Conste que no me sorprende, querida lectora, querido lector. No esperaba menos, y sé que usted tampoco lo esperaba. Están acostumbrados algunos a vivir a base de gestos, parafernalia, una foto y un teatrillo barato detrás de los cuales no hay nada, solo vacío. Fuegos artificiales o fuegos de artificio.

Y fruto de ese vacío y de esa desidia por tomarse en serio no ya lo que firmaron, sino la lucha contra la violencia machista y en favor de la igualdad, está la intervención MACHISTA y miserable, una vez más, del “periodista” Pomares. En el debate de uno de los programas de la cadena pública calificó la propuesta política de la Sra. Noemí Santana contra Fernando Clavijo y el proyecto político de Coalición Canaria de “tensión sexual no resuelta”. Si, ha leído usted bien. Y no lo reescribo porque me da asco, mucho asco, sin paliativos.

Si en RTVC tuvieran un mínimo de vergüenza, retirarían las participaciones de Pomares de la televisión y la radio públicas al tiempo que emitirían un comunicado condenando dichas declaraciones y pidiendo disculpas a la Sra. Santana.

Pero querida lectora, querido lector -advierto que a partir de este momento hay spoilers- usted NO leerá ese comunicado, usted NO escuchará disculpas de ningún tipo y, bien al contrario, Pomares verá incrementada su participación en la TeleCanaria y sus ingresos pagados con nuestros impuestos. Puede que hasta su editorial sea la encargada de redactar y publicar el nuevo manual de Igualdad de los medios públicos. Al tiempo.

A veces me pregunto si esta gente que nos gobierna tiene familia y se ocupa de ella. Si ellas y ellos hubiesen sufrido -como usted, querido lector, y yo- lo que supone escolarizar un hijo en Canarias, aunque solo fuera por vergüenza torera, presentarían alguna iniciativa para ayudar, de verdad, a las familias con hijos en edad escolar. Pero no, mientras usted y yo colapsábamos la autopista por gusto, en el Parlamento hablaban de asuntos de notable interés para todos los ciudadanos, el Gobierno trabajaba sin descanso para mejorar la educación de nuestros hijos con iniciativas tan -pero tan, tan, tan- loables como la implantación de los e-sports y el Cabildo de Tenerife encargaba una encuesta. ¡Olé! Mis hijas, como otros miles de niños canarios, están matriculadas en un colegio concertado del área metropolitana tinerfeña. Sus matrículas, que el colegio cobra en julio, fueron casi 300 euros per cápita. A ello le sumamos la compra de los libros que, en el caso de la mayor, ya en Primaria, fueron otros 300, 120 en el caso de la pequeña. Así, sin anestesia, ya estamos hablando de más de 1.000 euros. En julio.

Compras unos uniformes, que los niños crecen, y los tenis del cole, una de las mochilas -la otra aún aguanta un par de trimestres-, y como, además de todo eso, mis hijas tienen la mala costumbre de comer, sumen dos comedores y dos cuotas voluntarias del colegio. Así que, cuando llega septiembre, y sin pasar la primera semana, entre pitos y flautas -como el chiste- sólo mis hijas me han supuesto casi el triple del salario mínimo interprofesional. Mensualmente, después, el coste de un niño escolarizado en un concertado no baja de los 300 euros. Para que algún despachado luego diga que no se explica por qué no sube la natalidad. En una comunidad autónoma como la nuestra -con su poco paro y ejemplar economía industrial- cada mañana, cuando dejo a mis hijas en el colegio, me pregunto cómo hacen las otras familias para afrontar semejante gasto, que además es inevitable, porque para los listos que ya están pensando “pues que los matricule en un público”, en mi caso, sería imposible, porque los horarios de los públicos no son compatibles con mi jornada laboral, problema que afrontan también todos esos padres con los que comparto preocupaciones cada mañana. Así que, no queda otra que recortar en el único gasto evitable, el transporte escolar, que en un colegio concertado puede suponer otros 200 euros por hijo.

Así que, si no quieren que miles de padres ocupemos las vías con nuestros vehículos, solo hay una opción viable: subvencionar el transporte escolar concertado.

Pero esa opción no aparece en la encuesta, así que les planteo que la próxima vez al menos añadan una pestaña más: Si el transporte escolar estuviera subvencionado, ¿lo usaría? No solucionaremos nada -tampoco lo hace su encuesta- pero tendrán la excusa, o no, para corregirme esta columna de hoy.

