A Abiy Ahmed se le da bien construir la paz. En menos de año y medio en el poder ha logrado poner fin a dos décadas de disputa con Eritrea, ha mediado en las crisis regionales de Sudán y Sudán del Sur y ha logrado que por primera vez desde 1970 no haya –al menos oficialmente– ningún grupo armado tratando de derrocar al Gobierno. Estos méritos, unidos a su agenda feminista y al apoyo de una comunidad internacional rendida a su política de privatizaciones, le han granjeado un premio Nobel de la Paz. Pero la ausencia de guerra no implica que haya paz. 

El pasado mes de junio, un intento de golpe de Estado liderado por un coronel liberado por el propio Ahmed en la amnistía decretada tras llegar al poder demostró que el equilibrio por el que camina la paz en Etiopía es frágil. Meses antes, el propio Ahmed sobrevivió a un atentado terrorista durante un mitin. La ‘Abiymania’ que ha conquistado las redes sociales y las portadas de la prensa internacional ha desatado, al mismo tiempo, los recelos en un Estado con más de 80 grupos étnicos que se debate entre dos formas de entender el país. 

Aunque constitucionalmente Etiopía se define como un federalismo étnico, el régimen tigray que gobernó el país desde que derrotaron al Derg comunista en 1991 impuso en la práctica un modelo centralista, Ethio-nacionalista, que primaba los intereses de una minoría que apenas supone el 6% de la población del país. Los agravios, principalmente por la expulsión de miles de campesinos de sus tierras, explotaron en 2015, cuando la comunidad oromo se levantó contra el plan de expansión urbana de la capital. Pronto se sumaron los amhara, juntos suman el 61% de la población, y otros grupos étnicos por todo el país.

Cuando la represión, utilizada durante décadas con el visto bueno de Occidente, se reveló insuficiente para contener el levantamiento, los líderes tigray dejaron caer al primer ministro Hailemariam Desalegn y acudieron a Ahmed, líder de la facción oromo que ejercía como oposición interna dentro de la coalición de cuatro partidos, la Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front (EPRDF), que controla el país. 

Hijo de madre ortodoxa amhara y padre musulmán oromo, Abiy Ahmed es un devoto cristiano pentecostal, un resumen de una personalidad camaleónica que le permitió hacer carrera como coronel y agente de inteligencia bajo el mando tigray. Ahmed apaciguó el país levantando el estado de emergencia, liberando a miles de presos políticos, avalando la libertad de prensa, permitiendo el regreso de figuras en el exilio –como la medallista olímpica Feyisa Lilesa– y negociando con grupos opositores como el Frente de Liberación de Oromo (OLF en inglés) y el Ginbot 7, considerados hasta entonces organizaciones ‘terroristas’. 

En un aplaudido movimiento, nombró a la histórica líder opositora Birtukan Mideksa máxima responsable de la Comisión Electoral que dirigirá el proceso democrático hasta los próximos comicios, previstos para 2020 y que se plantean ya como un plebiscito sobre el modelo de Etiopía propuesto por Ahmed. El primer ministro ha prometido entregar el poder si es derrotado en unas elecciones libres y justas, para lo que ha acordado con la oposición un pacto de buenas prácticas democráticas. 

Tildado de populista por sus detractores, Ahmed promulga desde su llegada al poder el modo medemer, un término amharico –la lengua mayoritaria del país– que alude a la unidad y a la capacidad de sumar, pero con el paso de los meses los guiños para contentar a todos se han tornado significantes vacíos: la connivencia con los tigray saltó por los aires con el arresto de varios altos cargos acusados de violaciones de los derechos humanos y posteriormente con expropiaciones forzosas de tierras en regiones tigray. Al norte la comunidad amhara, al sur guji y gedeo, y al este los somalíes han acabado también por levantarse contra el Gobierno. 

El resultado es que en 2018 Etiopía fue el país con más nuevos desplazados internos del mundo: en el último año y medio, la cifra ha aumentado un 75%. Aunque el Ejecutivo de Ahmed insiste en que la emergencia está controlada, sobre el terreno acusan a las fuerzas estatales de obligar a los desplazados a retornar a sus territorios por la fuerza. 

Como ha hecho históricamente con un país clave para la estabilidad de una de las regiones más volátiles del continente, la comunidad internacional cierra los ojos ante algunos excesos, incluido el arresto el pasado septiembre de 3.000 jóvenes acusados de incitar la criminalidad o sus injerencias en un sistema judicial politizado. En cambio, se centra en sus logros: su inequívoco compromiso feminista, plasmado en la elección de Sahle-Work Zewde como presidenta del país y en el nombramiento de un Gabinete paritario, y, sobre todo, en su audaz movimiento para poner fin al conflicto con Eritrea. 

