La principal defensora de las políticas más duras dentro del Banco Central Europeo, la alemana Isabel Schnabel, ha anunciado que abandona la institución monetaria antes de que acabe su mandato, en diciembre de 2027. Schnabel mantendrá su cargo como miembro del Comité Ejecutivo y del Consejo de Gobierno del BCE hasta el 3 de enero de 2027, cuando pasará a ser consejera financiera y directora del Departamento de Mercados Monetarios y de Capitales del Fondo Monetario Internacional (FMI). Schnabel ha sido las más halcón entre los halcones que defienden la ortodoxia económica dentro del BCE.

Hace meses que se lleva larvando una batalla por los puestos principales en el BCE. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles que “sería muy positivo” contar con alguien como el expresidente del Banco de España Pablo Hernández de Cos al frente del Banco Central Europeo (BCE) en sustitución de Christine Lagarde. En una entrevista para el canal de televisión de Bloomberg, Sánchez ha señalado que Hernández de Cos ha sido “un presidente excepcional” y que “posee el liderazgo, así como la capacidad y los conocimientos necesarios” para ocupar el puesto.

España aspira al principal puesto de la institución monetaria tras la salida del español Luis de Guindos como vicepresidente del BCE el pasado 31 de mayo. Entre los principales contendientes del candidato español están el exgobernador del Banco de Países Bajos Klaas Knot y el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel.

Una encuesta del Foro Oficial de Instituciones Monetarias y Financieras (OMFIF), un think tank británico, entre expertos en política monetaria, colocó a Hernández de Cos –actual director general del Banco de Pagos Internacionales (BIS)– como el candidato más cualificado entre los principales favoritos para presidir el BCE.

La salida anticipada de la actual presidenta del BCE, Christine Lagarde, se lleva rumoreando desde hace meses. El Foro Económico Mundial, organizador de la conferencia anual de Davos, quería ficharla como directora, un puesto al que Lagarde no le hace ascos, según publicó Bloomberg. La salida de Lagarde está programada para octubre de 2027, cuando acabe su mandato. La actual presidenta del BCE ha reiterado en numerosas ocasiones que quiere mantenerse como presidenta de la entidad monetaria hasta 2027, aunque sin precisar si cumplirá todo su mandato.

Otro de los cargos importantes que se quedarán libres en 2027 es el de economista jefe, ocupado en la actualidad por Philip Lane, que termina su periplo oficialmente en el BCE en mayo.

Lagarde agradeció a Schnabel su contribución durante los últimos siete años por haber “desempeñado un papel clave en la determinación del BCE de estabilizar la inflación en nuestro objetivo del 2% a medio plazo y contribuir a la modernización del funcionamiento del BCE para hacer frente a los desafíos del siglo XXI”. Aunque el papel de la alemana en la institución que marca la política monetaria siempre ha estado centrado en la subida de tipos de interés para ahogar a la economía y endurecer las condiciones de pago de las hipotecas y créditos para las familias y empresas.

Hay una batalla interna en los despachos de las instituciones europeas del que depende el futuro de la industria de la UE. Los ministros del ramo se han reunido este jueves en Bruselas para determinar el alcance de la preferencia europea, es decir, qué porcentaje de un producto se tiene que fabricar en Europa para acceder a programas de contratación pública o ayudas de las Administraciones de la UE. El debate es vital para España, que tiene en cartera potentes inversiones de China en sectores fundamentales como el automóvil o las baterías. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha llegado a la capital europea con una propuesta española debajo del brazo en la que establece un sistema más flexible por capas que permite a determinados países no perder automáticamente el acceso a las ventajas de contratación y subvenciones públicas por no alcanzar los porcentajes establecidos en la fabricación para considerarse europeo.

“Somos partidarios de reforzar el espacio europeo como un ámbito de producción industrial porque nuestra estrategia básica es la reindustrialización, pero a la vez añadimos una visión pragmática de que en muchas cadenas de valor podemos contar con otras áreas y otros países del mundo”, ha declarado Hereu. España no cuestiona los porcentajes para considerar un producto europeo en determinados sectores (acero, cemento, aluminio, automoción, tecnologías limpias) que ha propuesto la Comisión Europea, pero quiere que haya más flexibilidad para que un país no sea expulsado del acceso a las ventajas de la Industrial Aceleration Act (la normativa europea que recoge el 'made in Europe'), subvenciones y contratación pública, y que la propuesta abarque a muchos más sectores (semiconductores, tecnologías digitales, aeroespacial, biotecnología, farmacéutica, etc)

Frente a la tolerancia que propone España y que países como Alemania no ven del todo mal, Francia aboga por una preferencia europea más dura en y que no se abra demasiado el margen de actuación a países terceros.

Fuentes de la Secretaria de Estado de Industria han explicado que el modelo estricto puede provocar problemas en las cadenas de suministro si un producto depende de un componente que Europa todavía no fabrica o no fabrica en cantidad suficiente. La expulsión de ese productor del acceso a las ventajas públicas puede ser contraproducente industrialmente y generar problemas con socios comerciales.

Sistema de capas

En este sentido, las mismas fuentes explican que el modelo español se articula en tres capas donde la primera está constituida por los 27 países de la Unión Europea, es decir, producción genuinamente europea. Una segunda capa donde estarían los 27 más los países pertenecientes al Espacio Económico Europeo (Noruega, Islandia y Liechtenstein) y podrían incorporarse otros países afines que tengan cadenas de valor estrechamente integradas con Europa y ofrezcan reciprocidad en sus relaciones comerciales e industriales, como es el caso del Reino Unido. Finalmente, habría otra tercera capa, que es lo que realmente diferencia a la propuesta española, donde estarían todos los anteriores más países con acuerdos comerciales, unión aduanera o determinados acuerdos de contratación pública con la UE. Esto supondría la inclusión de otros 80 países.

¿Por qué es relevante esta tercera capa? Porque incluiría a China, que es el elemento distorsionador por el que está normativa se está desarrollando. La propuesta española pretende que cuando Europa dependa de China por ser el único país con capacidad para ofrecer o fabricar un componente crítico concreto pueda ser admisible dentro de la tercera capa mientras Europa desarrolla alternativas. De esta manera, España pretende ofrecer a China la certidumbre legislativa necesaria para que siga desarrollando inversiones industriales en nuestro país sin perder las opciones de ayudas públicas o acceder a contratos de la Administración.

Por ejemplo, un Ayuntamiento quiere renovar su flota de vehículos. Con la propuesta de la Comisión solo podrían acceder a la venta los automóviles que en un 70% tengan componentes fabricados en Europa, excluida la batería. Con la propuesta española, la obligatoriedad es que las marcas ofrezcan un 40% fabricado en la UE y el 30% restante pueda proceder de una cadena industrial europea ampliada, es decir, que puedan ser piezas chinas ensambladas en fábricas españolas. “Es una forma de proteger la capacidad productiva europea sin exigir autarquía industrial”, ha comentado el ministro Hereu.

Otro ejemplo que han explicado fuentes de la Secretaria de Estado de Industria sería con las baterías. La Comisión propone que para acceder a las ventajas de la Industrial Aceleration Act una batería debe contar con tres componentes principales europeos y, en un periodo de tres años, cinco componentes europeos. La propuesta española añade el concepto de capas de manera que dos componentes de la batería tendrían que ser de países de la capa uno y al menos otros tres podrían ser de la capa dos.

La Comisión Europea centraliza las decisiones

España no propone un listado con tres capas permanentes, sino un sistema dinámico por países, sectores y componentes. La idea es que un mismo país podría tener una consideración diferente del producto o componente y podría subir o bajar de capa conforme aumente su integración, reciprocidad o fiabilidad respecto a Europa.

Fuentes de la Secretaria de Estado de Industria explican que si un tercer país quiere que sus productos tengan mejor acceso al mercado europeo y a sus ventajas industriales, con este modelo va a tener más incentivos para negociar acuerdos, reciprocidad y cadenas de suministro más estrechas con la UE. De hecho, la propuesta española está hecha para que inversores de la capa tres inviertan en Europa junto a un socio local y vayan ampliando progresivamente la producción en el territorio, como ocurre con Ebro y Cherry, en Barcelona, o Santana y Baic, en Linares.

Para evitar confrontaciones políticas o que los 27 tengan que negociar en qué capa está cada componente, sector o país se crearía un sistema centralizado en la Comisión Europea, que tendría actualizado un sistema para que las Administraciones públicas tuvieran claro que marcas y productos pueden beneficiarse de las ayudas públicas o acceder a las licitaciones públicas.

Pero además, el modelo español parte del cumplimiento de que Europa asuma valor añadido cuando una empresa se establezca en el territorio para tener más acceso a las ventajas de la normativa europeo. Por eso, se establecería una guía para que la compañía deje tres huellas: en el ámbito industrial, con la incorporación de proveedores de la zona; tecnológica, que se traduce en que la tecnología tiene que ser compartida; y de empleo, con contrataciones de nacionales y formación. Además, tienen que cumplir con estándares sociales y laborales de Europa, con las exigencias medioambientales y de gobernanza, en sus relaciones con patronales, sindicatos, administraciones territoriales, etc.

“Estará bien todo lo que el Príncipe haga para conservar su Estado”, apuntaba Nicolás Maquiavelo en su tratado El Príncipe. La lección del filósofo italiano que da base a la Razón de Estado se ha podido comprobar esta semana en todo su esplendor en los pasillos de las instituciones europeas. Francia fue uno de los países que antepuso el veto a la renovación de las sanciones sobre decenas de personas y empresas rusas por su apoyo a la invasión de Ucrania si no se sacaba de la lista al oligarca ruso-uzbeko Alisher Usmanov. El bloqueo francés tuvo éxito y el resto de los países europeos, salvo Letonia, accedió a exonerar a Usmanov para que Francia consiguiera su razón de Estado: que Azerbaiyán libere a Martin Ryan, encarcelado por espionaje. Menos de 24 horas después de que el oligarca ruso saliera de la lista de sancionados de la UE, el Gobierno azerbayano ha indultado al ciudadano francés.

Como la historia la escriben los vencedores, el Gobierno francés no ha dudado en utilizar el eufemismo de “gesto humanitario” para describir el indulto a su conciudadano. “Francia recibe con alivio la decisión del presidente azerbaiyano de indultar a nuestro compatriota Martin Ryan, detenido en Azerbaiyán desde diciembre de 2023. Se trata de un gesto humanitario que Francia celebra”, ha comentado el Ministerio francés de Asuntos Exteriores en un comunicado.

Martin Ryan es un empresario francobritánico que fue detenido y acusado de espionaje en diciembre de 2023 por las autoridades azerbayanas en Bakú. Según los cargos, Ryan fue reclutado por miembros de la Dirección General de Seguridad Exterior que trabajaban en la Embajada de Francia.

Condenado a 10 años de cárcel por espionaje

La acusación aseguró que el ciudadano francés había intentado obtener información sobre las relaciones entre Azerbaiyán y un conjunto de países (Turquía, Irán, Pakistán, Argelia y Somalia), sobre empresas azerbayanas relacionadas con Rusia y China y sobre asuntos estratégicos relacionadas con el Karabaj, el territorio que se disputan en un conflicto armado Azerbaiyán y Armenia. Los magistrados también inculparon a Marty por tomar fotografías de armamento que Pakistán habría vendido al ejército azerbayano.

Ryan negó las acusaciones y solo admitió que era “culpable” de establecer contactos con empleados de la Embajada de Francia y no informar a las autoridades azerbaiyanas como estaba obligado. El ciudadano francés fue condenado a 10 años de cárcel por espionaje. En el mismo juicio, a su supuesto cómplice, el ciudadano azerbaiyano Azad Mamedli fue condenado a doce años de prisión por alta traición.

Aunque Ryan apeló la sentencia el pasado julio, los tribunales confirmaron la condena. Durante todo el proceso, el Gobierno francés defendió que las acusaciones eran falsas y reclamó la liberación de Ryan. En ese momento, las relaciones entre París y Bakú estaban en su peor momento por el respaldo francés a Armenia. El Elíseo señaló que el ciudadano francés era víctima del conflicto diplomático entre ambos países.

Por los numerosos vínculos empresariales que tiene Usmanov con el Gobierno de Ilham Aliyev, Azerbaiyán había solicitado anteriormente la retirada de Usmanov de las listas de sancionados rusos por su apoyo al Kremlin. Pero la realidad es que tras la exitosa presión de Francia para sacar al oligarca ruso de la lista, Aliyev ha firmado un indulto en menos de 24 horas para 20 personas “basándose en los principios de humanismo y teniendo en cuenta la personalidad de los condenados, su estado de salud, situación familiar, la naturaleza y el grado de peligrosidad social de los delitos cometidos, el tiempo cumplido de sus condenas y su comportamiento durante dicho período”, según ha informado la agencia estatal azerbayana Azertac. Ryan es uno de los indultados. Otro ciudadano francés no ha tenido tanta suerte. El empresario Anass Derraz, en prisión desde 2025 con una condena de doce años por aceptar un soborno, no figuraba entre los perdonados.

Usmanov no fue el único oligarca que ha salido de las listas de sancionados por la presión de un país. Luxemburgo también aprovechó su capacidad de veto para exigir la salida de Mijaíl Fridman, uno de los principales banqueros de Rusia, que fue el primer accionista de los supermercados Dia en España, porque tiene una demanda de arbitraje contra el pequeño país centroeuropeo por valor de 15.800 millones de dólares por los activos congelados depositados en entidades luxemburguesas. Ambos oligarcas llevaban en la lista de sancionados desde 2022.

“Impunidad, humillación y división”

La jugada de Francia y Luxemburgo sentó muy mal en Ucrania. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, lanzó un mensaje en X en el que aseguraba que “ningún nombre de la lista de sanciones está ahí por accidente: cada uno representa una razón por la que esta guerra comenzó y continúa hasta el día de hoy”.

El ministro ucraniano de Exteriores señaló también en X que “Moscú está celebrándolo porque ha conseguido lo que quería: una sensación de impunidad, la humillación de la UE y la división entre los europeos”.

