Hawai presume de contar con la mayor área marina protegida del mundo y las Islas Baleares y otros archipiélagos se suman a incrementar este tipo de espacios para cumplir los objetivos de Naciones Unidas. Fuerteventura tiene dos Zonas Especiales de Conservación (ZEC), la de los Sebadales de Corralejo y la de la Playa de Sotavento de Jandía. Su protección está considera clave ante la situación de emergencia climática.

El Ministerio para la Transición Ecológica está en pleno proceso para elaborar los planes de gestión de estas Zonas Especiales de Conservación, que se declararon como tales en 2011. Su finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los hábitats europeos más valiosos, buscando la compatibilidad de los usos y actividades que se desarrollan en estas zonas con los objetivos de conservación.

La ZEC de los Sebadales de Corralejo tiene una superficie de 1.946 hectáreas. La franja marina se ubica desde la costa de Corralejo hasta Lobos. Está considerada de “alto valor” para la cría y reproducción de especies de interés pesquero. La de la Playa de Sotavento de Jandía asciende a 5.461 hectáreas y baña el litoral de los municipios de Tuineje y Pájara. Alberga las praderas de fanerógamas marinas “más extensas del Archipiélago canario” y es un área “fundamental” para muchas especies de cetáceos, como zona de cría o simplemente de paso.

En el Archipiélago canario hay un total de 24 Zonas de Especial Conservación marina. Según el cronograma del ministerio, para noviembre se espera que los planes de gestión salgan a información pública, para luego analizar las alegaciones. Para el próximo año, el Ministerio confía en tener actualizados sus planes de gestión y luego aprobarlos y publicarlos de forma oficial, tras un proceso participativo que arrancó en 2017 y que ha contado con la celebración de talleres de participación ciudadana.

Uno de ellos se desarrolló en Fuerteventura y reunió a pescadores, asociaciones ambientales, un club de buceo, una asociación de pesca submarina y recreo náutico, así como técnicos del Cabildo y del Gobierno de Canarias, entre otros. En el debate, uno de los buceadores majoreros advertía: “Ya verás que por el interés de unos pocos que gritan mucho se va a querer anular la necesidad de defender el bien común”.

Efectivamente, ciertos sectores, vinculados a la pesca deportiva o a las empresas náuticas, han atacado la regulación de las ZEC. Se han lanzado “bulos que han calado en la clase política”, como que se van a prohibir las procesiones religiosas o que necesiten de un estudio de impacto ambiental, algo “absurdo”, como destaca un técnico en medio ambiente que prefiere mantener el anonimato. Tony Gallardo, responsable de la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura, indica que “hay que quitar ruido” al debate público. “Este sector alarmista ha sido invitado a los talleres y el proceso está abierto”, añade. Gallardo destaca que “los sebadales son el pulmón de Fuerteventura, estamos en emergencia climática y hay que hacer todo lo posible por protegerlos y compatibilizar las actividades humanas”.

“Las medidas para acabar con el deterioro de los hábitats costeros y las especies marinas no puede estar supeditado a una minoría frente a las generaciones venideras y demás usuarios de la costa, entre los que están los propios pescadores artesanales”, destaca Noelia Sánchez, de Ben Magec-Ecologistas en Acción.

La comunidad científica advierte de que ecosistemas marinos en buen estado de conservación son más resistentes a los efectos del cambio global. Por ello y para luchar contra la pérdida de biodiversidad a escala mundial, en los convenios internacionales todos los países han firmado proteger un 10 por ciento de sus mares.

Las Zonas Especiales de Conservación forman parte de la Red Natura 2000 marina de la Unión Europea. Jorge Alonso, técnico del Ministerio para la Transición Ecológica, explicó en Fuerteventura que “prima la conservación de los valores naturales” y que de lo que se trata es de restringir usos “en la menor medida posible”. No obstante, “algunas actividades necesitan regulaciones específicas por su interacción con el medio natural, siempre con el objetivo de favorecer la conservación o recuperación del buen estado ambiental”. Algunas de las actividades para las que se proponen medidas específicas son la acuicultura, los dragados y vertidos portuarios, la extracción de arena o los vertidos de aguas residuales o de la salmuera procedente de la desalación.

Entre las claves para recuperar el medio marino, indican los expertos, es imprescindible la delimitación de áreas sin actividad extractiva pesquera. Silvia Guadix Montero, que participa en el proyecto Life Intemares, fue muy precisa en sus últimas palabras en el taller: “Si queremos garantizar la vida en el mar, todos los sectores tienen que involucrarse y adaptarse a los nuevos cambios para poder realmente tener futuro”.

Valores y especies a proteger

Las Zonas de Especial Conservación de los Sebadales de Corralejo y la Playa de Sotavento de Jandía cuentan con especies de interés comunitario, como la tortuga boba y la verde, ambas en peligro de desaparición en Europa. Tanto al norte como al sur de la Isla hay hábitats naturales de alto valor para la Unión Europea, como los bancos arenosos, los arrecifes y las cuevas marinas. Los sebadales son de gran importancia ecológica al proporcionar áreas clave de refugio, cría y alimentación a muchos invertebrados y peces. En las ZEC canarias también aparecen especies como el calderón tropical y gris, el cachalote y los delfines mular, listado y moteado. También se encuentran especies como el angelote, en peligro crítico.

En el análisis de los ecosistemas naturales costeros vulnerables a la urbanización masiva del litoral, Greenpeace pone como ejemplo el caso de la amenazada playa de Matas Blancas, en el municipio de Pájara. “Se trata de un lugar natural desprotegido, que, si no cambia, se dirige a un modelo de economía insostenible”, advierte Paloma Nuche, responsable de la campaña de costas de esta prestigiosa organización internacional.

Sin embargo, como indica Greenpeace en su informe A toda costa 2019, “Fuerteventura es una isla de menor urbanización, en comparación con las masificadas Gran Canaria o Tenerife, por lo que aún está a tiempo de elegir un modelo de desarrollo sostenible y respetuoso con la naturaleza”.

Matas Blancas es una playa de arena larga y bonita, muy cerca del núcleo de Costa Calma, por lo tanto amenazada por su expansión urbana. Los hábitats naturales actualmente presentes en Matas Blancas son matorrales costeros con Suaeda mollis, una especie nativa de las Islas, pero también aparece la planta Nicotiana glauca, una especie invasora.

Costa Calma tiene todos sus suelos catalogados para uso turístico, lo que evidencia la presión urbanística que amenaza la Isla. “Varios de los resorts turísticos de Fuerteventura invaden hábitats naturales que no están protegidos, por ello es fundamental su reconocimiento y protección antes de que sea demasiado tarde”, subraya Greenpeace. El suelo de esta playa está catalogado como urbanizable no programado, con tres planes parciales parados por el momento.

Este tramo de litoral, además, está considerado por los practicantes del windsurf como un lugar único en Europa. Aquí se han celebrado habitualmente campeonatos internacionales, tanto de la modalidad de velocidad como de free style. Aficionados a este deporte consideran que la construcción de edificaciones bloquearía la entrada del viento, destruyendo otro punto único para la práctica de este deporte.

Fuerteventura es conocida como La Meca del Windsurf. En marzo, el Cabildo aprobó por unanimidad un plan para proteger los mejores lugares de olas para la práctica de surf, windsurf y kitesurf y los ecologistas consideran que la urbanización de Matas Blancas entraría en contradicción con los fines del documento.

En la playa de Matas Blancas tiene intereses urbanísticos la empresa Satocan, cuyo presidente es Juan Miguel Sanjuán y Jover, consejero también del grupo Sacyr, que está en la lista de los 200 más ricos de España. Su constructora es la propietaria de un 60 por ciento de los terrenos y ha presentado una iniciativa para urbanizar 1,5 millones de metros cuadrados, uniendo dos antiguos planes parciales. El proyecto de Matas Blancas incluye más de 8.000 camas turísticas, un puerto deportivo, un parque acuático y un campo de golf.

