En noviembre de 2011 tuvo lugar la crisis migratoria que sufrió Polonia con la llegada masiva de inmigrantes desde Bielorrusia. Ante una situación de grave riesgo humanitario por la utilización como arma de los movimientos de miles de personas en busca de una vida mejor por parte de régimen bielorruso de Aleksandr Lukashenko, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, mostró su solidaridad con los países afectados. Von der Leyen, en un comunicado, anunció que se había puesto en contacto con los dirigentes de Polonia, Lituania y Letonia “para expresarles la solidaridad de la Unión Europea y debatir con ellos las medidas que la UE puede adoptar para apoyar sus esfuerzos a la hora de hacer frente a esta crisis”. Sin embargo, no hay anuncios de solidaridad de la presidenta de la Comisión Europea con España por la crisis migratoria en Ceuta, ni por parte de una buena parte de países de la UE.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado por carta su queja a la presidenta de la Comisión Europea, al presidente del Consejo Europeo, António Costa; y al primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, como país que ostenta la presidencia rotatoria de la UE, y ha pedido una reunión de ministros de Interior.

Sánchez señala en su misiva que varios países “han optado por atacar a España y pedir su exclusión temporal del espacio Schengen. Esa actitud —impulsada por los prejuicios, las noticias falsas, la ignorancia o el interés político— no solo es contraria al Derecho de la Unión Europea, al Derecho internacional humanitario y a los principios de solidaridad que nos unen”.

¿A qué se debe la actitud de estos países? El Gobierno de España se ha mostrado contrario a la nueva agenda política de la Comisión Europea en temas migratorios, arrastrada por las posiciones más duras de la ultraderecha. Ha sido uno de los pocos países que se posicionó claramente contrarios a las últimas medidas aprobadas en el reglamento del Pacto de Emigración y Asilo, que siguiendo la estela marcada por la extrema derecha trata de dificultar a los migrantes el acceso a permisos por razones humanitarias, familiares o laborales y abre la puerta a que los Estados miembros puedan establecer centros de deportación en países situados fuera de la UE, incluso en instalaciones para familias con menores.

No es solo un movimiento en la Unión Europea de derechización de las políticas migratorias, también afecta a otros ámbitos como la agenda verde, que el Ejecutivo comunitario está rebajando sus ambiciones a marchas forzadas con el argumento de la competitividad. Esta estrategia de acercamiento se ha reforzado tras el cambio de posición de los partidos de la ultraderecha europea, que han optado por una posición práctica, menos radical, que les permita sacar adelante sus postulados apoyando a los conservadores europeos. El investigador de del Centre for European Policy Studies señala que “hay un cambio de la derecha radical, que ha pasado de rechazar la Unión Europea a tratar activamente de remodelarla junto con otros partidos de la misma tendencia, y que constituye una forma de adaptación política”. En este sentido, ya han comenzado las negociaciones con el PPE para tratar de flexibilizar los objetivos de emisiones y el veto a los coches de combustión en 2035.

Mihir Sharma, columnista de Bloomberg Opinion, explica que las posiciones políticas claras y a contracorriente del Gobierno Sánchez frente a muchos Ejecutivos conservadores de Europa en temas como su posición favorable a la inmigración, gasto en defensa controlado, defensa de las energías renovables o asunción de deuda europea en el próximo presupuesto plurianual europeo más la buena marcha de la economía española lo han colocado como un objetivo a batir. Y encima España ha ganado el Mundial de fútbol.

Von der Leyen: “Las devoluciones deben ser rápidas”

Con la crisis migratoria de Ceuta, Von der Leyen se ha limitado a decir que “las imágenes que llegan desde Ceuta son inaceptables. No podemos permitir que nadie entre en nuestra Unión sin cumplir con nuestras normas. Los cruces peligrosos deben detenerse de inmediato. Las redes de tráfico deben desmantelarse. Y las devoluciones deben ser rápidas, tal como permiten nuestras normas. Encargué a dos comisarios que apoyen el control de la situación. Magnus Brunner ya está trabajando estrechamente con España y está listo para viajar a los puntos críticos. Trabajará en un apoyo operativo adicional a España, incluida la colaboración con Frontex. Dubravka Suica está en contacto con su homóloga marroquí. Tengo confianza en que nuestra estrecha asociación con Marruecos ayudará a obtener resultados concretos”. Ninguna llamada a la solidaridad con España.

Para tener en cuenta el nivel de la crisis de Ceuta: en solo 24 horas entraron en la ciudad española unos 50.000 inmigrantes, mientras que Polonia registró algo más de 7.500 solicitudes de asilo en 2021 a raíz de la crisis migratoria con Bielorrusia.

Al día siguiente, cuando la crisis ya estaba encauzada y la mayoría de las personas que habían cruzado la frontera habían vuelto a Marruecos, Von der Leyen volvió a escribir un mensaje en X en el que señalaba que “ni una sola persona llegó a la España peninsular o al resto de la UE” y añadía que “la Comisión ha ofrecido apoyo a España desde el primer momento. Recibí cartas de varios líderes y acojo con satisfacción la llamada a una videoconferencia extraordinaria para evaluar lo sucedido. Combatir la migración ilegal requiere solidaridad y una respuesta europea unida”. Pero la realidad es que en un primer momento solo hubo apoyo técnico, no hubo una respuesta política de solidaridad con España.

Las escasas muestras de respaldo a España han llevado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrar su descontento. Primero lanzó un mensaje en redes sociales donde admitió que “la solidaridad y la empatía son opcionales”, pero ha señalado a un grupo de países por la llegada de inmigrantes ilegales: “Número de entradas irregulares entre 2021 y 2026 según Frontex: Por Italia: 478.600 Por los Balcanes occidentales: 340.600 Por Grecia: 259.800 Por España: 234.760 Por la frontera oriental: 48.000.

El presidente del Gobierno ha añadido que ante una crisis de estas proporciones “no es tiempo de dividir. Es tiempo de seguir construyendo una UE fuerte y unida”.

Posteriormente Sánchez envió el sábado una carta a la presidenta de la Comisión Europea en la que criticó que varios gobierno europeos hayan “optado por atacar” a España tras la entrada masiva de personas migrantes a Ceuta. Sánchez pidió una reunión de urgencia de ministros del Interior.

La falta de solidaridad no ha sido únicamente por parte de la presidenta de la Comisión Europea. Varios países se han mostrado claramente beligerantes contra España: la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha anunciado “medidas extraordinarias” como la suspensión temporal del espacio Schengen con España con la incorporación de controles fronterizos en aeropuertos y puestos. Posteriormente, el primer ministro de la República Checa, el populista de derechas Andrej Babis, exigió que “el espacio Schengen debería cerrarse a España de inmediato”, mientras que la ministra finlandesa de Interior, Mari Rantanen, respaldó a Italia apuntando que “España ha fracasado por completo en la protección de la frontera exterior del espacio Schengen frente a la migración irregular”. Por su parte, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, defendió que la Unión Europea debe considerar “todas las posibilidades, incluida la suspensión de la cooperación de Schengen” a España“.

El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, respondió en X a las declaraciones más extemporáneas de los líderes de los países de la UE asegurando que “la práctica totalidad de quienes entraron en Ceuta han vuelto ya a Marruecos. No es posible trasladarse de Ceuta y Melilla a la Península sin identificarse en un control de policía. La integridad del espacio Schengen está absolutamente garantizada. Basta de confusión interesada”.

Posteriormente, ante la gran cantidad de turismo español que visita Italia, el Gobierno de Meloni ha matizado que los controles serán aleatorios y solo afectarán a ciudadanos de países de fuera de la Unión Europea llegados desde España.

Alberto Alemanno, catedrático Jean Monnet de Derecho de la Unión Europea en HEC París, explica que “desde su llegada al poder, el Gobierno de Giorgia Meloni ha autorizado aproximadamente 450.000 permisos de trabajo para el periodo 2023-2025 y ha aprobado un contingente ampliado de casi 500.000 entradas legales para el ciclo 2026-2028, con el fin de cubrir las necesidades de sectores clave como la agricultura, el turismo y la industria manufacturera. Por tanto, este ataque directo contra España no tiene que ver realmente con la inmigración en sí, sino con el uso de su última manifestación como una conveniente arma política contra otro Estado miembro, destinada al consumo político interno más que a responder a un auténtico objetivo jurídico o de seguridad”.

Solo el presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó su “solidaridad con España, con su Gobierno y con su pueblo” y ofreció “toda la ayuda necesaria”, mientras que el presidente del Consejo Europeo, António Costa, anunció en la red social X: “Expreso mi solidaridad con España ante la situación actual de inmigración irregular en Ceuta”.

Otros países simplemente han optado por evitar cualquier mensaje de respaldo político explícito al Gobierno de Pedro Sánchez. El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo que España debe recuperar el control en Ceuta y mostró su satisfacción por la decisión española de no permitir a los migrantes ilegales entrar en el continente europeo y afirmó que espera que Rabat los readmita inmediatamente. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, aseguró que su gobierno no considera necesario suspender a España del espacio Schengen tras la crisis migratoria en Ceuta y las peticiones de algunos países europeos al respecto, aunque alertó de que la política de migración de España puede provocar un “efecto llamada”.

Aunque no ha habido movimientos de inmigrantes a Europa, la crisis de Ceuta no se va a quedar aquí. Las derechas europeas van a aprovechar la situación para tratar de endurecer aún más las políticas contra las migraciones. Italia, Dinamarca y otros 20 países europeos pidieron este sábado una reunión extraordinaria de ministros de Interior de la UE para analizar la crisis migratoria de Ceuta y acordar una respuesta coordinada y acciones inmediatas para el control de la frontera exterior. En la misiva se pide tener en cuenta, concretamente, el refuerzo del apoyo de Frontex y la eficacia de la cooperación de la UE con Marruecos.

La imposibilidad de expulsar a España de Schengen

La Comisión Europea descartó la posibilidad de expulsar a España del Tratado de Schengen, que permite la libre circulación de ciudadanos entre los países europeos, por la crisis migratoria en Ceuta. Un portavoz de la institución comunitaria explicó que “no se ha observado ningún movimiento desde Ceuta hacia la España peninsular ni hacia otros Estados miembros” y se ha constatado que “las autoridades españolas están controlando las fronteras exteriores para garantizar que no se produzcan esos desplazamientos hacia el resto de la Unión”.

Ahora bien, Bruselas sí que ha puntualizado que un país de la UE puede restablecer los controles en sus fronteras con otro país dentro del área Schengen, como anunció Italia. De hecho, la Comisión Europea tuvo que mandar un requerimiento a un grupo de países (Austria, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Noruega, Eslovenia y Suecia) ante los continuos controles de las fronteras interiores por el endurecimiento de las políticas antiinmigratorias que está afectando a la libre de circulación de personas que se establece en el espacio Schengen.

“La normativa establece que los Estados miembros pueden, con carácter excepcional y temporal, restablecer los controles en las fronteras interiores como último recurso, para hacer frente a amenazas graves al orden público o a la seguridad nacional”, según un portavoz de la Comisión. Ahora Italia deberá notificar y justificar por qué toma esta decisión ante las autoridades comunitarias.

A pesar de que un grupo de países europeos, entre los que se encuentran Italia, Finlandia, la República Checa o Dinamarca, ha pedido que se plantee la posibilidad de expulsar a España del Tratado de Schengen, que permite la libre circulación de ciudadanos entre los países europeos, por la crisis migratoria en Ceuta, la Comisión Europea ha descartado esta posibilidad, ya que “no se ha observado ningún movimiento desde Ceuta hacia la España peninsular ni hacia otros Estados miembros” y se ha constatado que “las autoridades españolas están controlando las fronteras exteriores para garantizar que no se produzcan esos desplazamientos hacia el resto de la Unión”.

El comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, ha reiterado que la Comisión Europea seguirá trabajando con las autoridades españolas para la solución de la “inaceptable” crisis migratoria en Ceuta. Brunner ha señalado que “no hay movimientos hacia el continente europeo ni hacia otros Estados miembros. El Código de Fronteras Schengen establece normas especiales aplicables a Ceuta y Melilla. Los controles fronterizos sobre las personas que salen de Ceuta y Melilla siguen vigentes”.

Un grupo de países entre los que se encuentra Italia, República Checa, Dinamarca o Finlandia ha solicitado que se expulse a España del Tratado de Schengen, que permite la libre circulación de personas entre los países de la UE.

La primera en atacar a España fue la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que advirtió que estaba estudiando “medidas extraordinarias” incluida la suspensión de España del espacio Schengen. Posteriormente, la han secundado el primer ministro de la República Checa, el populista de derechas Andrej Babis, que exigió que “el espacio Schengen debería cerrarse a España de inmediato”, mientras que la ministra finlandesa de Interior, Mari Rantanen, respaldó a Italia apuntando que “España ha fracasado por completo en la protección de la frontera exterior del espacio Schengen frente a la migración irregular”. Por su parte, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, defendió que la Unión Europea debe considerar “todas las posibilidades, incluida la suspensión de la cooperación de Schengen” a España“.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, convocó al embajador de Italia en España, Giuseppe Buccino Grimaldi, tras unas declaraciones de su homólogo italiano, Antonio Tajani, en las que se ha mostrado favorable a cerrar el espacio Schengen a España.

