Por obra y gracia de nuestros gobiernos sucesivos, los ciudadanos y ciudadanas de este país nos hallamos cada vez más insertos en un Estado de guerra. Desde que en 2003 nuestras calles (y las europeas y las árabes) se abarrotaran en una serie de movilizaciones en rechazo a la participación del país (de los países) en la guerra de Irak por decisión del trío de las Azores, significadamente integrado por el entonces presidente José María Aznar y su partido, la cantidad de armas exportadas en general desde nuestro país se ha multiplicado por 11: de algo más de 400 millones en 2003 a más de 4600 millones de euros en este año.

Según el informe Tendencias en las transferencias internacionales de armas del Instituto Internacional de Investigación de la Paz de Estocolmo (SIPRI), España ocupaba en 2017 la séptima posición en la clasificación de países que mayor número de armas venden, representando un 2,9% del total de exportaciones de armas a nivel mundial. Cada año desde aquellas movilizaciones que batieron récords de activismo popular, nuestra producción de armas ha batido en paralelo nuevos récords anuales, y este año 2018 no se espera algo distinto.

El “No a la guerra” nos sirvió para sacudirnos al gobierno más guerrero de nuestra breve historia democrática y mitigar nuestra implicación en una nueva agresión neocolonial cuyos impactos padece aún hoy todo Oriente Próximo y todo el planeta, pero no sirvió ni mucho menos para acabar con la vocación guerrera de nuestro Estado.

Quienes han dejado que la estructura productiva de nuestro país y buena parte de sus recursos invertidos en I+D+i dedicados a la producción y exportación de armas represente hoy en torno al 0,45% de nuestro producto interior y alrededor del 3% del PIB industrial, y que ocupe a unas 30.000 personas (según datos de la Asociación Española de Tecnologías de Defensa, Aeronáutica y Espacio, TEDAE) le hacen ahora un chantaje a la ciudadanía española lanzado un irresponsable “Pan o paz”.

Un mensaje (a veces explícito, otras implícito) que es en sí mismo una claudicación ante el funcionamiento del capitalismo guerrerista y el triunfo de las lógicas presupuestarias y comerciales promovidas por los complejos militar-industriales de cada país y su red de agentes mercantiles y de corifeos institucionales, lobbísticos y mediáticos.

Un mensaje que es también un reconocimiento de nuestros partidos de gobierno en turno por pensar una estructura productiva y comercial distinta, libre de industrias de muerte, volcada sobre las nuevas tecnologías para uso civil que nuestras sociedades requieren para garantizar un presente y un porvenir posibles y dignos para las generaciones futuras.

Pero es que además, actuando en contra de los preceptos del Derecho internacional humanitario, en contra del espíritu y la letra de la posición común europea en materia de exportaciones armamentísticas desde la UE y de la declaración del Parlamento de 2016, en contra de la resolución 2216 de la ONU (apoyada por España y publicada el mismo año en el que se firmó el contrato de venta de armas a Arabia Saudí) en la que se instaba a los países miembros a “adoptar de inmediato las medidas necesarias para impedir que, de forma directa o indirecta, se suministren, vendan o transfieran” armas a Yemen, y finalmente en contra de la propia ley española 54/2007 sobre control del comercio exterior de material de defensa y doble uso, que prohíbe claramente la venta de armas a países cuando “existan indicios racionales de que se empleen en situaciones de violación de derechos humanos”, el primer cliente de la industria armamentística española es Arabia Saudí.

Un país que lidera una coalición de Estados que, como ha reconocido un Parlamento Europeo (que presidió por cierto alguna vez el actual Ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell) se encuentran asediando Yemen mediante bombardeos sistemáticos y un bloqueo que llevan causadas al menos 17.602 víctimas civiles, según las estimaciones realizadas en agosto por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. De ellas, 6.592 corresponden a fallecimientos, un tercio de los cuales de niños.

Desde el inicio de la campaña bélica de aplastamiento a la insurgencia hutí, España no sólo ha continuado sus exportaciones a los países aliados de Arabia Saudí de la coalición (Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y Egipto) sino que sólo el año pasado, España vendió a la petrocracia dictatorial saudí material bélico por 270,2 millones de euros (lo que representa un 133% más que el en 2016).

Entre estas exportaciones, 90 millones de euros corresponden a exportaciones materializadas de municiones (de las 197 millones de las autorizadas por Defensa), incluyendo la venta de las famosas bombas inteligentes que, a juzgar por las vergonzosas declaraciones de los ministros y ministras del actual gobierno de España y de su propio presidente, discriminan infaliblemente entre blancos militares y civiles.

Estas declaraciones son, además de una ofensa a la inteligencia de los ciudadanos y ciudadanas, una indecencia política que simplemente significa para este gobierno el derretimiento de ese ilusorio y meramente declarativo cambio que prometía respecto de la dirección de las políticas exterior, productiva y comercial de su nefasto antecesor, cuyos compromisos bélicos tanto a nivel bilateral como multilateral siguen a más de 100 días incontestados.

Este aumento progresivo de la participación de las armas en nuestras exportaciones y en nuestro PIB, es tanto más sangrante cuanto que corre paralelo a, por un lado, el indecente aumento del presupuesto para Defensa comprometido por la anterior ministra Cospedal y refrendado por el actual gobierno y, al mismo tiempo, con un congelamiento de los fondos españoles de cooperación y ayuda al desarrollo, incluidos por supuesto aquellos destinados a paliar la catástrofe humanitaria que causas nuestras corbetas y bombas en contextos de guerra o conflictos como el de Yemen.