En los años 90 se contempló el desarrollo urbanístico de Matas Blancas y los planes parciales se incluyeron en el Plan General de Ordenación del municipio de Pájara. Con posterioridad, el Plan General fue anulado por los tribunales y la urbanización se quedó “sin una estructura jerárquica superior sobre la que apoyarse”, como se reconoce en el proyecto.

Para la construcción de la futura urbanización de Matas Blancas, también hacía falta la nueva Ley del Suelo, que aprobó el Parlamento de Canarias en 2017. Esta Ley considera como “sistemas generales y equipamientos estructurantes de interés supramunicipal las infraestructuras y actividades económicas relevantes, especialmente vinculadas al ocio y a los equipamientos complementarios al turismo”.

La zona es colindante con el Parque Natural de Jandía y con el espacio marino de las Playas de Sotavento, considerado como Zona de Especial Conservación. Según el proyecto, se reserva una pieza de 550.000 metros cuadrados para un campo de golf y 164.000 metros cuadrados más para un parque temático. Construir la urbanización, los hoteles, los equipamientos de ocio, un puerto deportivo y acondicionar la playa, requeriría, según la empresa promotora de una inversión de 647 millones de euros.

Según Greenpeace, este tipo de proyectos suponen una política de “destrucción a toda costa” que “no tiene futuro”. “Canarias es la comunidad autónoma con mayor área natural costera desprotegida de España y debería repensar qué modelo quiere seguir”, añade la organización.

“La preocupación de los ecologistas en Fuerteventura se ha incrementado, pues no existe una oposición ambientalista en el Cabildo de Fuerteventura, al pasar Podemos al grupo de gobierno y quedar únicamente en la oposición PP y Coalición Canaria, que nunca se han distinguido por oponerse a estos macroproyectos turísticos, ni por la defensa de los valores naturales de la Isla”, según afirma el portavoz de Ben Magec Ecologistas en Acción, Eugenio Reyes.

El desastre medioambiental en Gran Tarajal, en Fuerteventura, no se ha olvidado. Una de las banderas negras de Ecologistas en Acción ha recaído sobre el puerto de Gran Tarajal y su entorno por la mala gestión del hundimiento de las gabarras, que se produjo el 28 de febrero de 2018, y el posterior vertido al mar de hidrocarburos y otros contaminantes.

Las labores de limpieza costaron al menos seis millones de euros a las arcas públicas, según reconoció el Gobierno de Canarias. Sin embargo, todavía quedan muchos interrogantes, tal y como se destaca en la nueva edición del informe Banderas Negras 2019, que analiza los casi 8.000 kilómetros de las costas españolas e identifica los casos más característicos de afecciones por contaminación y mala gestión ambiental.

Este año se han colocado 48 banderas negras, una de ellas en Gran Tarajal, ya que la federación ecologista considera que “persiste la contaminación” y se ha realizado “una pésima gestión ambiental”. “Este desastre ha estado marcado por la deficiente información y por el abandono de las tareas de descontaminación”, sostiene.

La población de Gran Tarajal siguió haciendo uso de su playa y de su entorno costero sin que se hicieran públicos los informes sobre el grado de contaminación. Por este motivo, los vecinos agrupados en torno a la iniciativa ciudadana Aguas Limpias solicitaron a Salud Pública y a la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias informes sobre el estado de las aguas y la arena.

Durante el mes de julio del año pasado se enviaron esas evaluaciones y en agosto salió publicado el primer informe del Gobierno de Canarias. A partir de ese momento no se han vuelto a publicar más informes sobre el estado de las aguas y los sedimentos después de los trabajos realizados, a pesar de la preocupación social. “¿Por qué?”, se preguntan desde la plataforma.

Los últimos informes indicaban que los niveles de contaminación en el agua eran menores a los permitidos por la legislación vigente, pero se detectó la presencia de niveles elevados de algunos metales pesados en los sedimentos de ciertos puntos dentro del puerto de Gran Tarajal. La siguiente pregunta la hace Ecologistas en Acción: “¿Por qué se han abandonado las tareas de descontaminación si los propios informes del Gobierno de Canarias indican que los sedimentos del interior del muelle estaban contaminados por metales pesados?”.

Erizos al cadmio

Desde pocos meses después del hundimiento de las gabarras no se han vuelto a publicar datos del estado de las aguas en la página web de Puertos Canarios. “¿Por qué no se realizaron muestreos durante los meses de junio, julio o septiembre si en el informe de la Dirección General de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Canarias se indica que durante el primer año los muestreos previstos eran mensuales?”, añade el informe.

Los análisis de metales pesados en distintas especies como viejas, lisas y salemas revelaron que los niveles de cadmio, plomo y mercurio estaban por debajo de los valores máximos que permite la normativa. En el erizo se detectaron valores mucho más elevados, pero no hay normativa que regule cuáles son los valores máximos permitidos en esta especie.

Sin embargo, no se indica cuándo ni dónde fueron recolectadas las especies sometidas a los análisis pertinentes para detectar la presencia de contaminantes. Tampoco se compararon los análisis de esos metales pesados con otras especies recolectadas en puntos alejados del vertido, para tener así una mejor valoración de su impacto en las cadenas tróficas del medio marino, según indica el informe Banderas Negras.

“¿Por qué no se realizó el análisis en lapas, burgaos y otras especies fijas al sustrato, cuyos valores en contaminación podían ser similares a los de los erizos de mar?”, cuestiona el documento. “No se realizó el análisis en lapas porque no se encontraron en la zona de estudio”, justificaba el informe del Gobierno de Canarias, lo cual es extraño, añaden desde Ecologistas en Acción, ya que los vecinos habían observado lapas durante ese periodo “dentro del puerto de Gran Tarajal y en sus inmediaciones”.

Contaminación

Del puerto de Gran Tarajal se extrajeron 170.000 litros de gasóleo, 42.729 litros de fuel, 14.174 litros de aceites, 3.024 kilos de pinturas y 379 litros de disolventes, entre otros contaminantes. “¿Por qué no se han realizado análisis de metales pesados, policlorobifenilos ni hidrocarburos de estaño durante los primeros días de marzo?”, se preguntan los vecinos. “¿Por qué los primeros datos de metales pesados corresponde a muestras tomadas 25 días después del vertido?”.

Los niveles de cadmio en el agua de la playa del Aceitún en el mes de marzo eran de 0,25 microgramos por litro, según datos del Gobierno de Canarias. Los valores del cadmio en ese agua en el mes de marzo de 2005, según datos del estudio Ecocartografía del litoral de las islas de Fuerteventura y Lobos, elaborado por el Gobierno de España, eran inferiores a 0,025 microgramos por litro. Es decir, aunque estaban por debajo de los valores máximos permitidos, casi un mes después del hundimiento había valores de cadmio diez veces superiores a los que se podían medir antes del hundimiento de embarcaciones.

En septiembre pasado, los valores de cadmio en la playa del Aceitún eran todavía el doble de los existentes en 2005, según los análisis realizados por la iniciativa ciudadana Aguas Limpias en un laboratorio acreditado a partir de la colecta realizada entre los vecinos del pueblo. Ni el Ayuntamiento de Tuineje ni el Cabildo de Fuerteventura aportaron recursos propios para realizar analíticas ante la falta de información del Gobierno de Canarias.

La semana pasada, diez personas fueron condenadas a pagar la multa máxima prevista en el Código Penal por cazar y cocinar aves protegidas en la isla de Alegranza (Lanzarote) en septiembre de 2015. Quien montó el operativo de la Guardia Civil que pilló a los furtivos en pleno banquete fue la sargento jefe del Seprona en Lanzarote, Gloria Moreno. Desde entonces, a Moreno le han abierto seis expedientes sancionadores y su vida se ha convertido en un infierno.