Ceuta y Melilla, situación específica dentro de Schengen

La realidad es que tanto Ceuta como Melilla tienen una situación específica dentro de la normativa del tratado de libre circulación de personas en la UE. Un alto funcionario de la Comisión Europea ha explicado que “Ceuta y Melilla, en virtud del artículo 41 del Código de Fronteras Schengen, están sujetas a un régimen especial. Esto significa que nadie puede salir de Ceuta y desplazarse posteriormente a la España peninsular o a otros Estados miembros de la UE sin someterse a controles en la frontera exterior. A estos efectos, Ceuta se considera una frontera exterior de la Unión Europea, por lo que deben llevarse a cabo los controles correspondientes”. El alto directivo de la UE ha subrayado que no se están dando movimientos de las personas que han entrado ilegalmente en Ceuta hacia otras partes de España ni a otros países miembros de la UE.

“Nuestra prioridad ahora es que se lleven a cabo las devoluciones de Ceuta a Marruecos, estabilizar la situación y garantizar que no se produzcan nuevas entradas ilegales desde Marruecos. Nuestra prioridad inmediata es seguir apoyando a España en la protección y gestión de la frontera exterior de la Unión Europea de una manera eficaz y ordenada. Esto incluye luchar contra las redes de tráfico ilícito de personas y evitar que la gente emprenda travesías peligrosas”, ha explicado un alto funcionario de la Comisión Europea.

Desde la Comisión Europea se ha puntualizado que personal de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, Frontex, “está en la frontera marítima, concretamente en el puerto marítimo, ayudando con los controles fronterizos ordinarios que deben realizarse cuando las personas se desplazan hacia la España peninsular o hacia otro Estado miembro”.

“En este momento, Frontex tiene allí 20 personas que están colaborando en esos controles fronterizos habituales. Por ahora, no se ha solicitado el despliegue de más personal de Frontex para hacer frente a la situación actual por parte de España”, ha comentado un alto funcionario de la Comisión.

Mecanismo SchEval para evaluar el control fronterizo

La Unión Europea cuenta con un mecanismo interno, conocido como ScheEval, para evaluar si un país está cumpliendo con sus obligaciones en las fronteras y los condicionantes que impone el Tratado de Schengen.

La misma fuente de la Comisión Europea ha explicado que la UE “cuenta con un procedimiento para evaluar el funcionamiento del espacio Schengen. Se realizan evaluaciones periódicas sobre la manera en que se aplican y controlan las normas de Schengen. Si durante esas evaluaciones se detecta una deficiencia grave en un paso fronterizo, la Comisión emite un informe de deficiencia grave, que primero se debate con el Estado miembro afectado y, posteriormente, con el conjunto de los Estados miembros. Esto da lugar a un procedimiento de urgencia y a un seguimiento en el seno del Consejo. El objetivo es elaborar un plan de acción para que el Estado miembro correspondiente pueda corregir las deficiencias graves detectadas durante la evaluación de la aplicación de las normas de Schengen. Cualquier decisión al respecto corresponde al Consejo Europeo”.

En este sentido, desde la institución europea se ha reiterado que en la crisis migratoria de Ceuta “no son controles en las fronteras interiores, sino controles en la frontera exterior que deben efectuarse entre Ceuta y Melilla y el resto del espacio Schengen. Las normas que regulan estos controles son muy estrictas y deben respetarse plenamente cuando se realizan los controles en la frontera exterior entre Ceuta y Melilla y el resto del espacio Schengen”.

La misma responsable de la UE ha reiterado que “el mecanismo SchEval funciona como un sistema de revisión entre pares en el que participan todos los Estados miembros. Su objetivo es garantizar que las normas se aplican correctamente, que las deficiencias se detectan y que posteriormente se corrigen sobre la base de las recomendaciones adoptadas por el Consejo y aplicadas por las autoridades competentes”.

Los precios en la eurozona se han incrementado un 2,9% en julio, frente al 2,8 % que se registró el mes anterior, según la estimación preliminar publicada por Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea. Aunque solo es una décima, esta subida de la inflación abre la puerta para que el Banco Central Europeo (BCE) eleve en septiembre los tipos de interés, que se encuentran en el 2,25% en la actualidad.

La reanudación de la guerra de Irán y el cierre del estrecho de Ormuz ha vuelto a elevar los precios de los combustibles, que se han disparado un 10%. En otros sectores los incrementos fueron menores, aunque los precios de los servicios se elevaron un 3,3 %, (un 3,2 % en junio), la inflación de los alimentos, el alcohol y el tabaco se incrementó un 1,2% (por debajo del 1,5% del mes anterior) y los bienes industriales no energéticos subieron un 0,9%, (0,7% en junio). La inflación subyacente (no tiene en cuenta elementos más volátiles de la cesta de la compra como combustibles y alimentos frescos) también subió ligeramente hasta alcanzar el 2,5%.

Teniendo en cuenta que los datos de crecimiento económico del segundo trimestre de 2026 para la eurozona son bastante mejores de lo previsto, con un incremento del PIB del 0,4%, la presión aumenta sobre la presidenta del BCE, Christine Lagarde, para que el BCE confirme una nueva subida de los tipos de interés en septiembre.

El debate entre los analistas era si el BCE debía subir los tipos 25 puntos básicos en septiembre o se podía retrasar la decisión ante la debilidad de la economía europea. El alto el fuego alcanzado entre Estados Unidos e Irán de junio había alimentado las esperanzas de que lo peor de la crisis hubiera quedado atrás. De hecho, la inflación se relajó más de lo esperado en junio, con una desaceleración hasta el 2,8%, y los indicadores de la marcha de la economía parecían que son mejores de lo esperado.

Ahora las expectativas de los mercados es que la institución monetaria suba con casi toda seguridad los tipos en la próxima reunión de septiembre. En la última reunión del BCE, Lagarde comentó que durante el foro anual de bancos centrales celebrado en Sintra a principios de julio la percepción del riesgo para inflación y el crecimiento estaban “equilibrados”. Sin embargo, con la reanudación del conflicto en Oriente Medio, “los riesgos para las perspectivas de inflación siguen sesgados al alza”.

En España los precios se elevaron un 3,5% en julio, lo que supone un aumento de tres décimas respecto a la registrada en junio y su tasa más elevada desde mayo de 2024. En pleno 'shock' energético por la guerra en Irán, la inflación en nuestro país encadena cinco meses consecutivos por encima del 3% y alcanza en julio su pico más alto en más de dos años.

En el caso de Francia, los precios subieron mucho más de lo esperado en julio, con una inflación del 2,4%, cuando las previsiones eran de que se mantuviera en el 2%. Mientras, la inflación en Italia se situó en el 2,8%, frente al 3% del mes anterior, una leve desaceleración debido a la disminución de los precios sobre los alimentos no procesados y los productos energéticos no regulados. En Alemania la inflación se aceleró hasta el 2,8 % en julio, frente al 2,3 % de junio, superando las expectativas del mercado. Se trata del nivel más alto desde abril, impulsado por un fuerte repunte de los precios de la energía, que aumentaron un 8,3%.

En la última revisión de previsiones económicas, el BCE apuntó que la inflación se situará en el 3,0% en 2026, el 2,3% en 2027 y el 2,0% en 2028. La inflación subyacente se mantendrá en el 2,5 % en 2026 y 2027, y en el 2,2 % en 2028. Los expertos del Banco Central revisaron al alza la inflación “debido a una trayectoria más elevada de los precios de la energía, que, en cierta medida, se espera que se traslade a la inflación de los alimentos, los bienes y los servicios”, aunque se mantiene cerca del objetivo base del 2%.

La Unión Europea ha lanzado este jueves una convocatoria de licitación para crear hasta siete gigafactorías de inteligencia artificial (IA) en Europa. Este plan trata de impulsar la soberanía tecnológica europea y “su ambición de convertirse en el continente de la IA”, según ha informado la Comisión Europea. España está en la carrera para conseguir que una de estas gigafactorías se instale en nuestro país.

La iniciativa está respaldada por hasta 10.000 millones de euros de financiación europea y nacional con la que se pretende movilizar al menos 20.000 millones de euros de inversión privada en toda la Unión.

Con este paso, se pretende que Europa pueda “desarrollar sistemas avanzados de IA utilizando su propia infraestructura, en consonancia con las normas y valores de la UE”. Las tecnologías de IA desarrolladas en estas gigafactorías cumplirán los estándares europeos en materia de protección de datos, seguridad, ciberseguridad y ética.

A esta licitación se pueden presentar propuestas de consorcios u otras entidades que reúnan a empresas, organismos públicos e inversores privados. Las gigafactorías se podrán establecerse en un único Estado miembro, ya sea en un solo emplazamiento o en varios centros. También podrán incluir desarrollos transfronterizos en varios Estados miembros mediante instalaciones distribuidas de computación de IA. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 12 de noviembre de 2026 y se espera que las decisiones de adjudicación se anuncien a principios de 2027.

Acuerdo con las estadounidenses AMD, NVIDIA y Qualcomm

Aunque la idea es potenciar la soberanía tecnológica europea, como seguimiento del acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos, la Comisión Europea ha firmado tres cartas de intenciones con grandes proveedores estadounidenses de hardware: AMD, NVIDIA y Qualcomm, para garantizar que los consorcios tengan acceso al hardware necesario.

La institución europea argumenta que este acuerdo responde a que “la IA avanzada depende de un hardware informático altamente especializado. Los consorcios de las gigafactorías de IA podrán adquirir hardware durante cualquiera de las dos fases de desarrollo a proveedores de Europa o de países considerados socios fiables. Parte de estas adquisiciones podrá destinarse a start-ups y scale-ups europeas, ofreciendo oportunidades concretas para reforzar la cadena de suministro digital europea”.

Un portavoz de la Comisión Europea ha admitido que “no estamos produciendo en Europa chips avanzados de fabricación propia que son esenciales para desarrollar gigafactorías de IA con la capacidad necesaria”.

“La idea es que, allí donde sea necesario, trabajaremos con socios afines y obtendremos los componentes necesarios para estas instalaciones. Posteriormente, estamos completamente abiertos a integrar progresivamente alternativas europeas de hardware y software para complementar las soluciones de socios afines con soluciones y alternativas europeas que llegarán al mercado próximamente”, ha comentado el portavoz de la institución comunitaria.

Financiación y crecimiento del proyecto

La Empresa Común Europea de Computación de Alto Rendimiento (EuroHPC JU) y los Estados miembros adquirirán conjuntamente capacidad de computación de las gigafactorías. Hasta el momento 18 países miembros de la UE, incluida España, ya han firmado un acuerdo de contratación conjunta con EuroHPC JU: Croacia, Chequia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugal, Eslovaquia, España y Suecia.

Según la Comisión Europea, “la financiación pública actuará como un potente catalizador de la iniciativa, impulsando la inversión privada necesaria para construir y operar estas instalaciones”. El proceso de contratación apoyará hasta siete gigafactorías de IA a través de dos fases consecutivas de desarrollo y dos lotes de financiación, con los Estados participantes igualando la financiación europea.

En la primera fase se respaldarán hasta cuatro proyectos, de los que cada uno podrá recibir hasta 100 millones de euros de financiación europea en la primera fase y hasta 400 millones de euros adicionales por proyecto en la segunda fase. Cada gigafactoría seleccionada en este lote deberá instalar al menos tantos procesadores avanzados de IA como los que están actualmente desplegados en la fábrica de IA más potente de Europa. En la segunda fase, su capacidad deberá aumentar hasta al menos el triple de ese nivel.

En un segundo lote de financiación se apoyará hasta tres proyectos que podrán recibir hasta 200 millones de euros de financiación europea en la primera fase y hasta 800 millones de euros adicionales por proyecto en la segunda fase. Para este grupo, cada gigafactoría seleccionada deberá instalar hasta el doble de los procesadores avanzados de IA actualmente disponibles en la fábrica de IA más potente de Europa. En la segunda fase, la capacidad deberá aumentar hasta al menos cuatro veces ese nivel.

La economía europea ha dado una tímida alegría con un crecimiento del 0,5% en el segundo trimestre de 2026, mientras que en la zona euro el incremento del PIB fue del 0,4%, pese a las turbulencias sobre los precios que ha provocado la guerra de Irán. Hay que recodar que en los tres primeros meses del año, la UE solo alcanzó el 0,1% del PIB mientras que la eurozona no tuvo ningún crecimiento debido al impacto de los precios energéticos por el conflicto en Oriente Medio.

España volvió a liderar el crecimiento entre las grandes economías de la zona euro. Nuestro país creció un 0,7%, casi tres veces más que Alemania, Italia y Francia, cuyo PIB se incrementó 0,2%. La visión positiva es que pese a la guerra de Irán y su impacto en los precios del combustible las cuatro mayores economías de la eurozona mantuvieron una senda positiva.

