Tras cerca de 37 años de Autonomía, un partido de ámbito territorial estrictamente cántabro y autodefinido como regionalista se perfila por primera vez como probable ganador de las elecciones en nuestra Comunidad. Es cierto que dicho partido, el PRC, cuenta con un apoyo muy amplio desde hace años, pero ganar las elecciones supondría dar un paso más.

Este es un hecho que debería hacernos reflexionar sobre la realidad sociopolítica cántabra, puesto que en pocas comunidades autónomas una fuerza de ámbito territorial inferior al estatal es capaz de ganar unas elecciones autonómicas. Tan solo en el País Vasco, Cataluña y Canarias se ha dado este fenómeno.

Ahora bien, pese a tener presente esta anomalía político-electoral que refleja la existencia de una identidad colectiva fuerte en Cantabria, no hay que olvidar las características del regionalismo cántabro.

El regionalismo defendido por Revilla se caracteriza por su fidelidad a un sujeto de derechos políticos colectivos más amplio, la nación española, de la que Cantabria forma parte naturalmente y no como sujeto propio mediante un pacto. Es más, Revilla utiliza la identidad regional que defiende para la consolidación política y difusión social de la identidad nacional española. Legitimando esa identidad nacional desde su variedad y la simetría e igualdad de derechos de las diferentes unidades político-administrativas en las que se descentraliza el Estado.

De hecho, otra de sus características es la utilización del sentimiento de agravio con respecto a Cataluña y País Vasco a través las continuas quejas en relación con la injusta discriminación ejercida por el Estado en favor de ellas a pesar de su “chantajismo” y “deslealtad”. A lo que opone la probada lealtad de Cantabria.

Además, su concepción del regionalismo cántabro pasa por considerar a Cantabria como un órgano administrativo en el que lo principal es la gestión de cuestiones socioeconómicas e infraestructuras, para cuya consecución se erige como el principal defensor de Cantabria en base a su constante demanda de fondos y recursos.

En definitiva, el regionalismo del PRC jamás ha concebido a Cantabria como sujeto de soberanía.

Sin embargo, todo regionalismo presenta siempre potenciales elementos de conflicto con la identidad nacional en la que se inserta y con la que se identifica. Ya que, aunque no supone la negación del nacionalismo en el que se inscribe (el español en este caso), introduce elementos de tensión a su interior al plantearse no como una demanda estrictamente cultural e identitaria sino como una reivindicación de autonomía política y administrativa.

Y, además, porque el proceso de construcción regionalista supone la elaboración de una narrativa sobre el pasado, la etnicidad y el presente que puede llevar a acentuar elementos muy semejantes a las narrativas nacionalistas en la construcción de sus identidades nacionales.

Es por estos dos motivos por los que los materiales culturales y sentimientos de pertenencia que configuran la identidad colectiva de los cántabros, a pesar de haber sido articulados hasta ahora en un sentido regionalista sustentador del statu quo, son susceptibles de ser articulados políticamente en un sentido diferente.

La disputa está abierta. Todo depende de quién interprete o reinterprete esos materiales, y a partir de qué supuestos y con qué fines y objetivos lo haga. Por tanto, es hora de plantear que frente a la concepción regionalista de Cantabria como unidad político-administrativa con derechos políticos de naturaleza colectiva fruto de la concesión del Estado español, hay que proponer la comprensión y construcción de Cantabria como sujeto activo y exclusivo de esos mismos derechos. Es decir, como sujeto de soberanía. Y frente a la articulación narrativa regionalista de nuestro pasado y nuestra personalidad etnocultural ligada siempre a lo español -incluso como génesis de España-, plantear una narrativa propia de nuestro pasado y nuestras características etnoculturales, sin relaciones de dependencia con nadie.

La conquista de la autonomía puso de manifiesto la voluntad de la gran mayoría de los y las cántabras por contar con un marco administrativo-político propio dentro de las posibilidades que ofrecía la Constitución del 78 y supuso un gran avance para nuestro pueblo a todos los niveles. Pero ese marco sigue siendo una concesión del Estado central que nos niega como sujeto propio y que se queda corto si pretendemos seguir desarrollando nuestras potencialidades integrándonos de manera autónoma en la Europa del Siglo XXI.

Por todo eso considero que es momento de construir un cantabrismo político que piense a Cantabria como un territorio con características culturales, sociales, económicas y políticas propias que a lo largo de la historia le han ido configurando como pueblo diferenciado de los que le rodean. Para, a partir de esas características, constituirnos como sujeto político con capacidad para decidir por sí mismo su forma de organización interna y su relación con el resto de pueblos de España, Europa y el Mundo. Siempre en base la voluntad de los y las cántabras.

Y esto no lo hará nadie que considere a Cantabria una sucursal, sino una fuerza autóctona formada por todas aquellas personas que estemos de acuerdo en concebir y construir a Cantabria como sujeto político soberano que construya su futuro en base a la voluntad democrática de su gente. Estén atentos, porque no habrá que esperar mucho para verla nacer.

Mariano Rajoy ha dejado de ser presidente del Gobierno. La sentencia sobre la trama Gürtel abrió la posibilidad para ello y la colaboración de las fuerzas progresistas (en mayor o menor medida) del conjunto del Estado español logró echar a la derecha corrupta del Gobierno y, a la vez, detener el espumoso ascenso del neoultranacionalismo español de Ciudadanos, un partido que reclamándose como el mayor defensor de España sigue siendo el que menos entiende su composición social, política y plurinacional. Y será esa colaboración de las fuerzas progresistas la que sostenida en el tiempo permitirá que se lleven a cabo medidas urgentes de regeneración política y mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía y abonar el terreno para futuras transformaciones más profundas.

El discurso de Pablo Iglesias el jueves -sobre todo su contrarréplica a Pedro Sánchez- apuntó hacia ahí: buen tono con el PSOE, disposición a la colaboración, pero planteamiento de horizontes que obliguen al PSOE entre elegir asumirlos a modo de la vía portuguesa o evidenciar que para recorrer ese camino se necesita a Unidos Podemos al frente. Lo sucedido en el Congreso de los Diputados durante estos días debe de servir para que en nuestra Comunidad Podemos y el resto de espacios de cambio entiendan este nuevo escenario y sean capaces de pensar en clave estratégica.

Personalmente, reflexionando en esa clave, considero que en Cantabria la única posibilidad para que a medio y largo plazo no suframos gobiernos y/o mayorías de Cs y PP por décadas pasa por una alianza entre lo que quede del “cantabrismo” realmente existente (o al menos realmente articulado políticamente, que hoy es el PRC con todas sus ambivalencias ideológicas y sus malas prácticas) y la izquierda estatal en Cantabria (PSOE y UP).

Es decir, hay que elegir entre una “competición virtuosa” con el renovado PSOE liderado por Pablo Zuloaga que ayude a desplazar el debate político hacia la izquierda arrastrando al PRC hacia esas posiciones o una línea de ataque directo al Gobierno del PSOE-PRC en clave de “señalar a la gente que ambos son tan corruptos como el PP” (mostrarles “la verdad oculta”).

La primera opción nos acercaría a un escenario que desde luego no es ideal (tampoco el de Sánchez presidente lo es, a mi juicio) pero es el más factible a día de hoy y el que abriría el campo de posibilidades más amplio para la transformación de Cantabria en clave progresista. Por lo tanto, considero que es por el que se debería trabajar.

En este sentido, hay que tener en cuenta los cambios producidos en el PSOE durante los últimos meses. Zuloaga, al igual que Sánchez, responde a un anhelo de cambio de las bases socialistas. Atacar de forma directa a este “nuevo” PSOE abriría una brecha política y emocional que dificultaría la colaboración con ellos y el desplazamiento hacia la izquierda del debate público en Cantabria.

En cambio, mirar en una misma dirección, pero tratando de marcar el camino apuntando hacia distancias más lejanas con propuestas más audaces supondría todo lo contrario. Y podría ayudar a que Revilla -dispuesto siempre a mover su péndulo hacia dónde vea que respira la sociedad y le es más útil- se decantara por apuntalar un giro progresista en Cantabria.

