gobierno de pretender en el fondo un golpe de estado autoritario, y arrastrando con ello al conjunto de la derecha a la teoría de la conspiración y a la estrategia de bloqueo.

Vuelven también con la responsabilidad del Gobierno con respecto a la interrupción de la cadena de suministros sanitarios de EPI, test y respiradores, a sabiendas de que ha sido un problema generalizado, en Europa y en buena parte de los países desarrollados, que trasciende pues la gestión de un gobierno concreto y tiene que ver sobre todo con un modelo de globalización neoliberal. Un modelo económico que precisamente ellos defendían y todavía defienden con ardor, que deslocaliza la producción industrial a países como India o China. Una situación de colapso que impedía en un principio su disponibilidad y que obligó más tarde a seleccionar las EPI para los sanitarios de primera fila, así como a restringir los test como medio auxiliar del diagnóstico y el seguimiento de contactos, así como en casos poblacionales muy concretos y dentro de una estrategia epidemiológica.

Los mismos que, más tarde, en el periodo de control y de gestión autonómica de la pandemia, acusaron al gobierno de lavarse las manos, y en algún caso como Madrid, se sumaron primero al negacionismo y luego al obstruccionismo a toda medida restrictiva de la actividad económica y en especial de la hostelería por razones de salud pública, porque consideraban que carecían de base científica y que con ellas solo se buscaba la ruina de la economía española.

En definitiva, que con esta visión retrospectiva de la pandemia parecen no haber aprendido nada de la evolución del conocimiento, y de sus mediaciones con el saber hacer, con las estrategias de salud pública y finalmente con las decisiones políticas desde el comienzo de la pandemia.

Poco importa que hace tan solo unos días una mayoría de ciudadanos haya vuelto a refrendar de nuevo con su voto mayoritario a aquellos que se vieron ante la responsabilidad política de gestionar la pandemia y con ello a descalificar a quienes solo la han utilizado como materia de confrontación y desgaste desde la oposición, negando una colaboración imprescindible.

Tampoco que el propio informe de evaluación independiente encargado por la OMS, con la presencia de dirigentes políticos y expertos, haga referencia a las dificultades burocráticas y financieras del propio organismo internacional en la declaración de alerta y la respuesta rápida que es preciso mejorar. Como también al cisne gris de la incredulidad y el consiguiente retraso generalizado de los estados, así como la preocupación de los gobiernos por hacer compatible la evidencia científica con la sensibilidad social hacia las medidas y la capacidad de recuperación económica en los distintos momentos de la pandemia.

Todo esto forma parte de un morboso aniversario nostálgico del 8 de marzo, más que sobre el año de inicio de la pandemia. Pero lo que llama la atención hasta el escándalo es la inquisición retrospectiva que con los conocimientos y la realidad actual de la pandemia pretende buscar insistentemente la culpa y la criminalización de la gestión de la pandemia, para eludir cualquier colaboración y compromiso.

Además, con pretensiones pseudocientíficas en base a algo de tan poco rigor como es la especulación sobre el ahorro de dolor y muerte que se hubiera producido de haberse anticipado unas semanas las medidas restrictivas ignorando el contexto de entonces, o mediante la aplicación automática de la evidencia científica sin tener en cuenta mediación social alguna, por ejemplo con la panacea de los confinamientos domiciliarios más estrictos, ignorando la experiencia más reciente de medidas menos traumáticas y con menos efectos contraproducentes sobre los más vulnerables, que han llevado a la mayoría de los gobiernos de nuestro entorno a descartarlas.

Porque, mientras la pandemia está en trance de retroceder mediante las medidas de contención y las vacunas, al parecer, la otra pandemia de profetas e inquisidores no piensa descansar. La fobia al 8 de Marzo continúa.

Según la teoría de los ranking, tan en boga entre los medios de comunicación con la asesoría de expertos independientes, la buena o mala gestión pública de una pandemia depende de los resultados, en los exclusivos términos de sus datos de incidencia y mortalidad. La posición retrasada de España, justificaría entonces la descalificación de la gestión del CCAES, del Gobierno y de las CCAA.