Aunque los datos no son para muchas alegrías hay confianza en los Gobiernos de estos países para terminar el año con buen pie. El crecimiento de Alemania en el segundo trimestre se ha ralentizado, ya que en el primer trimestre comenzó con un aumento del 0,4%. Si en los tres primeros meses del año fue una grata sorpresa para la economía alemana, ahora se esperaba que la actividad, empujada por el incremento del gasto en infraestructuras y defensa, fuera más sólida. Sin embargo, el Ministerio de Economía alemán ha destacado que el clima empresarial es de optimismo y que se esperan mejores datos y una recuperación más sólida en lo que queda de año.

Francia ha vuelto al crecimiento en el segundo trimestre tras una caída del PIB del 0,1% en los tres primeros meses del año. Aunque la inversión se volvió a contraer en este periodo, el aumento del consumo de los hogares y el avance del comercio exterior han impulsado la actividad. El Ministerio de Economía de Francia mantiene las previsiones para acabar el año con un crecimiento del 0,7%.

Peores perspectivas tiene Italia, uno de los países más afectados por el incremento de los precios de la energía por la guerra de Irán. Aunque el Gobierno italiano mantiene las expectativas de acabar el año con un PIB del O,6%, la debilidad del consumo de los hogares y de la inversión más los problemas políticos internos y las dificultades para cumplir con las reglas fiscales de la UE auguran problemas para la primera ministra Georgia Meloni.

Entre los Estados miembros de los que ya se dispone de datos para el segundo trimestre de 2026, Irlanda registró el mayor crecimiento del PIB respecto al trimestre anterior, con un 3,9 %, seguida de Lituania (1,7%) y Suecia (1,4%). Las tasas de crecimiento más bajas correspondieron a Bélgica y Austria, donde la economía permaneció estancada (0,0%).

Rebaja en las previsiones económicas

En la última reunión del Banco Central Europeo, su presidenta Christine Lagarde, señaló que “la inflación reciente apunta a cierta mejora en el segundo trimestre” y que “la actividad en los servicios se ha recuperado parcialmente”, además de que “un mayor gasto en defensa está respaldando la industria manufacturera”. Sin embargo, pese a estas buenas noticias, la presidenta de la institución monetaria admitió que “el crecimiento seguirá siendo moderado a corto plazo”.

El BCE ya presentó en la reunión de junio nuevas previsiones económicas para la eurozona en las que apuntaba a una rebaja del crecimiento económico medio al 0,8% en 2026, del 1,2% en 2027 y del 1,5% en 2028, “reflejando un impacto más pronunciado de la guerra sobre los mercados de materias primas, las rentas reales y la confianza”.

La Comisión Europea también anunció que sus previsiones económicas de primavera de 2026 proyectan “una actividad económica más débil, ya que el conflicto en Oriente Medio desencadena un nuevo shock energético que reaviva la inflación y sacude la confianza económica”. De esta manera, se prevé que el crecimiento del PIB en la UE se desacelere hasta el 1,1% en 2026, lo que supone una revisión a la baja de 0,3 puntos porcentuales respecto a la previsión de otoño de 2025 (1,4%), mientras que las previsiones de crecimiento para la zona euro también se han revisado a la baja, hasta el 0,9% en 2026.

Aunque en el Consejo Europeo del pasado junio los 27 países de la Unión Europea decidieron afrontar los desequilibrios macroeconómicos globales con una respuesta basada en “la unidad europea y el diálogo con nuestros principales socios económicos”, en clara referencia a China, el gigante asiático vuelve a estar en el ojo del huracán tras la reunión entre el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz. Hasta ahora, Alemania se había posicionado en un punto intermedio, lejos de los más duros como Francia, Italia, Países Bajos y Polonia, y más cercano a países como España y Grecia, que habían optado a favor de “seguir diversificando su comercio, reduciendo riesgos (derisking), disminuyendo sus dependencias y reforzando su autonomía estratégica” sin entrar en una confrontación con China.

A finales de junio, el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, se reunió con el ministro de Comercio chino, Wang Wentao, en Bruselas para rebajar la tensión en las relaciones económicas entre ambos bloques y se dieron hasta octubre para alcanzar un acuerdo. Sefcovic se mostró muy positivo por el inicio de las negociaciones y destacó como prueba que la UE y China han acordado un comunicado conjunto de la reunión, el primero entre ambos bloques desde 2019.

A pesar del inicio de un posible acuerdo entre ambos bloques, Merz ha comenzado a aceptar las posiciones de los más duros y ahora se muestra dispuesto a respaldar una estrategia más contundente de la UE frente a China. En su encuentro, Macron acuso a China de emprender una guerra comercial abierta contra Europa.

Noah Barkin, analista de Rhodium Group, explica que “la hegemonía industrial de China supone una amenaza para economías manufactureras como la alemana, que tienen dificultades para competir con rivales chinos que fabrican productos entre un 30% y un 50% más baratos. Alemania está perdiendo 10.000 empleos industriales al mes debido a esta competencia”.

La situación es muy diferente para España. El analista del Real Instituto Elcano, Miguel Otero, señala que “el pragmatismo económico español en el contexto de la relación con China tiene que ver con la posición histórica de España como receptor de tecnologías. España no es un líder tecnológico, sino que se posiciona en un rango intermedio en el escalafón. Por tanto, el china shock 2.0 no representa para España el mismo tipo de amenaza industrial quasi-existencial que para las economías europeas situadas en la frontera tecnológica”.

“España ve en China la posibilidad de recibir inversión que promueva su transformación y modernización industrial en sectores como baterías, vehículo eléctrico y otras tecnologías verdes. Se busca que la inversión china afiance la posición española en las cadenas de valor europeas y mundiales. Sin embargo, esto no se hace desde una posición de ingenuidad: la entrada de inversión china debe estar condicionada a la creación de valor local y el potenciamiento de la capacidad tecnológica nacional y europea” recalca Otero.

La carta de la industria automovilística

Además de la amenaza sobre el empleo y la industria, lo que ha movido al canciller alemán a ceder en sus posiciones es el respaldo de Macron a 'flexibilizar' la eliminación de la venta de nuevos vehículos con motor de combustión interna que está pactada en la UE para 2035, un requerimiento reiteradamente exigido por Berlín para ayudar a su industria automovilítica (Wollkswagen, Mercedes, Audi, etc.).

A cambio, Merz respaldaría a París en su férrea defensa del 'Made in Europe', que limita el acceso de empresas de terceros países a contratos públicos y subvenciones. Francia quiere que la Ley de Aceleración Industrial (IAA, por sus siglas en inglés) de la UE, pendiente de aprobación definitiva, sea lo más duro posible.

En un análisis realizado por Juan Moscoso del Prado y Darío Arjomandi, del centro de economía global y geopolítica de Esade, apuntan que “las condiciones de la IAA afectan principalmente a la economía China, que alcanza el 60% de producción y cuota de mercado global en la mayoría de los sectores cubiertos por la norma”. Uno de los problemas de esta normativa, como explican los expertos de Esade, es que “los socios comerciales queden fuera del ”made in Europe“, afectando a las relaciones y compromisos adquiridos”. De hecho, Alemania ha llegado a proponer que países como Reino Unido o Canadá no se vean afectado por la nueva normativa.

Por otro lado, Moscoso del Prado y Arjomandi explican que “la respuesta de China ha estado orientada a proteger a los inversores chinos de las obligaciones de compartir datos sobre capital, tecnología, propiedad intelectual y activos estratégicos en otras jurisdicciones”.

El problema para Europa es que China tiene mucha mayor capacidad para golpear. Tras la aprobación del 21 paquete de sanciones a Rusia por su invasión a Ucrania, en el que se imponían sanciones a compañías chinas por abastecer a la maquinaria de guerra del Kremlin, Pekín respondió sancionando a 14 compañías europeas, todas de países beligerantes a las posiciones comerciales de China: Lafert y Garnet (Italia); Sindlhauser, Rheinmetall y Antraco (Alemania); InPACT, III-V Lab y Cavok UAS (Francia); Vigo Photonics y la Universidad Politécnica de Breslavia (Polonia) e IHC (Países Bajos), entre otros.

La Comisión Europea no se quiso pronunciar tras el anuncio de sanciones por parte de China a las empresas europeas. Desde hace meses, Bruselas está aprobando medidas para tratar de cambiar la relación comercial con el gigante asiático, que ha calificado como “insostenible”. El objetivo de Europa es reducir su déficit comercial de 360.000 millones de euros con China, sin que las medidas provoquen un movimiento en Pekín que pueda provocar males mayores, ante la capacidad que tiene de abrir o cerrar el grifo de exportaciones de minerales críticos y tierras raras, esenciales para la industria tecnológica, automovilística o de defensa.

“A menos que Europa y sus aliados sean capaces de articular una respuesta firme y colectiva frente al dominio industrial chino, es probable que entremos en una peligrosa espiral descendente en la que nos volvamos cada vez más dependientes de las cadenas de suministro chinas, perdamos nuestras capacidades industriales y veamos reducida progresivamente nuestra autonomía política y económica. Los recientes decretos del Consejo de Estado de China ofrecen un anticipo de lo que está por venir. Dejan claro que Pekín responderá con represalias si otros países intentan reducir riesgos o diversificar sus cadenas de suministro alejándose de China. El mensaje es: protégete y pagarás un precio por ello”, señala el analista de Rhodium Group.

Buscar las dependencias de China

La nueva posición de Berlín puede arrastrar a la UE a una confrontación con el gigante asiático. Según una información que ha publicado Bloomberg, el gobierno alemán está realizando un análisis de las vulnerabilidades de China mediante el estudio de los flujos comerciales, las cadenas de suministro y los datos de las empresas. El objetivo es determinar en qué áreas China sigue dependiendo de la tecnología, los componentes especializados y el conocimiento industrial alemanes y europeos.

La idea, según explica Sander Tordoir, economista jefe del European Reform Center, “no es aislar permanentemente a China de la tecnología. El objetivo es demostrar que Alemania tiene poder y recordarle a Pekín que China también depende fundamentalmente de Europa”.

En la próxima reunión de los 27 en octubre la Comisión Europea se comprometió a presentar una serie de herramientas comerciales que van desde sistemas de cuotas para determinados productos a aranceles compensatorios a instrumentos para reducir la dependencia de China. Ese mismo mes, los representantes comerciales de la UE y China se volverán a reunir.

La cuestión que subyace es que tanto Francia como Alemania se enfrentan a elecciones de diferente calado con la amenaza de la victoria de la ultraderecha. Ante el avance de estas formaciones se impone una agenda proteccionista en las posiciones de ambos gobiernos.

Merz teme que los ultras de AfD ganen en los comicios de los länder (regiones) de Sajonia-Anhalt y Mecklemburgo-Antepomerania, que se celebrarán en septiembre. Mientras, Macron ve como una amenaza real que la extrema derecha que lidera Marie Le Pen, Rassemblement National, gane en las elecciones generales de 2027.

Uso excesivo de la fuerza contra personas detenidas por parte de agentes de policía, malos tratos físicos en las cárceles en áreas sin cobertura de cámaras de videovigilancia que llegaron a “un nivel de violencia alarmante”, prisiones donde hay escasez de personal sanitario y la asistencia en salud mental presenta graves deficiencias estructurales. Estos son los puntos más destacados que señala el informe de visita del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) a centros de detención en España, que fue realizado entre los años 2025 y 2026. En esta ocasión se visitaron comisarias y prisiones en Andalucía y Madrid, además de un centro de menores en Badajoz.

El informe recopila situaciones graves de fuerza excesiva y malos tratos físicos en el momento de la detención por parte de la policía o durante el traslado y custodia por parte de los agentes, que “en numerosas ocasiones” fueron corroborados por marcas físicas e informes médicos“.

El CTP pone sobre la mesa casos en los que los detenidos fueron esposados de forma prolongada, se les agredió mediante bofetadas tras la detención, mientras que a otra persona arrestada en los calabozos de la comisaría fue golpeado con puñetazos y patadas por seis agentes de policía, otro recluso fue agredido con porras en la frente y se pateó a un detenido en las costillas y en la cara.

En el informe se reitera sobre graves problemas de ventilación, falta de luz natural y ausencia de timbres de llamada en comisarías de Madrid como Leganitos, Tetuán y las dependencias judiciales de Plaza de Castilla. El informe señala que hay una notable mejora en las prisiones de Madrid VII y Sevilla II, aunque tres internos del centro sevillano, que sufrieron fuerza física y alegaron haber sido agredidos por funcionarios, fueron trasladados repentinamente a otras cárceles, coincidiendo exactamente con el primer día de la visita del CPT.

Además, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura denunció una “situación sumamente preocupante en Algeciras, Huelva y Puerto III”, donde se identificó un patrón reiterado de malos tratos físicos aplicados por funcionarios en áreas sin cobertura de cámaras de videovigilancia.

“Un nivel de violencia alarmante” en centros penitenciarios

En estos centros penitenciarios el CPT constató casos de “un nivel de violencia alarmante” sobre personas vulnerables. Por ejemplo, en la prisión de Algeciras un interno con esclerosis múltiple en silla de ruedas fue reducido por cinco guardias y trasladado a una habitación de la enfermería donde recibió puñetazos y patadas en el cuerpo, mientras que una interna que se encontraba en estado de agitación al exigir su medicación fue reducida en su celda por seis funcionarios, quienes la golpearon varias veces con porras de goma en las piernas.