A decir de quienes nos mantienen y enfangan en su Estado de guerra, nuestras bombas, perfectamente inocuas para los yemeníes y las yemeníes de a pie, se han vendido bajo “estrictas cláusulas” que prohíben su reexportación y uso fuera de Arabia Saudí. El problema para sostener con una mínima credibilidad este argumentario es doble. 

En primer lugar, tal y como han trasladado al gobierno las ONG agrupadas en la campaña Armas bajo control, sencillamente no existen mecanismos que garanticen el fiel cumplimiento de esa cláusula. De hecho, una investigación realizada por la CNN ha revelado esta última semana el concurso de armamento de origen norteamericano en las últimas matanzas civiles por bombardeo ocurridas en Yemen. 

En segundo lugar, la supuesta “inteligencia e inocuidad” de nuestras bombas es simplemente una mentira más, muy parecida, al menos en su rotundidad expresada y en su disonancia respecto de toda evidencia, de aquella que nos enfangó en la agresión internacional contra Irak.

Un análisis pormenorizado realizado por la organización Action on Armed Violence, descargable aquí, revela que las bombas guiadas GBU-10, de diseño norteamericano pero  producidas y exportadas también por España: con un peso de 907 kgs (la mitad del cual correspondiente a explosivo Tritonal) y con un patrón de fragmentación que muestra un “radio letal” (capacidad para ocasionar víctimas en caso de caída en zona habitada) de 360 metros, las bombas inteligentes vendidas en dos fases por PP y PSOE, son las más devastadoras de su familia  (serie Mk-84).

Además, es notorio que la dimensión del impacto causado por estos artefactos está condicionada por una serie de factores de carácter táctico, técnicos y ambientales que pueden afectar tanto a la geolocalización de los blancos (target) militares como a la propia operación y trayectoria efectiva de los proyectiles.

España, en contra de lo que Pedro Sánchez ha declarado en su única rendición de cuentas realizada hasta ahora ante los medios de comunicación, no estará exenta de responsabilidades internacionales, llegado el caso de que vestigios de una de las 400 bombas vendidas o evidencias de cualesquiera otras municiones o ítem bélico de origen español sean encontrados junto a cadáveres civiles, en Yemen o en cualquier contexto de conflicto.

Más allá de las apabullantes e incontestables cifras que he apuntado anteriormente y que caracterizan a nuestro Estado como un creciente Estado de guerra y para la guerra, lo que la evolución de nuestra canasta armamentística de exportaciones implica y traslada a la sociedad y a la comunidad internacional es que nuestro país se está especializando de manera intensiva y creciente en la producción de tecnologías y materiales para que otros países inicien y sostengan actuaciones que, a defecto de contar con los respaldos establecidos por el Derecho internacional, son violaciones del mismo y en las que se han dado y en las que siguen perpetrándose, ante la impotencia de las ciudadanías y de los propios organismos de regulación de la comunidad internacional de Estados, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

Nuestro país no puede seguir participando ni de manera directa ni tampoco “a título lucrativo” en la barbarie. No es presentable ni tolerable el falso dilema entre empleo digno y sostenible y el cumplimiento de los derechos humanos y la normativa internacional. A defecto de garantías de fiel cumplimiento de las cláusulas restrictivas impuestas por ley a las exportaciones armamentísticas (con la implementación de mecanismos de comprobación y monitoreo del destino y uso final del armamento exportado), debe aplicarse sobre la aprobación o no de los permisos de exportación de material bélico o de tecnologías de doble uso (civil y militar) el elemental principio de precaución.

Y nosotros como ciudadanas y ciudadanos comprometidos con la paz y los derechos humanos, debemos retomar las calles y exigir al menos cuatro cosas urgentes:

El encarcelamiento de Luiz Inacio “Lula” Da Silva la pasada madrugada del 7 de abril es sin duda la noticia más relevante de la política latinoamericana en lo que llevamos de año y resulta especialmente reseñable por muchas razones. En primer lugar, por a quién afecta: el que fuera presidente del país-continente más importante económica y geopolíticamente de la región y quién gozara de las mayores y más sostenidas tasas de popularidad en la historia del país (35% de intención de voto antes de la confirmación de su condena) y del continente, respetado y reconocido internacionalmente por izquierdas y derechas como el hombre que pasó la página de la oscura historia de uno de los países con mayor violencia y desigualdad social del Mundo y aquel que situó a Brasil en el lugar que le correspondía en el gran tablero. En segundo lugar, por darse en el momento en el que se da: antesala de unas elecciones otoñales decisivas para un país que vive en una permanente convulsión política ya desde antes de la inhabilitación de Dilma Rousseff (maniobra plagada de irregularidades procesales y de sombras) y la vuelta al poder de una de las derechas más abiertamente corruptas y expoliadoras de lo público en todo el hemisferio occidental. En tercer lugar, por el cómo ha tenido lugar su detención: por una parte, la espectacularidad de las sucesivas requisiciones, registros policiales e interrogatorios judiciales realizados a Lula y a otros miembros del PT y después, las masivas manifestaciones en solidaridad con el exmandatario hasta el momento mismo de su entrega. En cuarto y último lugar (y este es el centro quizás del presente ensayo de análisis) por la situación binaria que se abre en la opinión pública brasileña y mundial sobre el descompuesto contexto nacional: una polarización que sitúa nuevamente a la izquierda mundial en una encrucijada en la que se le fuerza a tomar partido entre la defensa de un líder presuntamente corrupto y un plan manifiesto de algunos de los poderes fácticos de Brasil, aliados con intereses extranjeros, para la recuperación de todo el poder institucional en Brasil y el reparto de la inmensa riqueza natural que atesora el país-continente.