El modelo a seguir, según esta teoría, sería el del continente asiático, aunque se elude el caso equivalente de África, cuya prevalencia y mortalidad están también por debajo de las de cualquier país europeo, como sería el caso de España. Y se evita, porque resulta paradójico que en una parte de Asia se ha aplicado una estrategia de erradicación del virus y sin embargo en el caso del continente africano se ha hecho lo que se ha podido, prácticamente lo contrario, con parecidos resultados. Aunque tampoco, en este caso, en el término medio de la estrategia de contención y mitigación desarrollada en Europa, los países occidentales y la mayor parte del mundo, se encontraría la virtud aristotélica sino mas bien el vicio.

Pero si tuviesen a bien revisar las bajas incidencias por continentes, quizá caerían en la cuenta de que éstas se dan independientemente del modelo de Estado, los colores políticos, la capacidad de gestión y los sistemas sanitarios, y que los determinantes generales de la pandemia son también ambientales, geográficos, demográficos y sociales.

Pero es que lo mismo ocurre si nos quitamos el velo de los prejuicios y analizamos lo que ocurre dentro de cada continente en sus distintos Estados o regiones, entre los que, salvo contadas excepciones, la incidencia acumulada y la mortalidad es muy similar, incluso a lo largo de la evolución en el tiempo de la pandemia, todo ello con independencia de cuáles sean las distintas estrategias de mitigación o de erradicación frente al virus. Así ocurre entre los países considerados ejemplares como Nueva Zelanda, Corea del Sur, China o Australia con respecto a otros, que según estos medios y sus expertos no lo serían tanto, por desarrollar estrategias, con mayor o menor grado de control y en distintos grados, de contención y mitigación como Filipinas, Tailandia o Mianmar, Laos y Vietnam.

De hecho, sin restarles ningún mérito a los países que por muchos sin considerados, todavía a día de hoy, modelos ejemplares en la estrategia llamada de #cerocovid frente al virus, comparten otros factores tanto o más determinantes de sus resultados que la estrategia de eliminación del virus, como son la experiencia previa de pandemias de coronavirus recientes, la consiguiente inmunidad cruzada con otros coronavirus, su situación geográfica y meteorológica o sus costumbres sociales y usos culturales y políticos relativos a la idea de autoridad, la disciplina social y el control digital. 

Por otra parte, en cuanto a las principales medidas de erradicación, ni las islas, los países más pequeños ni los más grandes, de dimensiones casi continentales como China o Australia, como es el caso de los principales países incluidos entre los llamados ejemplares, sirven para hacer comparaciones con otras situaciones al ser tan dispares. Un hecho diferencial que resulta también relevante, en las islas porque cierran sus fronteras sin problemas y en los macro-estados porque pueden permitirse cierres o aislar una parte minoritaria (como el territorio de Wuhan) y mantenerla con la actividad del resto del país, como ha ocurrido por ejemplo en China. La intensidad de las medidas tienen también condicionantes geográficos innegables.

Por eso, deducir solo por sus resultados locales la buena o mala gestión y el liderazgo de una pandemia, que por definición es global y sujeta a determinantes complejos, tanto geográficos, demográficos, de densidad y movilidad de población, así como epidemiológicos, sanitarios, sociales y culturales, incluso genéticos es lo más alejado de la ciencia y lo más cercano a la mera manipulación política.

Como también la pretensión de que la gestión omnipotente de la pandemia, de cualquier pandemia, sea un marco adecuado y un indicador de la calidad del Estado, de la política y del liderazgo público, sobre todo a un nivel local, cuando si acaso lo hubiera sido de gobernanza global, si hubiésemos tenido la voluntad política y nos hubiésemos dotado de los instrumentos y recursos necesarios, para prevenir y evitar la gravedad de la amenaza pandémica.

No fue así y esa fue la razón para que primero se desencadenara y más tarde no se parara la pandemia desde su inicio. Porque los precedentes y las alarmas existían, ya que la propia OMS junto al Banco Mundial habían puesto en marcha el grupo de expertos y los informes periódicos para detectar y reforzar las medidas de alerta y respuesta rápida para las que más que probables catástrofes biológicas.

