Los ministros de finanzas del G-7 han llegado a un acuerdo que podemos calificar de histórico ya que supone una revolución total respecto de la situación actual, en la que valga como ejemplo que, según se ha publicado en los últimos días, una filial irlandesa de Microsoft ganó 260.000 millones de euros en 2020 sin pagar un solo euro de impuestos.

Se pueden imaginar los impuestos que han dejado de pagar en las últimas décadas las grandes multinacionales tecnológicas, situación permitida hasta ahora por las autoridades mundiales (G-7 y G-20), por los organismos internacionales (OCDE) y por la propia Unión Europea, que, con su habitual hipocresía, dice que lucha contra los paraísos fiscales, pero al mismo tiempo permite en su territorio figuras como el doble irlandés o el sándwich holandés, que son utilizadas por estas grandes multinacionales para conseguir su objetivo de no pagar casi ningún impuesto a nivel mundial. Con estas figuras de planificación fiscal agresiva las grandes multinacionales han estado situando sus beneficios en paraísos fiscales, con el beneplácito de todo el mundo, salvo por los ciudadanos corrientes, que soportan una tasa de presión fiscal de alrededor del 40% en la Unión Europea.

Pero antes de echar las campanas al vuelo conviene tener presente que anuncios similares ya se produjeron a raíz de la crisis financiera de 2009, en la que los grandes mandatarios mundiales anunciaron a bombo y platillo que se había terminado la era de los paraísos fiscales. La OCDE fijó las reglas para que dejaran de serlo, y al final todo fue una burla. Esperemos que ahora sea de verdad y que este impuesto mínimo suponga en la práctica que estas empresas dejen de utilizar los paraísos fiscales. Pero habrá que estar vigilantes porque su nivel de imaginación para no pagar no tiene límite, quizás porque cuentan con los mejores profesionales dedicados a ello.

Antes de echar las campanas al vuelo conviene tener presente que anuncios similares se produjeron a raíz de la crisis financiera de 2009, en la que los mandatarios mundiales anunciaron que se había terminado la era de los paraísos fiscales

Otro aspecto a tener en cuenta es que se ha llegado a este acuerdo por el cambio de postura de EEUU. En los últimos años ha impuesto aranceles muy perjudiciales a los productos de países que, como España, habían aprobado la tasa Google, con el objetivo de que estas compañías pagaran algo de impuestos. Ahora EEUU lidera una nueva postura que ha sido el origen de este acuerdo de que las grandes multinacionales paguen un impuesto mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades.

La propuesta inicial de EEUU pretendía obtener fondos para financiar su reconstrucción con la diferencia entre lo poco que pagaban sus multinacionales a nivel mundial y un impuesto mínimo del 21% sobre los beneficios. Si hubiera sido así, la medida no afectaría al resto de países, pero en el acuerdo logrado, parte de ese impuesto mínimo, rebajado al 15%, se pagaría en los países en los que estas compañías venden o prestan los servicios.

Hasta ahora, la indignación de los ciudadanos ante la utilización de los paraísos fiscales en casos como el denominado Papeles de Panamá, o ante el hecho de que estas grandes multinacionales no pagaran los impuestos que deberían, solo había derivado en medidas “cosméticas”, como es la de obligar a estas empresas a informar de sus operaciones en cada país, o en los territorios calificados como paraísos fiscales, y decían las autoridades mundiales que cada país actuara en consecuencia con esa información, sabiendo que en una situación como esta, los países no pueden aprobar medidas individuales. La propuesta de EEUU ha pillado a la Unión Europea con el paso cambiado, ya que justo ahora estaba elaborando una Directiva para que las empresas dieran esa información. Al final, las medidas se complementarán porque disponer de información de las operaciones país por país facilitará saber si lo que van a pagar en cada uno de ellos es correcto.

Así pues, de llegar a aprobarse esta medida en la próxima cumbre del G-20, supondría el primer paso para desmontar un sistema internacional de impuestos obsoleto, que no ha sabido adaptarse hasta ahora a las características de la economía del siglo XXI y que sí han sabido aprovechar muy bien estas grandes multinacionales para no pagar impuestos. La pena es que uno de los principios básicos del sistema tributario es que no puede tener carácter retroactivo.

Si se quisiera seguir avanzando, lo siguiente tendría que ser aprobar medidas contra la utilización de unos paraísos fiscales que se usan en la ingeniería fiscal de las grandes empresas, internacionales y españolas. En el caso de España, nuestras empresas del IBEX-35 tienen más de 700 sucursales y filiales en paraísos fiscales. Pero no hay que olvidar que los paraísos fiscales son herramientas imprescindibles también para la delincuencia internacional, que se sirve de ellos para blanquear el dinero procedente de sus actividades delictivas.

Lo siguiente tendría que ser aprobar medidas contra la utilización de unos paraísos fiscales que se usan en la ingeniería fiscal de las grandes empresas. En España, las empresas del IBEX-35 tienen más de 700 sucursales y filiales en paraísos fiscales

Como las medidas no pueden ser individuales, la Unión Europea tendría que ser capaz de erradicar la utilización de los paraísos fiscales, empezando por los que hay dentro de su territorio, pero lleva años pasando esa vergüenza sin que haya querido cambiar la situación.

Por último, no olvidemos que el fin de los impuestos es sufragar los gastos de los Estados, por lo que si este acuerdo histórico se hubiera alcanzado hace años, con los mayores ingresos obtenidos podríamos afrontar mucho mejor las consecuencias de esta nueva crisis sanitaria y económica.