Ruego que no se entienda esta carta como una injerencia en las decisiones internas del partido socialista, ya que ese no es el objeto de la misma y sé que estas formas no gustan -pido disculpas por ello- solo pretendo poner en su conocimiento algunos hechos, así como otras consideraciones desde mi responsabilidad actual y no tengo otra forma de trasladárselos.

Comienzo con una simple pregunta ¿funcionan mejor la Televisión y la Radio Públicas desde que Santiago Negrín las dirige? La respuesta, obviamente, es no.

Fue ese “no” el que dio lugar a la solicitud de cese de Santiago Negrín el mes de julio y con carácter previo a la convocatoria del denominado concurso de informativos, cuando los representantes de los grupos parlamentarios mostraron su rechazo a las mentiras de Negrín y su deficiente gestión al frente de RTVC, a los que une una lista de incumplimientos directos de acuerdos del Consejo Rector y de los mandatos de la propia Ley 13/2014 de la Televisión y Radio Pública de Canarias, que he defendido y defenderé, porque a eso di mi palabra.

La solicitud fue apoyada por todos los grupos de la oposición, incluido el partido socialista, el 21 de julio pasado.

Tras ese anuncio y el que parecía su más que previsible cese, inició, a espaldas del Consejo Rector, esta atropellada tramitación de un concurso en pleno mes de agosto. Me pierdo enumerando las veces que he escuchado a miembros del Partido Socialista criticando tramitaciones que, con nocturnidad y alevosía, se realizaban por parte del Gobierno de turno en el mes de agosto.

Antes que eso ya habían dimitido dos consejeras expresando hartazgo a sus formas y derivas autoritarias, y una secretaria accidental; un director de relaciones institucionales; un director financiero y el director de nuevos proyectos.

A pesar de ser consejera, se me hurta información relevante para la toma de decisiones hasta el punto de que he tenido que interponer 11 reclamaciones, por ahora, al Comisionado de la Transparencia, que reconoce en sus respuestas que se vulneran mis derechos de acceso a la información.

Los asuntos que llegan a la mesa del Consejo lo hacen bajo la amenaza de plazos que se vencen, pero sin entregar informes que avalen jurídicamente la toma de decisiones. El presidente, a pesar de haber sido informado desde el mes de febrero de la necesidad de tramitar la licitación para la contratación del servicio de transporte de señal de las sociedades públicas, Televisión Canaria, SA y Radio Pública de Canarias, SA, no informó al Consejo hasta el mes de julio de la necesidad de prorrogar el actual contrato sin que aportase ninguna justificación de dicha prórroga más allá de la evidencia de que ningún trámite había sido realizado, poniendo con su actuación en evidente riesgo la señal de continuidad de los medios públicos que podrían “irse a negro” de nuevo en diciembre.

Esta desidia contrasta con las atropelladas prisas del concurso de informativos.

No tenemos Reglamento de Organización, Consejo de Informativos, Consejo Asesor, directrices de producción, programación y comercialización o las básicas en materia de personal, todas ellas imprescindibles para cambiar aquellos modos con los que, desgraciadamente, se sigue actuando en RTVC.

Y a pesar de las advertencias de la Audiencia de Cuentas en el Informe de Fiscalización de 2015 sobre las contrataciones de directivos -efectuadas sin cumplir con los requisitos de publicidad, concurrencia, igualdad, mérito y capacidad- las prácticas se han reiterado a la hora de contratar y los últimos nombramientos realizados por el presidente han sido impugnados judicialmente.

Sobre el informe de los Servicios Jurídicos

He presentado en los registros de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias, de la Consejería de Hacienda, así como del Ente Público de RTVC, un escrito en el que solicitaba una ampliación del informe que había solicitado el presidente del Consejo Rector, Santiago Negrín, y que ahora sabemos que fue asumida su función por el propio presidente del Gobierno, Fernando Clavijo.

En tal escrito planteaba, con carácter previo de la respuesta que ya conocemos, que la petición de Santiago Negrín había sido manifiestamente incompleta, sin duda de forma intencionada, por lo que solicitaba que se analizaran también las recomendaciones del que era asesor de RTVC y redactor de los pliegos, el Sr. Orozco, tal y como constan en la memoria que fue entregada a Negrín un mes antes de la convocatoria del denominado concurso de informativos e ignoradas por motivos que no ha tenido a bien explicar.

