Subrayaba asimismo que esta propuesta podía considerarse como un ejemplo de la inadecuada y equivocada concepción que acerca del patrimonio arqueológico tienen en la isla muchos gobernantes locales; cuestión esta que a día de hoy debe extenderse –y este es uno de los motivos del presente artículo- a algún gacetillero que plantea como válida la actividad deportiva en las Zonas Arqueológicas.

Según me consta, por comunicación directa, muchos profesionales del ramo (más de una decena, incluidos varios Doctores en la materia), se hicieron partícipes de los argumentos esgrimidos en contra de dicho evento deportivo. Asimismo, fuentes del Cabildo insular nos han confirmado la inviabilidad del desarrollo de la “arqueocarrera”.

Pues bien, ahora se procura por parte de un forofo de las carreras campo a través poner en solfa, con un punto de arrogancia, los planteamientos que argumentan la incompatibilidad del uso deportivo en las zonas arqueológicas, particularmente para aquellas que están nominadas para su declaración por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.

Recientemente, el Sr. Rafael Falcón, publicaba en un medio local un artículo intitulado: “Antropología sin boberías”, en el que expone una serie de ideas (?) que van en sentido contrario al deseable uso público (necesariamente sostenible) de estos lugares, apuntando sin ambages las bondades de esta carrera para difundir el patrimonio arqueológico, sustentando su perorata con un argumentario caracterizado por un profundo desconocimiento del patrimonio arqueológico insular y con un cierto desprecio para con las opiniones de los científicos y profesionales en la materia que no comparten en manera alguna esta idea y que se merecen otra consideración diferente a la expresada por este señor.

Al respecto, con el ánimo de contribuir al debate que el Sr. Falcón pretende abrir, entiendo que es pertinente resaltar algunas cuestiones.

En primer término, he de manifestar que, a tenor del propio título del artículo citado, nos encontramos ante un lego en la materia que osa hablar de Antropología (en vez de Patrimonio Arqueológico), adjetivando como boberías los preceptos legales que impiden cualquier uso público, excepto- en su caso- los educativos y culturales, para estos sitios. En este libelo contra los que llama “puristas”, queda reflejada la ignorancia de este señor respecto al valor de estas manifestaciones culturales y de la perentoria necesidad de vigilar por su protección, así como articular un uso racional del régimen de visitas (vs. capacidad de carga). Son varias las perlas que nos ofrece cuando nos habla de las posibilidades de esta modalidad deportiva para conocer (!) el patrimonio arqueológico, lo que –nos cuenta- le ha ayudado a acercarse y descubrir el poblado de Acusa Seca, al que califica como la capital troglodita de Gran Canaria (sic), indicándonos que una carrera que pase por una zona arqueológica “no significa que los corredores nos adentremos dentro de las cuevas, sino que transitemos la zona por el sendero habitual de cualquiera viandante. Y esto es lo que pretende la inminente Artenara Trail con Risco Caído. Darle valor a la zona, no entrar en sus cuevas.”

Así es, en el citado texto no solo se vierten ideas de este tenor, sino que se hace una decidida apuesta por el cambio de ruta previsto para la presente edición, frente al trazado de años anteriores, que hará que “los corredores pasen por el sendero que transcurre desde el barrio de Risco Caído (?) en dirección a Artenara.”

Al respecto, creo que es necesario anotar que, a falta de dos semanas para que se realice la prueba, la organización –en la que está presente el ayuntamiento artenarense- no ha cursado esta propuesta a la Comisión Insular de Patrimonio, órgano competente para autorizar las actividades que se prevén realizar en las zonas arqueológicas, normalmente destinadas a su protección, investigación y en su caso a aquellas reservadas al uso público que, como ya he indicado, son las específicamente vinculadas a aspectos de índole cultural y educativa. Asimismo, hemos de anotar que hace pocas fechas se realizó, por operarios del Ayuntamiento de Artenara, una “limpieza” del camino que da acceso a Risco Caído con la intención de adecentarlo para la citada carrera, lo que se tradujo en un desbroce salvaje con el que se liquidaron algunas plantas de mucho interés que venían siendo utilizadas, por parte del personal encargado de las visitas guiadas a Risco Caído durante los últimos seis años en que se viene realizando este servicio, como recurso interpretativo .

Sirvan estos ejemplos para comprender la descoordinación de las administraciones responsables de velar por la protección y gestión del patrimonio arqueológico.

Dos consideraciones finales:

1. El Bien de Interés Cultural de la Zona Arqueológica de Risco Caído comprende no solo las cuevas propiamente dichas ahí localizadas, entre las que destaca la denominada nº 6 -en la que se observa ese fenómeno lumínico, particularmente valioso, que ya es fama-, sino que además incluye un área más amplia, en la que se localizan otros enclaves trogloditas –v.gr: la Cueva de la Paja-, toda ella delimitada con su entorno de protección (BOC nº 192, 3 de octubre de 2014), en el que se incluyen los caminos que cruzan la Zona Arqueológica.

2. Las administraciones públicas con competencias en la materia (particularmente el Cabildo y el Ayuntamiento de Artenara) tienen, en primer término, la obligación de instar a la organización de la Artenara Trail para que busque alternativas y varíe el trazado de la ruta prevista y, si esto no se produce, impedir en última instancia que la carrera pueda circular por la Zona Arqueológica de Risco Caído.

Por último, hay que decir que no todo vale y que este tipo de carreras debe adecuarse a las determinaciones legales (y al sentido común), de tal forma que este sano ejercicio no altere en lo más mínimo el patrimonio (natural y cultural) que alberga la Cumbre.

