Este 1 de mayo entra en vigor de manera provisional el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur (Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay). Tras más de 25 años de negociaciones y aunque fuera firmado por los responsables políticos de la UE y los cuatro países latinoamericanos el pasado 17 de enero, el tratado comercial todavía se enfrenta a varios interrogantes que ponen en duda su permanencia.

Por un lado, el acuerdo está aún pendiente de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y de su ratificación por la Eurocámara. Mientras agricultores y ecologistas europeos están pidiendo su abolición, al otro lado del Atlántico, pese a su ratificación, hay disputas entre los cuatro países por la distribución de cuotas de exportación a la UE.

El pasado enero el Consejo Europeo facultó a la Comisión Europea para aprobar la aplicación provisional del acuerdo a partir de la primera ratificación por un país del Mercosur. El 27 de febrero, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, anunció que la UE procedería a la puesta en marcha de forma interina, lo que provocó una ola de protestas por parte de los agricultores europeos.

Von der Leyen ha declarado este jueves que “se ha invertido mucho trabajo para sacar adelante este acuerdo histórico; ahora es el momento de dedicar el mismo esfuerzo a garantizar que nuestros ciudadanos y empresas aprovechen sus beneficios de inmediato. Desde el primer día, se reducen los aranceles y se abren nuevas oportunidades de mercado”.

Desde la Comisión Europea se insiste en que “se espera que el acuerdo incremente las exportaciones agroalimentarias de la UE a la región en un 50%, con los primeros contingentes arancelarios y reducciones que entrarán en vigor. Además, 344 Indicaciones Geográficas europeas, como el Parmigiano Reggiano y el Bordeaux, obtendrán protección jurídica en el Mercosur, evitando su imitación en este mercado de consumo en crecimiento”. Brusela argumenta que “para 2040, se espera que estos beneficios combinados impulsen las exportaciones anuales de la UE a la región del Mercosur en un 39%, hasta alcanzar los 50.000 millones de euros”.

El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha resaltado que “se trata de una oportunidad que debemos aprovechar para seguir ampliando nuestra presencia en los mercados exteriores”, ya que “permitirá eliminar los aranceles de forma progresiva y llegar a un mercado de más de 260 millones de consumidores”.

Por su parte, el ministro de Asuntos Económicos, Carlos Cuerpo, destacó que Mercosur abre “un mercado de más de 700 millones de consumidores” y España “respalda esta aplicación provisional desde ya, con estabilidad y reglas claras”, para un acuerdo que, aseguró, “aumenta” la autonomía de Europa en aspectos como la energía o las materias primas.

Pelea por las cuotas en el continente americano

A pesar de las buenas previsiones comerciales para ambos lados del Atlántico, el acuerdo está todavía pendiente de resolver algunas trabas. En la parte del continente americano, los cuatro países aún no se han puesto de acuerdo en cómo se van a repartir las cuotas de exportación, negociadas en bloque con la UE. Bruselas otorgó 21 cuotas a Mercosur para diferentes productos, que van desde carnes a miel, pasando por etanol, azúcar, arroz, azúcar o maíz, pero ahora se las tienen que repartir entre los países.

El ministro uruguayo de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, admitió que con toda probabilidad no se alcanzaría un acuerdo de distribución antes de que entre en vigor el tratado, con lo que los países del cono Sur podrían seguir el sistema por el que el primero que llega es quien accede a la cuota establecida.

La pugna entre los países de Mercosur va a ser tremenda. Oddone advirtió de que “flexibilidad y la capacidad de reacción” a la hora de conseguir las cuotas serán fundamentales para aumentar la competitividad exportadora de Uruguay a corto plazo.

Pendientes en la UE de la decisión judicial

Mientras, en la Unión Europea se está a la espera de una decisión del Tribunal de Justicia de la UE para decidir si el acuerdo comercial cumple con los Tratados de la Unión. Fueron los eurodiputados los que mandaron el acuerdo a los tribunales en un momento en el que la calle estaba encendida por las protestas de los agricultores, que en su mayoría se oponen a esta alianza comercial.

El caso se presentó formalmente el 25 de marzo y se puede alargar hasta un año. Los países miembros y las instituciones de la UE pueden presentar observaciones y habrá una vista oral posteriormente. Con toda esta información, el abogado general de la UE al que le toque el caso hará una interpretación jurídica y finalmente los jueces emitirán la sentencia definitiva.

En caso de que los magistrados europeos sentencien que el acuerdo comercial o algunas de sus partes no cumple con el Derecho de la UE, se tendrá que modificar el documento del tratado, volver a firmarse por los países y ratificar su aprobación por el Parlamento europeo, un proceso que puede suponer meses y meses de retraso.

Pero incluso si el acuerdo comercial cumple con los Tratados de la UE habría que ver qué recibimiento tiene en la Eurocámara. Países como Francia o Polonia se han opuesto públicamente al acuerdo con Mercosur, al igual que varios grupos parlamentarios que van desde las formaciones de ultraderecha a los Verdes o la izquierda. Incluso hay europarlamentarios de los grupos Popular europeo y socialdemócrata que no seguirían la disciplina parlamentaria y votarían en contra.

Rechazo de una parte de agricultores y ecologistas

Las organizaciones agrarias ya anunciaron su total oposición a la aplicación provisional del acuerdo comercial. Asaja ya anunció su rechazo y presentó un informe de auditoría de la Comisión sobre la carne bovina, que concluye que Brasil no ha logrado garantizar que la carne exportada a la UE esté libre de animales tratados con estradiol, una hormona prohibida en el marco europeo. Asaja ha exigido al Gobierno de España que se sume a Hungría y Polonia y que presente un recurso ante el TJUE para suspender cautelarmente el acuerdo.

Mientras, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) definió como “grave irresponsabilidad” la decisión de la Comisión ante “la evidente amenaza que supone para la seguridad alimentaria”. Por su parte, Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos criticó la decisión de Bruselas cuando el acuerdo comercial cuenta con el rechazo del sector agrario, la oposición del Parlamento Europeo, las dudas jurídicas sobre su compatibilidad y las críticas surgidas por el mecanismo de gestión, ya que “no tiene garantías suficientes”.

El director general de Cooperativas AgroAlimentarias, Gabriel Trenzado, reconoció a la agencia Efe que “de la noche a la mañana no va a cambiar el comercio, pero hay que ver cómo se van configurando los flujos”, además de resaltar el momento de “incertidumbre” y el “miedo” en las producciones más defensivas frente a una avalancha de importaciones.

Sin embargo, las empresas dedicadas al aceite de oliva, al vino o al queso han celebrado la puesta en marca del acuerdo comercial. España tiene un déficit comercial de alimentos, bebidas y tabaco con Mercosur, con importaciones por 4.069 millones de euros, diez veces superiores a las exportaciones (381,6 millones), según los datos de Economía de 2025.

También se han opuesto organizaciones ecologistas como Greenpeace o Ecologistas en acción por su impacto climático, ya que podría incrementar la desforestación de grandes zonas en los países americanos y aumentar la sobreexplotación de zonas ya agotadas agrariamente.

A pesar de que la Unión Europea está al borde de la estanflación, el Banco Central Europeo (BCE) ha preferido mantenerse en estado de vigilancia y dejar los tipos de interés al 2%. Este jueves empezó con pésimos datos para la economía europea, con un incremento de la inflación al 3% y una pobre tasa de crecimiento de solo el 0,1% en el primer trimestre de 2026, unos datos que ponen frente al abismo de la estanflación a la economía de la zona euro, con lo que todas las miradas se han dirigido al discurso de la presidenta de la institución monetaria para conocer el camino que va a seguir en los próximos meses. Esta ha sido la última reunión del consejo de gobierno del BCE en la que ha participado como vicepresidente, Luis de Guindos, que abandonará la institución monetaria el próximo 31 de mayo.

El BCE admite en un comunicado que “la guerra en Oriente Medio ha provocado un fuerte aumento de los precios de la energía, lo que ha impulsado la inflación y ha afectado negativamente a la confianza económica”. Sin embargo, la institución monetaria mantiene que “la zona del euro entró en este periodo de aumento de los precios de la energía con una inflación cercana al objetivo del 2%, y la economía ha mostrado resiliencia en los últimos trimestres. Las expectativas de inflación a largo plazo siguen bien ancladas, aunque las expectativas a corto plazo han aumentado de forma significativa”.

Posteriormente, durante la rueda de prensa, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha explicado que la decisión de este jueves se tomó por unanimidad, pero hubo debate entre los miembros del comité de la institución monetaria sobre una posible subida de tipos. Lagarde ha admitido que “ciertamente nos estamos alejando de nuestro escenario base” del 2% de inflación, que llevaría al BCE a actuar, probablemente con una subida de tipos; sin embargo, ha puntualizado que la situación actual no responde a una estanflación, “ya que es muy diferente a la de los años setenta”, pero sí ha admitido que Europa sufre “un crecimiento muy bajo”.

Uno de los elementos que pueden hacer al BCE elevar los tipos son los efectos de segunda ronda, que son los incrementos de inflación provocados por una espiral por la subida de salarios o el aumento de precios de productos, aunque Lagarde ha confirmado que el BCE no ha observado actualmente que en la economía europea se estén dando estos efectos.

La visión del BCE, que admite que “los riesgos al alza para la inflación y los riesgos a la baja para el crecimiento se han intensificado”, no oculta que cada vez hay más nubarrones en la economía europea como consecuencia de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ya avisó este miércoles de que “hay una realidad dura que todos debemos afrontar: las consecuencias de este conflicto pueden prolongarse durante meses o incluso años”, tras advertir de que la factura europea “por importaciones de combustibles fósiles ha aumentado en más de 27.000 millones de euros, sin una sola molécula adicional de energía. Estamos perdiendo casi 500 millones de euros al día”, durante su discurso ante el Parlamento Europeo.

En este sentido, Sebastian Paris Horvitz, director de análisis de LBP, constata que “en la zona euro, el ascenso de los precios de la energía, y en particular del gas, ha afectado considerablemente a la coyuntura económica, como se ha visto en los índices PMI”. Paris Horvitz recalca el fuerte impacto que ha tenido en la economía alemana, donde “los efectos positivos del plan de estímulos alemán se están viendo ampliamente contrarrestados. Este es el mensaje que se desprende de la encuesta del IFO, que volvió a retroceder en abril, sobre todo debido a las fuertes caídas de las expectativas”. Además, hay que añadir que el crecimiento de Francia se ha frenado en el primer trimestre. El gobierno avisó esta semana que la guerra podría costarle al Estado 6.000 millones de euros en 2026, lo que va a obligar a congelar el gasto para evitar entrar en un déficit excesivo.

Las palabras de Von der Leyen fueron un día antes de que los precios del petróleo superen los 125 dólares, aunque posteriormente redujo su cotización hasta los 113 dólares por barril. La incertidumbre sobre la duración del conflicto en Oriente Medio está destrozando las previsiones económicas y provocando turbulencias desconocidas en los mercados de los combustibles fósiles, que está redefiniendo incluso a la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo.

Con este panorama, los mercados tratan de adivinar cómo será el camino a seguir por el BCE en un contexto donde la incertidumbre es lo único a lo que agarrarse. Ronald Temple, estratega jefe de mercados de Lazard, espera que el BCE “actúe con criterio en lugar de responder mecánicamente a los precios de la energía a la hora de fijar la política monetaria”. 