Sin embargo, la segunda opción creo que beneficiaría política y culturalmente a la derecha (no solo a nivel electoral), ayudaría a que el PRC se decantara por ese polo entendiendo que hacerlo no les supondría muchos costes e imposibilitaría cualquier crecimiento serio de la izquierda en Cantabria durante bastante tiempo, estancándola como eterna 'pepito grillo' moral de la sociedad. Situándola en ese “narcisismo” al que Manuel Sacristán se refería cuando hablaba de “ética sin política”.

En este sentido hay que tener en cuenta que Íñigo de la Serna se ha quedado sin la gran plataforma que suponía para su futura candidatura el Ministerio de Fomento desde la que realizar su campaña para las autonómicas y que Ciudadanos es el partido que más debilitado sale de esta moción. Ambos factores inciden aún más en la necesidad de las fuerzas del cambio de reflexionar muy seriamente sobre qué polo refuerza cada paso que se dé: si el de cambio progresista o el de estancamiento conservador.

Se ha abierto un abanico de posibilidades hasta hace poco inesperado. Un escenario más favorable que hace una semana. Y es obligación de simpatizantes, militantes, cargos públicos y sobre todo direcciones de Podemos, IU y otras fuerzas que formen el espacio del cambio leer bien la situación para ayudar a que en los próximos años Cantabria avance hacia una mayor justicia social, un mayor autogobierno y un modelo que deje atrás el turismo estacional como motor fundamental de nuestra economía.

España es una nación porque millones de personas se sienten nacionalmente españolas. Este componente subjetivo hace que esto sea innegable. Sin embargo, también pareciera que es una nación “fallida”, mal construida, en la que ni sus élites ni sus intelectuales han sabido erigir una idea nacional uniforme y moderna al estilo francés, ni mucho menos han tenido la capacidad para comprender la plurinacionalidad como realidad de España. Ni han impuesto “ilustradamente” ni han construido y seducido democráticamente.

Por el contrario, España se edificó sobre el viejo solar castellano, imponiendo por la fuerza de las armas su hegemonía al resto de naciones peninsulares. Así, España, lejos de ser una suma de los pueblos que la componen, continúa instituyéndose sobre el dominio del nacionalismo oligárquico castellano sobre los demás.

Esto hace que el nacionalismo español viva en una esquizofrenia permanente. Asegura que Cataluña es parte constitutiva de España pero a la vez que es necesario “españolizar a los niños catalanes”. La quiere consigo, pero obligándola a dejar de ser ella misma. Quiere una Cataluña castellanizada para afirmar el dominio de su idea uniforme de España. Tratando de afirmar su españolidad, la niegan. Pues muestran a las claras que la españolidad de Cataluña se basa solo en la fuerza por la que a lo largo de la historia los restos del viejo Imperio han conseguido mantenerla consigo, pero sin asimilarla jamás.

Esta esquizofrenia explica la reacción agresiva del nacionalismo español en los últimos tiempos sintetizada en el “a por ellos”. Cataluña, para el nacionalismo español, es otro frente al que seguir afirmando la identidad propia por la vía de la negación y la imposición. Pero, a la vez, es una parte subordinada de esa identidad dominante a la que no se la puede dejar decidir su destino porque, en caso de que decidiera la ruptura o una relación en pie de igualdad dentro de un mismo marco jurídico, se vendría abajo la relación de subordinación que constituye la identidad nacional española hegemónica.

El nacionalismo español no acepta que su nación pueda ser democráticamente discutida mientras tacha de nacionalistas a los demás. La Constitución, en su artículo 2, regula una realidad nacional prepolítica, previa al pacto Constitucional. Esta es la mayor expresión de su esencialismo. Y es por ello que ante cualquier intento de poner en discusión política la nación española, el nacionalismo español de los partidos dinásticos reacciona con agresividad. Si la nación es prepolítica, su cuestionamiento se asemeja a una herejía en un sistema de creencias religioso.

Y, además, el español es un nacionalismo de Estado, que es históricamente el más agresivo porque tiene un aparato jurídico-administrativo-policial a su servicio. El que usa para materializar la reacción agresiva ante la puesta en discusión democrática sobre su nación.

Del federalismo imposible al independentismo por necesidad

En su ensayo “Sempre en Galiza”, Castelao, padre del nacionalismo gallego y federalista convencido hasta comprobar los límites para el desarrollo de un proyecto federal, afirmó que “nosotros queremos ser hespañoles, pero a condición de que este nombre no nos obligue a ser castellanos”.

La imposibilidad material de hacer esto efectivo a lo largo de la historia explica el fracaso de la construcción nacional española. Tanto por la renuncia de la oligarquía a aceptar la base federal de España como por su voluntad de imponer su proyecto de dominación de base castellana sobre las demás naciones peninsulares. España nunca ha sido la suma de los pueblos que la componen, sino el intento de una de ellas de imponerse sobre las demás. Esto es lo que, en buena medida, ha conducido a la progresiva deriva del proyecto catalanista -tradicionalmente federal y con voluntad de democratizar España- hacia el independentismo. Del federalismo imposible al independentismo por necesidad para poder seguir existiendo como nación.

La única forma de haber construido una España en la que todas sus naciones cupieran hubiera sido un modelo que permitiera la relación de igualdad entre ellas. Y el pleno desarrollo nacional de cada una de ellas en el proyecto común. Es decir, España como suma de sus partes y no como dominio de una de ellas sobre la anulación de las demás.

La pregunta es: ¿es posible la construcción de una idea de España como suma voluntaria de sus partes permitiendo que estas se desarrollen plenamente? Para mí, es imposible sin que previamente una o varias de esas naciones que la forman logre su pleno desenvolvimiento mediante la ruptura con el Estado español. Que además parece encaminado a una recentralización autoritaria a corto plazo. Como también escribió Castelao “sólo en una España rota subsiste una España roja”. Y hoy esta condición pasa por Cataluña.

El secuestro de la izquierda por el nacionalismo español

La dificultad para hacer esto posible reside en que este nacionalismo español autoritario y monopolizado por la derecha es hegemónico precisamente porque ha conseguido que la mayor parte de la izquierda -subalterna e históricamente derrotada en este proyecto nacional oligárquico- asuma su marco mental.

Para muchas figuras de la izquierda el problema catalán es visto más como un estorbo que como una oportunidad. Porque al pensarlo desde su mirada española (con un Estado ya constituido) no entienden que el derecho de autodeterminación es un fin en sí mismo para todo aquel pueblo que desee ejercerlo, sin hacer caso de lo que otros pueblos (en este caso el pueblo español) piensen de ese proceso. Por eso la defensa teórica de este derecho no se concreta en propuestas prácticas viables. Y por eso esta colonización mental del nacionalismo español en la izquierda se reproduce hasta en la organización interna de los partidos políticos de la izquierda española.

Sin que esta izquierda se libere del secuestro del nacionalismo español hegemónico, será imposible llevar a cabo una democratización de España sin una ruptura previa de la misma.

En política es imposible determinar qué es “la verdad”. Múltiples actores construyen diversas estructuras discursivas que pugnan por dar sentidos diferentes a los mismos hechos. Y cada actor intenta lograr instalar su relato como gafas a través de las que la mayoría vea los hechos que suceden en un territorio dado.

Partiendo de esta base, nos tenemos que preguntar, hoy en día, ¿quién tiene el relato más claro, directo y conciso para explicar las razones de lo que acontece en Cantabria? ¿Quién es capaz de conseguir que su visión particular sea la que más de universalice? Mi respuesta ante estas dos preguntas cruciales es clara: Miguel Ángel Revilla.

Desde hace meses, el presidente de Cantabria sabe perfectamente por dónde tiene que ir. Es consciente de que le beneficia mucho más centrar el tiro en el agravio del Estado con Cantabria que en lo concerniente a la política interna de nuestra Comunidad. Y lo hemos podido comprobar claramente durante los últimos días.

Tanto en la intervención del pasado sábado en La Sexta Noche, como en la del Debate de Orientación Política de Cantabria en el Parlamento, Revilla construyó su relato en base a establecerse como defensor de los intereses de Cantabria pisoteados por el Gobierno central. Aprovechando dos casos que los cántabros perciben como especialmente sangrantes: la no financiación de Valdecilla y la imposibilidad de disponer del agua de nuestro pantano del Ebro.