Sin embargo, tampoco en este caso el ranking de preparación de los países ha servido de gran cosa. De hecho estaba encabezado por los EEUU, buena parte de Europa y los países más desarrollados, quedando en un segundo plano o muy relegados los que hoy se consideran ejemplares, por incumplir criterios de prevención, alerta, respuesta rápida, sistema sanitario y político, con lo que de nuevo vuelven a aparecer otros determinantes en la transmisión de la pandemia.

Porque la verdadera diferencia existente en cuanto a la gestión de la pandemia estriba en la oposición entre el negacionismo y el reconocimiento de la pandemia, y en consecuencia entre el dejar hacer de los primeros y la adopción de medidas de distanciamiento físico, clausura de actividades y restricción de movilidad de los últimos. Esto se ha demostrado de forma palmaria en el Brasil de Bolsonaro y los EEUU de Trump o incluso en una primera etapa de inmunidad de rebaño de Suecia y Gran Bretaña frente al resto de Europa y occidente. Lo cierto es que, por fortuna, en un primer balance de la pandemia, los partidarios del negacionismo, más o menos explícito, han perdido el pulso y debemos felicitarnos por ello.

Sin embargo, el verdadero problema político del momento es el intento de hacer creer que la incidencia mayor o menor, significa tener peor o mejor gestión de la pandemia y que ésta depende solo de la agilidad y de la contundencia en las disposiciones de los gobiernos. La cinética de la pandemia, la población, la movilidad, la cultura de relaciones y las desigualdades, incluso las genéticas, aunque no sean tan evidentes, también existen.

En definitiva que lo de los rankings no ha resultado ser muy ilustrativo. Simplifican más que explica un problema complejo, y lo que es peor nos distrae de la imprescindible colaboración y gobernanza frente al circo romano de las culpas.

Porque en cuanto a la salud pública, hacía ya tiempo que los países desarrollados y quizá en España aún más, habíamos cifrado la sanidad en una asistencia de la que estábamos legítimamente orgullosos y no en la prevención y la salud pública, y he aquí una de nuestras fragilidades que sumar a los recortes y los determinantes sociales.

Por eso, aunque hay razones para la crítica y la rectificación, no las hay para la sistemática descalificación profesional y personal de los responsables de salud pública, en particular del doctor Simón, ni para convertir en un tercer grado sus ruedas de prensa, como oportunidad para entresacar un jugoso párrafo destinado jugar al ratón y al gato con los datos y las valoraciones de la pandemia.

Porque la estrategia desarrollada, con sus luces y sombras, no responde a un criterio personal. El CCAES y la direcciones de salud de las CCAA funcionan de común acuerdo, aunque a veces no lo parezca, y se coordinan con la OMS y el ECDC. Y porque parece mentira que a estas alturas de pandemia sea necesario repetir que la salud pública no es lo mismo que la sanidad pública. Precisamente la salud pública es la parte del sistema sanitario que se ocupa de la vigilancia, la prevención y la promoción de la salud colectiva. La inteligencia del sistema sanitario y del sistema político en materia de salud.

Por eso es especialmente incomprensible que en los últimos tiempos, una parte de las descalificaciones vengan desde representantes de unas especialidades clínicas, tan estimables por su sacrificio como distanciadas del enfoque poblacional de la salud pública y la epidemiología. Hasta tal punto ha llegado la cacería, que hasta un señor juez se permite tratar a los salubristas despectivamente de 'médicos de cabecera que tienen un cursillo' (algo que mi padre lo fue toda su vida y bien orgulloso que estoy de ello).

Por otra parte, no se corresponde con la realidad la imagen distorsionada de que los gobiernos y los políticos españoles son unos irresponsables que lo abren todo mientras que los europeos mantienen los confinamientos. No estamos viviendo nada de eso en general en las CCAA, que a día de hoy permanecen prácticamente cerradas o con fuertes restricciones, como tampoco es cierto que desde el consejo interterritorial se diera barra libre en Navidades, cuando la mayoría de las CCAA no han hecho otra cosa que mantener las restricciones dentro de lo posible, sin negar la realidad de unas fiestas familiares. Como, por otra parte, también ocurrió en buena parte de Europa.

En definitiva, resulta preocupante que, por algún caso sonado, se generalice una imagen injusta de relajación a todas las CCAA, que en general cumplen, que al final las pueda llevar a la resignación.