Estamos ante una crisis de oferta que, en teoría, debería ser temporal, pero con las declaraciones del presidente de EEUU, Donald Trump, nadie sabe realmente la duración de esta guerra. Konstantin Veit, gestor de carteras en Pimco, señala que “seguimos esperando vigilancia más que acción. Si el BCE respondiera a los riesgos inflacionistas, creemos que cualquier movimiento sería gradual más que agresivo, siendo improbable que supere dos subidas de tipos. Dicho ajuste estaría dirigido principalmente a gestionar las expectativas de inflación en lugar de reaccionar de forma mecánica a la volatilidad a corto plazo, especialmente en un contexto en el que el impulso del crecimiento sigue debilitándose”.

Por su parte, Raphaël Thuin, director de Estrategias de Mercados de Capitales de Tikehau Capital, advierte del riesgo de que la política monetaria sea más agresiva por parte del Banco Central Europeo. “La tentación es grande para que el BCE reaccione ante el aumento de los precios de la energía con una postura más agresiva. Los responsables del BCE y los participantes en el mercado aún tienen presente el error de política de 2022, cuando se consideró que la inflación era transitoria. Por lo tanto, existe el riesgo de compensar en exceso en sentido contrario”. 

Las esperanzas están puestas en que se consiga un acuerdo entre EEUU e Irán antes del verano. Geoffrey Lenoir, analista de Ofi Invest AM, concluye que “el BCE esperará hasta junio antes de tomar una posible decisión de subir tipos. Pero si el alto el fuego genera un acuerdo para el fin de las hostilidades, el BCE mantendría los tipos actuales todo el año”. 

La Alianza de Alcaldes por la Vivienda, representada por los alcaldes de París, Roma, Ámsterdam, Nicosia, Barcelona, Colonia, Bolonia, León, Graz y La Haya, se han reunido este jueves con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, para que la UE ponga en marcha medidas para solucionar el problema de la vivienda que sufren la mayoría de ciudades del continente. Los alcaldes han propuesto medidas para que sean tomadas en cuenta por las instituciones europeas en un momento en el que se está desarrollando la Ley de Vivienda Asequible y se está negociando el presupuesto europeo para el periodo 2028 a 2034.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicado que han presentado “propuestas que se centran en seis ámbitos diferentes: zonas bajo presión habitacional, financiación, gobernanza, personas sin hogar y grupos vulnerables, especulación y alquileres de corta duración”.

Collboni ha subrayado que la designación de “zonas bajo presión habitacional a nivel europeo podría tener un impacto transformador, siempre que tenga en cuenta tres elementos. En primer lugar, debe respetar el principio de subsidiariedad y poder ajustarse al nivel de gobernanza adecuado. En segundo lugar, debe ir más allá de la mera capacidad de regular los alquileres de corta duración. Y en tercer lugar, cada criterio debe adoptarse tras un proceso de diálogo estructurado en el que las ciudades desempeñen un papel destacado, dado que nuestras realidades locales difieren entre sí”.

El alcalde de Barcelona ha reconocido la satisfacción de las ciudades por “el reconocimiento por parte de la Comisión Europea de que la proliferación de los alquileres de corta duración en Europa y en las ciudades europeas es ahora un problema que afecta al mercado de la vivienda”.

Ribera ha explicado respecto a la propuesta de “zonas de mercado tensionado” que “sin duda, este es uno de los elementos que podría encontrar su lugar en la futura ley europea de vivienda”. La Vicepresidenta ha argumentado que la Comisión pretende con la norma “dar señales claras sobre dónde es prioritario contar con financiación o permitir medidas regulatorias que garanticen un reparto más proporcionado del espacio en las áreas urbanas”.

Contra las fuerzas especulativas

Por su parte, el alcalde de París, Emmanuel Grégoire, se ha centrado en la especulación inmobiliaria y ha señalado que “las fuerzas especulativas están provocando que cada vez más viviendas se retiren del uso residencial a largo plazo, y la especulación se ha convertido en un factor estructural de exclusión. Hablo de la financiarización, la consolidación de estrategias de propiedad destinadas a mantener los inmuebles vacíos y modelos de rentabilidad a corto plazo. Todo ello reduce la oferta de vivienda y hace subir los precios”.

Grégoire ha insistido en que “sería una gran idea permitir a los alcaldes prohibir de forma permanente los alquileres turísticos de corta duración, especialmente en el corazón de nuestras ciudades”.

Ribera también ha respondido a otra de las exigencias de los alcaldes referidas a a la financiación: “Contamos con el marco existente. Este marco es el actual marco financiero, con fondos ya movilizados y con otros que pueden movilizarse porque existen y están cubiertos por los instrumentos vigentes: los fondos de cohesión, el Fondo Social para el Clima, la posible reasignación de recursos dentro del Mecanismo Next Generation”.

Pero Ribera ha avisado de que hay que contar con los Estados miembros en una dura negociación donde hay que tener en cuenta “el contexto fiscal y el margen presupuestario de los Estados miembros, así como los plazos ya establecidos en relación con los fondos Next Generation y los debates en curso” sobre el próximo presupuesto europeo.

“Estas medidas no dependen exclusivamente de la Comisión. Es importante ver cómo los Estados miembros y sus líderes abordan este problema. Existen conversaciones relevantes tanto en el debate público como entre los líderes europeos. De hecho, acabamos de dar un paso más en el proceso relativo al Presupuesto europeo, con demandas desde el Parlamento para aumentar la disponibilidad de financiación y con un mensaje político claro sobre la vivienda procedente de determinados grupos políticos”.

Respecto al tema fiscal el alcalde de París ha comentado que las ciudades “quieren introducir distintos impuestos y ayudar a las ciudades y regiones —depende de cada país— a crear instrumentos fiscales para regular el mercado de la vivienda”.

Ribera se ha comprometido a “trabajar junto con los alcaldes para poder ofrecer respuestas claras y herramientas concretas que hagan posibles las soluciones, respetando plenamente el principio de subsidiariedad, porque cuando se trata de ofrecer soluciones a este problema, no existe una fórmula única válida para todos”.

La inflación en la zona euro se ha incrementado hasta el 3% en abril mientras que el crecimiento de la economía solo alcanzó el 0,1% en el primer trimestre de 2026 debido al impacto de los precios energéticos que ha provocado el conflicto en Oriente Medio, según los datos aportados este jueves por Eurostat.

Con un incremento de la inflación y un crecimiento paupérrimo de la economía en la zona euros se hace más realidad la pesadilla de la estanflación, que puede llevar a una larga crisis a la Unión Europea. Este jueves el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, cotizaba sobre los 122,2 dólares en la apertura de las Bolsas europeas, tras subir un 3,5%, en tanto que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se negociaba sobre los 108,4 dólares después de aumentar un 1,4%.

Los precios han subido más de lo esperado, cuatro décimas más que el mes anterior, a pesar de que este martes hubo una buena noticias al conocerse que la inflación en Alemania y España aumentó menos de lo esperado en abril. En Alemania, los precios subieron al 2,9%, cuando los analistas habían previsto que alcanzara el 3,1%, mientras que en España la inflación alcanzó al 3,2% frente al 3,4% de marzo.

Sin embargo, tras dos meses del inicio de los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán el coste de la energía se ha incrementado en un 10,9% interanual en abril, cuando en marzo lo hizo un 5,1%. Por otro lado, los alimentos frescos se encarecieron un 4,7%, medio punto porcentual más que el mes anterior.

Sin tener en cuenta los precios de la energía y los alimentos, la conocida como inflación subyacente, los precios se habrían reducido en una décima hasta el 2,2%.

España volvió a liderar el crecimiento económico entre las principales economías de la región, con una expansión del 0,6%, mientras que la primera economía de la zona euro, Alemania, creció un 0,3% y Francia se frenó en seco.

Aunque este es el segundo mes consecutivo en que la inflación de la zona euro supera el objetivo a medio plazo del 2% del Banco Central Europeo, no se espera que en la reunión de este jueves el BCE suba los tipos de interés del 2% en los que se encuentra desde hace meses, aunque cada vez tiene más presiones para hacer algún movimiento durante el año de subida de tipos si el conflicto en Oriente Medio se alarga más allá del verano.

Entre los miembros de la eurozona, las tasas anuales más bajas se registraron en Finlandia (2,3%), Malta (2,4%), Países Bajos y Francia (2,5%). Por contra, las más elevadas se observaron en Bulgaria (6,2%), Croacia (5,4%) y Luxemburgo (5,2%). En el caso de España, la tasa de inflación armonizada en abril repuntó una décima, al 3,5% interanual.

La Comisión Europea ha anunciado este miércoles que va a denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por “no cumplir plenamente con las obligaciones de recogida, tratamiento y control establecidas en la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbana”. No es la primera vez que España se ve ante la Justicia europea por sus reiterativos incumplimientos en el tratamiento de las aguas residuales.

La Comisión envió una carta en octubre de 2017 y un dictamen motivado en noviembre de 2019 para que España arreglara la situación de decenas de localidades donde no se depuran bien estos residuos. Aunque se han reducido a la mitad los puntos de incumplimiento de la norma, el retraso acumulado ha hecho que Bruselas considere que persiste un problema “generalizado”. España llevaba ya 87 millones de multa por depurar mal aguas residuales en 2024.

La Comisión considera que los esfuerzos realizados por las autoridades españolas han sido insuficientes hasta la fecha, además de recordar que las aguas residuales sin tratar pueden poner en riesgo la salud humana y contaminar lagos, ríos, suelos, aguas costeras y aguas subterráneas.

Bruselas apunta que la Directiva protege tanto la calidad del agua como la salud humana al exigir que los Estados miembros “recojan y traten sus aguas residuales urbanas en todas las aglomeraciones de 2.000 habitantes o más antes de su vertido al medio ambiente”.

En el nuevo informe, la Comisión ha encontrado que hay 15 localidades en los que España “aún debe garantizar la existencia de sistemas de recogida de aguas residuales”. En otras 39 ciudades, España “aún no garantiza el tratamiento secundario de toda la carga contaminante de las aglomeraciones y no cumple los requisitos de tratamiento para los vertidos en zonas normales tras el tratamiento”.

Mientras que en ocho poblaciones “no se garantiza el tratamiento terciario de toda la carga contaminante y no se cumple con los requisitos de tratamiento para los vertidos en zonas sensibles tras el tratamiento”, a lo que hay que sumar que en 52 urbes, España “no garantiza que los vertidos de las plantas de tratamiento sean controlados para verificar el cumplimiento”.

Por fin llegaron las medidas de calado de la UE para paliar el impacto de los precios energéticos. La Comisión Europea ha anunciado este miércoles la adopción de un marco temporal de ayudas estatales para permitir a los Estados miembros apoyar a la economía de la UE ante el impacto de precios energéticos provocados por la guerra de Irán y su extensión al Oriente Medio. Bruselas esgrime que este “instrumento específico y temporal” se destine a lo que ha denominado “los sectores más expuestos de la economía: la agricultura, la pesca, las industrias intensivas en energía y el transporte”, sin incluir la aviación, que ya cuentan con subvenciones por otras vías y compran combustibles a largo plazo.

Este Marco Temporal de Ayudas Estatales por la crisis en Oriente Medio, o METSAF como lo denominan los técnicos de la Comisión, estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque Bruselas se guarda en el bolsillo la capacidad de revisar las medidas y la duración de esta flexibilidad con las ayudas estatales según la evolución de la crisis en Oriente Medio y la situación de la economía. Las ayudas pueden concederse en forma de subvenciones directas, ventajas o exenciones fiscales, garantías, préstamos o capital.

Aunque la Comisión ha insistido en que se deben preservar los incentivos para reducir la demanda de energía, además de que no debe poner en peligro los esfuerzos para la transición hacia el uso de energías limpias, la realidad es que esta medida desincentiva a las compañías a dar en este momento el salto a otro tipos de energías ya que se subvenciona el consumo de combustibles fósiles.