La votación de los once ministros del Supremo Tribunal Federal (STF), la noche del miércoles 4 de abril, en el sentido de rechazar el habeas corpus presentado por la defensa de Lula, supone en la práctica el fin de su carrera política. Este hecho, no se da en estos precisos momentos y de esta manera tan abrupta y espectacular sin conexión con el enorme y complejo entramado de intereses y juegos de poder que operan y condenan al pueblo brasileño a ser el perpetuo escenario de las mayores e indisimuladas ambiciones crematísticas de su clase dominantes y de potencias e intereses privados foráneos. Prueba de ello es que su ocurrencia está siendo abiertamente celebrada por una gran parte de los representantes del gran capital nacional (con la mega-federación industrial FIESP a la cabeza) y transnacional, de las Fuerzas Armadas (rearmadas por cierto bajo los gobiernos del PT de manera muy notable y como nunca antes desde la dictadura), de la oposición política, de las clases alta y medias-altas agraviadas por  cuatro gobiernos del PT que operaron una reducción innegable de las brechas sociales (que  las distinguían de las comunidades obreras, faveladas, ribereñas, sertanejas e indígenas), de los poderes fácticos judiciales y mediáticos y, como no, del gobierno de los Estados Unidos; la sempiterna potencia ultracolonial, siempre al acecho de los graneros de materias primas latinoamericanos y que era recelosa del poder geopolítico ascendente de Brasil como cabeza de los BRIC, espoleado por el proyecto de autonomización energética, militar y satelital que impulsaron decididamente las administraciones de Lula y Dilma.

Es sobre esta realidad material, innegable, que las confabulaciones y colusiones políticas, empresariales y judiciales se enmadejan hasta difuminar cualquier luz de verdad; una luz difusa y sobre la que se proyectan las sombras del propio PT y del hombre que aupó al partido al poder.

En aras de esa difícil y seguramente nunca fructuosa búsqueda de lo cierto en este asunto y aún y a riesgo de desinflar el mito Lula y herir susceptibilidades aquí y allá, paso a apuntar solo algunas de las sombras lulescas más conspicuas, y a extraer algunas conclusiones quien sabe si útiles para las izquierdas. 

Lula actuó durante sus mandatos y a plena luz del día, como un conseguidor-intercesor de contratos multimillonarios para empresas como Petrobras, Odebrecht, OAS, Camargo-Correa, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvao, JBS, Gerdau…las “campeonas nacionales” como las llamaba él mismo en su marketinera política exterior (“Brasil-Potencia”), aprovechando el enorme capital simbólico, relacional, económico y político que el personaje poseía e irradiaba. Que cualquier Presidente de Gobierno de cualquier país del Mundo actúe en sus viajes al extranjero y de manera natural y consustancial al gran mandato implícito (“favorecerás los intereses de tu país y sus votantes siempre y por sobre cualquier otro”) como embajador/representante de los intereses industriales nacionales es algo que todo el mundo en todo país conoce y acepta, con mayor o menor grado de gusto, resignación o disgusto. Es sin embargo el hecho de si Lula actuó como simple embajador/representante o como comercial/comisionista es una de las cuestiones que se están tratando de ventilar judicialmente en las diferentes causas procesales abiertas en su contra. Si la línea divisoria entre ambas “misiones” es tenue, no es menos cierto de que ésta existe, y de que serán tarde o temprano develadas o desmontadas los señalamientos sobre el engrosamiento desproporcionado e injustificado del patrimonio del expresidente y/o de su círculo familiar y de amistades. Otra realidad innegable que conviene integrar en el análisis de las grandes tramas corporativas y su engranaje es que, también en la mayoría de los casos, los responsables políticos que en toda América Latina han favorecido mediante decisiones a alguno de los emporios brasileños o de cualquier otro origen, no tuvieron por qué necesariamente actuar sobre un lucro personal directo: todo apunta, según las evidencias que se van destapando, que el esquema de corrupción de Odebrecht arrancaba - al igual que en el de las grandes tramas de corrupción en España - ya desde la financiación de las campañas presidenciales primeras o de reelección de los distintos mandatarios, que contraían con ello antes incluso de su llegada al poder una serie de deudas (indirectas, difícilmente rastreables) que deberían pagar en especie más tarde en sus decisiones y acciones de gobierno y que serían susceptibles (como se han mostrado en muchos casos) de ser usadas en el momento propicio como palanca de chantaje a estos mismos partidos de gobierno financiados mediante fondos en A, B o C. Pero esta no es, como insisto y a defecto de pruebas incontrovertibles y de público conocimiento, el enjuiciamiento que la izquierda puede y debe operar frente al lulismo como sistema de gobierno. 

“Los empresarios brasileños nunca ganaron tanto dinero como en mi Gobierno, pero también estoy convencido de que nunca los pobres estuvieron tan bien como están ahora en mi Gobierno, porque nosotros gobernamos para todos y ésta es, Evo Morales, ésta es la lección que está ocurriendo en Bolivia”, comentaba el presidente-astro brasileño a su sonriente homólogo boliviano en 2009, mientras ambos inauguraban uno de los tramos de carretera del llamado Corredor bioceánico Pacífico-Atlántico. En esa frase se condensa perfectamente la clave de la hegemonía lulista durante más de una década, tanto hacia adentro como hacia afuera del Brasil. Hace tan sólo unos días, Evo Morales tuvo que desmarcarse sin matices de la trama brasileño-transnacional: “Lamento mucho de algunos presidentes de América Latina (que estén) implicados en hechos de corrupción. Quiero decirles (a la derecha nacional que trata de implicarle en la trama Odebrecht) que este gobierno nunca va a caer, no somos de esa clase de negocios”. Evo reconocía así implícitamente y sin matices la responsabilidad manifiesta que al menos algunos de sus homólogos han tenido en la colusión entre intereses partidarios, recursos públicos y acción privada corporativa. Lo cierto es que de momento Odebrecht se ha cobrado la inocencia o la responsabilidad, ya sea “in actuando” o bien “in vigilando”, de varios expresidentes, exvicepresidentes, exministros de Perú y Ecuador y que planea como inmensa sombra de amenaza sobre los gobiernos y exgobiernos de Argentina, Colombia, México, El Salvador, Venezuela, Panamá, República Dominicana, Guatemala y por supuesto el propio Brasil, cuyo actual ilegítimo gobierno actual está absolutamente entrampado en corruptelas diversas, incluidas aquellas que han afectado a sus antecesores. Odebrecht es una trama que salpica de manera efectiva o potencial a todos los países latinoamericanos donde operó la compañía y a algunos africanos, europeos e incluso en EEUU sin diferenciación latitudinal ni ideológica. El hecho de que las filtraciones del caso estén siendo administradas desde EEUU permanente potencia conspiradora contra las soberanías latinoamericanas, no le resta un ápice de credibilidad a las evidencias irrefutables, confesadas en muchos casos por algunos de los principales actores implicados. 