Aunque las sanciones europeas contra Rusia han servido para debilitar y desabastecer a la maquinaria de guerra del Kremlin contra Ucrania, la aprobación de nuevos paquetes se está enfrentando a obstáculos internos por las consecuencias que puede tener para determinadas compañías europeas.

Por ejemplo, Francia e Italia lograron frenar el veto a la entrada en la UE de cualquier persona de las Fuerzas Armadas rusas, una medida solicitada por 11 países europeos. El argumento de ambos países era la complejidad jurídica de la aplicación real de la medida, a lo que se suma que Francia e Italia reciben anualmente 180.000 y 160.000 llegadas respectivamente de ciudadanos rusos de muy alto nivel adquisitivo y se iba a perjudicar el turismo de lujo.

El chantaje ha terminado por funcionar. Los intereses de determinados países se han vuelto a imponer sobre las sanciones sobre Rusia. La Unión Europea ha tenido que sacar a dos de los principales oligarcas, Alisher Usmanov y Mijaíl Fridman, para conseguir la renovación del paquete de sanciones contra 3.000 personas y empresas rusas por su apoyo a la invasión de Ucrania. La presión de Francia, Luxemburgo y Eslovaquia para sacar de la lista a los dos multimillonarios vinculados con el Kremlin ha tenido efecto, ya que si no se llegaba a un acuerdo antes de las 12 de la noche de este martes las sanciones se extinguirían.

Ambos oligarcas llevaban en la lista de sancionados desde 2022. Como contraprestación, los países de la UE han acordado que la renovación de las sanciones en lugar de cada seis meses se hará cada 36 meses, con lo que será más difícil sacar a nuevos multimillonarios de la lista de penalizados.

Luxemburgo y Eslovaquia han exigido que se sacara de la lista a Fridman, uno de los principales banqueros de Rusia. Por un lado, el empresario, que fue el primer accionista de los supermercados Dia en España, tiene una demanda de arbitraje contra el pequeño país centroeuropeo por valor de 15.800 millones de dólares.

En el caso de Eslovaquia, este país ha pedido continuamente la salida del oligarca ruso del grupo de sancionados por los lazos empresariales y financieros que tiene el multimillonario en el país.

Francia también ha sido inflexible a la hora de pedir que saliera de entre los castigados Alisher Usmanov, el empresario ruso-uzbeko, que posee plantas siderúrgicas que suministran piezas y material a fábricas rusas de armamento. París ha argumentado su petición por “motivos de Estado”, ya que su retirada va a facilitar un acuerdo con Azerbaiyán para liberar a ciudadanos franceses encarcelados.

Solo Letonia votó en contra

Solo Letonia votó en contra de ceder y sacar a los oligarcas rusos. Solo Letonia votó en contra de ceder y sacar a los oligarcas rusos. “Letonia se opuso a la retirada por motivos políticos de personas de la lista de sanciones individuales y fue el único Estado miembro de la UE que mantuvo esta posición hasta el final. Era una postura moralmente correcta y nuestros aliados en Ucrania la valoraron”, subrayó el primer ministro Andris Kulbergs.

Además, Letonia ha anunciado que “va a preparar prepara inmediatamente una propuesta, la justificación jurídica y los proyectos legislativos necesarios para que Letonia pueda imponer sanciones nacionales” contra Alisher Usmanov y Mijaíl Fridman.

Andrii Sybiha, ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, criticó el levantamiento de sanciones contra los dos oligarcas. Sybiha los describió en un mensaje en la red X como “parte del régimen agresor ruso que libra una guerra de agresión contra Ucrania. ¿Qué ha cambiado? Nada. Retirarlos de la lista es inaceptable y enviaría una señal equivocada a Moscú en un momento en el que la presión debe aumentar”.

Aunque las sanciones europeas contra Rusia han servido para debilitar y desabastecer a la maquinaria de guerra del Kremlin contra Ucrania, la aprobación de nuevos paquetes se está enfrentando a obstáculos internos por las consecuencias que puede tener para determinadas compañías europeas.

Por ejemplo, Francia e Italia lograron frenar el veto a la entrada en la UE cualquier persona de las Fuerzas Armadas rusas, una medida solicitada por 11 países europeos. El argumento de ambos países era la complejidad jurídica de la aplicación real de la medida, a lo que se suma que Francia e Italia reciben anualmente 180.000 y 160.000 llegadas respectivamente de ciudadanos rusos de muy alto nivel adquisitivo y se iba a perjudicar el turismo de lujo.

Tampoco salió adelante la propuesta de prohibir o reducir por primera vez las importaciones de productos pesqueros rusos. Portugal y Alemania mostraron su oposición al primer veto a la adquisición de bacalao y abadejo, de los que son consumidores a gran escala para sus industrias transformadoras de elaborados, productos congelados y pescado rebozado.

Una indiferencia que se ha traducido en negativa. El secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro Marcos, ha llevado sin éxito este martes la petición de España de hacer lenguas oficiales de la UE al catalán, el gallego y el euskera, en un nuevo intento tras la pretensión del Gobierno de Pedro Sánchez de cumplir con los acuerdos de investidura que cerró con el presidente de Junts, Carles Puigdemont.

La fracasada propuesta española solo ha ocupado siete minutos durante el Comité de Asuntos Generales que se celebra este martes en la capital europea, en la que han participado otros tres países, Alemania, Suecia y Lituania, para mostrar su rechazo a la iniciativa, mientras el resto ha optado por el silencio.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, había advertido hace unas semanas de que siendo “totalmente favorables a la ampliación, urge resolver el asunto de las lenguas oficiales, porque es impensable que haya un nuevo idioma si no están el catalán, gallego y euskera”, durante un encuentro con periodistas en Bruselas.

Sin embargo, la sutil amenaza de veto a la adhesión de Montenegro y Albania, los países que están más cerca de empezar los trámites para su inclusión en la UE, no ha causado efecto en un grupo de países que ven como menor el tema de las lenguas españolas.

Fuentes diplomáticas de varios países europeos ya habían avisado que la petición española no tenía cabida en la agenda europea cuando se están negociando “otros aspectos más relevantes” como el presupuesto plurianual o la respuesta a la guerra híbrida de Rusia contra Europa.

“España un gran defensor de que las instituciones deben estar cercanas a la ciudadanía y no perder ese contacto directo y que ello implica el reconocimiento de las lenguas de todos sus ciudadanos. España recuerda que hace tres años el ministro Albares hizo esa propuesta de reconocimiento de todas las lenguas oficiales españolas y esperamos que ese reconocimiento pueda producirse antes que otras lenguas”, ha defendido el secretario de Estado para la Unión Europea a su llegada a Bruselas

Sampedro ha argumentado que las tres lenguas españolas “se pueden incorporar al listado de lenguas oficiales de la Unión Europea simplemente porque ya es hora, después de 40 años de la adhesión de España a la Unión Europea, de acabar con esa discriminación que sufren 20 millones de españoles, 20 millones de europeos que viven en territorios con más de una lengua oficial en comparación con otros europeos que tienen más de una lengua oficial”.

“Mala costumbre”

En el lado contrario, el secretario de Estado alemán para Europa, Gunther Krichbaum, apuntó que “lamentablemente, en la Unión Europea existe la mala costumbre de que los Estados miembros planteen exigencias a sus vecinos que aspiran a ingresar en la Unión, creyendo que así pueden imponer sus posiciones utilizando esa baza como presión. No comparto en absoluto este enfoque”, según informa EFE.

La ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, Jessica Rosencrantz, puntualizó: “Déjenme ser muy clara: una cosa es la ampliación; otra son las lenguas. No creo que estos asuntos deban estar interrelacionados”. En el mismo sentido se posicionó el viceministro de Asuntos Exteriores lituano, Sigitas Mitjus, ya que para su país “no es aceptable” vincular la inclusión de las lenguas con la ampliación de la UE.

La posición española se hizo más beligerante ante la posibilidad de que una lengua como el montenegrino pueda ser idioma oficial de la UE cuando la hablan 260.000 personas, mientras que el catalán es hablado por más 10 millones ciudadanos, más de tres millones hablan gallego y el euskera es usado diariamente por más de un millón de personas.

En otras ocasiones en los que España ha pedido la inclusión del catalán, el gallego y el euskera como lenguas oficiales de la UE solo tuvo el apoyo de países como Bélgica, Irlanda Eslovenia y Chipre. Irlanda como país que ocupa la presidencia rotatoria de la UE tiene que mantener la neutralidad en esta ocasión y no puede respaldar la posición española.

La Unión Europea y Filipinas han anunciado este martes que se ha alcanzado un acuerdo de libre comercio para impulsar los flujos comerciales y de inversión. La UE llevaba meses tratando de cerrar este “compromiso estratégico” para ampliar las conexiones comerciales en la región del Indo-Pacífico. Tras los obstáculos arancelarios que impuso Donald Trump, Bruselas se propuso ampliar los vínculos comerciales con la zona del sudeste asiático, especialmente con India.

El comercio de productos entre la UE y Filipinas ascendió a 17.600 millones de euros en 2025, mientras que el de servicios llegó los 10.300 millones de euros en 2024. La UE es el cuarto mayor socio comercial de Filipinas, con un 8,3% del comercio total de bienes del país. Hay mucha diferencia entre el volumen de inversión entre ambos bloques comerciales, ya que la inversión extranjera directa de la UE en Filipinas ascendió a 15.400 millones de euros, mientras la filipina en la UE alcanzó los 2.400 millones. La UE y Filipinas ya iniciaron las negociaciones para un acuerdo comercial en 2015, pero se interrumpieron hasta marzo de 2024.

Con este acuerdo, el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, espera que se amplíen las cifras de intercambio comercial ya que Filipinas cuenta con 113 millones de habitantes y está en pleno crecimiento económico. El nuevo acuerdo eliminará el 94% de los aranceles que cubren más del 97% del comercio bilateral, según la Comisión Europea.

Sefcovic ha asegurado que se trata de “un avance decisivo y una victoria para ambas partes. Este acuerdo estrecha nuestros vínculos con una de las economías más dinámicas del Sudeste Asiático, es la región en la que hay que estar. Después de Indonesia y ahora Filipinas, estamos avanzando con Tailandia y manteniendo un diálogo intenso con Malasia”.

Las exportaciones industriales de la UE a Filipinas están encabezadas por maquinaria y aparatos, equipos de transporte, medicamentos y productos sanitarios. Entre las principales exportaciones agroalimentarias de la UE a Filipinas figuran los productos cárnicos, como el porcino y las aves de corral, así como los productos lácteos y las bebidas espirituosas.

Además, el acuerdo permitirá que se abra por primera vez el mercado de contratación pública del Gobierno filipino a licitadores extranjeros. Por otro lado, se van a consolidar la normativa para facilitar el comercio digital por ambas partes, fortalecer la protección de la propiedad intelectual, incluida una lista de indicaciones geográficas de la UE, y se añaden compromisos en materia de sostenibilidad y disposiciones para la inversión en energías renovables. El texto del acuerdo todavía tiene que ser aprobado por el Parlamento europeo y los 27 países de la UE.

Sefcovic ha resaltado que “existe un interés mutuo por hacer frente a las actuales turbulencias mundiales, a la presión sobre las cadenas de suministro y por buscar soluciones. No encontrarán ningún acuerdo de libre comercio firmado por la Unión Europea que no aporte beneficios positivos para ambas partes. Actualmente, con los 113 millones de filipinos de este acuerdo, estamos superando claramente el umbral de la mitad de la población mundial cubierta por los acuerdos de libre comercio de la Unión Europea. La mitad de los consumidores del mundo están cubiertos por acuerdos de libre comercio europeos”.

En los últimos días, las voces en la UE que advierten de un ataque de Rusia contra un país europeo se han disparado. Desde principios de verano, Rusia ha intensificado la guerra híbrida contra Europa, pero ahora la amenaza de acciones del Kremlin contra el continente europeo ha sido corroborada por servicios secretos. Aunque hay diferentes posiciones sobre si se trata de una actuación más de guerra híbrida o un ataque convencional, todos coinciden en que Vladímir Putin va a acelerar la presión ante la llegada del invierno y tras los éxitos de Ucrania en su campaña para llevar la guerra al interior de Rusia.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, fue el primero en lanzar la voz de alarma el pasado viernes. Tusk advirtió en un discurso en el Parlamento que los servicios secretos de Polonia advertían en sus análisis que Rusia podría lanzar en los próximos meses un ataque con drones o misiles contra territorio de la OTAN. El objetivo sería presentar el ataque como accidental para ver hasta qué punto la OTAN responde a una crisis de ese calado.

“Existe un riesgo real de que el territorio de uno o varios países de la OTAN en el flanco oriental sea alcanzado por drones u otros tipos de misiles, que incluso podrían causar destrucción. El relato oficial será que se trata de un accidente y que no hay ninguna razón para que nadie se plantee una respuesta por parte de la OTAN”, advirtió Tusk.

Aunque Tusk ha advertido en reiteradas ocasiones de la posibilidad de estos ataques, en esta ocasión la amenaza fue confirmada poco después como “fundada y bien documentada” por el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Según el líder francés, los informes propios de inteligencia apuntan a un crecimiento exponencial de los riesgos por ataques desde Rusia. Macron anunció “un plan para proteger infraestructuras críticas, los emplazamientos más sensibles de nuestra base industrial y tecnológica de defensa, de los ataques con drones y los ciberataques”.

La OTAN “está preparada”

La preocupación subió a tal nivel que el máximo responsable militar de la Alianza, el almirante Giuseppe Cavo Dragone, salió este sábado en rueda de prensa a decir que “la Alianza está preparada, la estructura está preparada, los soldados... las armas están preparadas. En caso de un ataque, sabemos cómo actuar. El comportamiento irresponsable de Rusia durante las últimas semanas y meses sigue poniendo a prueba la determinación de los aliados. Tiene como objetivo socavar la confianza y debilitar nuestra unidad, pero no lo están consiguiendo”.

Otros servicios secretos también han confirmado la posibilidad de ataques “en meses”. Michal Koudelka, director del servicio de seguridad de la República Checa, comentó en una entrevista a The Guardian que una invasión a pequeña escala de un territorio de la OTAN fronterizo con Rusia podría formar parte de los planes del Kremlin. “Podría consistir en una incursión limitada, provocaciones de falsa bandera o una campaña masiva de influencia”, ha señalado Koudelka.