De hecho, Teresa Ribera, vicepresidenta y comisaria para la Competencia, ha argumentado durante la presentación de la medida que “lograr una economía limpia es lo que nos protegerá de las futuras crisis energéticas. La transición energética sigue siendo la estrategia más eficaz para la autonomía, el crecimiento y la resiliencia de Europa. No obstante, los recientes picos en los precios de la energía requieren una respuesta inmediata. El METSAF permite soluciones de fácil aplicación que sostendrán el desarrollo continuo de sectores clave de la UE como la agricultura, la pesca y el transporte, amortiguando los efectos de la crisis”.

Un alto técnico de la Comisión ha explicado que aunque la norma contempla la posibilidad de que los Estados miembros apliquen medidas transitorias para mitigar el impacto de los altos precios del gas en la generación de electricidad, estas ayudas se evaluarán de forma estricta caso por caso. Además, se debe preservar las señales de inversión a largo plazo en favor de las energías limpias, no cubrir los costes del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE (ETS), de modo que se mantengan intactas las obligaciones y los incentivos para contaminar menos y tratar de que el subsidio converja gradualmente hacia los precios de mercado para evitar un impacto brusco cuando la medida finalice.

Subvención de hasta el 70% de costes adicionales

La Comisión permitirá hasta final del año que “los Estados miembros podrán compensar hasta el 70% de los costes adicionales de una empresa derivados del aumento del precio del combustible y de los fertilizantes causado por la crisis” para los sectores agrario, pesca, el transporte terrestre (carretera, ferrocarril y vías navegables interiores) y el transporte marítimo de corta distancia intra-UE. Este incremento de precios será determinado por cada Estado miembro comparando el precio de mercado pertinente con un precio de referencia histórico aplicable. Los costes adicionales totales se calcularán a partir del consumo actual del beneficiario o de su consumo más reciente anterior a la crisis.

Para tratar de facilitar esta medida, la Comisión ofrece “una opción simplificada” para que los beneficiarios puedan acogerse a la ayuda sin tener que aportar pruebas detalladas de su consumo real, aunque con esta opción cada compañía podrá recibir un máximo de 50.000 euros. Con esta opción los Estados miembros podrán calibrar los importes individuales de ayuda en función de elementos como el tamaño y el tipo de actividad de la empresa y establecer una estimación general del consumo de combustible en el sector.

En este paquete de ayudas no se encuentra la aviación, ya que la Comisión “considera que las normas existentes en el sector de la aviación son suficientes para hacer frente a la situación tal y como se presenta en la actualidad”. Bruselas recuerda que los Estados ya pueden dar compensaciones a las compañías aéreas en aquellas conexiones cuya media anual de tráfico durante los dos ejercicios anteriores al que haya sido designado como servicio público no haya superado los 300.000 pasajeros y se permiten ayudas sociales para cubrir el aumento del precio de los billetes para las personas que dependan de rutas aéreas para sus necesidades de conectividad, como ocurre con los habitantes en las Islas Canarias o Balears.

Ayuda a las industrias intensivas

Ante los picos históricos en los precios de la electricidad, la Comisión ha introducido modificaciones temporales en el Clean Industrial Deal State Aid Framework (CISAF) para las industrias intensivas en energía que sean elegibles en el marco de regímenes temporales de alivio del precio de la electricidad. De esta manera será posible aumentar el montante de la ayuda del 50% hasta un máximo del 70% del coste eléctrico correspondiente al consumo. A pesar del discurso hacia la transición ecológica, a estas empresas no se exigirá ningún esfuerzo adicional de descarbonización.

Los Gobierno de cada país podrán realizar pagos por adelantado a las empresas basándose en estimaciones, con la obligación de realizar verificaciones de cumplimiento a posteriori y la obligación de recuperar los fondos si fuera necesario. Las empresas beneficiarias no podrán estar en situación de crisis antes del 28 de febrero de 2026, aunque se han establecido excepciones para las micro y pequeñas empresas que cumplan ciertos requisitos.

La Comisión Europea ha anunciado este miércoles en un comunicado que las redes sociales Instagram y Facebook, que pertenecen al gigante tecnológica estadounidense Meta, infringen la Ley de Servicios Digitales (DSA) por no identificar, evaluar y mitigar el acceso a sus servicios por parte de menores de 13 años. Entre el 10% y el 12% de los menores de 13 años acceden a Instagram y/o Facebook, según la Comisión.

Con esta investigación, Bruselas avisa a Instagram y a Facebook que “deben reforzar sus medidas para prevenir, detectar y eliminar a menores de 13 años” de sus redes sociales. Además, Meta “debe contrarrestar y mitigar de forma efectiva los riesgos que los menores de 13 años podrían experimentar en estas plataformas, garantizando un alto nivel de privacidad, seguridad y protección”.

El procedimiento contra Instagram y Facebook se inició el pasado 16 de mayo de 2024. Durante esta investigación, la Comisión ha contado con el apoyo de numerosas organizaciones de la sociedad civil y expertos en protección de menores en toda la Unión.

Bruselas apunta que aunque en los términos y condiciones de Meta se establece que “la edad mínima para acceder de forma segura a Instagram y Facebook es de 13 años”, las medidas aplicadas por la empresa para hacer cumplir esta restricción “no son eficaces”.

Según la investigación abierta por la Comisión, los menores de 13 años “pueden introducir una fecha de nacimiento falsa” al crear una cuenta, “sin controles efectivos que verifiquen la veracidad de la fecha declarada”.

Por otro lado, la herramienta de Meta para denunciar a menores de 13 años en la plataforma “es difícil de usar e ineficaz”, según la Comisión, ya que requiere “hasta siete clics solo para acceder al formulario de denuncia, el cual además no se rellena automáticamente con la información del usuario”. Incluso cuando se denuncia a un menor por no cumplir el requisito de edad “no hay un seguimiento adecuado y el menor puede seguir usando el servicio sin ningún tipo de verificación”.

La tecnológica estadounidense Meta rechazó las acusaciones y confirmó afirmó que la empresa tiene “medidas para detectar y eliminar las cuentas de cualquier persona por debajo de esa edad”. “Comprender la edad es un desafío para todo el sector, que requiere una solución integral, y seguiremos colaborando de forma constructiva con la Comisión Europea en este tema importante. Meta presentará la semana que viene más información sobre las medidas adicionales que se implementarán” en este ámbito“, según informó un portavoz de la compañía tecnológica a EFE.

Las plataformas digitales pueden ahora adoptar medidas para subsanar las infracciones. Si las conclusiones de la Comisión se confirman podría dar lugar a una multa proporcional a la infracción, que en ningún caso superaría el 6% del volumen de negocios anual mundial total del proveedor. La Comisión también puede imponer multas coercitivas periódicas para obligar a una plataforma a cumplir.

Meta, la compañía propietaria de Facebook e Instagram, obtuvo un beneficio neto de 50.545 millones de euros en 2025, mientras que los ingresos alcanzaron los 168.016 millones.

Los líderes de algunos países europeos se sentían más tranquilos desde que Viktor Orbán perdió las elecciones en Hungría y dejaba de ser el disruptor de las políticas de la Unión Europea. Aunque se hacían cábalas sobre quién podría ser el sucesor, pocos pensaban que el canciller alemán, Friedrich Merz, pudiera ocupar un lugar destacado como desestabilizador de las instituciones de la UE. Los problemas económicos de Alemania, incapaz de emprender una recuperación sólida, junto a una coalición de Gobierno a punto de estallar está llevando a Merz a dar traspiés con continuos cambios de posiciones en política exterior que son contrarias a la postura de Bruselas y a culpar al papel de la UE de la crisis que ahoga a Alemania.

Merz había calificado a 2026 como un “año de crecimiento” pero la guerra de Irán ha cambiado completamente el panorama para la economía alemana. El Bundesbank ha señalado que el debilitamiento de la actividad en Alemania supondrá un crecimiento “moderado” en el primer trimestre del año, que los analistas sitúan en un 0,2%. El Ejecutivo alemán ya ha anunciado una rebaja a la mitad de las previsiones anuales por el impacto de la guerra con un PIB que solo alcanzará un incremento del 0,5% en 2026.

A la vez, la coalición de Gobierno alemán entre conservadores y socialdemócratas vive en uno de sus peores momentos con choques continuos sobre las reformas que tiene que abordar el país para solventar la crisis económica. Merz llegó a asegurar que el Estado del bienestar en Alemania era “insostenible”. Este martes, la agencia alemana DPA publicó que el Ejecutivo de coalición había acordado recortes en gastos sanitarios y pensiones que supondrán un ahorro de 19.300 millones de euros en las cuentas públicas del próximo año.

Culpar a la burocracia europea

La imagen de Merz se está hundiendo en las encuestas políticas. Ya es el político peor valorado de todo el espectro de partidos alemanes. Al igual que hizo el ultranacionalista Viktor Orbán en su campaña electoral señalando a la UE como el origen de todos los problemas de Hungría, los conservadores alemanes han encontrado en la burocracia de la UE al culpable de los males de Alemania.

Así durante la reunión de los grupos parlamentarios de los partidos Unión Cristianodemócrata (CDU) y la Unión Socialcristiana (CSU), que se ha celebrado este lunes y martes, en la que participaron Merz y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, se puso sobre la mesa un documento donde se propone un cambio drástico del funcionamiento de la UE para reducir su control, limitar los poderes de la Comisión y rebajar lo máximo posible la burocracia que suponga una carga regulatoria que “perjudica” a las empresas alemanas, según publicó Politico.

Entre algunas de las medidas que se proponen está la creación de un nuevo organismo de control por encima de la Comisión Europea que tendría “derecho de veto sobre cualquier nueva legislación”. Esta propuesta va precisamente en contra de los últimos planteamientos de las instituciones europeas. Como primera lección tras la derrota de Orbán, Von der Leyen planteó “avanzar hacia la votación por mayoría cualificada en política exterior. Es una forma importante de evitar bloqueos sistemáticos”.

También se aboga por que las instituciones de la UE asuman un rol “más restrictivo de sus competencias”, que incluya recortes de empleados y reducción de su actividad, además de un fuerte impulso desregulatorio, con la eliminación de normas y relajación de las exigencias, especialmente en el ámbito medioambiental.

Bajo el eufemismo de “simplificación”, la UE ya ha iniciado un camino para flexibilizar las exigencias de todo tipo a las empresas europeas y reducir la carga burocrática. La respuesta de Bruselas a través del comisario de Asuntos Económicos, Valdis Dombrovskis, ha sido desplazar la pelota al otro campo al recordar que son los países de la UE los que “crean barreras, aumenta los costes y fragmenta el mercado único” cada vez que añaden requisitos legales a las normas comunitarias.

En conclusión, Merz trata de rebajar el poder de la UE en un momento en el que los pasos que se están dando en Bruselas van en dirección contraria: fortalecer la Unión para convertirla en un bloque soberano con capacidad de respuesta ante los retos que plantea la política de bloques que han emprendido Estados Unidos y China.

Una política exterior confusa y lejos de la UE

Por otro lado, Merz ha respondido con una serie de cambios drásticos en sus posiciones de política exterior, que están causando sorpresa en los pasillos de las instituciones europeas. Mientras a principios de marzo, el canciller alemán anunciaba su respaldo a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, con una penosa actuación en el Despacho Oval de la Casa Blanca y abandonando a sus aliados, esta semana aseguraba que EEUU “estaba siendo humillada por el liderazgo iraní”, en un cambio de registro que solo se explica ante las consecuencias que admitió el propio Merz: el conflicto “le está costando a Alemania mucho dinero de los contribuyentes y mucha fortaleza económica”.