Gloria Moreno tenía diez años en 1988, cuando por primera vez las mujeres pudieron entrar en la Guardia Civil. En la misma época se creó el Servicio de Protección de la Naturaleza de este cuerpo (Seprona). Ya entonces, cuando a esta niña nacida en un pueblo de Segovia le preguntaban qué quería ser de mayor, la respuesta era contundente: agente del Seprona.

En 2006, Gloria entró en el Instituto Armado y en 2010 hizo realidad su sueño: aprobó el curso de este cuerpo. Durante dos años formó parte de una patrulla en Castellón; después fue nombrada sargento jefe y la destinaron a Lanzarote. Pero la que hasta entonces había sido una carrera brillante, premiada por su labor en la protección del medio ambiente y de los animales, tropezó con una piedra en el camino. El 8 de septiembre de 2015, en una complicada operación, la patrullera de la Guardia Civil del mar la trasladó a la isla de Alegranza, un espacio protegido al norte de Lanzarote; nadó hasta llegar a tierra para no ser vista por los malhechores, subió una montaña y tomó cuantas imágenes pudo desde la cima; descendió el volcán y entonces lo vio de cerca: un grupo de furtivos asando 30 pardelas, un ave protegida que ya casi no se encuentra mas que en lugares apartados y en reservas naturales.

Esta mujer de aspecto frágil, que mide 1,70, se plantó delante de 19 hombres cuando estaban en mitad de una comilona de especies protegidas. Los comensales no eran precisamente unos desarrapados, sino nada menos que un grupo de poderosos empresarios de Lanzarote, entre ellos un policía nacional y varios jóvenes relacionados con el narcotráfico. Habían llegado a la isla de Alegranza en dos yates que estaban fondeados en la bahía.

Desde ese día, la vida profesional de Gloria se convirtió en un infierno. El calvario empezó unos meses después, recién incorporada al servicio tras una baja maternal. En menos de un año le abrieron seis expedientes disciplinarios por sinsentidos, según Fernando García García, abogado del gabinete jurídico de la Asociación Independiente de la Guardia Civil. “Se trata de un auténtico caso de persecución, acoso y derribo por parte de sus superiores, que le acusan de todo tipo de situaciones absurdas”, incide este jurista.

Desde aquel día de septiembre, la actitud de apoyo que había recibido de su capitán Germán García y del coronel jefe de la Guardia Civil de la provincia de Las Palmas, Ricardo Arranz, giró 180 grados. La mayoría de los agentes a cargo de la sargento Gloria Moreno, que eran cuatro hombres, hicieron pinza con el mando, según la versión de su abogado.

Una perspectiva muy distinta a la de sus superiores tenían los grupos conservacionistas SEO/BirdLife y WWF, que campaña tras campaña denunciaban el furtivismo en Alegranza sin ningún resultado. La llegada de la sargento Moreno fue como ver la luz en comparación con etapas anteriores, inciden estas asociaciones.

La escalada contra Gloria dio lugar en 2018 a la creación de la plataforma 'Justicia para Gloria Moreno' en change.org. Se consiguieron más de 140.000 firmas solicitando que se investigara el caso y que cesase el acoso. Pero en esta trama de los furtivos de Alegranza, la pesadilla continúa para Gloria Moreno por hacer su trabajo. Hoy está a la espera de un juicio oral en el que se piden para la sargento entre cuatro y seis años de cárcel por una denuncia de su subordinado, el cabo Miguel Ángel Padial, a la que se ha adherido una fiscal de Lanzarote, Ramona Muñoz, curiosamente nuera de Dimas Martín, el expresidente del cabildo conejero, que está en la cárcel por distintos casos de corrupción urbanística.

En Lanzarote es sabido, según su abogada María Jesús Díaz Veiga, que Padial mantenía amistad con algunos de los furtivos de Alegranza y que había protagonizado “chivatazos” que habían hecho fracasar anteriores operativos de la Guardia Civil. Recientemente, el juzgado que lleva el caso ha incorporado una grabación de una conversación entre un periodista y el propietario de la isla, Enrique Jordán, donde este afirma que el agente Padial era un chivato de los furtivos. Pero en su día fue un técnico de Doñana –también dedicado a censar aves en Alegranza– quien informó a la sargento Gloria Moreno de que el guardia Padial advertía a los furtivos de las operaciones de la Guardia Civil y de ella.

Tal y como el capitán García le había solicitado, trasladó a su superior esta información. Este documento interno constituye hoy la base de la acusación de su subordinado contra la sargento Moreno, por la que la fiscal pide una pena de cuatro años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante un periodo de tres años.

Pero ya antes la Guardia Civil había investigado el presunto chivatazo y la investigación pasó al Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife, cuyo titular es Rafael Lis Estévez, quien archivó la causa sin apenas indagar contra el guardia Padial.

Este juez ha sido suspendido recientemente por el Consejo General del Poder Judicial por no apartarse de un caso del que había sido recusado. Con la causa archivada, el presunto chivato Padial, que lleva casi dos años de baja por estrés, presentó la demanda contra Gloria Moreno acusándola de falsedad, en la cual se pedía seis años de cárcel para la sargento. El juicio está a la espera de fecha.

La actual abogada de la sargento, María Jesús Díaz Veiga, dice que la denuncia contra Moreno se presentó “a sabiendas de que ni la Guardia Civil, ni en su momento el juzgado practicaron las necesarias diligencias de investigación, que hubieran permitido averiguar la realidad de los hechos” y si hubo o no “chivatazos” del guardia Padial previniendo a los pardeleros de los operativos para acabar con esta práctica ilegal. La letrada Díaz Veiga considera que “se está desarrollando contra la sargento Moreno una auténtica persecución que va más allá de los términos habituales para describir un acoso laboral”; y prosigue: “La falta de garantías para permitirle ejercer su derecho de defensa recuerda prácticas abusivas más propias de otras épocas preconstitucionales de nuestro país”. Ballena Blanca se puso en contacto con los mandos de Gloria Moreno, que han declinado hacer declaraciones.

Dentro de la especialidad de Seprona existen dos unidades distintas: el equipo de investigación que hace las veces de policía judicial ambiental y cuya principal función es realizar la instrucción de atestados por ilícitos penales; y luego está la patrulla. En este último trabaja Gloria Moreno, donde su tarea consiste en custodiar el campo. Para acceder a esta sección es necesario aprobar un examen teórico y una prueba física que resulta muy dura para las mujeres, pues es equivalente al nivel de campeonato de España de motocross, trial y enduro. Muy pocas agentes la pasan.

Para Moreno, superar estas pruebas fue especialmente difícil; en una mala caída desde la moto se rompió la clavícula y tuvo que presentarse de nuevo a los exámenes en el siguiente curso; lo más complicado fue vencer el miedo a subirse de nuevo a una moto.

María Serrano era jefa de unidad del equipo de investigación de Seprona de la Comandancia de Sevilla. Ingresó en la Guardia Civil en 1993 cuando tenía 18 años; fue por vocación y admiración a su abuelo guardia civil. En septiembre de 2018 cumplió 25 años de servicio en el cuerpo, con más de diez destinos distintos por ascensos y especialidades. En 2003 realizó el curso de investigación, que cuenta con muchas menos plazas que el de patrulla, centrado en legislación ambiental y en trabajo de policía judicial. Nada más terminar consiguió como destino Sevilla, que era su sueño.

El inicio fue de observación y aprendizaje. “Pero muy pronto descubrió que el cabo que estaba a sus órdenes, Enrique Castillo Martínez, que ocupaba su puesto cuando ella se iba de vacaciones, en realidad era el zorro cuidando de las gallinas”, como expresa su abogado Fermín Vázquez. “Con ocasión del servicio propio de la especialidad –añade–, ”este se dedicaba a hacer denuncias sobre el comercio ilícito de productos pesqueros para después realizar los pliegos y recursos correspondientes, así como a asistir a juicios en calidad de testigo siendo llamado por la entidad Mercasevilla, a la cual previamente él mismo había denunciado.“

“Se trataba de infracciones de 60.000 euros” –prosigue el abogado– “y se presume que la intención no era otra que favorecer el resultado del juicio a favor de la entidad Mercasevilla. Además, es de destacar que estos hechos fueron reconocidos por el propio cabo infractor al teniente jefe de la sección de Seprona de Sevilla, Diego Morilla Ramos, y tal cual consta grabado”.

