El vicepresidente y ministro de Economía y de Transportes, Carlos Cuerpo, ha señalado este lunes que es “optimista” ante las posibilidades de que Pablo Hernández de Cos sea designado como presidente del Banco Central Europeo frente al candidato de Países Bajos, Klaas Knot. Los ministros de Finanzas de la zona euro examinarán este lunes las candidaturas presentadas en la reunión del Eurogrupo por cada país , aunque un acuerdo final se espera para la cumbre que se celebrará los 26 y 27 de noviembre, que será monográfico sobre el próximo presupuesto europeo para el periodo 2028-2034. 

Cuerpo ha insistido en que “hace tiempo que se ha empezado a negociar la sucesión de la presidenta Christine Lagarde. Somos conscientes de todo lo que conlleva este tipo de procesos y hemos intentado poner sobre la mesa una candidatura lo suficientemente potente y fuerte como para tener posibilidades realistas. Somos optimistas, España por primera vez puede tener a alguien al frente del Banco Central Europeo”.

“Pablo Hernández de Cos es, sin duda, el mejor candidato para este trabajo. 30 años de experiencia en el sector y una enorme reputación por la calidad técnica de sus trabajos, pero también por su capacidad de gestión y de llegar a consensos en entornos complejos. Ahora, sin ir más lejos, al frente del Banco Internacional de Pagos en Basilea. Antes lo hizo también al frente del Banco de España. Creemos que es el momento adecuado y que tenemos el candidato adecuado”, ha apuntado el vicepresidente.

La pugna por la presidencia del Banco Central Europeo (BCE) será entre el español Pablo Hernández de Cos y el neerlandés Klaas Knot. Esto va a suponer una batalla entre los Estados del norte, que apuestan por una política más dura contra la inflación, con más subidas de tipos de interés para ahogar a la economía, y respaldarían a Knot, frente a los países del sur, que abogan por no desplazar todo el peso de la lucha contra la subida de precios con la subida del coste del crédito a las familias y las empresas, que apoyarían a Hernández de Cos.

En este sentido, el vicepresidente económico ha resaltado que el Gobierno español “está trabajando para tener el voto de todos los países del Eurogrupo y que haya unanimidad con la candidatura española. Cuanto antes haya una solución para los puestos que estarán vacantes a partir del año que viene, pues mayor estabilidad también para la institución”.

Realmente, los países van a negociar tres cargos del BCE. Christine Lagarde anunció que dejaba el cargo el 7 de febrero de 2027, casi nueve meses antes del final de su mandato, que terminaba el 31 de octubre del próximo año. Además, la representante de Alemania Isabel Schnabel anunció en septiembre que dejaba su cargo en el Comité Ejecutivo y del Consejo de Gobierno del BCE para incorporarse al Fondo Monetario Internacional (FMI) en enero de 2027. Por otro lado, el economista jefe de la institución monetaria, el irlandés Philip Lane, también finaliza en mayo de 2027 su periplo de ocho años en la institución monetaria.

Sin embargo, Cuerpo ha deslizado que el puesto que persiguen para España es la presidencia del BCE. “Hay que encontrar siempre un equilibrio en los grandes puestos de relevancia al frente de instituciones como el Banco Central Europeo. Es importante que los puestos se decidan en su conjunto con un equilibrio a nivel geográfico, político y en términos de género”. Francia ha anunciado públicamente que están interesados en el puesto de Economista jefe del BCE.

El vicepresidente ha desligado la elección del presidente del BCE de las elecciones en España. “Hay que desligar el calendario de la presidencia del BCE o de los puestos de mercados o de economista jefe de las elecciones españolas. Llevamos mucho tiempo trabajando en esta sustitución. Se ha adelantado la salida de la Presidenta. Nosotros estamos preparados para promover esta candidatura. Lo importante es que demos una señal de estabilidad al frente del liderazgo del Banco Central Europeo”.

La pugna por la presidencia del Banco Central Europeo (BCE) será entre el español Pablo Hernández de Cos y el neerlandés Klaas Knot. No hay otros candidatos para el puesto. Esta va a suponer una batalla entre los Estados del norte, que abogan por una política más dura contra la inflación, con más subidas de tipos de interés para ahogar a la economía, y respaldarían a Knot, frente a los países del sur, que abogan por no desplazar todo el peso de la lucha contra la subida de precios con la subida del coste del crédito a las familias y las empresas, que apoyarían a Hernández de Cos.

Los ministros de Finanzas de la zona euro examinarán las candidaturas presentadas en la reunión del Eurogrupo del próximo 9 de noviembre, aunque un acuerdo final se espera para la cumbre que se celebrará los 26 y 27 de noviembre, que será monográfico sobre el próximo presupuesto europeo para el periodo 2028-2034. La apertura de la disputa por el liderazgo de la política monetaria, tras el anuncio de la salida anticipada de Christine Lagarde como presidenta del BCE, entre un 'halcón' (Knot) y una 'paloma' (Hernández de Cos) se da en un momento muy complejo en la economía de la UE, con fuertes tensiones inflacionarias y bajo crecimiento en Europa.

El ministerio de Economía anunció este viernes que España “ha presentado formalmente la candidatura de Pablo Hernández de Cos a la presidencia del Banco Central Europeo (BCE)”. El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha remitido la candidatura por carta al presidente del Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis, dentro del plazo abierto para que los Estados miembro de la zona euro propongan a sus candidatos. Posteriormente, se hizo pública la candidatura propuesta por Países Bajos para el mismo puesto con Klaas Knot, ex presidente del Banco de Países Bajos. 

“Pablo Hernández de Cos es un candidato excepcional, con un reconocido prestigio internacional y una trayectoria que demuestra liderazgo, independencia y capacidad de diálogo. Estoy convencido de que aportaría al BCE la misma mano firme que mostró al frente del Banco de España, donde impulsó una mayor transparencia y un acercamiento a la ciudadanía”, ha señalado el vicepresidente Carlos Cuerpo. Sería la primera vez en la historia de la institución monetaria que un español alcanza la presidencia, ya que el anterior español en la dirección de la institución fue Luis de Guindos, que ocupó la vicepresidencia hasta el pasado mes de mayo.

En su comunicado, el Ministerio de Economía destaca que Hernández de Cos es en la actualidad director general del Banco de Pagos Internacionales (BPI). Entre 2018 y 2024 fue gobernador del Banco de España y, en calidad de tal, miembro del Consejo de Gobierno y del Consejo General del BCE.

“Su trayectoria de tres décadas comenzó en el Departamento de Economía, Estadística e Investigación del Banco de España, cuya Dirección General llegó a encabezar, y trabajó también como asesor del Comité Ejecutivo del BCE en Frankfurt. En el ámbito internacional, Hernández de Cos ha presidido el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea así como el Comité Técnico Consultivo de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS). Es doctor en Economía por la Universidad Complutense y cuenta también con una larga trayectoria docente y académica”, explican desde el Ministerio que dirige Carlos Cuerpo.

Sin embargo, las relaciones entre Hernández de Cos y el Gobierno no siempre fueron tan buenas. Cuando Hernández de Cos fue gobernador del Banco de España hubo continuos encontronazos con el Ejecutivo de Pedro Sánchez por los informes que hizo la institución monetaria sobre las políticas del Gobierno alrededor del salario mínimo, la subida de las pensiones públicas, el déficit público o el respaldo de Hernández de Cos a la 'mochila austriaca'.

Por su parte, Knot es reconocido por defender las políticas monetarias más duras. Coincidió con la presidencia del BCE de Mario Draghi, al que criticó por las medidas de estímulo económico que adoptó para sacar a Europa de la grave crisis económica que sufrió, aunque posteriormente adoptó un papel más pragmático ante la envergadura de la crisis, podría tener el respaldo de algunos países del norte de Europa que esperan una política monetaria más dura.

Solo hace unos días, Knot respondía que “se seguirán viendo pequeñas perturbaciones que impulsarán la inflación y a las que el BCE tendrá que responder manteniendo una orientación de política monetaria relativamente restrictiva”, según informa Bloomberg.

Hernández de Cos, favorito para los economistas

Una encuesta del Foro Oficial de Instituciones Monetarias y Financieras (OMFIF), un think tank británico, entre expertos en política monetaria eligió a Hernández de Cos como el favorito para ser el próximo presidente del BCE. El exgobernador del Banco de España fue el preferido de los expertos encuestados en cuatro de las nueve categorías (formación en economía monetaria, reputación de capacidad para generar consenso, capacidad para obtener el respaldo de otros Estados miembros y credenciales europeas), mientras que Knot consiguió ser el primero en experiencia en banca central.

En otra encuesta que realizó hace unas semanas Bloomberg, una mayoría de 12 economistas consultados eligieron al candidato español como favorito para presidir el BCE frente al propuesto por Países Bajos, que fue elegido por nueve de los encuestados.

La salida anticipada de Christine Lagarde como presidenta del Banco Central Europeo (BCE) ha abierto una dura pugna por la sucesión en la institución monetaria en un momento vital para la recuperación de la economía europea. Los 21 países del área euro se preparan para una ardua negociación donde hay que encajar varias piezas de un puzle de poder.

Los 21 países de la zona euro tienen que elegir por votación al presidente de la institución monetaria por un periodo de ocho años sin posibilidad de renovación. La votación se decide por mayoría cualificada reforzada entre los 21 países, lo que significa que para conseguir un cargo al menos 16 países deben votar a favor y esos países deben representar al menos el 65% de la población de la zona del euro.

Realmente, los países van a negociar tres cargos del BCE. Lagarde anunció que dejaba el cargo el 7 de febrero de 2027, casi nueve meses antes del final de su mandato, que terminaba el 31 de octubre del próximo año. Además, la representante de Alemania Isabel Schnabel anunció en septiembre que dejaba su cargo en el Comité Ejecutivo y del Consejo de Gobierno del BCE para incorporarse al Fondo Monetario Internacional (FMI) en enero de 2027. Por otro lado, el economista jefe de la institución monetaria, el irlandés Philip Lane, también finaliza en mayo de 2027 su periplo de ocho años en la institución monetaria.

La Comisión Europea acusa a la red social china TikTok de que el 'efecto madriguera' de su sistema de recomendación de contenidos resulta perjudicial cuando esa “exposición incesante y repetida incluye contenidos sobre tristeza, aislamiento o imagen corporal”. Estas madrigueras pueden tener “un impacto negativo en la salud mental de los usuarios, especialmente en el caso de los adultos vulnerables y los menores”.

Bruselas apunta que el apartado 'Para ti' de la red social china “muestra a los usuarios un flujo continuo de vídeos personalizados, incluso cuando estos están relacionados con problemas de salud mental o con la imagen corporal”. Cuanto más interactúa un usuario con un determinado tipo de contenido, más vídeos similares recomienda el algoritmo de TikTok.

La Comisión ha concluido que TikTok no evaluó adecuadamente cómo su algoritmo de recomendación puede conducir a los usuarios a estas 'madrigueras' poniendo en riesgo su bienestar y que el diseño del algoritmo puede desempeñar un papel importante en la aparición de estas “exposiciones incesantes”. El sistema utiliza información sobre la interacción de los usuarios con los contenidos, como el tiempo que pasan viendo los vídeos o los que marcan con un 'me gusta' para personalizar las recomendaciones.

Bruselas pone como ejemplo de la actitud perjudicial de la red social que cuando un usuario ve o marca repetidamente con un 'me gusta' contenidos que pueden resultar desencadenantes, como los relacionados con la pérdida de peso o la imagen corporal, el sistema interpreta esas interacciones como señales positivas de interés y recomienda más contenidos similares.

La exposición repetida a este tipo de contenidos “puede tener graves efectos negativos en el bienestar de los usuarios, como un aumento de los sentimientos de tristeza o ansiedad, insatisfacción con el propio cuerpo, una menor autoestima o el agravamiento de trastornos alimentarios y problemas de salud mental preexistentes”, según informa la Comisión Europea.

Un portavoz de TikTok se ha limitado a comentar que “la Comisión ha realizado una serie de declaraciones fundamentalmente inexactas que distorsionan la arquitectura de nuestra plataforma y nuestro compromiso con la seguridad de los usuarios. Tenemos una sólida trayectoria en la protección de nuestra comunidad, al tiempo que brindamos a los usuarios un control directo e intuitivo sobre su experiencia de contenido”.

TikTok debe modificar su diseño

La Comisión considera que TikTok debe modificar el diseño para “dar más peso a las preferencias expresas de los usuarios, dejar de utilizar el tiempo de visualización como indicador para recomendar contenidos, mejorar la accesibilidad y facilidad de uso de las herramientas de control y someter periódicamente su algoritmo a pruebas”. En caso de que la red social china no haga los cambios exigidos por las autoridades europeas podría ser multada con hasta el 6% de su facturación anual.

Bruselas reconoce que TikTok “ya ha puesto en marcha algunas medidas para reducir el riesgo del denominado 'efecto madriguera', pero que ”no son eficaces“, ya que las medidas destinadas a recomendar contenidos variados no reducen suficientemente la frecuencia con la que se sugieren contenidos similares, incluidos aquellos relacionados con problemas de salud mental y con la imagen corporal.

Además, las herramientas de control “tampoco permiten a los usuarios gestionar eficazmente los contenidos que se les recomiendan. Por ejemplo, utilizar el botón 'No me interesa' no es suficiente para modificar el contenido que aparece. El algoritmo ”da prioridad a mostrar a los usuarios contenidos en función del tiempo que pasan viéndolos, por encima de su elección de recibir menos contenidos de determinados tipos“, explica la Comisión.