Si como he señalado al comienzo, el alivio de la miseria extrema y la rehabilitación del Estado y las políticas públicas fueron innegables durante el lulopetismo (y de manera especial durante el boom de los precios internacionales de las materias primas), no es menos cierto que se trata en primer lugar de avances cuya sostenibilidad (ergo cuya profundidad) debe ser analizada. Si el alivio coyuntural de la miseria fue patente gracias a la ambiciosa batería de Programas Sociales que cubrieron la alimentación, dotación de vivienda, incentivos a la escolarización y la formación técnica para jóvenes, entre otros, no es por ello menos cierto que a la salida del PT del gobierno doce millones de brasileños vivían en favelas y que, según las cifras que se usen, entre el 40 y el 45% era pobre. Los recortes masivos en estos subsidios y la oleada de privatizaciones y medidas de castigo a los parias y la clase trabajadora que el infausto gobierno Temer han puesto en marcha sólo han venido a agravar una situación de franco deterioro social que ya se había manifestado en las manifestaciones y disturbios de junio de 2013.

Dejo aquí a modo de invitación al debate, una batería de preguntas que deberíamos poder realizar: ¿Cómo es posible que las conquistas logradas en 14 años de gobierno continuado puedan ser liquidadas en apenas unos meses de vampiresco gobierno ultraliberal? ¿Qué tipo y consistencia de nueva institucionalidad transformadora se instauró entre 2002 y 2016, cuando ha sido posible que una simple ley de restricción al gasto público lograra, tras su aprobación en diciembre pasado, el congelamiento de la inversión en servicios públicos en Brasil durante los próximos veinte años? ¿Qué defensas constitucionales/institucionales se habían implementado contra la reforma laboral ahora perpetrada por el temerismo; reforma que burla claramente el respeto a los más fundamentales derechos del trabajo sobre el capital al interior de la empresa? ¿Por qué tras más de una década de keynesianismo lulopetista, siguen siendo tan necesarios como en 2012 o más los Programas sociales puntales del lulismo: Hambre Cero (Fome Zero), con el cual se redujeron los índices de malnutrición en un 80%, y los “Bolsa Família” y “Minha Casa, Minha Vida”, que redujeron la pobreza extrema hasta en un 75%? ¿Por qué tomaron estas iniciativas la forma de Programas específicos (Misiones las llaman en Venezuela), por lo tanto, coyunturales, publicitarias, y no se integraron las mismas en el conjunto de políticas públicas ordinarias para fortalecer precisamente la institucionalidad del conjunto? ¿Por qué no se blindaron constitucionalmente las partidas presupuestarias referidas a educación, vivienda, agua y saneamiento, salud y alimentación para acometer la inmensa reducción de la brecha social como una verdadera política de Estado a cuarenta o cincuenta años vista, aprovechando la hegemonía política parlamentaria del proyecto entre al menos 2002 y 2010 y de manera especial la mayoría absoluta arrancada en 2006? ¿En qué situación se encuentran hoy esos 30 millones de personas “sacadas de la pobreza por Lula”? ¿Qué hipotecas políticas y financieras reales se le generaron al país a través de los ingentes créditos contratados por el lulismo (aumento de 300% de la deuda externa en 14 años)? ¿Quedaron las Fuerzas Armadas del país neutralizadas en su reaccionario golpismo estructural, o fueron por el contrario fuertemente mimadas y rearmadas? ¿Descendieron acaso bajo el lulismo o se contuvieron siquiera los índices de crímenes contra jueces magistrados, fiscales, defensores públicos, abogados, y líderes sociales y campesinos que la Relatora especial de NNUU en 2011 como insoportables? ¿Qué medidas coyunturales y estructurales se adoptaron bajo el lulismo para proteger de las exacciones y asesinatos mercenarizados perpetrados por empresas nacionales y transnacionales contra comunidades y líderes indígenas y defensores de derechos humanos y de la Naturaleza?; ¿en qué medida se mitigaron los desalojos forzados y amenazas de terratenientes, compañías mineras y proyectos de desarrollo “de interés nacional” forzados contra el consentimiento previo de los residentes locales? ¿Cuál es el balance de la alabada agenda ambiental del lulismo cuando del propio gobierno salió en 2011 la reforma al Código Forestal que redujo de un solo plumazo del 80% al 50% las áreas de selva protegida, y cuando las grandes apuestas del país fueron el cercenamiento de la Amazonía merced al mega-proyecto IIRSA, el boom de las prospecciones y explotaciones hidrocarburíferas (continentales y offshore), la eclosión de la minería a gran escala y  las grandes obras viales e hidroeléctricas, así como la incursión del país en el ámbito nuclear? 