Lo esencial es si estamos dispuestos a evitar en el futuro estas amenazas, reduciendo la urbanización y deforestación de las selvas, los modelos intensivos de alimentación, la hiper movilidad turística, las macro-urbes e invirtiendo mucho más en salud pública, gobernanza global y preparación frente a catástrofes pandémicas.

Estamos en lo peor de la tercera ola y de sus consecuencias en casos, en ingresos hospitalarios, en ocupación de las UCI y en fallecimientos. Sin embargo, las inmovilizaciones y los cierres empiezan a surtir efecto. A pesar de ello, el mantra del confinamiento continúa.

Pero no es cierto, ni en el plan de respuesta para la segunda ola ni en las medidas acordadas (en exclusiva para las fiestas navideñas). Hubo barra libre, al contrario de lo que piensan, otra vez a posteriori, quienes se empeñan en buscar culpables en la política y los gobiernos para explicar las causas de la tercera ola de una sindemia compleja que hoy afecta a toda Europa y al hemisferio occidental.

Sólo se acordó una modificación mínima y realista de los aforos en el hogar, exclusivamente en las fechas más señaladas de la Navidad, para limitar los efectos del incremento previsible de la movilidad familiar. El inicio del repunte de contagios es, sin embargo, anterior y está relacionado con el incremento de la movilidad vinculada a las compras del black friday y al puente de la Constitución, a pesar del mantenimiento del cierre perimetral en la mayoría de las comunidades autónomas. A ello se suma el descenso de temperatura en la estación invernal y, aunque en mucha menor medida por ahora, a la introducción de la nueva variante inglesa de la pandemia.

Lo de “salvar la Navidad” no fue pues cosa del Gobierno, ni en general de los gobiernos de las CCAA. Lo plantearon en particular algunos que luego no lo votaron, por excesivamente restrictivo, o que luego se desmarcaron con la excusa de la ambigüedad del término 'allegados', que luego suprimieron en sus protocolos, sin que se hayan visto ningún efecto significativo en los contactos ni en la incidencia de la pandemia.

Ahora estamos en la tercera ola de una pandemia global. El estado de alarma y los indicadores aprobados permiten la gestión de las CCAA y la coordinación del Ministerio de Sanidad, dentro de una estrategia común de mitigación, en tanto se administran las vacunas en Europa y a nivel internacional, ya que una hipotética erradicación del SARS-COV-2, en caso de esta sea posible, pasa primero por la inmunidad de grupo, aunque esta necesariamente será global o la erradicación no será.

Es decir, en general, las restricciones en las CCAA son similares a las europeas, salvo alguna excepción conocida. Se trata en definitiva, de bajar la movilidad al mínimo y de evitar la transmisión y los brotes en locales cerrados donde no se respeta la etiqueta respiratoria para a continuación recuperar el rastreo y el aislamiento de contactos.

Sin embargo, continúa el mantra del confinamiento domiciliario inminente, que se viene anunciando como el cuento de Pedro y el lobo ante cada rebrote de la pandemia, desde el día siguiente a la desescalada, para luego acusar al gobierno de inacción, aunque buena parte de los gobiernos autonómicos que lo hacen como parte de la estrategia de oposición política, no utilicen el amplio abanico de medidas de control o de mitigación de con las que el decreto les dota.

El problema es denominar confinamiento domiciliario a lo que hace tiempo que no lo es para el trabajo, el estudio, el paseo o el ejercicio. Un confinamiento estricto ya no lo hace nadie, por sus complicaciones, y el que se puede hacer, lo están desarrollando en general las CCAA españolas como los países europeos en las distintas fases de la enfermedad.

Eso significa que algo hemos aprendido todos de la primera ola para seleccionar los lugares cerrados que es donde se producen la mayor parte de los contagios para no recurrir a volver atrás al confinamiento estricto, sin antes valorar las consecuencias. Ya no se cree que con carácter general cerrar escuelas o enclaustrar tenga un mejor resultado a corto plazo y sí importantes complicaciones a futuro.

Hay que ver también los efectos psicológicos, familiares y sociales de un confinamiento domiciliario que por definición nunca es corto. Los que lo propugnaban para una o dos semanas ya hablan de más de un mes. En el fondo late la anticuada pretensión de la erradicación del virus frente a la contención y mitigación.