Durante el transcurso de mi vida profesional, mayormente vinculada a la planificación y gestión del patrimonio natural y cultural, he podido ver hechos y situaciones realmente grotescas, surrealistas dirá alguno. Al respecto, el último exabrupto que conozco, muy reciente, se debe a un representante público, a la sazón teniente de alcalde del Ayuntamiento de Artenara, con responsabilidades en las Áreas de Deportes, Agricultura y Ganadería, Urbanismo, desde el mes de Julio del pasado año, aunque anteriormente, desde el inicio de la presente legislatura, fue alcalde del citado municipio. Pues bien, al edil artenarense se le ha ocurrido la esperpéntica idea, según se refleja en un video promocional de la Artenara Trial que corre (nunca mejor dicho) por las redes, de organizar y celebrar en este municipio una arqueocarrera (sic).

Al socaire de la moda por las carreras pedestres en el medio rural, que se extiende por la sociedad occidental como una modalidad de ocio, cada vez más presente en nuestro ámbito insular, surge esta idea con la que se pretende hacer una competición recorriendo los yacimientos arqueológicos de Artenara, todos ellos localizados en el Paisaje Cultural de Risco Caído y los espacios sagrados de montaña de Gran Canaria y entre los que sobresalen: Tirma, Cueva de los Candiles, Acusa y, por supuesto, Risco Caído. Sin ninguna duda, podemos deducir que este es un uso contrario a las determinaciones que sobre la protección y uso público del patrimonio arqueológico se desprende de la legislación vigente y del sentido común.

La sinrazón de esta propuesta que se desarrollaría en la zona núcleo del denominado Paisaje Cultural de Risco Caído y los espacios sagrados de montaña de Gran Canaria que, como bien se sabe, tras la iniciativa impulsada por el cabildo insular aspira a ser declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, requiere una breve y rápida reflexión que espero sirva para enmarcar una respuesta a la propuesta aludida que entiendo debe contener un nivel instructivo, a la par que un rechazo total, sin paliativos, a tal empresa.

De esta idea inaceptable se desprende, en primer término, un absoluto desconocimiento sobre la fragilidad inherente a los yacimientos arqueológicos y, por extensión, a las denominadas Zonas Arqueológicas, una ignorancia que impide en multitud de ocasiones, como es el caso, el debido respecto a las manifestaciones culturales, en esto caso de la sociedad aborigen.

Reiteradamente, dirigentes públicos realizan planteamientos descabellados, como bien se demuestra con este ejemplo. En el supuesto que la mencionada propuesta se llevara a cabo no solo pondría los pelos de punta a los comisionados de la UNESCO, sino que interferiría, con un gran hándicap, en el proceso para la declaración Paisaje Cultural como Patrimonio de la Humanidad. Con frecuencia, como en el caso que nos trae, muchos dirigentes confunden el culo con las témporas o “churras con merinas” como reza el refranero, tratando de mezclar de forma ridícula actividades incompatibles. El acceso a las zonas arqueológicas, y en general al patrimonio cultural, no es válido para manifestaciones deportivas de estas características que, sin embargo - de forma anárquica, fuera del marco de los planes de uso y gestión- sí se han extendido por doquier en los Espacios Naturales Protegidos

En mi opinión, este es un ejemplo de la inadecuada y equivocada concepción que acerca del patrimonio arqueológico tienen en la isla muchos gobernantes locales, y sobre el que, dada su gravedad, planteo las siguientes observaciones.

Uno. Corresponde al Cabildo, como responsable máximo del Proyecto del Paisaje Cultural y de la gestión del Patrimonio Histórico/Cultural de la isla -incluida la política sobre Parques Arqueológicos-, coordinarse con las corporaciones municipales que por ley, máxime en el caso que nos trae, deben colaborar con la administración insular, así como informarles de las diferentes propuestas previstas en el citado Proyecto.

Dos. Visto lo visto, entiendo que es inaplazable hacer pedagogía con los representantes públicos y por supuesto con la población local asentada en las proximidades de las zonas arqueológicas e ir más allá de recoger las propuestas surgidas del proceso de participación ciudadana, y apostar por la difusión de los valores patrimoniales excepcionales (arqueológicos, etnográficos, históricos y naturales!) que contiene el Paisaje Cultural, de tal forma que puedan ser aprehendidos y reconocidos como recursos patrimoniales por los representantes públicos y, singularmente, por los vecinos afectados por la propuesta del Paisaje Cultural.

Tres. Impedir, por obvio, la celebración del evento deportivo aludido.

Ciertamente, la Cumbre de Gran Canaria se encuentra ante una oportunidad, también ante un reto, lo que se traduce asimismo en una gran responsabilidad, por lo que entiendo que es más importante aún recalcar la necesidad de articular- con la participación e implicación de la población local- un plan bien sopesado que, independientemente de que la zona sea declarada, o no, como Patrimonio de la Humanidad, nos permita –y a las generaciones futuras- disfrutar de forma sostenible de un patrimonio excepcional que cuenta con muy buenas expectativas para impulsar la denominada “economía verde”.

Respecto a este excepcional legado, la ley 4/1999 de Patrimonio Histórico de Canarias presta una atención especial al tratamiento del patrimonio arqueológico, expresando en su Preámbulo que este se encuentra en una situación muy grave y de acelerado deterioro por diversos motivos, entre los cuales se encuentran el saqueo sistemático de yacimientos y la destrucción deliberada de paneles rupestres que ha adquirido recientemente un incremento preocupante. En base a ello, presenta en su articulado toda una serie de consideraciones encaminadas a su salvaguarda y protección y, taxativamente, determina ya en el Preámbulo que todos los objetos arqueológicos (es decir, todos aquellos bienes inmuebles y muebles de carácter histórico que sean susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie como en el subsuelo o en el mar territorial) son de dominio público, explicitando específicamente esta consideración para aquellos objetos (sic) arqueológicos pertenecientes al pasado aborigen canario, ya descubiertos o que lo sean en el futuro en virtud de excavaciones, remociones de tierra, obras o por azar, (…) que no podrán ser objeto de tenencia, venta o exposición pública por los particulares o instituciones privadas. [Artículo 61 de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias (LPHC)]

Además, amén de una serie de disposiciones dirigidas a su protección y conservación, se prevé la posibilidad a de acondicionar los yacimientos, en particular aquellos que están declarados como Zona Arqueológica, para la visita pública a través de su conversión en Parque Arqueológico, indicando que estos son concebidos para que aquellos sitios y zonas en los que, por la existencia de yacimientos arqueológicos previamente declarados de interés cultural con la categoría de Zona Arqueológica, y por su integración en el entorno natural y territorial, puedan ser declarados como tales al objeto de facilitar su comprensión y disfrute en compatibilidad con la preservación de sus valores históricos. (Artículos 62 y 63 de la LPHC)

Evidentemente, es en torno a este aspecto del uso público del patrimonio arqueológico sobre el que versa la presente reflexión, concretamente sobre algunos aspectos que inciden en la problemática que rodea la gestión de los Parques Arqueológicos.