En los proyectos que necesitamos organizar como sociedades cada vez más atenazadas, precarizadas, explotadas, para poder superar con éxito los embates de los dos nefastos y reforzados proyectos que operan ya a nivel global ( tanto el del neoliberalismo más salvaje como el de los neopopulismos nacionalistas en violento repliegue sobre sí mismos), no pueden darse más los mesianismos desempoderantes, las delegaciones totales, ciegas, las indulgencias y bulas, los experimentos de ingeniería y los arreglos inter-elitistas que condenan nuestros proyectos de transformación del orden global y que, en sus respectivas caídas, abonan el terreno a oleadas regresivas y nos dejan inermes como sociedades. No puede haber desde las izquierdas ni al interior de ellas más falsos dilemas de elección; esos que nos fuerzan a escoger entre el moderadamente corrupto y el campeón en latrocinio; entre la administración de la miseria sin tocar las estructuras de la propiedad ni las bases de la desigualdad y del colapso ecológico, y el “sálvese quien pueda” que promueven los eternos privilegiados golpistas y sus mercenarios políticos, mediáticos, policiales, judiciales... Tampoco son sostenibles ya los dogmas y corporativismos ideológicos que tratan de justificar lo indefendible, tanto en los extintos gobiernos de los llamados progresismos latinoamericanos , hoy extintos con la excepción de Bolivia y Nicaragua y sustituidos por una oleada neoliberal en cuyo advenimiento alguna responsabilidad – digo yo – habrán tenido estos gobiernos. La exigencia de un juicio justo para Lula, que debemos defender para él como para cualquier otra persona en cualquier contexto, no debe entrañar su perpetuación en la política, ni su canonización en vida, ni su exculpación por las responsabilidades políticas que debe asumir, más allá de las judiciales.

¿Pero por fin hubo o no DUI, comenzó ya por fin la nueva fase?, se preguntan el país entero y los observadores internacionales. Por supuesto que la declaración unilateral de independencia ha tenido lugar, y ello a pesar del gran discurso único que escucharemos de boca de políticos y tertulianos durante todos estos días. Ha tenido lugar la DUI con la misma fuerza de facto que tuvo la consulta del 1-O. Con la misma verosimilitud con la que ya se ha comenzado a aplicar el artículo 155 antes de su aprobación formal jurídico-parlamentaria. Quienes mantienen puestas únicamente las “gafas de cerca” jurídicas para leer este asunto se extrañarán o se horrorizarán al leer esto. Me explicaré con la intención de transformar la extrañeza y el horror en un posible espacio de reflexión y debate.

El filósofo del lenguaje John Langshaw Austin estudió el poder de los actos de habla y entre ellos fijó su atención en lo que denominó enunciados performativos, esto es, aquellos discursos que, al momento de nombrar un objeto o hecho, lo fundan, lo inauguran. Dentro de los enunciados performativos, desglosaba toda una tipología en la que se encuentran los enunciados ilocutivos, aquellos que, a diferencia de los locutivos (que se refieren a la frase en su puro significado textual) crean el objeto a través de lo implícito, por la fuerza de la propia intención que los hace aparecer sin nombrarlos. Es en este campo de la acción performativa de las intenciones no formalizadas de iure pero que van generando de facto los objetos y eventos políticos y sociales y no en el campo estrictamente jurídico, en el que se está jugando verdaderamente esta fase de juego en el ajedrez catalán.

El que no haya sido aún ni aprobada ni sancionada por los órganos competentes no priva a la DUI (o la no-DUI, como afirman algunos con una seriedad excesiva y seguramente equivocada ) ni a su antecedente refrendario de poseer efectos totales en la dimensión político-simbólica, aquella en la que se cuece la base material de la conformación de los Estados, que a fin de cuentas era los que perseguía un bloque independentista perfectamente consciente de que por la vía estrictamente constitucional no había espacio alguno para avanzar, y de que la efectiva conformación de una República no es asunto de una legislatura, de esta legislatura. En términos jurídicos se considera que una norma existe cuando tiene efectos normativos; lo mismo sucede, con mayor razón, con los hechos políticos. Así, si la desconexión política ya era un hecho antes del 1-O (a juzgar por la correlación de fuerzas existente en el Parlament de Catalunya en comparación con la que existe en el Congreso) la no-declaración-declarada-sin-llegar-a-declararse es el efectivo y explícito movimiento de jaque que mantiene en una zozobra permanente al régimen político-institucional, mediático y gran-empresarial de la Transición al completo desde hace ya varios meses. Y como no verlo, también a una porción importante de la población residente en España y Catalunya. Y es que no hay eventos históricos de calado que no vengan precedidos de grandes sacudidas sociales.

Pero lo que es público y notorio a pesar de su intencionado ocultamiento por parte de los mass media españoles, es que en cada cacerolada, desde cada manifestación, a través de cada reunión de los comités de barrio, de las asociaciones, de las fábricas no cooptadas por los sindicatos no-mayoritarios, de las oficinas de la administración, de las universidades, se van entrelazando cada día, animadas por los hechos de represión policial, judicial, mediática y política del Régimen, las fibras de lo que aún no estaba allí pero ya lo está: el tejido ciudadano suficiente y suficientemente determinado y organizado que constituye en sí mismo esa base material (¡qué importa en estos momentos la jurídica para quienes están jugando una partida en la dimensión político-simbólica de la realidad!) del nacimiento de un común constituyente, de una multitud no tumultuaria, ordenada y pacífica, cada vez más mayoritaria y que en una posible fase de consolidación, puede llegar a declarar -entonces sí por la vía parlamentaria y con plenos efectos jurídicos- la conformación de una república independiente y/o asociada en el grado que decida ese cuerpo constituyente. Un común constituyente a cuya formación venimos asistiendo desde hace años y especialmente desde hace semanas.