Tras más de dos décadas de disputa territorial, Ahmed sorprendió al mundo en julio de 2018 con un acuerdo de paz que ha permitido restaurar las relaciones diplomáticas y la conexión aérea y telefónica, pero que mantiene la frontera terrestre todavía fuertemente militarizada. Amparado por Estados Unidos, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, Ahmed ha ampliado su perfil como mediador internacional en conflictos como los de Sudán y Sudán del Sur. 

Su liderazgo personalista, capaz de pasar por encima de las instituciones y de sus propios compañeros de Gobierno, alimenta los recelos ante un modelo autárquico de poder con demasiados ejemplos en África. Hasta la fecha, su política económica, basada en la privatización de sectores claves como la energía, el transporte o las telecomunicaciones, ha dado grandes réditos macroeconómicos, pero mantiene a casi una cuarta parte del país viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Una realidad que, más allá de las disputas étnicas y la contienda que asoma con Egipto por las aguas del Nilo, puede oscurecer el futuro que traza el Nobel de la Paz.

Zahra lleva tanto tiempo aquí, entre las calles abigarradas, sucias, que ya no sabría decir cuál es su verdadero Mogadiscio. Si el que dejó atrás, en Somalia, siendo un niña o este sucedáneo levantado al este de Nairobi en el que han crecido sus tres hijos.

Aquí, en el 'Little Mogadisho' [pequeño Mogadiscio] al que desde los años 90 no han parado de llegar las víctimas de la violencia en Somalia, se habla alto, casi gritando, se come carne de cabra y estofado de camello en el Kilimajaro Food Court y se masca khat con la misma ansiedad que en cualquier puesto del mercado de Bakaara.

Aquí tampoco falta hambre –“lo que nos da Acnur apenas llega para comprar tomates, arroz y maíz”–, pero se muere menos: “Somalia me da miedo”, continúa Zahra. “No podemos volver, mi tía lo intentó hace unos meses y la mataron”.

Eastleigh es hoy el hogar de 200.000 personas de origen somalí. Algunos tienen la nacionalidad keniana, otros son refugiados, otros muchos son migrantes en situación irregular, pero todos han encontrado en la barriada un negocio con el que salir adelante. Zahra tiene un puesto ambulante de venta de mandazi, un pan frito muy habitual en los desayunos. “Con eso y lo que nos da Acnur vamos tirando los cuatro”, asegura.

Los negocios del barrio, según su asociación de comerciantes, la Eastleigh Business Community (EBC), generan un volumen anual de 2,9 billones de chelines (alrededor de 24,5 millones de euros), casi un tercio de todo lo que se factura en Nairobi. Aerolíneas que conectan el Cuerno de África, como East Africa, African Express o Juba Airways, tiene su sede y sus dueños aquí. Compañías de autobuses, como Maslah, Ocean Bus Services o Gataway, ofrecen rutas por toda Kenia y enlaces con los principales campos de refugiados plagados de compatriotas somalíes: Dadaab y Kakuma.

Pero este dinero no se queda aquí. Como otras muchas barriadas, Eastleigh es, sobre todo, un epicentro de la economía informal. De la somalí y de la de una parte de Nairobi. De los hawala, que transfieren el dinero de un país a otro al margen del sistema tradicional de bancos, a los constructores que levantan viviendas informales a ambos lados de Juja Road, la carretera principal que conecta el barrio con el resto de la ciudad. Negocios multimillonarios en los que los habitantes del barrio ejercen mayoritariamente de clientes, pero cuyos beneficios acaban en manos de la diáspora, cada vez más poderosa e influyente en la región.

Esta “juega un papel muy importante, tanto por el envío de remesas como por las inversiones que realizan por toda Somalia”, explica el catedrático en antropología africana de la Universidad de Bristol y autor del libro Diáspora, comercio y confianza: Eastleigh, el “Pequeño Mogadiscio” de Nairobi, Neil Carrier.

Detenciones arbitrarias y redadas

El estrecho vínculo del barrio con un país que se desangra tras veinticinco años de conflicto armado ha puesto en el punto de mira a sus vecinos. Desde que en 2011 las tropas kenianas se desplegaran en Somalia para combatir al grupo terrorista Al Shabab y especialmente desde que el movimiento afiliado a Al Qaeda contestara con un ataque terrorista en Nairobi que dejó 67 muertos, las redadas, las detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales son cada vez más frecuentes.