Los empresarios, asesores fiscales, abogados y otros profesionales españoles saben perfectamente lo que cuesta dirigir una sociedad y la cantidad de obligaciones legales de todo tipo que hay que cumplir. En los llamados “Papeles de Panamá” figura que un testaferro dirigía 7.129 sociedades. ¿Sería algo así posible en España? ¿Se imaginan la locura fiscal, mercantil, laboral, y legal de todo tipo que supondría para el administrador y para el asesor controlar y cumplir con las obligaciones legales de esas miles de sociedades?

Una de las principales dificultades que existen a la hora de perseguir a los defraudadores, delincuentes y corruptos es descubrir a los testaferros u hombres de paja de los que se sirven para ocultar los propios delitos o las ganancias procedentes de los mismos. Según la Real Academia española ‘testaferro’ es “la persona que presta su nombre en un contrato, pretensión o negocio que en realidad es de otra persona” y tanto la legislación nacional como la internacional persigue su utilización, al menos sobre el papel.

En el caso de España, y en el ámbito fiscal, las sanciones tributarias se incrementan cuando el sujeto infractor, con la finalidad de ocultar su identidad, hace figurar a nombre de un tercero, con o sin su consentimiento, la titularidad de los bienes o derechos, o la obtención de las rentas o ganancias patrimoniales.

En relación al Delito fiscal, en el Código Penal español se incrementan los años de prisión y las multas en el caso de utilización de testaferros o de paraísos fiscales para dificultar la identidad del defraudador o de su patrimonio.

Otro ámbito al que afecta de lleno la utilización de los testaferros es el relativo al blanqueo de capitales, tanto en su aspecto represivo como preventivo. Así, en el Código Penal constituyen blanqueo de capitales las conductas encaminadas a ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes, y en la Ley de Prevención del Blanqueo se exige que bancos, notarios, registradores y otros profesionales identifiquen al titular real de los actos negocios y operaciones en los que intervienen para detectar si existe algún riesgo de blanqueo de capitales, llegando incluso al extremo de obligarles a hacer visitas presenciales a los negocios si tienen alguna sospecha.

Ahora bien, ya me dirán ustedes cómo van a cumplir estos profesionales la obligación de identificar al titular real, cuando quien interviene en las operaciones es una sociedad offshore, y se conoce que hay millones creadas en los paraísos fiscales; o una de las 300.000 sociedades que figuran domiciliadas en una sola oficina del estado de Delaware, muy utilizadas últimamente por los españoles. En ambos casos se han creado justamente en esos territorios para que no se sepa quién está detrás, o lo que es lo mismo, ocultar la identidad del titular real con la creación de la sociedad a nombre de un testaferro fundador y con las acciones al portador, que posteriormente se transmiten al verdadero titular. Por supuesto, estas sociedades son simplemente un nombre y una dirección, o un apartado de correos.

Mucho se habla y desde hace mucho de paraísos fiscales, pero poco se hace para combatirlos de manera eficaz. El primer y principal gran paso debería ser el establecimiento de una lista negra de los paraísos fiscales, refugio de los bienes procedentes de toda la delincuencia internacional, y a partir de ahí, no reconocer personalidad jurídica a las sociedades constituidas en esos territorios. Y ello debería ser por pura coherencia con las normas internacionales contra el blanqueo de capitales, que exigen precisamente conocer quién es el titular real de las sociedades.

Si nos centramos en el ámbito de la Unión Europea, nos encontramos con el colmo de la hipocresía y el doble rasero, ya que no solo no adopta medidas contra la utilización de los paraísos fiscales sino que los permite en su propio territorio y, sin embargo, ha aprobado recientemente la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales en la que se exige la identificación del titular real. Causa rubor que en los últimos días el Parlamento Europeo haya rechazado la lista de paraísos elaborada por la Comisión, por insuficiente, porque solo figuraban en ella 11 territorios: La Guayana, República Democrática de Corea, Afganistán, Bosnia-Herzegovina, Siria, Irak, Irán, Laos, Yemen, Vanuatu y Uganda. Recordemos en este sentido que la OCDE dijo ya en 2011 que en el mundo ya no quedaban paraísos fiscales. Qué lejos de la realidad están estos organismos, o cómo creen que nos van a engañar, cuando saltan continuamente escándalos por su utilización.

En el caso de España, no nos deberíamos quedar cruzados de brazos esperando a que la UE decida hacer algo, porque se pueden aprobar medidas para conocer quién es el titular real de las sociedades. Así, por ejemplo, se debería aprobar que fuera obligatoria, como lo era hace años, la inscripción en el Registro Mercantil de las transmisiones de acciones y participaciones de sociedades, ya que junto con la inscripción de los fundadores que existe ahora, se podría conocer quién es el titular real de la sociedad en cada momento, como exige la normativa internacional y la propia Directiva de la UE. En el momento actual no hace falta irse a paraísos fiscales para ocultar a los verdaderos titulares de las acciones de una sociedad, ya que esa opacidad existe legalmente en España.

También habría que modificar la llamada “declaración responsable” que puede hacer el representante de una sociedad en un acto notarial y que está basada simplemente en manifestaciones sobre si alguna persona física controla a la sociedad, sin tener que demostrar nada. No es la primera vez que en investigaciones posteriores, estos representantes manifiestan que actuaban como meros testaferros para hacer esa manifestación. Qué fácil es burlar la ley y qué pocas consecuencias tiene esa conducta.

Por último, sería imprescindible modificar la normativa mercantil, ya que actualmente sí sería posible en España que una persona pudiera dirigir también 7.129 sociedades, como en Panamá, actuando, por supuesto, como testaferro en todas ellas.