No ha sido el único cambio. Sin acordar con el resto de los países europeos una posición conjunta alrededor de las sanciones de la UE contra Irán, Merz propuso la opción de rebajar las sanciones económicas contra el régimen iraní como acicate para que llegase a un acuerdo en las negociaciones de paz con EEUU. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, del mismo partido que Merz, tuvo que salir al quite y aclarar que “es demasiado pronto para levantar las sanciones” a Irán mencionando que 27.000 personas habían muerto en la represión del régimen iraní contra las protestas antigubernamentales.

Y para rematar la aciaga semana de canciller, Merz no tuvo otra ocurrencia que decir que Ucrania tendrá que aceptar la pérdida de algunos territorios como parte de un futuro acuerdo de paz con Rusia. Esta postura, que recuerda a la posición de Trump en su negociación con Vladímir Putin, ha causado desconcierto en la UE, que siempre ha mantenido una postura férrea sobre que no se puede conseguir una paz justa con la concesión de territorios tras una invasión.

Menos transición verde y fusiones, depende

En otros aspectos, el canciller alemán también está atacando las bases de las políticas que está trazando la UE. Por un lado, Merz se ha posicionado claramente contra la transición verde advirtiendo que “no debe poner en peligro la base industrial”. Aunque reconoció “la gravedad del cambio climático” no puede llevar a “una transformación que conduzca a la desindustrialización, ya que no encontrará aceptación entre la población. Y, en última instancia, obstaculizará la innovación”, durante una reunión en Berlín sobre el cambio climático.

Lo que realmente Berlín busca es cambiar el sistema de comercio de emisiones de la UE y que permita a las empresas contaminar más a más bajo coste, con el eufemismo de “mantener la competitividad” y adoptar “un enfoque más realista” en sectores con más dificultades para descarbonizarse, como el acero o el cemento.

En otro ámbito donde el Gobierno de Merz está poniendo obstáculos es en la creación de campeones europeos. Aunque en la práctica se define como un defensor del libre mercado y reconoció que Europa necesita bancos más grandes y transfronterizos, como han pedido reiteradamente la UE y el Banco Central Europeo, Merz se ha opuesto abiertamente a la operación que lanzó el italiano UniCredit para comprar Commerzbank, que calificó como “hostil”, con el argumento de que “no cualquier tipo de adquisición es bienvenida en Alemania”.

La batalla por definir el Marco Financiero Plurianual (MFP), el presupuesto europeo correspondiente a 2028-2034, ha empezado acentuando la clara diferencia de posiciones entre el Norte y el Sur de la Unión Europea. Vuelve la guerra dialéctica entre los países que aspiran a la austeridad –Alemania, Países Bajos, Austrias, Finlandia o Suecia– y los países que pretenden aumentar el gasto y hacer uso de la deuda –Francia, España, Grecia, Portugal o Italia–. Los 27 se enfrentan ahora divididos a diseñar el nuevo presupuesto en el que se pretende conjugar el avance hacia la soberanía económica con el incremento de partidas en defensa, competitividad y transición ecológica sin abandonar el gasto en cuestiones que han definido la esencia de la UE en los últimos años como la política agrícola y los fondos regionales. En esta diatriba, la opción de la deuda se ha vuelto a colar para distanciar aún más a los bloques.

La Comisión Europea presentó una propuesta legislativa con una asignación financiera de 1,7 billones de euros para el próximo presupuesto de la UE, lo que supone elevar un 59% la cuantía de las cuentas públicas europeas que correspondientes al período 2021-2027.

No solo va a ser una pugna entre países. Este martes, el Parlamento europeo ha aprobado su posición respecto al Presupuesto europeo en el que defiende un incremento del presupuesto del 10% sobre la propuesta de la Comisión, con un aumento nominal de 175.110 millones de euros. Ahora bien, la Eurocámara exige una particularidad: excluye los costes de reembolso de la deuda de los fondos NextGeneration EU, que ascienden a 149.300 millones de euros. Además, los parlamentarios europeos se oponen firmemente a cualquier renacionalización, rechazan un enfoque “a la carta” y advierten de que el modelo de la Comisión de “un plan por Estado miembro” podría debilitar las políticas europeas.

La Eurocámara quiere modificar la estructura del presupuesto presentada por el equipo de la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, y que haya líneas presupuestarias diferenciadas para políticas individuales que se han convertido en el objetivo de los frugales para su reducción: la PAC y pesca, la política de cohesión, el Fondo Social Europeo y los asuntos de interior. Finalmente, los eurodiputados reafirman la necesidad de la introducción de nuevos “recursos propios” para reembolsar la deuda de los fondos para luchar contra la crisis que provocó la pandemia. Estos nuevos ingresos deberían generar alrededor de 60.000 millones de euros anuales. Entre las propuestas presentadas están un gravamen a los servicios digitales, un impuesto al juego en línea, una ampliación del mecanismo de ajuste en frontera por carbono (CBAM) o un gravamen sobre las plusvalías de criptoactivos.

“Europa debe arreglárselas con el dinero que tenemos”

El canciller alemán, Friedrich Merz, aprovechó la cumbre de Chipre para lanzar un mensaje en contra del incremento del presupuesto europeo. “Europa debe arreglárselas con el dinero que tenemos y esto también significa que tenemos que fijar nuevas prioridades”, aseguró Merz.

Sin nombrarlo, el canciller alemán pretende rebajar las partidas que menos afectan a una Alemania en una situación económica muy difícil: los fondos para la Política Agraria Común (PAC) y los dedicados a las políticas de Cohesión, que hasta el pasado presupuesto multianual suponía un poco más 60% del total de la cuantía.

Mucho más expeditivo fue el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, que además de apuntar que el incremento presupuestario propuesto por la Comisión era “inaceptable tanto por su tamaño como por las contribuciones nacionales”, subrayó la necesidad de reducir las cuantías con el eufemismo de la modernización y la eficiencia. “Es absolutamente crucial que la propuesta actual se reduzca considerablemente y que el presupuesto europeo se modernice significativamente en los próximos años para poder abordar nuestra seguridad y construir una economía más sólida. Podemos reasignar fondos, aún gastamos mucho dinero europeo en política agrícola. Eso se puede hacer de forma mucho más eficiente”, avisó Jetten.

Frugales frente a los amigos de la cohesión

Este bloque de austeridad, conocidos como 'frugales', además de Alemania y Países Bajos está respaldado por Austria y por el grupo de nórdicos, donde los líderes de países como Suecia o Finlandia se han posicionado por mantener las partidas de gasto y hacer otra redistribución de las cuantías que primen más los fondos destinados a competitividad o defensa.

Mientras, en el otro lado de la frontera del gasto se posicionaron los países del Sur. No es la primera vez que ocurre, en las negociaciones del pasado presupuesto se creó el grupo de “los amigos de la cohesión”, compuesto principalmente por España, Portugal, Polonia y Grecia, que defiende el mantenimiento y refuerzo de los fondos de cohesión y la PAC. Este grupo tiene ahora nuevas adhesiones como son Italia y Francia. España, al igual que Francia, lleva ya desde hace un año advirtiendo que si se quiere cumplir con las nuevas necesidades de gasto por los retos que impone el nuevo contexto geopolítico hay que “duplicar el presupuesto europeo”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo un llamamiento a los Estados miembros “a ser ambiciosos con los próximos presupuestos”, si se quiere ser coherente con las prioridades estratégicas de la Unión: competitividad, innovación, transición ecológica y digital, así como seguridad.

Sánchez además pidió “abrir un debate sobre la extensión de los Next Generation seis o 12 meses para que los fondos que no han sido utilizados, sean empleados para la electrificación y la transformación energética” y “una flexibilización de las reglas fiscales para la inversión en esa transformación energética, al igual que se ha hecho con el presupuesto de gasto en defensa”.

La flexibilización de las reglas fiscales es una petición que también ha hecho suya la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, además de admitir que “es una negociación muy difícil en la que las posiciones de partida son muy distintas”, también advirtió de que Italia tiene “unas líneas rojas” que son los fondos de cohesión y los fondos de la Política Agrícola Común.

Meloni argumentó su posición asegurando que “no implica desacuerdo, ya que compartimos una visión común tanto en materia de defensa como de competitividad estas cuestiones están inextricablemente ligadas. De poco sirve ocuparnos de nuestra seguridad si luego no abordamos la seguridad alimentaria; y es inútil intentar construir competitividad si no entendemos que la cohesión —poner a todos los territorios en condiciones de competir en igualdad de condiciones— es un requisito previo para cualquier forma de competitividad”.

“Mientras buscamos nuevos recursos para financiar nuevas prioridades —y, objetivamente, no son tantos y nos está costando encontrarlos—, también deberíamos dar una señal en lo que respecta a los gastos administrativos”, ha subrayado Meloni para criticar que se dediquen fondos para renovar la sede del Consejo Europeo.

Otro campo de batalla: la deuda

Y en la búsqueda de esos fondos es dónde se ha abierto otro campo de batalla: la deuda. El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que la deuda contraída por la Unión Europea durante la pandemia de Covid debería prorrogarse y que el bloque debería emitir nuevos bonos europeos.

“No tiene sentido devolver ahora la deuda de la covid, lo que tendría un impacto negativo en los presupuestos, cuando existe una fuerte demanda de títulos y bonos europeos. Nos endeudamos durante la covid. Hoy se nos dice: hay que devolverlo rápidamente. Eso es idiota. Renovemos esta deuda; emitamos de nuevo bonos, porque la gente quiere estos títulos a bajo coste. Eso nos da margen de maniobra”, remarcó Macron.

Si hay que devolver ya la deuda contraída por la covid el próximo presupuesto plurianual se resentirá. Hay que pagar unos 25.000 millones al año a partir de 2028 para cubrir la deuda que sirvió para la recuperación de las economías ahogadas por la pandemia.

Una vez más, Merz salió a marcar terreno con el discurso de la austeridad: “Lo que Alemania no se plantea es un aumento de la deuda ni tampoco bonos europeos en los mercados de capitales. Esta es una posición que no sostiene Alemania. Lo saben los colegas. Muchos comparten mi opinión”, poniendo sobre la mesa las líneas rojas alemanas.

Otra opción es que el incremento del presupuesto mayor no recaiga sobre los países de la UE, donde algunos tienen un grave problema para cumplir con las reglas fiscales. Aunque tampoco gusta en algunas capitales, una solución puesta sobre la mesa sería el incremento de impuestos que van directamente al presupuesto europeo.

“Al final, lo lograremos, Europa no puede permitirse quedarse fuera del juego frente a Estados Unidos y China”, puntualizó Macron. Al final habrá que aplicar la razón. El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, que al igual que Macron cuestionó la lógica de devolver ahora los préstamos del Fondo de Recuperación, explicó que el presupuesto europeo es “seguro y solvente, especialmente cuando el bloque se endeuda de forma conjunta”. “Habrá concesiones mutuas y cualquier resistencia será superada o Europa tendrá que aceptar expectativas más bajas. No podemos decir que queremos hacer más con menos”, concluyó Mitsotakis.

El Parlamento Europeo ha votado este martes a favor de levantar la inmunidad al líder de Se Acabó La Fiesta (SALF) y eurodiputado, Luis Alvise Pérez, para que sea juzgado por el Tribunal Supremo por el supuesto acoso contra la fiscal de delitos de odio, Susana Gisbert. La comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara, donde se estudió el caso, había decidido la semana pasada que esta protección fuera suspendida al eurodiputado ultraderechista por 16 votos a favor y uno en contra.

En este caso del hostigamiento a la fiscal, el Supremo señaló que se investiga a Alvise por posibles injurias, coacciones y delito de odio contra Gisbert. El político ultra lanzó varios mensajes sobre esta fiscal en febrero de 2024 en su canal de Telegram. Alvise inició una de sus múltiples campañas de señalamientos a los fiscales especialistas en delitos de odio. En dos de los mensajes, Alvise publicó varias fotografías de la fiscal, que denunció al agitador por injurias y amenazas.