La petición de España ha tenido efecto. La Comisión Europea mantiene a España entre los estados miembros “bajo presión migratoria” debido a “la situación migratoria general y, en particular, el incidente ocurrido en Ceuta”. Nuestro país se mantiene en el grupo de países, junto a Grecia, Italia y Chipre, que podrán acceder a la reserva de solidaridad, aunque Bruselas advierte de que “siempre que sigan aplicando las normas de responsabilidad”. Hubo dudas de que España estuviera en este grupo pese a la crisis migratoria de Ceuta los pasados 30 y 31 de julio. El comisario europeo de Migraciones, Magnus Brunner, ha presentado este viernes el informe sobre el segundo ciclo anual de gestión de la migración en el que se refleja “una reducción sustancial de la inmigración irregular, una mayor cooperación entre los Estados miembros y unas asociaciones eficaces con terceros países”.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mandó una carta al comisario europeo de Migraciones en la que le planteaba su “preocupación” ante la posibilidad de que España no fuese considerada dentro del grupo de “Estados sujetos a presión migratoria” con lo que no serían “beneficiarios de la solidaridad”.

En la anterior evaluación, en noviembre de 2025, España junto a Italia, Grecia y Chipre fueron considerados “bajo gran presión migratoria”, lo que permite activar el mecanismo para reubicar a los migrantes en otros estados de la UE o recibir mayores contribuciones financieras para políticas migratorias, según se recoge en el Pacto de Migración y Asilo. “Todos hemos sido testigos y hemos constatado la gravedad de lo ocurrido en Ceuta, de la presión migratoria extraordinaria sufrida por España”, argumentó el ministro en su carta.

Aunque Brunner ha admitido que el informe de Migraciones se refiere al periodo entre julio de 2025 y junio de 2026, con lo que la crisis migratoria de Ceuta no estaría en el tiempo analizado, pero que “España es, por supuesto, uno de los cuatro Estados miembros que se encuentran bajo presión migratoria, y ya lo estuvo el año pasado”

“Para que se hagan una idea, este año España ha concentrado alrededor del 20% de todos los cruces irregulares de las fronteras de la Unión Europea. Además, ha sido el tercer Estado miembro en número de llegadas tras operaciones de búsqueda y rescate en el mar, especialmente en las islas Canarias, pero también en Baleares. Y sí, también en Ceuta. La situación en Ceuta se ha tenido en cuenta en nuestra evaluación”, ha comentado Brunner.

Aviso de responsabilidad

Pero el comisario ha mandado un mensaje de advertencia ante la necesidad de responsabilidad de los países bajo presión migratoria que se puede leer como un aviso a España por las políticas que ha llevado a cabo el Ejecutivo de Pedro Sánchez, especialmente la última regularización masiva de inmigrantes, que ha provocado la oposición de varios países de la UE como Dinamarca, Italia o Polonia.

“Los Estados miembros que se enfrentan a una situación de presión migratoria significativa pueden contar siempre con la solidaridad y el apoyo de los demás. Corresponde a los Estados miembros que contribuyen decidir cómo quieren hacerlo, ya sea mediante aportaciones financieras, otro tipo de contribuciones, compensaciones de responsabilidad o reubicaciones. Al mismo tiempo, para beneficiarse de esa solidaridad, los Estados miembros deben cumplir siempre con sus responsabilidades. Y ese es precisamente el principio fundamental del Pacto: responsabilidad y solidaridad deben ir siempre de la mano”, ha señalado Brunner.

Llamada de atención a Italia

Sin embargo, ha sido Italia, uno de los estados más críticos con la política migratoria con España, la que se ha llevado una llamada de atención, ya que “aunque Italia ha avanzado en la aplicación de las normas de responsabilidad, todavía debe progresar más, una cuestión que será objeto de un estrecho seguimiento”.

En líneas generales, Brunner ha destacado que la situación migratoria en la UE “ha seguido mejorando de manera significativa”. Entre los datos que ha desgranado están que los cruces irregulares de las fronteras se han reducido a más de la mitad en los últimos dos años, con un nuevo descenso de más de un tercio durante el primer semestre de este año. También han disminuido considerablemente los movimientos no autorizados (-22% en 2025) y las solicitudes de asilo (-19% en 2025), mientras que la tasa de retorno en el conjunto de la UE ha aumentado hasta superar el 30%.

La Fiscalía Europea ha anunciado este viernes que inicia una segunda investigación sobre un posible fraude del mantenimiento línea de tren de alta velocidad de Madrid-Sevilla, donde tuvieron lugar los accidentes con decenas de muertes en Urda y Adamuz. Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) se han personado para requerir información en la sede del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y en el Tribunal de Cuentas en España.

Esta actuación tiene lugar tras la apertura de una investigación sobre un posible fraude que afecta fondos europeos destinados a la renovación y la mejora de la seguridad, la señalización y los sistemas de comunicaciones en la línea de tren de alta velocidad entre Madrid-Sevilla, en la cual se produjo el trágico accidente del 28 de octubre de 2026, cerca de Urda, en la provincia de Toledo.

La investigación, que cuenta con el apoyo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), se ha puesto en marcha por propia iniciativa de la Fiscalía Europea.

Esta investigación es independiente de la que está llevando a cabo la jueza de instrucción Aristea Afroditi Ortiz sobre las causas del accidente.

En marzo de 2026, la Fiscalía Europea ya puso en marcha otra investigación relacionada con la misma línea de tren de alta velocidad por el accidente de Adamuz. En esa investigación, la Fiscalía Europea pretende determinar si se malversaron fondos comunitarios concedidos para la reparación de la vía de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, donde se encuentra el tramo de Adamuz en el que se produjo el accidente del pasado enero. El organismo indaga en un posible desvío de dinero de la UE en el marco de las tareas de conservación de la vía. 

La Comisión Europea otorgó en junio de 2024 una subvención de 111 millones de euros procedentes de los fondos europeos para renovar este eje, inaugurado en 1992. El Ejecutivo comunitario afirmaba ya en 2023 que “dados los últimos avances tecnológicos” la línea se había quedado “desfasada en comparación con el resto de la red de alta velocidad española”. 

Los estadounidenses han propiciado el fin de la era trumpista en unas elecciones de mitad de mandato que han supuesto una derrota histórica para el Partido Republicano. El tsunami demócrata se ha traducido en una dura derrota para las políticas que ha puesto en marcha Donald Trump, pero en las capitales europeas se hace una doble lectura que está lejos del júbilo por la pérdida de los republicanos del Congreso y el Senado de EEUU.

Salvo excepciones, como la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o el primer ministro polaco, Donald Tusk, los líderes europeos se han guardado mucho de comentar los resultados de las elecciones estadounidenses, mientras se extiende la teoría de que Trump se centrará en su agenda exterior frente a medidas internas en aras de su obsesión por pasar a la historia y evitar más derrotas ante la mayoría demócrata de las dos cámaras.

Lindsay Newman, investigadora de Chatham House, advierte de que, pese a la división entre los republicanos, “no se debe esperar que Trump pase a un segundo plano. El presidente volverá a centrarse en lo que más le importa: su legado”, mientras que Jörn Fleck, director del Atlantic Council’s Europe Center, recalca que “liberado de la obligación de volver a someterse al veredicto de los votantes en las urnas, Trump podría lanzarse a una frenética actividad para consolidar su legado”.

“Los europeos deben prepararse para un Trump 2.5”

Como comenta Jeremy Shapiro, analista del European Council on Foreign Relations, “los europeos deben prepararse para un Trump 2.5 en el que el presidente seguirá teniendo un enorme poder y estará sujeto a muy pocas restricciones”. Shapiro aclara que “la 'lealtad' de los republicanos protege al presidente incluso con un Congreso controlado por los demócratas”. “Para superar un veto presidencial se necesitan mayorías de dos tercios en ambas cámaras; para destituir al presidente, el apoyo de dos tercios de los senadores presentes; y para aprobar determinadas leyes, una mayoría cualificada en el Senado que el Partido Demócrata no tiene, pese a su victoria. Una minoría republicana leal a Trump puede impedir que el Congreso intente revocar sus decisiones ejecutivas o incluso que plantee un desafío serio al presidente”.

Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en su segunda legislatura, las relaciones entre la UE y EEUU se han deteriorado por la política comercial de aranceles que impuso el presidente norteamericano, el abandono progresivo de la defensa de Europa y la ambigua estrategia del presidente de Estados Unidos ante la invasión de Ucrania por Rusia, así como las continuas presiones para tratar de modificar las agendas digital y verde que ha aprobado la Unión Europea.

No se debe esperar que Trump pase a un segundo plano. El presidente volverá a centrarse en lo que más le importa: su legado

Lindsay Newman — Chatham House

El presidente de la Delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con Estados Unidos, Brando Benifei, eurodiputado socialdemócrata italiano, comentó tras las elecciones que esperaba “un nuevo comienzo para el diálogo y la cooperación” que esté centrada es aspectos que vayan “desde el retorno progresivo a los aranceles cero por cero hasta el refuerzo del apoyo a Ucrania frente a la agresión rusa; desde la búsqueda de una solución a la crisis en Oriente Próximo hasta la cooperación estratégica en materias primas fundamentales y semiconductores”.

Sin embargo, el director del Atlantic Council’s Europe Center, advierte de que “los responsables políticos europeos hacen bien en moderar sus expectativas sobre hasta qué punto un Congreso controlado por los demócratas se traducirá en cambios sustanciales en la política estadounidense en los asuntos que más importan al continente: el apoyo a Ucrania, los compromisos de Estados Unidos con la seguridad europea y una mayor estabilidad en las políticas comerciales y arancelarias”.

Entre otras cosas porque “los países de la OTAN y de la UE seguirán teniendo que lidiar con un presidente estadounidense imprevisible, que podría redoblar su apuesta por la política exterior mientras afronta una considerable presión interna derivada de las investigaciones del Congreso, las disputas presupuestarias y el bloqueo político propio de un Gobierno dividido”, insiste Fleck.

En el mismo sentido se posiciona Cullen S. Hendrix, investigador del Peterson Institute for International Economics, que subraya que “los resultados de las elecciones de mitad de mandato dan un respiro a corto plazo a una OTAN debilitada: más supervisión, mayor capacidad de decisión sobre la financiación y un freno a una retirada formal de Estados Unidos. Pero Europa no debería sacar conclusiones precipitadas: el despliegue efectivo de fuerzas, el intercambio de inteligencia y el compromiso de Estados Unidos con el artículo 5 siguen dependiendo en gran medida del presidente. Y un Congreso controlado por los demócratas no cambia fácilmente esa realidad”.

“La seguridad de Europa como moneda de cambio con Moscú”

La ansiada paz en Ucrania también se puede convertir en una trampa, una vez que Estados Unidos ha mediado para que Rusia y Ucrania vuelva a sentarse en una mesa para negociar en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) los próximos 10 y 11 de noviembre. Liana Fix, investigadora del Council on Foreign Relations, argumenta que “para los aliados europeos de la OTAN y para Ucrania, una victoria demócrata en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos no significa necesariamente que su relación con Washington vaya a mejorar a corto plazo. Al contrario: el presidente podría intentar consolidar su legado poniendo fin a la guerra de Ucrania, muy posiblemente en unas condiciones desfavorables para Kiev. En el peor de los escenarios, los europeos temen que la OTAN y la seguridad de Europa puedan convertirse en moneda de cambio en un acuerdo con Moscú”.

Los países de la OTAN y de la UE seguirán teniendo que lidiar con un presidente estadounidense imprevisible, que podría redoblar su apuesta por la política exterior mientras afronta una considerable presión interna derivada de las investigaciones del Congreso, las disputas presupuestarias y el bloqueo político propio de un Gobierno dividido

Jörn Fleck — Atlantic Council

Es una posición que comparte el analista del EU Institute for Security Studies, Giuseppe Spatafora: “Europa tiene más probabilidades de sufrir daños colaterales que de convertirse en el objetivo directo de las ambiciones de política exterior de Trump”. Spatafora enumera una serie de consecuencias y presiones que ya han sufrido los europeos si no se doblegan ante las exigencias de Trump y que podría utilizar para castigar a los países en función de sus posiciones sobre la política exterior estadounidense.

“Las recientes amenazas de suspender el intercambio de información de inteligencia con Ucrania y otras propuestas podrían socavar los esfuerzos para apoyar a Kiev. Estados Unidos también podría presionar a los europeos para que cierren acuerdos con Putin, como la reanudación de las importaciones de combustibles fósiles rusos. Los precios del gas en Europa, que ya han subido un 140% desde febrero, podrían aumentar aún más si se intensifica el conflicto en el Golfo. El deseo de Trump de desviar la atención de su derrota en las elecciones de mitad de mandato también podría influir en la revisión del despliegue de fuerzas estadounidenses en Europa que está llevando a cabo el Pentágono y que se espera que concluya antes de final de año”, especifica el analista del EU Institute for Security Studies.

“La política arancelaria seguirá bajo el control del presidente”

Mucho más complicada es la posible actuación de las cámaras republicanas para acabar con la política arancelaria de Trump. Pierre Yared, investigador sénior del Council on Foreign Relations, recuerda que “los aranceles los fija el presidente en virtud de las competencias que el Congreso ya le ha delegado, un cambio en el control de las cámaras legislativas difícilmente modificará por sí solo la política arancelaria, que seguirá estando, en gran medida, bajo el control del presidente, aunque su evolución futura estará condicionada tanto por los recursos judiciales como por las negociaciones con los socios comerciales”.

Robert Z. Lawrence, profesor de Comercio Internacional en la Universidad de Harvard, explica que “aunque la respuesta ideal sería derogar todas las subidas arancelarias impuestas desde 2024, suprimir los aranceles a los aliados y a otros socios comerciales será complicado y encontrará la resistencia de los grupos de interés beneficiados por estas medidas”. “Sin embargo, que el nuevo Congreso tome medidas en este sentido sería una señal de verdadera preocupación por el coste de la vida. Esto presionaría a Trump y a los republicanos para que rectificaran su política arancelaria y así evitar un nuevo castigo electoral por no hacer frente a la subida de los precios”.