Así, a diferencia de lo que pensaban y piensan los teóricos y políticos nacionalistas catalanes, la nación catalana no pre-existía a este kairós que vivimos en la actualidad por muchas razones históricas y culturales que se esgrimieran (indudables en su hecho diferencial pero insuficientes per se para fundar desde una legitimidad política plena y actualizada su autonomía); pero intuimos que existe ya hoy y a pleno rendimiento auto-constitutivo, porque existe ahora un cuerpo socio-político que ha generado performativamente su relato y con él, su nueva realidad. Esta determinación de un sujeto colectivo con voluntad mayoritaria y capacidad efectiva de autonomía es la base material fundacional de cualquier nuevo ordenamiento jurídico-poilítico. En este esquema, la hipótesis de la mayoría es la única que resta por cumplirse y verificarse necesariamente como resultado de unas elecciones constituyentes. Por ello, suceda lo que suceda en este otoño catalán en los planos parlamentario y judicial, la república catalana en su desobediencia cívica y pacífica ha sido ya fundada en el plano decisivo: el político-simbólico. Y ello mal que le pese a los comentaristas de derechas y de izquierdas que, como señalaba bien el profesor Navarro en un artículo reciente, poco o nada han comprendido aún de lo que está sucediendo en Catalunya.

De la misma manera que sostengo que la DUI se desplegó en toda su potencia simbólica ya desde el anuncio de los resultados de la consulta del 1-O (en su escrito Puigdemont subraya hábilmente que no ha sido declarada por el Parlament, a sabiendas que ya fue declarada en el plano político-simbólico tras la batalla decisiva de las urnas de los ciudadanos movilizados contra las porras del poder centrípeto), afirmo también que el artículo 155 comenzó a aplicarse de manera preventiva ya antes incluso del referéndum, con la intervención política del Tribunal Constitucional, con la suspensión de facto de la autonomía (financiera) catalana y con las medidas represivas del Estado por la vía policial en los colegios electorales. Calco del artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn, inserto en el articulado de la Constitución española como para cumplir el expreso deseo del dictador de dejar todo “atado y bien atado” y tranquilizar al búnquer franquista, hoy y antes ya de que la DUI sea formalmente aprobada y sancionada, el 155 se desarrolla con plenitud de efectos en las dimensiones financiera (embargo de las cuentas catalanas por Montoro), judicial (encarcelamiento de Cuixart y Sánchez), policial (continuidad de la ocupación policial en Catalunya) y empresarial (movimiento de las empresas del IBEX35 y otras 800 que hemos sabido que no fue del todo espontáneo ni motivado exclusivamente por causas de la inestabilidad política).

Quienes se empecinan en sostener una lectura exclusiva o principalmente jurídica de este proceso de naturaleza eminentemente política, yerran una y otra vez sus análisis y proyecciones. Resulta evidente desde el comienzo de esta ya larga partida, que el tablero de juego estaría al menos en su mitad posado afuera del marco de la Constitución. De hecho, ningún proceso de autodeterminación en la historia de las relaciones internacionales se ha desarrollado en el estricto respeto de la legalidad instituida en el Estado-matriz, por razones jurídico-filosóficas evidentes: ningún ordenamiento puede contener en su interior los instrumentos de su propia desmembración como unidad jurisdiccional; de la misma manera que ninguna entidad podría calificarse en puridad de autónoma (es decir, con capacidad efectiva de darse sus propias normas sin el permiso o aquiescencia de una ente tercero) sin infringir, al menos en parte, el ordenamiento heterónomo, establecido por un sujeto instituido otro que el sujeto autodeterminado y del que pretende precisamente zafarse. Como afirma el profesor Remiro Brotóns, no sospechoso de apoyar la primacía de la libre determinación por sobre el principio de la integridad territorial del Estado, “ni siquiera en el proceso de descolonización, se reconoció el derecho de separación de los pueblos coloniales” (1); reconocimientos que, a pesar de las resoluciones de Naciones Unidas, nunca se produjeron ex ante a las declaraciones de independencia, sino que aguardaron a la consolidación de facto una base material de carácter político (declaración de facto) para producirse en cascada hasta la creación de plenos efectos de esos nuevos sujetos del Derecho internacional (con capacidad a partir de entonces de suscribir Tratados). Por lo tanto, la argumentación jurídica en la presente fase del conflicto catalán, si bien puede ser formalmente correcta y estar argumentada a cabalidad, en la dimensión de la realidad política es puramente tautológica: la autodeterminación es lo que tiene, señores y señoras, que al ser un acto demiúrgico, infringe por definición un ordenamiento al tiempo que construye el suyo propio. De hecho, la oferta de diálogo por ambas partes - que suena un poco al apretón de manos de dos jugadores que saben que esta partida jamás terminará en tablas - se realiza desde el sobre-entendido de que para ninguna de las partes resulta existencialmente aceptable, llegado este punto de escalada en las apuestas, una vía intermedia en la que se hubiera de ceder lo incedible por una parte o por otra: o bien una pérdida efectiva de la unidad e indisolubilidad del reino, o bien un paso atrás en lo que el bloque soberanista estima que ha ganado ya de facto (con sangre, sudor, cárcel y amenazas de cárcel) en las calles, en las urnas del 1-O y en cierta medida en el campo de la opinión pública internacional (que no de la comunidad de Estados) a través de la reverberación internacional del conflicto y específicamente de su componente represivo-punitivo. Lo que parece absolutamente imposible en este contexto es un retorno a la situación de partida, como pretenden algunos líderes políticos, por lo que cualquier dialéctica que se establezca entre los jugadores (incluida una situación de empate catastrófico sostenida hasta las elecciones) desplazará los ejes y los términos de la confrontación y abocará necesariamente en el medio y largo plazo en una fórmula de, cuando menos, federalismo reforzado: mayor cuota de autogobierno con menor cuota de competencias compartidas. En este sentido, la apuesta maximalista del bloque independentista, al haber logrado ya su principal objetivo no explícito (la muy verosímil conformación de una mayoría socio-política que se auto-designe como Común constituyente) ha vencido sobre el inmovilismo central-unionista del gobierno del Partido Popular y sus aliados en este asunto, PSOE y Ciudadanos.