Por otra parte, la evolución de la pandemia no es uniforme entre continentes y ni siquiera entre regiones de un mismo país. Tampoco lo fueron otras pandemias.

Es lo malo de considerar que la lucha contra una pandemia letal es una carrera de gestión entre gobiernos, sin tener en cuenta la evolución de la enfermedad y los condicionantes y determinantes económicos, sociales y sanitarios.

Retrospectivamente todos los países europeos nos lo podríamos aplicar el cuento en momentos diferentes de la pandemia, con lo que ya sólo queda remitirse al ejemplo asiático, aunque no tengamos demasiadas coincidencias en geografía, ni en densidad de población ni en movilidad ni en socialización ni en determinantes sociales, políticos ni sanitarios ni en experiencias recientes de pandemias respiratorias. Y es que tampoco acabamos de asumir que no solo la transmisión de las pandemias es multicausal.

En cuanto a la gestión en España, el gobierno central ya fue cuestionado frontalmente como autoridad sanitaria ante la emergencia de la primera ola por parte de la oposición conservadora y sin haber podido contar tampoco con el apoyo de los independentistas, algo que se agravó más tarde al final del estado de alarma y en las accidentadas fases de desescalada.

Desde entonces, la respuesta institucional se atiene al reparto de competencias escrupuloso en condiciones de normalidad. El gobierno elabora los planes, las estrategias y decreta el estado de alarma como marco legal que garantiza la gestión sanitaria y de salud pública a las CCAA, la coordinación del ministerio de sanidad y el ejercicio compartido de la autoridad sanitaria.

En definitiva, quizá hayamos perdido la oportunidad de que la pandemia para desarrollar un mayor grado de cooperación y cogobernanza de la salud pública, por diversas razones, pero básicamente por la polarización política y el escaso desarrollo, entre otras de la ley de salud publica. No han faltado leyes, ha sobrado cainismo.

La política tiene la difícil papeleta de convertir las evidencias en medidas posibles. Por eso el gobierno confía en que las restricciones y las medidas de salud pública servirán para contener el virus, hasta tanto progrese la vacunación. La experiencia de la bala de plata del confinamiento solo es útil como alternativa in extremis.

España está entre los países que más porcentaje de las vacunas de las recibidas han administrado a sus ciudadanos y en particular a los colectivos más vulnerables.

La conclusión de la estrategia elaborada por los científicos y expertos en bioética así como el acuerdo del consejo Interterritorial es priorizar primero a los más vulnerables, discapacitados, trabajadores de residencias de mayores y sanitarios, a continuación a los ancianos, trabajadores esenciales y finalmente el resto de los colectivos.

Las vacunas administradas al margen de los grupos establecidos en la estrategia de vacunación, aunque sean la excepción a la norma, están siendo una vergüenza, tanto si es fruto de la improvisación como, lo que es aún peor, si ha sido un privilegio. Pero el problema fundamental está ahora en el cumplimiento de los compromisos de producción y distribución por parte de las compañías farmacéuticas, no solo a Europa sino también a los países empobrecidos incluidos en el Plan Covax.

En resumen, hay razones para la crítica pero no para el catastrofismo. Partimos del escaso reconocimiento y medios con que ha contado nuestra salud pública, de los efectos de los recortes sociales y sanitarios, como también de las dificultades para la gestión política de algo tan inesperado, complejo y cambiante como es una pandemia.

Salvo algunos organismos de salud pública, llevamos décadas subestimando el peligro de un virus de las características de la COVID-19 y aplazando una respuesta global. El problema fundamental hasta ayer eran las enfermedades crónicas. Ahora nos hemos dado cuenta de que ambas se multiplican entre sí en una sindemia.

El debate de la eutanasia será mi última contribución a un nuevo derecho que creo que fructificará y beneficiará a millones de españoles

Luis Montes Mieza

He esperado un tiempo prudencial para leer los argumentos contrarios a la ley de muerte digna y con especial atención a los de la Iglesia y las posiciones de derechas, que son por otra parte sustancialmente iguales, prácticamente desde los inicios de la mencionada reivindicación en el siglo pasado.