Comentaba hace algo más de un año en otro artículo [[Risco Caído, el Patrimonio Arqueológico de Gran Canaria y los Bienes de Interés Cultural, Canarias Ahora, Diciembre 2016] que la situación del patrimonio arqueológico insular se encontraba caracterizada (al igual que sucede hoy) por un desbarajuste administrativo que, sin duda, define una actuación política nada consecuente, ni acorde con la legislación vigente. Nos referíamos, entre otras cuestiones, a que supuestamente, según registra la web del Cabildo (http://www.grancanaria.com/patronato_turismo/EspaciosArqueologicos.redespaciosarqueologicos), Gran Canaria cuenta con ocho Parques Arqueológicos: Parque Arqueológico Maipés de Agaete, Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada, Cenobio de Valerón, Barranco de Guayadeque, La Fortaleza, Necrópolis de Arteara, Cañada de Los Gatos y Bentayga, aun cuando ninguno de ellos dispone de la preceptiva declaración facultativa del Gobierno de Canarias, organismo que tiene el estatus legal para otorgar tal calificación.

Derivada de esta situación administrativa, que hay que considerar al menos como incoherente, en la que se detectan numerosas irregularidades en la gestión (?) de estos “parques arqueológicos” se refleja una política deslabonada, plagada de arbitrariedades y que, por lo prolijo de la temática, no procederé en este momento a analizar; baste subrayar la inexistencia en documento público de los proyectos destinados a planificar las actuaciones y la gestión que precisan los Parques Arqueológicos, lo que no es más que una evidencia de la política errática que al respecto han desarrollado todos los grupos políticos que, desde las transferencias de las competencias en la materia a la institución insular, han gobernado el Cabildo de Gran Canaria.

En síntesis, el marco jurídico que concierne a los Parques Arqueológicos dice que su creación es competencia del Gobierno de Canarias y para lograr tal categoría debe de iniciarse el procedimiento administrativo, cuestión que corresponde a los Cabildos -competentes también en el diseño y ejecución de las políticas en materia de Parques- y que para ello se debe cumplimentar un proyecto ad hoc destinado a planificar las actuaciones y la gestión, por lo que la propuesta debe contar con un proyecto que, en primer término, justifique la conveniencia de su creación y además indicar cuáles serán las Intervenciones arqueológicas; las obras de protección y acondicionamiento que se requieren para su puesta en uso público, acompañado de un estudio de su repercusión didáctica (sic), así como de una valoración de los recursos necesarios y de un modelo de gestión.

Nos encontramos pues ante un hecho anómalo que sigue aún sin subsanarse. Una situación flagrante a la que hay que dar una respuesta inequívoca que permita en primera instancia (re)formular los pertinentes cauces administrativos para lograr que los “Parques Arqueológicos” citados adquieran tal estatus.

Entiendo que este es un primer paso que habría que dar para regularizar la situación, pero asimismo habría que abordar otras cuestiones destinadas a superar algunas de las concepciones metodológicas sobre las que se sustentan los proyectos para este tipo de parques. Ciertamente, lo planteado por el marco legal, referido al uso y disfrute del patrimonio arqueológico in situ, es lo apropiado en los tiempos que corren, otra cuestión es si en las determinaciones previstas para ello están también aquellas otras materias que son imprescindibles para cumplir el objetivo de protección y uso público, razón principal para su creación.

Inmersos en la era digital, considero que hay un desfase claro en el planteamiento que hace la ley canaria al respecto (lo mismo se deduce de lo previsto en el Proyecto de Ley de Patrimonio Cultural que, probablemente, la sustituirá y que actualmente se tramita en el Parlamento de Canarias) por cuanto desde hace unas décadas se viene produciendo, cada vez con mayor intensidad, un interés exponencial por conocer el patrimonio por parte de la ciudadanía y también, día a día de forma más evidente, por un creciente número de turistas. Este hecho claramente contrastable, muy presente en las redes sociales, requiere evidentemente una articulación de los mecanismos de planificación que dé respuesta a este hecho y de tal forma que se puede conjugar coherentemente el binomio protección-uso público en las zonas arqueológicas.

Por ello, pienso que, desde un punto de vista metodológico, es pertinente que los proyectos de parques arqueológicos incorporen como elementos fundamentales para su planificación y gestión otros aspectos que den respuesta a las nuevas situaciones que en este sentido se han venido produciendo. Entiendo que los proyectos de Parque Arqueológico deben contar, además de con un plan de Investigación, Conservación y Restauración, con un Plan Interpretativo, entendido -para el caso que nos trae- como el instrumento que, además de plasmar los contenidos y diseño de los diferentes soportes interpretativos de los que se dote, programe y proyecte las infraestructuras, instalaciones, obras y otro tipo de acondicionamientos de la zona arqueológica para presentar al gran público las características y valores patrimoniales que contiene, debiendo contemplarse también en él los servicios que se puedan ofertar. Este Plan se deberá cimentar ineludiblemente en las conclusiones, síntesis y propuestas derivadas de los resultados de las investigaciones científicas.