En la cárcel Puerto III, un preso muy nervioso fue abordado por diez funcionarios en su celda. Posteriormente, denunció haber sido inmovilizado boca abajo, esposado por la espalda y golpeado con porras en las plantas de los pies, además de recibir puñetazos y patadas. En este centro, un interno en silla de ruedas fue agredido por funcionarios con golpes de porra en la cabeza y el torso y patadas en las piernas, documentándose heridas en la espalda, glúteos y hombros.

Mientras que en la cárcel de Huelva el médico del CPT constató que un interno fue agredido con porras en la espalda estando esposado y, posteriormente, un funcionario le estrelló la cabeza tres veces contra la pared, mientras que otro le golpeó la zona lumbar con la raqueta metálica de detección de objetos.

Falta de médicos

El informe resalta la escasez de médicos en prisión, con más de 100 vacantes a nivel nacional, lo que provoca demoras de meses para citas médicas. El CPT destaca además que los exámenes médicos obligatorios tras incidentes se realizan casi siempre a través de rejas y ante la presencia de los propios guardias agresores, invalidando cualquier tipo de confidencialidad.

Por otro lado, la investigación recalca que la asistencia en salud mental para los internos en las prisiones españolas presenta graves deficiencias estructurales, marcadas por la falta de personal especializado, un elevado uso de psicofármacos sin revisiones periódicas y un enfoque que prioriza la seguridad o la disciplina sobre el tratamiento terapéutico.

Como ejemplo de esta situación, el CPT pone como ejemplo la prisión de Puerto III, donde el psiquiatra visitante tenía programadas consultas para 87 internos en una sola mañana. Ante la alarmante falta de atención, muchas familias de los internos se ven obligadas a pagar consultas privadas para que un especialista particular visite a sus familiares dentro de la cárcel, según el informe.

Si entre el 50% y el 60% de los internos están bajo tratamiento con psicofármacos (un 46% en Puerto III, un 55% en Huelva y aproximadamente un 55% en Madrid VII), debido a la escasez de psiquiatras, muchas prescripciones no se revisan durante meses. Además, en el informe se recoge la preocupación por la prescripción prolongada de medicamentos con alto potencial adictivo y la combinación de ansiolíticos y anticonvulsivantes en internos que no presentan diagnósticos neurológicos que lo justifiquen.

Los miembros del CPT también visitaron el centro de internamiento de menores Vicente Marcelo Nessi, en Badajoz. El informe detalla graves acusaciones de fuerza excesiva y malos tratos físicos sistemáticos aplicados por el personal de seguridad privada del centro, mediante el golpeo con porras de goma o menores atados a la cama por una de sus extremidades, una práctica prohibida por la ley para menores de edad. Además, el centro presenta un ambiente sumamente carcelario y las celdas de aislamiento de menores en el sótano no cuentan con timbres de llamada ni acceso a inodoros.

Recomendaciones para España

Las recomendaciones del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura para el Gobierno español van desde tolerancia cero ante la violencia y que haya cámaras de vídeo en todas las áreas, incluidas las salas de registro y los pasillos; implementar rigurosamente los principios del Protocolo de Estambul sobre partes de lesiones, donde los médicos de prisiones no deben examinar a los internos a través de las rejas ni en presencia de los funcionarios.

Además, se propone poner fin definitivo a la inmovilización de internos a camas por motivos regimentales o de seguridad, especialmente en Cataluña, donde más se sigue haciendo, según el informe; traspasar la competencia de la sanidad penitenciaria de la administración central de Interior a los servicios de salud de las comunidades autónomas y prohibir el uso de porras de goma contra menores de edad e instalar timbres de llamada de forma prioritaria en todas las celdas.

Este lunes 27 de julio se cumple un año del acuerdo comercial pactado en Turnberry (Escocia) entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen que impuso un arancel del 15% a los productos europeos. A pesar de las tensiones provocadas por las cambiantes posiciones de Trump y sus continuas amenazas ante las políticas regulatorias de la UE, especialmente en el terreno digital y medioambiental, la Comisión Europea defiende que el acuerdo comercial ha sido “positivo” para las empresas de la UE porque “aporta certidumbre, a pesar de que todavía están pendientes de solventar disputas por las cadenas de suministro y exención de tasas sobre determinados productos.

El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, destacó que “al asegurar un techo arancelario del 15% en lugar de la alternativa de una escalada comercial, la Comisión garantizó que los exportadores, inversores y cadenas de suministro estratégicas de la UE pudieran mantener estables los niveles comerciales. El comercio de bienes y servicios entre la UE y Estados Unidos aumentó un 4,5% hasta alcanzar los 1,8 billones de euros en 2025”.

La buena marcha del comercio entre ambos bloque es explicada por Paul Donovan, economista jefe de UBS, en que “el volumen del comercio mundial como proporción de la economía global ha aumentado durante diez trimestres consecutivos. Las guerras comerciales son un fenómeno centrado en Estados Unidos. El resto del mundo ha seguido comerciando entre sí con relativa normalidad. El mercado estadounidense es un importante destino para el consumo, pero no lo es todo. El consumidor estadounidense ha mostrado una notable resistencia a reducir sus importaciones. La amenaza de imponer aranceles antes de que entren en vigor genera mucho ruido en las estadísticas, pero, en términos generales, Estados Unidos importa hoy aproximadamente lo mismo que en 2024”.

El problema para Europa es la poca fiabilidad de un socio como Estados Unidos. Sinan Ülgen, investigador del think tank Carnegie Europe, explica que “Estados Unidos es el socio más paradójico de la UE. El país es el principal anclaje de las cadenas de suministro dentro del núcleo estratégico de los socios comerciales de la Unión, pero al mismo tiempo la convergencia política entre ambos bloques está disminuyendo. La creciente imprevisibilidad de la política comercial estadounidense, unida a una política exterior cada vez menos favorable a la relación transatlántica, está transformando al principal socio de seguridad de la UE en uno de sus mayores multiplicadores de riesgos sistémicos para las cadenas de suministro”.

Imprevisibilidad de Trump

Prueba de la imprevisibilidad del presidente estadounidense es que este viernes Trump ha amenazado a la UE con más aranceles ante las últimas sanciones comunitarias a Google, de 890 millones de euros. “¡La Unión Europea vuelve a las andadas y, como de costumbre, apunta directamente contra GRANDES empresas estadounidenses!”, ha publicado Trump en Truth Social.

“¡Estados Unidos de América no es una 'hucha' para Europa, ni permitiremos que lo sea! Iniciaremos de inmediato una investigación bajo la Sección 301 sobre esta práctica de 'ROBAR' a las empresas estadounidenses y, por ende, al contribuyente estadounidense. La Unión Europea pagará un precio muy alto por esta conducta ilegal y profundamente poco ética, sobre la cual les he advertido reiteradamente. Las sanciones serán totalmente revocadas y se les impondrá un ARANCEL sustancial a la mayor brevedad posible”, ha remarcado el presidente de EEUU.

Finalmente, se han confirmado los temores de la UE. Trump está presionando a Europa con amenazas comerciales por la legislación digital de la Unión Europea, que se está traduciendo en multas cuantiosas contra los gigantes tecnológicos estadounidenses. De hecho, en las instituciones europeas había cierto temor a que las últimas penalizaciones contra tecnológicas de EEUU fueran respondidas con aranceles adicionales o el incumplimiento de los compromisos comerciales, como finalmente ha ocurrido.

Bernd Lange, eurodiputado socialdemócrata y presidente de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, ha señalado que “la legislación digital de la UE no es una provocación comercial. Si Washington utiliza las multas de 890 millones de euros impuestas a Google como pretexto para imponer aranceles adicionales o incumplir sus compromisos comerciales, la Unión Europea debe responder con rapidez”.

Otros aranceles por políticas laborales

Además, este jueves Jamieson Greer, representante comercial de EEUU, anunció la imposición “de aranceles a 60 socios comerciales [59 países más la UE] por no establecer ni aplicar de manera efectiva la prohibición de importar mercancías producidas mediante trabajo forzoso”.

La medida responde a un nuevo movimiento del presidente de EEUU por restablecer gravámenes a la importación de alcance casi mundial, después de que el Tribunal Supremo de EEUU anulara los aranceles de entre el 10% y el 50% impuestos en abril del año pasado al amparo de una ley de emergencia nacional.

En otro paso para no complicar aún más las tensas relaciones entre ambas administraciones, desde la Comisión Europea se ha intentado rebajar el impacto de estos nuevos aranceles. Un portavoz de la institución comunitaria ha señalado sobre las nuevas tasas de EEUU que “la UE valora positivamente que estén en consonancia con los compromisos arancelarios acordados” en el tratado comercial UE-EEUU.

“Los EEUU establecen un tipo arancelario global del 10% para la UE y vuelve a introducir las exenciones arancelarias adicionales para la UE, como el corcho y los diamantes, además de las ya existentes para los aviones y sus componentes, los medicamentos genéricos y los principios activos farmacéuticos”, comentaron desde la Comisión.

En Bruselas no se quiere crear un nuevo conflicto con la Casa Blanca cuando se está negociando la eliminación del arancel del 15% de una lista de decenas de productos que suman más de 115.000 millones de euros en exportaciones de la Unión Europea. La lista con centenares de productos abarca desde productos agroalimentarios como el aceite de oliva, productos del cerdo, quesos y vino, así como maquinaria, productos químicos o material sanitario.

Sin embargo, Bernd Lange calificó los nuevos aranceles como “disparatados” con el argumento de que “alegar un problema de trabajo forzoso, insinuando que los europeos no respetamos la lucha contra el trabajo forzoso, es una locura. Tenemos una legislación excelente, incluso más estricta que la de Estados Unidos”. Realmente, la institución comunitaria se conocía este movimiento por parte de Washington y rechazaba firmemente las conclusiones estadounidenses sobre trabajo forzado, pero el objetivo que asumieron las autoridades europeas era que el nuevo arancel no estuviera por encima del límite del 15%.

Johannes Fritz, director ejecutivo de Global Trade Alert, afirmó en Financial Times que, aunque las nuevas medidas reproducían en gran medida los tipos arancelarios anteriores, algunos países europeos habían salido relativamente beneficiados debido a la composición de sus exportaciones a Estados Unidos

“Los tipos suben, especialmente para Brasil, pero también para China. En general, bajan para los europeos, aunque solo sea ligeramente. Italia y España se beneficiaron de una reducción de los aranceles aplicados al calzado, a las prendas de vestir tejidas y de punto, así como a los bolsos”, explicó Fritz. Según los cálculos Global Trade Alert Bélgica, España e Italia son los países que más se beneficiarían, ya que sus tipos efectivos se reducirían entre 1 y 1,5 puntos porcentuales.

Vigilantes sobre el acuerdo

Además, la Comisión Europea está siendo especialmente vigilante para que EEUU cumpla con el límite arancelario máximo acordado del 15%, especialmente en sectores estratégicos como el acero y sus derivados o camiones y sus componentes, entre otros productos.

Un alto funcionario de la Comisión explicó que el 7% de las exportaciones de la UE afronta aranceles superiores al 15% y puso como ejemplo el queso, que bajo el régimen de la Sección 122 paga un arancel del 10% más el arancel de Nación Más Favorecida (MFN) del 14,9%, resultando en una tasa del 24,9%, lo cual es un claro incumplimiento del acuerdo.

Además, la UE también está negociando alrededor de una investigación de las autoridades de Estados Unidos sobre los precios de los medicamentos alemanes. La intención de EEUU es determinar si el sistema alemán de fijación de precios hace que las empresas estadounidenses asuman más costes en investigación y desarrollo. La UE considera que estas presiones interfieren de manera preocupante en los sistemas nacionales de salud europeos, con lo que se ha propuesto el reto de coordinar una respuesta a nivel de la UE y evitar que EEUU anuncien aranceles de represalia que quiebren el acuerdo.

La Comisión Europea ha acusado a la red social china TikTok de incumplir las normas de seguridad para menores de edad exigidas por la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés). La institución comunitaria considera la configuración de las cuentas de esta red social expone en exceso las cuentas y los contenidos de los menores, cuando las plataformas accesibles para menores “deben garantizar un alto nivel de privacidad, seguridad y protección en sus servicios”.

Bruselas advierte de que en TikTok, si los menores optan por configurar su cuenta como “pública” significa que “cualquier usuario, incluidos quienes no tienen una cuenta de TikTok, puede acceder al contenido publicado por los menores”. Con esta exposición se podrían dar “contactos no deseados por parte de posibles agresores y al riesgo de que el contenido se utilice para el ciberacoso. Esta funcionalidad ofrece potencialmente a desconocidos una ventana a la vida de un menor”.

La Comisión Europea recuerda que “dado que lo que los menores publican puede permanecer en internet para siempre y acompañarlos hasta la edad adulta, esta función conlleva el riesgo de tener consecuencias potencialmente permanentes”.