Y si lo hace, es porque puede permitírselo, dada la ausencia de propuestas claras del resto de partidos de Cantabria en lo concerniente a la relación Cantabria-Estado dentro del marco territorial actual. Y la aún mayor ausencia de horizontes alternativos en lo tocante a la inserción territorial de Cantabria en el Estado en una hipotética reformulación territorial de España, que cada día está más presente en la agenda política a nivel estatal.

Y es que el estatus territorial actual, habiendo sido en su momento ganado a pulso por nuestra gente y habiendo supuesto un avance histórico para nuestro pueblo, es el que genera las condiciones de posibilidad para la aparición y crecimientos de personajes políticos como Revilla. Debido a que provoca que pensemos la política cántabra en una eterna lógica de relación -de dependencia- con Madrid. Relación en la que él puede continuar mostrándose como el único actor capaz de defender los intereses de Cantabria, jugando el papel de mediador entre el pueblo cántabro y el Estado.

Frente a esto, no solo los demás actores políticos de Cantabria carecen de propuestas sólidas, sino que carecen de ningún tipo de relato consistente que pueda conseguir que una mayoría de cántabros miren lo que sucede en nuestra tierra desde un prisma alternativo.

Esto se ha evidenciado en la primera jornada del “Debate sobre el estado de la Región”, en el que habiendo algunas intervenciones muy buenas en cuanto a denuncias de los déficits de la política del Gobierno autonómico basadas en un gran trabajo de recopilación y ordenación de datos, les ha faltado, tanto propuestas alternativas como, sobre todo, estar enmarcadas en un relato que fuera capaz de confrontar con el construido por Revilla.

Con todo esto, nos encontramos actualmente con una sociedad cántabra, que de manera transversal en lo ideológico, se siente cada vez más molesta con los continuos desprecios del Gobierno central hacia Cantabria; con unos partidos de la oposición sin alternativas sólidas y sin relatos claros capaces de desplazar el eje central del debate del frame “que España nos pague lo que nos debe”; y con una desconfianza generalizada de la gente hacia cuatro partidos continuamente enfrascados en confrontaciones internas, frente a lo que Revilla puede sacar pecho mostrando la estabilidad de su partido.

Ante esta situación, ¿qué hacer? Entiendo que, por un lado, es necesario tratar de invertir esta situación pensando en modelos alternativos al marco territorial actual para sacar a Revilla de su espacio de confort y estar en condiciones de disputarle la posición de defensor del Cantabria. Posición que, en la práctica, no pasa de una pataleta continua que cada vez tiene menos efectividad para la vida de los cántabros y las cántabras, pero más efectividad electoral para él. Y, por otro, ser capaces al mismo tiempo de construir narrativas que logren vencer a la construida por el líder regionalista.

Y es que, como decía al comienzo, “la verdad” no se construye con denuncias basadas en una suma de datos, por muy objetivos que puedan ser, ni siquiera con propuestas de futuro basadas en el mayor de los rigores posibles. “La verdad”, no es otra cosa que aquel relato que logre que la mayor parte de una sociedad vea su tierra y lo que en ella sucede, con los ojos de quien lo enuncia. Consiguiendo que los demás, tengan que moverse dentro de esa narración para no quedarse fuera de la disputa política central.

La relación entre las izquierdas y las identidades colectivas ligadas a lo territorial es un asunto tan problemático como trascendental. En los últimos años hemos podido comprobar cómo los movimientos populares se desarrollaban con más firmeza allí donde su construcción se asentaba sobre una fuerte ligazón con sus territorios. Latinoamérica, Euskadi o Catalunya son buenos ejemplos. Sin embargo, durante las últimas décadas, construir movimiento popular desde la reivindicación de tu identidad territorial se ha convertido en un tema tabú para gran parte de las izquierdas.

Hablando de “occidente”, el surgimiento del “altermundismo” contribuyó a entender la reivindicación de la identidad ligada al territorio como algo reaccionario. Mientras que, en el caso español, seguramente por razones históricas, el concepto de patria no fue abordado como un concepto en disputa hasta la irrupción de Podemos, que comprendió la necesidad de batallar por el sentido de “España”, apostando por la construcción de una idea de país plurinacional y progresista enraizada en la tradición democrática y popular española.

Esta dificultad supone siempre un hándicap a la hora de construir identidades políticas, pero aún más hoy, en un contexto en el que la globalización neoliberal está destruyendo los lazos sociales y culturales, generando la expansión de los sentimientos de incertidumbre y desarraigo.

Y, ante ello, la necesidad de las mayorías de sentirse parte de una comunidad que les garantice certezas, solidaridad compartida y protección, demanda que actualmente están hegemonizando los populismos de derecha en Europa y Estados Unidos, por el abandono de “lo nacional” por parte de la izquierda.

Cantabria es otro ejemplo de los complejos de las diferentes izquierdas -Podemos incluido- para hacerse cargo del sentimiento de pertenencia a su tierra de la gran parte de la población, especialmente de los sectores populares, como se puede comprobar en el barómetro autonómico del CIS en 2012, al cruzar las respuestas referentes al sentimiento de pertenencia con la variable de “estatus socioeconómico”.

Es habitual leer o escuchar a miembros de partidos de la izquierda explicar el “fenómeno Revilla” tan solo en base a su capacidad mediática, su gracejo y las redes clientelares construidas por el PRC desde que entrara a formar parte del Gobierno en 1995. Es evidente que la última de las razones no se puede obviar. Pero tanto como lo es que quedarse ahí supone un importante déficit analítico. Así mismo, la forma de abordar las dos primeras razones citadas es sintomática del desprecio de gran parte de la “izquierda cipaya” en Cantabria hacia los elementos culturales, sociales e históricos desde los que se configura la identidad cántabra.

Desde esa izquierda se apunta bien el tiro cuando se afirma que buena parte del éxito de Revilla se debe a su habilidad para “conectar con la gente” por su presencia en la televisión hablando constantemente de Cantabria o su asistencia a las fiestas populares de Cantabria, en las que no deja pasar la oportunidad de mostrar su querencia por el folclore autóctono. Sin embargo, se yerra profundamente cuando la respuesta ante esto pasa por poner el foco de la crítica al actual presidente en estas actitudes, demasiadas veces con un tinte de menosprecio (“comediante”, “demagogo”, “populista”…), que revelan la existencia de un cierto elitismo “cosmopaleto”, cuya consecuencia es el creciente alejamiento entre los espacios políticos de izquierda y la gente.

Si en lugar de recurrir al menosprecio hiciéramos el esfuerzo de comprender que la “conexión con la gente” de Revilla se da porque utiliza elementos que conforman la identidad colectiva de los cántabros y que éstos son susceptibles de ser articulados políticamente en un sentido diferente a su “regional-provincialismo” sustentador del statu quo, ampliaríamos nuestras posibilidades de éxito.

La izquierda en Cantabria tiene que hacer un esfuerzo importante por entender nuestra tierra y a nuestra gente tal como son. Por echar raíces profundas en ella. Por conectar su pensamiento con la historia, la sociedad y las tradiciones de nuestro pueblo, para no aparecer como algo extraño al mismo y ser capaces de encontrar en ellos nuestros rasgos específicos para construir desde ahí el camino hacia el cambio.

Cuando hablemos de participación popular, hagámoslo más de cómo repensar hoy los concejos abiertos -presentes en nuestra historia y nuestro imaginario colectivo- y menos de “círculos” u otras fórmulas ajenas. Cuando debatamos sobre el medio ambiente, hagámoslo más de las razones por las que no queremos el fracking o la mina de zinc en nuestro territorio y menos de si lo queremos o no “en otros laos”.

Porque pensar en clave propia no significa negar aportes surgidos en otras tierras ni pensar solo en la nuestra, pero sí abordarlos desde nuestra perspectiva y acordarnos siempre de aquella frase de Fanon en la que afirmaba que “la conciencia nacional es la única que nos da dimensión internacional”.

El pasado miércoles se cumplieron dos años de la muerte de Amparo Pérez, la anciana que se convirtió en el rostro del Santander popular que resiste a las cacicadas de quienes de “populares” solo tienen el nombre.