“Los abusos policiales han ido más allá en las operaciones antiterroristas: los medios locales han estado informado regularmente sobre homicidios y desapariciones de jóvenes en barrios de bajos ingresos sin que se haya rendido cuenta por estos excesos”, señala el investigador de Human Rights Watch, Otsieno Namwaya.

“Muy poca gente en Eastleigh tiene algo que ver con los piratas o con los terroristas”, sostiene Carrier, pero el estereotipo ya ha calado en la sociedad, singularmente tras el estreno en 2015 de Eye in the Sky, un thriller bélico en el que los radicales de Al Shabab se refugian en la barriada.

Desde entonces, la vida de Sadia y Hamamud, seis niños a su cargo cada una –aunque los de esta última son de su hermana, fallecida en Somalia–, es si cabe más complicada. Allí huían de los radicales. Aquí de los excesos de la Policía. Y de los hombres, a veces sus propios maridos, que pagan con ellas su frustración: como el resto de barrios empobrecidos de la capital, Eastleigh es uno de los epicentros de la violencia sexual en Kenia.

Los oromo etíopes, los penúltimos en llegar

Aunque los terrenos pertenecen a una congregación cristiana, la mayoría de las personas aquí son musulmanas. Todas mujeres –y niños–. La ONG Hesed, socia local de la española Farmamundi, ha organizado una jornada de vacunación y asistencia sanitaria primaria. El sarampión, la polio y las enfermedades respiratorias son demasiado frecuentes. Pero el verdadero enemigo es la malaria. Y la desnutrición.

“Mi hija no puede más. Necesita ayuda”, repite Habiba, cuatro hijos a su cargo y dos más que se llevó la guerra en Somalia. Aysha, sentada al fondo del banco, debajo de la ventana, con el velo protegiéndole la garganta, tiene un problema de neurofibromatosis que le impide respirar. Un informe médico del hospital lo avala, “es un caso de emergencia”, pero no hay recursos para tratarla.

El barrio está desbordado. Desde marzo y hasta el nombramiento de Abiy Ahmed como nuevo presidente en Etiopía, alrededor de 10.000 refugiados oromo, etnia a la que pertenece un tercio de los habitantes del país que acarrea a nivel histórico la marginación de la vida política y social, han atravesado la frontera. “Allí han quedado dos de mis hijos. No he vuelto a saber de ellos”, asegura Halimba, demasiado joven para tener siquiera un solo vástago.

A su lado, otra joven de su mismo pueblo muestra las heridas que le dejó la huida de Etiopía. Y el dolor desconsolado de no poder alimentar a sus dos hijos. “Solo tenemos para comer ugali –un plato tradicional a base de harina de almidón– una vez al día”. El pequeño, de seis años, tiene desnutrición. La pequeña, de cuatro, por ahora no.

Los oromo son los penúltimos en llegar. La última oleada procede de Yemen. “Más que 'Little Mogadisho', podrían llamarlo ya 'Little Oromía' o 'Little Saná”, bromea uno de los líderes civiles del barrio. Históricamente, Eastleigh ha sido testimonio arquitectónico de las migraciones en el cuerno de África. De los indios de Goa, que se asentaron junto a la iglesia de Santa Teresa, a la llegada de los kikuyos, la etnia mayoritaria en Kenia, de Kiambu.

“Los sobrenombres con los que se conocía a Eastleigh reflejan la historia de la migración en África Oriental y en Kenia. También los nombres de las calles: en la época colonial era nombres muy británicos que luego se volvieron indios con el tiempo y tras la independencia fueron africanizados”, resume Carrier.

A partir de los 90, llegaron los somalíes. Primero desde Garissa. Después desde Mogadiscio y todo el valle del Shabelle. “¿Volver a Somalia?”, se pregunta Sadia, “yo lo que quiero es ir a América”. Mientras, lo único que les queda es Eastleigh.

No hay ojos más tristes en este campo de Somalia que los de Ebba. “Aquí los niños se mueren diariamente de hambre”, dice la mujer cuando habla del campamento de Waliyow, a apenas unos cientos de metros del Palacio presidencial de Mogadiscio, donde hace ya más años de los que puede recordar fue a parar su familia huyendo de la violencia de Al Shabab. Ebba detalla el tiempo que, relata, transcurre hasta que a otro de los chiquillos que corretean por la barriada se le apaga la mirada.