Aunque desde un país báltico como Estonia con frontera con Rusia, el secretario general de su Ministerio Exteriores, Jonatan Vseviov, rebajó la amenaza en un intento de no crear una alarma que, de momento, cree injustificada y es parte del juego del Kremlin de expandir el miedo en la sociedad europea. “Si hay motivos para temer un ataque, tengan la seguridad de que lo dejaremos claro. Hasta entonces, mantengan la calma, sigan adelante y apoyen a Ucrania”, escribió en X.

En el mismo sentido, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, pidió a los europeos no caer “en reacciones muy exageradas”, ya que el objetivo de Moscú es ampliar el pánico para que la UE reduzca el apoyo a Ucrania. “Tenemos que ser muy cuidadosos y entender que Rusia está tratando de desestabilizar y atemorizar a Europa. Y cada vez que reaccionamos de forma exagerada ante un ataque híbrido, en realidad Rusia ha ganado la batalla en ese ámbito”, declaró Stubb a su llegada a la sede de la ONU en Nueva York.

Los tambores de guerra se han escuchado con tanta fuerza que el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, uno de los más cercanos a Rusia, acusaba a “la retórica militar de Occidente y la búsqueda de un pretexto para un conflicto militar con Rusia” con el objetivo de “distraer de la incapacidad del mundo liberal para abordar desafíos básicos como el precio y la disponibilidad de la energía y los combustibles, así como la inmigración ilegal”.

Fico advertía que “no aceptará que soldados eslovacos participen en ninguna aventura militar provocada por nadie dentro de la OTAN”, ya que “en caso de un ataque armado real contra uno o varios Estados miembros de la OTAN, el artículo 5 correspondiente del Tratado del Atlántico Norte ofrece a los miembros de la OTAN varias opciones para demostrar su solidaridad”.

Pero parte de esta tensión también está provocada por el viaje del director de la CIA, John Ratcliffe, a Moscú, que según algunas fuentes estuvo en parte dedicado a advertir al Kremlin de los riesgos de lanzar un ataque contra un país de la OTAN. Además, este mismo martes el vicepresidente polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, canceló una visita al Pentágono tras informar “de los avisos de EEUU, así como tras la reunión de los jefes de estado mayor de los países de la OTAN, es ahora necesario emprender con urgencia nuevas acciones relativas a la seguridad de los países de la OTAN”.

Por otro lado, es indudable que Moscú ha elevado el tono de sus amenazas contra países europeos. A principios de septiembre, Putin advirtió: “Si alguien intenta hacernos bajar en la cadena alimentaria, engullirnos o devorarnos, puede acabar recibiendo un puñetazo en los dientes. Rusia está preparada para hacerlo, pese al apetito y los dientes cada vez mayores de estos tiburones”.

El presidente ruso se refirió con “tiburones” a los países occidentales y mantuvo la estrategia de la política del miedo cuando se le preguntó si podría atacar instalaciones militares en Reino Unido en respuesta al apoyo armamentístico a Ucrania con una lacónica respuesta: “Es un secreto. Un secreto militar”.

Leipzig como “nueva escalada”

El punto de inflexión en esta nueva fase de amenazas estuvo en el ataque fallido con un dron en el aeropuerto de Leipzig el pasado 4 de agosto. Alemania acusó formalmente a Rusia de estar detrás de un suceso que “encaja con el patrón establecido de las operaciones híbridas rusas en Europa”, según el ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, lanzaron una advertencia conjunta: “Se trató de un ataque perpetrado con material de uso militar por agentes rusos en territorio de la Unión Europea. No lo vamos a tolerar. Leipzig supone una nueva escalada en territorio de la Unión Europea”.

Rusia negó que Alemania tuviera pruebas para sostener las acusaciones del ataque en Leipzig. La tensión no ha parado de crecer entre ambos países con intercambio de medidas. Rusia cerró el consulado de Alemania en San Petersburgo y varios centros del Instituto Goethe, mientras que Alemania clausuraba el consulado ruso en Bonn y un centro cultural en Berlín. 

Ante esta situación, el ejército alemán ha hecho maniobras, simulando un ataque contra Lituania y trasladando a soldados a hospitales de Berlín y de distintas zonas de Brandeburgo para comprobar la capacidad del sistema sanitario alemán para responder a la invasión de un país de la OTAN por parte de Rusia. Según los cálculos de las fuerzas armadas alemanas un conflicto bélico de esta magnitud supondría que hasta 1.000 soldados heridos podrían llegar a Alemania cada día, según publicó Bloomberg. Por su parte, Bielorrusia comenzó la semana pasada un nuevas maniobras militares cerca de las fronteras con Lituania y Polonia

El Consejo Fiscal Europeo ha expresado este lunes en su informe anual “dudas” sobre “la activación por parte de España de la cláusula nacional de escape” para evitar la apertura de un procedimiento de déficit excesivo por parte de la Comisión Europea. Según este organismo europeo, el gasto en Defensa de España ha sido realmente “muy limitado” por lo que el organismo pone en cuestión que la flexibilidad en el gasto que se le ha concedido a nuestro país “esté realmente justificada”.

El informe del Consejo Fiscal Europeo coloca a España en el grupo de “deuda muy elevada”, superior al 90% del PIB, junto con Bélgica, Grecia, Francia, Italia y Portugal. El Gobierno anunció que en 2025 la deuda había bajado al 100,7% del PIB y que la previsión es que se reduzca al 99,6% en 2026, mientras que el déficit se elevó al 2,4% en 2025 y se prevé que se reduzca al 2,1% este año.

Aunque la Comisión en su evaluación de 2025 le otorgó a España la clasificación formal de “cumplimiento”, en el informe se recuerda que el 13 de abril de 2026, “solo dos semanas antes de enviar su informe anual de progreso”, el gobierno español solicitó la activación de la Cláusula de Salvaguardia Nacional para gasto en defensa, que permite no contabilizar en el déficit las partidas dedicadas a esta materia.

Entonces, el Ministerio de Economía que dirige Carlos Cuerpo emitió un comunicado en el que explicaba que “para 2026, España prevé volver a cumplir con la regla de gasto. El crecimiento del gasto computable se situará en términos anuales en el 4,2% y en el acumulado del periodo 2024-2026 se situaría en el 13,3%, ambas cifras por debajo de los límites del 0,3% y del 0,6% del PIB que establecen las reglas fiscales europeas”. 

Como la deuda pública de España superaba ampliamente el umbral del 60% del PIB, el Consejo Fiscal Europeo advierte que las desviaciones en el gasto neto registradas en 2025 hubieran activado normalmente el examen para abrir un Procedimiento de Déficit Excesivo, pero la activación de la cláusula de salvaguardia sirvió para evitar que la Comisión incluyera a España en este procedimiento.

Cuando un país entra en este procedimiento, las autoridades europeas de Bruselas imponen una senda correctiva de gasto, que se traduce en el cumplimiento de reformas y recortes presupuestarios para reconducir sus cuentas. España estuvo bajo esta supervisión de sus cuentas por parte de la UE entre 2009 y 2019.

Aumento del gasto en “partidas ajenas a Defensa”

Según el Consejo Fiscal Europeo, la desviación del crecimiento del gasto neto de España respecto al límite recomendado fue del 0,4% del PIB en 2025 y se proyecta en un 0,6% del PIB para 2026, superando en ambos años el umbral de tolerancia anual del 0,3%, pero con la aplicación de la cláusula de salvaguardia nacional el saldo resultante es del -0,1% del PIB en 2025 y del 0,4% en 2026.

Las dudas del Consejo vienen porque el aumento proyectado del gasto nacional en defensa entre 2024 y 2025 en España fue de solo un 0,1% del PIB, tras haber descendido un 0,2% en 2023. De esta manera, el organismo de fiscalidad señala que la desviación del 0,4% en el gasto se debe principalmente “a partidas ajenas a Defensa”.

Por otro lado, el Consejo Fiscal Europeo también añade que España es el único país entre las grandes economías del euro donde su crecimiento del PIB nominal mayor de lo previsto coincidió con un crecimiento del gasto neto superior al recomendado en 2025 y 2026, lo que apunta a una expansión fiscal procíclica. Esta fórmula de gasto según la evolución de la economía choca con la decisión de España de acogerse al período de ajuste fiscal de 7 años (en lugar del período estándar de 4 años), que está condicionado a unas reformas, entre ellas reforzar la estabilización automática, es decir mantener los planes de gasto acordados ante un crecimiento superior o inferior al previsto, de manera que la política fiscal contribuya a amortiguar las fluctuaciones de gasto.

El informe añade que España ya estuvo en riesgo de entrar en Procedimiento de Déficit Excesivo en la primavera de 2024 tras desactivarse la cláusula general de salvaguardia relativa a la grave recesión económica provocada por la pandemia de Covid. Sin embargo, la Comisión adoptó “una nueva forma de discrecionalidad” y decidió no imponer el procedimiento a España con el criterio de que no habría “servido para ningún propósito útil”.

Donald Trump jugueteaba con la idea de que Canadá se convirtiera en el estado 51 de EEUU. Incluso llama a sus primeros ministros, de forma despectiva, “gobernadores”, como si estuvieran al frente de un territorio como California, Texas o Minnesota. El presidente de EEUU lleva desde que ganó las elecciones, en noviembre de 2024, acosando a Canadá políticamente, territorialmente, pero también comercialmente a través de una guerra arancelaria unilateral que ha conducido a una espiral tal, que tiene bloqueada la renovación del acuerdo de libre comercio entre Canadá, México y EEUU, una herramienta económica que ha hecho de tres países norteamericanos un área con una profunda interdependencia.

Y en todos estos meses, en los que la Casa Blanca no ha dejado de amenazar con aranceles, algunos de ellos tumbados por el Tribunal Supremo de EEUU por considerar ilegal el uso de poderes especiales del presidente para aplicarlos, la actitud de Trump no ha hecho más que Canadá se acerque a China y se quiera abrazar con la Unión Europea.

Trump ha tratado con desdén tanto a Justin Trudeau como a Mark Carney, hasta el punto de que este último denunció en el Foro Económico de Davos el caos mundial geopolítico que estaba generando Trump, con sus injerencias en los asuntos internos del resto de países y con sus impulsos imperialistas de querer anexionarse Groenlandia, territorio de un aliado de la OTAN, Dinamarca sobre el cual se ha anunciado un acuerdo este viernes, y amenazar con hacer lo propio con el Canal de Panamá.

Y mientras Trump pone el mundo patas arriba, el mundo intenta reubicarse. Hay países más próximos y dependientes, como muchos en Latinoamérica que al final prefieren votar a los candidatos de la Casa Blanca para evitar el choque con EEUU. Y hay otros que hacen lo contrario y buscan nuevas alianzas, como son el caso de Canadá y la UE, con su acercamiento propio y también con explorar nuevas relaciones con China.

“Canadá ha sido un pésimo socio comercial”, despachaba esta semana el presidente de EEUU el acercamiento entre su vecino y la UE para convertirse en el “primer miembro asociado” del bloque comunitario frente a la ofensiva de la Casa Blanca.

“Y si hacen eso”, dijo Trump sobre la alianza entre la UE y Canadá, “si considero que se trata de un acto hostil, impondré aranceles muy severos o dejaré de comerciar con Europa en muchos aspectos. Así que, si hacen eso... si Europa lo hace con malas intenciones... si es con buenas intenciones, está bien; pero si es con malas intenciones, impondremos aranceles muy elevados a Europa”.

Revuelo mundial

El ofrecimiento de la presidenta de la Comisión Europea a Canadá para ser “el primer miembro asociado de la UE” ha provocado un revuelo que ha retumbado en todo el planeta. En un mundo donde las relaciones internacionales basadas en reglas ha saltado por los aires con las políticas beligerantes de Trump, Putin o Benjamin Netanyahu, la seguridad y certidumbre que ofrece la UE se ha convertido en un valor fundamental.

Ahora bien, aunque el primer ministro de Canadá, Mark Carney, recibió con una bienvenida la propuesta de Von der Leyen, la falta de información sobre las características, derechos y deberes de una figura no utilizada hasta ahora está enfriando la euforia inicial que se vivió en el Parlamento europeo con su anuncio.

Nadie sabe bien qué supone ser “miembro asociado de la UE” porque no está recogido en los tratados de la UE. Como explica Corina Stratulat, analista del centro de pensamiento European Policy Centre, “el artículo 49 contempla solicitudes de adhesión, no invitaciones. Von der Leyen ha formulado una invitación a un Estado que no puede presentar una solicitud. ‘Miembro asociado’ no tiene ninguna base en los tratados; hablar de ‘el primero’ da a entender que habrá una serie. A Canadá se le está ofreciendo, sin que haya presentado una solicitud oficial, la misma denominación que los Estados miembros recibieron con frialdad cuando el canciller alemán Merz la planteó para Ucrania”.

En la sede de la Eurocámara en Estrasburgo, Carney admitió que la denominación de la nueva alianza era una cuestión que correspondía decidir a la UE, pero que “lo que importa es el contenido” que se acuerde en esta relación. Canadá y la UE se reúnen a finales de octubre en Ottawa para profundizar en acuerdos tanto en temas comerciales como en coordinación en materia de seguridad en la región del Ártico y alianzas entre las industrias militares de ambos bloques.

La controversia por la iniciativa de Von der Leyen ha hecho que la Comisión Europea tenga que salir a tratar de explicar lo desconocido. Un portavoz de la institución europea señalaba este viernes que se trata de “una gran idea, audaz y hermosa. Hay momentos en la historia en lo que lo imposible pasa a ser posible. Avanzar con una ambición de este calibre requiere ideas audaces”. Varias fuentes diplomáticas han criticado desde el anonimato que la propuesta de la jefa del Ejecutivo europeo es más un pensamiento sin mucha concreción detrás.

Entre otras cosas porque ni siquiera el actual acuerdo comercial entre la UE y Canadá ha sido ratificado aún por todos los países europeos. El primer ministro canadiense ha avisado de que aún es necesario que diez Estados miembros de la UE firmen definitivamente el acuerdo comercial pactado en 2017, según reveló en una entrevista al periódico Financial Times. España sí ratificó el acuerdo comercial de la UE con Canadá. 