Desde que su caso se conoció públicamente, hasta que sucedió el fatal desenlace, muchas personas, provenientes de ámbitos ideológicos muy diversos, compartimos espacio en las movilizaciones de distinto tipo que se produjeron en contra de la expropiación forzosa de su vivienda por parte del hoy premiado ministro Íñigo de la Serna.

Eran tiempos en los que la palabra “expropiación” estaba adquiriendo protagonismo en el espacio público. Ante el debate sobre qué hacer con los sectores estratégicos en España, las élites no tardaron en sacar fantasmas transoceánicos a pasear para demonizar a quienes planteaban medidas que hicieran efectivo el artículo 128 de la Constitución Española. Les refresco la memoria: “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”.

Mientras instalaban esos fantasmas en prime time, en nuestra ciudad, el hoy ministro no dudaba en hacer uso de la palabra maldita para poder llevar a cabo un vial innecesario cuya construcción correría a cuenta de la empresa constructora propiedad de un compañero de partido alcalde de otro municipio cántabro. En estos tiempos ya se sabe que los significantes son vacíos, y bien pueden servir para garantizar el interés general como para llenar el bolsillo de los amigos.

Pese a este tipo de prácticas, el PP aún tiene la capacidad de basar buena parte de su fortaleza en erigirse como el garante de la estabilidad y la seguridad para millones de personas. Representando de esta forma el interés general de la sociedad, aunque se trate de poner por delante siempre a los amigos. Ya sea mediante concesiones de obras públicas, como de mensajes de apoyo negados tiempo después al estilo San Pedro.

Sin embargo, hay ocasiones en las que superan los límites de la posibilidad de resignificación de los conceptos. El caso de Amparo fue uno de ellos. En aquella ocasión, su concepto de seguridad y estabilidad supuso la muerte de una anciana que tan solo pretendía vivir en su casa hasta el final de su vida. Algo que pudo llegar a afectar a parte de su propia base social.

Y todo ello para construir un vial sin sentido, por el que uno puede subir o bajar cualquier día sin cruzarse apenas con un par de coches despistados. El interés privado del compañero de partido primó sobre la vida de Amparo y sobre el interés general de los vecinos y las vecinas de Santander que no necesitábamos para nada esa obra. Que, además, supuso un importante desembolso para las arcas públicas.

Claro que es posible que el recién tumbado PGOU made in De la Serna, tuviera escondidas varias sorpresas para la zona litoral norte de Santander, que nos hubieran hecho comprender a muchos el empeño en pasar, literalmente, por encima de la casa y la vida de Amparo. El bienestar de los amigos pudo ser condición necesaria, pero seguramente no suficiente.

Este pasado sábado la hemos recordado con una marcha desde la Iglesia de Monte hasta un prau al borde del vial que, sin tránsito, ocupa el lugar en el que Amparo vivió tranquila hasta poco antes del final de su vida, cuando las excavadoras comenzaron a hacer invivible su existencia.  Hasta que el interés particular de una trama de constructores y políticos a su servicio, encabezados por De la Serna, se impusiera una vez más y simultáneamente, al interés de una persona humilde y al de toda la ciudadanía de Santander.

El de este sábado ha sido uno más del ciclo de actos que la mayoría social de esta ciudad lleva tiempo llevando a cabo en favor de un urbanismo sostenible, racional y positivo para la prosperidad de Santander. De un urbanismo para la gente. Un ciclo que va in crescendo con #AmparoEnLaMemoria.

Y es que su recuerdo trasciende ya a su persona. Es ya un símbolo que brilla con luz propia en la nueva ola de ciudadanía que trabaja por reapropiarse del interés general, expropiado durante décadas por esa trama de políticos y constructores mencionada anteriormente. Trama que lleva demasiado tiempo robándonos el pasado, el presente y el futuro. Robándonos la tierra. Robándonos la vida.

Esta semana conocíamos el veto por parte del PP en el Senado a una propuesta realizada por Compromís para prohibir el fracking en España. La votación se llevó a cabo en la Comisión de Medio Ambiente, de la que es vocal el senador por Cantabria del PP Javier Fernández, exconsejero de Medio Ambiente durante el Gobierno de Ignacio Diego.

Durante los años que ocupó dicho puesto, Javier Fernández fue uno de los redactores de la Ley Antifracking de Cantabria, posteriormente tumbada por el Tribunal Constitucional por invasión de competencias estatales, a petición del propio PP. El exconsejero se ausentó de la votación, no siendo capaz de defender su postura contraria a esta práctica. Ya en 2013 los senadores cántabros del PP habían votado a favor de la realización del fracking en España, pese a mostrarse como férreos adversarios del mismo en Cantabria.

La mayor parte de reacciones que hasta ahora ha suscitado dicha votación se centran en la incoherencia de los senadores populares y en su falta de voluntad y compromiso con la defensa de los intereses de Cantabria en Madrid. Desde luego, no seré yo quien niegue este punto de vista, pues es evidente. Los dos grandes partidos estatales llevan décadas mostrando su falta de compromiso con esta tierra. Sin embargo, pienso que debemos dar un paso más en las conclusiones a extraer.

Debemos de preguntarnos por qué al PP le resulta tan fácil votar en Madrid en un sentido opuesto a su postura en Cantabria. Por el amplio consenso existente en la sociedad cántabra contra la fractura hidráulica, el anterior Ejecutivo tuvo que desarrollar una Ley autonómica que prohibía la práctica del fracking en nuestra tierra.

Su desarrollo y su aprobación supusieron legitimar al PP cántabro, frente a la postura favorable al fracking del exministro de Industria José Manuel Soria. Sin embargo, a petición del propio PP, el Tribunal Constitucional anuló esta norma considerando que invadía competencias estatales al vulnerar la Ley del Sector de Hidrocarburos, según la cual, corresponde a la Administración General del Estado otorgar las autorizaciones y permisos relativos a hidrocarburos cuando afecte al ámbito de más de una Comunidad y en las zonas de subsuelo marino.

Es decir, que la razón última de la reiterada actitud del PP se debe a que los cántabros carecemos de los mecanismos necesarios para decidir sobre lo que queremos o no queremos que hagan con nuestro territorio.

Desde Podemos, tenemos la capacidad, la legitimidad y la potencia mediática suficiente como para, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, poner encima de la mesa el verdadero debate que subyace a esta noticia: el déficit de capacidad de decisión del pueblo cántabro.

La incoherencia del PP tiene que ser denunciada. Pero el statu quo territorial que permite que se pueda llevar a cabo esa práctica incoherente, también. Por lo tanto, es hora de plantearnos el modelo territorial del Estado y el papel de Cantabria en el mismo. De discutir sobre la vigencia del actual modelo autonómico y la necesidad de repensarlo y avanzar hacia un modelo realmente federal. Y de debatir también sobre qué actores políticos y al servicio de qué intereses se benefician del modelo actual.

A Miguel Ángel Revilla y el regionalismo hegemónico que él representa dentro de su partido le conviene perpetuar el statu quo territorial basado en una descentralización no federalizada que provoca que pensemos la política cántabra en una eterna lógica de relación -de dependencia- con Madrid. Así, puede continuar mostrándose como el único actor capaz de defender los intereses de Cantabria dentro de este marco, jugando el papel de mediador entre el pueblo cántabro y el Estado central.

Durante el ciclo corto electoral, especialmente en las primeras elecciones generales, desde Podemos Cantabria optamos por disputar esta idea. En gran medida para atraer a votantes regionalistas desencantados con la práctica política del PP y el PSOE en relación con las demandas territoriales de Cantabria. Sin embargo, pasado el periodo electoral, nos toca ser protagonistas e impulsores del debate territorial y cómo queremos que sea la inserción de Cantabria en el conjunto del Estado.

Nos toca pensar en una auténtica federalización de España y el papel que desde Cantabria queremos jugar en la misma. Federalización que no tiene que ver con el actual modelo de Estado unitario descentralizado que genera las lógicas de dependencia “provincialistas” descritas anteriormente, de las que tanto se aprovechan personas como Revilla, sino con la construcción de un modelo desde los diferentes constituyentes libres que se asocien en una federación.