Según Acnur, la mortalidad infantil en los campos de desplazados está “seis veces” por encima de una media que ya es una de las más altas del mundo: 137 niños por cada 1.000 nacimientos.

Tras más de veinticinco años de conflicto armado, en Somalia han aprendido a vivir sin esperar: no esperan la lluvia ni la paz. Mucho menos noticias de sus muertos. Porque, para Ebba, los que quedaron atrás, en Barawe, en la costa de su infancia, están muertos. Muertos en vida o muertos en la memoria.

La vida nunca fue fácil en el sur de Somalia. Pero, al menos, en Barawe había buenas faenas para los pescadores y la cosecha era abundante en maíz, patatas y mangos en los campos del valle del Shabelle. “Aquellos eran buenos tiempos en los que podía alimentar a mi familia”, afirma Ahmed Alasar, otro de esos habitantes de Waliyow a los que obligaron a dejar de esperar a los vivos. A él la desmemoria que dibujan las guerras le llegó hace diez años, meses después de que la Unión Africana desplegase en Somalia su misión militar, la AMISOM, para derrotar a la Unión de Tribunales Islámicos que se había hecho con el control de Mogadiscio.

En su retirada a las comunidades rurales del valle del Shabelle, el brazo militar de los extremistas, que años más tarde se daría a conocer internacionalmente como Al-Shabab, filial de Al Qaeda en el cuerno de África, impuso el olvido a los disidentes. A Ahmed le dispararon a quemarropa: una mancha oscura, la sombra tirante de una cicatriz, es toda la memoria que le queda.

Como él, fueron miles los somalíes que huyeron de sus casas a consecuencia de la violencia. Más de dos millones. Alrededor de 800.000 personas encuentran refugio en países como Kenia, Etiopía o Yemen, pero la mayoría se quedó atrapada en el horizonte de plástico de los campos de desplazados internos que jalonan el sur de Somalia.

Evolución del número de desplazamientos internos en el país

Fuente: Acnur

El hambre, el pan nuestro de cada día

En Waliyow la gente tiene hambre. Mucha. “Sólo comemos una vez al día”, se lamenta Khadr Abdi Ismail. Hace tres meses que no consigue trabajo y el Gobierno de Mohamed Abdullahi “Farmajo”, que ni siquiera tiene el control del territorio, no tiene recursos para ayudarlos.

La autoridad del Ejecutivo federal no alcanza más allá de las fronteras militares delimitadas por las conquistas de la AMISOM. El resto del país está en manos de los clanes y las milicias tribales. Al norte, en el antiguo protectorado británico, Somaliland reclama el reconocimiento internacional a una independencia de facto, mientras en Hoybo son los piratas los que imponen su ley. En este vacío de poder, los yihadistas se han adueñado de su propio espacio: el ISIS al norte, en Puntland, y al Shabab en el valle del Shabelle. 

En pleno centro de Mogadiscio, la filial de Al Qaeda sigue contando con un importante control del territorio. “En diez minutos podrían presentarse aquí”, explica el enlace de prensa de la AMISOM. Poco importa que dos blindados cargados con soldados permanezcan vigilando la entrada a Waliyow. Dos días después de estas entrevistas, a menos de cuatro kilómetros de este campo desplazados internos, un camión bomba explotó en el K5, una concurrida zona de Mogadiscio llena de restaurantes y edificios gubernamentales, causando 512 víctimas mortales y 316 heridos.

Un millón desplazados internos en Somalia en 2017

Desde hace unos meses, los bombardeos de los drones norteamericanos y las operaciones de la AMISOM en el valle del Shabelle se han intensificado y con ellos el flujo de desplazados: 1.062.000 en lo que va de año, según Acnur. Dos años sin lluvias no han hecho más que agudizar una “crisis humanitaria sin precedentes”, que lleva gestándose desde 2011, cuando la hambruna dejó más de 250.000 muertos, asegura la organización International Crisis Group.

Evolución de los refugiados somalíes en otros países

Fuente: Acnur

Como entonces, guerra y sequía van de la mano en el cóctel maldito somalí. Sin lluvias en Deyr (octubre-diciembre) ni en Gu (abril-junio) la agricultura de subsistencia ha desaparecido, el precio de los cereales y el maíz se ha duplicado, el kilo de arroz ronda los 4 dólares y los rebaños han ido menguando hasta casi desaparecer. El resultado: 6,2 millones de personas, casi la mitad de la población del país, necesita asistencia humanitaria y 2,9 millones se encuentran en riesgo de hambruna.