Con este contexto, Célia Belin y Majda Ruge, investigadoras del European Council of Foreign Relations, van más allá de los dos años de reinado que le quedan a Trump en su análisis y proponen a la UE que inicie una nueva etapa política con la savia emergente en las filas demócratas. “Los dirigentes políticos europeos deberían estrechar lazos con la nueva generación de líderes demócratas, incluidos los sectores progresistas que no respaldan automáticamente la tradicional relación entre Estados Unidos y Europa. Además, Europa no tiene por qué aferrarse a un orden internacional agonizante. En su lugar, debería proponer a Estados Unidos un nuevo acuerdo basado en una agenda positiva: estabilizar las relaciones comerciales, reequilibrar la OTAN, regular la inteligencia artificial y reactivar los intercambios, además de la confianza, entre ambas orillas del Atlántico”, apuntan Belin y Ruge.

La UE sigue dando pasos para crecer. La Comisión Europea ha hecho público este miércoles su informe sobre los avances realizados por los países candidatos a la adhesión a la UE durante el último año. Mientras que Montenegro y Albania ha acelerado en su camino para entrar en la UE, Moldavia y Ucrania siguen avanzando pese a las injerencias y la guerra de Rusia, pero tienen que mejorar por las limitaciones estructurales en capacidad administrativa del Gobierno moldavo y las reformas pendientes en temas judiciales además de la lucha contra el crimen organizado por parte del Ejecutivo ucraniano.

Mientras hay un grupo de países cuyas reformas se han quedado estancadas: Serbia, Macedonia del Norte, Kosovo y Bosnia y Herzegovina. Por otro lado, Georgia y Turquía han experimentado un “retroceso continuo” en los criterios fundamentales del Estado de derecho, que complican su camino de integración en la Unión Europea

Montenegro

Al igual que el año pasado, es el país más avanzado en el proceso de adhesión a la UE. Ya ha cerrado provisionalmente 21 capítulos de negociación de los 33 necesarios. Montenegro podría cerrar provisionalmente los capítulos restantes antes de que termine este año. Los trabajos en curso sobre el tratado de adhesión del país, junto con la aprobación por parte del Consejo de unas conclusiones sobre el paquete financiero para su entrada en la UE, confirman que Montenegro se encuentra cerca de la fase final del proceso de adhesión.

La Comisión estima como “realista” que las negociaciones podrían cerrarse a finales de 2026, redactar el tratado de adhesión en primavera y firmarlo en junio de 2027, con la meta de convertirse en el 28 Estado miembro en 2028. Ahora bien, persisten tensiones políticas entre la mayoría gobernante y la oposición (hubo una moción fallida para destituir al presidente del Parlamento), lo que exige mantener un amplio consenso institucional para consensuar la adhesión final y responder a algunas reclamaciones por parte de Croacia -territoriales, indemnizaciones y asunción de responsabilidades, que parten de la guerra de Yugoslavia a principio de los años 90 del siglo pasado.

Albania

Sigue avanzando hacia su adhesión a la UE con un ritmo que la sitúa en una posición análoga a la que ocupaba Montenegro el año previo. Abrió el último grupo de capítulos que quedaba pendiente y cumplió los criterios intermedios de referencia en los capítulos relativos al Estado de derecho, lo que allanó el camino para el cierre provisional de cuatro capítulos, según la Comisión Europea. Su objetivo es cerrar negociaciones a finales de 2027.

Todavía debe mantener el ritmo de las reformas, ya que las protestas e inestabilidad política interna registradas desde el verano han ralentizado los cambios necesarios para seguir adelante. Los técnicos de la UE exigen reforzar el diálogo institucional con la oposición y la sociedad civil, así como corregir incumplimientos en materia ambiental y de contratación pública vinculados a proyectos urbanísticos y costeros muy controvertidos, como el promovido por Ivanka Trump y su marido, Jared Kushner. Además, la Comisión Europea requiere reforzar las capacidades de la policía y judicatura, así como garantizar una participación efectiva de la sociedad civil en el proceso legislativo.

Moldavia

Ha seguido avanzando de forma constante con la apertura de cuatro grupos de capítulos de negociación durante el último año, además de conseguir una integración gradual en la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA) y en la Convención de Tránsito Común. La evaluación de la Comisión sigue considerando que cumple las condiciones necesarias para abrir todos los grupos de capítulos restantes, ya que mantiene una alta alineación con la política exterior de la UE y avanza en reformas judiciales y anticorrupción. La meta proyectada de cierre de negociaciones es principios de 2028.

Ahora bien, desde Bruselas se recalca que Moldavia se enfrenta a presiones inéditas híbridas derivadas de la guerra de Rusa contra Ucrania. Reflejo de estas injerencias es que su economía sufre por la vulnerabilidad a shocks energéticos externos y el recelo de los inversores ante el riesgo geopolítico regional.

Ucrania

La Comisión reconoce que ha mantenido un firme compromiso de reforma en condiciones extremas por la invasión de Ucrania, fortaleciendo sus instituciones anticorrupción, la administración aduanera y la contratación pública. Además, ha integrado a la Base Industrial y Tecnológica de Defensa de la UE y mantiene una alineación muy alta con la política exterior de la UE. Ucrania aspira a cerrar negociaciones a finales de 2028, aunque los técnicos de la UE lo ven “ambicioso” y exigirá una aceleración sustancial del ritmo de reformas.

Entre las condiciones indispensables para poder avanzar figuran la selección transparente del Fiscal General , la lucha contra el crimen organizado, la protección de minorías y la adaptación legislativa contra el blanqueo. Por otro lado, el impacto de la guerra se ha traducido en que las infraestructuras energéticas y las rutas comerciales del Mar Negro estén muy dañadas.

Bloqueados: Kosovo, Macedonia del Norte, Serbia y Bosnia

Una serie de países de los Balcanes Occidentales sufren estancamiento o bloqueos por divisiones políticas internas. Así, aunque Macedonia del Norte es valorada como uno de los mejores ejecutores en la aplicación del Plan de Crecimiento para los Balcanes Occidentales ha sufrido un parón formal en las negociaciones de adhesión al no haber aprobado las modificaciones constitucionales para incluir a la minoría búlgara. Al no registrar avance formal, el paquete no incluye una hoja de ruta para el país.

Por su parte, Serbia sigue con las negociaciones aunque sin ningún avance formal desde diciembre de 2021. Desde la Comisión advierten de que dependerán de si el nuevo ejecutivo prioriza las reformas fundamentales y abandona “una persistente retórica anti-UE”. Además debería cambiar sus posiciones en política exterior, ya que rechazó aplicar sanciones contra Rusia, Bielorrusia e Irán.

En el caso de Bosnia y Herzegovina, los técnicos de la Comisión señalan que padece una creciente desconexión del proceso de integración, con las negociaciones paralizadas por la ausencia de una coalición de gobierno funcional. No ha ratificado ni aplicado la Agenda de Reformas del Plan de Crecimiento, lo que la sitúa en riesgo inminente de perder cuantiosos fondos comunitarios.

Finalmente, Kosovo ha dado pasos adelante con la alineación al 100% de la política exterior de la UE, incluso Bruselas levantó medidas financieras restrictivas y se registraron progresos contra el crimen organizado. Sin embargo, es un país que se ve afectado por una prolongada fragmentación política e inestabilidad institucional tras repetidas elecciones.

Turquía y Georgia, en regresión

Aunque Turquía es un país candidato y socio estratégico en economía, energía, gestión migratoria y seguridad regional, y se han alcanzado avances en el reconocimiento mutuo de Operadores Económicos Autorizados en la Unión Aduanera, las negociaciones de adhesión “permanecen en punto muerto desde 2018”. Los técnicos de la UE han destacado que “continúa el deterioro grave en democracia, Estado de derecho y derechos fundamentales, que van desde presión judicial a acciones contra el colectivo LGBTIQ+ y otros activistas. Por otro lado, se mantiene la disputa sobre la soberanía con otros Estados miembros, Grecia y Chipre.

Por su parte, Georgia cuenta con una ciudadanía que respalda a la integración europea, pero su actual Gobierno mantiene el proceso de adhesión congelado de facto, siendo candidata “solo de nombre”. La UE apunta que el partido gobernante ha impulsado la captura del Estado, la aprobación de legislación represiva contra la sociedad civil y medios independientes. La UE suspendió la exención de visados para pasaportes diplomáticos y oficiales.

“La autoridad de investigación española ha solicitado a la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA) que preste apoyo a dicha investigación. Por supuesto, la ERA proporcionará toda la asistencia técnica que sea necesaria”, ha comentado este miércoles el comisario de Transporte y Turismo, Apostolos Tzitzikostas.

De todas maneras, el comisario europeo ha matizado que “aunque la agencia europea proveerá toda la asistencia técnica necesaria, la investigación permanece completamente bajo la autoridad y la dirección de los investigadores españoles”. Además, ha comentado que le dijo “a Óscar Puente, que la Comisión está dispuesta a prestar asistencia a España” con la colaboración de este organismo europeo. Puente dimitió este martes como ministro de Transportes.

Tzitzikostas ha puntualizado que es “muy preocupante” que se hayan dado “dos accidentes en un año. Es definitivamente algo que no queremos ver, especialmente cuando estos accidentes conllevan tragedias con la pérdida de vidas humanas”.

El comisario también ha remarcado que “queda claro que si queremos aumentar la seguridad en la red ferroviaria europea, debemos implementar el sistema ERTMS lo más rápido posible en todas nuestras líneas. Es la única forma de alcanzar un alto nivel de seguridad y, asimismo, la única manera de invertir realmente en el tren de alta velocidad en Europa”.

El sistema de seguridad ERTMS todavía no se ha implantado en el corredor de alta velocidad entre Sevilla y Madrid, donde han ocurrido dos de los mayores accidentes por número de víctimas en la Unión Europea en los últimos 25 años. Si en Urda hubo 69 fallecidos, solo hace 10 meses, el 18 de enero de 2026, en Adamuz (Córdoba) 46 personas fallecieron y más de un centenar resultaron de heridas. Todavía se están investigando las causas que provocó el descarrilamiento de un tren de Iryo que viajaba de Málaga a Madrid y el choque con un Alvia de Renfe que circulaba en sentido contrario.

“La investigación sigue en curso. Es demasiado pronto para sacar conclusiones definitivas sobre los motivos y las causas del accidente”, ha comentado el comisario.

Los precios de la energía no dan tregua. La inflación de la zona euro se disparó en el 4% en octubre de 2026, frente al 3,8% registrado en septiembre, según la información publicada este miércoles por Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea.

La guerra de Irán no ha parado de inflar los precios energéticos. La energía registró la tasa interanual más elevada en octubre, con un 20,8% de incremento, frente al 18,9% de septiembre. Le siguieron los servicios, con un 3,3% (frente al 3,2%); los alimentos, el alcohol y el tabaco, con un 1,6% (frente al 1,3%); y los bienes industriales no energéticos, con un 1,2% (frente al 1,1%).

Si a este incremento desmesurado de los precios se le une que la economía europea ha renqueado en el tercer trimestre de 2026, con un incremento del PIB del 0,4% en la zona euro y un 0,5% en el conjunto de la Unión Europea, cuando en el segundo trimestre la economía creció un 0,6% en la zona euro y un 0,7% en el conjunto de la UE, nos acercamos peligrosamente a un escenario de estanflación, el más temido por los economistas, de bajo crecimiento económico y altos precios.

La situación económica está creando un dilema peligroso para el Banco Central Europeo, en un momento en el que se tiene que negociar quién será el sucesor de Christine Lagarde, que comunicó la semana pasada al Consejo de Gobierno y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, que dejará la presidencia del BCE el 7 de febrero de 2027, nueve meses antes de que expire su mandato. 

El Consejo Europeo anunció este martes que se ha iniciado el procedimiento para nombrar al sucesor al frente del BCE tras la carta remitida el 29 de octubre por la presidenta Christine Lagarde al presidente del Consejo Europeo, António Costa. El presidente del Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis, pidió a los Estados miembros que presenten sus candidaturas antes del viernes 6 de noviembre de 2026 y examinará las candidaturas en su reunión del próximo 9 de noviembre.

En su última reunión, la semana pasada, el Consejo de Gobierno del BCE mantuvo los tipos de interés en el 2,5%, como había pronosticado el mercado. Durante la rueda de prensa, Lagarde se mostró más preocupada por el devenir de la economía. “Aunque el crecimiento debería seguir contando con apoyos a corto plazo, especialmente por el impulso de las inversiones en inteligencia artificial y el gasto en defensa, las nuevas subidas de los precios de la energía están afectando a la confianza de los consumidores. Además, es probable que el encarecimiento de la financiación también lastre la actividad”, ha señalado la presidenta del BCE.

Aunque los analistas de los mercados financieros apuntan que se siguen descontando hasta tres subidas de tipos entre este año y el siguiente, seguido de un largo periodo sin cambios. Sin embargo, Raphaël Thuin, analista de Tikehau Capital, resaltó que “las señales de un crecimiento más débil, junto con la persistencia de las presiones inflacionistas, apuntan a un posible dilema complejo para la política monetaria de la eurozona, ya que la economía europea está experimentando un impulso estanflacionista”.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha mandado una carta al comisario europeo de Migraciones, Magnus Brunner, a la que ha tenido acceso elDiario.es, en la que le plantea su “preocupación” ante la posibilidad de que España no sea considerada por la Comisión Europea dentro del grupo de “Estados sujetos a presión migratoria” con lo que no serían “beneficiarios de la solidaridad”. En la anterior evaluación, en noviembre de 2025, España junto a Italia, Grecia y Chipre fueron considerados “bajo gran presión migratoria”, lo que permite activar el mecanismo para reubicar a los migrantes en otros estados de la UE o recibir mayores contribuciones financieras para políticas migratorias, según se recoge en el Pacto de Migración y Asilo. “Todos hemos sido testigos y hemos constatado la gravedad de lo ocurrido en Ceuta, de la presión migratoria extraordinaria sufrida por España”, argumenta el ministro en su carta.