Además, el Plan Interpretativo deberá contener un capítulo específico dedicado al Estudio de la Capacidad de Acogida/ Capacidad de carga con el que se pueda plantear (versus impedir y minimizar) los posibles impactos sobre los bienes afectados, planteando los mecanismos que se deben implementar para en primer término garantizar su protección.

Por otra parte, como adenda al Plan Interpretativo, se deberá aportar un Plan de Empresa, de carácter público, que busque una maximización de los posibles beneficios que puedan obtenerse por los servicios y productos ofertados, con la finalidad de que redunden en la protección del bien, en la autofinanciación de los costes derivados del uso público y, siempre que ello fuera posible, en las poblaciones locales afectadas.

Para concluir debo hacer referencia al Paisaje Cultural de Risco Caído y los Espacios Sagrados de Montaña de Gran Canaria. En estos momentos, a priori, está prevista la creación en el ámbito del Paisaje Cultural de tres Parques Arqueológicos: Risco Caído, Acusa y Bentayga. Consecuentemente, considero que que es el momento adecuado para reordenar el tratamiento de los Parques Arqueológicos que hay en Gran Canaria y, singularmente, a los localizados en el Paisaje Cultural.

Si se pretende que Risco Caído, y el resto de yacimientos que le acompañan en la propuesta, pueda ser declarado como Patrimonio Mundial, es preciso considerar que estas zonas arqueológicas deben, al menos, cumplir y desarrollar los siguientes criterios:

1. Contar con las determinaciones legales que les avalan como Bien de Interés Cultural (cosa que aún no ocurre en el caso del Bentayga)

2. Iniciar los trámites por parte del Cabildo de Gran Canaria y por del Gobierno de Canarias para su formalización como Parques Arqueológicos

3. Redactar los proyectos que articulan su planificación y gestión, incorporando las sugerencias aquí manifestadas, si así se considera, al igual que aquellas otras que puedan surgir, en particular las que emanen de las disposiciones contenidas en los textos directivos de la UNESCO y del ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios).

Por último, debo indicar que según se determina por ley lo que, asimismo, también es recogido por el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Gran Canaria, los Parques Arqueológicos son considerados como Sistemas Generales lo que conlleva que sean declarados como elementos integrantes de la estructura general y orgánica del territorio insular, quedando vinculados al sistema general de espacios libres de uso público. Estamos hablando pues de la connotación que adquieren estos espacios (los parques arqueológicos) en la planificación general de la Isla, lo que favorece no solo la protección de los bienes patrimoniales sino también su puesta en uso con garantías de cumplir con el interés público.

Atender al anclaje de estas infraestructuras de uso público en la organización territorial (y socieconómica) de la Isla es un reto de primera magnitud para acometer con garantías el futuro de la protección del patrimonio arqueológico, se consiga o no la anhelada declaración como Patrimonio Mundial. Creo que si hay planificación y todo lo planteado se encamina de forma coherente las posibilidades de conseguir el galardón estarán más próximas, y si así no fuera las administraciones públicas cumplirían debidamente con las obligaciones de proteger y difundir este patrimonio sin parangón en las manifestaciones prehistóricas de los archipiélagos macaronésicos.

Sí, las administraciones han arrimado el hombro en esta singladura declarativa. Ha sido tal el fervor mostrado por las autoridades competentes, que las expectativas creadas en torno a la declaración por la UNESCO de “Risco Caído y los espacios sagrados de Montaña en Gran Canaria” como Patrimonio de la Humanidad parece que se disparan y quizás no se está teniendo en cuenta las consecuencias que podrían surgir en el supuesto que no se consiga tal premio. En esta tesitura se han visto en otras ocasiones muchos bienes de interés cultural, tanto españoles (por ejemplo, el caso de los yacimientos de la cultura talayótica en Menorca), como extranjeros, que estando en la denominada Lista Tentativa –en la que a día de hoy se encuentra Risco Caído- y, a pesar de contar con múltiples avales, no lograron su definitiva incorporación al Patrimonio de la Humanidad. ¿Qué pasaría si eso ocurriera en nuestro caso? ¿Hay un Plan B?

Entiendo que, en el proceso administrativo en el que se encuentra Risco Caído, la cautela debe acompañar la actitud de los representantes de la “res pública”. No entro ahora a valorar la conveniencia de publicitar el yacimiento por ferias internacionales de turismo o al uso que, por ejemplo, se hace de la secuencia lumínica que se observa en Risco Caído en el escenario del Auditorio Alfredo Kraus en la pasada edición de los de Honores y Distinciones del Cabildo de Gran Canaria. Lo que en cierta manera me preocupa no es tanto la utilización en sí de los valores patrimoniales, sino que se proyecte un discurso -un punto eufórico- que oculta la verdadera situación del Patrimonio Arqueológico de la Isla, que si bien ha conocido un cierto reconocimiento y realce en las últimas décadas, sin duda producto del establecimiento de un contexto constitucional, sobre el que se ha construido un marco jurídico (dotado de legislación específica) que a su vez ha favorecido la creación de estructuras administrativas, mejoras sustanciales en las inversiones destinadas a su protección y conservación, etc, etc., acciones en efecto muy importantes en pro de la defensa del PA, que nos permiten afirmar, si comparamos lo que había hace unas décadas con lo que sucede en la actualidad, que la diferencia es como la de la noche al día. Sin embargo a pesar de los pesares, la situación no está para tirar voladores y además de los aciertos hay que resaltar errores clamorosos entre los que destacaría, entre otros, la incapacidad de las administraciones autonómica e insular, que tienen responsabilidad en la materia, para dar respuesta a la situación de “los muertos de la Autopista del Sur”.

Pero creo que no es el momento de apuntar hechos concretos que describen una forma de gestionar que, por no darle un calificativo altisonante, entiendo que es manifiestamente mejorable y que ha estado caracterizada por múltiples altibajos, dominada la mayor parte de de las veces por criterios arbitrarios, algo propio de las visiones alicortas de los responsables de su gobernanza durante un largo período. Habrá quien considere este planteamiento como pesimista/derrotista, otros verán la botella media vacía, o media llena, pero otros –una gran mayoría de nuestros conciudadanos- ni la ven, ni la miran.