Un modelo federal que desborde los márgenes clientelares del Régimen del 78, en el que las competencias de los diferentes entes federados y las del Estado federal se delimiten y diferencien claramente, quedando explícitamente reflejadas tanto en la Constitución federal como en la de cada uno de los entes federados, desarrolladas y aprobadas sin la participación del Estado federal en el proceso. Un Estado en el que exista un Senado federal que represente los intereses de los territorios federados y en el que se garantice la participación de estos en la reforma de la Constitución federal.

En este modelo Cantabria debería ser, si así lo queremos los cántabros y las cántabras, una de las partes federadas. Con nuestra propia Constitución, elaborada y aprobada aquí, en la que quedaran claras nuestras competencias. Con la autonomía financiera necesaria como para desarrollarnos como pueblo. Y con la asunción del principio de lealtad federal para contribuir en el desarrollo del conjunto.

Si nos seguimos quedando en la superficie del problema, seguiremos alimentando los monstruos producto de las fallas del actual modelo autonómico. Demos un paso adelante, sentémonos y debatamos qué organización territorial queremos en España y cómo queremos insertarnos en ella desde Cantabria.

El debate interno en Podemos en torno al rumbo que el partido morado deberá tomar a partir de su próxima Asamblea Ciudadana Estatal ya ha comenzado. La Asamblea, conocida como “Vistaalegre II”, tendrá lugar en febrero de 2017.

En la primera Asamblea Ciudadana, los documentos que resultaron vencedores estaban pensados para afrontar el frenético ciclo electoral que se avecinaba en España, tanto en la estructura organizativa como en el rumbo político. Concentración del poder en la cúspide, centralismo hipertrofiado y estructura jerárquica fueron algunas de sus principales características que perduran hasta la actualidad. Sin embargo, a día de hoy, pasado ya ese ciclo electoral con resultados nunca imaginados para fuerzas populares, toca repensar aquel modelo.

El debate podría ser muy rico. Discutir sobre qué tipo de estructura organizativa es la mejor para la nueva fase y cuál es el mejor camino para conseguir el objetivo compartido de alcanzar la victoria, dan para mucho. Sin embargo, con la interesada ayuda del relato de los grandes medios de comunicación, esta posibilidad se está transformando en una disputa entre dos grandes corrientes identificadas cada una con uno de los dos grandes referentes de Podemos: Pablo Iglesias e Íñigo Errejón.

Citaba a los grandes medios, pero no podemos obviar que las principales razones para que esto suceda surgen de la propia organización de Podemos. La estructura vertical y centralizada salida de la primera Asamblea Ciudadana ayuda a que esto suceda. En las Comunidades Autónomas, los militantes y simpatizantes de Podemos tienden a enmarcarse en el debate, antes de iniciarlo, en función del referente con el que se identifiquen más. Esto acaba cercenando las posibilidades de un debate real. Los temas presentes se estrechan y la dirección de las propuestas es unidireccional. En el debate, se reproduce la estructura radial de la red de comunicaciones del Estado, con la Calle Princesa ejerciendo de kilómetro cero. Como consecuencia, las propuestas desde las realidades más cercanas, o bien escasean, o bien son directamente inexistentes y se producen grietas entre los compañeros.

Esto último es lo que considero que está sucediendo en Cantabria. Esta semana hemos podido ver como algunas de las cabezas visibles del partido en nuestra Comunidad entraban públicamente en el debate, situándose en una de las dos grandes posiciones existentes. Unos firmaban el manifiesto cercano a Íñigo Errejón y otros apoyaban la propuesta encabezada por Pablo Iglesias. Desde luego, toda persona inscrita en Podemos tiene el derecho de apoyar lo que considere oportuno. Y, en el caso de cargos públicos y orgánicos del partido, me parece honesto que así se haga. Pero la ausencia de debate sobre el futuro de Podemos más allá de estos alineamientos me parece que muestra los déficits del partido en Cantabria. Que las principales caras visibles de Podemos en nuestra tierra entren al debate de esta forma, no ayuda a que en nuestros pueblos y ciudades los militantes y simpatizantes puedan debatir sobre el papel de Cantabria tanto en el futuro del partido como del Estado.

Se repite mucho en este debate que “el Podemos que salga de Vistaalegre tiene que anticipar la España que queremos a futuro”. Pues bien, si esta afirmación es cierta, los propios dirigentes y cargos públicos cántabros de Podemos son quienes no están otorgándole el protagonismo merecido y necesario a nuestra tierra, nuestra gente y sus problemas, en la discusión abierta.

Uno de los temas que de momento no están en primera línea pero que serán ineludibles a corto plazo, es el territorial. Que el centralismo vigente en Podemos no tiene más recorrido es algo que compartimos casi todos. Que la necesidad de federalizar el partido es acuciante, también. Pero, y del papel que Podemos Cantabria jugará en la estructura del nuevo Podemos, ¿quién está hablando? Si nosotros mismos no lo abordamos, no esperemos a que desde Madrid nos tengan en cuenta. Es aquí desde donde deberían discutirse propuestas en este sentido, dibujando qué papel queremos jugar en el futuro de Podemos y qué relación queremos tener con la estructura estatal. Si queremos ser un partido cántabro o un partido “en Cantabria”.

Así mismo, no podemos ni debemos olvidarnos de nuestras realidades locales. Hasta ahora, fruto del tipo de partido surgido en el primer Vistaalegre, los municipios han tenido un peso muy pequeño. Sin capacidad de decisión y sin recursos. Esto debe de cambiar. Es prioritario para afrontar la construcción de una cotidianidad alternativa. Y es algo que desde Cantabria deberíamos situar en primer plano. Así como nuestras formas de organización territorial tradicionales. Si queremos explorar el desarrollo de la comarcalización de Cantabria -paralizada sine díe-, ¿no deberíamos mostrar nuestra voluntad de que en Podemos tengan un espacio decisorio las estructuras comarcales? ¿No deberíamos al menos debatir sobre ello?

La falta de debates propios también condena al olvido a nuestro mundo rural.  ¿No deberíamos de poner el punto de mira en buscar formas organizativas que permitan que no quede relegado a los márgenes como ha sucedido hasta ahora? ¿No deberíamos tener debates sobre cómo construir una narrativa que incorpore a este sector poblacional al polo del cambio?

Centrar el debate en la inserción de Podemos Cantabria en la estructura de Podemos, como preludio de la inserción de Cantabria en el modelo territorial estatal, debería ser nuestra prioridad. Y nuestros cargos públicos y caras visibles deberían ser los primeros en impulsarlo. Necesitamos un debate propio para encontrar la mejor estructura organizativa y la mejor ruta política para poder solucionar nuestros problemas. ¿Quién, si no, va a abordar las razones de la pérdida de calidad en nuestro servicio público sanitario o de la constante terciarización de nuestra economía que obliga a cientos de los nuestros a emigrar cada año?

Si realmente tenemos la convicción de que el debate interno tiene que anticipar la España que queremos, ¿no merece la inserción de Cantabria como sujeto político propio en un nivel territorial más amplio al menos la misma importancia que el sistema de votación? Romper con la dinámica centralista pasa por ser capaces de ser nosotros mismos quienes pongamos sobre la mesa los temas que nos preocupan e importan. Implica también “federalizar los relatos”, para que las disensiones que puedan surgir aquí lo hagan en función de diferentes puntos de vista en torno a una agenda propia. Que no tengan por qué enmarcarse en las disputas de corrientes surgidas en Madrid e irradiadas a toda España desde el centro.

En las campañas electorales para las elecciones generales, nos presentamos como la opción de todas aquellas personas cansadas del olvido al que los grandes partidos condenaban a nuestra tierra. Algunos nos creímos que Podemos podía ser una herramienta para ello, sin embargo, si no cambia la dinámica actual, puede que tengamos que replanteárnoslo y buscar espacios dispuestos a sumarse a la ola del cambio, pero desde una verdadera autonomía política y organizativa que no supedite nuestros intereses a ninguna estructura superior.

Respetémonos, valorémonos y no seamos nosotros mismos quienes olvidemos a Cantabria. Por coherencia y por necesidad.