Como relata el abogado, cuando Serrano lo puso en conocimiento de sus superiores, estos le pidieron que mirara para otro lado y ella se negó. Por hacer lo que se esperaba de ella se vio envuelta en una vorágine de expedientes de todo tipo. Pero lo peor para esta mujer –después de aguantar faltas de respeto y la insubordinación de algunos de los miembros de la unidad Seprona, que casualmente figuran en los informes realizados por conductas ilícitas en el ejercicio de sus funciones–, llegó cuando le ordenaron presentarse ante toda su cadena de mando el 6 de marzo de 2015. La citaron en el despacho del coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla, Fernando Mora Meret. Allí también estaban el teniente coronel jefe de operaciones y el teniente jefe de la sección de Seprona, Diego Morrilla Ramos. Según varios testigos, los gritos se oían fuera del despacho y Serrano salió de allí llorando.

Ante su estado de ansiedad le dieron la baja psicológica y le retiraron el arma. La sargento acabó denunciando al coronel por haberla humillado y vejado en ese encuentro, pero la jurisdicción militar archivó las diligencias. El auto señala que se trata de una “reunión tensa y difícil” y que el coronel “empleó un tono de voz firme y contundente”, como él mismo definió. La resolución concluye indicando que se trató más bien de “unos modos de tensa riña paternal que de una conducta que merezca investigación criminal de tipo alguno”.

El defensor de la sargento no coincide en absoluto con esta versión: “La indefensión fue total, tres testigos manifestaron en sede judicial la veracidad de los hechos denunciados, pero claro, el juez del juzgado militar es también coronel, con el mismo empleo que el denunciado. La sentencia evidencia el estado patriarcal y machista de la Guardia Civil”.

El entorno de la sargento describe su tormento, entre expedientes disciplinarios, cese de destino o baja en la especialidad. Ha llegado a tener 16 procedimientos abiertos. Su abogado asegura que la han echado de su casa a instancias del coronel Fernando Mora Moret, aunque finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha resuelto a favor de Serrano, declarando nulo el procedimiento, como advierte el letrado.

En la actualidad, la sargento María Serrano ha puesto el caso en conocimiento del Parlamento Europeo. De hecho, ha intervenido en unas jornadas de expertos en anticorrupción para sacar adelante una norma que ampare a las personas de la Administración que por denunciar situaciones de corrupción se ven acosadas y totalmente indefensas. Serrano cuenta con el apoyo de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) y de la organización Jusapol, dedicada a reivindicar salarios justos en la Policía y la Guardia Civil.

A la pregunta de cuántas mujeres suboficiales han pasado a la reserva prematuramente, la dirección de la Guardia Civil no responde. Desde la Asociación Independiente de la Guardia Civil (IGC) hemos podido conocer la historia de Ana González, sargento destinada a seguridad ciudadana en un puesto de la provincia de Córdoba. Su caso es digno de estudio. Esta mujer entró en la Benemérita en 2009, movida por su interés de ayudar a la gente y a los animales. Su expediente estaba impoluto hasta que llegó a esta unidad rural como sargento, con cinco hombres a su cargo. Enseguida se dio cuenta de que existía un ambiente anómalo y poco después recibió una llamada de su superior diciéndole que habían llegado quejas de sus subordinados; y le aconsejó coger la baja voluntaria. Lo hizo, pero su sorpresa llegó cuando, tras un mes fuera del servicio, la suspendieron de función y sueldo durante tres meses, la pena máxima en este tipo de casos, por razones de “seguridad”.

Para los portavoces de la Asociación Independiente de la Guardia Civil, la medida es totalmente exagerada: “La intención es humillar a la sargento y privarla de su defensa, ya que en pleno procedimiento se le impidió acceder a la unidad, el único sitio donde estaban las pruebas para dicha defensa”, inciden desde la organización.

Finalmente la acusaron de tres delitos: defraudación de fluido eléctrico para uso personal, persecución de sus subalternos con una baliza y pegar voces y puñetazos en las paredes, así como de ordenar buscar a sus perros cuando se pierden. El 21 de marzo salió la sentencia: libre de cargos. González, que ha pedido el traslado, ha dejado atrás su baja y se ha incorporado de nuevo al servicio. El calvario que ha vivido esta suboficial por ser mujer dentro de la Benemérita es un clásico en este cuerpo, un tema sobre el que se evita hablar, según el portavoz de la asociación, Fernando García.

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La burbuja inmobiliaria parece que en Fuerteventura nunca termina de inflarse. Una promotora de Tenerife pretende quedarse con 325.000 metros cuadrados entre El Roque y El Cotillo, mientras reclama que en el nuevo Plan Insular de Ordenación (PIOF) se recalifiquen los terrenos para levantar una macro urbanización turística.

El pueblo de El Cotillo es una de las piezas más codiciadas para la especulación urbanística. La empresa Promociones COTUCASA, radicada en Tenerife, es la propietaria de una parte del enorme espacio virgen que se extiende entre el núcleo de El Roque y el pueblo de El Cotillo.

En concreto, tiene registrados 560.205 metros cuadrados, pero pretende hacerse con otros 324.800 metros cuadrados que no constan inscritos a nombre de nadie en el Registro de la propiedad.

La operación que ha puesto en marcha la promotora consiste en iniciar un procedimiento para “actualizar” las dimensiones de su finca, de tal manera que pretende aumentar su superficie, modificar los linderos, anexionarse los citados 324.800 metros cuadrados y hacerse con un total de 885.006 metros cuadrados.

La promotora ha puesto en marcha el expediente para incrementar la “cabida” de la finca utilizando el procedimiento de “expediente de rectificación de descripción, superficie o linderos” previsto en el artículo 201 de la Ley Hipotecaria.

Desde la Notaría de Corralejo se han enviado notificaciones a los propietarios de suelo que lindan con la finca de la promotora COTUCASA, cuya administradora es Julia Alison Killick, para que, en el caso de sentirse perjudicados, puedan comparecer y “oponerse” o alegar lo que estimen oportuno “en defensa de sus derechos”.

La alarma ha saltado entre propietarios de terrenos en la zona que pueden verse afectados y algunos ya han presentado alegaciones en el expediente. En el Norte, circula la preocupación y funciona el boca a oído: son constantes los consejos de unos vecinos a otros para que pongan en orden sus escrituras y herencias.

En el imaginario colectivo están presentes los múltiples casos en Fuerteventura de apropiaciones de fincas y casas por desconocimiento de sus legítimos dueños, o los temidos expedientes de dominio.

Las intenciones de la empresa con los terrenos -los que tiene a su nombre y los que quiere registrar- están claras: cuando la Consejería de Ordenación del Territorio, dirigida por Blas Acosta, abrió la ventanilla para la presentación de sugerencias al nuevo PIOF, la promotora presentó una iniciativa para que se le incluyese una macro urbanización de casi 3.000 plazas hoteleras a la entrada de El Cotillo, con instalaciones deportivas y un geriátrico vinculado a la explotación turística.

Se da la circunstancia de que cuando presentó la iniciativa al Plan Insular, la promotora aseguraba en la documentación que era ya propietaria de 834.738 metros cuadrados. La empresa quería aprovechar que en el Plan Insular en trámite se contemplaba el otorgamiento de hasta 1.000 camas a hoteles vinculados a “instalaciones deportivas” o “de salud, balnearios y similares”.

Además, el proyecto presentado por COTUCASA para la macro urbanización de El Cotillo propone crear una especie de circunvalación y una nueva carretera desde El Roque hacia el faro y también hacia el sur.