El portavoz del Gobierno alemán, Stefan Kornelius, no tuvo reparos en decir abiertamente que la oferta de “miembro asociado de la UE” debería ser “reconsiderado y ”debatir nuevos modelos de asociación“. Las capitales de la UE en general son reticentes a proponer fórmulas específicas a cada país ni negociar acuerdos diferenciados de asociación, aunque Berlín propuso una fórmula similar a la de Canadá para Ucrania, que fue rechazada por los países miembros y Kiev.

Otro aspecto que conduce a la prudencia es la respuesta de Trump, que ya ha llegado a amenazar con más aranceles si considera que el nuevo estatus de Canadá es perjudicial para sus intereses. Hay países europeos que hubieran preferido una propuesta menos generosa cuando Carney está en plena guerra arancelaria con Trump. Estados miembros cuyos dirigentes tienen muy buenas relaciones con Trump, como República Checa o Eslovaquia, además de Italia (pese a las broncas entre Giorgia Meloni y el presidente de EEUU) o más discretamente, Grecia, hubieran preferido una oferta más prudente. Fuentes de la Comisión Europea insisten en que la idea de Von der Leyen había sido presentada con anterioridad a los Estados miembros y se había debatido en distintas ocasiones. 

Ni siquiera los comisarios europeos tienen claro en qué va a consistir y cuál es el estatus jurídico de “miembro asociado de la UE”. El comisario de Defensa, Andrius Kubilius, admitía que “está por ver cuál sería la arquitectura política” de esta nueva fórmula de asociación. Lo que sí parece más claro es lo que Kubilius explicó que “la condición de miembro asociado no significa ser miembro de pleno derecho. Por tanto, el país no puede reclamar la posibilidad de votar cuando se toman decisiones, pero sí se puede establecer su participación en los debates sobre esas decisiones, como ocurre con Noruega en el marco del Espacio Económico Europeo”.

En una línea similar, el comisario de Comercio, Maros Sefcovic, puntualizó que la nueva fórmula no se podría traducir en un trato diferenciado para Canadá, ya que hay países aliados y socios como Suiza y Noruega que comparten normas de la UE y contribuyen al presupuesto común europeo 

Hay una serie de países fuera de la UE que están muy atentos a la propuesta de Von der Leyen a Canadá y cómo se va a desarrollar. Desde Islandia, que en una consulta sus ciudadanos votaron en contra de abrir negociaciones de adhesión con la UE, pero su Gobierno busca como ampliar los actuales acuerdos con Bruselas, pasando por Australia, Nueva Zelanda, Noruega, Ucrania e incluso el Reino Unido, donde se debaten fórmulas para reformar las relaciones con el continente europeo tras el Brexit.

Respecto a Londres, en la Comisión Europea han advertido que “cuando se habla de la ambiciosa idea de abrir la puerta para que Canadá se convierta en miembro asociado de la Unión Europea, estamos hablando de algo aplicable a un país socio, no a un Estado europeo. Por tanto, corresponde a los Estados europeos que están fuera de la Unión Europea decidir cómo quieren establecer sus relaciones con la UE, primero internamente y después mediante negociaciones con la Unión Europea para crear un marco al respecto”.

El Partido Popular Europeo ha conseguido sacar adelante este jueves su resolución sobre la crisis migratoria de Ceuta en el Parlamento Europeo gracias al respaldo de los grupos de ultraderecha. El Partido Popular español había trabajado a destajo para llevar la crisis migratoria en la ciudad española al centro de debate político europeo y atacar al Gobierno de Pedro Sánchez en un momento en el que este tema es muy sensible en Bruselas. Los tres grupos de la ultraderecha, Patriots (donde se incluye Vox), ECR (el grupo del partido de Giorgia Meloni) y ESN (donde están los filonazis de Afd), junto a una escisión de los liberales han respaldado la moción de los populares que reclama a Marruecos que respete la soberanía española y su integridad territorial de manera “incondicional”, al tiempo que le insta a asumir sus responsabilidades en materia de control fronterizo y retornos tras la “invasión” de Ceuta.

La resolución ha sido aprobada con 339 votos a favor, 225 en contra y 16 abstenciones. Los socialistas ya advirtieron el pasado martes que los populares tendrían que modificar mucho su propuesta si querían obtener su respaldo. La resolución de los socialistas europeos no ha prosperado.

La secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, ha apuntado en la red social X que “el Parlamento Europeo ha dicho claro que Ceuta no se vende, se defiende. Aprobamos una Resolución que exige a Sánchez aplicar inmediatamente el Pacto Europeo de Migración y Asilo, garantizar la seguridad y acelerar el retorno de adultos y menores”.

La dirigente española de los conservadores europeos ha asegurado que la resolución tiene “un mensaje nítido a Marruecos: la soberanía y la integridad territorial de España no se negocian. Se respetan. Incondicionalmente. Rabat debe asumir su responsabilidad y readmitir a todos los irregulares. Europa logra en tres días lo que Sánchez no ha hecho en 50: escucha, ayuda y soluciones. Ceuta no está sola. Toda Europa está con ella”.

La formación ultraderechista Vox ha comentado en un comunicado que el resultado supone un “duro golpe político a Pedro Sánchez y Marruecos” y consolida una mayoría en la Eurocámara capaz de actuar ante lo sucedido en Ceuta frente a la posición mantenida por los socialistas y la diplomacia marroquí.

Por su parte, el grupo socialdemócrata en el Parlamento europeo ha acusado a los populares de promocionar politicas de odio sumando su voto a la extremaderecha. “Hoy el PPE y la extrema derecha mostraron su verdadero rostro. Votamos por la solidaridad y la protección de los menores en situación de necesidad en Ceuta. Ellos votaron por el odio”, apuntan en un mensaje en la red social X.

El texto aprobado exige a Marruecos que cumpla sus compromisos en materia de control fronterizo, retorno y cooperación migratoria tras la invasión de migrantes de Ceuta. Además, puntualiza que la relación de asociación con el reino alauí “debe basarse en el respeto incondicional de la integridad territorial de los Estados miembros de la Unión, como principio fundamental del Derecho internacional y condición innegociable”.

Aunque la moción aprobada recoge que “toda declaración que cuestione la soberanía española es inaceptable e incompatible con las obligaciones de un país socio”, la resolución del PPE no pide explícitamente que la Unión Europea se replantee la relación de amistad con marruecos “si no se respetan las fronteras”, como solicitó el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en una comparecencia que organizó el Comité de Libertades Civiles de la Eurocámara.

Las diferencias con la resolución de los socialistas eran muy grandes. Entre otras cosas, el texto ensalzaba la colaboración con Marruecos, mediante “los mecanismos de cooperación existentes” entre ambos países que “permitieron el rápido retorno de la gran mayoría de las personas que habían cruzado la frontera” de forma irregular“ y recuerda ”la importancia de mantener asociaciones sólidas, constructivas y mutuamente beneficiosas con terceros países“. Un planteamiento que el grupo del PPE, especialmente los eurodiputados españoles, no estaba dispuesto a respaldar.

De hecho, la moción insiste en el Gobierno de España, “según informes confidenciales divulgados el 9 de septiembre”, había recibido “reiteradas advertencias” de autoridades locales y los servicios de seguridad e inteligencia sobre la presión en la fronteriza.

Sin embargo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, avaló este miércoles la versión del Gobierno español y ha definido la entrada masiva de miles de personas en la ciudad española los días 30 y 31 de julio como “la explotación de personas vulnerables por parte de traficantes y redes de contrabando sin escrúpulos y por parte de nuestros adversarios”, durante su discurso del Estado de la Unión Europea en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Durante la tarde del miércoles, la eurocámara también aprobó “una investigación independiente” de la entrada masiva de migrantes en Ceuta dentro de las propuestas sobre guerras híbridas e integridad territorial. Esta iniciativa, defendida por una eurodiputada lituana del PPE es diferente a la resolución sobre Ceuta que se ha aprobado este jueves.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney ha señalado este jueves que la nueva relación de la UE y Canadá “no va a crear un tercer bloque para convertirnos en una potencia rival, aunque con mejores modales. No se busca el poder para dominar a los demás. Va a contribuir a construir el próximo orden mundial: justo, estable y próspero” como respuesta a las amenazas del presidente Donald Trump, durante su discurso en la sede del Parlamento europeo en Estrasburgo. Carney ha dado la bienvenida a la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, de que Canadá se convierta en “el primer miembro asociado de la Unión Europea” durante su discurso del estado de la UE.

El primer ministro de Canadá ha explicado que la propuesta de Von der Leyen permitirá “construir una alianza de futuro, abriendo la puerta a que Canadá se convierta en el primer miembro asociado de la Unión Europea. Canadá acoge con satisfacción esta ambición. Y les diré algo: las encuestas muestran que una abrumadora mayoría de los canadienses apoya estrechar mucho más los vínculos con Europa”.

A la hora de definir la nueva relación, el líder canadiense ha comentado que “Canadá y Europa deberían garantizar la autonomía estratégica mediante una cooperación profunda en todo el abanico de capacidades estratégicas, incluidos los minerales críticos, la capacidad industrial de defensa, la inteligencia artificial y la capacidad de computación, la seguridad energética, el espacio y los sistemas de pago. Deberíamos avanzar hacia un comercio digital sin trabas de bienes no agrícolas y de una amplia variedad de servicios. Deberíamos estrechar nuestros vínculos entre ciudadanos, permitiendo a nuestros jóvenes trabajar, estudiar y vivir donde quieran a ambos lados del Atlántico”.

Carney ha añadido que aunque “Canadá y Europa no están unidos por la geografía, nuestros amigos daneses saben que compartimos una frontera de 3.000 kilómetros en el Ártico. Estamos unidos por una afinidad: electiva, elegida, renovada y más fuerte precisamente por serlo”.

“Defensa de la dignidad humana, la libertad y la democracia”

“No somos aliados solo cuando hace buen tiempo. No buscamos acuerdos en los que uno gana a costa del otro. Nuestro compromiso con el Estado de derecho y nuestra defensa firme de la dignidad humana, la libertad individual y la democracia comparten las mismas raíces profundas y la misma determinación inquebrantable. Compartimos unos valores por los que siempre hemos luchado y cuya defensa exige que permanezcamos siempre vigilantes. Creemos que una economía fuerte no es un fin en sí mismo, sino un medio para construir una sociedad justa”, ha destacado Carney en su discurso.

En este sentido, el político canadiense ha utilizado la figura de Johann Wolfgang von Goethe para recordar que “los ideales deben defenderse, que los valores no se protegen por sí solos”. Además, ha recordado que durante la Segunda Guerra Mundial, en la batalla de la cresta de Vimy, un joven teniente canadiense llamado Leslie Miller recogió un puñado de bellotas de aquel paisaje europeo destrozado. Las llevó a su país y las plantó en suelo canadiense, en Ontario, donde crecieron hasta convertirse en un bosque. Un siglo después, se completó este “profundo círculo de renovación: los injertos de los robles canadienses de Miller fueron repatriados a Francia y replantados en la misma cresta de Vimy donde habían nacido. ”Esta es la esencia de la asociación entre Canadá y la Unión Europea: semillas, valores, ideas, comercio, personas y progreso que llevan siglos cruzando el Atlántico en ambas direcciones“, ha rematado.

“Sociedades azotadas por nuevas tormentas”

El presidente de Canadá ha definido un escenario geopolítico lleno de peligros para explicar la necesidad de que potencias medias se unan. “Nuestras sociedades se ven azotadas por nuevas tormentas: la alteración provocada por el cambio climático, la erosión de las normas democráticas y la instrumentalización del comercio. Las organizaciones multilaterales en las que antes confiábamos se han debilitado. Hoy resulta difícil conciliar soberanía y apertura. La integración económica se está utilizando como un arma. Los aranceles se emplean para ejercer presión y los mecanismos financieros, como instrumentos de coerción. Las cadenas de suministro constituyen puntos débiles que pueden ser explotados”.

También ha tenido unas palabras concretas para las grandes corporaciones tecnológicas por su papel en la geopolítica global. “La tecnología está transformando la naturaleza de la guerra, la estructura de nuestras economías y la capacidad de los Estados para gobernar. Las plataformas tecnológicas aspiran a ejercer una soberanía propia. Quieren establecer las reglas de acceso. Quieren dictar las normas de regulación e incluso eludirlas. Quieren controlar nuestros datos, difundir desinformación y robarles la infancia a nuestros hijos”, ha señalado.

Amenaza de Trump

Antes de que se sepa cómo se va a articular la nueva relación, el presidente de EEUU, Donald Trump, ya mandó una amenaza contra la Unión Europea advirtiendo de que si consideraba “que se trata de un acto hostil” iba a imponer aranceles muy duros o dejará de comerciar con Europa.

Carney no tuvo dudas a la hora de plantar cara a Trump y abandonar las negociaciones comerciales con EEUU. En su pulso con Trump, Carney comentó: “No estábamos dispuestos a comprometer la soberanía de Canadá”. El primer ministro de Canadá anunció entonces que igualaría “dólar por dólar” los nuevos aranceles que aprobó la Casa Blanca como castigo.

Carney fue recibido por los eurodiputados casi como una estrella de cine. Antes de dar su discurso, los parlamentarios se arremolinaron a su alrededor para hacerse fotos con el líder mundial de moda. La presidenta del grupo de Los Verdes, Terry Reintke, apareció en el pleno con una camiseta de la selección canadiense de hockey lo que entusiasmó a Carney.

En el hemiciclo europeo, mientras la mayoría de los eurodiputados se levantaba para aplaudir el mensaje de Carney con entusiasmo, los parlamentarios de la ultraderecha se mantenían sentados y muchos sin aplaudir mostrando la sumisión a Trump.

Respuesta europea

Las amenazas de Trump han retumbado en la UE. Desde la Comisión Europea se han repetido las palabras que Von der Leyen dijo en su discurso del estado de la UE: “Esta no es una alianza contra nadie, sino para reforzar nuestra fortaleza común”.