Hoy se debatirá y se votará en el Parlamento de Cantabria una PNL -Proposición No de Ley- presentada por el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) con el objetivo de “reconocer el lábaro como símbolo representativo e identitario del pueblo cántabro y los valores que representa”, así como “instar a las instituciones y a la sociedad civil de Cantabria a promover y participar de forma activa en su conocimiento y difusión”.

Mucho se ha hablado y escrito en los últimos meses sobre el Lábaru desde que la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria (ADIC) diera a conocer a la opinión pública cántabra su propuesta para lograr el reconocimiento del mismo como símbolo de Cantabria por parte del Parlamento autonómico, así como su posterior proposición de inclusión del mismo en la actual Ley de Banderas de la Comunidad Autónoma. Durante este tiempo, hemos podido leer, escuchar, incluso participar de largos y bizantinos debates sobre el rigor histórico de dicho símbolo, con la eterna sensación de que en esta tierra tenemos que pedir perdón por cada paso adelante que queramos dar, por pequeño que este sea.

Parecía, y a veces lo parece aún, que la veracidad histórica del Lábaru no podía generar ni el más mínimo atisbo de duda. No importa que, por ejemplo, la actual bandera oficial del Reino de España surgiera de un concurso convocado por Carlos III o que la Ikurriña fuera diseñada a finales del siglo XIX por los hermanos Arana. No importa que, al fin y al cabo, todas las banderas sean un invento. No, siempre hay quienes desde sus autootorgadas atalayas intelectuales y morales aún quieren convencernos de que los cántabros necesitamos la bendición de un tropel de instituciones académicas para reconocer institucionalmente la bandera con la que miles y miles de nosotros nos identificamos como miembros de esta comunidad humana.

Las instituciones públicas deben de adaptarse a las dinámicas sociales y a la expresión de la voluntad popular y, por fortuna, aunque descafeinado, el reconocimiento institucional del Lábaru se llevará hoy a la práctica. Digo descafeinado porque, dentro de ese permanente pedir perdón en el que vivimos, bastó con tan solo una apelación naranja al miedo dictada desde Barcelona para que de la PNL que hoy se debatirá en el Parlamento quedara fuera la propuesta de inclusión del Lábaru en la Ley de Banderas formulada por ADIC. No fuera a suceder que los complejos que aún arrastramos pudieran comenzar a dejar vía libre para la construcción y desarrollo de una voluntad colectiva que comenzara a configurar a Cantabria como un sujeto político con capacidad para ocupar su papel en esta fase histórica de reconfiguración del sistema político español.

Al menos, los complejos han disminuido lo suficiente como para que hayamos sido capaces de superar a quienes querían utilizar los interesantes debates históricos como diques frente a la voluntad popular. Y estemos pudiendo afrontar el debate desde la consideración de los símbolos como expresiones gráficas de imaginaciones compartidas por los miembros de una misma comunidad política que se identifican como parte de la misma a través de ellos. Tal y como ocurre con el Lábaru en la actualidad.

Y es que lo verdaderamente trascendental de una bandera no radica en su nivel de “autenticidad” histórica, sino en su capacidad para identificar a un conjunto de gentes como miembros de una misma comunidad política y, a la vez, servir como elemento aglutinador de esas gentes a la hora de construir un proyecto político propio hacia el futuro. Y esto es lo que a quienes pretendían poner trabas a la voluntad popular les molesta. Saber que, como ocurrió con la rojiblanca hace 40 años, hoy el Lábaru, si cabe en mayor medida, es el símbolo alrededor del que la mayoría social de esta tierra puede autoreconocerse como un sujeto político propio con derecho y capacidad de construir su propio camino. Precisamente en un contexto histórico semejante al vivido durante la Transición.

En este sentido espero y aspiro a que podamos continuar desterrando los complejos que aún arrastramos y seguir dando pasos en el reconocimiento del Lábaru como símbolo de Cantabria hasta lograr que sea incluido en nuestro Estatuto de Autonomía tras un debate colectivo de la sociedad cántabra y, si fuera pertinente, una consulta popular.

Una inclusión que debería de darse en el contexto de una modificación del Estatuto más amplia, que, con la participación ciudadana, adaptara el marco competencial de la Comunidad a las necesidades y demandas actuales de la gente. Además de situarnos con voz propia en la reconfiguración territorial que probablemente se dé en España a medio plazo. Porque el autogobierno es una herramienta para mejorar la vida de la gente y profundizar en él una forma de obtener más capacidad para decidir nuestro futuro con el objetivo primordial de mejorar las condiciones de existencia de los cántabros. Y, para poder hacerlo, reconocer los símbolos que nos hacen autopercibirnos como un pueblo diferenciado y capaz de remar en común hacia adelante, es un paso necesario aunque quienes quieran negarnos el futuro nos lo vendan como accesorio.

En términos generales, estas elecciones nos vuelven a gritar que el clamor del pueblo catalán por ejercer el derecho a decidir su futuro no puede ser por más tiempo ignorado. Por democracia y por responsabilidad. Sin embargo, los resultados parecen insuficientes en términos de fuerza y de legitimidad para que se lleve a cabo una Declaración Unilateral de Independencia. Por lo que nos encontramos en una situación de “empate catastrófico” sin poder visualizar un “punto de bifurcación”. Estos dos elementos unidos nos llevan a la necesidad de un gobierno español que entienda y atienda a esta realidad. Que permita que se ejerza un derecho democrático que ayude a rebajar la enemistad azuzada por el Gobierno del PP entre las mayorías catalanas y las del resto de pueblos del Estado. Que ayude a resolver el empate catastrófico a través de una vía democrática, con diálogo, construcción plural y respeto a la voluntad popular catalana.

Por otra parte, incidiría en que el intento de reducir a una “guerra de banderas” un proceso de construcción nacional cuyo origen está en la sociedad civil y cuya conducción está en constante pugna, significa no comprender la importancia de lo nacional como elemento aglutinador y generador de identidad colectiva. Sobre todo porque, hoy, actúa como la principal grieta del Régimen del 78, y en él se insertan las esperanzas de millones de personas humildes por salir de una crisis simbolizada en un Estado español corrupto y autoritario. El eje social y el nacional no tienen por qué ir por la misma vía, pero tampoco son irremediablemente antagónicos. Hoy, más que antes de las elecciones, las dos vías se han acercado. Para millones de catalanes y catalanas, construir un nuevo Estado y poder elegir la relación de este con el Estado español es la principal vía de emancipación ante una España que aparece como inalterable.

La disputa constante por la conducción del proceso nacional catalán se evidencia en que, a pesar de la habilidad de Mas para esconderse en una lista con olor a “nueva política” con el objetivo de sobrevivir al proceso y poder dirigirlo, los resultados obligan a que el candidato a Presidente no sea Mas y a que las políticas que se pacten tengan que ser más progresistas que aquellas que implantaría un Gobierno presidido por él para seguir adelante con el proceso contando con el apoyo de la CUP. La organización independentista y anticapitalista que se ha convertido en una de las triunfadoras de la noche y que está contribuyendo a arrebatar el proceso del intento de hegemonización de Artur Mas y devolverle su carácter popular.

Además de la CUP, la otra formación triunfante de la noche fue Ciudadanos, que irrumpe como segunda fuerza en el Parlament. Esto supone que por primera vez la segunda fuerza en Catalunya es un partido conservador y abiertamente anticatalanista. Una buena muestra del escenario de polarización en el que se han desarrollado estas elecciones que, desde su convocatoria hasta su celebración, fueron más que unas autonómicas al uso.

En lo que concierne a Podemos, el mal resultado de la candidatura en la que se insertaba, Catalunya Sí Que Es Pot, demuestra la dificultad y el error de tratar de convertir el escenario central de la política catalana hoy en día en una cuestión secundaria. Además de una marca y un candidato desconocidos, con la relevancia que ambas, en especial la cuestión del liderazgo, tienen hoy en los procesos políticos.