En el proyecto se detalla la urbanización de casi medio millón de metros cuadrados y, según la empresa, el coste ascendería a 263 millones de euros, de los que 179 se destinarían a la construcción del equipamiento hotelero.

El Plan Insular de Ordenación se ha quedado sobre la mesa y su tramitación se ha postergado a la espera de los próximos resultados electorales. En uno de los borradores del nuevo planeamiento insular se especificaban las consideradas “zonas turísticas estratégicas” con las que podría contar Fuerteventura. Una de ellas es la de El Cotillo, una amplia franja de más de 1,8 millones de metros cuadrados.

En el PIOF se reconocía su proximidad a “áreas protegidas por sus valores” naturales, como una cercana Zona de especial protección de aves. Sin embargo, consideraba que era “un emplazamiento idóneo para la ubicación de una zona turística estratégica que recualifique ya la existente, como zona turística principal de la costa noroeste de Fuerteventura”. En ese sentido, se planteaba la urbanización del área comprendida entre la urbanización Los Lagos al norte y los terrenos entre El Roque y El Cotillo hacia el sur.

Rechazo del Ayuntamiento

Rechazo del AyuntamientoEl alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, ha tratado de tranquilizar los ánimos de los vecinos. Asegura que el Ayuntamiento no tiene intención de ampliar el suelo urbano o turístico en el pueblo de El Cotillo y que la zona en la que la promotora COTUCASA está impulsando una macro urbanización se debería mantener “como suelo rústico en el planeamiento futuro”.

Blanco se ha comprometido a “mantener la identidad de El Cotillo como pueblo pesquero”. “Nuestra apuesta es un modelo de calidad y no de cantidad, mejorar primero lo que ya tenemos, que buena falta le hace”, añade. La concejal de Urbanismo, Omaira Saavedra, asegura que el Consistorio ha pedido al Cabildo que no se califique “ningún suelo turístico estratégico en el entorno de El Cotillo”.

El equipo del PIOF

El equipo del PIOFEn enero del año pasado, en el casino de Antigua, se presentó el borrador del nuevo PIOF, bajo el auspicio del consejero Blas Acosta. Su redactor ha sido Francisco González Jaraba, cuyo despacho fue precintado y registrado por la Policía en 2007 en el marco de la ‘operación Góndola’. González Jaraba también está al frente del Plan General de La Oliva.

Como responsable ambiental del PIOF figura el biólogo Rosendo López. Su nombre aparece vinculado a otra operación urbanística en El Cotillo, la del ‘SAU 8’, que luego fue anulada por los tribunales. López también firma el estudio ambiental para un complejo hotelero en primera línea de costa en El Cotillo, en la zona de Marfolín, que planteaba la eliminación de una calle y que levantó una ola de rechazo en el pueblo.

El debate ha surgido en las primeras ‘Jornadas por una Movilidad Sostenible en Fuerteventura’. Mientras se construyen y planifican infraestructuras de presupuestos multimillonarios que cruzan de norte a sur la Isla, y que están completamente obsoletas en relación al cambio climático y la sostenibilidad, la improvisación para todo lo relacionado con el transporte sobre dos ruedas es la norma, indica Diego Naya, experto en estos temas. “Frente al vicio del transporte, la virtud de la cercanía es la filosofía que debemos seguir”, añade este ingeniero

Es el caso de la carretera, hasta ahora denominada FV-1, que sale desde el norte, en Corralejo, dirección sur hacia Puerto del Rosario. Ahora el primer tramo de esta carretera ha pasado a convertirse en autovía, y por lo tanto no se puede utilizar por las bicicletas, ya que las normas de tráfico que se aplican normalmente en todas las autovías por razones de seguridad impiden circular en bicicleta o caminar por ellas.

Durante más de diez años de obras, que aún no han terminado, nadie ha pensado que a partir de ahora no se podrá salir de Corralejo hacia el sur más que en coche debidamente matriculado, ya que ni siquiera los pequeños vehículos con matrícula municipal están autorizados legalmente para circular por autovías.

En el colmo de la improvisación, para evitar esa imposibilidad de salir de Corralejo, y contraviniendo los usos generales de seguridad en las autovías, se está permitiendo el tránsito de bicicletas, en ese primer tramo de aproximadamente 2,5 kilómetros, hasta el cruce de Lajares, donde la señalización obliga a bicicletas, peatones y otros vehículos ligeros a abandonar la autovía.

Por su parte, el Cabildo de Fuerteventura ha pedido al Gobierno de Canarias una modificación del proyecto de la autovía, que sería el tercero que se hace, señala la consejera de Obras Públicas, Edilia Pérez. La finalidad es que haya una vía alternativa ciclista para poder salir de Corralejo.

La portavoz del Club de la Bici Verde, Nagore Fuldain, recuerda que el Reglamento general de circulación permite que las bicicletas puedan ir por las autovías, pero es bastante peligroso y te juegas la vida. El artículo 38.1 especifica que “se prohíbe circular por autopistas y autovías con vehículos de tracción animal, bicicletas, ciclomotores y vehículos de personas con movilidad reducida”. “No obstante”, añade, “los conductores de bicicletas mayores de 14 años podrán circular por los arcenes de las autovías salvo que se prohíba por razones justificadas de seguridad vial, mediante la señalización correspondiente y un panel que informe del itinerario alternativo”.

La nueva modificación de la autovía, comenta la consejera del Cabildo de Fuerteventura, está siendo redactada por parte del Gobierno de Canarias, “e irá paralela a la autovía y seguramente por debajo del puente para empatar con Tamaragua y de ahí a Lajares”.

“En su día el Cabildo planificó varios carriles de bicicleta”, subraya Pérez, “con la idea de que se pudiera pedalear de Corralejo a Morro Jable sin bajarse de la bici”. “Para no llenar todo de vías asfaltadas”, explica, se planteó “aprovechar los caminos de tierra existentes, que son municipales y no tienen que expropiarse”. “Sin embargo”, destaca la consejera, “los ciclistas profesionales que vienen a entrenar van por carretera y aquí solo queda el respeto mutuo, mentalizar a los conductores en relación a las bicis y también a la inversa, que los ciclistas cumplan también con la normativa, que vayan como máximo en columna de a dos, y que lleven ropa reflectante y casco”.

Costes ambientales vs seguridad

En resumen, Edilia Pérez quiere dejar claro que “se tiene en cuenta a la bicicleta en Fuerteventura”. “Tanto”, insiste, “que hemos conseguido que el Gobierno de Canarias, en la autovía del Sur, haga un modificado de siete millones de euros, en el tramo de Pecenescal, solo para que puedan circular las bicicletas de forma segura”.

Para Alfonso Sanz, geógrafo, urbanista y matemático, una eminencia en movilidad, las bicis no son para las autovías. Este experto en planificación para el vehículo de dos ruedas, autor de obras como las Cuentas ecológicas del transporte o Calmar el tráfico. Pasos para una cultura de la movilidad urbana, indica que existe un caso como la Autovía de Colmenar en la Comunidad de Madrid, donde en un principio se instaló un arcén para bicis, pero finalmente los enlaces eran muy peligrosos, porque las velocidades entre el motor y los pedales son incompatibles, así que se llevó a cabo una segregación estricta y ya no existe conexión con la autovía“.

Fuerteventura elaboró un plan de movilidad en el año 2011 y existe una actualización de 2015. Según hojeaba el documento, Sanz advertía “que era muy flojito”. Para este experto, “es un problema que los concursos públicos para adjudicar el diseño de esta planificación se den a consultoras que tiran los precios y luego los resultados son nefastos”.