En cualquier caso, es obvio que las administraciones públicas tienen la responsabilidad y el deber de salvaguardar no solo los Bienes Culturales que aspiran a ser declarados como Patrimonio de la Humanidad, sino todo el patrimonio arqueológico insular. Es de sentido común optimizar medios y recursos, fortalecer y mejorar lo que hasta ahora, indiscutiblemente con el esfuerzo de muchas y muchos, se ha realizado (la botella medio llena).Por ello, entiendo que, dada la coyuntura que nos brinda la novedad de Risco Caído, es pertinente reordenar y planificar la gestión del patrimonio arqueológico insular para lo cual es ineludible incidir en una serie de temas que requieren sin demora de una actuación decidida por parte de la administración insular. Es el momento de intervenir para afrontar una problemática que, entre otras cuestiones, afecta a las pautas de la gestión de estos sitios y que puede interferir en la ansiada Declaración.

Para ello, en primer término, es preciso constatar la existencia de los déficits que caracterizan la gestión del Patrimonio Arqueológico de GC, siempre imbuida por una dinámica en la que ha imperado el “laissez faire, laissez passer”. En este sentido, podría señalar diversos aspectos de la gestión del patrimonio arqueológico insular que ilustran la mala praxis aludida y que también afecta a la propuesta de Risco Caído. Podría referirme al Uso Público de los yacimientos arqueológicos, con todas las variantes que se quiera plantear en este campo, desde el uso turístico hasta la Educación e Interpretación Patrimonial o a otros apartados igualmente estructurales como la organización administrativa (Servicio insular de Patrimonio, Comisiones Municipales de patrimonio, …) o la Investigación, etc.

Sin embargo, concretamente, quiero plantear una cuestión que incumbe a los sitios nominados y a TODO el Patrimonio Arqueológico insular. Específicamente, me referiré a un capítulo que considero capital para su ordenación y gestión. Hoy Gran Canaria, al contrario de lo que ocurre en el resto de las Islas, no cuenta con un Museo Arqueológico Insular. Hablo pues de un organismo non nato al que, entre otros fines y objetivos, como está estipulado legalmente, le correspondería gestionar los Museos de Sitio y por extensión los Parques Arqueológicos de la Isla. No conocemos aún que figura de protección de las definidas en la legislación vigente se contempla para enmarcar administrativamente los yacimientos que están nominados, aunque si sabemos que en la clasificación de la UNESCO están encuadrados en la Lista Indicativa con número de referencia 6081, atendiendo a la categoría de PAISAJES CULTURALES (http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/)

Siendo, como así es, que esta es una figura administrativa que no está recogida en la legislación vigente, la administración competente deberá determinar si Risco Caído y los yacimientos que le acompañan en la propuesta se catalogarán como Museo (o Museos) de Sitio o como Parque Arqueológico (o Parques Arqueológicos). Sea como fuere, la Ley es bien explícita indicando que es a los Museos Arqueológicos Insulares a quién corresponde la gestión de los Museos de Sitio ergo Parques Arqueológicos. Si no contamos en la Isla con un Museo Arqueológico es razonable que nos preguntemos (y nos preocupemos) por saber quién y cómo va a gestionar esos Bienes, independientemente que sean declarados o no por la UNESCO.

La necesidad de contar con un Museo Arqueológico en la Isla, obviamente de carácter público, es inexorable no solo porque así se determina por ley, si no porque la Isla cuenta con un patrimonio arqueológico -incluido el de la fase histórica- muy potente que precisa de un centro de esa índole que coadyuve de manera central en las múltiples tareas de protección, conservación y difusión que le son inherentes.

Este tema es un paradigma de los problemas reales que en la actualidad presenta la gestión del patrimonio arqueológico insular, que también atañen a la gestión de Risco Caído, y que no se resuelven si no se les encara y tampoco se solucionan por el mero hecho de contar con una nominación planetaria que se acabará plasmando o no en su declaración como Patrimonio de la Humanidad.

En mi opinión, dar respuesta a esta situación supondría articular un primer eslabón de la cadena de acciones que debe ponerse en marcha para resolver las dificultades que presenta la gestión del patrimonio arqueológico de Gran Canaria. Creo que lo conveniente sería implementar un Programa de Actuación integral, buscando el consenso con todas las partes afectadas, con participación ciudadana, que se articularía como un auténtico Plan B que, independientemente de que se lograra el ansiado galardón de la UNESCO, si respondería a unas expectativas objetivas y además daría completitud a las necesidades reales que un legado de tal magnitud precisa.

Pretendemos con esta reflexión aportar diversas consideraciones sobre algunos aspectos de la gestión del Patrimonio Arqueológico Insular, referido a nuestra prehistoria, que entendemos necesario abordar, máxime cuando se encuentran muy avanzados los trámites para la declaración de varios lugares de la isla como Patrimonio Mundial, ya que posee unas magníficas manifestaciones culturales de la sociedad canaria que habitaba la isla antes de la Conquista, y cuyo principal paradigma es precisamente Risco Caído.

Hace algo más de cuatro años, en el ecuador de la pasada legislatura, se presentó en sociedad, con gran ampulosidad y con la presencia de las máximas autoridades de la Isla, este yacimiento arqueológico. Por esas fechas, en un artículo de opinión [El arte rupestre de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria Patrimonio de la Humanidad. Canarias Ahora, Junio 2012] manifesté , entre otras cuestiones, que el hallazgo de este singular enclave arqueológico por parte del arqueólogo Julio Cuenca se nos revelaba, por su tipología y características, como una expresión cultural única y recordaba que tal hallazgo venía a complementar y enriquecer el catálogo de lugares extraordinarios que se localizan en la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, donde se encuentra, además de numerosos yacimientos, la mayor parte de las estaciones de arte rupestre de la Isla (más del 80%). Del mismo modo, afirmaba entonces que en este sitio se encuentra una muestra de la cultura de los antiguos canarios sin parangón y que tal descubrimiento, y la adecuación para su salvaguarda, podría suponer un punto de partida que marcaría “un antes y un después” en la gestión del patrimonio arqueológico insular.