Además, los técnicos de a institución europea subrayan que “incluso cuando los menores eligen cuentas privadas, estas pueden localizarse fácilmente a través de las listas de 'seguidos' y 'seguidores' de otros usuarios y sus fotos de perfil siguen siendo accesibles para cualquier persona, incluidos quienes no tienen una cuenta de TikTok. Así, la configuración de las cuentas sigue exponiéndolos a riesgos como contactos no deseados, ciberacoso o comportamientos depredadores”.

Ante estas posiciones que parte de una investigación de la Comisión que empezó en febrero de 2024, Bruselas señala que TikTok “debería modificar la configuración predeterminada de las cuentas públicas de los menores para que, por defecto, su contenido solo sea visible para los usuarios de TikTok que el menor haya aceptado. Aunque los menores de mayor edad puedan tener la posibilidad de compartir sus contenidos con una audiencia más amplia dentro de TikTok, esos contenidos no deberían ser accesibles en ningún caso para una audiencia global fuera de la plataforma” y la red social “debería abstenerse de recomendar el contenido de los menores a otros usuarios”.

Un portavoz de la red social china respondió que “en TikTok las cuentas de adolescentes tienen más de 50 medidas de privacidad y seguridad integradas de forma predeterminada, diseñadas con el asesoramiento de expertos, desde el momento en que se crea la cuenta. Las cuentas de menores de 18 años son privadas por defecto y somos una de las pocas plataformas donde los adolescentes más jóvenes no pueden utilizar la mensajería directa, ni que su contenido sea elegible para aparecer en el feed Para ti. Proteger a los menores en Internet es un objetivo que compartimos, y estamos comprometidos a seguir avanzando sobre la base de nuestro sólido historial de mejora continua. Analizaremos estas conclusiones preliminares mientras seguimos colaborando de forma constructiva con la Comisión”.

Si tras este aviso, TikTok mantiene su política con los menores, la Comisión puede imponer una multa del del 6% del volumen de negocios anual mundial. Según Bloomberg, ByteDance, la empresa china propietaria de TikTok, registró una facturación estimada de 186.000 millones de dólares en 2025.

No es la única investigación que sigue abierta de la institución comunitaria contra la plataforma china. También acusa a TikTok de infringir la Ley de Servicios Digitales (DSA) por el diseño adictivo de sus funcionalidades. Entre las acciones marcadas por la institución europea que la red social china tendría que cambiar están el desplazamiento infinito, la reproducción automática, las notificaciones push y su sistema de recomendación altamente personalizado.

El Banco Central Europeo (BCE) ha mostrado este jueves la serie de billetes de euro finalistas que pondrá en circulación en 2027. La institución monetaria ha puesto en marcha una encuesta en internet para recabar la opinión de los ciudadanos de toda Europa sobre las diez propuestas de diseño preseleccionadas. Los dos temas que tienen las nuevas propuestas son cultura europea y ríos y aves. Aquí puedes ver todos los diseños.

Las propuestas preseleccionadas son el resultado de un concurso de diseño organizado en la Unión Europea en el que participaron más de 1.200 diseñadores gráficos, de los que 25 fueron invitados a presentar propuestas para uno o ambos temas.

Los europeos podrán elegir ahora sobre las diez propuestas finalistas, tras la decisión del Consejo de Gobierno del BCE de organizar una encuesta online, que concluirá el 21 de septiembre de 2026.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha explicado que “los billetes en euros son más que un medio de pago; son una de las expresiones más tangibles de Europa. Sus diseños, que combinan belleza y significado, reforzarán nuestra identidad compartida”.

El argumento del BCE para elegir estas temáticas fue “la riqueza del patrimonio cultural de Europa y el dinamismo de sus sectores culturales y creativos refuerzan la identidad común europea, forjando un sentimiento de pertenencia. La cultura promueve los valores comunes, la inclusión y el diálogo en Europa y en el resto del mundo. Une a las personas”.

Entre las personalidades de la cultura se eligió a María Callas, Ludwig van Beethoven, Marie Curie, Miguel de Cervantes, Leonardo da Vinci y Bertha von Suttner.

Mientras que el otro motivo se explicó con que “los ríos y las aves no conocen fronteras, simbolizan la libertad y la unidad entre los europeos y su relación con la naturaleza. Europa cuenta con una gran variedad de ríos y aves que nos inspiran y nos recuerdan nuestra responsabilidad de proteger el medioambiente”.

Entre las aves seleccionadas están el treparrisco, el martín pescador, el abejaruco, la cigüeña blanca, la Avoceta y el alcatraz del norte

“El rediseño de los billetes en euros forma parte del esfuerzo a largo plazo del Eurosistema para que el efectivo siga siendo un medio de pago seguro, eficiente y cercano a los ciudadanos, que preservará su acceso al dinero público y su libertad para elegir cómo pagar”, señaló Piero Cipollone, miembro del Comité Ejecutivo del BCE.

El Banco Central Europeo (BCE) ha decidido este jueves mantener los tipos de interés en el 2,25%. La institución monetaria ha resistido las presiones de los miembros más duros de su Consejo, que pretendían que hubiera otra subida ante la reanudación de la guerra de Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, que ha vuelto a disparar el precio de los combustibles. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha admitido que la decisión ha sido tomada por unanimidad, aunque también ha recalcado que “algunos miembros del Consejo de Gobierno se preguntaron si era necesaria una subida de los tipos de interés”.

Lagarde ha dado una visión general de la economía señalando que “la inflación reciente apunta a cierta mejora en el segundo trimestre” y que “la actividad en los servicios se ha recuperado parcialmente”, además de que “un mayor gasto en defensa está respaldando la industria manufacturera”, pese a estas buenas noticias ha admitido que “el crecimiento seguirá siendo moderado a corto plazo”. Durante la rueda de prensa de la presidenta del BCE, la cotización del barril Brent de petróleo ya rozaba los 100 dólares.

“Cambios bruscos en cuestión de días”

Preguntada sobre si el escenario más benigno que han previsto los técnicos del BCE sigue siendo sostenible, Lagarde ha respondido que “se han producido cambios bruscos en cuestión de días, no solo en la intensidad del conflicto, sino también en sus consecuencias sobre los precios de la energía”.

De hecho, Lagarde ha comentado que durante el foro anual de bancos centrales celebrado en Sintra a principios de julio la percepción del riesgo para inflación y el crecimiento estaban “equilibrados”. Sin embargo, con la reanudación del conflicto en Oriente Medio, “los riesgos para las perspectivas de inflación siguen sesgados al alza, mientras que los indicadores adelantados apuntan a que el crecimiento económico seguirá siendo moderado a corto plazo, lastrado por el shock energético y la incertidumbre asociada”, ha admitido la presidenta del BCE.

También ha tratado de cerrar la polémica sobre su salida anticipada como se ha rumoreado ante la posibilidad de que sea candidata a las elecciones en Francia. La presidenta del BCE ha puntualizado que este tema no se ha debatido en el Consejo de Gobierno de la institución monetaria y ha tratado de zanjar el debate ante los periodistas: “No van a dejar de verme antes de 2027. Cuando hay nubes en el horizonte, el capitán permanece en el barco”. Sin embargo, las elecciones francesas son en abril de ese año y el mandato como presidenta del BCE acaba en octubre de 2027.

La institución monetaria mandó antes un comunicado en el que señala que “las perspectivas para los precios de la energía, aunque siguen siendo muy volátiles”, mientras que “la incertidumbre sigue siendo elevada y aún no se ha materializado plenamente todo el impacto inflacionista del shock energético. Por ello, el Consejo de Gobierno está siguiendo de cerca la intensidad y la duración de este shock, así como sus efectos indirectos y de segunda ronda”.

El BCE añade que “sigue estando bien posicionado para afrontar la incertidumbre provocada por el conflicto” con el objetivo de “garantizar que la inflación se estabilice en su objetivo del 2% a medio plazo”.

Tras la subida de un cuarto de punto en la pasada reunión, los analistas del mercado había previsto un periodo sin más incrementos hasta al menos el mes de septiembre, cuando se esperaba tener más información económica sobre las consecuencias y el impacto en la economía del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

El alto el fuego alcanzado tras la reunión del BCE de junio había alimentado las esperanzas de que lo peor de la crisis hubiera quedado atrás. De hecho, la inflación se relajó más de lo esperado en junio, con una desaceleración hasta el 2,8%, y los indicadores de la marcha de la economía parece que son mejores de lo esperado. Ahora el debate que se abre en el mercado es si será necesaria una subida de tipos o dos en lo que queda de año a partir del otoño.

David Zahn, responsable de renta fija europea de Franklin Templeton, apunta que “el escenario central sigue contemplando una última subida de tipos en septiembre, ya que prevemos que la inflación se mantenga por encima del objetivo del 2% del BCE durante los próximos trimestres. A partir de ahí, el Consejo de Gobierno probablemente hará una pausa para evaluar el impacto del endurecimiento monetario ya aplicado”.

Sin embargo, la zona euro sigue sufriendo una situación económica débil. La institución monetaria presentó en la pasada reunión nuevas previsiones económicas en las que apuntan a una rebaja del crecimiento económico medio al 0,8% en 2026, del 1,2% en 2027 y del 1,5% en 2028, “reflejando un impacto más pronunciado de la guerra sobre los mercados de materias primas, las rentas reales y la confianza”.

Las proyecciones del BCE estaban en la línea de caídas que han presentado la Comisión Europea, que rebajó en tres décimas las previsiones económicas para la zona euro, hasta un 1,1% en 2026, mientras que la OCDE apuntó que la eurozona crecerá apenas un 0,8% este año, acuciada por el “deterioro de la confianza”.

“Actuar con prudencia”

En este sentido, Roman Ziruk, analista sénior de mercados de Ebury, advierte de que “un periodo prolongado de precios de la energía elevados y de mayor incertidumbre exige cautela. Unos precios del petróleo más altos representan una auténtica espada de doble filo para la zona euro: aunque una nueva escalada mantendría vivo el argumento a favor de nuevas subidas de tipos para contener la inflación, también empeoraría los términos de intercambio de la zona euro y lastraría unas perspectivas de crecimiento ya frágiles. Además, existe el argumento de que la sucesión de shocks sufridos en los últimos años refuerza aún más la necesidad de actuar con prudencia”.

Esta situación económica débil hace que en el mercado se descuente que pueda haber efectos de segunda ronda (reacciones en cadena con el aumento inicial de precios en un sector, como la energía, que se pasa a los salarios y a otros productos), que es el principal argumentos de los duros en el Comité Ejecutivo de la institución monetaria para abogar por una senda más restrictiva. Lagarde ha admitido que todavía “no se han percibido efectos de segunda ronda” en la economía europea.

Así lo explica Romain Aumond, estratega de Natixis, que resalta que “Lagarde tendrá que hacer malabarismos entre la postura del Comité Ejecutivo —que parece convencido de que el riesgo de un efecto de segunda ronda se materializará en la segunda mitad del año— y los datos que invalidan esta hipótesis. La rapidez con la que estas expectativas se reajustan al contexto geopolítico puede llevar a la institución a encerrarse en una postura conservadora, negándose a ver en ello un mero choque de oferta sobre el que no tiene control alguno y cuyos efectos de segunda ronda, en la situación actual, son limitados”.

La presión sobre Google para que cumpla las normas digitales europeas no para. La Comisión Europea ha impuesto este viernes dos multas que suman 890 millones de euros a Google en sendas sanciones (430 millones y 460 millones, respectivamente) por “favorecer sus propios servicios en Google Search y por imponer restricciones a las empresas para dirigir a los consumidores hacia canales de compra alternativos, a menudo más baratos, en Google Play”.

Con esta nueva penalización, el gigante tecnológico estadounidense suma ya más de 10.000 millones de euros en multas impuestas por la UE, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que confirmó la multa de 4.125 millones de euros contra Google por abuso de posición dominante de Google Search en el sistema operativo Android que se usa en los teléfonos móviles. Además, fue multada con 2.950 millones de euros por prácticas abusivas con la publicidad digital y otros 2.420 millones por abuso de posición dominante en su servicio Google Shopping. Otra sanción de 1.490 millones, que Bruselas impuso en 2019 a la compañía de Sillicon Valley por atentar contra la competencia publicitaria con su plataforma AdSense, fue anulada por el Tribunal General de la UE .

La multa anunciada este viernes se debe al incumplimiento de la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés), que entró en vigor en 2023. La Unión Europea impuso sus primeras multas a las 'Big tech' en 2025: Apple y Meta vulneraron esta normativa y se les sancionó con 500 millones y 200 millones de euros, respectivamente. La normativa digital europea se ha convertido en un punto de fuerte conflicto entre la UE y la Administración de Donald Trump, que ha mostrado su rechazo en forma de amenazas contra Europa en repetidas ocasiones.

“Trato preferente a sus propios servicios”

Bruselas ha explicado que según la DMA, grandes tecnológicas como Google “no pueden dar un trato preferente a sus propios servicios en los sistemas de clasificación frente a los servicios de terceros. Deben aplicar condiciones transparentes, justas y no discriminatorias para dicha clasificación”.