El ingeniero majorero Diego Naya es también muy crítico con la situación de las bicis y las autovías. Para Naya, el tema está muy claro: “Personalmente apoyo el ciclismo urbano, porque salir a la carretera es jugarse la vida”. “Pero en caso de no tener camino alternativo”, recalca, “la responsabilidad estará en ofrecer las mayores garantías para los y las usuarias de la bici, una vía con las mejores condiciones y reforzar el transporte público con portabicis para ofrecer otras posibilidades”. Naya insiste en que debe primar el “derecho” de todos a usar la autovía y, en cualquier caso, hay que tener en cuenta también “los costes ambientales de una nueva vía”

Al igual que la consejera de Obras Públicas, las componentes de Bici Verde están a favor de que se pueda atravesar la Isla mediante unas rutas señalizadas y contextualizadas en cuanto a su flora y fauna. “Nos parece una gran iniciativa” y “la idea de hacerla sin construir carriles bici de norte a sur la consideramos positiva porque así ahorras impacto ambiental y también financiero”, afirma Nagore Fuldain. “En cambio, si estas rutas son compartidas con coches que no respetan el límite de velocidad mucha gente no se sentirá segura y por lo tanto serán pistas para coches más que para bicis”, añade Nagore. Por ello, considera que “faltaría por lo tanto pacificar y promover esas rutas ciclistas para poder disfrutarlas de manera segura y respetuosa con el entorno”.

Bici-guagua

Para la portavoz de Bici Verde, “otro punto importante” es que quien practica ciclismo por carretera tenga “la suficiente educación vial para circular de manera respetuosa”. En las primeras ‘Jornadas de Movilidad de Fuerteventura’ quedó de manifiesto la importancia de conocer las normas de circulación en ciudad y fuera de ella. Así, una de las conclusiones fue apostar por la educación vial desde los más pequeños hasta los más mayores, potenciando programas como ‘Una bici más’, ‘Camino Seguro-Stars’ o ‘La Bici-guagua’

“Cuando vemos ciclistas por carreteras interurbanas sin casco, ni reflectantes, o sin luces de noche se nos encoge el corazón”, destaca Nagore. “En los talleres que damos nos encontramos con que los niños aún no saben que tienen que usar casco, en España hasta los 16 años, y que no pueden circular por las aceras”, subraya.

Por otra parte, en el recién publicado Plan Director de la Bicicleta de Canarias se plantean muchas medidas insulares y urbanas. Pero no existe un interlocutor para discutir acerca de este documento de planificación, se queja Nagore.

La portavoz del Club de la Bici Verde considera positivo el apoyo de los departamentos de Obras Públicas y Medio Ambiente, “aunque lo que necesitamos ya es una interlocución definida, alguien que coordine la promoción de la bici como movilidad sostenible”. “Nos entristece sentir el vacío de la Consejería de Transportes, con la que hemos hablado desde hace tres años y a la que hemos trasladado varias propuestas como ‘Desde Puerto en Bici’ o ‘Bicis Verdes’, sin respuesta alguna, más allá de la escucha amable”, lamenta.

“La movilidad será sostenible o no será, porque las emisiones del transporte causan muertes prematuras y el calentamiento global, y además la energía fósil se acaba”, recuerda la portavoz de Bici Verde. Y ese escenario futuro no es ciencia ficción. Cada vez está más cerca.

En el Servicio Nacional de Pescas Marinas de la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, en sus siglas en inglés) trabaja Jason Baker, dentro del Programa de Investigación de la Foca Monje de Hawaii, y de la Comisión de Mamíferos Marinos (MMC) de ese país. El investigador acaba de visitar Fuerteventura y se ha quedado impresionado por la similitud con las Islas de la Polinesia. Beker lleva años estudiando la población de foca monje del archipiélago hawaiano. Allí ha realizado un exitoso proyecto de traslocación que puede servir de modelo para salvar a la población de la foca monje del Mediterráneo en el Atlántico, que en su día dio nombre a la Isla de Lobos.

¿Hubo oposición por parte de los pescadores en Hawaii por ayudar a las focas a recolonizar las islas principales?

Los pescadores estaban reticentes en un principio, pero se realizó un estudio para demostrar que la cantidad de pescado ingerido por las focas era insignificante comparado con las descargas de la pesca comercial, deportiva, y con la biomasa marina disponible en las islas. También a través de un estudio financiado por National Geographic colocaron durante días una cámara a las focas y demostramos que las especies consumidas por las focas no se solapaban completamente con las especies objetivo de la pesca comercial. Ver en cada momento lo que hacía este mamífero marino a través de las imágenes y cómo se alimentaba o atrapaba un pulpo fue una experiencia completamente fascinante, que puede trasladarse a Fuerteventura para que los marineros estén tranquilos porque no supone una competencia para su tarea profesional.

¿Cuál es en concreto su trabajo dentro del equipo de investigación de la foca monje de Hawaii?

Llevar a cabo los estudios de demografía de las poblaciones de foca monje de Hawaii de las distintas islas y atolones, para valorar y calcular –entre otras cosas- que no supone ningún problema para el grupo donde se extrae un ejemplar a la hora de realizar traslocaciones. Son muchos años elaborando esas estadísticas. Es por ello que hemos ayudado a realizar el estudio de viabilidad demográfica en la colonia de Cabo Blanco, ubicada en Mauritania, en la zona del Sáhara occidental, para la reintroducción de esta especie extinta, en otros lugares, entre ellos las aguas de Fuerteventura. Los estudios determinan que se pueden sacar hasta 36 focas en diez años sin riesgo para que la población sahariana deje de crecer. Las investigaciones son el resultado de muchos años de trabajo con la foca monje de Hawaii una especie en peligro de extinción, muy similar a la que vivió en Canarias.

¿Qué motivó los traslados de unas islas a otras?

La especie estaba catalogada como en peligro de extinción y la administración está obligada a conservar y apoyar todas las medidas para recuperar la fauna amenazada. Los motivos para realizar traslocaciones son varios, aunque principalmente están relacionados con aumentar la supervivencia de los animales, bien porque en algunos puntos las crías son depredadas por tiburones, bien porque tienen problemas de alimentación. Otros de los motivos son para compensar el sex ratio (proporciones sexuales) de la población de focas en determinados lugares, y evitar que los machos agredan a las hembras, por lo que se traslocan machos a otros puntos. Igualmente, se trasladan focas que muestran comportamientos problemáticos con la población.

¿Cree posible que se recupere la foca monje del Atlántico en Canarias?

Sin lugar a dudas, si se cumplen todas las previsiones puede volver a vivir en aguas canarias, después de que fuera exterminada por el hombre hace un siglo por motivos que ya no existen. Además, este proyecto pondrá a Canarias, y concretamente a Fuerteventura, en el mapa mundial de la conservación. Si ha vuelto a nadar en una playa tan humanizada de Hawaii, como es Waikiki, por qué no va a regresar al Islote de Lobos. La foca monje es una de las especies más amenazadas del planeta, se ha convertido en un símbolo y debe llenar de orgullo a los habitantes y las personas que viven en las Islas que sea posible recuperar la especie. En Hawaii hay grupos de voluntarios de todo tipo, desde estudiantes a jubilados, que dedican su tiempo a cuidar de este mamífero marino cuando sale a descansar en la arena: evitan que los turistas las puedan tocar o molestar, sobre todo si son madres con cría, y se mantiene un cerco de protección, para que puedan observar y fotografiar sin problemas.

¿Cuáles son sus conclusiones de los trabajos y artículos de investigación, con otros miembros de su equipo, que han hecho posible recuperar la foca en Hawaii?

Las lecciones más importantes que hemos aprendido durante el desarrollo e implementación del programa de recuperación en los últimos dos años ha llevado al Servicio de Pesquerías de la NOAA a potenciar la educación y la divulgación, tanto para el público general como para los socios, pues es esencial reducir amenazas y cumplir objetivos con todas las especies amenazadas. Con las focas monje hay que resolver los problemas a lo largo del archipiélago de las islas hawaianas deshabitadas y habitadas. De cara al futuro, el programa de recuperación se beneficiará al lograr mayor coordinación entre la investigación y la gestión. En las conclusiones de nuestro trabajo consideramos que la administración puede ser informada por la mejor ciencia disponible, y la investigación puede guiarse por las necesidades de gestión. Gracias a la comprensión de las amenazas de la foca monje de Hawai se han podido abordar las prioridades adecuadamente.