Desde antes que se hiciera pública su existencia, atendiendo a su singular cualidad, varias organizaciones de la sociedad civil -como la fenecida Asociación La Trasierra-, así como diversos especialistas y profesionales nos planteamos, y después también la administración insular, que era pertinente activar los mecanismos necesarios para alcanzar su declaración como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Asimismo, desde la legislatura pasada, al igual que en la actual, los responsables de la corporación insular se han puesto en ello y, realmente, se van logrando avances sustanciales, y hoy podemos comprobar cómo el expediente para su consecución avanza en buena dirección, hasta el punto que ya está incorporado en la denominada Lista Indicativa de la UNESCO, con número de referencia 6081, atendiendo a la categoría de paisajes culturales (http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/).

Ítem más para confirmar la voluntad fehaciente para obtener este reconocimiento por parte de la UNESCO, la institución insular ha destinado en los presupuestos del año en curso una partida que ronda el medio millón de euros a invertir en la conservación de Risco Caído. También hay que reseñar que en pro de lograr tal objetivo, hace unas semanas, el Senado, la Cámara Alta del Parlamento español, aprobó una declaración institucional en la que proclamaba su apoyo a esta iniciativa.

No obstante, aún no hay nada decidido. Quedan pendientes algunos temas cardinales que ineludiblemente se tienen que afrontar y entre ellos es importante destacar un asunto, en mi opinión fundamental, que entiendo hay que solventar para que esta propuesta llegue a buen fin y también para conseguir, de forma acorde a los tiempos que corren, la salvaguarda del patrimonio arqueológico de Gran Canaria en toda su dimensión. Me refiero en concreto a la gestión del Patrimonio Arqueológico Insular, y por tanto abundaré con una serie de ejemplos que en sí mismos, cada uno de ellos, da para más de un artículo.

Previamente, es pertinente apuntar algunas reflexiones. En primer término, no está de más reseñar que, en general, los canarios no hemos sabido (porque no hemos podido, producto del bajo nivel cultural de nuestra sociedad) valorar convenientemente el patrimonio arqueológico insular, ni tampoco el resto de variantes del Patrimonio Cultural. Es verdad que “desde siempre”, es decir, desde que el inigualable Viera y Clavijo incorporara en su Noticias de la historia general de las Islas Canarias el valor histórico de los restos de la cultura material de los primeros pobladores de la Isla, y particularmente desde que el Dr. Chil y Naranjo fundara El Museo Canario y desarrollara junto a otros una ímproba tarea en pro del conocimiento y difusión de las antiguas culturas de las islas, se fue gestando en nuestra formación social un especial interés por esta temática, singularmente por parte de algunos elementos de la intelligentsia insular, ciertamente con poco recorrido, sin llegar más allá de núcleos elitistas y de otros colectivos forjados en el diletantismo, aunque ello no ha sido óbice para que el “universo aborigen” haya marcado una significativa impronta, como valor de identidad, en el devenir del hecho cultural insular.

Durante mucho tiempo, demasiado en mi opinión, la presencia de lo que se considera como Patrimonio Arqueológico en la actividad cultural insular estuvo obviamente condicionada por las circunstancias de cada momento, en un limbo administrativo, caracterizándose de forma palmaria por ser una cuestión marginal, especialmente en el ámbito de la res publica. Así es, y hemos de recordar que ninguna de las leyes destinadas a la protección del Patrimonio Histórico, ergo arqueológico, tuvo incidencia en las Islas. Ciertamente, durante un largo período fue así y, realmente, ninguna de ellas (ni los Reglamentos que las desarrollaban), concretamente las promulgadas en el primer tercio del pasado siglo (Ley de excavaciones y Antigüedades de 1911, Ley de Monumentos de 1915 y Ley sobre Defensa, Conservación del Patrimonio Histórico-Artístico Nacional de 1933) tuvo incidencia real, constatable, sobre ninguna muestra del Patrimonio Histórico Insular.

Curiosamente, el régimen franquista, surgido tras el golpe estado y su triunfo en la Guerra Civil, no derogó la Ley de la II República (y su reglamento aprobado en 1936) y se serviría de ella para desarrollar su política sobre el patrimonio. De tal forma que, a finales de la década de los cuarenta del pasado siglo, en plena dictadura, sería cuando se produce el primer reconocimiento por parte de la Administración del valor de ciertos vestigios, restos de la cultura material de los pueblos que habitaban las Islas Canarias antes de su Conquista. En 1949, en plena autarquía franquista, se declaró a unas “ruinas y casas de la Costa de Gáldar” (La Guancha), como Monumento Histórico Artístico (BOE, nº 335, de 21 de Diciembre de 1949). Posteriormente, se irían declarando otros Monumentos Histórico Artísticos predominando los de índole arquitectónica, y habría que esperar hasta la década de los setenta cuando varios yacimientos arqueológicos: Cueva Pintada y Cuatro Puertas (1972), Balos, El Maipez, Arteara y Tufia (1973) reciben ese galardón.

Si examinamos atentamente el listado de Monumentos que fueron catalogados como tal bajo la dictadura franquista -concretamente hasta el momento en que se aprueba la Constitución (1978)-, comprobamos que para las Islas Canarias se inscribieron con esa consideración por parte de la Administración del Estado ocho yacimientos arqueológicos (los anteriormente citados y el Cenobio de Valerón declarado como MHA en 1978), cifra que suponía un tercio de los monumentos de toda suerte de tipologías declarados hasta entonces en el Archipiélago. Gran Canaria en esos momentos concentra el 60% de todos los monumentos del Archipiélago y el 100% de los de “tipo arqueológico”.