Además, la Comisión ha constatado que “Google concede un trato preferente a sus propios servicios, que incluye los resultados de compras, hoteles, transporte y deportes, frente a los de terceros en Google Search”. Los técnicos de la institución europea han probado que el gigante tecnológico estadounidense “muestra sus propios servicios de forma más destacada en los resultados de búsqueda, incluso situándolos en la parte superior de la página de resultados o utilizando elementos visuales mejorados y filtros, mientras que los servicios similares de terceros no reciben el mismo nivel de visibilidad”.

Además, la Comisión asegura que “Google impide a los desarrolladores de aplicaciones comunicar y promocionar libremente sus ofertas, así como cerrar contratos con usuarios a través de los canales de distribución que elijan, incluidas las tiendas de aplicaciones de terceros”.

Aunque Google recibe un pago en forma de comisión por facilitar la adquisición de un nuevo cliente por parte de un desarrollador externo de aplicaciones a través de Google Play, Bruselas apunta que “la cuantía de las tarifas relacionadas con el direccionamiento que cobra Google y la duración del periodo durante el cual se aplican dichas tarifas exceden lo que se considera compatible” con la normativa europea.

Queja de Google

El presidente de Asuntos Globales de Google y su matriz Alphabet, Kent Walker, ha señalado tras conocer la multa que la DMA “sigue deteriorando los productos de uso diario. Para cumplir con la normativa, nos vemos obligados a eliminar funciones de Búsqueda en tiempo real que los europeos aprecian —como los precios al instante y la disponibilidad directa de hoteles, vuelos y restaurantes— y a desmantelar las protecciones de seguridad en Google Play. Esto no es competencia justa; es un empeoramiento del producto impulsado por un pequeño grupo de denunciantes con intereses particulares, cuyos platos rotos están pagando las empresas y los consumidores europeos. La regulación debería mejorar los productos, no empeorarlos”.

Hay que recordar que Alphabet, la matriz de Google y YouTube, informó de un beneficio neto de 132.170 millones de dólares en el ejercicio 2025, un 32% más respecto al anterior, impulsada por sus servicios la publicidad y YouTube. La facturación acumulada de la tecnológica estadounidense marcó un récord de 402.836 millones de dólares, un 15% más interanual, cifra de la cual unos 60.000 millones correspondieron a los ingresos por publicidad y suscripciones de YouTube.

Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión Europea para la Competencia, ha declarado que “Google no ha logrado un cumplimiento efectivo de la DMA y hemos adoptado medidas firmes pero equilibradas para sancionar estas infracciones. Los mejores productos deben triunfar porque son mejores, no porque pertenezcan a la empresa que gestiona el motor de búsqueda. Y los consumidores europeos tienen derecho a que los desarrolladores de aplicaciones les informen de dónde pueden acceder a las mejores ofertas, incluso cuando el propietario de la tienda de aplicaciones no obtiene ningún beneficio económico de ello. Esta es la promesa de la DMA: proteger la equidad, la capacidad de elección y la innovación en los mercados digitales en beneficio de todos los ciudadanos europeos”.

Recientemente, la Comisión Europea le impuso a Google dos medidas vinculantes para cumplir con la DMA. Por un lado, se pretende garantizar que los servicios de inteligencia artificial (IA) de la competencia puedan competir en igualdad de condiciones con los propios servicios de IA de Google, como Gemini, al tener el mismo acceso a las funcionalidades de los dispositivos Android de Google. Por otro lado, se pretende “reequilibrar las condiciones de competencia otorgando a motores de búsqueda de terceros acceso a los datos de búsqueda que únicamente Google Search puede recopilar a gran escala”.

Los intereses empresariales han diluido el 21 paquete de sanciones de la UE contra Rusia, pero ha salido aprobado. Tras varias semanas de negociaciones, este jueves ha desencallado el bloqueo que mantenía este nuevo grupo de penalizaciones en el limbo burocrático. Fuentes diplomáticas han admitido que “las negociaciones han sido complejas, pero hemos logrado un acuerdo sobre las cuestiones pendientes manteniendo la unidad de la UE, como ya ocurrió con los 20 paquetes anteriores”.

El principal problema para sacar adelante el acuerdo era el veto que impuso Grecia a la propuesta de prohibir el transporte marítimo de gas ruso hacia terceros países. Este punto se ha desbloqueado cediendo con una exención a los contratos firmados antes de la invasión de Ucrania por Rusia, mientras que se prohíbe a los operadores de la UE suscribir nuevos contratos.

La influencia sobre el Gobierno heleno que ejerce el multimillonario George Prokopiou, ha estado a punto de hacer descarrilar las nuevas sanciones. Prokopiou es propietario de la naviera Dynagas, especializada en transporte de gas con metaneros rompehielos que trabaja para Yamal LNG, una de las mayores plantas de GNL del mundo. Aunque Yamal pertenece a la compañía rusa Novatek, también participan en el proyecto la petrolera francesa Total y compañías chinas. De hecho, el consejero delegado de Total, Patrick Pouyanné, ha presionado para que la Comisión Europea relaje la prohibición de comercialización de GNL ruso a partir de enero de 2027.

Uno de los puntos que urgía aprobar era el tope del precio del petróleo que se le compra a Rusia. Se ha acordado prorrogar durante 12 meses el nivel actual del tope al precio del petróleo en 44,10 dólares por barril, que podría subir hasta los 60 euros o más. Este tope ha sido una de las medidas para evitar que Rusia obtenga cuantiosos beneficios con la venta de crudo. Más aún cuando los precios del crudo han vuelto a subir con el cierre del estrecho de Ormuz por el reinicio de la guerra de Irán.

Adiós a la propuesta de prohibir la compra de pescado ruso

Tampoco ha salido adelante la propuesta de prohibir o reducir por primera vez las importaciones de productos pesqueros rusos. Portugal y Alemania mostraron su oposición al primer veto a la adquisición de bacalao y abadejo, de los que son consumidores a gran escala para sus industrias transformadoras de elaborados, productos congelados y pescado rebozado.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha celebrado la consecución del acuerdo entre los países aseguran que “vamos a añadir 32 bancos rusos más a nuestra lista de entidades sujetas a la prohibición de realizar transacciones, así como empresas de criptomonedas y plataformas de comercio de petróleo. Congelamos durante un año el ajuste del tope al precio del petróleo para que la maquinaria de guerra rusa no se beneficie de las perturbaciones del mercado. Por primera vez, estamos sancionando a los buques que prestan apoyo a la flota fantasma rusa. Y hemos dado un paso importante hacia la prohibición formal de la entrada en la UE de los excombatientes rusos”.

Respecto a la prohibición de entrada en la UE a soldados rusos, las presiones de Francia e Italia han tenido efecto ya que se oponían a esta medida solicitada por 11 países europeos. El argumento de ambos países era la complejidad jurídica de la aplicación real de la medida, a lo que se suma que Francia e Italia reciben anualmente 180.000 y 160.000 llegadas respectivamente de ciudadanos rusos de muy alto nivel adquisitivo y se iba a perjudicar el turismo de lujo. Finalmente, la medida se ha quedado en que se está avanzando, pero sin una propuesta formal.

Con este nuevo paquete de sanciones se van a incluir 32 buques adicionales de la flota en la sombra (sin identificar transportan combustibles fósiles), además de los 632 ya sancionados. En el terreno de las restricciones financieras y de criptomonedas, se pretende ampliar la prohibición de “transacciones a 31 bancos rusos adicionales, así como a 20 bancos, empresas de criptomonedas o plataformas y comerciantes de petróleo en terceros países que han estado prestando servicios a entidades e individuos rusos sancionados”.

La Comisión Europea ha confirmado la recepción de la denuncia de los abogados de Carles Puigdemont para que se abra un procedimiento de infracción contra España por el supuesto incumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre la ley española de Amnistía. La institución europea ha señalado que “corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales remitentes aplicar las sentencias del Tribunal de Justicia”, negándose a hacer más comentarios sobre la denuncia de Puigdemont.

En un escueto comunicado, Bruselas apunta que “cuando se presentan denuncias se tramitan de acuerdo con el procedimiento habitual de la Comisión. Tras su recepción, las denuncias son examinadas, registradas y evaluadas antes de que se adopte una decisión. En esta fase no tenemos más comentarios que añadir”. El organismo explica que desde la recepción de la denuncia hasta la adopción de una decisión puede pasar hasta un año.

La respuesta oficial de la institución europea es parecida a la que ya dio del comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, que dijo el pasado viernes que “ahora corresponde al tribunal remitente aplicar la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE” sobre la Ley de Amnistía. McGrath entonces recalcó que “la Comisión siempre respeta y acata las sentencias del Tribunal de Justicia, y por tanto tomamos nota detenidamente de todas las resoluciones del Tribunal, incluida la relativa a la ley de amnistía española. Ahora corresponde al tribunal remitente aplicar la sentencia del Tribunal de Justicia. Seguiremos de cerca este asunto”.

Hace un año, la Comisión Europea puso en duda la norma española al declarar que “no parece que la ley de amnistía responda efectivamente a un objetivo de interés general reconocido por la Unión” en su respuesta a las prejudiciales que mandó al TJUE a instancias del Tribunal de Cuentas.

Denuncia de Puigdemont

Puigdemont denunció a España ante la institución comunitaria por no cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía. La denuncia, que firman también los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, acusa al Tribunal de Cuentas de un incumplimiento “manifiesto y deliberado” de la sentencia, después de que éste optase el lunes por no aplicar aún la medida de gracia y dar diez días a las partes para aportar nueva información.

El pasado 16 de julio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respaldó la norma española y descartó que contravenga la normativa comunitaria antiterrorista o que atente contra los intereses financieros de la Unión, tal y como consideraban dos juzgados españoles. El texto de la resolución remarca que un Estado Miembro de la UE puede aprobar una ley de amnistía “en aras de un objetivo de reconciliación nacional”, que además define como “un instrumento adecuado para apaciguar un conflicto político o social”.

La sentencia del TJUE no tiene efectos inmediatos para Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de exconsellers aún no amnistiados, que quedaron excluidos de la aplicación de la Ley de Amnistía porque el instructor del procés, Pablo Llarena, y la mayoría de la Sala del magistrado Manuel Marchena en el Tribunal Supremo determinaron que se habían enriquecido personalmente al no afrontar de su bolsillo los gastos del procés. Los políticos recurrieron esta interpretación ante el Tribunal Constitucional, que todavía tiene que dictar sentencia.

Sin embargo, la sentencia del TJUE es un espaldarazo al tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido de cara a este último y decisivo episodio. El fallo de los jueces de Luxemburgo refrenda la interpretación que ha realizado hasta ahora el Constitucional de la norma. La resolución cita textualmente la primera sentencia del tribunal de garantías que rechazó el recurso del PP y avaló la constitucionalidad de la ley en 2025.

En los pasillos de las instituciones comunitarias en Bruselas corre el dicho de que el principal enemigo de la Unión Europea son los propios países que la conforman. Estas semanas se ha vuelto a comprobar cómo los intereses nacionales, en este caso de las empresas de cada país, se ponen por delante de las políticas de la Unión.

Aunque las sanciones europeas contra Rusia han servido para debilitar y desabastecer a la maquinaria de guerra del Kremlin contra Ucrania, la aprobación del paquete 21 se está enfrentando a obstáculos internos por las consecuencias que puede tener para determinadas compañías europeas. Este miércoles y jueves, los embajadores de los 27 se reúnen en Bruselas para intentar cerrar acuerdos que permitan avanzar en las penalizaciones contra Rusia, mientras las firmas de lobby se esmeran ante los despachos de los diplomáticos y los funcionarios europeos.

“Dada la capacidad de adaptación de Rusia y de quienes facilitan la elusión de las sanciones, las tácticas para esquivarlas evolucionan constantemente”, explica Mihkel Märtens, investigador del Center for European Policy Analysis. “Por ello, la respuesta en materia de sanciones también debe ser dinámica, reflejando las nuevas formas de evasión e incorporando a más entidades, tanto en Rusia como en terceros países”.

De hecho, este grupo de penalizaciones también se propone sancionar infraestructuras críticas como puertos, aeropuertos o refinerías que comercian o procesan petróleo ruso. La medida pretende desincentivar a las refinerías de India, que están descargando más de dos millones de barriles de petróleo ruso al mes, ante los problemas de suministro por el cierre del estrecho de Ormuz por el conflicto en Oriente Medio.

Este nuevo paquete de sanciones empezó con mal pie tras el anuncio de Francia e Italia de que se opondrían al veto a la entrada en la UE cualquier persona de las Fuerzas Armadas rusas, una medida solicitada por 11 países europeos. El argumento de ambos países era la complejidad jurídica de la aplicación real de la medida, a lo que se suma que Francia e Italia reciben anualmente 180.000 y 160.000 llegadas respectivamente de ciudadanos rusos de muy alto nivel adquisitivo y se iba a perjudicar el turismo de lujo. Finalmente, se ha propuesto que la prohibición solo afecte a ciudadanos rusos que hayan participado en combate en Ucrania a partir de febrero de 2022, aunque tanto París como Roma siguen poniendo pegas por “los riesgos legales y la carga burocrática en los consulados”.