Marlaska apunta a que esta decisión de la Comisión Europea sería “doblemente errónea”, ya que “penaliza los esfuerzos realizados por España, en cooperación con los socios africanos, en materia de prevención de la migración irregular, que se reflejan en un descenso de las operaciones de búsqueda y salvamento (SAR) durante el periodo de referencia” y, por otro lado, “no tiene debidamente cuenta la dimensión cualitativa de los graves sucesos acontecidos en Ceuta los días 30 y 31 de julio de este año”, cuando 80.000 personas cruzaron la frontera entre Marruecos y España en una de las mayores crisis migratoria.

El Gobierno de España mantiene su “profunda discrepancia” por la posición de la Comisión ya que, “de no ser considerado en situación de presión migratoria, España sería el único país que cambiaría de categoría en este ciclo, quedando excluido de la solidaridad, en un año en el que han acontecido sucesos tan graves como los de Ceuta. En este contexto, es importante destacar que aún no se han materializado las contribuciones financieras en beneficio de España, correspondientes a la solidaridad del año 2026”.

Además de recordar la crisis migratoria del pasado verano, el ministro también hace alusión como “prueba de ese carácter estructural de la presión migratoria que afecta a las rutas de inmigración irregular hacia España, las 2.500 llegadas irregulares a Canarias registradas en las dos últimas semanas, que representan un 22% de las que se han producido a las islas en 2026 (11.470)”.

Marlaska puntualiza que si el próximo informe no tiene en cuenta “la excepcionalidad de la situación de Ceuta, y que, en consecuencia, no conlleve aparejada la decisión de considerar a España en situación de presión migratoria, no cumpliría con su función de ser una herramienta útil y eficaz para la gestión de la migración en la Unión”.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anunció el pasado marzo que la Comisión Europea había aprobado la quinta modificación presupuestaria para España del Programa Nacional del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) para el periodo 2021-2027. La Comisión aprobó un presupuesto extra de 244 millones para España, alcanzando un acumulado de 812 millones desde el inicio del programa. A esta cantidad se suman además los 82 millones de euros que España ha recibido en este periodo a través del mecanismo temático del Fondo FAMI, dedicado a prioridades estratégicas y necesidades urgentes.

Además de estas cantidades, España recibió 114,7 millones de euros de ayuda de emergencia para contribuir a gestionar la situación en Ceuta, tras las entradas ilegales masivas por la frontera del 30 y 31 de julio. De hecho, Marlaska alega esta ayuda como prueba de la presión migratoria a la que se enfrenta España. “Negar que España se encontró bajo presión migratoria es negar una evidencia. Pone en cuestión todas las reacciones por porte de la UE y de los Estados miembros durante estos meses, así como las medidas anunciadas por la Comisión Europea, como consecuencia de dichos incidentes”, subraya el ministro.

A juicio del ministro del Interior, la decisión de la Comisión provocaría “un dilema” sobre “cómo evitar que Estados miembros que consiguen, de un año a otro, mejorar sus cifras en la lucha contra la Inmigración irregular, vean cómo esos logros se traducen en que no se tenga en cuenta el efecto acumulado y estructural de la presión migratoria que afrontan”.

“Comprensión de la situación migratoria alejada de la realidad”

“Después de años de esfuerzo y de largas negociaciones por alcanzar un acuerdo sobre el Pacto Europeo de Migración y Asilo, no podemos permitirnos que la credibilidad del Pacto se vea comprometido por una comprensión de la situación migratoria alejada de la realidad y de los desafíos a los que nos enfrentamos, hoy y ahora, los Estados miembros”, insiste el ministro en su carta al comisario de Migraciones.

La regularización de inmigrantes irregulares que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez más la crisis de Ceuta ha colocado a España como un país incómodo para un grupo de Estados miembros de la UE cuyos Ejecutivos han abrazado las políticas más duras contra la inmigración. En el último Consejo Europeo, España, con el respaldo de Portugal, Luxemburgo y Francia, logró bloquear el intento de Dinamarca, Polonia e Italia para que se incluyera en la resolución del Consejo que se eviten medidas que puedan producir un efecto llamada, en clara alusión al proceso de regularización que llevó a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez, y que la Comisión Europea tenga más capacidad de coordinar las políticas migratorias que pongan en marcha los miembros de la UE.

Europa acelera para elegir a los principales cargos del Banco Central Europeo (BCE). El Consejo Europeo ha anunciado este martes que se ha iniciado el procedimiento para nombrar al sucesor al frente del BCE tras la carta remitida el 29 de octubre por la presidenta Christine Lagarde al presidente del Consejo Europeo, António Costa. El presidente del Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis, ha pedido a los Estados miembros que presenten sus candidaturas antes del viernes 6 de noviembre de 2026 y examinará las candidaturas en su reunión del próximo 9 de noviembre.

A falta de que aparezca un tapado que aspire a la presidencia del BCE, ahora hay dos candidatos favoritos para dirigir la política monetaria de la zona euro: el español Pablo Hernández de Cos, actual director general del Banco de Pagos Internacionales y exgobernador del Banco de España, y el neerlandés Klaas Knot, ex presidente del Banco de Países Bajos. El Gobierno de España ha reiterado que respalda de candidatura de Hernández de Cos.

El Eurogrupo se denomina al foro que reúne a los ministros de economía y finanzas de la zona euro. La salida anticipada de Christine Lagarde como presidenta del Banco Central Europeo (BCE) ha abierto una dura pugna por la sucesión en la institución monetaria en un momento vital para la recuperación de la economía europea, que sufre fuertes tensiones inflacionarias y bajo crecimiento. Los 21 países del área euro se preparan para una ardua negociación donde hay que encajar varias piezas de un puzle de poder.

Europa tiene en los próximos meses varios procesos electorales y los países quieren dejar ya solucionado las vacantes que van a quedar en la institución monetaria.  Lagarde, anunció este jueves que dejaba el cargo el 7 de febrero de 2027, casi nueve meses antes del final de su mandato, que terminaba el 31 de octubre del próximo año. Además, la representante de Alemania Isabel Schnabel anunció en septiembre que dejaba su cargo en el Comité Ejecutivo y del Consejo de Gobierno del BCE para incorporarse al Fondo Monetario Internacional (FMI) en enero de 2027. Por otro lado, el economista jefe de la institución monetaria, el irlandés Philip Lane, también finaliza en mayo de 2027 su periplo de ocho años en la institución monetaria.

Los 21 países de la zona euro tienen que elegir por votación al presidente de la institución monetaria por un periodo de ocho años sin posibilidad de renovación. La votación se decide por mayoría cualificada reforzada entre los 21 países, lo que significa que para conseguir un cargo al menos 16 países deben votar a favor y esos países deben representar al menos el 65% de la población de la zona del euro.

Alemania ya anunció que no aspira a la presidencia del BCE y que solo pretende sustituir en su puesto a Schnabel. La decisión de Alemania podría beneficiar a Hernández de Cos, ya que también es costumbre que tras la presidencia de un país del norte lo coja uno del sur y viceversa. Alemania podría respaldar al candidato español para asegurarse que posteriormente el siguiente presidente de la institución monetaria sea alemán.

La costumbre también marca que en la presidencia no repita consecutivamente un mismo país. Así que Francia no aportará un candidato para ser presidente, aunque se ha mostrado muy interesado por la posición de Economista Jefe, segundo cargo más importante del BCE. Países Bajos ya tuvo la presidencia del BCE con Win Duisemberg, entre 1998 y 2003, al que sucedieron el francés Jean Claude Trichet (2003-2011), el italiano Mario Draghi (2011-2019) y la francesa Lagarde (2019-2027).

Los países del Norte de Europa aspiran a que después de dos presidentes franceses y uno italiano, se nombre a un candidato del Norte. Ya hay un neerlandés en el Comité Ejecutivo, Frank Elderson, con lo que si se designa a Knot, tendría que dimitir. Ese puesto lo podría ocupar España, aunque sería una opción menos relevante teniendo en cuenta que el Gobierno de Pedro Sánchez respalda a Hernández de Cos al frente del BCE y el anterior español en la dirección de la institución fue Luis de Guindos, que ocupó la vicepresidencia hasta el pasado mes de mayo.

Los dos últimos accidentes ferroviarios en España no solo han supuesto una enorme pérdida de vidas humanas y perjuicios económicos, también han roto una tendencia en Europa sobre la seguridad de los viajes en tren que evidencia los problemas de gestión en el servicio de transportes español. En el último informe de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA, por sus siglas en inglés) se constata una tendencia general a la reducción de los accidentes graves a largo plazo, aunque resalta que en 2022 y 2023 se registró un repunte de este tipo de incidentes. Los de Adamuz y Toledo han roto todas las estadísticas y sitúan a España como el país de la UE con más muertos en accidentes de tren en los últimos 25 años.

De los últimos cuatro graves accidentes que han ocurrido en la UE con más de 40 víctimas, tres han sido en España. Un accidente en Tempi (Grecia) el 28 de febrero de 2023 causó 57 fallecidos. Entonces un tren de pasajeros y otro de mercancías chocaron frontalmente cerca de la ciudad de Larisa. Fue el accidente ferroviario más mortífero de la historia de Grecia.

En el Informe sobre la seguridad y la interoperabilidad ferroviarias en la UE 2026, se apunta que “el número de accidentes significativos y de víctimas ha disminuido de forma constante desde 2010. Sin embargo, en 2021 y 2022 se registró un aumento. En los años siguientes, las cifras volvieron a descender y, en 2024, alcanzaron valores inferiores a los registrados antes de la pandemia de COVID-19”.

El organismo europeo hace una distinción con los accidentes graves con cinco o más víctimas mortales, destacando que “son poco frecuentes”. “No se produjo ninguno en 2018, 2020 y 2021, pero en 2022 y 2023 se registraron seis accidentes de este tipo, incluido el trágico siniestro de Tempi (Grecia) en 2023. En 2025, la cifra volvió a situarse en cero”, señala el informe, que no contabiliza los accidentes de Adamuz y Toledo.

Aunque las víctimas del último percance ferroviario no paran de crecer, todavía el accidente de Angrois en julio de 2013 ha sido el más grave por número de víctimas de Europa. Entonces, 80 personas fallecieron cuando un tren Alvia, que cubría la ruta Madrid-Ferrol, descarriló al tomar la curva a una velocidad superior a la permitida. Le sigue el accidente de Urda.

Crisis política con dimisiones en el accidente de Grecia

En tercera posición estaría el accidente de Tempi con 57 muertos en 2023. La desgracia fue asumida como un símbolo de los fallos del Estado griego y devino en una crisis política. El ministro de Transportes, Kostas Karamanlis, dimitió dos días después del accidente. Pero además se produjeron movilizaciones y huelgas, que tuvieron como último efecto una moción de censura promovida por la oposición con el argumento de la pésima gestión del accidente que, en última instancia, el Gobierno de Kyriakos Mitsotakis superó.

Al desastre de Grecia le sigue por número de víctimas el accidente ocurrido hace apenas 10 meses, el 18 de enero de 2026, en Adamuz (Córdoba) donde 46 personas fallecieron y más de un centenar resultaron de heridas. Todavía se están investigando las causas que provocó el descarrilamiento de un tren de Iryo que viajaba de Málaga a Madrid y el choque con un Alvia de Renfe que circulaba en sentido contrario.

En quinta posición está el accidente ferroviario de Andría-Corato en julio de 2016. Dos trenes regionales de pasajeros chocaron frontalmente en la región de Apulia, en el sur de Italia. El accidente provocó 23 muertos y 54 heridos por una confusión entre los jefes de estación de las localidades y los dos maquinistas de los trenes que colisionaron.

Le sigue el accidente ocurrido en Buizingen (Bélgica) el 15 de febrero de 2010 donde murieron 19 personas y hubo 171 heridos. En este percance dos trenes de pasajeros chocaron cerca de Halle, al suroeste de Bruselas, durante la hora punta. La investigación señaló que uno de los trenes había rebasado una señal roja y puso de relieve la necesidad de sistemas automáticos de protección.

En la clasificación por víctimas mortales le sigue la colisión frontal de dos trenes de pasajeros Szczekociny, en el sur de Polonia, con 16 fallecidos. Además, hubo decenas de heridos y la investigación puso sobre la mesa graves fallos en la gestión de la circulación ferroviaria.

También fue un choque frontal entre dos trenes regionales en Bad Aibling, cerca de la localidad alemana de Baviera, el causante de 12 muertes en febrero de 2016. La investigación concluyó que el responsable de la circulación cometió errores al gestionar el tráfico y utilizar el sistema de comunicaciones.

En Francia, en noviembre de 2015, hubo 11 fallecidos cuando un tren TGV, que realizaba pruebas en una nueva línea de alta velocidad, descarriló en Eckwersheim, cerca de Estrasburgo. A bordo viajaban técnicos de la compañía y familiares de trabajadores.

Hubo otro grave accidente en Italia, en la localidad toscana de Viareggio en 2009, donde murieron 32 personas. Pero en esta ocasión se trató del descarrilamiento de un tren de mercancías que transportaba gas y cuya explosión causó el derrumbe de dos edificios y alcanzó a numerosas personas que se encontraban en los alrededores.

La salida anticipada de Christine Lagarde como presidenta del Banco Central Europeo (BCE) ha abierto una dura pugna por la sucesión en la institución monetaria en un momento vital para la recuperación de la economía europea. Los 21 países del área euro se preparan para una ardua negociación donde hay que encajar varias piezas de un puzle de poder. Estas son las claves de los meses de negociación que quedan por delante donde hay dos candidatos favoritos, aunque todavía puede aparecer un nuevo jugador: el español Pablo Hernández de Cos y el neerlandés Klaas Knot.