Refugiados somalíes por país de asilo

Fuente: Acnur

La ayuda no llega. Los fondos de la cooperación internacional solo alcanzan el 44% de los 118,7 millones de dólares requeridos y lo que hay apenas puede ser distribuido: tras su derrota urbana de 2011, Al-Shabab ha cortado cualquier relación con las ONG, también con las entidades musulmanas, e impide que la asistencia humanitaria llegue a sus territorios: incluso ha emitido un edicto en el que advierte a los ciudadanos de que no acepten limosnas de “cruzados y apóstatas”, en alusión a las organizaciones extranjeras y al Gobierno federal.

Cuando tratan de huir o cuando se acercan a los soldados de la AMISOM en busca de ayuda, son hostigados o detenidos. En su delirio, comenta uno de los uniformados desplegados en la base avanzada de Arbiska, en pleno valle del Shabelle, han llegado a destruir algunas infraestructuras de abastecimiento de agua. Para frenar el éxodo de refugiados, Al-Shabab ha puesto en marcha su propio sistema de ayudas: proporcionan ganado, alimento, agua y hasta dinero a los vecinos afectados por la sequía.

Pero a rincones como este, Waliyow, no llega nada. 

Al cielo de las guerras no le gusta la lluvia. Al menos no la lluvia tranquila que riega los pastos y humedece las gargantas. La lluvia de las guerras es violenta: cuando cae, solo sabe arrasarlo todo. Cuando huye, se lleva consigo alientos. Antes de que la guerra volviese a Juba, porque la guerra en Sudán del Sur nunca ha terminado de irse, a Betty le encantaba la lluvia.

La lluvia que reverdecía las cosechas y las ganas de seguir bailando. Ahora que vive de prestado en la vecina Uganda, a Betty le cuesta mirar al cielo. De donde caían las bombas ahora caen los mosquitos cargados de malaria. Más todavía le cuesta mirar al suelo. A cada pisada, este se resquebraja y por hondo que perforen allí ya no queda agua. Ni para lavar. Ni para cocinar. Ni siquiera para beber.

En su nuevo hogar, un bohío en el que las lonas de ACNUR son incapaces de aliviar el bochorno, solo hay un lujo: una silla de plástico azul en la que sentarse por turnos a disfrutar del trampantojo que el sol dibuja cada tarde al ocultarse sobre la última de las colinas que vallan la dehesa.

El resto de sus pertenencias, un vestido de flores rosas y unos pendientes blancos, las lleva siempre encima. Pero lo que realmente más le preocupa a Betty esta mañana, como todas las mañanas desde hace casi un año, es que de la garrafa amarilla de la que ya se desprendieron las letras caiga un poco más de agua. Solo un poco más. Lo suficiente para lavarse las manos.

Un millón de refugiados sursudaneses en Uganda

En Rhino, como en Bidi Bidi, en Impevi o en cualquiera de la otra decena de campos de refugiados del norte de Uganda, apenas hay agua. Desde que se recrudeció el conflicto en Sudán del Sur en diciembre de 2013, el país fronterizo se ha convertido en el lugar de acogida de más de un millón de sursudaneses.

“La cantidad recomendada –por la Organización Mundial de la Salud– son 20 litros, pero aquí no llegan ni a cinco”, alerta Yves Lyre Marcellus, coordinador del programa de asistencia de Médicos Sin Fronteras (MSF) en la zona.

–“¿Agua? ¿Aquí?”— Se ríen dos jóvenes junto a la entrada de uno de los centros de atención primaria del campo.

A diferencia de otros muchos países donde los refugiados permanecen confinados en campos y no puede trabajar legalmente, Uganda ofrece a los recién llegados la oportunidad de una nueva vida: un pequeño terreno, dispuesto para cultivar y levantar un vivienda; libertad de movimientos, posibilidad de trabajar y acceso a los servicios básicos de educación primaria y asistencia médica.

En poco más de un año, lo que sólo eran pequeñas aldeas de agricultores se han convertido en inmensas “ciudades de sombra” a las que durante los meses de primavera llegaban a diario más de 2.000 personas.

Aunque en las últimas semanas la presión migratoria se ha reducido, más de 20.000 personas huyeron a Uganda a lo largo del mes de junio. Siguen siendo más de 600 al día, lo que sitúa a Sudán del Sur como la crisis de refugiados que más crece en el mundo. De hecho, el país africano es ya, tras Siria y Afganistán, el tercer lugar del planeta del que huye más gente.