Vivimos entre tanto una fase puramente político-simbólica de confrontación entre no-dichos, entre enunciados ilocutivos que mantienen en stand by la entrada en la fase jurídica del conflicto, pero que poseen indudables efectos políticos, sociales, económicos y culturales e ideológicos que van conformando, en su conjunto, la materialidad de cuanto sucede en el otoño catalán.

(1) Remiro Brotóns A., Derecho Internacional, McGraw Hill, Madrid, 1997, p.129

El pasado 21 de diciembre de 2016 salía a la luz pública que el emporio brasileño Odebrecht, la mayor constructora de América Latina con más de 168.000 empleados e ingresos de más de 40.000 millones de dólares y cuyo presidente ya fuera juzgado y encarcelado en 2015 en el marco del escándalo Petrobras, había recurrido de manera masiva al pago de sobornos a políticos, partidos y funcionarios por un monto estimado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en 788 millones de dólares para conseguir la concesión de licitaciones públicas en varios países latinoamericanos (Brasil, Panamá, República Dominicana, México, Guatemala, Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia, Argentina y Guatemala) y africanos. Los impactos políticos y económicos del caso están aún por calibrarse, a medida que las informaciones van filtrándose, pero conviene detenerse en aquello que el caso Odebrecht no debería ocultarnos en su espectacular estallido mediático.

Una Púnica a escala latinoamericana

Para dimensionar adecuadamente la magnitud del delito y a la vez curarnos preventivamente de cualquier prejuicio chovinista, la suma comprometida a lo largo y ancho del caso Odebrecht se corresponde con la suma total de lo defraudado en España por las tramas Púnica, ERE de Andalucía, Gürtel y el caso Saqueo, por sólo escoger algunos de los más de 120 casos de corrupción censados en nuestro país.

Más allá de su magnitud, el entramado Odebrecht revela tanto la intensidad como el modus operandi (relativamente simple y homogéneo) mediante el cual se ha generalizado esta inmensa dinámica de colusión entre los intereses de las grandes corporaciones transnacionales (especialmente aquellas dedicadas a la extracción de materias primas y a la realización de grandes obras públicas) y los defendidos por las élites político-administrativas de numerosos estados periféricos del Sistema-Mundo, por recuperar la terminología de Wallerstein.

Al mismo tiempo, muestra que la impunidad se ha banalizado a tal punto que difícilmente será un desafío superable en los dos próximos decenios en América Latina y quizás de manera más acusada en un continente africano, que sigue siendo la presa más inerme de los grandes entramados crematísticos en torno a los cuales se despliega el capitalismo internacional: hasta el momento, sólo en Brasil (con el PT vastamente tocado), en Colombia y, desde la semana pasada en Perú (con el expresidente Toledo directamente implicado) hay personas juzgadas o imputadas.

Pero lo que subyace tras el que ha sido ya definido como el mayor caso de corrupción en la historia reciente de América Latina no es otra cosa sino la consecuencia del despliegue del capitalismo en su nueva fase de acumulación, embarrancada ya en el pillaje compulsivo de lo que hasta ahora pertenecía al dominio público, al Estado social, o seguía bajo el control de las comunidades locales, y que está siendo, en tiempos de la gobernanza neoliberal, llevado a cabo por la alianza entre los Estados (los centrales como promotores y los periféricos como cómplices necesarios) y los oligopolios privados.

Más allá de Odebrecht

El neoextractivismo es una estrategia de desarrollo económico adoptada por la mayoría de los gobiernos de América del Sur, con especial intensidad a principios del siglo XXI. Apoyada argumentalmente en la necesidad de alimentar las arcas públicas en pos de la aplicación de políticas redistributivas, se basa en la intensificación al interior de la matriz productiva de aquellas actividades de explotación de la naturaleza para la obtención de recursos no procesados, dirigidos de forma prioritaria a la exportación.

Si bien en su modo de operación el neoextractivismo se basa en el extractivismo convencional, difiere de éste en el papel protagónico que adquieren los Estados periféricos en un proceso productivo cuya mayor plusvalía es captada por los Estados centrales. Esta participación puede adoptar una forma directa, a través de empresas estatales, o indirecta, a través de la operación de empresas transnacionales a las que se aplican tributaciones especiales y regalías, así como otros diversos mecanismos de regulación, permitiéndose la obtención de un porcentaje mayor de ingresos para las arcas estatales. Parte de estos recursos sirven para la puesta en marcha de programas sociales y otras iniciativas públicas que dotan a los gobiernos de cierto grado de legitimidad y de hecho, es sobre esta base sobre la que reposa el argumentario de los gobiernos neoextractivistas al enfrentar las críticas desde la izquierda, el ecologismo, las comunidades indígenas, los sectores urbanos de clase media y estudiantiles y los activistas altermundialistas, que se encuentran cada vez con mayor intensidad denunciando los estragos de esta estrategia de desarrollo.