¿Por qué ha dimitido Lagarde antes de tiempo?

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, anunció este jueves que dejaba el cargo el 7 de febrero de 2027, casi nueve meses antes del final de su mandato, que terminaba el 31 de octubre del próximo año. Lagarde admitió que “nunca es un buen momento para marcharse” por las fuertes tensiones inflacionarias y bajo crecimiento económico en Europa, pero puntualizó: “Quiero tener libertad de expresión, libertad para manifestarme y libertad para intervenir en cuestiones que no sean de política monetaria… En muchas partes del mundo, no solo en Europa ni en el continente europeo, creo que mi voz y mis acciones pueden contribuir a defender principios que son importantes para mí”.

En esta decisión sin duda han pesado las próximas elecciones presidenciales en Francia, que tendrán lugar entre abril y mayo. No solo porque Lagarde podría prestarse a participar en algún acto de campaña, también porque el actual presidente de Francia, Emmanuel Macron, quiere tener la potestad de dirigir las negociaciones en nombre de su país entre los Estados miembros de la zona euro.

La posibilidad de que la candidata de ultraderecha Marine Le Pen consiga ganar las elecciones puede suponer una fuente adicional de desestabilización en un momento de crisis de deuda de la economía francesa. “La UE está intentando protegerse, al menos en cierta medida, frente al riesgo de que la ultraderechista Marine Le Pen gane las elecciones presidenciales francesas. El sucesor de Lagarde será nombrado cuando el centrista Emmanuel Macron, firmemente europeísta, todavía ocupe el Palacio del Elíseo”, apuntó Holger Schmieding, director de investigación de Berenberg Bank.

¿Quién y cómo se elige al presidente del BCE?

Este mismo jueves el presidente del Consejo Europeo, António Costa, anunció que “para garantizar una transición fluida hacia la nueva dirección del BCE, el proceso de nombramiento de su sucesor se iniciará hoy y avanzará sin demora”. Los 21 países de la zona euro tienen que elegir por votación al presidente de la institución monetaria por un periodo de ocho años sin posibilidad de renovación.

La votación se decide por mayoría cualificada reforzada entre los 21 países, lo que significa que para conseguir un cargo al menos 16 países deben votar a favor y esos países deben representar al menos el 65% de la población de la zona del euro.

El canciller alemán, Friedrich Merz, apuntó que la elección “concluirá antes de que termine el año en el marco de las reuniones de los jefes de Estado y de Gobierno de la zona del euro”. Quedan tres reuniones de líderes europeos: una cumbre informal en Dublín los próximos 12 y 13 de noviembre; un encuentro en Bruselas, centrado en la negociación del Presupuesto europeo para el periodo 2028-2034, que tendrá lugar los días 26 y 27 de noviembre; y la reunión del Consejo Europeo de fin de año, que también se celebrará en la capital belga los próximos 17 y 18 de diciembre.

“Aunque el presidente establece la agenda de la institución, en última instancia su voto es uno más dentro del Consejo de Gobierno y rara vez se impone al consenso. No obstante, un proceso de sucesión prolongado podría introducir volatilidad adicional en los mercados en un momento de especial fragilidad. Por ello, cuanto antes se anuncie el nombre del sucesor, mejor”, subraya el responsable de Estrategia de Mercados de Ebury, Matthew Ryan.

¿Quiénes son los candidatos favoritos?

A falta de que aparezca un tapado que aspire a la presidencia del BCE, ahora hay dos candidatos favoritos para dirigir la política monetaria de la zona euro: el español Pablo Hernández de Cos, actual director general del Banco de Pagos Internacionales y exgobernador del Banco de España, y el neerlandés Klaas Knot, ex presidente del Banco de Países Bajos. Como principales autoridades monetarias de sus respectivos países, ambos candidatos ya han pasado por el BCE como miembros de su Consejo de Gobierno y su Consejo General.

Una encuesta del Foro Oficial de Instituciones Monetarias y Financieras (OMFIF), un think tank británico, entre expertos en política monetaria eligió a Hernández de Cos como el favorito para ser el próximo presidente del BCE. El exgobernador del Banco de España fue el preferido de los expertos encuestados en cuatro de las nueve categorías (formación en economía monetaria, reputación de capacidad para generar consenso, capacidad para obtener el respaldo de otros Estados miembros y credenciales europeas), mientras que Knot consiguió ser el primero en experiencia en banca central.

En una encuesta que realizó hace unas semanas Bloomberg, una mayoría de 12 economistas consultados eligieron al candidato español como favorito para presidir el BCE frente al propuesto por Países Bajos, que fue elegido por nueve de los encuestados.

El director de investigación de Berenberg Bank argumentó que “la cuestión de quién está mejor preparado para afrontar posibles turbulencias financieras probablemente desempeñará un papel clave en la elección de los nuevos responsables del BCE”.

Hernández de Cos cuenta con su experiencia en el Banco de España durante la crisis de la eurozona, un elemento que podría hacer que Francia le respalde en un momento en el que puede necesitar a un presidente del BCE que no sea tan estricto y permita la utilización de herramientas monetarias que ayuden al país galo a salir de la fuerte crisis de deuda que le azota.

Por su parte, Knot coincidió con la presidencia del BCE de Mario Draghi, al que criticó por las medidas de estímulo económico que adoptó para sacar a Europa de la grave crisis económica que sufrió, aunque posteriormente adoptó un papel más pragmático ante la envergadura de la crisis, podría tener el respaldo de algunos países del norte de Europa que esperan una política monetaria más dura.

¿Cómo ven los mercados a los principales candidatos?

Los analistas de las casas de inversión ya se han empezado a posicionar entre ambos candidatos. Lale Akoner, estratega de Mercados Globales en etoro, comenta que “la sucesión es relevante tanto para los tipos de interés como para la respuesta del BCE ante las tensiones en el mercado de bonos. Knot podría percibirse como partidario de una política más restrictiva y de un umbral más elevado para intervenir; por su parte, Hernández de Cos podría considerarse más dispuesto a actuar. Estas percepciones podrían influir en el euro y en los diferenciales de los bonos franceses, aunque ninguno de los candidatos decide la política monetaria por sí solo”.

Por su parte, Matthew Ryan, responsable de Estrategia de Mercados de Ebury, señala que “Knot, partidario de una política monetaria más restrictiva, probablemente reforzaría las expectativas de nuevas subidas de los tipos de interés, lo que podría favorecer la apreciación del euro. Hernández de Cos, de perfil más moderado en materia monetaria, previsiblemente otorgaría mayor importancia al crecimiento económico y a la estabilidad de los mercados de deuda, una cuestión especialmente relevante en un momento de fuertes tensiones sobre la deuda soberana francesa”.

Mientras que Konstantin Veit, gestor de carteras de Pimco, comenta que “todavía es demasiado pronto para saber cuál será la lista definitiva de candidatos, pero esperamos que se dé preferencia a un candidato centrista que refleje el estilo de liderazgo inclusivo y basado en el consenso que ha demostrado Lagarde”.

Finalmente, Xavier Chapard, estratega de LBP, añade que “los principales candidatos al puesto de presidente del BCE son Hernández de Cos (más proclive a la relajación) y Knot (más alineado con el endurecimiento). No obstante, esta elección debería equilibrarse con la designación de otros miembros de orientaciones opuestas y no pensamos que eso vaya a influir en la política monetaria del BCE a corto plazo”.

¿Qué otros puestos están en juego y cómo va la negociación?

La elección del presidente del BCE se hace conjuntamente con la designación de otros puestos dentro de la institución monetaria. Por un lado, la representante de Alemania Isabel Schnabel anunció en septiembre que dejaba su cargo en el Comité Ejecutivo y del Consejo de Gobierno del BCE para incorporarse al Fondo Monetario Internacional (FMI) en enero de 2027. Por otro lado, el economista jefe de la institución monetaria, el irlandés Philip Lane, también finaliza en mayo de 2027 su periplo de ocho años en la institución monetaria. Esto va a provocar que los tres nombramientos se negocien en un solo paquete, con los Gobiernos tratando de garantizar un equilibrio geográfico con miras al futuro.

Es relevante la nacionalidad de cada cargo porque solo puede haber un representante por país en el Comité Ejecutivo de la institución monetaria, donde hay seis miembros más la presidenta, mientras que en el Consejo de Gobierno están representados los 21 países con los gobernadores de sus respectivos bancos centrales.

Alemania ya ha anunciado que no aspira a la presidencia del BCE y que solo pretende sustituir en su puesto a Schnabel. La decisión de Alemania podría beneficiar a Hernández de Cos, ya que también es costumbre que tras la presidencia de un país del norte lo coja uno del sur y viceversa. Alemania podría respaldar al candidato español para asegurarse que posteriormente el siguiente presidente de la institución monetaria sea alemán.

La costumbre también marca que en la presidencia no repita consecutivamente un mismo país. Así que Francia no aportará un candidato para presidente, aunque se ha mostrado muy interesado por la posición de Economista Jefe, segundo cargo más importante del BCE. Países Bajos ya tuvo la presidencia del BCE con Win Duisemberg, entre 1998 y 2003, al que sucedieron el francés Jean Claude Trichet (2003-2011), el italiano Mario Draghi (2011-2019) y la francesa Lagarde (2019-2027).

Los países del Norte de Europa aspiran a que después de dos presidentes franceses y uno italiano, se nombre a un candidato del Norte. Ya hay un neerlandés en el Comité Ejecutivo, Frank Elderson, con lo que si se designa a Knot, tendría que dimitir.  Ese puesto lo podría ocupar España, aunque sería una opción menos relevante teniendo en cuenta que el Gobierno de Pedro Sánchez respalda a Hernández de Cos al frente del BCE y el anterior español en la dirección de la institución fue Luis de Guindos, que ocupó la vicepresidencia hasta el pasado mes de mayo.

¿Cuáles son los retos del próximo presidente del BCE?

Sea quien sea el próximo presidente del BCE tendrá que enfrentarse a importantes retos. El primero e inmediato es decidir los pasos a seguir en la política monetaria ante el dilema que supone una fuerte inflación y un pobre crecimiento económico de los países del euro. Además, tendrá que vigilar y decidir si es necesario actuar ante la fuerte crisis de deuda que afronta una de las principales economías del euro, Francia.

Con la posibilidad de que formaciones de ultraderecha o populistas alcancen el Gobierno de algunos países del euro, tendrá que aguantar las presiones y evitar las injerencias en las decisiones de política monetaria. A más a largo plazo deberá coger las riendas del proyecto del euro digital, cuyo lanzamiento definitivo se espera que tenga lugar en 2029, y supondrá un avance crucial para la soberanía de pagos de Europa.

La Unión Europea y Canadá han tirado por tierra la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de convertir al país norteamericano en el “primer miembro asociado de la UE”, ante la oposición de varios países, liderados por Alemania, y han optado por definir su relación como una “Alianza para el Futuro”, que se han comprometido en definir durante 2027. Tras dos días de cumbre en Montreal, la UE y Canadá “ponen en marcha la Alianza para el Futuro con el objetivo de crear un espacio común de prosperidad y seguridad económica”.

En el acuerdo, que recoge hasta 46 puntos, se apunta que “se trabajará para definir, de aquí a la cumbre UE-Canadá de 2027, el concepto de una asociación cada vez más estrecha de Canadá con la UE, sin llegar a la plena adhesión, que refleje, a través de esta relación más estrecha, nuestro compromiso y nuestra cooperación para alcanzar los objetivos compartidos de prosperidad, seguridad económica y autonomía estratégica”.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, aseguró este viernes que el objetivo es “alcanzar la asociación más profunda posible sin llegar a la adhesión” y que había aceptado la invitación del presidente del Consejo Europeo, António Costa, para asistir a una cumbre en Europa con el fin de cerrar las negociaciones.

Von der Leyen dio la sorpresa el pasado 15 de septiembre cuando en la Eurocámara, en presencia del primer ministro de Canadá, Mark Carney, le ofreció ser el “primer miembro asociado de la UE”. El desconcierto fue mayúsculo. En las capitales europeas se inició una revuelta diplomática ante la aparición de un nuevo término que no estaba recogido en los tratados de la UE y se volvió a acusar a la presidenta de la Comisión de abordar políticas en el ámbito de Exteriores sin tener en cuenta la posición de los países miembros.

A pesar de que el concepto de “miembro asociado” ha sido eliminado, Von der Leyen insistía en redes sociales que “se ha debatido la idea de que Canadá se convierta en el primer miembro asociado de la UE y lo que eso supondría en la práctica. El objetivo es centrarse en la prosperidad y la seguridad de nuestros ciudadanos mediante una mayor coordinación en la elaboración de políticas, la participación en los programas de la UE y el trabajo conjunto entre instituciones”.

“Compromiso inquebrantable con el multilateralismo”

Lo que sí está claro es que ambas partes se comprometen a que la Alianza para el Futuro “estará sustentada en una asociación más activa en materia de política exterior y de seguridad”, donde se promoverán, “también en el marco del G7 y el G20, iniciativas conjuntas o que se refuercen mutuamente en regiones clave y foros multilaterales, junto con socios de todo el mundo” dentro del “compromiso inquebrantable con un multilateralismo eficaz, la democracia y el orden internacional basado en normas, con Naciones Unidas (ONU) como eje central”. Un claro mensaje ante los continuos ataques del presidente de EEUU, Donald Trump, contra el orden mundial basado en reglas y las instituciones multilaterales.

También han asegurado que van a seguir “proporcionando a Ucrania y a su población un apoyo político, financiero, económico, energético, humanitario, militar y diplomático integral” y a “aumentar aún más la presión sobre Rusia y exigiremos que rinda cuentas por los crímenes cometidos en Ucrania”.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha afirmado que “Canadá es el socio más europeo de los nuestros fuera de Europa. La amistad entre Europa y Canadá tiene raíces profundas. Compartimos una visión del mundo y un compromiso firme con nuestros valores fundamentales. Hoy, estamos moldeando el próximo capítulo de nuestra asociación. Estamos construyendo una asociación cada vez más estrecha”.