Más del 80% son mujeres, niñas y niños

“Nosotros llegamos hace un año desde Juba. Allí la situación es muy mala”, traduce Tadeo, el mayor de los varones de la familia. Es todavía menor de edad. “Si te fijas aquí la mayoría son mujeres y niños. Los hombres cruzan la frontera con ellos, pero después se vuelven a Sudán a luchar”, comenta uno de los trabajadores de MSF.

Del más de un millón de refugiados sursudaneses acogidos por Uganda, más del 80% son mujeres, niñas y niños. Los propios campos, 13 en total, tres de ellos -Palorinya, Imvepi y Palabek Ogili- abiertos desde diciembre, están distribuidos en función de su configuración sociológica: las letras que identifican a las zonas reservadas a los menores no acompañados y a las familias sin varones son las primeras en ser atendidas.

Porque, desde hace meses, los recursos que llegan al norte de Uganda son muy escasos. La ración mensual de harina de maíz ha pasado, según el relato de algunas familias, de 15 a 1,5 kilos por persona y son cada vez más los que se desesperan mientras aguardan el reparto de las organizaciones humanitarias.

“Llevamos aquí varios días y no hay comida”, grita un joven que se hace llamar Obama desde una fila del campo de Impevi de la que sobresalen una retahíla de manos estiradas y cuencos vacíos: la tasa de desnutrición entre los menores de cinco años alcanza ya el 14,2%, apenas a unas décimas de lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificaría como situación crítica.

El actual ritmo migratorio requiere un esfuerzo humanitario que sobrepasa, sólo en Uganda, los 350 millones de dólares, pero los fondos actuales apenas cubren el 34% . El Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés) ya se vio obligado en mayo a reducir las raciones de cereales y sus reservas se están agotando: si no llegan más ayudas, será imposible seguir atendiendo a los recién llegados. “Estamos en un momento crítico. Uganda no puede afrontar sola la mayor crisis de refugiados en África”, alertaba ya en marzo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi.

La esperada llegada del tanque de agua

Aunque la sombra solo cubre una de las porterías, en el campo de Rhino, que más bien es ya una ciudad con sus ultramarinos, sus tiendas de ropa y sus peluquerías, los chicos ya empiezan a repartir los equipos. A Oscar, que no se llamaba así pero no quiere que lo llamen de otra manera, le gustaría ir a jugar con la camiseta del Chelsea sobre su espalda menuda. A regatear piedras y rivales sobre la arcilla seca. “Pero hoy no puedo. Tengo mucha tarea”. Betty lo mira orgullosa.

Después de todo, al menos los niños pueden estudiar. La escuela, un pequeño barracón al otro lado del saque de banda, se ocupa de los críos por las mañanas. El fútbol lo hace por las tardes. Y solo el traqueteo de un camión interrumpe el partido.

—“¡Heeey!”

Algunos en sandalias, los demás descalzos, corren al encuentro del tanque de agua. Cuando por fin alcanza la tubería instalada junto a uno de los depósitos instalados por el Danish Refugee Council, una retahíla de garrafas amarillas como las de Betty y su familia esperan para ser llenadas.

—¡Yeee!—responde varios niños y dos madres al sentir el agua fresca golpear el plástico.

“El mayor problema que tenemos es el del agua. No es suficiente para lavar los  y para beber”, insistirá Betty cuando vuelva con la garrafa llena. “Tres veces al día tenemos que subir hasta la bomba –situada justo enfrente del centro de atención de MSF– para coger agua”.

Hay días, como hoy, en los que ni siquiera allí la encuentran. No queda otra, entonces, que recorrer el campo, la ciudad de los refugiados, en busca de agua.

En esta época del año, el suelo está demasiado árido. El río que baña la parte baja del campo se ha evaporado y el suministro de agua depende de los camiones cisterna: “Y eso no es rentable a largo plazo. Ni siquiera la ONU lo va a poder mantener”, subraya Yves. La factura mensual asciende a 400.000 dólares.

Durante semanas, además, el abastecimiento no es regular. “Si eres afortunado recibes seis litros, si no tres. O nada”, sentencia, sin dejar de intentar borrar el sudor de su rostro, el responsable de MSF. El calor resulta insoportable.

Son muchos los que no logran sobrevivir. A Uganda los refugiados llegan extenuados, con el estómago lleno de parásitos y la conciencia quebrada por los horrores: han visto bombardeos, ejecuciones y agresiones sexuales, mas también familias incapaces de sobreponerse a una hambruna que, si bien ha sido rebajada, ha dejado a más de seis millones de personas en riesgo de inseguridad alimentaria.