Quizás haber intentado desarrollar la campaña por el carril principal –el proceso soberanista- insertando en él la defensa los problemas y demandas de la mayoría social catalana desatendida por los gobiernos de CIU hubiera sido más provechoso. Claro que esto es teoría a posteriori, siempre mucho más sencilla que la práctica en el escenario tan polarizado entre el “sí” y el “no”. En todo caso creo que enfocar casi como un “accidente” en el camino a las generales unas elecciones de carácter cuasi constituyente ha sido un error. Un error que creo que estamos a tiempo de subsanar ya que Podemos aparecerá en diciembre como la única fuerza capaz de ofrecer una salida democrática al “empate catastrófico” actual.

Como reflexión más enfocada a lo interno y organizativo en Podemos, creo que la articulación discursiva como construcción de identidad política a través de dicotomizar el espacio político en dos construyendo, en un lado, al pueblo frente a su exterior constitutivo, y en el otro, la casta, abrió la posibilidad a la superación del Régimen del 78. Una apertura que hubiera sido imposible de persistir en la estrategia de la eterna lógica de la acumulación de fuerza social que posteriormente se traduciría de forma automática en un cambio de relaciones de poder al interior del aparato institucional.

Sin embargo, creo también que si no se comienza a combinar ese momento con la posibilidad de construcción de tejido social arraigado en el territorio, sin construir lazos de comunidad que ayuden a generar ilusión e identidad política para el desborde, en diciembre comprobaremos que el momento de la construcción de identidad social solo a través del discurso político tiene sus límites. El mismo Ernesto Laclau –autor cuya teoría sustenta gran parte de la acción política de Podemos- expresaba que “la autonomía, librada a sí misma, conduce, más tarde o más temprano, al agotamiento y la dispersión de los movimientos de protesta. Pero la hegemonía, si no es acompañada de una acción de masas al nivel de la sociedad civil, conduce a una burocratización y a una fácil colonización por parte del poder corporativo de las fuerzas del statu quo”. Es esta segunda pata la que debemos desarrollar desde ya.

Y, por último y unido a ello, considero un error persistir en la concepción de España como una realidad que se puede conocer solo desde Madrid subordinando los actores y las dinámicas de cada territorio a las decisiones tomadas desde la dirección central. Así como dejar la plurinacionalidad y la pluralidad (también las de aquellas comunidades con carácter propio pero sin expresión política soberanista de ese carácter) tan solo en el papel y en las palabras pero no en la práctica diaria a nivel organizativo. Un error que frena la construcción de comunidad(es) por abajo y por la ilusión necesaria para desbordar nuestras propias estructuras de partido como manera de poder multiplicar los deseos de cambio en vez de tener que conformarnos con sumas cuyo resultado puede contradecir la aritmética.

Pese a todo ello, sigo pensando que Podemos sigue siendo la principal herramienta para el cambio en la mayor parte de España. La única capaz de dar las respuestas que demanda el momento histórico actual -cuestión catalana incluida- con la receta a través de la cual poder enfocar la mayoría de los conflictos existentes: la democracia y el derecho a decidirlo todo.

En Podemos no tenemos dudas sobre la consideración de Catalunya como nación. Existe una clara imaginación compartida por la mayor parte de la ciudadanía catalana que se reconoce como una comunidad política soberana. Y así lo expresa el 80% de catalanes que quiere poder ejercer el derecho a decidir su futuro. Ahora bien, siguiendo la definición de Anderson, cabría reflexionar sobre lo que entendemos por limitación y por soberanía al hablar de Catalunya en el actual contexto político. Cuando el intelectual irlandés hacía referencia al carácter “limitado” de las “comunidades imaginadas” se refería a la imposibilidad de que estas se imaginaran con dimensiones universales y a la necesidad constitutiva de toda nación de la existencia de fronteras finitas más allá de las que se encuentran otras naciones.

Comenzando por el carácter “limitado” de Catalunya, es cierto que allende las fronteras catalanas hay otro país que permite la imaginación de Catalunya como nación diferenciada, pero esto no tiene por qué significar la imposibilidad de un proyecto de país común en beneficio de la gente si hay voluntad de reconocimiento, escucha y respeto mutuos. Es lo que desde Podemos planteamos. Al otro lado del Ebro (y en esta tierra en la que nace) existe una formación política dispuesta a escuchar y a establecer los mecanismos legales necesarios para que el pueblo catalán ejerza su soberanía y decida mediante un referéndum el tipo de relación jurídica que desea con el resto del Estado. Somos una fuerza convencida del carácter plurinacional de España y del derecho a decidir de sus diferentes países. Esto, a la vez, inquieta a y nos diferencia de los partidos del Régimen del 78, incapaces de actuar con responsabilidad estableciendo cauces legales por los que dirimir el conflicto catalán para evitar el nivel de enquistamiento hasta el que ha llegado.

Un nivel de tensión propiciado por las élites catalanas –representadas en la figura de Artur Mas- y las españolas –con el Gobierno de Mariano Rajoy al frente- que, al tiempo que es beneficioso para sus intereses particulares, perjudica los de las mayorías sociales catalanas y españolas. Esto es, su actuación en este conflicto evidencia la clara contradicción entre la búsqueda de sus beneficios privados y el interés general de cada una de las dos naciones -que no es otro sino el de sus gentes. Por eso cada cual compite por sacar una bandera más grande, para intentar tapar esta contradicción que cada día se presenta de forma más clara.

Al tiempo que el tono del enfrentamiento entre  Mas y el Gobierno español sigue in crescendo, las políticas de desmantelamiento del Estado del bienestar basadas en los mismos recortes, reformas laborales pactadas por ambos, privatizaciones, corrupción y obediencia a la Troika continúan uniéndolos en su forma de gobernar contra los intereses de la ciudadanía. Por el lado del Gobierno español, su postura inmovilista haciendo oídos sordos a la voluntad de la ciudadanía catalana de ser escuchada la justifican erigiéndose como los guardianes de la Constitución. Resulta insultante que los protagonistas más destacados en la ruptura del pacto social en lo concerniente al derecho a la vivienda, a la sanidad o a la educación sean quienes pretendan establecerse como defensores de la legalidad vigente. Entendida esta, además, como tablas sagradas inmutables al margen de las dinámicas sociales existentes a las que, en democracia, el marco legal debe de adaptarse.

Mientras, Artur Mas ha sido bastante más hábil que el Gobierno español al entender el nuevo momento político en el que vivimos. Escondido en una lista sin siglas partidistas, arrastra tras de sí a otras formaciones y referentes de la sociedad civil catalana tan dispares ideológicamente a él como Lluis Llach o Romeva. Así mismo, intenta convertir estas elecciones en un plebiscito entre el “sí” y el “no” como forma de evitar tener que hablar de su proyecto de país para la Catalunya del futuro. Y continúa envuelto en la estelada tratando de capitalizar la “imaginación de su comunidad” con el objetivo de esconder su gestión política durante estos años al frente del Gobierno catalán, asolada por casos de corrupción y campeona en recortes de derechos y servicios públicos.

Ahora bien, existe un tercer bloque, al que Mas calificó como el del “Sí Se Puede”, cuya apuesta primordial para Catalunya es construir una nación imaginándola desde la democracia. Representado en una candidatura, Catalunya Sí Que Es Pot, que considera que el carácter necesariamente limitado para la imaginación de Catalunya como nación no implica su desconexión del resto del Estado en el marco de un nuevo ciclo político caracterizado por la oportunidad de superar el Régimen del 78 en clave democrática. Al contrario, entiende que para que la imaginación de la nueva Catalunya no se convierta en la misma pesadilla austericida que la España de Rajoy, son necesarias millones de manos en toda España dispuestas a imaginar diversas colectividades nacionales y a trabajar en común con el respeto a la decisión de cada una de ellas y la defensa de los derechos sociales como nexo de unión.

Una alternativa que entiende que en estas elecciones lo que fundamentalmente está en juego es qué proyecto de país triunfe en Catalunya. Si la continuación del proyecto de Mas basado en la destrucción de los servicios públicos, en los recortes en derechos fundamentales y en el saqueo del 3% o un nuevo proyecto de país construido por y para las clases populares catalanas fundamentado en la pata de la definición de Anderson que nos faltaba por desarrollar: la soberanía. Que no tiene que ver con el tamaño de la bandera en la que te envuelvas sino con el blindaje de los servicios públicos y los derechos sociales y con el protagonismo ciudadano y la transparencia como motores de la vida política. Es decir, con la defensa de los intereses del pueblo, que es quien constituye la nación.