El ministro francés para Europa, Benjamin Haddad, respondió que “no corresponde a Estados Unidos elegir la orientación política y geopolítica de los europeos. Una vez más, mantenemos una relación con Canadá y tenemos pleno derecho a tratar de profundizarla”.

Hay pocas personas con más protagonismo en la complicada escena geopolítica mundial que Donald Trump, que se ha caracterizado por una actitud hostil frente a los europeos, pese a la histórica relación entre aliados. Sin embargo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, no ha hecho mención alguna a Trump o a Estados Unidos en su discurso sobre el estado de la Unión Europea, que ha dado este miércoles en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Aunque la Unión Europea se enfrenta a un triángulo de amenazas, que van desde los ataques híbridos de Rusia al riesgo económico que supone China por el abultado déficit comercial de Europa, la política beligerante de la Administración de Donald Trump para debilitar al bloque comunitario, con advertencias para obligar a Bruselas a rebajar la agenda verde o las normas digitales, la salida de tropas estadounidenses de Europa o las continuas intimidaciones sobre Groenlandia no han merecido ni un comentario de Von der Leyen.

Sí ha habido menciones a Rusia respecto a la guerra de Ucrania —en la que ha insistido en el apoyo europeo a Kiev— o por su papel en la guerra híbrida contra Europa, o por la necesidad de dejar de depender de los combustibles fósiles rusos, no solo para debilitar las finanzas del Kremlin para proseguir la guerra, sino también para luchar contra el cambio climático.

También hay referencias directas a China, con un plan para reducir la dependencia europea de más del 80% de los minerales críticos cuyo comercio controla Pekín. Además, situó en el diálogo entre ambos bloques la solución para reequilibrar las relaciones comerciales cuando el déficit de la UE con el gigante oriental “asciende ya a 1.000 millones de euros al día”, pero advirtió que “utilizaría todas todas las herramientas para reequilibrar la relación. Las palabras están bien, pero los hechos son mejores”.

¿Cuáles son las palabras para Trump o Estados Unidos? ¿Y los hechos? En su discurso hay que leer entre líneas para encontrar las referencias, como cuando dijo que “esta es una Europa que se apoya mutuamente. Como hacemos al apoyar a Ucrania mientras lucha por su futuro y por nuestra libertad y cuando defendimos a Groenlandia cuando se vio amenazada”, o cuando abogó por la soberanía europea: “Europa está ahí para los europeos. Ante la frágil situación del mundo actual, solo Europa puede proporcionar una verdadera soberanía a los europeos”.

No abrir más frentes con Trump

Pero, ¿por qué ese tacto con Trump y Estados Unidos? En los pasillos de la sede francesa del Parlamento Europeo empieza a cundir la opinión de que Von der Leyen no quiere abrir nuevos frentes de conflicto con Trump. Menos aún después de su propuesta al primer ministro de Canadá, Mark Carney, de convertir a su país en el “primer miembro asociado de la UE” ha ido más allá de lo esperado. Fuentes diplomáticas señalan que hay países europeos cuyos dirigentes tienen muy buenas relaciones con Trump, como República Checa o Eslovaquia, además de Italia (pese a los vaivenes en la relación entre Giorgia Meloni y el presidente de EEUU) o, más discretamente, Grecia que hubieran preferido una oferta menos ambiciosa a Canadá.

Carney no tuvo dudas a la hora de plantar cara a Trump y abandonar las negociaciones comerciales con EEUU, que llegó a decir que Canadá era el “estado número 51” de EEUU. En su pulso con Trump, Carney comentó: “No estábamos dispuestos a comprometer la soberanía de Canadá”. El primer ministro de Canadá anunció entonces que igualaría “dólar por dólar” los nuevos aranceles que aprobó la Casa Blanca. Aunque en la última reunión de diplomáticos de los 27 en Bruselas no hubo objeciones por ampliar la relación con Canadá, el nuevo estatus propuesto por Von der Leyen ha suscitado llamamientos a la prudencia.

Y eso a pesar de que todavía es una incógnita, incluso para los comisarios europeos, en qué va a consistir y cuál es el estatus jurídico de “miembro asociado de la UE”. El comisario de Defensa, Andrius Kubilius, admitía que “está por ver cuál sería la arquitectura política” de esta nueva fórmula de asociación. Lo que sí parece más claro es lo que no es. Kubilius explicó que “la condición de miembro asociado no significa ser miembro de pleno derecho. Por tanto, el país no puede reclamar la posibilidad de votar cuando se toman decisiones, pero sí se puede establecer su participación en los debates sobre esas decisiones, como ocurre con Noruega en el marco del Espacio Económico Europeo”.

Otro aspecto que puede provocar cierta controversia con Washington es el Consejo Europeo de Defensa, un nuevo organismo de defensa donde, además de los 27 países de la UE, se incluirán Ucrania, Canadá, Reino Unido y Noruega. Kubilius recordó que “hay dos razones por las que realmente necesitamos hablar de la defensa europea: la amenaza rusa y la propuesta estratégica de Estados Unidos para que los europeos asumamos la responsabilidad principal de la defensa colectiva convencional de Europa”. Ahora bien, está por ver si se tiene que “debatir cómo lo hagamos dentro de la OTAN y si es en coordinación con los estadounidenses”.

Ante la salida de tropas estadounidenses de Europa, el comisario de Defensa apuntó que “no se sabe qué decidirán finalmente los estadounidenses, pero hay que estar preparados. En este sentido Necesitamos el Consejo de Seguridad Europeo para debatir, tomar decisiones, saber qué hacer y ponerlo en práctica”.

Aunque se ha insistido desde la Comisión Europea en que no es una alternativa a la OTAN, Kubilius señaló que “puede plantearse si el Consejo Europeo de Seguridad podría establecer algún tipo de procedimiento de toma de decisiones por mayoría cualificada. Alemania y Francia están presionando para introducir la mayoría cualificada en política exterior y de seguridad. ¿Hasta qué punto puede ayudarnos este Consejo a superar la fragmentación que existe en Europa?”.

Von der Leyen se lava las manos con Israel

Precisamente esa fragmentación es la que ha utilizado también la presidenta de la Comisión Europea para justificar que no se hayan aprobado aún sanciones a Israel por el genocidio de Gaza o los continuos abusos de derechos humanos de los colonos israelíes contra los palestinos.

Aunque Von der Leyen propuso en el discurso sobre el estado de la UE en 2025 sanciones contra Israel, en su arenga de este año no ha hablado de penalizaciones por los asesinatos de Israel ni por los asentamientos ilegales, con el argumento de que “los Estados miembros no hayan sido capaces de reunir las mayorías necesarias para dar una respuesta unificada. Algunos Estados miembros han avanzado. Otros están estudiando hacerlo. Cuando Europa está dividida, no puede cambiar el rumbo de los acontecimientos”.

La presidenta de la Comisión admite que “el profundo sufrimiento en Gaza y la violencia descontrolada de los colonos en Cisjordania han afectado profundamente a los europeos” y “la decisión del Gobierno israelí de impulsar el proyecto de asentamiento ilegal E1 es inaceptable”, pero se queda con el consabido discurso sobre la ayuda de la UE al pueblo palestino (1.000 millones de euros para reconstruir Gaza y apoyar a la Autoridad Palestina).

“Europa apoya el derecho de Israel a la legítima defensa. El pueblo palestino tiene el mismo derecho a vivir con seguridad y dignidad. El papel de Europa es mantener viva la llama de la solución de los dos Estados”, ha concluido Von der Leyen, dejando a los palestinos abandonados a su suerte.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha anunciado este miércoles que se pondrá en marcha la Ley de la UE sobre los Niños y Niñas por la que se prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 13 años, solo podrán tener cuentas personales en páginas infantiles supervisadas por los padres hasta que cumplan 15 años, y entre los 15 y los 18 años, las plataformas estarán obligadas a aplicar un diseño que no provoque adicción. Von der Leyen ha hecho este anuncio durante el discurso del Estado de la Unión Europea en la sede de Estrasburgo del Parlamento Europeo.

“Europa tiene capacidad para actuar. Somos nosotros quienes decidimos nuestras normas, no las grandes tecnológicas”, ha resaltado la presidenta.

La iniciativa de Bruselas es más estricta respecto a la edad de acceso que la que planteada por el Gobierno español. El presidente Pedro Sánchez anunció el pasado febrero que iba a aprobar la prohibición del acceso a las redes sociales a los menores de 16 años y que los directivos de las plataformas digitales tengan responsabilidad penal por la difusión de contenidos ilícitos.

El ministro de Transformación digital, Óscar López, ha declarado tras conocer el anuncio de Von der Leyen que “el Congreso de los Diputados tiene una ley encima de la mesa con la mayoría de edad para proteger a nuestros niños y niñas” y espera que “se sepa aprovechar la oportunidad y proteger a nuestros menores como va a hacer la UE”.

Para respaldar la medida europea, la presidenta de la Comisión ha comentado el suicidio de una niña de 14 años, Olea, en Bélgica, “que se quitó la vida exactamente hace un mes, víctima del acoso en internet” como ejemplo de como las familias sufren a diario las consecuencias del acceso de los menores a redes sociales. Von der Leyen ha señalado que “pérdida de sueño, ansiedad, autolesiones e incluso tragedias mortales derivadas del ciberacoso” son las consecuencias que provocan estas plataformas.

Von der Leyen ha recordado cómo la madre de Olea pidió que no se vuelva a repetir lo que le ocurrió a su hija: “Ha hablado de su hija de una manera tan conmovedora y con tanta pasión sobre la necesidad de evitar que esto vuelva a ocurrirle a otros. Quiero hacer justicia a sus palabras cuando dijo: 'Estoy convencida de que, sin estas redes sociales omnipresentes, mi hija seguiría aquí. Esto es demasiado'. Señoras y señores diputados: Ya basta”.

La jefa del Ejecutivo europea ha insistido en que los ciudadanos “no tienen qué aceptar funcionalidades diseñadas para generar adicción. No hay por qué aceptar que se arrastre a los menores hacia contenidos cada vez más extremos. No hay por qué aceptar que las fotografías de las niñas se utilicen para generar con IA imágenes sexualizadas”.

Además, ha añadido que los jóvenes europeos pasan entre 4 y 6 horas diarias frente a las pantallas, atraídos por feeds diseñados específicamente para mantenerlos cambiando de pantalla sin parar.

En este sentido, la presidenta de la Comisión Europea ha añadido que “se invertirá la carga de la prueba” y se va a obligar a las plataformas “a demostrar que son seguras”. En este tema ha aludido “al diseño adictivo que está perjudicando a todo el mundo” para combatir este tema, la Comisión va a proponer en otoño una nueva normativa, la Ley de Equidad Digital (Digital Fairness Act), que va a frenar este tipo de diseños.

La crisis migratoria de Ceuta va a marcar la política europea en los próximos años. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha avalado este miércoles la versión del Gobierno español y ha definido la entrada masiva de miles de personas en la ciudad española los días 30 y 31 de julio como “la explotación de personas vulnerables por parte de traficantes y redes de contrabando sin escrúpulos y por parte de nuestros adversarios” durante su discurso del Estado de la Unión Europea en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo. Von der Leyen ha anunciado la creación del Marco Europeo de Respuesta de Emergencia para crisis migratorias como la de Ceuta.

En otro orden de cosas, la presidenta de la Comisión ha marcado la reactivación de la economía europea como la prioridad número uno, ha destacado la lucha contra el cambio climático mediante la electrificación del continente, ha propuesto la creación de un Consejo de Seguridad Europeo para activar la defensa de la UE en paralelo con la OTAN con el respaldo a Ucrania, ha tratado de compaginar la limitación de los riesgos de la Inteligencia Artificial con no perder la carrera de su desarrollo, además de anunciar la prohibición de acceso a redes sociales a menores de 13 años. Por otro lado, le ha propuesto a Canadá ser el “primer miembro asociado de la UE”.

Von der Leyen ha hecho un llamamiento directo a los ciudadanos de España: “Todas nuestras fronteras exteriores son fronteras europeas. Por eso, quiero dirigirme directamente a los ciudadanos de España. La frontera de Ceuta es una frontera europea. Porque Ceuta es España. Ceuta es Europa. Y Europa estará ahí para vosotros”.

La presidenta de la Comisión Europea ha explicado que este Marco Europeo de Respuesta de Emergencia se activará para “contar con los medios necesarios para proteger sus fronteras en todo momento” que “permitirá una flexibilidad limitada en el tiempo y claramente delimitada en los procedimientos habituales”, es decir, durante un tiempo se acelerarán los procedimientos de expulsión de inmigrantes.

Von der Leyen ha asegurado que siempre “se respetaran nuestros valores y los derechos fundamentales. Pero nunca se renunciará a proteger nuestras fronteras. Somos los europeos quienes decidimos quién entra en nuestra Unión y en qué circunstancias. Y no los traficantes ni las redes de contrabando”.

Ya existe un marco en la actual legislación europea para situaciones de crisis migratorias, que se aprobó en 2024 tras las llegadas masivas de inmigrantes a Polonia, pero Von der Leyen no ha especificado cómo se supone que la nueva normativa permitiría flexibilizar la actuación de los países miembros.

“Intensificaremos nuestro trabajo para reforzar Frontex, especialmente para acelerar los retornos. Mejoraremos nuestros sistemas de alerta temprana, también mediante la colaboración con terceros países. Nos aseguraremos de poder detectar y anticiparnos a lo que ocurre en internet”, ha explicado la presidenta de la Comisión.

Este plan tiene también una vertiente social. Von der Leyen ha añadido que “hay que trabajar junto a nuestros países vecinos para impulsar la inversión. Para ofrecer a los jóvenes perspectivas de futuro reales, de modo que no se vean obligados a jugarse la vida” para lo que se pondrá en marcha “una nueva iniciativa mediterránea para impulsar las competencias y el empleo juvenil”.

Posteriormente, el Parlamento europeo ha aprobado “investigación independiente” de la entrada masiva de migrantes en Ceuta dentro de las propuestas sobre guerras híbridas e integridad territorial. Esta propuesta, defendida por una eurodiputada lituana del PPE es diferente a la resolución sobre Ceuta, que este miércoles aún no había sido consensuada entre los grupos y se tiene que votar este jueves.