Esperaba que el informe de los Servicios Jurídicos no se limitase a redactar una tesis sobre lo que es un órgano de contratación, sino que respondieran a una simple pregunta -que es lo que a fin de cuentas planteo en mi escrito- ¿es posible que un cargo público adjudique 144 millones de euros en un concurso sin control de ningún tipo? Porque es esto y no otra cosa lo que está sucediendo ahora en la Televisión Canaria. Y lamento decirles que el Informe del que convenientemente les han dado traslado desde la Presidencia del Gobierno de Canarias no responde a esa pregunta.

Sobre los Servicios Informativos Públicos

Creo que todos podemos estar de acuerdo en la necesidad de transformar el actual modelo de RTVC, ya lo expuse en la Comisión de Control a la que tuve que acudir para defenderme de las acusaciones del Sr. Negrín. Se suponía que ese camino comenzó con una ley en la que el anterior Grupo Parlamentario Socialista hizo un extraordinario esfuerzo. Pero esa ley ni siquiera se ha puesto en marcha y el presidente ha impedido, por ejemplo, que se cuente con un Consejo de Informativos que, tal y como sucede en TVE, garantice la pluralidad de la información.

La transformación a un modelo 100%, supone una tramitación que podría estar llena de obstáculos, pero siendo totalmente optimistas y entendiendo que ese el camino comenzamos a andarlo: proponemos la modificación parlamentaria del Mandato Marco, la redacción de una nueva ley o la modificación de la actual y la solicitud lógica de informes a órganos como el Consejo Consultivo; ficha financiera de Hacienda, se aprueba una nueva sociedad pública denominada, por ejemplo, Servicios Informativos de Canarias SA o se hace la nunca hecha RPT de la sociedad Televisión Canaria SA que asumiese ese servicio, etc. etc.…

Siendo, repito, totalmente optimistas y contando con que, a lo largo de todo este proceso se tuviera la mayoría parlamentaria para acometer el cambio de modelo ¿de cuantos meses o años estamos hablando?

Es importante pensarlo, porque el actual contrato de informativos vence a finales de junio de 2018 y no cabe prórroga y si el concurso actual es por 8 años, y realmente defendemos que debemos ir a un modelo 100% público, ¿no deberíamos en primer lugar pedir que se paralice el actual concurso e ir a uno más corto que permita que en un máximo de 2 o 4 años se produzca ese cambio? Yo creo que sí.

Hay otro problema que personalmente me parece aún más grave. Actualmente hay más de 200 trabajadores que directa o indirectamente trabajan para realizar unos servicios informativos públicos. Esos trabajadores, que en su mayoría provienen de la subrogación del anterior adjudicatario (Socater), ¿en qué situación quedarían al transformar el modelo?

Entiendo que el Partido Socialista marque una hoja de ruta y defienda lo que siempre ha defendido: los servicios informativos públicos. Pero si me lo permiten, desde mi responsabilidad como Consejera les ruego que el primer punto de esa hoja de ruta sea definir qué se hace con el denominado Concurso de Informativos, porque si se mantiene el actual convocado, sin entrar en otras consideraciones, renunciamos a un modelo 100% en los próximos ocho años y el plazo para la presentación de las ofertas de los licitadores vence el próximo 30 de noviembre. A ello añadan que la designación de nuevos miembros en el Consejo podría suponer meses de consenso parlamentario de los que no disponemos.

La situación en RTVC es grave y entiendo que estas cuestiones de las que les doy traslado, merecían también una respuesta por parte de la Ejecutiva.

Me despido agradeciendo de nuevo la confianza y el tiempo que han dedicado a escucharme, o más bien, leerme y recordando que fui nombrada por el Parlamento de Canarias a propuesta del PSC-PSOE con el objeto de dar cumplimiento a la Ley reguladora del ente, ejerciendo mi cargo “con sujeción a los deberes de diligente administración, fidelidad, lealtad, secreto y responsabilidad establecidos en la legislación pública y mercantil. Asimismo, ajustarán su actuación a los principios de legalidad, objetividad y buen gobierno". Y es al amparo de tales mandatos legales que se ha llevado a cabo mi actuación.