A los cuerpos huidos, enflaquecidos pero todavía capaces de seguir peleando, los acaba de vencer a menudo la lluvia de la guerras. Porque cuando cae, furiosa, lo enfanga todo. Y lo que antes era un secarral se convierte de pronto en alimento para los mosquitos y su malaria. También para la diarrea y el cólera. “En época de lluvias el riesgo de malaria se multiplica por tres”, apunta Yves. Por eso, MSF lleva semanas repartiendo mosquiteras. Más de 40.000. A ver si son suficientes.

Todo sería más fácil si hubiese agua. Agua de la lluvia tranquila. Como la que alegraba los domingos de Betty en Juba. Porque con ese agua el río bajaría repleto y de los grifos brotaría lo suficiente para llenar un centenar de garrafas. Y otro más si hiciese falta. Pero como el cielo de las guerras parece empeñado en seguir ensañándose con los atardeceres de esta franja del ecuador. A Betty, a Oscar y a los pequeños que disparan penaltis para decidir el ganador del partido no les queda más futuro que el que pueda ofrecerles la bomba que acaban de instalar río arriba.

El nuevo entramado de ocho kilómetros de tuberías, casi una veintena de fuentes y pozos y media docena de depósitos está ya listo. 400.000 metros cúbicos al día que abastecen a 21.000 personas. En principio debería haber sido suficiente para atender a casi la mitad del campo, pero Rhino ha multiplicado su población hasta los 86.770 refugiados. Demasiadas gargantas para la lluvia de la guerra.

En un barrio en guerra, cuando no mueres, matas. Por eso, Christian, el joven que inventó una tregua en La Limonada, una de las comunidades más peligrosas de Guatemala, lleva a la virgen en el pecho y una bala en su espalda. Síntesis vital: plomo y perdón.

Hace siete años, la lucha entre la maras lo ató para siempre a una silla de ruedas. “Aquella bala tenía nombre”. Christian García entendió que entre el cielo y el infierno había una salida: evitar que más nombres como el suyo engordasen la lista negra de las pandillas.

En toda la mañana no se ha escuchado ni un balazo y en el barrio andan preocupados. Lo habitual en este horizonte de callejuelas herrumbrosas es que las semanas se cuenten por balaceras. La pasada hubo tres. Y dos muertos. Uno de ellos, Josué, de 15 años, era amigo de Christian.

“Aquí sabemos que en cualquier momento puede pasar algo”,  avisa un muchacho a la entrada de La Limonada. Aunque no es El Gallito ni la zona 18, sigue siendo una de las barriadas más peligrosas de la capital de Guatemala. Una favela dividida en dos: la mitad pertenece al Barrio 18. La otra mitad, a la Mara Salvatrucha.

A esta hora, tras el almuerzo, La Limonada parece un lugar tranquilo. Un grupo de chiquillos corretea por la rampa recién asfaltada mientras sus hermanas mayores palmean las últimas tortillas –el plato de maíz típico del país– de la plancha. Por el cerro, sus madres, o las de otros como ellos, remontan la montaña que las separa de su jornada en el servicio doméstico de algún barrio adinerado. En Cayalá o en la zona 10.

Aunque apenas un paseo de veinte minutos aleja la barriada del centro histórico, la ciudad vive de espaldas a ellos. “Por aquí no vienen los presidentes”, ni el que está en prisión por corrupción ni el que tiene a su hijo y a su hermano investigados, bromea uno de los vecinos con una sonrisa tan seria que se vuelve contagiosa.

Aquí, entre los techos de chapa, las paredes marcadas y esa tormenta oscura que asoma al otro lado de la ladera, “la vida no es fácil” para ninguno de los 60.000. Solo hay una escuela con capacidad para menos de cien alumnos y, si se ponen enfermos, los vecinos tienen que salir del barrio en busca de atención médica, porque ni siquiera la tienen garantizada.

“Cuando ocurrió lo de Christian”, recuerda su madre hablando sin hablar de aquel día en el que una bala le atravesó la espalda, “no lo querían atender porque tenía tatuajes. '¡Que se muera!', decían”.

Adentro tampoco hay trabajo y deben mentir sobre su lugar de residencia para conseguirlo fuera. Nadie contrata a los chicos de La Limonada. Como tampoco a los del Gallito ni a los del asentamiento del basurero. “La falta de oportunidades de los padres es la causa por la que las familias no puedan acceder al sistema de educación, salud y alimentación. Entonces los muchachos se ven obligados a delinquir”, explica la trabajadora social Madely Amézquita.