¿Cuales son los objetivos en los próximos años?

- Evitar que las focas se habitúen a los humanos. Con ese fin, el Servicio de Pesca NOAA está desarrollando herramientas y procedimientos para gestionar a los individuos. Estamos centrados en el diseño de programas de investigación de comportamiento. Actualmente contamos con vídeos animados que describen cómo se pueden habituar las focas a los humanos y cómo prevenir eso a través del cambio de comportamiento humano y la conciencia. Igualmente, el riesgo de toxoplasmosis en las focas que habitan las islas principales de Hawaii es real, y se está tratando de combatir.

Caminos paralelos

La foca monje hawaiana (Monachus schauinslandi) figuraba como una especie en peligro de extinción en la Ley de Especies Amenazadas (ESA) el 23 de noviembre de 1976. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos elaboró un plan de recuperación en 2007 dentro del Servicio de Pesquerías Marinas (NOAA Fisheries Service) con el objetivo de recuperar la especie: “Para asegurar la viabilidad a largo plazo de la foca monje hawaiana en la naturaleza, permitiendo que en un futuro se elimine de la Lista de Vida Silvestre Amenazada. Son muchos los organismos e investigadores implicados en salvar a esta especie de la extinción y después de once años de trabajo ven el camino para conseguir el éxito”.

Un grupo de investigadores de la Agrupación Astronómica de Fuerteventura y la prestigiosa arqueóloga María Antonia Perera piden que los dos “Soles” de Tejate sean declarados Bien de Interés Cultural (BIC). Promueven una iniciativa para que todos los grupos del Ayuntamiento de La Oliva respalden su declaración como BIC, una figura de protección que deberá ser validada por el Cabildo de Fuerteventura.

Su singular diseño, con un trazado geométrico tan preciso e ingenioso, es una de las características más notables que distinguen a estas dos construcciones de las demás que se conocen en Canarias y que las hace únicas. Estos vestigios del pasado aborigen de la Isla siguen sorprendiendo y guardando sus secretos. Cada uno de los dos “soles” está formado por un recinto circular de unos 34 metros de diámetro, del que parten una serie de muros rectos, hasta 59, en sentido aproximadamente radial, con una longitud de unos 17 metros cada uno. La separación de ambos “soles” es de unos 252 metros. Estamos ante una de las obras cumbre de la arqueoastronomía en Canarias.

Entre los dos “soles” también puede apreciarse otro recinto circular de igual diámetro que los anteriores, con otros cinco recintos adosados a su alrededor que a los investigadores les recuerda a los pétalos de una flor. Estas estructuras coliformes forman parte destacada de un conjunto arqueológico situado al sur de Lajares, que abarca las zonas contiguas de Tejate y Tisajoire y contiene otras muchas estructuras de piedra pertenecientes a un poblado prehispánico.

Situados sobre suelo privado, en 2017 la Fiscalía de Medio Ambiente investigó a técnicos del Ayuntamiento de La Oliva por la destrucción parcial de uno de ellos, al formar parte de un yacimiento prehispánico incluido en la Carta Arqueológica y registrado en el inventario de Patrimonio del PIOF. Se destruyó aproximadamente una cuarta parte de la estructura de muros radiales, de modo que ahora solo queda un 25 por ciento, ya que la otra mitad de los vestigios había desaparecido ya en épocas anteriores. Su restauración dependerá, en buena parte, de las fotografías disponibles, así como del uso de técnicas arqueológicas avanzadas.

“El que este yacimiento esté en terrenos privados no es el principal problema ya que el suelo tiene una protección integral, dentro de espacios naturales, pero necesita el mayor grado de protección para garantizar mejor la seguridad del mismo”, opina Antonia Perera, arqueóloga y pionera en el estudio del yacimiento. El Grupo de Arqueoastronomía de la Agrupación Astronómica de Fuerteventura intenta verificar la posible función como observatorio astronómico de esta sorprendente construcción. Recientemente, el investigador Carlos Vera presentó los resultados de la primera fase del estudio sobre los “Soles” de Tejate, realizado por este grupo creado al efecto. “Algo que me sorprendió fue ver la perfecta alineación entre sí de estas dos estructuras con la línea este-oeste o línea de los equinoccios”, aprecia Vera.

El estudio se ha centrado en principio sobre el “sol” situado al oeste, dado su mejor estado de conservación, utilizando para ello la copia de un plano topográfico facilitado por la arqueóloga Antonia Perera, que permitió medir con mayor precisión la disposición de los muros y buscar posibles coincidencias entre las direcciones a las que apuntan los pasillos formados por cada par de muros y los puntos del horizonte correspondientes al orto o el ocaso de los astros más destacados y más importantes para la cultura amazigh norteafricana (más conocida como bereber) que eran quienes habitaban las Islas antes de la conquista y colonización española, adonde según recientes investigaciones históricas, habrían sido deportados por el Imperio Romano en torno al siglo I.

Los restos de estas construcciones, en su estado actual, están tan mimetizados con el entorno que, vistos a ras de suelo pasan desapercibidos, parecen muros de rocas volcánicas. Solo desde el aire se puede apreciar claramente el conjunto, así como los detalles de su diseño, estructuras circulares hechas de piedras sobre piedras encajadas. Para Perera, este conjunto excepcional también ofrece connotaciones culturales y religiosas. “Desde que encontramos este yacimiento arqueológico en 1987, siempre nos ha sorprendido el nivel de precisión de su ejecución y la complejidad de su arquitectura tanto a nivel astronómico, arquitectónico, espacial y territorial”, destaca la experta.

“Por esta complejidad”, añade Perera, todavía no hay datos “completamente fiables”. “Hay tantos rayos y con tantas orientaciones que es fascinante seguir con su estudio”, comenta. “Por ello, además de observatorio astronómico, y teniendo en cuenta las costumbres de los pueblos de la cultura amazigh, además de centros de observación astronómica podrían ser lugares de reunión social y culto religioso. Lugares como estos, según los cronistas, eran llamados efequenes, y podían ser utilizados por los jefes de los clanes para reunirse y mostrar su poder religioso”, explica Perera.

Magec

Vera, sobre su investigación, destaca que le llamó la atención desde el principio “que los muros radiales no estuvieran bien alineados con el centro del recinto circular, como sería de esperar, sino que todos presentaban cierta desviación”. “Para intentar encontrar alguna explicación, un día decidí prolongar la línea central de cada pasillo hacia dentro del recinto circular, para ver si se formaba algún patrón geométrico con los puntos de cruce de las líneas, que me diera alguna pista”, señala.

Al hacer esto, se produjo el momento “más fascinante” de toda esta investigación: el trazado de los muros se hizo deliberadamente en dirección tangencial a una trayectoria circular que rodea al área central de la construcción, la cual debía de estar reservada para el culto a la divinidad y ocupada por un altar para las ofrendas, como suele ser habitual; no siendo posible, por tanto, utilizar dicho centro como punto de observación.

“Esta disposición tan ingeniosa de los pasillos está hecha de forma que, si avanzamos por ese camino circular que rodea al altar, moviéndonos en el mismo sentido en el que lo hace cada día la diosa Magec (el sol), es decir, avanzando del este hacia el oeste, pasando por el sur (en el sentido de las agujas del reloj, con el altar a nuestra derecha), entonces veremos cómo los pasillos se van abriendo, uno a uno, ante nuestra vista, dejándonos ver el correspondiente sector del horizonte por el que salen o se ocultan los astros”, explica.

“Pero, si avanzamos en sentido contrario, es decir teniendo el altar central a nuestra izquierda, todos los pasillos permanecerán cerrados a nuestra vista, impidiéndonos ver el horizonte durante todo el recorrido (tal vez como una especie de castigo simbólico de la diosa Magec por atrevernos a avanzar en contra de su movimiento natural)”, añade.