Los grupos de la Eurocámara han tenido diferentes posiciones sobre el discurso de Von der Leyen. Mientras que socios de legislatura como los socialistas o los liberales han admitido que en general “la música suena bien” pero luego hay que mirar la letra pequeña y se mantendrán vigilantes. La izquierda ha censurado que Von der Leyen se arrogue medidas que pertenecen a los países como asociar a Europa con Canadá o crear un Consejo de Seguridad, además de poner en marcha “una política migratoria que mata”. La ultraderecha, por su parte, han reiterado sus ataques a las instituciones europeas, han denunciado censura por las medidas contra las redes sociales y han pedido medidas más duras contra la inmigración.

Reactivar la economía europea como prioridad

Von der Leyen ha colocado la reactivación de la economía europea como prioridad para este año, aunque las recetas recuerdan a medidas ya conocidas que no terminan de despegar. La presidenta de la Comisión ha apuntado a la hoja de ruta One Europe, One Market Roadmap (basada en los informes de Mario Draghi y Enrico Letta), con el objetivo de iniciar medida para completar el mercado único.

Mantiene la propuesta de reducir la carga burocrática en unos 17.000 millones de euros anuales mediante la simplificación de medidas, aunque esta propuesta ha sido puesta en duda por los socialistas, ya que encubre una reducción de la regulación para rebajar la agenda verde.

Además, se pretende promover un pacto con los Estados miembros para evitar el exceso de reglamentación nacional que obstaculice la legislación europea. Por otro lado, se va a impulsar una reforma de la banca orientada a la simplificación y a combatir la fragmentación e insistir en la Unión de Ahorros e Inversiones y el respaldo de empresas emergentes innovadoras.

Por otro lado, se quiere cerrar el déficit comercial con China de 1.000 millones de euros al día y la alta dependencia en tierras raras (80-90%) con este país, por lo que la Comisión creará la Corporación Europea de Materias Primas Críticas para adquirir y almacenar reservas estratégicas.

Consejo de Seguridad Europeo

Ante las amenazas híbridas de Rusia y el abandono de Estados Unidos como aliado, Von der Leyen ha anunciado que va a proponer un nuevo organismo de seguridad de la UE y países como Ucrania, Reino Unido, Noruega, Canadá y otros.

Donald Trump ha anunciado reiteradamente la salida de tropas de Europa y que los socios europeos de la OTAN tienen que defenderse por si solos. Ante la nueva estrategia de EEUU, la presidenta de la Comisión quiere un mecanismo que responda al incremento de las amenazas híbridas y acciones hostiles en suelo europeo:ciberataques, sabotajes e incursiones de drones que se han atribuido a Rusia en países como Dinamarca, Lituania, Polonia o Alemania.

En este sentido, Von der Leyen ha hecho mención a la necesidad de un “artículo 4 europeo” como el de la OTAN (un país puede solicitar una reunión formal de consulta con sus aliados cuando considere una amenaza) dentro de una nueva Estrategia de Seguridad Europea, para que los Estados miembros lo activen ante incidentes que se sitúen por debajo de un ataque armado directo, pero amenacen su seguridad nacional. También ha reiterado el apoyo de la UE a Ucrania en su guerra con Rusia.

Lucha contra el cambio climático: “El verano de la verdad”

“En materia de cambio climático, este fue el verano de la verdad”, ha reconocido Von der Leyen. Las temperaturas récord que ha sufrido el continente además de los incendios que han asolado a Europa han puesto en guardia a la Comisión Europea. Para contrarrestar esta amenaza se propone un nuevo Marco de Resiliencia Climática, para identificar a 100 regiones y territorios más vulnerables de Europa, convertir a Europa en líder del mercado emergente de tecnologías de adaptación (cultivos resistentes a la sequía, prevención de inundaciones y sistemas de refrigeración de alta eficiencia energética).

Además, se va a proponer la creación de una Alianza de Seguro Climático, ya que solo el 25% de las pérdidas por catástrofes naturales están cubiertas por seguros privados, lo que convierte a los presupuestos nacionales en los aseguradores de último recurso. Se va a establecer un Plan Europeo contra Olas de Calor para mejorar los sistemas de alerta temprana, la preparación sanitaria, la adaptación urbana al calor y la protección de las poblaciones más vulnerables, medidas para mejorar la gestión de riesgos de agua y se diseñarán propuestas para reforzar la prevención, la coordinación civil-militar y la creación de una flota aérea europea compartida contra los incendios.

En este ámbito ha incluido el objetivo de duplicar la cuota de electricidad en la economía europea para 2040 y recortar la factura de importación de combustibles fósiles en 260.000 millones de euros anuales,e el impulso de la producción de energías limpias, donde ha incluido la nuclear al mismo nivel es las renovables.

IA: maximizar beneficios bajo control humano

Maximizar sus beneficios reduciendo activamente sus riesgos y manteniendo siempre el control humano. Esta es la propuesta de Von der Leyen ante los riesgos de la Inteligencia Artificial. La presidenta de la Comisión se ha amparado en Ley de Inteligencia Artificial como “pieza fundamental para establecer unas salvaguardias”.

Además, la Comisión pretende intensificar la cooperación con socios como Canadá o Reino Unido en la evaluación y verificación de modelos, los sistemas de alerta temprana y la seguridad de la IA.

El pleno del Parlamento Europeo que se está celebrando esta semana en Estrasburgo ha tenido como especial invitado y protagonista al primer ministro de Canadá, Mark Carney. Solo su presencia en la Eurocámara es sido un mensaje de profundo calado geopolítico, frente a las imposiciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Frente a un mundo donde una serie de dirigentes trata de saltarse las reglas internacionales, la consolidación de las relaciones entre la UE y Canadá es fundamental para abrir nuevas vías de colaboración que rompan la dependencia de EEUU. El líder canadiense ha llegado a Estrasburgo con la intención de profundizar la alianza económica con la UE.

Este acercamiento ha ocupado un lugar destacado en el discurso del Estado de la Unión Europea de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, quien ha afirmado ante Carney que la Unión quiere “llevar la asociación con Canadá al más alto nivel posible” y ha añadido que ambos trabajarán juntos para “abrir la puerta a que Canadá se convierta en el primer miembro asociado de la Unión Europea”.

El primer ministro canadiense, que ha asistido este miércoles a escuchar a Von der Leyen un día antes de dar un discurso en el pleno de Estrasburgo en medio de una gran expectación, ha sido recibido con una ovación cerrada en el hemiciclo. “Mark, tu presencia aquí es un símbolo de la duradera amistad entre nuestros pueblos. Nuestros vínculos culturales, históricos y personales están profundamente arraigados en el tejido de nuestras sociedades”, ha dicho la jefa del Ejecutivo comunitario. “Por encima de todo, querido Mark, Europa y Canadá creen en la democracia. Creemos que el poder no pertenece a los más fuertes, a los más ricos ni a los que más gritan, sino a todos nosotros. Que las democracias tienen la libertad de elegir con quién trabajar. Por eso unimos nuestras fuerzas de forma voluntaria”, ha proseguido.

Durante su discurso, la presidenta de la Comisión ha enumerado los acuerdos comerciales con Australia, la India, el bloque del Mercosur, México e Indonesia. Y en un aparente recado a Trump, ha subrayado: “Estas alianzas son una elección estratégica para Europa. Pero también responden a la fractura del sistema internacional basado en normas. Para algunos, la respuesta es actuar por libre. Pero esa no es una opción para nosotros”.

“Europa siempre estará a la vanguardia a la hora de defender el sistema basado en normas. Pero ya no podemos confiar en él como la única forma de garantizar nuestros intereses. Ni dar por sentado que sus normas nos protegerán de las complejas amenazas a las que nos enfrentamos. En este nuevo mundo, debemos replantearnos urgentemente nuestras alianzas y construir coaliciones globales en favor de nuestra resiliencia y nuestras democracias”, ha agregado, en palabras que se alinean con el ya célebre discurso de Carney en Davos en enero, en el que llamó a las “potencias medianas” a coordinarse para sobrevivir entre los grandes poderes.

Un estatus especial

Ottawa ha pedido a Bruselas que tantee la posibilidad de encontrar un estatus especial para Canadá, una fórmula de relación donde haya una colaboración privilegiada entre ambos bloques. Otros países como Australia ya han avisado de que podrían seguir la vía canadiense de relación con la UE ante el deterioro de las relaciones con EEUU.

El problema para la Unión Europea es que sus países no cumplen los acuerdos mínimos que se firman. El primer ministro canadiense ha avisado de que aún es necesario que diez Estados miembros de la UE ratifiquen el acuerdo comercial firmado hace nueve años, según reveló en una entrevista al periódico Financial Times. España sí ratificó el acuerdo comercial de la UE con Canadá.

En las instituciones europeas esperan que la nueva situación geopolítica facilite que los países más renqueantes consoliden la nueva relación con el socio norteamericano. En 2025, el comercio de bienes entre la Unión Europea y Canadá ascendió a 82.000 millones de euros. La UE ya es el segundo socio comercial de Canadá, que se sitúa como el duodécimo de la comunidad europea.

En la última reunión de los responsables diplomáticos de los 27 países de la UE, la semana pasada, se acordó sin objeciones y por unanimidad la necesidad de impulsar las relaciones comerciales y en otros aspectos con Canadá, pese a su enfrentamiento con Trump, que podría provocar la prudencia de los países más cercanos al presidente estadounidense.

Carney no tuvo dudas a la hora de plantar cara a Trump y abandonar las negociaciones comerciales con EEUU, que llegó a decir que Canadá era el “estado número 51” de EEUU. En su pulso con Trump, Carney comentó: “No estábamos dispuestos a comprometer la soberanía de Canadá”. El primer ministro de Canadá anunció entonces que igualaría “dólar por dólar” los nuevos aranceles que aprobó la Casa Blanca.

Philipp Lausberg, analista del European Policy Centre, explica que “Canadá está ofreciendo a Europa una lección sobre cómo hacer frente a Trump: la dependencia económica no tiene por qué traducirse en sumisión política”. Lausberg resalta que “Carney ha respondido a la última ofensiva arancelaria de Washington suspendiendo las negociaciones comerciales y prometiendo una respuesta recíproca, dólar por dólar. Es una decisión llamativa para un país que envía alrededor del 70% de sus exportaciones a Estados Unidos. Sin embargo, el cálculo de Carney es que ceder una y otra vez ante unas exigencias cada vez mayores acaba generando una vulnerabilidad aún mayor”.

En este sentido, el primer ministro de Canadá quiere dejar de depender de EEUU y está abriendo su país a nuevos acuerdos comerciales e inversiones de otros socios, incluida China, lo que le ha valido nuevas críticas desde Washington.

Del comercio a los minerales críticos

En esta búsqueda de nuevos ámbitos de trabajo, la UE y Canadá están negociando la ampliación de acuerdos en varias materias que van desde comercio, defensa, minerales críticos, energía, sistemas financieros y liberalización de visados. “Pasaremos del CETA [el acuerdo económico comercial] a una Alianza para el Futuro con el fin de crear un espacio común de prosperidad y seguridad económica. Trabajaremos en la fabricación inteligente. Crearemos una alianza tecnológica. Integraremos las bases industriales de defensa. Haremos del Ártico un proyecto conjunto emblemático. Trabajaremos en materia de energía, minerales críticos y baterías. En inteligencia artificial, tecnología cuántica, ciberseguridad y seguridad económica”, ha avanzado Von der Leyen.

Ambos bloques se han conminado a una reunión que tendrá lugar en Montreal a finales de octubre para acelerar los tratados. En temas de defensa ya se está hablando entre las dos partes. La coordinación en materia de seguridad en la región del Ártico y las alianzas entre las industrias militares son algunas de las opciones que se están estudiando.

Anand Sundar, investigador del centro de pensamiento European Council on Foreign Relations, apunta que “los proyectos europeos de defensa deberían abrirse a países de fuera de la UE y del Espacio Económico Europeo. Las Fuerzas Armadas canadienses aportan una experiencia y unos conocimientos considerables en materia de guerra en el Ártico, un ámbito que está cobrando cada vez más interés para Europa ante el aumento de las amenazas tanto de Rusia como de Estados Unidos”. Trump volvió a incendiar las relaciones con la UE en la pasada cumbre de la OTAN cuando apuntó que “Groenlandia debería estar bajo el control de Estados Unidos y no de Dinamarca”.

Sundar recuerda que Carney dejó claro en un reciente discurso que “se acabaron los días en los que nuestras Fuerzas Armadas enviaban 70 centavos de cada dólar a EEUU”, con lo que se abren numerosas oportunidades para la industria europea de defensa.

No es el único ámbito en el que Canadá y la UE siguen la misma senda. Carney ha asegurado que quiere impulsar la creación de un organismo mundial que contribuya a supervisar la inteligencia artificial (IA) y a garantizar que su desarrollo sea seguro, según declaró en una entrevista a Bloomberg. Los temores a las consecuencias de una IA sin control han crecido en Europa.

Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, declaró a elDiario.es que “no es muy realista pensar que, tratándose de tecnologías que evolucionan a una velocidad tan rápida, podamos alcanzar algún tipo de acuerdo para ralentizar su desarrollo”. “Siempre habrá alguien que quiera impulsar y acelerar ese desarrollo. Es más importante centrarnos en cómo podemos alcanzar un acuerdo internacional sobre estas normas de seguridad, también en lo que respecta a la IA, porque los riesgos que estamos viendo ahora están relacionados principalmente con la ciberseguridad”.

En este acercamiento, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, anunció que la Eurocámara abrirá una oficina en Ottawa para reforzar los lazos con Canadá y facilitar los intercambios parlamentarios a ambos lados del Atlántico.

Marruecos está tratando de influenciar a los eurodiputados que desde este martes están negociando una resolución sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio. Ha sido la eurodiputada del PNV, Oihane Agirregoitia, quien ha sacado a la luz durante su intervención en la Eurocámara que “los eurodiputados han recibido un correo de la embajada del Reino de Marruecos ante la UE y la OTAN”. Posteriormente, elDiario.es ha tenido acceso a la integridad del correo en el que Marruecos no oculta que mandan el mensaje “ante el próximo debate en el Pleno del Parlamento Europeo” y destaca la colaboración con España y la UE, así como que está investigando “para determinar las causas y los actores responsables” y su compromiso “a readmitir a todas las personas afectadas, incluidos los ciudadanos marroquíes, los menores no acompañados y los nacionales de terceros países”.