La UE y Canadá además han concluido las negociaciones de un Acuerdo sobre Comercio Digital, dentro del Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA), que fue firmado hace ya 10 años, aunque todavía hay diez países europeos que no lo han ratificado. Según el texto aprobado, el acuerdo “mejorará la seguridad jurídica y la previsibilidad, facilitará los flujos transfronterizos de datos y reforzará la confianza de empresas y consumidores en la economía digital”.

Además, el Banco Europeo de Inversiones tendrá más facilidades para conseguir inversiones en recursos canadienses fundamentales, en particular en materias primas críticas. También, Canadá y la UE realizarán un estudio conjunto sobre la viabilidad a largo plazo de las exportaciones canadienses de gas natural licuado a Europa y trabajarán para reforzar las cadenas de suministro de minerales críticos, incluida la posibilidad de establecer reservas estratégicas. Canadá participará en la Empresa Común Europea de Computación de Alto Rendimiento (EuroHPC JU) para lograr una mayor integración e innovación en inteligencia artificial.

Por otro lado, se va a intensificar la cooperación en materia de servicios de satélites, de manera que se está estudiando “cómo podría utilizarse en Canadá el Servicio de Alta Precisión de Galileo” y se va a firmar un acuerdo con la Agencia Espacial Canadiense para la cooperación en materia de conectividad satelital segura con los sistemas europeos GOVSATCOM e IRIS.

Finalmente, Canadá tendrá más facilidades para sus estudiantes y trabajadores participen en el programa Erasmus+, lo que ampliará las oportunidades para que estudiantes, investigadores, docentes y jóvenes adquieran experiencia internacional, promoverá la educación y la formación profesionales y contribuirá a crear asociaciones académicas y científicas duraderas entre instituciones.

La sorpresa ya había saltado por la mañana con el anuncio de la salida anticipada de Christine Lagarde como presidenta del Banco Central Europeo (BCE), con lo que el anuncio este jueves de que la institución monetaria mantenía los tipos de interés en el 2,5%, como había pronosticado el mercado, se quedó como una anécdota. Los analistas señalan que la decisión de Lagarde de abandonar antes el BCE “no es el ideal” en un momento de fuertes tensiones inflacionarias y bajo crecimiento económico en Europa.

La propia presidenta del BCE ha admitido que “nunca es un buen momento para marcharse” y ha querido dejar un mensaje que se ha interpretado desde una vertiente política ante las elecciones de Francia en abril de 2027. “Quiero tener libertad de expresión, libertad para manifestarme y libertad para intervenir en cuestiones que no sean de política monetaria… En muchas partes del mundo, no solo en Europa ni en el continente europeo, creo que mi voz y mis acciones pueden contribuir a defender principios que son importantes para mí”, ha defendido Lagarde.

Sobre quién le podría sustitur en la presidencia del BCE, Lagarde ha declarado que “hay muchísimos candidatos excelentes, de hecho, mucho mejores que yo. Así que no se preocupen por la continuidad de la actividad ni por que la toma de decisiones quede en el limbo. La institución es sólida, fuerte como una roca, y seguirá siéndolo”.

La incertidumbre que azota a la economía europea ha llevado al Consejo de Gobierno del BCE a mantenerse a la espera. Incluso cuando la inflación de la zona euro se disparó al 3,8% en septiembre, frente al 3,2% de agosto. Se esperaba un incremento de los precios, pero no tan elevado, por la fuerte subida de los carburantes que ha provocado la guerra de Irán. Según la información ofrecida por Eurostat, la energía empujó los precios en un 18,8%, frente al 14,3% de agosto, siendo el grupo de productos que más subió en septiembre. 

Deterioro de la actividad

Durante la rueda de prensa, Lagarde se ha mostrado más preocupada por el devenir de la economía. “Aunque el crecimiento debería seguir contando con apoyos a corto plazo, especialmente por el impulso de las inversiones en inteligencia artificial y el gasto en defensa, las nuevas subidas de los precios de la energía están afectando a la confianza de los consumidores. Además, es probable que el encarecimiento de la financiación también lastre la actividad”, ha señalado la presidenta del BCE.

Aunque Lagarde ha admitido que “la inflación se mantendrá muy por encima del objetivo (2%) en los próximos trimestres”, también ha puntualizado que “no se aprecian riesgos significativos de efectos de segunda ronda” (subida de salarios e incremento de precios finales de venta por parte de las empresas). Además ha explicado que el Consejo de Gobierno debatió si era necesaria una subida de tipos de interés pero que “decidió por unanimidad” mantenerlos en el 2,5%.

En su comunicado, el BCE argumenta la decisión de mantener los tipos porque “aunque los efectos del encarecimiento de la energía todavía se están materializando, la inflación subyacente se ha mantenido, por el momento, relativamente estable y los salarios no muestran una reacción significativa en esta fase. Es probable que la mayor magnitud y duración del choque energético, así como sus consecuencias sobre los efectos indirectos y de segunda ronda, impulsen la inflación al alza y frenen el crecimiento”.

“Las condiciones de financiación se han endurecido desde la última reunión del Consejo de Gobierno, lo que previsiblemente lastrará tanto la inflación como el crecimiento”, advierte la institución monetaria, que además subraya que “no se compromete de antemano con una trayectoria determinada para los tipos de interés”, pero Lagarde ha declarado posteriormente que deja abierta la puerta a una subida de tipos en diciembre si la situación económica se mantiene como hasta ahora.

“Salida inoportuna, añade incertidumbre”

Lagarde dejará su cargo como presidenta del BCE el 7 de febrero de 2027, nueve meses antes de terminar su mandato, con lo que todavía ostentará el máximo puesto de la institución monetaria en dos reuniones más donde se deberá tomar decisiones sobre los tipos de interés. Lale Akoner, estratega de Mercados Globales en etoro, comenta que “la salida de Lagarde es inoportuna, añade incertidumbre en un momento de inflación persistente y con los bonos franceses bajo presión. No obstante, la moderada reacción inicial del mercado sugiere que los inversores esperan una continuidad en la política, en lugar de un cambio de rumbo abrupto”.

Matthew Ryan, responsable de Estrategia de Mercados de Ebury, también puntualiza que “el momento elegido dista mucho de ser el ideal para el BCE. La salida de Lagarde se produce en un contexto en el que la guerra de Irán mantiene la inflación muy por encima del objetivo del banco central, una situación que previsiblemente se prolongará durante algún tiempo. Los mercados europeos de deuda también se encuentran sometidos a fuertes tensiones, con el diferencial de rentabilidad entre los bonos franceses y alemanes en su nivel más elevado desde 2011”.

Dilema para la política monetaria

Los analistas de los mercados financieros apuntan que se siguen descontando hasta tres subidas de tipos entre este año y el siguiente, seguido de un largo periodo sin cambios. Sin embargo, Raphaël Thuin, analista de Tikehau Capital, resalta que “las señales de un crecimiento más débil, junto con la persistencia de las presiones inflacionistas, apuntan a un posible dilema complejo para la política monetaria de la eurozona, ya que la economía europea está experimentando un impulso estanflacionista”.

Como también comenta Kevin Thozet, analista de Carmignac, “la inflación apunta a una subida de tipos; el crecimiento pide cautela. Europa sigue teniendo un problema de inflación, pero cuenta con menos margen de crecimiento para hacerle frente. El problema del BCE ya no es solo la inflación, sino la inflación y los diferenciales”.

“El dilema es asimétrico”, continúa el analista de Carmignac, que apunta que “el aumento de las rentabilidades a largo plazo ya está endureciendo las condiciones financieras, mientras que las tensiones en la deuda soberana, especialmente, aunque no solo, en Francia, añaden otra presión. Lagarde ha reconocido que unas condiciones más restrictivas deberían lastrar el crecimiento y limitar el traslado de los precios de la energía a la inflación en mayor medida de lo previsto. Esto invita a actuar con paciencia y mantener abiertas las opciones de cara a la reunión de diciembre, cuando el BCE dispondrá de nuevas proyecciones y habrá tenido más tiempo para evaluar las actuales tensiones en los mercados de deuda de la zona euro”.

Mientras, Konstantin Veit, gestor de carteras de PIMCO, explica que solo esperan una subida de los tipos en diciembre ya que “las perspectivas de inflación para 2027 y 2028 serán más altas de lo que se esperaba hace unos meses. Aunque el crecimiento se ha mostrado resistente, desde la última reunión del BCE los tipos de interés a largo plazo han subido y los diferenciales de los países de la zona del euro se han ampliado notablemente, lo que ralentizará el crecimiento y reducirá el efecto de transmisión más de lo previsto en su análisis de septiembre”.

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha comunicado este jueves al Consejo de Gobierno y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, que dejará el cargo el 7 de febrero de 2027. Era un secreto a voces que la dirigente de la institución monetaria dejaría el cargo antes del final de su mandato a finales de octubre del próximo año. Este jueves Lagarde comparecerá ante los medios de comunicación tras la reunión del Consejo de Gobierno del BCE donde se espera que se mantengan los tipos de interés en el 2,5%.

Ya se había publicado que el Foro Económico Mundial podría designar como presidenta a Lagarde a principio de noviembre, con lo que se ha precipitado su salida. Ahora se abre una dura pugna entre los países del euro para designar al presidente de la institución monetaria. El exgobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos está entre los favoritos para conseguir la presidencia, seguido del expresidente del banco central de Países Bajos entre 2011 a 2025, Laas Knot.

“Ha sido un gran orgullo servir a esta institución. Agradezco a todos aquellos que me han apoyado en este trayecto a lo largo de los últimos siete años. Dejo la institución con la sensación de un trabajo bien hecho y con un BCE que está preparado para el futuro”, ha comentado Lagarde en un vídeo que ha publicado en redes sociales.

Como aparece en el vídeo con tiritas en la cara, la propia Lagarde ha explicado que “para evitar especulaciones en las redes sociales: las tiritas que llevo en la cara se deben a una pequeña intervención quirúrgica a la que me sometí a principios de esta semana. ¡Seguid las indicaciones del médico y revisaos la piel con regularidad!”.

Lagarde no es el único cargo que deja el BCE en los próximos meses. Isabel Schnabel anunció en septiembre que dejaba su cargo en el Comité Ejecutivo y del Consejo de Gobierno del BCE para incorporarse al Fondo Monetario Internacional (FMI) en enero de 2027. El economista jefe de la institución monetaria, Philip Lane, también finaliza en mayo de 2027 su periplo de ocho años en la institución monetaria.

Ahora empiezan las negociaciones entre países para ocupar esos puestos. Alemania ya ha comunicado que abandona la carrera por la presidencia del BCE y que solo aspira a mantener el puesto que ya tenía Schnabel. El problema viene con la aspiración de Países Bajos por la presidencia, el mismo puesto que quiere España, ya que en la actualidad ya hay un neerlandés en el BCE, Frank Elderson, como miembro del Comité Ejecutivo del BCE.

Lo normal es que cada país de la eurozona tenga a un solo representante de su país con un cargo en la institución monetaria. Francia ha anunciado que le gustaría conseguir el puesto de economista jefe que ahora ocupa Lane. Con lo cual, todo dependerá de quién consiga la presidencia. Si Países Bajos la obtiene, Elderson tendría que dimitir y ese puesto lo podría ocupar España, aunque sería una opción menos relevante teniendo en cuenta que el Gobierno de Pedro Sánchez respalda a Hernández de Cos al frente del BCE y el anterior español en la dirección de la institución fue Luis de Guindos, que ocupó la vicepresidencia hasta el pasado mes de mayo.

“Garantizar una transición fluida”

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha alabado el “firme sentido del deber y la responsabilidad” de Lagarde. “Europa ha estado en buenas manos gracias a su liderazgo en tiempos de incertidumbre y a su compromiso inquebrantable con el proyecto europeo”, ha comentado.

“Para garantizar una transición fluida hacia la nueva dirección del BCE, el proceso de nombramiento de su sucesor se iniciará hoy y avanzará sin demora, con el objetivo de que el Consejo Europeo, reunido en su composición correspondiente a la zona del euro, adopte una decisión a su debido tiempo, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 283, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”, ha explicado Costa.

El Consejo Europeo nombra a los seis miembros del Comité Ejecutivo del BCE, incluidos el presidente y el vicepresidente. Adopta su decisión a partir de una recomendación del Consejo de la UE y previa consulta al Parlamento Europeo y al Consejo de Gobierno del BCE.

La votación se decide por mayoría cualificada reforzada entre 21 países que conforman la zona euro, lo que significa que para conseguir un cargo al menos 16 países deben votar a favor y esos países deben representar al menos el 65% de la población de la zona del euro. Se espera que en la cumbre de líderes europeos que tendrá lugar en diciembre se haya llegado a un acuerdo para la elección de los cargos en el BCE.

La gran apuesta política de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, con el ofrecimiento a Canadá para ser el “primer miembro asociado de la UE” se ha diluido ante la oposición de países como Alemania, Francia, Italia o Grecia. La Unión Europea y Canadá celebran este jueves y viernes una cumbre en Montreal para afianzar las relaciones ante los envites del presidente de EEUU, Donald Trump, sin que se haya conseguido llegar a un acuerdo sobre lo que realmente se le quiere ofrecer al país norteamericano. A pesar del dislate sobre la fórmula de acuerdo, la UE se ha planteado esta cumbre como una de las más importantes con la participación de diez miembros de la Comisión Europea: cuatro vicepresidentes ejecutivos y seis comisarios, más Von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Von der Leyen dio la sorpresa el pasado 15 de septiembre cuando en la Eurocámara, en presencia del primer ministro de Canadá, Mark Carney, le ofreció ser el “primer miembro asociado de la UE”. El desconcierto fue mayúsculo. En las capitales europeas se inició una revuelta diplomática ante la aparición de un nuevo término que no estaba recogido en los tratados de la UE y se volvió a acusar a la presidenta de la Comisión de abordar políticas en el ámbito de Exteriores sin tener en cuenta la posición de los países miembros.