Desde entonces han sucedido muchas cosas, también en lo relativo al Patrimonio Histórico. Hasta 1984, cuando se realizan las transferencias a la Comunidad Autónoma en materia de cultura, la Administración del Estado había declarado en Gran Canaria veinticinco monumentos histórico artísticos, un número que suponía más de la mitad de todos los hasta entonces declarados en el Archipiélago y entre los que se cuentan nueve conjuntos arqueológicos -los anteriormente citados más el yacimiento de Zonzamas (Lanzarote)-, lo que equivale a que una quinta parte de todos los monumentos declarados por entonces para la Comunidad Autónoma son del tipo arqueológico y como vemos, prácticamente, todos se encuentran en Gran Canaria.

El cambio de sistema político generó cambios en profundidad y además de las señaladas transferencias se articuló una nueva estructura legislativa que se concretó en la promulgación de leyes que desarrollan las premisas planteadas en el Art. 46 de la actual Constitución, que aboga por garantizar la conservación de los bienes que integran el patrimonio común cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. En 1986 se aprobó la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, que venía, de alguna forma, a situar el marco legal referido al patrimonio en un nivel de concreción análogo al que desarrollaban los países europeos.

La nueva ley posibilitó, amén de un planteamiento constitucional, que se recogiera toda una serie de propuestas que para la protección del patrimonio histórico se habían ido aportando, particularmente en el contexto europeo, en las décadas que precedieron a la II Guerra Mundial, por diversos organismos internacionales, UNESCO y el Consejo de Europa principalmente, en distintos foros (Venecia: Carta Internacional para la Conservación y Restauración de Monumentos y Sitios, 1964; París: Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, 1972, etc.) y que, evidentemente, hasta entonces no tenían correspondencia con la jurisprudencia vinculada a la protección del patrimonio en el Estado español. En este sentido, hay que señalar la incorporación de nuevos conceptos en el ámbito normativo entre los que debemos destacar el denominado Bien de Interés Cultural (BIC), que se constituye como la figura jurídica que la legislación vigente (incluida la Ley 4/1999 de Patrimonio Histórico de Canarias) propugna para reconocer y proteger las manifestaciones culturales, configurándose como la máxima categoría legal en la protección y tutela de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico. Los denominados BIC incluyen tanto los bienes muebles como los inmuebles e inclusive el patrimonio intangible, y, en definitiva, a los efectos que nos trae sustituyen a los hasta entonces denominados Monumentos Histórico–Artísticos.

El despliegue legislativo y la transferencia de competencias en materia de cultura por parte de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma, también posibilitó el desarrollo de una cierta infraestructura administrativa para la gestión del Patrimonio Cultural, así como la promulgación de la citada Ley de Patrimonio de Canarias que, recogiendo las disposiciones de la legislación general, distingue varios tipos de BIC, clasificando los bienes inmuebles en siete categorías, entre las que se incluye la denominada Zona Arqueológica.

En la actualidad, Gran Canaria cuenta (datos a 31 de octubre de 2016) con 87 BIC, algo menos de una tercera parte de todos los declarados en el Archipiélago expresamente por la Comunidad Autónoma, de los cuales 30 son Zonas Arqueológicas, aproximadamente un 34% de todos los BIC declarados en la Isla, lo que nos sigue mostrando la importancia de su patrimonio arqueológico. Igualmente, estas cifras son indicativas y nos hacen reflexionar sobre del valor que en el pasado Siglo XX daban las administraciones públicas al patrimonio histórico de Gran Canaria y ciertamente esos datos contrastan con los actuales, pudiéndose observar que la Isla ha pasado de ocupar el primer lugar en el ranking de MH vs BIC a la segunda posición, tras Tenerife, que copa cerca del 50% de todos los BIC catalogados en la actualidad por la Administración Autonómica.

También se puede deducir de estos datos que el catálogo de BIC en la Isla es manifiestamente mejorable y que, además, debería dársele esta consideración legal a otros muchos yacimientos, lugares y expresiones culturales consideradas como parte del patrimonio arqueológico, lo que se colige si atendemos a la gran cantidad de zonas arqueológicas que hay ligada a la prehistoria insular, que alcanza una cifra próxima a la centena según la Guía del Patrimonio Arqueológico de Gran Canaria (Cabildo de Gran Canaria, 2001). Especial atención merece un buen número de sitios arqueológicos que conocieron la incoación de sus respectivos expedientes para tramitar su declaración como BIC hace mucho tiempo y que todavía no se han culminado, es decir, que aún –a pesar de su valor e interés contrastado- no tienen un reconocimiento concluyente y aún no han sido catalogados como tales.

En lo que se refiere a este apartado, nos encontramos realmente ante una situación flagrante de dejación de las responsabilidades por parte de los representantes de lo público. Baste citar, para hacernos una idea de lo acontecido al respecto, algunos ejemplos de zonas arqueológicas que a pesar de su importancia aún no cuentan con el aval que la administración pública debe conceder a estos lugares. El primer puesto de la lista de Zonas Arqueológicas que aún no tienen el reconocimiento administrativo definitivo que le corresponde lo ostenta Guayedra, cuyo expediente se comenzó a tramitar en 1980, hace 36 años [Resolución de 24 de Noviembre de 1980 de la Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas (BOE nº 22, de 28 de Enero de 1981)]. En situación similar, es decir, que aún no han sido declarados como BIC, se encuentran otras zonas arqueológicas tan significativas como, por ejemplo, Las Fortalezas o el Bentayga, aunque en este último caso se ha activado recientemente, a través del Decreto CPH 196, de 30 de septiembre de 2016, la incoación de expediente para su declaración de Bien de Interés Cultural que se había iniciado en 1990.