“Esta gente es la que nos está multando e intentando meter en prisión a miles de españoles por decir que la masiva inmigración ilegal es una INVASIÓN”, añadía el ultraderechista en uno de sus mensajes. La investigación constató que en dicho canal se realizaron hasta 1.500 comentarios “con contenidos insultantes o expresando la voluntad de perseguir o atacar a la fiscal en cualquiera de los lugares que frecuentara, atacar su casa, hacerla la vida imposible o abordar ataques contra ella en presencia de su familia”.

En la apertura de diligencias el Supremo apuntó que sus mensajes muestran “que pudo existir una intención voluntaria y consciente de comprometer, de manera permanente y profunda, el normal desarrollo de la vida cotidiana de su víctima”. Según argumentaron los jueces, este acoso se fundamentaba “a partir de la persecución que pudieran desplegar las centenares de personas que asumieran su reto”.

Otras causas de Alvise en el Supremo

El Tribunal Supremo tienen otras cuatro causas abiertas contra el europarlamentario de ultraderecha. Por un lado, hay un caso de financiación ilegal, tal y como reveló elDiario.es, en el que el agitador de extrema derecha está investigado por financiar su candidatura de las últimas elecciones europeas con los 100.000 euros que Álvaro Romillo, empresario de las criptomonedas y también imputado por el colapso de su club de inversiones, le dio en Madrid pocas horas antes de que empezara la campaña electoral.

El juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional, acordó mandar a prisión sin fianza a Álvaro Romillo por supuesta estafa con criptomonedas en noviembre de 2025. Romillo es el empresario del sector de las criptomonedas que financió a Alvise Pérez. Fue detenido tras hallar una cuenta vinculada al empresario con 29 millones de euros en Singapur nutrida con el dinero de los inversores del Madeira Invest Club (MIC) supuestamente estafados. Este caso también está siendo estudiado por la Eurocámara para decidir si levanta la inmunidad a Alvise para que sea juzgado por el Supremo.

Además, Alvise está acusado en el Alto Tribunal por acosar a los dos eurodiputados de su propio partido, Se Acabó La Fiesta, y por difundir una prueba falsa de PCR del president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, un delito que el político ultra admitió ante los tribunales que había cometido.

La última querella presentada con el eurodiputado en el Supremo ha sido por el alcalde de Algeciras, José Antonio Landaluce, por un presunto delito de amenazas. El regidor estuvo acusado por malversación y acoso sexual, pero el Supremo archivó en enero la querella que presentó el PSOE contra él. El Supremo indicó que se aprecia un delito de amenazas condicionales con carácter subsidiario del político ultra.

Alvise Pérez presentó el pasado 12 de octubre su candidatura a las elecciones generales de España, que están previstas para 2027. En este acto aseguró que las investigaciones del Tribunal Supremo son una campaña de acoso contra él por parte del sistema “corrupto”.

Acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos sobre minerales críticos. La UE y EEUU han acordado este viernes un plan de acción sobre minerales críticos con la firma de un memorando de entendimiento sobre una asociación estratégica para profundizar en la cooperación en este tipo de materias primas. Los minerales críticos y las tierras raras se han convertido en fundamentales en el nuevo contexto geopolítico, ya que son fundamentales para la industria tecnológica y de defensa. China controla el suministro mundial de metales críticos: representa el 70% de la minería global y el 90% de la capacidad de procesamiento de estos materiales en el mundo.

Ante el control chino de estas materias primas, el comisario de Comercio, Maros Sefcovic, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, han formalizado la asociación estratégica entre los dos bloques “para construir cadenas de suministro de minerales críticos seguras y sostenibles”.

China ha utilizado el suministro de materiales críticos como arma geopolítica cuando se ha enfrentado a algunas crisis diplomáticas, como ocurrió en octubre de 2025, con el anuncio del gigante asiático de ampliar las restricciones a las exportaciones de tierras raras y otros materiales críticos tras el deterioro de las relaciones comerciales entre Europa y China con la decisión de la UE de imponer nuevos aranceles a los vehículos eléctricos.

El anuncio chino del freno de la exportación de estas materias primas provocó que la industria europea del automóvil advirtiera del fuerte impacto que puede generar en sus líneas de producción las restricciones chinas, mientras que la empresa holandesa ASML, fabricante europeo de semiconductores, avisó de que se estaba preparando para interrupciones en su producción, según informó Bloomberg.

El acuerdo entre la UE y EEUU contempla la cooperación bilateral a lo largo de toda la cadena de valor —desde la exploración, extracción, procesamiento y refinado hasta el reciclaje y la recuperación—, así como el impulso a la innovación, la inversión y la cartografía geológica.

Además, en la búsqueda de abrir el mercado de minerales críticos y reducir la dependencia de China, Sefcovic y el representante comercial de EEUU, Jamieson Greer, presentaron “un Plan de Acción para la resiliencia de las cadenas de suministro de minerales críticos, que abre la vía hacia una posible iniciativa comercial plurilateral con socios globales”.

Aunque las relaciones comerciales entre la UE y EEUU se han visto golpeadas por la política que ha seguido Donald Trump de aranceles, en el acuerdo firmado por ambas partes se van a estudiar instrumentos para reforzar acciones coordinadas como “precios mínimos ajustados en frontera, mercados basados en normas, subvenciones para cubrir brechas de precios y acuerdos de compra garantizada”.

“Más ambición”. Los líderes de la UE reunidos en la cumbre informal que se ha celebrado el jueves y viernes en Nicosia, Chipre, han lanzado un claro mensaje a la Comisión Europea. Las medidas energéticas para luchar contra el impacto de subidas de precios por la guerra de Irán propuestas por el equipo de la presidenta Ursula Von der Leyen son “muchas recomendaciones y buenas prácticas, pero nada concreto”. Aunque la factura energética de la UE se ha incrementado en 25.000 millones de euros desde el comienzo de los bombardeos de EEUU e Israel sobre Irán, la respuesta del presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea ha sido ignorar las peticiones, poner como excusa el diferente mix energético de los estados miembros y remitir a 95.000 millones de fondos europeos pendientes de gastar para que se dediquen a proyectos energéticos

Aunque la Comisión Europea ha tratado de vender las medidas como “oportunas, específicas y temporales”, la realidad es que no dejan de ser un compendio de recomendaciones basadas en la coordinación entre países, la creación de un nuevo Observatorio de Combustibles para hacer un seguimiento de la producción y seguir la línea trazada en la agenda verde de la UE para acelerar la transición hacia una energía limpia autóctona y reforzar el sistema de redes, un discurso que hace años que la Comisión ha puesto sobre la mesa.

A su llegada a la cumbre este viernes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto que se prorrogue durante un año los fondos europeos Next Generation para dedicarlos a inversiones en electrificación y las energías renovables, además de poner el foco en un aspecto bastante polémico en los pasillos de las instituciones europeas en Bruselas: “Hay que abrir el debate y aprobar una flexibilización de las reglas fiscales, como con el gasto en Defensa”.

En contra de flexibilizar el corsé del déficit

Sin embargo, Von der Leyen ha respondido que la cláusula de salvaguardia que permite flexibilizar el corsé del déficit “solo puede activarse en caso de una grave recesión económica en la zona euro o en la Unión Europea en su conjunto. Afortunadamente, esa no es la situación actual, pero seguimos vigilando muy de cerca la evolución, y el Ecofin debatirá el asunto en detalle, por lo que permanecemos atentos”.

Respecto a la utilización de fondos europeos para inversiones energéticas, la presidenta de la Comisión ha subrayado que “si se suman los fondos Next Generation EU, los fondos de cohesión y el Fondo de Modernización, hay alrededor de 300.000 millones de euros dedicados a inversiones energéticas. De ellos, 95.000 millones aún no se han utilizado. Por ello, he instado a los Estados miembros a que lo hagan”.

Sánchez volvió a recordar que España, junto con Alemania, Italia, Austria y Portugal mandó una carta la semana pasada en la que pedían a la Comisión que pusiera en marcha el marco legal para que los países miembros pudieran aprobar un nuevo impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas. “Tenemos que hacer una acción coordinada para que se vuelva a crear, como hicimos durante la crisis energética de Rusia, un impuesto a las grandes empresas energéticas, un impuesto extraordinario para permitir financiar buena parte de las respuestas que nos están llevando ahora mismo a protegernos a los ciudadanos, a las empresas y a las industrias”, ha subrayado Sánchez.

Ni esta medida ni otras que aparecieron en un borrador que trabajaron los técnicos de la Comisión como la obligatoriedad de un día de teletrabajo o la subvención del transporte público han aparecido en la propuesta de Bruselas.

Plan de Acción de Electrificación para este verano

A pesar de la situación de incertidumbre, otras medidas tendrán que esperar al verano, cuando Von der Leyen ha anunciado que se presentará “el Plan de Acción de Electrificación con un objetivo ambicioso, porque el mensaje general de las discusiones fue que debemos avanzar hacia una energía limpia y de producción propia. No es solo una cuestión de asequibilidad, sino también de seguridad económica e independencia”.

La decepción por las propuestas energéticas de la Comisión no es una cuestión de familias políticas. El primer ministro belga, Bart de Wever, conservador, ha respaldado también un marco que regule los beneficios extraordinarios“ de las energéticas y ha subrayado que las propuestas son ”muchas recomendaciones y buenas prácticas, pero nada concreto“.

También la ultraderechista primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha remarcado que “sería un error afrontar esta situación solo cuando ya se ha llegado al límite, el precio que se paga entonces es mucho más alto”, añadiendo que la defensa de la UE también debería ser “la protección de la integridad económica europea”.

La mala situación de las cuentas públicas de Italia ya había hecho que Meloni insistiera en que Bruselas debería flexibilizar las reglas fiscales para que los países puedan incurrir en déficit sin que sean castigados por la UE. “En lo que respecta a las ayudas estatales, el margen fiscal no es igual para todos”, ha puntualizado la primera ministra italiana, que ha recalcado que “Europa debe ser mucho más valiente; aprecio la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, pero no es un paso adelante suficiente”.

Mientras que la primera ministra de Letonia, Evika Silina, de centro derecha, ha comentado que los líderes de la UE pretenden “mejorar las propuestas de Bruselas” ante las informaciones contradictorias que lanza Donald Trump sobre la duración de la guerra. “Tenemos que estar mejor preparados para la siguiente crisis. Lamentablemente, los precios de los carburantes van a seguir altos y tenemos que tomar decisiones rápidas”.

Ante el escaso impacto de las medidas de la Comisión, el presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, país que ostenta la presidencia semestral de la UE, ha informado de que los Gobiernos han decidido encargar a sus responsables de Economía que presenten “propuestas fiscales muy específicas” para afrontar la crisis de precios energéticos. “Hemos decidido pedir a los ministros de Finanzas, que se reúnen en mayo, que prosigan las discusiones para que propongan medidas muy específicas a corto plazo sobre la crisis energética”.

“Somos un socio leal. Absoluta tranquilidad”. Las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como respuesta a la información sobre un correo interno del Pentágono que sugiere que España podría ser suspendida de la OTAN por su posición en contra de apoyar a EEUU en su guerra contra Irán no solo sugieren la seguridad del Gobierno español ante las amenazas de la Administración Trump, también la falta de artículos en los tratados de la Alianza Atlántica que permitan la suspensión de los derechos de uno de sus miembros o la expulsión de un país aliado.

No es la primera vez que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump trata de castigar a España por no seguir sus directrices en política exterior. En octubre de 2025, el presidente de Estados Unidos planteó expulsar a España de la OTAN por negarse a subir al 5% el gasto en defensa. 