Dejo a un lado las teorías conspirativas de la extrema derecha, ante las cuales, en tantas otras cosas, como la más reciente de la gestión de la pandemia, de nada sirven los argumentos. De nuevo esgrimen como prejuicio un supuesto proyecto eugénesico criminal de la izquierda, y su reedición pragmática para reducir el presupuesto de pensiones o de atención a los dependientes y el aún más delirante de facilitarle a los hijos, de natural descastados, el deshacerse de sus padres. Cómo tienen que estar el interior de esas cabezas para que piensen eso, no solo de los demás sino también de los suyos.

Por otra parte, y a pesar de mi renovado interés, tengo que admitir que me han decepcionado las argumentaciones por tópicas y reiterativas de unos y otros sectores políticos y religiosos conservadores, basadas casi obsesivamente en oponer el desarrollo de los cuidados paliativos a la necesidad de regular el derecho a la eutanasia, cuando resulta evidente que se trata de dos cuestiones bien distintas y si acaso desde el punto de vista sanitario complementarias y no sustitutivas.

Los cuidados paliativos se remiten a garantizar el tránsito sin dolor y en las condiciones más humanas posible a la muerte ineluctable. La eutanasia, por el contrario, supone el derecho y la ayuda para una muerte voluntaria 'por causa de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable', como expresa la mencionada ley.

Todo esto, además, cuando los mismos que hoy reniegan del derecho a la eutanasia, tampoco han perdido la ocasión de extender el prejuicio y la condena a los cuidados paliativos y a quienes los pusieron en marcha acusándoles de realizar una eutanasia encubierta. Ese fue el caso escandaloso del doctor Luis Montes, jefe de urgencias del Severo Ochoa de Leganés, al cual se calumnió, se lo destituyó de su cargo y se denunció ante los tribunales que finalmente rechazaron las falsas denuncias. Entonces, el único objetivo era agitar el miedo y señalar a un chivo expiatorio con el que distraer la atención y ocultar la gestión privatizadora de la sanidad madrileña.

En el fondo, estas posiciones son las mismas que condenaron en su tiempo como aberrante el suicidio y que aún hoy rechazan la decisión libre y voluntaria de poner fin a la propia vida, considerando ésta exclusivamente como fruto de un dolor insoportable, de la depresión o de la locura. Unas causas, según ellos, controlables mediante los procedimientos médicos, y entre otros con el desarrollo de la psiquiatría o de unos cuidados paliativos, poco menos que omnipotentes, negando la voluntad consciente y lúcida de poner fin a la propia vida así como los límites de la medicina.

Por eso, después de las iniciativas europeas de los años noventa, en España no se elabora una estrategia de cuidados paliativos hasta el año 2007 a la que ha seguido una evaluación para el periodo 2010-2014. A raíz de ella se han ido aprobando leyes autonómicas desde Andalucía y Aragón, luego en Baleares y Canarias, hasta la más reciente de Asturias, la mayoría de ellas paradójicamente a impulso sobre todo de los casos de más impacto mediático conocidos como el de Ramón Sanpedro, José Antonio Arrabal, María José Carrasco o Maribel Tellaetxe que sin embargo reivindicaban la despenalización de la eutanasia y el suicidio asistido. Así, los cuidados paliativos han experimentado una evolución lenta en relación a nuestro entorno y diferenciada entre las CCAA. Principalmente porque no ha estado entre las prioridades políticas de aquellos que hoy tácticamente la instrumentalizan para contraponerla de forma sistemática a la reivindicación de la regulación de la eutanasia y que sin duda requeriría un enfoque más sistémico y un mayor grado de prioridad política y disponibilidad presupuestaria.

Además, la experiencia de los países donde se ha regulado la eutanasia es sin embargo la contraria a esta pretendida contraposición. En todos ellos es compatible dicha regulación con el más alto nivel de desarrollo de los cuidados paliativos. Lo uno no niega lo otro, sino que si acaso es complementario.

Entrando ya de lleno en la materia de la necesidad de regulación del suicidio asistido y la eutanasia, el argumento es que ésta sería innecesaria en el caso de un mayor desarrollo de los cuidados paliativos y que aquella además traería como consecuencia graves inconvenientes como la llamada pendiente deslizante de una utilización abusiva por parte de ciudadanos y sanitarios.