En su mensaje a los europarlamentarios, Marruecos asegura que “están trabajando para determinar las causas y los actores responsables de esta situación. Esto incluye examinar el papel manifiesto desempeñado por la desinformación difundida a través de las redes sociales, así como la manipulación de personas vulnerables por parte de las redes de tráfico ilícito de migrantes y trata de seres humanos”.

Por otro lado, en su mensaje a los eurodiputados apunta que “la gestión de la llegada repentina de varias decenas de miles de personas en un periodo de tiempo muy breve, muchas de las cuales estaban decididas a cruzar el Mediterráneo poniendo en riesgo sus vidas, no puede abordarse mediante el uso de la fuerza letal”. En este sentido, las autoridades marroquíes aseguran que “el uso de dicha fuerza no puede considerarse ni un medio ni una solución, de conformidad con las reglas de enfrentamiento aplicables a la gestión de los flujos migratorios”.

Respecto a las relaciones con España y la UE, en el correo las autoridades diplomáticas marroquíes se preguntan: “¿Qué interés tendría Marruecos en provocar una grave crisis con España y la Unión Europea, especialmente en un momento en el que la UE es el principal socio de Marruecos y las relaciones entre Marruecos y la UE están experimentando un nuevo proceso de fortalecimiento y consolidación?”.

En este sentido, Marruecos destaca que “el Gobierno español ha declarado públicamente que la información de la que disponía no permitía atribuir responsabilidad a Marruecos” y que España “ha reconocido la rápida y activa cooperación de Marruecos para facilitar el retorno de la gran mayoría de los migrantes en situación irregular”.

Además, pone sobre la mesa sus actuaciones en el control de la inmigración. “Marruecos ha cumplido sistemáticamente sus compromisos con España y la UE. En estrecha cooperación con sus socios europeos, las autoridades marroquíes impiden cada año más de 75.000 intentos de cruces irregulares (entre 2023 y 2025 se impidieron 227.000 intentos) y han desmantelado redes de tráfico ilícito de migrantes y trata de seres humanos (entre 2023 y 2025 se desmantelaron más de 1.050 redes de tráfico ilícito de migrantes y trata de seres humanos)”.

Agirregoitia solo había leído una parte del mensaje en el pleno del Parlamento europeo: “Dada la naturaleza excepcional, la magnitud y la complejidad de esta lamentable situación, Marruecos se compromete a readmitir a todas las personas afectadas, incluidos los ciudadanos marroquíes, los menores no acompañados y los nacionales de terceros países”. Además de este punto, el correo tenía otros cinco que no ha querido desvelar.

La eurodiputada del PNV ha añadido que espera que Marruecos cumpla con lo que pone en su mensaje. “Las imágenes que estamos viendo en la tele y la información que recibimos no dicen lo mismo. Marruecos, un país que es sede y aspira a acoger la final de un mundial de fútbol en 2030, debería tener capacidad de abordar estas y otras realidades y desigualdades sociales”.

El papel de Marruecos

El papel de Marruecos ha sido uno de los elementos que más ha confrontado al Gobierno de Pedro Sánchez con la oposición, e incluso con sus socios del Ejecutivo. En su comparecencia en el Congreso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, centró su discurso en el reconocimiento sin matices de la “cooperación” marroquí.

La pasada semana el Ministerio marroquí de Relaciones Exteriores lanzó un comunicado en el que apuntaba que “el Reino de Marruecos se niega a ser utilizado como peón político preelectoral, ni aceptará ser el chivo expiatorio en los ajustes de cuentas políticos”.

“La proximidad geográfica es un hecho inmutable. Son los líderes políticos quienes, con valentía y visión, transforman esto en un activo para el futuro. La ceguera estratégica, por el contrario, convertirá este capital en una fuente de desconfianza crónica y tensiones recurrentes”, remarcaba Marruecos.

El PP entonces respondió que “Marruecos es responsable por acción u omisión” de la entrada de decenas de miles de personas en Ceuta y que “nada está por encima de la defensa de España”.

Las posiciones del Gobierno español y el PP han quedado recogidas en las resoluciones sobre Ceuta que se están debatiendo en la Eurocámara. Mientras que los socialistas destacan la colaboración con Marruecos, la del PP Europeo “considera que toda declaración que cuestione la soberanía española [de Ceuta] es inaceptable e incompatible con las obligaciones de un país socio” [en referencia a Marruecos] y pide “a las autoridades marroquíes que asuman sus responsabilidades como socio clave de la Unión Europea y que cumplan sus compromisos en materia de gestión de fronteras, retorno y cooperación migratoria”.

La distancia entre las propuestas ha provocado que no se haya conseguido un acuerdo entre los dos partidos mayoritarios de la Eurocámara, por lo que tendrán para negociar hasta el jueves, cuando se producirá la votación.

La Comisión Europea ha anunciado este martes que ha aprobado la norma sobre Movilidad Laboral Justa para que los trabajadores europeos puedan acreditar y reclamar sus derechos en materia de seguridad social y seguro de enfermedad en toda la UE. Bruselas asegura que la medida garantizará los derechos sociales de los ciudadanos, independientemente de dónde decidan vivir y trabajar, además de que facilitará que las cualificaciones sean comprensibles en cualquier lugar de la UE y reconocidas formalmente cuando se trate de profesiones reguladas.

La propuesta pasa por agilizar el Pasaporte Europeo de Seguridad Social (ESSPASS), un documento digital que permitirá a las personas solicitar y recibir documentos de seguridad social íntegramente por internet, incluida la Tarjeta Sanitaria Europea y el documento A1 para los trabajadores desplazados.

Las personas que se desplacen a otro país de la UE podrán almacenar y presentar estos documentos en formato digital, mientras que las administraciones podrán verificarlos de forma rápida y segura. Este espacio digital estará disponible para personas y empresas de toda la UE a finales de año.

La normativa trata de “proteger mejor a los trabajadores móviles frente a los abusos y eliminar procedimientos administrativos lentos y complejos que dificultan que las empresas contraten talento o presten servicios en toda la UE”. La Comisión insiste en que los países y sus Administraciones públicas “se beneficiarán”, ya que facilitará la lucha contra el fraude.

Roxana Mînzatu, vicepresidenta europea para Derechos Sociales y Empleo de Calidad, ha declarado que esta medida “transformará profundamente el mercado único para mejor. Las personas deben poder trabajar en cualquier lugar de Europa con sus derechos sociales protegidos y sus cualificaciones reconocidas con mayor rapidez. Las empresas deben poder contratar el talento que necesitan con menos trámites burocráticos y menos retrasos”.

La Comisión asegura que tras la implementación de la medida se generarán unos beneficios estimados de 6.000 millones de euros de aquí a 2040, “gracias a un reconocimiento más rápido de las cualificaciones profesionales, la verificación en tiempo real de los documentos de seguridad social y otros ahorros para empresas, trabajadores y autoridades, así como a la prevención del fraude”.

La Comisión resalta que la digitalización podría generar un ahorro de hasta 64 millones de euros para las empresas, 69 millones para los proveedores de servicios sanitarios y 72 millones para los inspectores de trabajo, gracias a una verificación transfronteriza más rápida. Las firmas digitales podrían evitar hasta 277 millones de euros en fraude durante el mismo periodo.

La Comisión propone asimismo crear una nueva herramienta europea de comparación de cualificaciones, basada en la información de las bases de datos nacionales sobre cualificaciones. Esta herramienta ofrecerá a empleadores y trabajadores una forma sencilla y gratuita de comprender y comparar las cualificaciones entre los distintos Estados miembros.

Plazos

Los documentos de seguridad social se digitalizarán por fases, empezando por el documento A1 para los trabajadores desplazados, un año después de la entrada en vigor del Reglamento sobre el ESSPASS, seguido de la Tarjeta Sanitaria Europea y otros documentos en un plazo de tres años.

Los cambios relativos a las cualificaciones y a la portabilidad de las capacidades también se introducirán de forma gradual: se simplificará el reconocimiento de las cualificaciones obtenidas fuera de la UE en un plazo de dos años desde su adopción, mientras que las cualificaciones digitales disponibles en la Cartera Europea de Identidad Digital y un reconocimiento más sencillo para las profesiones reguladas estarán operativos en un plazo de tres años.

Una vez adoptado el mandato revisado, la Autoridad Laboral Europea (ELA) podrá comenzar a aplicar los cambios, y se esperan mejoras entre 2028 y 2030.

Ceuta se ha colocado en el centro del debate político en las instituciones europeas. El Partido Popular español ha trabajado a destajo para llevar la crisis migratoria en la ciudad española a las agendas que se discuten en la UE. La migración es un tema candente en Bruselas y los populares han encontrado una vía para atacar al Gobierno de Pedro Sánchez. Esta semana hay un pleno en el Parlamento Europeo donde se está negociando una resolución sobre la entrada masiva de inmigrantes los días 30 y 31 de julio en Ceuta, que se votará el jueves. El PP europeo ha incluido un punto en el que “considera que toda declaración que cuestione la soberanía española [de Ceuta] es inaceptable e incompatible con las obligaciones de un país socio”, mientras que los socialistas europeos recalcan que “su consternación ante la reacción inicial de algunos Estados miembros, que equivalía a culpar a España y al Gobierno español de la llegada sin precedentes de un número tan elevado de personas a Ceuta”.

Respecto a Marruecos, la resolución de los socialistas europeos ensalza la colaboración con Marruecos, mediante “los mecanismos de cooperación existentes” entre ambos países que “permitieron el rápido retorno de la gran mayoría de las personas que habían cruzado la frontera” de forma irregular“ y recuerda ”la importancia de mantener asociaciones sólidas, constructivas y mutuamente beneficiosas con terceros países“.

Durante los días posteriores a la crisis migratoria varios dirigentes del Gobierno marroquí pusieron en duda la españolidad de Ceuta y Melilla y exigieron su “devolución” a Marruecos.

El eurodiputado del PP, Javier Zarzalejos, ha declarado que “es muy difícil que se pueda aspirar a una relación comercial o política normalizada con Marruecos cuando ni los cadáveres de los que se ahogaron han sido autorizados a ser retornados para ser enterrados”. Sin embargo, la resolución del PPE no pide explícitamente que la Unión Europea se replantee la relación de amistad con marruecos “si no se respetan las fronteras”, como solicitó el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en una comparecencia que organizó el Comité de Libertades Civiles de la Eurocámara.

El punto 14 de la resolución de los populares europeos añade la petición“a las autoridades marroquíes que asuman sus responsabilidades como socio clave de la Unión Europea y que cumplan sus compromisos en materia de gestión de fronteras, retorno y cooperación migratoria; subraya que dicha asociación debe basarse en el respeto incondicional de la integridad territorial de los Estados miembros de la Unión, como principio fundamental del Derecho internacional y condición innegociable”.

Desde la Comisión Europea, que preside Ursula Von der Leyen, del PPE, se ha tenido mucho cuidado de acusar a Marruecos de cualquier iniciativa relacionada con la entrada de 80.000 inmigrantes en Ceuta. Marruecos es un socio para la UE y en Bruselas no se quiere enfadar a un país con el que se pretenden mantener las mejores relaciones.

Nadie duda de que fue “guerra híbrida”

Mientras que los populares condenan “la instrumentalización de la migración irregular como herramienta de guerra híbrida contra la integridad territorial de un Estado miembro”, los socialistas europeos han recogido la versión del Gobierno español y apuntan a que “los acontecimientos registrados en Ceuta constituyeron un ataque híbrido contra la integridad territorial de Europa, perpetrado por actores internacionales hostiles, junto con traficantes y redes criminales de contrabando, que convencieron a personas para que se desplazaran a Ceuta con la esperanza de dividir a Europa”.

La líder de los socialistas europeos en la Eurocámara, Iratxe García, ha culpado al Partido Popular español de obligar al presidente del PP Europeo, Manfred Weber, de lanzar un mensaje la red social X contra el Gobierno español por la entrada de masiva de inmigrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio que provocó la falta de solidaridad de buena parte de los Estados miembros de la UE. Esta semana se está celebrando un pleno en el Parlamento Europeo en el que se está negociando entre los grupos políticos una resolución sobre la crisis migratoria de Ceuta.

“Al minuto de ocurrir esta entrada masiva a Ceuta, el PP español mandó a Weber escribir un post en X contra el Gobierno de España, ahí se abrió la veda”, ha apuntado García, que ha añadido que “Ceuta es España y Ceuta es Europa. Lo que ha ocurrido en Ceuta es una cuestión europea. Los socialistas europeos sentimos que un ataque al Gobierno de España es un ataque a los valores fundamentales de nuestra familia política”.

“Cuando atacaron a Italia, Polonia o Rumanía [en referencia a las crisis migratorias que sufrieron], la primera reacción fue estar al lado del país europeo. El PP tiene que decidir si quiere acordar con una resolución con la extrema derecha o asumir su responsabilidad europea y ayudar a España en esta crisis”, ha apuntado la líder de los socialistas.

De hecho, en la resolución de los socialistas europeos se “expresa la consternación ante la reacción inicial de algunos Estados miembros, que equivalía a culpar a España y al Gobierno español de la llegada sin precedentes de un número tan elevado de personas a Ceuta”. Posteriormente se alaba que varios países expresaron su solidaridad con la situación que estaba sufriendo España.

Además, los socialistas recriminan específicamente al gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni su posición con España: “Critica la decisión de Italia de introducir de forma inmediata, a partir del 1 de agosto y a raíz de los acontecimientos en Ceuta, controles en su frontera interior con España, pese a que las personas llegadas de forma irregular no podían continuar su viaje hacia España ni hacia otro Estado del espacio Schengen; considera que dicha decisión no era ni necesaria ni proporcionada”.