Ante la falta de consenso entre los países sobre un nuevo paquete de sanciones, los embajadores se volverán a reunir este miércoles 22 de julio. Entre otras cosas tienen que discutir qué hacer con el límite al precio del petróleo ruso en 44,10 dólares por barril, que se amplió hasta el 23 de este mes. Este tope ha sido una de las medidas para evitar que Rusia obtenga cuantiosos beneficios con la venta de crudo. La Comisión Europea tiene que tener un nuevo máximo precio para que entre en vigor el 1 de agosto, pero sin pacto sobre el paquete 21 y con los precios al alza por la guerra de Irán, la falta de acuerdo puede suponer un incremento de ingresos para el Kremlin.

Grecia pone obstáculos

Tampoco hay acuerdo alrededor de los vetos al Gas Natural Licuado (GNL) ruso y la flota que los transporta. En este caso, el país que más problemas está poniendo es Grecia y todo por la influencia sobre el Gobierno heleno que ejerce el multimillonario George Prokopiou, propietario de la naviera Dynagas, especializada en transporte de gas con metaneros rompehielos que trabaja para Yamal LNG, una de las mayores plantas de GNL del mundo. Aunque Yamal pertenece a la compañía rusa Novatek, también participan en el proyecto la petrolera francesa Total y compañías chinas. De hecho, el consejero delegado de Total, Patrick Pouyanné, ha presionado para que la Comisión Europea relaje la prohibición de comercialización de GNL ruso a partir de enero de 2027.

Según la agencia de análisis Kpler, Dynagas ha transportado más de 30 millones de toneladas de GNL de Yamal desde la invasión a gran escala de Ucrania, que supondrían más de 24.000 millones de dólares. El argumento del Gobierno griego para oponerse a esta sanción es que se abriría la puerta a que competidores de terceros países sustituyeran a las navieras griegas.

“Las sanciones deben suponer un coste significativamente mayor a Rusia que a la economía europea. Hay que negociar para que las medidas estén adecuadamente calibradas”, proponen desde el Gobierno heleno. La traducción diplomática es que Grecia está presionando a la Comisión Europea para lograr una excepción para esta empresa, lo que desde la institución europea se lee como una deformación de las penalizaciones: “Se está poniendo en crisis la política de sanciones contra Rusia. Si cada país exige excepciones o añade resquicios legales, el paquete de sanciones no servirá para nada”.

Problemas con el bacalao ruso

Pero no es solo Grecia, hay más países que miran hacia otro lado. Una coalición multipartidista de 105 parlamentarios de 17 países de la UE ha pedido al astillero danés Fayard y a su director ejecutivo, Thomas Andersen, que deje de prestar servicios de mantenimiento a los buques metaneros Arc7, que mantienen en funcionamiento las exportaciones rusas GNL desde el Ártico.

Desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia, la ONG alemana Urgewald, que investiga a las empresas y entidades financieras implicadas en la expansión de los combustibles fósiles, ha señalado que cada uno de estos buques ha transportado una media de 5,3 millones de toneladas de GNL ruso, con cargamentos valorados en torno a 4.000 millones de euros. La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, calificó de “inconcebible” la actuación la empresa danesa, pero no ha hecho mucho más para frenar a la compañía.

Una pausa prolongada en la imposición de sanciones puede envalentonar a los actores implicados y animarlos a seguir realizando transacciones con personas o entidades sancionadas

Mihkel Märtens — Investigador del Center for European Policy Analysis

Además, Portugal y Alemania han mostrado su oposición al paquete de sanciones porque por primera vez se prohibía la importación de productos pesqueros rusos, que era uno de los pocos grandes sectores exportadores que no estaba afectado por las sanciones. Ambos países son grandes consumidores de bacalao y abadejo, especialmente para sus industrias transformadoras de elaborados, productos congelados y pescado rebozado. La presión estaría provocando que la Comisión rebaje la propuesta a una reducción progresiva del contingente de exportaciones, lo que daría tiempo a las empresas a encontrar otros proveedores en mercados como Noruega, Estados Unidos o China.

Finalmente, Austria también había propuesto pegas porque una de las mayores entidades del país, Raiffeisen Bank, que continúa operando en Rusia y ha vuelto a pedir que se descongelen activos rusos por valor de 2.000 millones de euros con el fin de compensar al banco por una multa impuesta por Moscú.

Cuando Ucrania está golpeando más fuerte a Rusia, cuya economía está cada mes más débil, los intereses empresariales europeos se han convertido en un freno que ayude a conducir al Kremlin a negociar una paz justa. Como explica el investigador del Center for European Policy Analysis: “La incorporación periódica de nuevas sanciones también envía una señal política de que existe voluntad de mantener e intensificar la presión sobre Rusia, desmontando la percepción del Kremlin de que el tiempo juega a su favor. Sin embargo, una pausa prolongada en la imposición de sanciones puede envalentonar a los actores implicados y animarlos a seguir realizando transacciones con personas o entidades sancionadas”.

La Comisión Europea ha acusado a ANFAH, la patronal de fabricantes de productos químicos para la construcción, y a un grupo de empresas de infringir las normas de competencia de la UE al “coordinarse para aumentar los precios en el suministro de productos químicos destinados al cemento, el hormigón y el mortero”.

La Comisión está investigando si “los fabricantes coordinaron subidas de precios de los aditivos químicos entre 2021 y 2022 en respuesta al aumento de los costes de las materias primas provocado por la pandemia de COVID-19 y la guerra de Rusia contra Ucrania”.

Las empresas españolas son Chryso, Mapei, Master Builders Solutions, MC Bauchemie, Sika y la asociación empresarial ANFAH. Además se está investigando a otras patronales y empresas en Francia y Alemania. Bruselas señala que “la supuesta coordinación entre estos fabricantes se produjo en el contexto de la preparación de comunicados de prensa dentro de asociaciones nacionales del sector destinados a justificar los incrementos de precios”.

Según Bruselas, estas empresas estarían cometiendo una infracción de las normas de competencia que prohíben los cárteles, acuerdos entre empresas que impidan, restrinjan o falseen la competencia dentro del mercado único europeo.

La investigación empezó en octubre de 2023, la Comisión llevó a cabo inspecciones sin previo aviso en las instalaciones de empresas activas en el sector de los productos químicos para la construcción. El caso se centra en el suministro de aditivos químicos para cemento, hormigón y mortero. Los aditivos químicos se utilizan principalmente para mejorar la eficiencia del proceso de fabricación y las prestaciones de cemento y hormigón.

Si la Comisión concluye que existen pruebas suficientes de una infracción puede imponer una multa de hasta el 10% del volumen de negocios anual de cada empresa.

La Comisión Europea sigue presionando a las plataformas chinas de comercio electrónico por la venta de productos ilegales. La institución de la UE ha anunciado este lunes que ha impuesto a AliExpress una multa de 550 millones de euros por la venta de productos ilegales, inseguros o falsificados en su plataforma de comercio electrónico. Bruselas apunta que el portal chino de comercio electrónico incumple las obligaciones que le impone la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) para evaluar de forma diligente el riesgo de difusión de estos productos. Esta es la multa más alta que ha impuesto por la Comisión por incumplimiento de la DSA, con anterioridad se sancionó con 200 millones de euros a Temu por vender “productos ilegales y peligrosos”.

La institución europea señala que “numerosos productos ilegales —desde artículos falsificados hasta juguetes inseguros y cosméticos peligrosos— circulaban por la plataforma y, aun cuando eran detectados, permanecían publicados durante varias semanas”, ya que “el sistema de detección de productos ilegales de AliExpress no funcionaba correctamente”.

Además, la plataforma china “no aplicó correctamente su política de sanciones a los vendedores de productos ilegales”, de manera que “pudieron seguir operando en la plataforma pese a haber sido sancionadas”.

La Comisión asegura que el sistema de 'autorización de marca' de AliExpress, que tendría que impedir la venta de falsificaciones, es “ineficaz y carecía de personal suficiente. Como consecuencia, los vendedores podían eludir fácilmente este sistema y publicar numerosos productos que solo eran retirados posteriormente”.

La empresa sobrestimó la eficacia de su sistema para detectar y retirar productos ilegales. Como consecuencia, no tuvo en cuenta de forma realista el desequilibrio entre el número de moderadores humanos y su carga de trabajo.

Las pruebas realizadas por los servicios de la Comisión ha probado que “numerosos productos ilegales eran recomendados o anunciados a los consumidores antes de ser retirados de manera efectiva”. Además, Bruselas acusa a la plataforma china de “no medir adecuadamente la eficacia de su sistema de moderación para impedir que productos ilegales aparecieran o reaparecieran bajo formas similares”, con lo que “un elevado volumen de productos ilegales seguía circulando” en su página.

193 millones de usuarios en la UE

La investigación de las autoridades europeas sobre la plataforma china de comercio electrónico comenzó en 2024. Según un alto funcionario de la Comisión, “AliExpress informó de que tenía unos 193 millones de usuarios en la UE a finales de 2025, lo que la convierte en la mayor de las tres plataformas chinas”. Las otras dos plataformas son Shein, que tenía 156 millones, mientras que Temu alcanzó 130 millones de usuarios en la UE a finales de 2025. “Esto significa que uno de cada cinco europeos declaró comprar en al menos una de estas tres plataformas chinas”. La Comisión Europea ya multó con 200 millones de euros a Temu por un motivo similar.

Desde el 1 de julio ha entrado en vigor el arancel de tres euros a los paquetes con productos por valor inferior a 150 euros que hayan sido comprados por consumidores privados por internet que entren en la Unión Europea procedentes de países extracomunitarios. Aunque es una medida generalizada está directamente dirigida a los paquetes que llegan de China de empresas de comercio electrónico como Temu, Shein o AliExpress.

Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para Soberanía Tecnológica, ha comentado que “la proliferación de ropa falsificada, juguetes inseguros, cosméticos peligrosos y otros productos ilegales y perjudiciales no es un coste inevitable de las compras por internet: es consecuencia del incumplimiento por parte de AliExpress de las obligaciones que le impone la Ley de Servicios Digitales. El tamaño de una plataforma no es una excusa; los riesgos deben identificarse y abordarse de manera sistemática para garantizar que los consumidores puedan comprar en línea con seguridad”.

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Tras meses de un intenso trabajo de lobby, la gran industria y un grupo de países, encabezados por Italia y los países de Este, ya han visto el fruto de su esfuerzo. La Comisión Europea ha presentado este viernes una nueva propuesta para el sistema de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés) que relaja y amplía el periodo que tenían las empresas para alcanzar las emisiones netas cero. La institución europea ha añadido que planteará un objetivo indicativo de electrificación del 46% para 2040, que según sus cálculos podría reducir en 260.000 millones de euros anuales la factura de la UE por importaciones de combustibles fósiles hasta ese año. Según la patronal eléctrica, Aelec, el índice de electrificación de la economía española se encuentra en el 22,4%.

La Comisión Europea no ha ocultado que “el contexto geopolítico y económico ha cambiado y la industria europea afronta una presión creciente”, pero ha maquillado con la idea de “modernizar nuestra principal política de descarbonización, el ETS, para convertirla en el motor de la innovación y la inversión que impulse nuestra competitividad e independencia”, cuando realmente significa que habrá menos exigencias a la industria. El sistema ETS ha conseguido recortar en un 47% las emisiones en Europa, ya que afecta a 11.000 fábricas, que suponen el 40% del CO2 que se emite en la UE bloque.

Con el nuevo sistema se incrementarán los volúmenes de derechos gratuitos para 14 industrias, principalmente químicos y refinerías, lo que se traducirá en unos 4.000 millones de derechos de emisión gratuitos adicionales para el periodo 2026-2030. Además, atendiendo a la solicitud de los Estados miembros, se propone actualizaciones menos estrictas para las compañías de energía y combustibles, lo que otorgará a las instalaciones una flexibilidad adicional valorada en unos 6.000 millones de euros entre 2026 y 2030.

“Aliviar la presión sobre la industria”

De hecho, la propia institución europea admite que la revisión “aliviará la presión sobre la industria”. La propuesta actualiza el Factor de Reducción Lineal (LRF), que es porcentaje anual fijo mediante el cual la Unión Europea reduce el límite máximo del total de emisiones de gases de efecto invernadero permitidas en el mercado de carbono, hasta el 3,7% anual entre 2031 y 2035 y el 1,7% entre 2036 y 2040, cuando antes exigía un recorte de las emisiones de un 4,3% anual (periodo 2024-2027) que aumentaría al 4,4% en 2028. La traducción: las plantas industriales que se rigen por este sistema podrán emitir más toneladas y durante más años que en la anterior propuesta de ETS.

La Comisión ha vendido esta reducción de emisiones como “más gradual” y asegura que “está alineada con el nivel de ambición climática interna”, además de mantener el objetivo de reducir al 90% las emisiones en 2040. Sin embargo, técnicos de la Comisión Europea han explicado que el nuevo sistema abre el horizonte temporal en el que el límite de derechos de emisión llegará a cero según la trayectoria definida por el nuevo LRF. Así se han declarado dos estimaciones según los escenarios que van desde uno inicial que podría extenderse entre 2040 y 2045 y otro en el que la fecha límite podría llegar hasta el periodo entre 2046 y 2048.