Este razonamiento obvia que incluso en una situación ideal de desarrollo de los cuidados paliativos, éstos no darían respuesta alguna a aquellos que desean tener la capacidad de decidir voluntariamente y sin interferencias morales sobre el momento de su muerte.

El otro argumento tiene que ver con una supuesta pendiente deslizante que llevaría a utilizar la ley más allá de su objetivo inicial, todo a pesar del garantismo sanitario y judicial que supone el pormenorizado contenido de la norma. Para ello se esgrimen casos y cifras de los países en que está legalizada, cosa que lejos de avalar refuta la supuesta escalada en la demanda donde la eutanasia lleva décadas o años regulada y donde se mantiene como alternativa muy minoritaria y estable.

Me interesaba también el enfoque sin duda complejo de los sectores de la iglesia progresista, esperando que ésta no se limitaría a la consabida doctrina. Sin embargo, he visto reproducidos los mismos argumentos, si acaso con alguna referencia crítica a la pérdida de valor de la vida humana y en particular del papel social de los ancianos, y al tabú sobre la muerte, cosa que puedo compartir, pero que obvia lo fundamental: la muerte tecnológica y la necesidad de reconocer la capacidad de decisión al individuo, que es la principal causa del avance de la legislación sobre la eutanasia en fechas recientes en países de tradición católica como España o Portugal.

Porque la muerte tecnológica de nuestro tiempo, independientemente de la legislación de la eutanasia, hace ya tiempo que ha trascendido la decisión divina e incluso la evolución natural de la enfermedad para convertirse en un esfuerzo institucional frente a la muerte del cual hace tiempo que no participaban los sujetos y sus familias, sino los sanitarios, la tecnología hospitalaria y el ámbito legal y jurídico. Ha sido como consecuencia de estas decisiones externas, por lo que han avanzado los derechos del paciente y se han incorporado paulatinamente cuestiones como las voluntades anticipadas, el testamento vital, los cuidados paliativos y el derecho a una muerte digna.

Por eso me ha llamado la atención la atribución al individualismo liberal del derecho a decidir sobre el morir por una suerte de sobreactuación identitaria de la izquierda, que al parecer no tendríamos otras causas materiales de las que ocuparnos. Otra falsa dicotomía entre libertad e igualdad.

Deduzco de ello que por contra se considera social tanto la intervención sanitaria como jurídico-legal cuanto la exclusión del sujeto y el mantenimiento de la consideración penal actual de la ayuda a morir, dentro de lo que alguien ha denominado el principio de la mentira. Los datos de opinión pública contradicen tales aseveraciones tanto entre los ciudadanos en general como en particular entre los sanitarios y los juristas, mayoritariamente favorables a la regulación legal de la eutanasia y el suicidio asistido y preocupados solo minoritariamente por la objeción de conciencia, demandada por el colegio de médicos y contemplada desde un principio en la ley.

Por suerte, en esta ocasión, han desaparecido las excusas que desde el centro izquierda han apelado durante más de dos décadas a la inmadurez del debate social para negarle su apoyo.

Pero sobre todo me ha escandalizado la utilización del rastro de muerte y dolor provocados por la pandemia de la COVID-19 para negar la oportunidad de una ley de muerte voluntaria. No es un algo nuevo, pero no esperaba tanto morbo insano como argumento.

Porque habría que remontarse muy atrás en el tiempo, al menos un cuarto de siglo, para ver las primeras iniciativas que han pretendido primero la despenalización y luego el reconocimiento del derecho a una muerte digna en España. Tampoco se trata de una ley menor y merecía la pena tomarse su tiempo en el proceso legislativo que se inició mucho antes del inicio de la pandemia. La acusación de oportunismo, como la de inoportunidad no tiene ningún sentido. Porque como bien dice el preámbulo de la ley ya en vigor: “no existe un deber constitucional de imponer o tutelar la vida a toda costa y en contra de la voluntad” de la persona, por lo que el Estado “está obligado a proveer un régimen jurídico que establezca las garantías necesarias y de seguridad jurídica”

Que así sea.