En este impasse administrativo se contabiliza en torno a una quincena de zonas arqueológicas, además de un buen número de estaciones rupestres de factura aborigen que, no obstante, son BIC por ministerio de ley, por su condición ínsita, y entre las que hay que destacar aquellas otras Zonas Arqueológicas que asimismo acompañan a Risco Caído en la propuesta presentada para su inclusión en las listas de Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, y que, empero en buena lógica, requiere que se incoen y culminen los respectivos expedientes para su declaración formal como BIC, lo que, como comento, no se ha producido. De los “santuarios” que se pretende que alcancen el galardón de ser considerados como Patrimonio Mundial, solamente, hasta la fecha, se ha iniciado el expediente para su declaración como BIC a Risco Caído [ANUNCIO de 10 de septiembre de 2014, por el que se hace público el Decreto PH 133/2014, de 6 de agosto, del Coordinador General de Cultura, Patrimonio Histórico y Museos, mediante el que se dispone la incoación de expediente para la delimitación del Bien de Interés Cultural “Zona Arqueológica de Risco Caído”, y su entorno de protección. (BOC Nº 192. 3 de Octubre de 2014), abriéndose el trámite de Información Pública sobre la citada delimitación, en Julio de 2015. (BOC Nº 152. 6 de Agosto de 2015)] y no hay constancia de que esto haya sucedido con el resto de yacimientos que le secundan en la propuesta presentada a la UNESCO y que, en buena lógica, requieren del mismo procedimiento.

Sabemos bien que el mero hecho declarativo, como es claramente comprobable, no supone más que un ornamento si no hay, como viene al caso, una gestión que dinamice los objetivos inherentes a la declaración de BIC. Es evidente que lo realmente sustancial es que se faciliten los mecanismos administrativos y medios necesarios para articular planes de actuación y gestión que permitan su conservación, protección y difusión

A esta situación, que no puede entenderse de otra forma como un fraude, se añade otra circunstancia que entiendo agrava aún más si cabe este desbarajuste administrativo que, sin duda, define una actuación política nada consecuente, ni acorde con la legislación vigente. Nos referimos a un hecho que es contradictorio, completamente ilógico, como el que conocen muchos de los célebres yacimientos antes citados que están considerados como parques arqueológicos y que, inexplicablemente, como ocurre en varios casos, no tienen la declaración de BIC. Además, para más inri, ninguno de ellos cuenta con el reconocimiento expreso de parque arqueológico, como se determina en la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias [Artículo 63. “La creación de los Parques Arqueológicos se llevará a cabo por decreto del Gobierno de Canarias, a propuesta de los Cabildos Insulares…”], pues no consta que al respecto haya ninguna resolución por parte del Gobierno autonómico. Supuestamente en la Isla hay 8 Parques Arqueológicos, según registra la web del Cabildo (http://www.grancanaria.com/patronato_turismo/EspaciosArqueologicos.redespaciosarqueologicos): Parque Arqueológico Maipés de Agaete, Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada, Cenobio de Valerón, Centro de Interpretación del Barranco de Guayadeque, Centro de visitantes de La Fortaleza, Necrópolis de Arteara, Cañada de Los Gatos y Centro de Interpretación del Roque Bentayga que no disponen de la preceptiva declaración facultativa del Gobierno de Canarias que tiene el estatus legal para otorgar tal calificación.

Como podemos ver, en esta relación se incluye además del concepto parque arqueológico otras denominaciones, como museo y parque arqueológico (todo junto), centro de interpretación y centro de visitantes; es decir, una nómina de términos en la que distintas zonas arqueológicas se presentan al gran público en un batiburrillo conceptual que viene a mostrar, aún más a las claras, una chapuza administrativa caracterizada por la arbitrariedad cuando no por una ignorancia supina, pues se intenta articular administrativamente, como un mismo elemento, distintas nociones de las infraestructuras destinadas al uso público de las zonas arqueológicas, lo que indica en suma la inexistencia de una concepción integrada de la gestión de dichas zonas. Un parque arqueológico puede contener un centro de interpretación e incluso un centro de visitantes (tienen un sentido análogo), pero lo cierto es que estas calificaciones no son más que —a los afectos de las normas que reglan la protección y gestión del PA— unos títulos que, al presente, cobran un más que dudoso valor administrativo.

Sirvan estos ejemplos para ilustrar una situación que es necesario reordenar, pues si se pretende que Risco Caído, y el resto de yacimientos que le acompañan en la propuesta, pueda ser declarado como patrimonio mundial, es preciso, evidentemente, que todos estos lugares cuenten con las determinaciones legales que les avalan como BIC, y también que desde el punto de vista de la gestión se ancle su destino como infraestructuras de uso público bien sea como parque arqueológico, museo de sitio o la figura que objetivamente se considere más adecuada.

Seguramente, es lo que muchos deseamos, estas manifestaciones de la cultura prehistórica canaria, encabezadas por Risco Caído, tienen opciones para lograr la ansiada declaración de la UNESCO, ciertamente si se cumplen las normas que rigen el vigente sistema de protección del patrimonio histórico. Es verdad que todos estos lugares están ya de alguna forma protegidos y que la propiedad común de estas manifestaciones culturales de los antiguos canarios está blindada, pero no es menos cierto que se hace indispensable dar un golpe de timón, casi empezar de cero, y ajustar en primer término todos los fundamentos que rigen una buena gobernanza sobre el patrimonio arqueológico, la propia que debe acompañar a la primera manifestación cultural de la prehistoria de Canarias que opta a ser declarada como Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Por último, debo indicar que hay otros temas que también son capitales para conocer la situación y las perspectivas que debe tener la gestión pública del patrimonio arqueológico de Gran Canaria, cuestiones que serán analizadas y expuestas en nuevas entregas. No obstante, en cualquier caso, entiendo que la corporación insular en lo referido al patrimonio arqueológico insular debe, en primer término, si quiere defender una política de progreso como la que se enarbola desde el grupo gobierno, hacer una apuesta por dar completitud a estos aspectos declarativos en los que se ha de cimentar una nueva forma de gestionar los bienes culturales.