Sin embargo, como se han encargado de demostrar diversos autores latinoamericanos (Gudynas, Svampa, Acosta, Escobar, Lander, entre otros) los mayores ingresos que supuestamente podrían percibir las economías de los países en los que se ceba ahora con especial intensidad el sistema capitalista global en busca de commodities cada vez más escasas, no se contabilizan enormes “externalidades” tales como la pérdida de biodiversidad, el deterioro de ecosistemas y de los servicios y funciones ambientales que prestan, la desestructuración y paulatina disolución de culturas ancestrales, ni los recursos económicos que será necesario destinar para descontaminar los vectores ambientales (agua, aire, agua y suelo).

Según Maristella Svampa, las políticas de lo que ella denomina el neo-extractivismo progresista (en referencia a los gobiernos latinoamericanos de izquierda que adoptaron este modelo) deben ser reevaluadas, puesto que “en la medida en que no se ha realizado un balance objetivo que dé cuenta de los activos y pasivos que provocarán las nuevas explotaciones extractivas, la afirmación sobre mayores ingresos debe al menos relativizarse” (1). En realidad, la “maldición de la abundancia” a la que se refiere acertadamente Alberto Acosta (2) cuando describe la condena que sufren los países ricos en materias primas a vivir permanentemente en el esquema primario-exportador subordinado al metabolismo capitalista internacional operado desde los Estados centrales en co-gobernanza con las corporaciones transnacionales y los grandes organismos internacionales, se ha cumplido con su factura de profundización de las dinámicas uniformizadoras y ampliadoras de los cercamientos privatizadores del capitalismo global, incluso en aquellas circunstancias histórico-políticas más favorables a una posible ruptura con el orden económico imperante.

¿Pero es que de este balance catastrófico para las posibilidades de un desarrollo sustentable en América Latina y en el mundo no han sido conscientes los gobernantes de la región, en su mayoría progresistas y de izquierdas en el primer quinquenio? Todo tiende a hacernos pensar que sí lo han sido, pero que lo que ha operado aquí es la visión pragmática y sobre todo, lo que Marx llamaría la “subsunción bajo el capital”, y que Wolin ha descrito posteriormente como la gran simbiosis entre el capital y el Estado(3), convertido en gran empresa extractiva, y por la cual las nuevas élites políticas latinoamericanas, que eran en un principio en sus discursos y primeras acciones de gobierno radicalmente refractarias a constituirse en piezas subordinadas al engranaje global, acaban siendo cooptadas por y para la supervivencia del capital en una de sus fases críticas (que Harvey achaca más a la sobreacumulación de capital que a la sobreproducción de mercancías).

La pregunta aquí es obligada: ¿de qué nos sirven los Estados como propietarios (soberanos) de nuestros bienes comunes estratégicos cuando, cediendo el usufructo de nuestros territorios de manera prácticamente ilimitada a las grandes transnacionales, se convierten en meros administradores/legitimadores del pillaje? El avance de los grandes espacios de liberalización comercial y financiera, que ocurre actualmente bajo la forma de Acuerdos de Libre Comercio y de Inversiones (TTIP, CETA, TPP, etc), es tan sólo la expresión más mediatizada de las nuevas apuestas del cosmocapital para dar el golpe de gracia tanto a la soberanía de Estados (cuyas élites administrativas han sido vastamente cooptadas) como a los Derechos Humanos (en especial los económicos y sociales y ambientales) y al Derecho Internacional en general..

La pista de Odebrecht nos lleva por tanto hasta el verdadero meollo de la cuestión detrás del inmenso nubarrón de corrupciones: el expolio programado que se lleva dando en toda América Latina y en África por parte del entramado trans-estatal-corporativo, en perjuicio no sólo de las poblaciones donde se localizan los recursos extraídos sino, de manera agregada y en la asunción de nuestra cada vez mayor interconexión e interdependencia, del desarrollo sustentable de todas las sociedades.

Sin lugar a dudas, el espacio paradigmático de esa operación de expolio a gran escala es la Amazonía, y su puntal y mayor exponente ya operativo, la Iniciativa de Integración Regional Sudamericana (IIRSA). Un mega-proyecto iniciado justo a comienzos del milenio compuesto de centenas de proyectos viales, hidrocarburíferos, mineros, agro-forestales, hidrológicos y de ocupación y destrucción progresiva del ecosistema amazónico y las culturas que lo habitan que se ha desarrollado contra todas las advertencias científicas y sin consulta ciudadana alguna. La columna vertebral del IIRSA, la Carretera Interoceánica Brasil-Perú, ha tronchado ya por la mitad el que es el segundo mayor pulmón del planeta, su segunda reserva de agua dulce (quizás la primera, cuando se pueda calcular el volumen total de aguas subterráneas que posee) y su principal sumidero de carbono. Odebrecht, por cierto, empresa constructora de uno de sus tramos, pagó 20 millones de dólares al entonces presidente Alejandro Toledo para asegurarse la concesión.

Preparar nuestras sociedades para abordar una transición inteligente hacia una era post-capitalista (la transición forzosa será el colapso sistémico, ecológico y civilizatorio, que nos espera en caso de seguir sosteniendo el actual sistema) supone no sólo denunciar y actuar con toda la fuerza del derecho y de las movilizaciones sociales contra la inmensa tela corrupción, sino poner en cuestión el entramado de intereses geopolíticos y puramente crematísticos que la sostiene y la estira cada día más hacia nuestro colapso como especie.

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(1) SVAMPA, M., “Consenso de los commodities, giro ecoterritorial y pensamiento crítico en América latina” en OSAL Nº32, CLACSO, Buenos Aires, 2012.

(2) ACOSTA A., “La maldición de la abundancia”, Abya-Yala, Quito, 2009

(3) WOLIN, S.S., “Democracy Incorporated. Managed Democracy and the Specter of Inverted Totalitarianism, Princeton University Press, Princeton, 2008