Más claves

SOLES. En 2010 Google Earth fotografió estos “soles”, pero son las estrellas las que pueden decir la fecha aproximada de la construcción del edificio. Para ello se han hecho simulaciones con el programa Stellarium, midiendo las posiciones de las 38 estrellas más brillantes y visibles a simple vista desde el año 2000 AC hasta el 1300 de nuestra era “encontrando una distribución más uniforme y con un máximo de coincidencias en torno al año 1000”, precisa Vera. El grupo de trabajo “Soles de Tejate”, formado actualmente por Carlos Vera, Isabel Domínguez, Gianfranco Costa, Salvadora Martel, Salvador González y Mary Nieves Vargas, seguirá analizando datos sobre el “sol” del oeste e intentará extraer alguna información del “sol” del este, a partir de septiembre.

PATRIMONIO. Nadie puede poner en duda el valor de los Soles de Tejate. Las dos estructuras de piedra son piezas fundamentales de un patrimonio que hay que proteger y acondicionar. Por ello a Perera le sorprende cómo todavía no han sido catalogadas como Bien de Interés Cultural (BIC). “Las características tan singulares de estas construcciones, con ese trazado geométrico único en Canarias, además de su interés científico tanto desde el punto de vista arqueoastronómico como etnográfico, las convierte indudablemente en piezas de nuestro patrimonio de extraordinario valor”. De la misma opinión es Vera: “todo lo que se desprende de los estudios realizados justifica sobradamente que se les dedicara una mayor atención por parte de nuestras instituciones, comenzando por una protección más efectiva y un estudio arqueológico serio y en profundidad. Su declaración BIC, junto con un acondicionamiento y reconstrucción parcial de la estructura, lo convertiría sin duda en un importante atractivo cultural y la recuperación de nuestra memoria, la memoria de los majos”.

Las focas monje pueden volver a Fuerteventura. El Ministerio para la Transición Ecológica está ultimando el procedimiento para la reintroducción de esta especie en la Isla. Este jueves ha presentado el estudio de viabilidad demográfica a representantes del Gobierno de Canarias y del Cabildo majorero.

Casi 20 años ha tardado en recuperarse la colonia de foca monje de Cabo Blanco, cerca de Nouadhibou, Mauritania, de la mortandad que tuvo lugar en primavera de 1997, por culpa de un alga tóxica. Actualmente cuenta con suficientes ejemplares, para llevar a cabo el plan de recuperación de uno de los animales más amenazados del planeta.

En el año 97 se ultimaba el traslado de ejemplares a Canarias, a sus antiguos hábitat, pero la situación hizo que el plan se fuera al traste, y la Isla de Lobos, cuyo nombre procede de la foca monje, se quedó con las ganas de volver a recuperar a esta especie.

Pero este jueves se ha producido una reunión entre los técnicos del Ministerio para la Transición Ecológica con la responsable de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura, Natalia Évora, y las biólogas de esta institución, para el inicio de este proyecto de recuperación de la foca monje.

Para ello, el Ejecutivo canario tendrá que elaborar un proyecto que posteriormente debe presentarse a la Comisión Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad y a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente para su aprobación.

Los expertos identifican Fuerteventura como lugar idóneo para un ensayo de translocación de ejemplares de foca monje procedentes de la la colonia de Cabo Blanco, la más importante del mundo de esta especie.

Los estudios determinan que se pueden sacar hasta 36 focas en 10 años sin riesgo para que la población sahariana deje de crecer. Las investigaciones son el resultado de años de trabajo con la foca monje de Hawaii.

Por ello, el proyecto canario tendrá la colaboración de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) a través de su Programa de Investigación de la Foca Monje de Hawaii, y la Comisión de Mamíferos Marinos (MMC) de Estados Unidos. El archipiélago alberga la única población mundial de foca monje de Hawái, “que es muy parecida a la nuestra”.

Allí se ha realizado un exitoso proyecto de translocación, que puede servir de modelo para este ensayo en Canarias. Uno de sus responsable es Jason Baker, investigador de NOAA y miembro del comité científico de la citada comisión (MMC), que visita estos días la isla de Fuerteventura con los técnicos del Ministerio, y que fue el principal ponente en la reunión con el Cabildo.

Para poder llevar a cabo esta reintroducción, España también cuenta con un acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Mauritania suscrito en 2015, una declaración de intenciones para la recuperación de especies extinguidas en ambos países.

Gracias a este acuerdo se están realizando proyectos preliminares para la reintroducción de cinco especies, cuatro antílopes sahelo-saharianos en Mauritania y la foca monje en España, especies todas ellas en peligro de extinción a escala mundial.

Aunque se estudiaron otros posibles enclaves para la reintroducción de este pinnípedo, lo cierto es que las Islas Canarias orientales tienen un carácter estratégico fundamental para la conservación de la foca monje, al estar localizadas geográficamente entre las poblaciones de esta especie en Mauritania y en Madeira, y tener la capacidad de establecer en un futuro un puente genético entre ambas que evite su aislamiento, según se recoge en el Plan de Acción para la Conservación de la Foca Monje del Mediterráneo en el Atlántico Oriental (CMS/PNUMA).

Amplio hábitat para alimentarse

Por el momento, no existe ni fechas ni lugar de ubicación para la suelta de estos animales en la isla de Fuerteventura, se baraja la costa oeste y podría ser tanto el norte como la zona sur en Jandía.

Los científicos consideran que estas áreas ofrecen un amplio hábitat de alimentación disponible, suficiente para un grupo de individuos reintroducidos, y que las amenazas son mínimas, toda vez que la actividad pesquera se desarrolla a pequeña escala y está prohibido el uso de determinados artes, como el arrastre y el uso de redes de enmalle, que son una importante fuente de mortalidad de muchas poblaciones de pinnípedos, incluyendo las de foca monje.

Asimismo, el buen estado de conservación del conjunto del territorio, con baja densidad de habitantes, con un turismo moderado y, en su mayoría, respetuoso, y unos espacios protegidos con gran extensión, productividad marina y grado de aislamiento muy notables, hacen de Fuerteventura la candidata ideal para un ensayo de reintroducción.

Los técnicos quieren que los pescadores vean a estos animales como aliados, pues se incrementará la vigilancia en la zona y también su producto se revalorizará en los mercados, con un sello ecológico por compartir aguas con una especie en peligro de extinción como es la foca monje.

El biólogo marino Jason Baker considera que los pescadores no tienen nada que temer, pues en estas islas, gracias a un proyecto con el National Geographic, “hemos demostrado a los marineros que las focas no suponen una competencia para ellos”. “Colocamos cámaras fijas en varios ejemplares para grabar y demostrar lo que comían y acabar con el bulo de que acaban con el pescado”, añade.

Listado de especies extinguidas

La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente aprobó el pasado 26 de junio el primer Listado de Especies Extinguidas en Estado Silvestre en España, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 42/2001, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Las especies incluidas en este listado, elaborado atendiendo a las principales fuentes de conocimiento disponibles, podrán ser objeto de proyectos de reintroducción en el Estado. No se podrán realizar autorizaciones sobre aquellas especies que no figuren en la relación, que está abierta a nuevas incorporaciones mediante solicitud justificada científicamente al Ministerio para la Transición Ecológica.

La lista consta de 32 especies. Entre ellas, se encuentran mamíferos como la foca monje del Mediterráneo y el lince europeo y peces como el esturión europeo y la lamprea de río; aves como el pigargo europeo, el grévol y el torillo andaluz, y una decena de especies vegetales, algunas de ellas declaradas extintas en estado silvestre en todo el planeta como Kunkeliella psilotoclada, un arbusto endémico de Tenerife que fue visto por última vez en 1983 en el extremo noroccidental de la Isla, del que aún existen semillas en jardines botánicos.