Estoy a disposición, como siempre lo he estado, para cualquier aclaración o ampliación de lo expuesto en esta carta a cualquier persona de la ejecutiva que así lo solicitara.

Tenemos en común que se espera de nosotras un papel que no es ni más ni menos que el mismo: floreros. A partir de ahí, no sé cuánto de mi historia y la de mis dos compañeras de Consejo, coincide con la suya. Pero salvando las lógicas distancias, el trasfondo será, seguro, el mismo y con las mismas consecuencias: cumple tu papel o serás castigada por ello. Quizás por eso, la historia no escrita de Melania me genera un enorme sentimiento de compasión: se exactamente cómo va a acabar si intenta saltarse una coma del guión.

Es así como se escribe la historia de las mujeres. La nuestra comenzó en el mismo acto de nombramiento del cargo de Consejeras; mientras nosotras juramos convertirla en un referente, otros se conjuraban a nuestras espaldas para que fuera más de lo mismo. O peor.

Nos observaban pensando que tan solo respondíamos a cuotas políticas y de género, que íbamos al Consejo Rector de la Radio Televisión Pública a decir SÍ, porque no se esperaba otra cosa de nosotras. Ese era nuestro papel. ¿Saben lo que pasó después? Que votamos NO.

Los había que nunca habían asistido a un Consejo de Administración y mucho menos habían dirigido uno. Así que las formalidades propias de un órgano de este tipo, saltaron por los aires desde el minuto uno. Los asuntos se presentaban al Consejo sin sus expedientes correspondientes, por no hablar de inexistentes informes jurídicos que debían acompañar la toma en consideración de decisiones de calado. Así que votamos NO.

Se tomaban acuerdos que nunca se ponían en marcha y todas las medidas que la Ley establecía para garantizar un funcionamientos más plural y transparente del Ente Público y sus sociedades no se presentaban al Consejo bajo las más peregrinas excusas. Se terminó por eliminar el punto del Orden del Día de Ruegos y preguntas a fin de evitar que nuestras protestas quedasen incorporadas a las actas de la sesión. Así que, de nuevo, NO.

Teníamos que aprobar un nuevo Reglamento de Organización, que con carácter previo a su aprobación por el Consejo debía contar con un informe preceptivo del Consejo Consultivo. El informe del Consultivo llegó, y a pesar de la dureza de su contenido calificando el texto prácticamente de ilegal, se pretendió su votación y aprobación. Más NO, NO y NO.

Y cuando las discrepancias comenzaron a evidenciarse, las protestas y denuncias de incumplimientos de la puesta en marcha de la Ley 13/2014 eran calificadas en los medios de comunicación como discrepancias “políticas” en el mejor de los casos. Y digo mejor, porque lo que no lo era, era lo de siempre: las vedettes no estaban respondiendo a lo esperado. Básicamente se nos tachó de histéricas enfurecidas o gritonas, o califas que aspiramos al puesto del presidente.

Hillary Clinton luchó contra esta misma clase de sexismo durante su campaña electoral: si una mujer habla alto, es una chillona. Mientras que un hombre es apasionado, defiende con vehemencia sus ideas.

Nunca escuché que mis compañeras de Consejo aspirasen a la Presidencia del mismo, pero si alguna de ellas lo hubiese hecho ¿cuál es el problema? ¿no es tan legítimo que una mujer tan o más preparada que el actual Presidente quiera ejercer la Presidencia del Consejo Rector? Pues no, no es legítimo. Es un ejercicio vil y rastrero de deslealtad. Una aspiración espuria, propia de ti, mujer corrompida por tus aspiraciones de poder.

Tres mujeres, tres consejeras, propuestas por tres partidos políticos diferentes - y seguramente con diferencias ideológicas- dijimos que NO porque era eso lo que nuestro criterio profesional nos decía, porque, a todas luces, lo que se elevaba al seno del Consejo no era o lo acordado, o lo legal o simplemente lo que la Televisión Autonómica necesitaba. Y, ahora añado, sigue necesitando porque si algo tuvimos claro desde el principio es que las televisiones autonómicas viven un momento complicado en la definición de su papel en un entorno donde todo ha cambiado. Sin embargo, de eso, precisamente de eso, nunca hablamos en el Consejo. De eso solo hablábamos nosotras, y hartas de que no se hablase de lo que se tenía que hablar, mis dos compañeras, dimitieron.