Sin embargo, tanto en esa ocasión como con esta nueva amenaza, el Gobierno español ha pedido tranquilidad y rebajar la tensión ya que el Tratado de Washington sobre el que se fundó la Alianza Atlántica en 1949 no recoge la posibilidad de que los aliados puedan expulsar a uno de sus miembros.

En todo caso, el artículo 13 del tratado de la OTAN apunta que “pasados veinte años de vigencia del Tratado, cualquiera de las partes podrá dejar de serlo, un año después de haber notificado su renuncia ante el Gobierno de los Estados Unidos de América, el cual informará a los Gobiernos de las otras Partes del depósito de cada notificación de denuncia”.

De esta manera, cuando hay un conflicto entre varios países miembros o preocupación por las acciones de política exterior de un determinado país aliado, se suele buscar una solución por vía diplomática o mediante la presión política.

De hecho, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha estado jugando varios papeles para consensuar posiciones en el conflicto entre Estados Unidos y España o entre Estados Unidos y la UE por la amenaza anexionista de Trump sobre Groenlandia. Aunque a Rutte se le ha acusado de seguir una política de seguidismo total de las posiciones del presidente de EEUU, otras fuentes apuntan a que busca rebajar tensiones tratando de acordar soluciones que satisfagan a ambas partes.

Algunos expertos especifican que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en su artículo 60, regula la terminación o suspensión de un tratado en caso de incumplimiento. Ahora bien, en el caso de la OTAN, todos los países aliados tendrían respaldar con unanimidad la decisión de suspender o expulsar al país que hubiera incumplido sus obligaciones, pero un solo miembro de la OTAN podría vetar la acción contra ese país.

El consenso es fundamental dentro de las decisiones que se toman en la Alianza Atlántica. Buen ejemplo de este proceso de negociación es el levantamiento del veto de Turquía para que Suecia y Finlandia pudiesen ingresar en la OTAN en la cumbre de Madrid después de unas intensas negociaciones. Otro ejemplo de las medidas por consenso es el caso del aumento del presupuesto de defensa hasta el 5% del PIB. Como España se negó, hubo que firmar cláusulas específicas que excluían a España del pacto.

Lo que sí puede hacer EEUU es tratar de aislar u obstaculizar en camino de España en la alianza, así como imponer medidas bilaterales como la restricción en la cooperación, la retirada de efectivos de sus bases en España.

Respondiendo publicadas por Reuters sobre las intenciones de EEUU, Kingsley Wilson, secretaria de Prensa, ha afirmado: “Como ha dicho el presidente Trump, a pesar de todo lo que Estados Unidos ha hecho por nuestros aliados de la OTAN, estos no han estado a nuestra altura. El Departamento de Defensa se asegurará de que el presidente disponga de opciones viables para garantizar que nuestros aliados dejen de ser un tigre de papel y cumplan con su parte. No hacemos más comentarios sobre las deliberaciones internas al respecto”.

Sin embargo, EEUU se beneficia enormemente de la presencia de sus bases y soldados por todo el suelo europeo y, además, la única vez en la historia que se ha activado el famoso Artículo 5 de defensa colectiva —que considera que un ataque contra uno de sus miembros será considerado un ataque contra todos— fue para defender a EEUU tras los ataques del 11 de septiembre de 2001.

“Amnistía Internacional es una ONG absolutamente independiente, no se casa con ningún gobierno. Lo que ha dicho es que estos acuerdos ponen en riesgo los derechos humanos en nuestro país. Y yo no puedo sino coincidir con esa apreciación”. Con estas palabras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha descalificado la “prioridad nacional”, que el PP y Vox han incluido en sus acuerdos de Gobierno en autonomías como Extremadura o Aragón. Sánchez se encuentra en la reunión de líderes europeos de la UE en una cumbre informal en Nicosia, capital de Chipre.

El presidente del Gobierno ha asegurado que “cuando exista alguna ley que contravenga principios que están en nuestra Constitución, como algo fundamental que es la igualdad entre españoles, entre ciudadanos que vivan en nuestro país, el Gobierno de España actuará con la fuerza de la ley y por supuesto, con total contundencia”.

“Estamos hablando de abrir la puerta a una discriminación que hoy afecta a ciudadanos migrantes pero que pasado mañana va a afectar a otros muchos colectivos que siempre han sido señalados por parte de la ultraderecha”, ha advertido Sánchez.

La “prioridad nacional” es un término sacado por la formación de ultraderecha Vox, que excluye a los inmigrantes de servicios sociales básicos, y que ha sido aceptada por el PP, con diferentes matices, para conseguir cerrar los acuerdos de Gobierno en Extremadura y Aragón.

“Cuando hablan de prioridad nacional, lo que están hablando es de violar un principio básico de nuestra institución, como es la no discriminación y la igualdad entre ciudadanos, vivan donde vivan, sea cual sea su origen, pero también en los acuerdos tanto en Extremadura como en Aragón, se hace un señalamiento a asociaciones que cubren políticas sociales a las cuales no llega el Estado”, ha explicado el presidente del Gobierno.

Sánchez ha insistido en que con este pacto el PP y Vox “lo único que pueden ofrecer a España, a Extremadura y a Aragón es este proyecto de involución y de reacción. Es un auténtico desastre para los intereses de Extremadura, de Aragón y de España. Creo que España avanza cuando mira hacia adelante, no hacia atrás, cuando reconoce derechos, no cuando los recorta, cuando ve la diversidad y en la igualdad elementos de desarrollo económico y de prosperidad y de cohesión”.

Aunque la “prioridad nacional” ha sido fundamental para que el PP consiga el apoyo de la ultraderecha para gobernar en las dos comunidades autónomas se está convirtiendo en un dolor de cabeza entre las direcciones de ambos partidos por el alcance de la propuesta. La aritmética ha forzado a Feijóo a asumir ese concepto de “prioridad nacional”, pero la paz entre PP y Vox ha durado poco porque ambos se han lanzado de lleno a disputar el significado real de una locución que interpretan de forma distinta.

El PP votó en contra de una moción de Vox que llevó al Congreso la “prioridad nacional” y dejaron a los ultras solos en su defensa de un texto que iba más allá de lo acordado, ya que el texto planteaba “garantizar la prioridad nacional de los españoles” en el acceso a la vivienda, además de “garantizar la sostenibilidad” del “sistema sanitario, impidiendo que salvo casos de asistencia sanitaria urgente, inmediata y de carácter vital o de emergencia, los inmigrantes ilegales puedan hacer uso” del “sistema sanitario”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido a la información sobre un correo del Pentágono en el que se plantea la suspensión de España de la OTAN como medida que podría adoptar EEUU para castigar a los aliados que no han respaldado a Donald Trump en su guerra con Irán. Sánchez ha asegurado: “No hay debate. Cumplimos con las obligaciones, somos un socio leal. Estamos comprometidos y desplegados en muchísimas de estas áreas que han sido solicitadas por los propios países y, por tanto, absoluta tranquilidad”. Sánchez se encuentra en la reunión de líderes europeos de la UE en una cumbre informal en Nicosia, capital de Chipre.

No es la primera vez que la Administración estadounidense trata de castigar a España por no seguir las políticas de Donald Trump. En octubre de 2025, el presidente de Estados Unidos planteó expulsar a España de la OTAN por negarse a subir al 5% el gasto en defensa. El planteamiento de Trump quedó en una amenaza más ya que los tratados de la Alianza Atlántica no permiten una expulsión de un miembro tal y como proponía el mandatario de EEUU.

Sánchez ha insistido en que “España va a defender siempre dos cosas: La primera, el interés general de nuestro país y, en segundo lugar, el cumplimiento con nuestras responsabilidades, que asumimos con toda garantía como buenos aliados que somos de la OTAN”.

Además, el presidente del Gobierno ha rebajado la importancia de la información publicada por Reuters al señalar que “no trabajamos sobre emails, trabajamos sobre documentos oficiales y posicionamientos que haga en este caso el Gobierno de Estados Unidos. La posición del Gobierno de España es clara: absoluta colaboración con los aliados pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional”.

El presidente del Gobierno ha recordado las misiones que está llevando a cabo España bajo la bandera de la OTAN en varias zonas de Europa así como el respaldo del país a Ucrania en su guerra con Rusia.“Tenemos desplegados fuerzas militares en el este de Europa para defender la integridad territorial ante la amenaza rusa. Y, por supuesto, estamos apoyando a Ucrania utilizando también instrumentos de la OTAN para poder financiar la compra de armamento y de capacidades militares por parte de Ucrania”.

Meloni sale en defensa de España

Ante la polémica generada, incluso la primera ministra de Italia, Georgia Meloni, ha salido a defender a España. Tras ser preguntada por los periodistas sobre el correo del Petágono, Meloni ha comentado: “No lo veo positivamente. Pienso que la OTAN debe permanecer unida, es un elemento de fuerza que tenemos en este contexto. Debemos trabajar para reforzar la OTAN y para reforzar la columna europea de la OTAN, que es lo que estamos haciendo ahora. Una columna que claramente debe ser complementaria a la americana”.

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, también ha respaldado a España poniendo en duda cuáles son las peticiones que plantea EEUU ha salido en defensa de España al señalar que “no se entiende si realmente estamos respondiendo a las solicitudes” que hace Estados Unidos respecto a la guerra de Irán “Tenemos contactos con los americanos y nos piden, nos preguntan si podemos escoltar barcos, desminar distintas zonas...”, con lo que la posición del Pentágono no tendría sentido.

La aprobación con más de cuatro meses de retraso del préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania por parte de 24 países de la UE para financiar su guerra contra Ucrania durante 2026 y 2027 y el paquete número 20 de sanciones contra Rusia se ha vendido en la cumbre de líderes de la UE que se está celebrando en Chipre como una victoria. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, mantuvieron este jueves una reunión conjunta en la que celebraron estos pasos.

El principal obstáculo para sacar adelante las medidas fue el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, que ha bloqueado reiteradamente las medidas de apoyo a Ucrania. Orbán perdió las elecciones el pasado 12 de abril y no ha venido a la cumbre de líderes europeos en Chipre. Sin embargo, el político ultranacionalista se ha salido con la suya, ya que la condición que exigía para acceder a ambas medidas era la apertura del oleoducto de Druzhba, que cruza Ucrania, y abastece de petróleo a Hungría y Eslovaquia.

Estas son las contradicciones que constituyen la difícil tarea de gestionar la política exterior de los 27 cuando los países europeos son altamente dependientes de los combustibles fósiles, como ocurre con Hungría y Eslovaquia con el petróleo ruso. Los ingresos por petróleo y gas permiten a Rusia mantener la maquinaria de guerra en Ucrania, pese a las sanciones internacionales. En febrero de 2026, el Tesoro ruso anunció ingresos por la venta de combustibles fósiles por 8.000 millones de euros.

El grupo energético húngaro MOL anunció en un comunicado que “recibió petróleo en las estaciones de bombeo de Fényeslitke y Budkovce a primera hora del jueves. Las entregas de crudo a través del sistema del oleoducto Druzhba se han reanudado así hacia Hungría y Eslovaquia tras una interrupción de casi tres meses”.

Un portavoz del Gobierno de Eslovaquia señaló en redes sociales que “desde las 2:00 de la madrugada de hoy [jueves], se ha reanudado la entrada de petróleo en Eslovaquia a través del oleoducto Druzhba. Las entregas de petróleo se están llevando a cabo actualmente conforme al plan acordado”.

Aunque algunos líderes también mostraron su satisfacción por la ausencia de Orbán en la cumbre chipriota, sin embargo, mostrando las complicadas relaciones de poder en el seno de la UE, el primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, aseguró que se ha “sobreestimado ligeramente” que las cumbres europeas sin Orbán serían más fáciles. De Wever ha defendido que Orbán “no era fácil, pero tampoco imposible. Hay otros países en Europa cuyos líderes no siempre siguen los acuerdos europeos”.