Fabian Zuleeg, director ejecutivo del European Policy Centre, explica que “la propuesta de Von der Leyen de conceder a Canadá un estatus de miembro asociado ha suscitado inquietud. Los canadienses temen por su soberanía. Los Estados miembros de la UE se preguntan qué implica este estatus, aun sin definir, para la toma de decisiones. Los países candidatos a la adhesión temen que surja una nueva categoría que pueda retrasar sus aspiraciones de ingresar en la Unión. Por su parte, el concepto de cooperación entre potencias medias que defiende Mark Carney encaja con dificultad en una UE que no se considera a sí misma una potencia de ese tipo”.

Von der Leyen lanzó su propuesta mientras Donald Trump jugueteaba con la idea de que Canadá se convirtiera en el estado 51 de EEUU. Incluso llama a sus primeros ministros, de forma despectiva, “gobernadores”, como si estuvieran al frente de un territorio como California, Texas o Minnesota. El presidente de EEUU lleva desde que ganó las elecciones, en noviembre de 2024, acosando a Canadá política, territorial y comercialmente, lo que provocó un estallido diplomático entre ambos vecinos. “Si te atacan, estás en guerra”, llegó a decir Carney en referencia a Trump.

Confusión con la ensalada de términos

Esta semana, tras dos reuniones de los diplomáticos de los 27 países de la UE, se ha terminado por descartar el concepto de “miembro asociado de la UE” y parece que se imponía una redacción menos ambiciosa, con el objetivo de conseguir “una asociación cada vez más estrecha”. Para añadir más confusión a la ensalada de términos, el Consejo Europeo propuso “una nueva alianza de futuro” para definir la consolidación de las relaciones bilaterales.

Solo el concepto de “miembro” obligaría a transformar los tratados de la UE. Grégoire Roos, investigador de Chatham House, recordaba que “el artículo 217 del Tratado de Funcionamiento de la UE permite celebrar acuerdos con terceros países para establecer una asociación basada en derechos y obligaciones recíprocos, acciones comunes y procedimientos específicos. Estos acuerdos de asociación requieren la unanimidad del Consejo y el consentimiento del Parlamento Europeo sin emprender el largo y laborioso proceso de revisión de los tratados”.

“Sustituir la adhesión por ambición y visión compartidas”

Ante la cantidad de problemas que se han creado alrededor de la definición de la relación entre la UE y Canadá, un alto funcionario de la UE apuntaba que “se trata de construir una asociación que se acerque más a la condición de miembro de la UE que cualquier otra fórmula que hayamos puesto en marcha hasta ahora. Está claro que hablamos de asociación sin adhesión, pero creo que, en cierto modo, podemos sustituir la idea de adhesión por la de una ambición y una visión compartidas”.

Otro funcionario con cargos en la dirección de la UE resalta que “han pasado diez años desde la firma del acuerdo de asociación estratégica y los líderes de la UE y Canadá”, conocido como CETA, por lo que en esta cumbre se pretende “hacer balance de los avances logrados hasta ahora y acordar los próximos pasos”. La realidad es que el acuerdo CETA de asociación tiene una valoración bastante deficitaria. Aunque se firmó en 2017, todavía hay diez países de la UE que no lo han ratificado, entre los que se encuentran Francia, Italia, Polonia o Bélgica.

“Se pretende profundizar en nuestra asociación, especialmente en ámbitos como el comercio digital, las inversiones, las materias primas fundamentales y la energía. También abordaremos grandes cuestiones que forman parte de la agenda interna de la UE, como la competitividad, la seguridad económica y las cadenas de suministro. Otro de los ejes será seguir aplicando la asociación en materia de seguridad y defensa, firmada el año pasado, y profundizar en la cooperación entre nuestras industrias de defensa”, explica un directivo de la Unión Europea sobre el objetivo de la cumbre.

Sobre las bondades de consolidar las relaciones no hay duda. Ilke Toygür, directora del Global Policy Center en IE, subraya que “las ambiciones de la UE en materia de lucha contra el cambio climático, soberanía digital y defensa requieren un suministro seguro de materias primas fundamentales, energía y capacidad industrial. La UE considera a Canadá una fuente de muchos de estos recursos esenciales. A su vez, Europa puede ofrecer inversiones, capacidad de transformación y fabricación, redes de investigación y acceso a un mercado de gran dimensión”.

El director ejecutivo del European Policy Centre va más allá y propone que el acuerdo sea la base para alcanzar llegar a alianzas más amplias ante la política de bloques que ha desarrollado Donald Trump: “La cumbre de Montreal debe dar lugar a una hoja de ruta ambiciosa y concreta, con objetivos claros, compromisos y mecanismos de gobernanza eficaces. De lo contrario, corre el riesgo de reforzar la conocida ilusión de progreso europea: confundir los anuncios con los logros y no cumplir lo que se necesita con la escala, el alcance y la rapidez que exigen los desafíos actuales”.

Zuleeg añade que la cumbre debe ser el inicio “de una Alianza de Seguridad Económica más amplia, que reúna a otros socios con ideas afines para reforzar la resiliencia colectiva, contrarrestar la coerción económica y proteger los intereses comunes. El Reino Unido, Noruega, Australia, Corea del Sur y Japón deben formar parte de ella. La ambición debe ir más allá de la cooperación bilateral: construir una alianza de países con ideas afines para el futuro”.

La crisis migratoria de Ceuta y el giro político en Europa para endurecer las medidas contra la inmigración han llevado a la Comisión Europea a reforzar el papel de Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, con el objetivo de darle más protagonismo para expulsar a inmigrantes y consolidar la iniciativa de los centros de deportación en terceros países. Bruselas quiere ampliar este cuerpo hasta los 30.000 agentes e implantar una fuerza de reacción rápida con 17.000 agentes para intervenir en situaciones de crisis, como la ocurrida en la ciudad española los días 30 y 31 de julio. La iniciativa más polémica es que se otorgaría a estos agentes mayor capacidad operativa para organizar y ejecutar operaciones de retorno en terceros países, es decir, podrían trasladar a otros países a los emigrantes que han sido enviados a los centros de deportación que se pretende implantar en países no europeos.

“Frontex desempeñará un papel más importante en el ámbito de retornos. Debemos ser muy claros al respecto. Creo que nuestra política migratoria en su conjunto solo será creíble si la aplicamos efectivamente. Proponemos convertir a Frontex en el actor central de la UE en materia de retornos. Frontex será responsable de prestar apoyo en todas las fases del proceso, de principio a fin: desde la planificación estratégica hasta la realización de retornos más eficientes”, ha comentado el comisario de Migraciones, Magnus Brunner.

Para lograr este objetivo se va a crear el Centro de Coordinación de Retornos. Este es uno de los elementos clave para “convertir a Frontex en el brazo operativo de la UE” en materia de expulsiones de inmigrantes. “Permitirá a la Agencia coordinar y organizar de forma proactiva los retornos en toda la UE”, atendiendo siempre a las necesidades de los Estados miembros en lo que respecta a estas operaciones“, según informa la Comisión.

Los Estados miembros se verán obligados a informar cada año a Frontex, antes del 1 de noviembre, de su planificación indicativa en materia de expulsiones y de las necesidades de asistencia por parte de la Agencia. La idea es conseguir “maximizar la eficiencia” de expulsiones y que no haya países que se relajen en sus políticas contra la inmigración irregular con el argumento de “favorecer una aplicación coherente del sistema europeo común de retornos”.

Hasta ahora Frontex prestaba asistencia técnica a terceros países, principalmente mediante formación y desarrollo de capacidades. La propuesta de Bruselas permitiría que Frontex también organice y ejecute retornos, no solo desde estados miembros de la Unión Europea, sino también desde países no pertenecientes a la UE hacia otros países no pertenecientes a la UE. La UE ha aprobado la creación de este tipo de centros de deportación en terceros países, aunque cuenta con numerosas dudas legales y hay países como España que se han opuesto a su creación.

La Comisión admite que esta nueva competencia obligaría a adoptar un acuerdo específico a escala europea, aunque con la presión política por la inmigración que recorre Europa hay pocas dudas en las instituciones europeas de que saldrá adelante.

La vicepresidenta de la Comisión Europea, Henna Virkkunen ha pretendido dar una pátina política a la decisión de fortalecer a Frontex como organismo para las expulsiones de emigrantes. “Debemos dejar claro que la base de todo lo que tenemos en la Unión Europea son la libertad y la democracia. Necesitamos una protección más sólida de las fronteras. Recuerden lo que ocurría hace diez años, cuando hablábamos de la extrema derecha y de su auge. No teníamos normas, ni un sistema, ni control sobre lo que estaba sucediendo. La situación estaba sometiendo a una enorme presión a todo el sistema y a los sistemas de seguridad y eso alimentaba a la extrema derecha. Por eso queremos recuperar el control. Por primera vez tenemos un enfoque europeo común, ningún Estado miembro puede hacer frente por sí solo al problema de la migración irregular”.

Por su parte, Brunner ha subrayado que “el marco de protección de los derechos fundamentales de Frontex es uno de los más sólidos de todas las agencias de la UE y seguirá siéndolo tras esta revisión”.

Fuerza de Reacción Rápida

Respecto a la nueva Fuerza de Reacción Rápida, la idea es que Frontex pueda prestar apoyo de inmediato —por ejemplo, en un plazo de 24 horas— cuando un Estado miembro solicite su despliegue. Estos agentes “estarán preparados de forma permanente y podrán desplegarse con poca antelación para responder a necesidades operativas urgentes e imprevistas en las fronteras exteriores de la UE, así como en terceros países en los que Frontex lleve a cabo operaciones”.

Según la Comisión, la Fuerza de Reacción Rápida se desplegará por decisión del director ejecutivo de Frontex, previa solicitud de un Estado miembro, “durante un periodo limitado de un máximo de un mes”, aunque si la situación de crisis se prolonga, “podrá activarse una operación conjunta o una intervención fronteriza rápida”.

30.000 agentes y duplicar su presupuesto

Este nuevo papel de Frontex exige un fuerte incremento de plantilla. Actualmente, cuenta con casi 3.000 empleados en el Cuerpo Permanente, aunque ya estaba planificado que alcanzará los 10.000 agentes a finales de 2027.

Con las nuevas atribuciones, la Comisión duplicará gradualmente la plantilla propia de Frontex hasta alcanzar los 6.000 efectivos y se creará una nueva Reserva Europea de Fronteras y Retornos, que contará con 17.000 agentes. A estos efectivos se sumarán, como tercer componente, los 7.000 agentes destinados por los Estados miembros a la agencia.

Frontex tiene asignado actualmente un presupuesto de casi 6.000 millones de euros para el periodo correspondiente a 2021-2027. Con el incremento de personal y objetivos para el próximo presupuesto plurianual del periodo 2028-2034, el presupuesto de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas que se duplica hasta los 11.800 millones de euros.

También vigilará las redes sociales

Ante los “recientes intentos de desestabilizar las fronteras exteriores”, la UE también va a darle al servicio europeo de fronteras competencias en la vigilancia del entorno digital. En este sentido, se va a crear un nuevo Centro de Vigilancia y Respuesta en Línea.

Así, Frontex tendrá competencias jurídicas para actuar cuando detecte contenidos ilegales. Para ello, podrá enviar notificaciones a las plataformas y, si la autoridad nacional competente la designa como tal, actuar como alertador fiable (trusted flagger) en virtud del Reglamento de Servicios Digitales (DSA). También podrá solicitar a las autoridades competentes de un Estado miembro que ordenen a una plataforma facilitar información o actuar contra contenidos ilegales.

“La semana pasada volvió a producirse un episodio de lluvias torrenciales en la región de Valencia. Está muy claro que las empresas se lo pensarán dos veces antes de invertir en una región como Valencia, o en muchas otras, si no está mejor preparada para hacer frente a los efectos del cambio climático”. Estas palabras de un alto funcionario de la Unión Europea reflejan la preocupación en Bruselas por el impacto de la crisis del clima. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ya advirtió en su discurso del Estado de la Unión que este había sido el “verano de la verdad” y era necesario implementar políticas para rebajar las consecuencias de los efectos climáticos. Siguiendo esta estrategia, se ha presentado este martes el Marco de la UE para la Resiliencia Climática con el objetivo de reforzar la capacidad de Europa para anticiparse a los riesgos climáticos.

La Comisión Europea apunta que su propuesta “establece una trayectoria de referencia común para el calentamiento global. Las pruebas científicas disponibles indican que el mundo va camino de calentarse 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales en 2030, 2°C en 2050 y 3°C en 2100”.

Las consecuencias actuales que ya vieron durante el verano: “Las olas de calor prolongadas y las sequías alimentaron peligrosos incendios forestales y llevaron a algunos de los principales ríos europeos a registrar niveles de agua históricamente bajos. Asimismo, en los últimos años hemos sufrido inundaciones devastadoras. Estos fenómenos han puesto de manifiesto las graves consecuencias que el cambio climático puede tener para los ciudadanos, las empresas y las infraestructuras”.

“Necesitamos empezar a protegernos mucho mejor frente a los efectos inevitables del cambio climático, especialmente a la luz del reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que advierte de que superar el umbral de calentamiento de 1,5 grados se está convirtiendo en algo inevitable”, aseguran en la Comisión Europea.

Miles de muertos y pérdidas millonarias

Las cifras son devastadoras. Según datos de la Comisión Europea, más de 35.000 personas murieron por causas relacionadas con el calor (solo en España, más de 5.000 muertes son achacables al calor extremo), mientras que las pérdidas económicas estimadas por los daños climáticos entre 2022 y 2025 ascendieron a unos 200.000 millones de euros, es decir, 50.000 millones de euros al año.