Maria José Bravo de Laguna, apenas tres meses después de nuestro nombramiento, envió una primera carta al Presidente -remitió copia al resto de Consejeros- donde expresaba sus primeras preocupaciones sobre el devenir del Consejo y que se produjeran lo más básicos incumplimientos.

Su carta de dimisión confirmó el hartazgo de esta situación y su convicción en formar parte de otro proyecto de Televisión Autonómica y no este que es más de lo mismo, o peor.

Marian Álvarez lo dijo también muy, pero que muy, claro en sus tan duros como acertados ocho folios de carta de renuncia:

“(…) decir que el Presidente del Consejo Rector ha sido incapaz de propiciar acuerdos o consensos es un eufemismo. No es una cuestión de incapacidad, que en el caso del presidente del Consejo Rector estaría en otra esfera, es una falta de voluntad. Una ausencia total de voluntad de cumplir la Ley y permitir que el Consejo Rector fuera el Gobierno democrático de la Radio y la Televisión Públicas de Canarias que mandata la legislación vigente.” .“

Por cierto, el portavoz parlamentario de Coalición de Canaria, llegó a decir que no la había escrito ella. No sé si dudaba de que una periodista sepa escribir o que una mujer sepa pensar. O ambas. Lamentable.

Tras su dimisión, algunos abrieron botellas de champán francés o prepararon gin tonics llenos de bayas rosas. O todo ello y más, que los gustos alcohólicos pueden ser variados. Pero luego se enteraron de que yo no había dimitido -ni pienso dimitir- y se les congeló la sonrisa. También se han recrudecido los ataques. No me asusto. Sé lo que hay detrás de ellos: el “reparto”, una palabra como otra cualquiera para titular una columna.

Partamos de algunas premisas básicas: nunca he puesto en duda la profesionalidad de las presentadoras esa noche. Tampoco la de los presentadores. Nunca he puesto centímetros al escote o a la falda de nadie. No creo que el Director de Producción deba ir con una cinta métrica a las retransmisiones de las que es responsable como también lo es el Director de la Televisión y Presidente del Consejo Rector, Santiago Negrín. Sería suficiente que fueran. Con criterio. Y recordando que las retransmisiones de la Ley de Radio Televisión PÚBLICA deben respetar los principios establecidos en la Ley 13/2014. Entre otros, el establecido en el art.2) letra j) Fomentar la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombre y mujer evitando toda discriminación entre ellos.

El debate lo centró mucho mejor que yo Yolanda Domínguez en el Huffington Post. A sus palabras, más certeras que las mías, me remito: “Seamos honestos, que se vea una teta o un culo a estas alturas ya no escandaliza a nadie, lo realmente preocupante es lo que ese vestido deja al descubierto: que tenemos una televisión casposa y rancia a la que le importa un pimiento la desigualdad de género.”

El debate es el uso de la imagen de la mujer para vender y, en este caso, para conseguir una audiencia cuyo punto de share se cotiza a centímetro de piel mostrada. Este es el primer uso de las presentadoras. Convenientemente destapadas frente a los convenientemente tapados presentadores. Y repito, con el único objetivo de conseguir audiencia. Cachos de carne.

El segundo uso vino con el silencio cómplice de la televisión. Ante el escándalo organizado en redes sociales con una foto, no sé si retocada, y la publicación de la noticia en digitales de todo el país, la estrategia fue ocultarse y lanzar de nuevo a la presentadora con su nombre, con su cara y con su foto, a aclarar si llevaba o no ropa interior. Como si ese fuera el debate. Nuevamente a los pies de los caballos. Quedarán en las hemerotecas sus aclaraciones, el “sí llevaba bragas” y el “no noté fresquito”.

El tercer uso ha venido con un comunicado de “RTVC” donde dicen defender a las presentadoras de un supuesto ataque, cuando lo que realmente hacen es volver a parapetarse tras ellas para no responder de sus responsabilidades. De nuevo me escondo y que sean otras las caras que salgan. Las de las presentadoras y la mía. Por RTVC nadie da la cara, solo sale un logo.

Lo digo de nuevo, negro sobre blanco: las retransmisiones de la ¿nueva? televisión PÚBLICA deben respetar la dignidad de TODAS las personas. Defiendo una televisión libre de sexismo. Que lo hiciera también RTVC si sería una novedad.