Se avecina un otoño caliente en Bruselas. La tensión política se ha acrecentado entre los socios que auparon a Ursula Von der Leyen a la presidencia de la Comisión Europea. Von der Leyen tiene que dar el discurso del Estado de la Unión Europea este miércoles en la sede de Estrasburgo de la Eurocámara mientras la desconfianza se ha acrecentado entre las formaciones políticas cuando se acerca la mitad de la legislatura y las promesas de soberanía e independencia europea están muy lejos de cumplirse. La inmigración con Ceuta como eje de la discusión, la defensa de Europa, la protección de los menores ante las redes sociales o el impulso de políticas que mejoren la economía y la vida de los ciudadanos van a ser parte del discurso de la presidenta de la Comisión.

Los socialistas europeos ya han avisado de que es necesario “un cambio de rumbo”, mientras que los liberales exigen “una vía creíble para convertir la ambición europea en resultados”. Si hay algo que ha caracterizado la gestión de la UE es la escasez de resultados, ya sea por frenos burocráticos o por escollos políticos o nacionales. El PP Europeo, la formación de Von der Leyen, se debate en una lucha contra sí mismo en su estrategia por apoyarse en la ultraderecha para reducir las exigencias medioambientales a las empresas o endurecer las políticas migratorias, a pesar de que se traduce en la perdida de espacio político, como se ha visto con la AfD en las elecciones del lander alemán de Saxony-Anhalt. Además, la ultraderecha ha conseguido imponer su agenda temas como la inmigración, con la aprobación de los centros de retorno en terceros países, o la flexibilización de la agenda verde, sin que hayan tenido apenas desgaste.

En el exterior, la Unión Europea se enfrenta a un triángulo de amenazas. Por un lado, los ataques híbridos de Rusia, que busca minar a Europa, único apoyo real de Ucrania frente al Kremlin; por otro, la política beligerante de la Administración de Donald Trump para debilitar a la UE y dominarla desde el punto de vista empresarial y comercial; finalmente, el riesgo económico que supone China, convertida en un reto financiero debido al abultado déficit comercial de Europa con el gigante asiático. Junto a este contexto geopolítico, la UE también tiene que lidiar con el enemigo interno de una extrema derecha europea alineada con Trump y Vladímir Putin.

Con este panorama, los recelos se han acrecentado entre las formaciones políticas ante los bandazos que ha dado la presidenta de la Comisión Europea en el último año, sin que se hayan cumplido las promesas sobre la independencia de Europa frente al resto del mundo.

Si en el pasado discurso del Estado de la Unión Von der Leyen proponía la suspensión de apoyo bilateral a Israel para frenar el genocidio en Gaza, durante todo el año solo ha obstaculizado cualquier actuación contra Israel.

Si en septiembre de 2025 lanzaba una arenga con tintes militares (“Europa defenderá cada centímetro de su territorio”) tras las violaciones del espacio aéreo de varios países europeos por parte de Rusia, la realidad es que ni la industria militar europea ni los países están aún preparados para responder por si solos a la amenaza del Kremlin y dependen todavía de un aliado como Estados Unidos, que está en proceso de abandono de la defensa de Europa. Todavía es solo un proyecto aquel 'muro de drones' que se anunció como fórmula para responder a la amenaza híbrida de Rusia.

Con el marasmo en el que se ha convertido la política internacional con dirigentes como Trump, Vladímir Putin o Benjamin Netanyahu, Von der Leyen cometió un error sin precedentes en marzo cuando se atrevió a tirar por tierra los principios fundamentales de la Unión Europea con su propuesta de arrinconar el sistema basado en reglas y el derecho internacional cuando fuera necesario. El escándalo fue mayúsculo y Von der Leyen tuvo que dar marcha atrás dos días después tras las exigencias de rectificación por parte de los Estados miembros. Lejos de rebajar su obsesión por controlar la política exterior de la UE, la política alemana presiona para desmantelar el Servicio Europeo de Acción Exterior, que dirige Kaja Kallas, y que sus competencias queden absorbidas por el resto de comisarios, es decir, un movimiento más para centralizar el poder.

Como elemento positivo, Von der Leyen ha conseguido mantener el apoyo europeo a Ucrania frente a Rusia, incluso rompiendo planteamientos de los países más austeros mediante el préstamo de 90.000 millones para Kiev respaldado por deuda europea.

Lejos de cumplir con el informe Draghi

Aunque el año pasado, Von der Leyen aseguraba que la prioridad era sacar a Europa de la atonía económica que le atenaza, los datos son poco elocuentes. Se ha asumido con una tímida alegría el crecimiento del 0,6% de la economía de la zona euro en el segundo trimestre de este año, aunque la inflación se volvió a disparar al 3,3% el pasado agosto, debido a las turbulencias sobre los precios que ha provocado la guerra de Irán. Pero además, el centro de estudios European Policy Innovation Council ha constatado que solo se han aplicado el 15,7% de las 383 recomendaciones incluidas en el informe de Mario Draghi para mejorar la competitividad de la UE.

En todo caso se han dado pequeños pasos en el terreno de la desregulación bajo el eufemismo de simplificación para facilitar la operatividad de las empresas, a veces sacrificando los avances que se había hecho en la lucha contra el cambio climático, pero aspectos como la unidad de mercado, la unidad bancaria, el impulso de campeones europeos, entre otras medidas, son todavía más ideas en sesudos papeles que políticas concretas.

Limitar redes sociales en medio del tsunami de la IA

Una prueba clara de la lentitud en la capacidad de respuesta es que mientras hace un año la prioridad era acelerar el desarrollo para competir con Estados Unidos o China en el desarrollo de la Inteligencia Artificial, hoy se alzan voces para impulsar la regulación que controle los peligros que puede suponer esta tecnología. Sin embargo, el principal anuncio de Von der Leyen en el campo tecnológico va a ser el establecimiento a nivel europeo de la edad mínima de 15 años para acceder a las redes sociales, cuando el mundo realmente debate ahora el peligro que puede llegar a suponer el desarrollo sin una regulación sólida de la Inteligencia Artificial.

En el ámbito comercial se cerró tras un año de negociaciones internas el acuerdo comercial con Estados Unidos, que en algunas capitales europeas se calificó como “humillante”. Pese al desorden que provocó Trump con su esquizofrénica política arancelaria, la UE ha dado pasos relevantes con la firma de nuevos acuerdos comerciales o la ampliación de los ya existentes con Mercosur, Australia, India o Singapur. Mención aparte tienen las relaciones con Canadá, cuyo primer ministro Mark Carney, participará con un discurso en el pleno del Parlamento Europeo. La UE y el país norteamericano quieren ampliar las relaciones, especialmente económicas y de defensa.

Mientras con China se está a la espera de que en octubre se concreten las negociaciones para tratar de rebajar la tensión en las relaciones económicas entre ambos bloques. Desde hace meses, Bruselas está aprobando medidas para tratar de cambiar la relación comercial con el gigante asiático, que ha calificado como “insostenible”. El objetivo de Europa es reducir su déficit comercial de 360.000 millones de euros con China, sin que las medidas provoquen un movimiento en Pekín que pueda causar males mayores, ante la capacidad que tiene de abrir o cerrar el grifo de exportaciones de minerales críticos y tierras raras, esenciales para la industria tecnológica, automovilística o de defensa. La Comisión aseguró que su “enfoque general sigue siendo la reducción de riesgos ('de-risking'), no el desacoplamiento”.

“Una Europa que anteponga a las personas”

Ante la gestión de Von der Leyen, la líder de los socialistas en la Eurocámara, Iratxe García, señala que “todo el mundo está esperando a la Unión Europea. Hay que alejarse de la desregulación y avanzar hacia una Europa que anteponga a las personas”. García ha resaltado que si no hay un cambio claro de política en Von der Leyen y los populares mantienen su estrategia de pactar con la ultraderecha se encontrarán a los socialistas “en frente”.

Con un tono diferente, pero centrado en la misma idea, el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, subraya que “hay muchas preocupaciones e incluso miedos sobre perder empleos, sobre el coste de la vida, sobre cómo podemos permitirnos nuestra vida y luego financiarla” por lo que “la gente debería estar en el centro del discurso sobre el Estado de la Unión”.

La líder de los liberales en la Eurocámara resalta que “Europa también debe demostrar su relevancia en la vida cotidiana de los ciudadanos. Eso significa reducir las facturas energéticas de las familias y las empresas, hacer frente al coste de la vida y aumentar la oferta de vivienda asequible. No podemos permitir que la extrema derecha venda un pasado idealizado como respuesta a los problemas actuales”.

Las negociaciones por el próximo presupuesto plurianual europeo, correspondiente al periodo 202-2034, está provocando extrañas alianzas entre los países europeos. La batalla por definir el Marco Financiero Plurianual (MFP) empezó acentuando la clara diferencia de posiciones entre el Norte y el Sur de la Unión Europea con una guerra dialéctica entre los países austeros –Alemania, Países Bajos o Suecia– y los países que pretenden aumentar el gasto y hacer uso de la deuda –Francia, España o Italia–. Sin embargo, la búsqueda de soluciones para evitar recortes presupuestarios ha hecho que países frugales se unan con los 'amigos de la Cohesión'. Vuelve a ponerse sobre la mesa la opción de utilizar los activos congelados rusos, depositados en una entidad belga, para financiar Ucrania en su guerra contra Rusia, un conflicto que ha cumplido cuatro años y no tiene visos de solución a corto plazo.

A finales de agosto, España, Suecia, Polonia y Países Bajos le mandaron una carta conjunta a la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, en la que reclamaban “hacer un mayor uso” de los 210.000 millones de activos rusos congelados que están depositados en la empresa Euroclear, con sede en Bélgica. Ahora la iniciativa también ha sido recogida por Alemania, que tiene como objetivo recortar drásticamente el presupuesto comunitario en su conjunto, y ha encontrado en los fondos rusos una vía para cerrar el paso a un incremento del gasto presupuestario.

De esta manera, estados que reivindican la austeridad como Alemania, Suecia o Países Bajos se han unido a países como España, que abogan por incrementar el gasto y utilizar deuda conjunta, en pos de utilizar los activos rusos también para acercar posturas en una negociación presupuestaria que se antoja imposible.

Entonces, el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, agradeció la iniciativa de los cuatro países y señaló que “Ucrania necesita cubrir el creciente desfase entre sus gastos de defensa y los costes de reconstrucción y recuperación. Es justo y lógico utilizar los activos rusos, en lugar de recurrir únicamente al dinero de los contribuyentes europeos. Mediante un debate profesional y un análisis riguroso, los expertos pueden desarrollar soluciones viables que sean conformes con las normas europeas, el derecho internacional y el principio del Estado de derecho, al tiempo que los riesgos pueden mitigarse y repartirse colectivamente de forma equitativa, sin imponer una carga injusta a ningún Estado miembro en particular”.

El pasado diciembre la Unión Europea fracasó en su intento de utilizar los 210.000 millones de euros de activos rusos congelados para financiar a Ucrania en su guerra con Rusia. Tras más de 16 horas de negociación, los responsables de las instituciones europeas, respaldados por numerosos países, no consiguieron doblegar el brazo a Bélgica, país que vetó la utilización de los activos inmovilizados rusos con el argumento de las posibles consecuencias judiciales en un futuro. Como solución, la UE cerró un acuerdo para prestar 90.000 millones de euros a Ucrania avalados con el presupuesto comunitario.

Este viernes, la Comisión Europea aprobó, dentro del préstamo de 90.000 millones, la concesión de 6.100 millones de euros para que Ucrania adquiera armas para defensa aérea y antimisiles, drones y material para guerra electrónica. Bruselas asegura que “estos fondos servirán para adquirir productos de defensa tanto a empresas de la UE como ucranianas. Tras el acuerdo alcanzado el lunes por los Estados miembros, la decisión permite además a Ucrania adquirir misiles PAC-3 para los sistemas Patriot”, que son vitales para evitar ataques con misiles balísticos por parte de Rusia.

La Comisión ya ha desembolsado 8.350 millones de euros en financiación para la defensa de Ucrania de los 28.300 millones de euros designados para este objetivo en 2026. El problema es que el Gobierno ucraniano advierte de que Rusia no da señales de querer finalizar la confrontación y las necesidades financiera para la defensa de Ucrania crecen.

Fuentes diplomáticas han señalado que se puede plantear a Bélgica la utilización de los activos rusos ante la amenaza de recibir menos dinero para agricultura o las regiones. En el actual presupuesto plurianual de la UE (2023-2027), Bélgica tiene asignados 3.150 millones de euros mientras que en fondos regionales recibiría otros 3.000 millones.

Esta semana un grupo de 122 europarlamentarios (pertenecientes al Partido Popular Europeo, Socialistas y Demócratas, Renew Europe, Verdes/ALE, La Izquierda y ECR) solicitaron por carta a las instituciones europeas que se retome la iniciativa de los fondos rusos, ya que el préstamo de 90.000 millones no será suficiente. Ante la recepción de la misiva, la Comisión Europea ha respondido que la posibilidad de utilizar los activos rusos congelados “nunca ha estado fuera de la mesa. Sigue estando ahí como una herramienta”.

Pasar los activos rusos a cuentas bajo jurisdicción de la UE

La UE está buscando son soluciones jurídicas que reduzcan el riesgo que pone Bélgica como excusa. Una de las opciones que se ha planteado es la posibilidad de transferir la custodia de los activos congelados de Bélgica a la jurisdicción de la Unión Europea, es decir, los demás países de la UE compartirían conjuntamente con los riesgos, como exigen los dirigentes belgas, en caso de que el Banco Central de Rusia vaya a los tribunales.

El ministro de Exteriores belga, Maxime Prévot, afirmó en agosto durante una visita a Ucrania que Bélgica se abriría a utilizar los activos congelados si los demás países de la UE comparten los riesgos.

Las últimas sentencias judiciales están siendo contrarias a los intereses rusos. El Tribunal General de la Unión Europea rechazó el recurso presentado por el Gobierno de Hungría, con Viktor Orbán como primer ministro, contra la decisión de utilizar los intereses procedentes de los activos rusos congelados para apoyar a las Fuerzas Armadas ucranianas. El pasado agosto la UE transfirió casi 1.400 millones de euros en intereses generados por activos rusos congelados. Esta es la quinta transferencia de este tipo, que acumula algo más de 8.000 millones para Ucrania.