La situación va a empeorar y tiene una clara repercusión a nivel económico. Un alto funcionario de la Comisión señala que “lo que no se puede asegurar se está convirtiendo en algo en lo que no se puede invertir. Y eso es algo de lo que cada vez son más conscientes las autoridades y, por supuesto, también las empresas”. Ya hay cálculos sobre las pérdidas: “Los científicos y expertos nos advierten de que el calor habrá provocado una pérdida del 0,17% del PIB entre abril y septiembre de este año, con un coste de 19.000 millones de euros. Y se trata de estimaciones muy conservadoras”.

El problema de la Comisión Europea es que a la vez de que advierte de los problemas que va a causar el cambio climático lleva meses rebajando la agenda verde que aprobó en la pasada legislatura. Por ejemplo, presentó una nueva propuesta para el sistema de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés) que relaja y amplía el periodo que tenían las empresas para alcanzar las emisiones netas cero o la semana pasada, con el argumento de la crisis de precios por la guerra de Irán, anunció el aplazamiento de un año de la normativa que obligaba a reducir las emisiones de metano, el segundo gas con mayor efecto invernadero por detrás del CO2, a los importadores de petróleo, gas y carbón. 

A pesar de este doble juego, Bruselas ha presentado un nuevo marco, es decir, sin aportación económica, con unas herramientas prácticas para hacer frente a los riesgos climáticos. Se trata de un visor climático europeo (European Climate Viewer), desarrollado por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF), que “ofrecerá un mapa interactivo de los riesgos climáticos previstos en todo el continent”.

Además de presentará un navegador de herramientas de resiliencia climática (Navigator of Climate Resilience Tools), desarrollado por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), para “ayudar a los usuarios a encontrar herramientas adecuadas para reforzar la resiliencia climática en función de su ubicación, su sector de actividad y los riesgos específicos a los que se enfrentan”. Por otro lado, se pondrá en marcha un explorador de soluciones (Solutions Explorer), que “mostrará soluciones prácticas de adaptación desarrolladas y probadas en el marco de la Misión de la UE sobre Adaptación al Cambio Climático”.

La razón aducida por la que esta medida no contará con financiación adicional es que “todo lo relacionado con la financiación ya está previsto en el marco financiero plurianual que ha propuesto la Comisión y que se encuentra actualmente en fase de negociación. Se ha propuesto un objetivo de destinar el 35% del gasto a la acción por el clima y a la naturaleza y la biodiversidad, lo que incluye la preparación frente a los riesgos climáticos”. Ahora no hay acuerdo entre los países para aprobar el próximo presupuesto plurianual.

En un momento en el que Europa va a vivir numerosos procesos electorales, la vicepresidenta de la Comisión Europea para la Competencia, Teresa Ribera, ha mandado un mensaje a los partidos ultraderechistas que niegan la crisis del clima: “El cambio climático no es un engaño. El cambio climático no solo es real, sino que también es un poderoso agente mortal. Mata a personas. También destruye riqueza e infraestructuras. Un estudio del Banco Central Europeo que concluye que la producción económica local se sitúa, de media, 1,5 puntos porcentuales por debajo de su nivel habitual dos años después de una ola de calor estival”.

“Según estas estimaciones, si los cinco años más calurosos de cada país entre 2014 y 2024 se convirtieran en la norma a partir de 2030, las pérdidas acumuladas de PIB podrían alcanzar entre el 5% y el 7% en las economías más expuestas. Francia, Italia, Alemania o España podrían sufrir pérdidas de entre 120.000 y 240.000 millones de dólares”, ha comentado Ribera.

Luchar contra el cambio climático como negocio

Muchas herramientas pero pocas normativas que obliguen a contaminar menos. En este sentido, la Comisión aspira a que las empresas “adopten un papel crucial de a la hora de ampliar la capacidad de la industria europea en materia de resiliencia climática. Se calcula que adaptar las infraestructuras y la economía europeas a las condiciones climáticas futuras requerirá una inversión de unos 70.000 millones de euros anuales”.

Bruselas estima que “el rendimiento de las inversiones en adaptación climática puede superar en más de diez veces su valor inicial gracias a las pérdidas y los daños que permiten evitar. Se prevé que el mercado mundial de soluciones de adaptación al cambio climático cuadruplique su tamaño hasta alcanzar los 3,5 billones de euros en 2050”.

Como buenas prácticas, el comisario del Clima, Wopke Hoekstra, ha señalado que a la hora de planificar nuestras ciudades, España está históricamente acostumbrado a las sequías y las olas de calor. Sin embargo, en los últimos años también hemos visto cómo las lluvias torrenciales han desbordado las redes de alcantarillado, provocando vertidos a ríos y al mar de mezclas de agua de lluvia, aguas residuales sin tratar y contaminantes urbanos. Esto ha deteriorado la calidad del agua y, en ocasiones, ha obligado a cerrar playas. La buena noticia es que ciudades como Barcelona, Madrid y Alicante están adoptando medidas, como la construcción de depósitos de retención de aguas pluviales y la implantación de sistemas de drenaje urbano sostenible. Entre estos últimos figuran los pavimentos permeables y las zonas verdes inundables, que permiten reducir la escorrentía y retener el agua“.

“Rusia considera ahora a Europa, en lugar de a Estados Unidos, su principal adversario geopolítico”. Con estas palabras explica Dmitry Adamsky, profesor de las universidades Reichman y Harvard, el nuevo “enroque” que ha adoptado Moscú para definir su estrategia en el actual contexto geopolítico. El Kremlin ha apretado el acelerador en su guerra híbrida contra el bloque europeo cuando se inicia un ciclo electoral en la UE con elecciones en cuatro de los cinco países más relevantes de la Unión: España, Francia, Italia y Polonia. En este proceso electoral hay una clara alineación entre los intereses de Rusia y los partidos de ultraderecha, que comparten el objetivo de acabar con la Unión Europea.

Tras los disturbios de Francia e Italia, en los que las autoridades de ambos países han señalado movimientos de desinformación en redes de terceros implicados, las fuerzas de ultraderecha señalaron a la inmigración como principal origen de los violentos altercados. Aunque no había ninguna prueba de que los inmigrantes hubieran estado detrás del vandalismo, el enviado presidencial especial para la inversión extranjera y la cooperación económica del Kremlin, Kirill Dmitriev, declaró que los incidentes son parte del “suicidio de la civilización occidental a causa del caos migratorio”.

Ian Bond, investigador del Centre for European Reform, explica que “Rusia no es la causa de la mayoría de los problemas sociales y económicos de las sociedades europeas, pero sabe cómo explotarlos. Los vínculos entre Rusia y los movimientos políticos antidemocráticos y euroescépticos de Europa no son casuales. Los partidos tradicionales pueden contrarrestar algunos de los discursos de alienación y desesperanza que utilizan los extremistas para captar apoyos, pero también podrían hacer más para minimizar el impacto de la influencia rusa en la competencia política interna”.

Por eso no es casualidad que partidos de la extrema derecha coincidan no solo en el discurso antiinmigración con Moscú, sino que también se hayan posicionado claramente a favor de que la Unión Europea deje de ayudar a Ucrania en su guerra contra Rusia. Kirill Dmitriev señaló en referencia a la guerra entre Rusia y Ucrania que “Occidente ha caído por no haber sabido debatir y corregir errores de graves consecuencias en materia de migración, energía e incitación a la guerra” cuando definía los altercados violentos en varias ciudades europeas.

Mujtaba Rahman, director general para Europa de Eurasia Group, advirtió en una entrevista para The Guardian de que el mayor riesgo para Ucrania es que 2027 sea el año “en que la realidad política, electoral, económica y de las políticas públicas alcance a Europa y le impida seguir aumentando su apoyo a Ucrania”. El objetivo de Rusia es que la Unión Europea rebaje o elimine su apoyo a los ucranianos para que lleguen sin fuerza a una mesa de negociación para la paz.

“Europa anima a Kiev a perseguir la derrota de Moscú”

Entre otras cosas porque como argumenta Dmitry Adamsky, “los países europeos son ahora la principal fuente de capacidad militar, determinación política y resiliencia estratégica de Ucrania. Es Europa, y no Estados Unidos, quien ha convertido a Ucrania en su instrumento para enfrentarse a Rusia y quien anima a Kiev a perseguir la derrota estratégica de Moscú”.

Ante esta situación, “Rusia debe dirigir su presión coercitiva contra Europa: sus élites, sus centros de decisión y sus infraestructuras críticas. Moscú puede introducir en los cálculos europeos lo que sus teóricos denominan 'miedo disuasorio': la reticencia de los países europeos a antagonizar con Rusia mediante un mayor apoyo a Ucrania. Según sus defensores, estas medidas también pueden restablecer una disuasión rusa creíble para la competencia a largo plazo con Occidente, cuyo centro de gravedad se encuentra ahora en Europa”, según comenta el profesor de las universidades Reichman y Harvard.

Y este posicionamiento es el que han escogido las fuerzas de ultraderecha que ahora se ven más fuertes. Por un lado, la líder francesa del partido ultra Reagrupación Nacional (RN), Marine Le Pen, avisó la semana pasada que si consigue ganar las elecciones en su país retirará la ayuda a Ucrania tras seis meses en el Palacio del Elíseo. “Mantendremos la ayuda durante seis meses para no poner a nadie en una situación difícil, pero después cesaremos la ayuda financiera a Ucrania porque ya no tenemos los medios para hacerlo. Esta financiación va a detenerse y es una cuestión de honestidad decir la verdad”, declaró Le Pen.

No era la primera vez que el partido ultra francés se opone a colaborar con los ucranianos en su guerra contra Rusia. Su partido RN siempre se ha posicionado en contra de que Francia ceda o venda armamento de largo alcance a Kiev con el argumento de que podría alargar el conflicto y también se negó a votar a favor del préstamo europeo de 90.000 millones de euros a Ucrania.

“La llegada al poder de un Gobierno de extrema derecha en Francia cambiaría el país, pero probablemente tendría un efecto aún más desestabilizador para la Unión Europea. Muchas de sus principales figuras simpatizan con Rusia y con Vladímir Putin, y un Gobierno de RN podría bloquear nuevas ayudas a Kiev, tratar de desmantelar las sanciones de la UE contra Rusia y oponerse a la adhesión de Ucrania a la Unión”, comenta el director general para Europa de Eurasia Group.

La AfD se apunta al 'miedo disuasorio'

Uno de los partidos ultras que más ha recogido la estrategia del Kremlin del 'miedo disuasorio' es la alemana AfD. Su líder Alice Weidel ha señalado en reiteradas ocasiones que Alemania, principal donante de ayuda de Kiev, debería dejar de ayudar a Ucrania porque prolongar la guerra “pone en peligro a Alemania”, ya que podría convertirse en un objetivo de Moscú.

Weidel va más allá y ha insistido en “cesar los pagos a Ucrania y todo el apoyo a la guerra”, pero incluso ha avisado de que si llegan al Gobierno van “a hacer reclamaciones sustanciales de devolución a Ucrania”. En una comparecencia esta semana en el Parlamento Europeo, la líder de extrema derecha apuntó que Moscú y Kiev se sienten a negociar la paz, pero que se “adopte un enfoque diplomático sensato que tengan debidamente en cuenta tanto los intereses de Ucrania como los de Rusia”, es decir, la política ultraderechista pone en el mismo nivel las exigencias del invasor que del invadido.

En el caso de Italia, aunque la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha subrayado desde que llegó al Gobierno su respaldo a Ucrania, sus socios de Ejecutivo representados por Matteo Salvini, de La Liga, han maniobrado para retrasar los decretos gubernamentales para la aprobación de envío de armas a Kiev. Salvini nunca ha ocultado su buena relación con Vladímir Putin y ha abogado por recuperar las relaciones con Moscú. Fuera del Gobierno ha aparecido una nueva formación política ultra que puede desestabilizar aún más el ya complicado espectro electoral italiano. Se trata de Futuro Nazionale, cuyo principal dirigente Roberto Vanacci ya ha hecho campaña para dejar de prestar apoyo a Ucrania.

En España, Vox ha mantenido una posición volátil y equidistante como suele pasar con los temas más controvertidos. Con Ucrania ha tratado de esquivar el asunto. Su líder Santiago Abascal ha culpado a Europa de inicio de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y ha utilizado las fallidas conversaciones de paz iniciadas por el presidente del Gobierno, Donald Trump para atacar la resto de partidos: “Con esa gente que ha hundido Europa y España, no se puede ir a ningún lado. No están defendiendo a Ucrania (son los mismos que la abandonaron al poner la energía de Europa en manos rusas). Ellos saben que solo Trump puede ayudar a Ucrania a defenderse y a reconstruirse”, tras las fallidas negociaciones de paz en febrero del año pasado.

Ahora se ha abierto otra posibilidad de abrir negociaciones para acabar con una guerra que va camino de cumplir su quinto año. La Unión Europea ha pedido participar en las negociaciones entre Ucrania y Rusia con mediación de Estados Unidos, previstas para noviembre en Emiratos Árabes Unidos. Puede ser una última oportunidad antes de que un cambio de Gobierno haga más difícil a la UE mantener su apoyo a Ucrania, pese a que en la última reunión de líderes Europa se volcó para ayudar a Kiev.

Sin embargo, Dmitry Adamsky advierte de que “aunque Moscú participe en negociaciones para poner fin al conflicto, es probable que siga recurriendo a la coerción militar tanto contra Ucrania como contra Europa. Lo hará por varios motivos: para ajustar las condiciones del acuerdo a los intereses rusos, perfeccionar su incipiente teoría de la disuasión estratégica no nuclear y obligar a Europa a adoptar una arquitectura de seguridad diferente”.