Posición de España en Chipre

Los líderes de los países de la UE se reúnen este jueves y viernes para discutir medidas para luchar contra la crisis de precios energéticos provocada por la guerra de Irán. El presidente del Gobiernio, Pedro Sánchez, va a plantear que no existe solución militar para Oriente Medio, además de incidir en que la guerra en Irán no puede tapar lo que sigue ocurriendo en Palestina y que hay que como adoptar nuevas sanciones o suspender el Acuerdo de Asociación con Israel.

Sánchez va a proponer reducir dependencias energéticas y avanzar en electrificación, especialmente tras el cierre del estecho de Ormuz, por donde pasa un 20% del tráfico marítimo de transporte de petróleo. El presidente del Gobierno va a remarcar que para estar situados mejor en futuras crisis hay que actuar en el plano diplomático, estratégico, económico y humanitario: “La UE no puede seguir siendo un actor reactivo ante crisis que impactan de lleno en el bienestar de sus ciudadanos”.

En un comunicado conjunto, Von der Leyen, Costa y Zelenski “elogiaron los importantes avances logrados por Ucrania en su camino hacia la adhesión a la UE y pidieron la apertura sin demora de los grupos de negociación”. Sin embargo, ante las preguntas de los periodistas, los jefes de Gobierno de varios países europeos recordaron que todos los países que quieran entrar en la UE tienen que seguir los procedimientos para cumplir con las exigencias de la adhesión.

Detalles de las nuevas sanciones a Rusia

La Comisión Europea ha detallado el nuevo paquete de sanciones a Rusia, en la que se incluyen en la lista de sanciones a 36 entidades del sector energético ruso, se amplían las restricciones contra la “flota en la sombra” de Rusia al sancionar 46 buques adicionales (ya suman 632 barcos) y prohibir el acceso a ciertos puertos vinculados a esta práctica, incluido uno en Indonesia. Además, se sientan las bases para una futura prohibición de servicios marítimos para el transporte de petróleo ruso y se prohíbe el mantenimiento a los buques rusos de gas natural licuado (GNL) e rompehielos.

Por primera vez se ha activado la 'herramienta contra la elusión', aplicándose específicamente a la República Kirguisa por mantener la exportación a Rusia de tecnología y equipos de telecomunicaciones de la UE. Además, se añaden a la lista de sancionados a 60 entidades que prestan apoyo directo o indirecto a Rusia, 28 de ellas ubicadas en terceros países.

Además, se prohíben las operaciones de empresas de la UE con 20 bancos rusos más (sumando ya un total de 70) y se extienden estas prohibiciones a bancos en Kirguistán, Laos y Azerbaiyán, que se utilizaban para eludir sanciones. En el mismo sentido, se aplica la prohibición total sobre los servicios de criptomonedas rusos, así como sobre la criptomoneda RUBx (respaldada por el rublo) y el rublo digital en desarrollo por el Banco Central de Rusia.

Hay nuevas prohibiciones a la exportación de bienes a Rusia por más de 365 millones de euros y restricciones de importación de metales y sustancias químicas no sancionadas previamente por un valor superior a 530 millones de euros. Para mermar su capacidad militar, se designó a 58 empresas productoras de armas y a múltiples proveedores tecnológicos de terceros países (China, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán, Kazajistán y Bielorrusia) que proveen a Rusia.

Por otro lado, se introduce protección legal para permitir a las empresas de la UE reclamar daños y defenderse contra represalias, demandas abusivas y expropiaciones ilegítimas por parte del gobierno ruso.

No hay consenso para sancionar los abusos de Israel contra el derecho internacional humanitario. La alta representante de Exteriores de la UE, Kaja Kallas, ha admitido este martes la falta de acuerdo entre los 27 países de la UE para aprobar sanciones contra Israel para las continuas violaciones del derecho internacional que comete Israel en Palestina y el Líbano, tras la reunión de los ministros de Exteriores en Luxemburgo. Entre los países que se han posicionado en contra de las sanciones a Israel están Italia, Austria y Alemania. Respecto a Ucrania, Kallas ha señalado que espera “una decisión positiva en las próximas 24 horas” sobre el préstamo europeo de 90.000 millones para financiar a los ucranianos en su guerra con Rusia.

“Algunos Estados miembros propusieron una suspensión total o parcial del Acuerdo de Asociación de la UE, así como restricciones al comercio procedente de los asentamientos, mientras que otros expresaron su oposición a dichas propuestas. Dado que la suspensión del Acuerdo de Asociación con Israel requiere unanimidad, no hubo en la sala el apoyo necesario. Además, las medidas que ya están sobre la mesa y que requieren mayoría cualificada exigirán que algunos Estados modifiquen su posición”, ha explicado la jefa de la diplomacia europea.

A su llegada a la reunión, el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, advirtió que “Europa se juega su credibilidad si no enviamos una señal a Israel para que cambie su política de guerra”. Albares presentó oficialmente la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de romper el Acuerdo de Asociación de la UE con Israel, que también fue respaldada por Irlanda y Eslovenia.

Sin embargo, Kallas ha negado el supuesto doble rasero a la hora del posicionamiento en política exterior de la UE. “Nuestra credibilidad está aumentando. Observamos lo que está ocurriendo en el mundo y queda claro quién es un socio creíble y fiable: la Unión Europea. Si analizamos lo que sucede en distintos ámbitos respecto a la cuestión palestina, hemos sido los mayores apoyos de los palestinos: apoyando al pueblo palestino, a la Autoridad Palestina, a los refugiados palestinos y también la reconstrucción de Palestina. Por eso, cada vez que alguien plantea la cuestión del doble rasero, yo también les pido que primero examinen cuánto están haciendo ellos por Gaza y por los palestinos”, ha comentado.

En ese sentido, Albares recordó los abusos cometidos por Israel que vulneran el derecho internacional: “Desde la última vez que España junto con otros países presentó esta misma solicitud, Israel no ha hecho más que avanzar y agrandar la espiral de violencia y de guerra. Todo está peor. Tenemos en Líbano una invasión en violación del derecho internacional. Bombardeos indiscriminados sobre Beirut y la población civil. Vemos que en Cisjordania la violencia sigue extendiéndose. Hay asentamientos ilegales que siguen extendiéndose. Una violencia de los colonos israelíes y leyes odiosas como es la Ley sobre la pena de muerte aplicada exclusivamente a los palestinos. Vemos una violación sistemática del alto el fuego y una fase dos de ese proceso de paz que ya ni sabemos siquiera dónde está”.

Pero la respuesta de la jefa de la diplomacia europea ha sido como una frustrante admisión de que la política exterior de la UE sirve para bien poco: “Es cierto que no existe un acuerdo pleno sobre estas cuestiones. Pero, por ejemplo, ¿la suspensión del Acuerdo de Asociación detendría la expansión en Cisjordania? Probablemente no. Las propuestas están sobre la mesa, pero no hay consenso”.

La experta humanitaria de Oxfam Agnes Bertrand Sanz ha declarado tras la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE que “se necesita voluntad política y presión para superar el actual estancamiento en la UE, impulsado por algunos países miembros. Si la UE no logra llegar a un acuerdo como bloque, las capitales deberían explorar todas las opciones para suspender su relación con Israel. No hacerlo sería cómplice”.

Los ministros de Exteriores de la UE sí que han conseguido un acuerdo “para ampliar las sanciones” sobre Irán para que “incluya a quienes sean responsables de violaciones de la libertad de navegación” en referencia al tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz, según ha comentado Kallas.

Préstamo europeo a Ucrania

Tras la derrota electoral de Viktor Orbán en Hungría se ha abierto la posibilidad de que salga adelante el préstamo de 90.000 millones que la UE va a conceder a Ucrania para que pueda financiar la guerra contra Rusia.

“Debemos seguir proporcionando a Ucrania lo que necesita para mantenerse firme. Y mantenerse firme hasta que Putin entienda que esta guerra no conduce a ninguna parte. Tras las elecciones en Hungría, hay un nuevo impulso, y espero una decisión positiva sobre el préstamo de 90.000 millones en las próximas 24 horas”, ha comentado Kallas.

El argumento de Orbán para vetar el crédito que fue aprobado por los 27 en diciembre es que Ucrania había cerrado el grifo del oleoducto Druzhba por el que discurría petróleo desde Rusia. Este martes, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, publicó en las redes sociales que “Ucrania ha cumplido con lo que le había sido solicitado por la Unión Europea. Esperemos una confirmación por parte de la UE —o de Hungría/Eslovaquia— de que el petróleo ya está fluyendo”.

Aunque el comisario europeo de Transporte y Turismo Sostenibles, Apostolos Tzitzikostas, ha señalado este martes que “sin una libertad permanente de navegación [en el Estrecho de Ormuz], las consecuencias serán catastróficas”, también ha rebajado la preocupación sobre la falta de combustible de aviación en la UE, asegurando que “no hay indicios de escasez real” y que “Europa mantiene reservas de emergencia, que serán liberadas solo si es necesario”. El comisario ha tenido una reunión con los ministros de Transportes de los 27 países de la UE para analizar la situación por el impacto de la guerra de Irán.

Ante las cancelaciones de algunos vuelos en la UE, el comisario de Transportes ha asegurado los vuelos que se han suspendido “no fue por falta de suministro de combustible para aviación. Se cancelaron debido a los altos precios del combustible. Rutas que estaban al borde de la rentabilidad han dejado de ser rentables. Por lo tanto, la cancelación de rutas o vuelos no tiene nada que ver con una supuesta falta de suministro de combustible para aviación”.

“Desde el inicio de la crisis en Oriente Medio, los precios del combustible para aviación se han más que duplicado. Esto ha llevado a algunas compañías a reducir o incluso eliminar algunas de sus rutas que ya no tenían sentido desde el punto de vista financiero. A día de hoy no tenemos ninguna indicación de que vaya a haber cancelaciones generalizadas en el sector aéreo en las próximas semanas o meses”, ha reiterado el comisario.

La Comisión Europea va a presentar este miércoles un conjunto de herramientas específicas y temporales para abordar los altos precios de la energía y los desafíos de suministro de combustible provocados por la guerra de Irán.

Tzitzikostas ha explicado que dentro de los planes “para ayudar a proteger a los europeos de los efectos de la crisis de la energía fósil, la coordinación es clave”, por lo que se va a crear “un nuevo observatorio de combustibles que hará seguimiento de los niveles de suministro y existencias, que comenzará con el combustible para aviación”.

Además, el comisario ha añadido que se está “trabajando para asegurar un suministro alternativo de combustible para aviación para Europa, como el combustible tipo A producido en los Estados Unidos. Y si surgen problemas reales de suministro, nuestras reservas de emergencia deben utilizarse de la mejor manera posible. Cualquier liberación nacional de combustible debe hacerse con total transparencia para evitar distorsiones en el mercado”.

A pesar de las palabras del comisario, en la reunión de ministros de Transportes se señaló que el sector de la aviación está “particularmente expuesto, dado el aumento de los costos del combustible para aviación, los riesgos para la conectividad y las interrupciones operativas”, por lo que varios ministros “pidieron flexibilidad y apoyo específicos para el sector como respuesta a la crisis”.