Catalunya se imagina ya a sí misma como una comunidad política inherentemente limitada y soberana. Pero en juego está el sentido de esa imaginación colectiva. O se desarrolla en clave democrática junto con el resto de naciones y pueblos de España para superar el Régimen del 78 mediante un proceso constituyente en el que discutamos sobre todo y blindemos los elementos que de verdad constituyen la soberanía o la desarrollan aquellos que hoy aparecen enfrentados tras gigantes banderas a pesar de que durante décadas no han tenido problema en traspasar los límites de su país con tal de asegurar que sus intereses particulares se impusieran a los de sus nación. Vaciando para ello de contenido la soberanía de la que tanto se les llena la boca.

El secretario político de Podemos Cantabria y miembro del Consejo Ciudadano Estatal de la formación, Marcos Martínez Romano, reflexiona sobre el panorama político en la comunidad ante las elecciones autonómicas y municipales del mes de mayo.

A menos de tres meses para las próximas elecciones municipales y autonómicas en Cantabria, diversas personalidades importantes del PP llevan semanas encuadrando su discurso alrededor de dos  ideas-fuerza principales: “la estabilidad” y “la recuperación”,  situándose a sí mismos como garantes de la primera e impulsores de la segunda frente a “experimentos que generan inestabilidad”, palabras pronunciadas por Íñigo de la Serna aludiendo claramente a Podemos.

No es casual. Los dirigentes del PP en Cantabria, que actualmente gobierna en mayoría absoluta tanto en la comunidad como en Santander, saben que vivimos un momento de excepcionalidad en el que los lazos que tradicionalmente mantenían los ciudadanos con los partidos viejos, el suyo incluido, están tambaleándose. Una parte cada vez mayor de la ciudadanía cántabra se siente alejada de los partidos a los que tradicionalmente les concedió su confianza e ilusionada con que las próximas elecciones autonómicas sean el primer paso para un cambio político tan necesario tanto en nuestra tierra como en España.

Ante esta tesitura, conscientes como son de su creciente incapacidad para seducir a la ciudadanía, necesitan presentarse como guardianes del orden e interpelar a su electorado en base al miedo respecto a lo nuevo, expresado en alternativas políticas que pretenden convertir en mayoría política a la mayoría social heterogénea en procedencia y posicionamiento ideológico que comparte la demanda de un cambio político en sentido democrático. Como ya no tienen legitimidad para ilusionar, tan solo les queda tratar de asustar a los cántabros con la posible llegada de “nuevas amenazas” que “pongan fin al proceso de recuperación y creación de empleo” que está teniendo lugar en Cantabria gracias al Gobierno de Ignacio Diego, según palabras del diputado Íñigo Fernández.

Sin embargo, al hablar de estabilidad y de recuperación convendría precisar a qué se están refiriendo los dirigentes del PP en Cantabria para entender a qué clase de sociedad están construyendo. Cuando cualquiera de ellos haga alusión a estos dos términos habría que aclarar que su modelo económico ha institucionalizado el empleo temporal, poco productivo y con baja remuneración como marco laboral para Cantabria. Que de las contrataciones sucedidas en el pasado mes de febrero de las que tan orgullosos se muestran, tan solo un 7% corresponden a contratos indefinidos y el número de personas desempleadas ronda aún las 49.000, estando alrededor de la mitad de las mismas sin percibir ninguna prestación.

Podemos recordarles también que desde que Ignacio Diego es presidente de Cantabria la afiliación a la Seguridad Social en la comunidad autónoma ha descendido en alrededor de 16.000 personas. Un dato alarmante que, sin embargo, no resulta tan sorprendente si tenemos en cuenta que desde el comienzo de la crisis casi 20.000 cántabros se han visto obligados a emigrar ante la incapacidad de poder proyectar una vida digna en su tierra.

Así mismo debemos sacar a relucir que, según el cuarto informe sobre 'El Estado de la Pobreza en España' presentado el mes pasado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN), desde 2009 hasta el día de hoy Cantabria ha sido la comunidad autónoma en la que más ha crecido el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión (un 8%), alcanzado la escandalosa cifra del  25,3% de los cántabros, casi 150.000 personas.

Y tampoco debemos olvidar la situación en la que se encuentra nuestra educación pública, con devolución de conciertos a centros religiosos, situación precaria de los interinos, aumento de tasas y disminución del presupuesto en la Universidad de Cantabria o devaluación de la calidad de la educación infantil. Así como la realidad de la sanidad en Cantabria, con el paradigmático ejemplo del proceso de privatización encubierta del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Mientras tanto, la ciudadanía de Cantabria asiste al grotesco espectáculo de ver cómo su presidente disfruta de descansos en balnearios pagados por una empresa a la que concedió el servicio de aguas de Astillero cuando ocupaba el cargo de alcalde del municipio; como se continúa entregando millones de euros públicos a empresas privadas sin instaurar ningún tipo de control ciudadano sobre el dinero cedido o cómo el alcalde y los concejales de Santander disponen de más de 200 euros al día de dietas sin obligación a justificar.

Ante este escenario, los dirigentes del PP saben perfectamente que solo invocando fantasmas pasados pueden tratar de paliar un derrumbe del que sus políticas anticiudadanas son responsables. Por esta razón, intentan situar a Podemos –mayor exponente político de la ola de ilusión ciudadana por el cambio– como opción “inestable” y de “izquierda radical”. Sin embargo, tratar de colocarnos como sinónimo de inestabilidad siendo ellos los responsables directos de la actual situación en la que se encuentra Cantabria y como opción “radical” cuando las ideas y propuestas que lanzamos entroncan con el sentido común general existente en la sociedad cántabra al pretender, a corto plazo, recuperar los derechos que las élites viejas han vaciado de contenido rompiendo el pacto social del 78, resulta una operación política poco creíble y poco democrática.

El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, afirmó el pasado verano que los ciudadanos que votaron a Podemos en las elecciones europeas cometieron una “frivolidad”. Para ellos, cuando irrumpe una fuerza nueva que no se debe a los intereses de ningún gran grupo empresarial o financiero y que pone en el centro del debate la defensa de los derechos sociales de la ciudadanía, hay que estar prestos para advertir sobre la “frivolidad” que supone depositar la confianza en esta opción.

Con estas declaraciones, probablemente sin querer, mostró hasta qué punto tiene interiorizado el concepto neoliberal de democracia que durante las últimas décadas ha sido hegemónico en Europa.La democracia entendida como “consenso al centro”, parafraseando a la politóloga belga Chantal Mouffe. Como negación de la dimensión conflictual inherente a la política. Democracia en donde las diferencias entre los actores políticos “responsables” son casi inexistentes y en la que cualquiera que se salga del citado consenso se convierte en una opción “radical e inestable” lo que hace que la gente no pueda realmente escoger entre proyectos distintos, capacidad que debería de ser uno de los criterios fundamentales para medir si una sociedad es más o menos democrática.

Frente a eso, nosotros entendemos que los conflictos son específicos a la política y que estos no siempre pueden resolverse de manera racional, poniéndose de acuerdo los sectores con intereses enfrentados. El objetivo de una sociedad democrática no debe ser intentar poner a todo el mundo de acuerdo tapando los disensos existentes y estrechando el margen de lo que puede ser decidido, sino edificar una arquitectura institucional que permita que los conflictos se expresen dentro de un marco democrático y pluralista.

Por eso, sí hay una afirmación del diputado del PP Íñigo Fernández con la que estoy de acuerdo, la de que en los comicios de mayo los ciudadanos “solo” tendrán “dos opciones”: o continuar el proceso de estrechamiento de la democracia y secuestro de la soberanía popular protagonizado por las viejas élites o apostar por una fuerza política que, por primera vez en décadas en Cantabria, se presenta como claramente diferenciada del resto, con el objetivo de enriquecer la democracia recuperando y ampliando los derechos sociales de la ciudadanía y ensanchando la capacidad de decisión de la gente sobre los asuntos que repercuten en su vida cotidiana.