Los técnicos insisten en que el diseño de esta revisión del ETS está enfocado en dar estabilidad al mercado durante la próxima década y que el momento exacto del fin de los derechos dependerá de la velocidad de la descarbonización y de la oferta y demanda en el mercado, es decir, se deja al mercado que defina la contaminación de la industria.

La Comisión ha destacado que se permitirá utilizar hasta un 2% de créditos internacionales de alta calidad, con el fin de financiar proyectos de descarbonización fuera de la UE y ofrecer un margen de flexibilidad entre 2036 y 2040, cuando la reducción de emisiones dentro de Europa será más compleja.

Está reducción de la intensidad en la reducción de las emisiones contaminantes se intenta compensar con más énfasis en la inversión para la descontaminación de la industria. El Banco para la Descarbonización Industrial contará con 100.000 millones de euros para financiar la descarbonización industrial en toda Europa. Ahora bien, la institución europea señala que “antes de 2030 estará disponible el Impulsor de Inversiones del ETS (ETS Investment Booster) como primera fase de ese banco”. Además, los Estados miembros deberán destinar el 50% de los ingresos nacionales procedentes del ETS a inversiones para descarbonizar. En conjunto, esto supondrá más de 100.000 millones de euros en inversiones antes de 2030.

Enfoque “más favorable a las empresas”

Durante la rueda de prensa de presentación, tanto Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, como Wopke Hoekstra, comisario de Clima, y Dan Jørgensen, comisario de Energía y Vivienda, se han escudado en las grandes cifras para explicar que se rebajan las exigencias contra la contaminación en la Unión Europea.

De hecho, Hoekstra ha admitido que el enfoque es “más favorable a las empresas y más sensible a las necesidades del tejido empresarial”, pero lo que se ha hecho es retrasar las exigencias. “Nuestra ambición climática aumentará durante la próxima década, no disminuirá. El objetivo era ser incluso más ambiciosos en la próxima década que en la actual. Ahora bien, lo que es cierto es que muchos gobiernos y literalmente cientos de empresas han acudido a nosotros para trasladarnos sus posiciones. Algunas han dicho: 'Queremos mantener completamente el rumbo actual'. Otras han pedido volver a debilitar el sistema. Y otras han solicitado más flexibilidad”.

El comisario de Clima ha asumido que “la diferencia clave de esta propuesta respecto a la década actual es la condicionalidad. Es cierto que permitimos algo más de flexibilidad, pero el dinero debe invertirse en Europa. Y esto se aplica tanto a los recursos procedentes de las asignaciones gratuitas de derechos de emisión que concedemos a las empresas como al 50% de cada euro —es decir, 50 céntimos por euro— de los fondos que proporcionamos a los gobiernos”.

Sistema 80/20 de derechos gratuitos

El nuevo sistema funcionará con una regla del 80/20: para recibir derechos de emisión gratuitos, las empresas deben tener un plan de inversión en descarbonización y modernización. Este documento debe definir las medidas concretas que se adoptarán en un horizonte temporal de entre cinco y siete años. Las empresas recibirán inicialmente el 80% de los derechos de emisión gratuitos, mientras que el 20% restante se retiene y solo se les entregará tras la implementación efectiva de las inversiones y de las reducciones de emisiones reales al cabo de un ciclo de cinco o siente años.

“Esta es una diferencia clave. La distribución gratuita no significa efectivo gratuito. El 100% de los créditos gratuitos tendrán que ser invertidos en descarbonización en Europa”, destacó Hoekstra. La verificación recaerá principalmente sobre las autoridades de los Estados miembros, mientras que la Unión Europea se encargará de realizar inspecciones aleatorias.

Ahora bien, el sistema permite que los derechos retenidos no se limiten estrictamente a una instalación, las empresas pueden agruparlos para realizar inversiones conjuntas a nivel corporativo o mediante fondos comunes creados entre diferentes compañías en zonas declaradas de aceleración industrial. Por otro lado, hay una cláusula de penalización para evitar la fuga de capitales; si una empresa decide abandonar el territorio europeo, tendrá la obligación de devolver el valor de los derechos de emisión gratuitos que haya recibido.

Nuevos sectores

La propuesta hace que se incorporen nuevos sectores al sistema ETS, aunque más lentamente de lo que se había propuesto. Así, la incineración de residuos los se incorporará gradualmente al ETS entre 2031 y 2034, permitiendo opciones de exclusión temporal nacional bajo condiciones específicas y destinando parte de los ingresos a apoyar a las autoridades locales en prácticas de reciclaje.

Respecto a la aviación, se propone ampliar el alcance a un ámbito regional de vuelos de hasta 5.000 kilómetros que aterricen en la UE a partir de 2029. Se mantienen exenciones para los vuelos domésticos hacia regiones ultraperiféricas como la conexión de Madrid con las Islas Canarias.

En cuanto al sector marítimo, se canalizarán 110 millones de derechos de emisión (período 2028-2040) para apoyar combustibles alternativos avanzados (amoniaco limpio, metanol) y tecnologías como la propulsión eólica y la electrificación.

Ahora comienza una dura pugna entre los países favorables y contrarios (como es el caso de España y los países nórdicos) a flexibilizar el sistema ETS, que tendrá su propia confrontación en el Parlamento Europeo.

Llamada de atención de la Comisión Europea a España por los casos de corrupción y la independencia del poder judicial. En el informe anual que elabora la institución europea sobre el Estado de Derecho, que va a ser presentado este viernes, se reprende al Gobierno de Pedro Sánchez por los limitados avances en la lucha contra la corrupción, según ha adelantado Politico.

Para Bruselas, el proyecto de Ley de Integridad Pública y el Plan Estatal contra la Corrupción no han tenido una aplicación eficaz y se le pide al Ejecutivo que haga un esfuerzo por la implementación de medidas para reducir los casos de corrupción. En este sentido se recuerda que es necesario la creación de un organismo supervisor independiente con competencias efectivas de investigación y sanción.

Hace un mes, El Tribunal Supremo condenó a 24 años y tres meses de cárcel al exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, por el conocido como 'caso Mascarillas' de corrupción. El tribunal también impone 19 años y 8 meses de prisión a su antiguo asesor, Koldo García, y cuatro años y medio a Víctor de Aldama.

El informe sobre el Estado de Derecho hace una llamada especial para el endurecimiento de las normas sobre conflictos de intereses y de los requisitos de declaración de bienes de los altos cargos públicos.

El análisis de la Comisión Europea llega la misma semana en la que un tribunal ha condenado al hermano del presidente Pedro Sánchez a nueve años de inhabilitación al considerarlo autor de un delito de prevaricación por su contratación en la Diputación en 2017 como coordinador de los conservatorios pacenses o cuando la Audiencia Provincial de Madrid ha acordado avalar la decisión del juez Juan Carlos Peinado de que el caso abierto en 2024 contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, siga por el procedimiento de jurado popular para determinar si es culpable de tráfico de influencias y malversación.

Tanto el presidente del Gobierno como varios ministros han comentado que los procedimientos judiciales en torno a los familiares de Pedro Sánchez tienen más que ver con motivaciones políticas y actuaciones de lawfare (utilización de la justicia con fines políticos) por parte de los jueces.

Además, Bruselas respalda, como ha hecho la Comisión de Venecia (órgano consultivo independiente del Consejo de Europa), que la elección de los doce vocales del Consejo General del Poder Judicial sea por parte de los jueces, sin pasar por el Parlamento.

Respecto a la independencia judicial, el informe destaca como positivo el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, que otorga al fiscal la instrucción de los delitos tal y como ocurre en la mayoría de países europeos, y la limitación de la acción popular, restringiendo los delitos que pueda ejercer esta acusación, aunque esta norma sigue en la Cámara Baja sin posibilidad de aprobarse.

En el informe también señala que el proyecto de ley destinado a aumentar la transparencia de las actividades de lobby sigue sin ser aprobado por el Congreso y que, consecuentemente, no hay avances en en la reforma de la regulación de los grupos de presión en España. La Comisión Europea ya había pedido a España que era urgente la creación de un registro público de carácter obligatorio para los lobistas.

Bruselas rompe los ecosistemas de las grandes tecnológicas estadounidenses que impiden la libre competencia. La Comisión Europea le ja impuesto a Google dos medidas vinculantes, según la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés). Por un lado, se pretende garantizar que los servicios de inteligencia artificial (IA) de la competencia puedan competir en igualdad de condiciones con los propios servicios de IA de Google, como Gemini, al tener el mismo acceso a las funcionalidades de los dispositivos Android de Google. Por otro lado, se pretende “reequilibrar las condiciones de competencia otorgando a motores de búsqueda de terceros acceso a los datos de búsqueda que únicamente Google Search puede recopilar a gran escala”.

Google tiene que implementar ambas medidas en 2027. La Comisión ha señalado que los usuarios empezarán a beneficiarse de los cambios en Android a partir de julio del año que viene mientras que deberá compartir los datos de búsqueda con otros buscadores a partir de enero de 2027.

Este mes de julio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirmó la multa de 4.125 millones de euros contra Google por abuso de posición dominante del motor de búsqueda Google Search en el contexto del sistema operativo Android que se usa en los teléfonos móviles. Es la multa más alta de la historia que impone la Comisión Europea a un gigante tecnológico.

Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de Competencia, ha señalado que “la sociedad está atravesando una profunda transformación digital. Debemos garantizar que ese proceso sea justo y que nuestros ciudadanos tengan capacidad de elección. Nuestra decisión ayudará a que competidores más pequeños, ya sean motores de búsqueda o asistentes de inteligencia artificial, puedan competir y ofrecer esa posibilidad de elección, al tiempo que se protege la privacidad de los usuarios”.

Bruselas explica que en la actualidad, los asistentes de IA de terceros en teléfonos Android solo tienen un acceso limitado a funciones clave de este sistema operativo. Sin ese acceso, los asistentes de IA alternativos “no pueden competir en igualdad de condiciones con los propios servicios de IA de Google, que disfrutan de acceso completo”.

Como consecuencia de esta falta de competencia, “los asistentes de IA de terceros ven limitada su capacidad para ofrecer servicios innovadores, lo que los hace menos atractivos para el 60% de los usuarios de la Unión Europea que utilizan un dispositivo Android”, explican desde la Comisión.

Con la decisión adoptada por Bruselas, “los usuarios podran activar el asistente de IA de su elección mediante comandos de voz, de forma similar al comando 'Hey Google'. Los usuarios también podrán utilizar asistentes de IA de terceros para realizar acciones en aplicaciones en su nombre”.

La Comisión pone como ejemplo de tareas que se podrán hacer con asistentes de IA de terceros “reservar un taxi, recibir sugerencias de respuestas relevantes en aplicaciones de mensajería o preguntar al asistente de IA sobre un lugar que hayan visitado recientemente”.

Un portavoz de Google ha comentado que las decisiones de la Comisión “ponen en riesgo la seguridad y la privacidad de millones de europeos” ya que “amenaza la seguridad de los dispositivos al otorgar a aplicaciones externas permisos sensibles y potentes sin garantías. Esto ocurre mientras la propia agencia de ciberseguridad de la UE advierte que 'los fundamentos de la seguridad son más importantes que nunca en la era de la IA'”.

Datos de búsqueda de Google para terceros

La otra medida que debe implementar la tecnológica estadounidense es “compartir sus datos de búsqueda con otros buscadores”. La Comisión asegura que “el intercambio de datos es fundamental para el desarrollo y la optimización de motores de búsqueda de terceros. Contribuye a crear unas condiciones de competencia más equilibradas frente a Google Search y fomenta la aparición de servicios de búsqueda innovadores, incluidas alternativas centradas en la protección de la privacidad”.

Bruselas añade que la medida contiene orientaciones para Google sobre cómo compartir datos, ya que hasta ahora la propuesta planteada por la propia tecnológica ha sido “ineficaz”. Por ejemplo, aclara que los chatbots de inteligencia artificial que ofrecen funciones de búsqueda podrán acceder a los datos compartidos y que, siempre que los datos estén anonimizados, Google deberá compartir la misma información que utiliza para optimizar sus propios servicios de búsqueda.

La Comisión asegura que se garantiza la anonimización de los datos de búsqueda mediante un método de anonimización en varias capas, desarrollado en estrecha colaboración con expertos internos y externos en privacidad. La decisión permite que Google evalúe, antes de compartir cualquier dato, si hacerlo con un tercero concreto plantea riesgos graves para la ciberseguridad o la protección de datos. Compartir los datos también es lucrativo para Google, ya que la Comisión ha establecido “una fórmula equitativa para calcular el precio de los datos compartidos”.

En este sentido, el gigante estadounidense ha denunciado que resulta “preocupante que las búsquedas privadas de los europeos queden expuestas a empresas desconocidas, sin una anonimización adecuada de los datos y sin el conocimiento ni el consentimiento del usuario. Esto debilitaría la privacidad de los ciudadanos, pondría en riesgo los secretos comerciales de las empresas y comprometería la seguridad nacional”.