De hecho, ACI Europe, la patronal que representa a los aeropuertos de la UE, mandó una carta a la Comisión Europea en la que advertía de /que los aeropuertos se enfrentan a una escasez “sistémica” de combustible de aviación si el estrecho de Ormuz no se abre en tres semanas, según publicó Financial Times. “Si el paso por el estrecho de Ormuz no se reanuda de manera significativa y estable en las próximas tres semanas, una escasez sistémica de combustible de aviación se convertirá en una realidad para la UE”, señala la carta.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sentenciado que Hungría ha infringido el Derecho de la Unión al adoptar una ley que estigmatiza y margina a las personas LGBTI+. La Justicia europea señala que el Estado húngaro con la aprobación de “una norma con medidas más estrictas contra los delincuentes pedófilos que modifican determinadas leyes para proteger a los menores” lo que ha hecho es “vulnerar el derecho a la dignidad humana” y “trata a un grupo de personas, que forman parte integrante de una sociedad caracterizada por el pluralismo, como una amenaza para la sociedad”.

El Tribunal de Justicia declara, por primera vez, que la ley húngara incumple el artículo 2 de los Tratados de UE, que enuncia los valores en los que se fundamenta la Unión y que son comunes a todos los Estados miembros. Los magistrados aseguran que “los aspectos de la Ley de modificación que se dirigen contra los contenidos que representan o popularizan la desviación de la identidad propia del sexo correspondiente al nacimiento, el cambio de sexo o la homosexualidad constituyen un conjunto coordinado de medidas discriminatorias que vulneran, de manera manifiesta y especialmente grave, los derechos de las personas no cisgénero, incluidas las personas trans, o no heterosexuales, así como los valores de respeto de la dignidad humana, de igualdad y de respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías”.

Hungría aprobó la “Ley LXXIX de 2021, por la que se adoptan medidas más estrictas contra los delincuentes pedófilos y se modifican determinadas leyes para proteger a los menores” ( también conocidad como 'Ley de modificación'). El argumento era proteger a los menores y prohibir o restringir el acceso a contenidos sobre la desviación de la identidad propia del sexo correspondiente al nacimiento, del cambio de sexo o de la homosexualidad.

El TJUE considera que, aunque los Estados miembros tienen margen para definir qué contenidos pueden perjudicar el desarrollo físico, mental o moral de los menores, se tiene que “respetar la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y, en particular, la prohibición de discriminación por razón de sexo y orientación sexual”. Los magistrados europeos apuntan que la Ley húngara de modificación parte de que “la desviación de la identidad propia del sexo correspondiente al nacimiento, del cambio de sexo o de la homosexualidad parten de la premisa de que toda representación o popularización de este tipo, cualquiera que sea su contenido específico, puede suponer un perjuicio para el interés superior del menor”, de manera que “este enfoque revela una preferencia por determinadas identidades y orientaciones sexuales en detrimento de otras, que quedan por ello estigmatizadas, lo cual es incompatible con las exigencias que se derivan, en una sociedad basada en el pluralismo, de la prohibición de la discriminación por razón de sexo y orientación sexual”.

En este sentido la Justicia europea subraya que esos puntos de la normativa “constituyen una injerencia especialmente grave en varios derechos fundamentales protegidos por la Carta: la prohibición de la discriminación por razón de sexo y orientación sexual, el respeto de la vida privada y familiar, y la libertad de expresión y de información”.

“Estigmatiza y margina a las personas no cisgénero”

Esta ley húngara “estigmatiza y margina a las personas no cisgénero, incluidas las personas trans, o no heterosexuales, tachándolas de perjudiciales para el desarrollo físico, mental y moral de los menores debido únicamente a su identidad o su orientación sexuales. El título de la Ley de modificación las asocia con la delincuencia pedófila, lo que puede reforzar esta estigmatización y fomentar comportamientos de odio hacia ellas”, añade la sentencia del TJUE.

Al frente de ese Gobierno húngaro estaba Viktor Orbán, un ultranacionalista que se convirtió en referente de la ultraderecha mundial por este tipo de normativas o sus intentos de prohibir la marcha del orgullo LGTBI+ en Budapest. Orbán perdió las elecciones el pasado 12 de abril tras 16 años en el poder en los que se ha caracterizado por la vulneración de derechos fundamentales y un ataque constante a las políticas de la UE. El nuevo Gobierno de Hungría, liderado por Péter Magyar, ha anunciado que cambiará la legislación para adaptarla a la normativa de la UE.

La Comisión Europea interpuso un recurso por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia contra Hungría en relación con la adopción de la Ley de modificación por la vulneración de varios derechos garantizados por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la infracción del artículo 2 de los Tratados de la UE y del Reglamento General de Protección de Datos.

El TJUE le ha dado la razón a la Comisión argumentando que “esta ley es contraria a la propia identidad de la Unión como ordenamiento jurídico común en una sociedad caracterizada por el pluralismo. Hungría no puede invocar válidamente su identidad nacional para justificar la adopción de una ley que vulnera los valores mencionados”.

Ahora le toca a Magyar dar pasos para reformar la Ley. La noche de su victorial electoral aseguró publicamente que según su partido Tisza y “los muchos millones de húngaros que lo apoyan, todo el mundo puede vivir con quien ame, siempre que no infrinja las leyes y no sea perjudicial para los demás”. El próximo primer ministro de Hungría también ha respaldado la celebración del Orgullo en defensa del derecho a la libertad de reunión.

Katrin Hugendubel, directora adjunta de ILGA Europe, una red paraguas de más de 700 entidades LGBTI de 54 países de Europa y Asia Central, ha declarado que “Hungría no puede entrar en una era post-Orbán sin derogar esta legislación, incluida la prohibición del Orgullo. Si Péter Magyar realmente aspira a ser proeuropeo, debe situar esto en la cima de su agenda para sus primeros 100 días en el cargo, como una parte esencial de sus reformas orientadas a la UE”.

El ministro de Exteriores, José Manuela Albares, ha explicado este martes que “Europa se juega su credibilidad si no enviamos una señal a Israel para que cambie su política de guerra” a la entrada de la reunión de ministros de Exteriores de la UE en Luxemburgo donde presentará oficialmente la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de romper el Acuerdo de Asociación de la UE con Israel, que también fue respaldada por Irlanda y Eslovenia. Este lunes, la alta representante de Exteriores de la UE echó un jarro de agua fría sobre rechazando la viabilidad de la proposición española y rescatando las antiguas sanciones que se quedaron en un cajón por el genocidio de Gaza.

“Hoy Europa se juega su credibilidad. Si no somos capaces de enviar una señal clara y fuerte a Israel de que tiene que cambiar su política, perderemos nuestra credibilidad. Tenemos que ser capaces de hablar con la misma fuerza, por los mismos principios, buscando los mismos objetivos cuando hablemos de Ucrania, cuando hablemos de Sudán y cuando hablemos también de Israel”, ha declarado el ministro español de Exteriores.

Albares ha hecho una relación de los abusos e incumplimientos del derecho internacional de Israel: “Desde la última vez que España junto con otros países presentó esta misma solicitud, Israel no ha hecho más que avanzar y agrandar la espiral de violencia y de guerra. Todo está peor. Tenemos en Líbano una invasión en violación del derecho internacional. Con una orden a la población libanesa del sur de expulsión de un territorio que es parte de la integridad territorial y de la soberanía del Líbano. Bombardeos indiscriminados sobre Beirut y la población civil. Ataques constantes en ese enfrentamiento entre Hizbulá e Israel sobre una fuerza como es Finul (de la ONU). Una retención ilegal de un soldado español hace poco tiempo. Vemos que en Cisjordania la violencia sigue extendiéndose. Hay asentamientos ilegales que siguen extendiéndose. Una violencia de los colonos israelíes y leyes odiosas como es la Ley sobre la pena de muerte aplicada exclusivamente a los palestinos. Vemos una violación sistemática del alto el fuego y una fase dos de ese proceso de paz que ya ni sabemos siquiera dónde está. Tenemos que decirle a Israel claramente que tiene que cambiar de vía, que la guerra no puede ser la única forma que tenga Israel de relacionarse con sus vecinos de Oriente Medio”.

“¿Qué más tiene que ocurrir para que la UE se conmueva?”

Con estos abusos sobre la mesa, el titular español de de la cartera de Exteriores se ha preguntado hasta cuándo tiene que aguantar la Unión Europea para cambiar su posición frente a Israel: “La pregunta que voy a formular a todos los demás países es qué más tiene que ocurrir para que la UE se conmueva en la forma en que Israel conduce sus relaciones con el resto de Estados de Oriente Medio? ¿Qué más tiene que ocurrir para que la Unión Europea se conmueva de las violaciones sistemáticas del derecho internacional y de los derechos humanos de Israel? Es el momento de enviar una señal fuerte de que no podemos mantener una relación con Israel como hasta ahora. Tenemos que mantener la misma posición que con respecto a la guerra de agresión de Rusia a Ucrania”.

España junto a Eslovenia e Irlanda le mandó una carta a la jefa de la diplomacia de la UE para que tenga en cuenta la iniciativa contra Israel. Sin embargo, Kallas, que se reunió este lunes con el primer ministro de Palestina, Mohamed Mustafá, en Bruselas, rechazó esta opción con el argumento de que “algunos Estados miembros han puesto sobre la mesa la suspensión del Acuerdo de Asociación, lo cual requiere una posición unánime. Al mismo tiempo, ya tenemos medidas sobre la mesa, algunas de las cuales requieren mayoría cualificada. Así que, en primer lugar, creo que debe evaluarse si es posible avanzar con esas medidas si los Estados miembros así lo desean, con el objetivo de ejercer presión sobre Israel”.

Las medidas a las que se refiere Kallas para tirar por tierra la propuesta de España y los otros dos países son las sanciones que se quedaron en un cajón por el genocidio de Gaza tras el anuncio del plan de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Entre estas sanciones estaban la suspensión de determinadas disposiciones del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel relacionadas con el comercio, limitar temporalmente algunos proyectos bilaterales con Israel de cooperación institucional y en el marco del programa regional de cooperación UE-Israel y sanciones a ministros ultras del Gobierno de Benjamín Netanyahu y a colonos israelíes.

Respecto a la prohibición de comerciar con productos que vengan de asentamientos ilegales israelíes en Palestina, Albares ha recordado que España ya “lo aplica ya bilateralmente. Parte del decreto de embargo implica el no poder comerciar con productos de los territorios ocupados. Pero no sería nada nuevo. Es una opinión consultiva, un dictamen consultivo ya emitido por el mismísimo Tribunal Internacional de Justicia que dice que no se puede comerciar con productos de los territorios ocupados. Por lo tanto, lo extraño es que todos los países de la Unión Europea no lo estén aplicando ya”.

Albares ha redundado que España “está abierta a cualquier medida, lo que no podemos seguir es sin hacer absolutamente nada. Cuando la situación se agrava cada vez más, tenemos que ayudar a que este alto el fuego se consolide. Tenemos que ayudar a que la paz sea definitiva y la mejor forma de ayudar es decirle a Israel que por el camino de la guerra no puede haber una relación con la Unión Europea”.

Misión de la ONU en Líbano

Con el fin del mandato de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (Finul) el  31 de diciembre de 2026, Albares ha apuntado que “la opción es que haya una nueva misión con componentes similares a esta fuerza militar. En la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores, voy a solicitar que la Unión Europea se implique y que tome el relevo. Incluso si las negociaciones del alto el fuego tienen éxito, seguirá siendo necesario que haya durante un tiempo una misión que tome el relevo de Finul”.

El ministro español de Exteriores ha querido “rendir un homenaje a esos soldados españoles y a sus familias que están defendiendo la paz en el Líbano”. El pasado 8 de abril, Israel detuvo a un 'casco azul' de nacionalidad española desplegado en el marco de la misión de la ONU en Líbano (FINUL), pero lo liberó “en menos de una hora”, tras trasladar España su “más enérgica protesta” tanto a Naciones Unidas como al Estado hebreo, según desveló la ministra de Defensa, Margarita Robles.