Eso lo saben las maras, expertas en ejercer todos los papeles: son a la vez la familia que protege, los amigos que entienden y el Estado que provee. “A los chicos les dan un porcentaje de las extorsiones. Así los captan”, resume David.

La tregua de don Otto

“Qué tranquilo se ve ahora” el barrio, vocifera Otto García, “don Otto”, como todos le llaman aquí, desde su atalaya, un pequeño estudio de veinte metros cuadrados en el que se cosen zapatos y almas. “Pero no te fíes, de repente se empiezan a escuchar las sirenas de las ambulancias”.

Desde los años 90, cuando miles de centroamericanos comenzaron a ser deportados desde Estados Unidos, el fenómeno de las maras no ha dejado de crecer en el Triángulo Norte. Las pandillas se hicieron con el monopolio de la violencia que abandonaban el Ejército y la guerrilla tras décadas de conflicto armado interno y convirtieron su mandato en un reinado de la extorsión. Hasta las prostitutas tienen que pagar hoy el impuesto.

Pese a los esfuerzos policiales, cada semana son más los chicos que se unen a estos grupos. Solo en El Salvador –donde el Gobierno del excomandante guerrillero Salvador Sánchez Cerén mantiene desde 2015 una guerra declarada contra el movimiento pandillero que se ha cobrado la vida de más de 5.000 personas en el último año–, se estiman en más de 60.000 los miembros del Barrio 18 y la MS-13.

Cifras propias de países en guerra

Las cifras de asesinatos están disparadas en la región. 14.870 en 2016. En El Salvador, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes es de 81,7; en Honduras de 58 y en Guatemala, de 27,3. Números de países en guerra.

Y esto podría ser solo la víspera de lo que está por venir. Si la Administración de Trump ejecuta su controvertida política migratoria, el Triángulo Norte se convertirá en una bomba de relojería: llegará una nueva remesa de jóvenes desarraigados en un territorio donde las cifras de pobreza rondan entre el 30% y el 60%. El caldo de cultivo perfecto para que las pandillas encuentren en los barrios marginales un nuevo caladero de chicos dispuestos a seguir librando la batalla a tres: entre ellos y contra el Estado.

En La Limonada saben lo que duelen las luchas fratricidas. Aquí, en la barriada de los cielos oscuros y las coladas de colores, vivir significa matar para seguir viviendo. “La vida está empeorando por la violencia”, asegura David, quien ya, rondando los 50, ha visto demasiados muertos como para seguir sonriendo. De uno y otro bando. Números y Letras.

A diferencia de otras barriadas, convertidas en bastión de la 18 o de la Salvatrucha, La Limonada es un territorio en disputa: hay huellas de balas y pintadas en las paredes. Cada esquina es un punto de no retorno. “Hay una fuerte rivalidad –entre las pandillas– y la gente es la que paga las consecuencias”.

A él le pasó hace siete años. Por aquel tiempo, Christian frecuentaba a los muchachos de la mara. Igual que lo había hecho su padre. Igual que lo hacían todos sus amigos. Un día, quizá el más inesperado de los días, le alcanzó el tiroteo.

“Yo me lo busqué”, sentencia desde el sofá acharolado que es hoy su ventana al mundo. “Esa bala tenía nombre”, añade don Otto.

A Christian la bala le quebró la espalda. Ya nunca más podría caminar. Pero al menos estaba vivo. El médico que lo atendió dijo que no duraría más tres días, pero Don Otto, que como todos los que viven sobreviviendo no entiende de resignaciones, se lo llevó a casa. “Con los cuidados de la familia y la ayuda de Dios se salvó”. Una retahíla de vírgenes con mantos marrones, azules y dorados y de peluches también marrones, azules y dorados atestiguan las plegarias de aquellos días.

Le queda de entonces doce llagas que le laceran el habla, una gorra de los New York Yankees y la pasión por los tatuajes. Hace unos años, con una rasuradora, una batería, un botón de camisa, un lapicero y las cuerdas de una guitarra construyó su propia máquina para tatuar. Aún la guarda en un cajón de su improvisado despacho, junto al microondas y las tazas de café. “En el futuro le gustaría tener su propio estudio de tatuaje”, apunta don Otto.

“A los que vienen aquí los respetan”

Hace tiempo que don Otto ha aprendido a entender los silencios de Christian. Es su propia tregua. “Queremos evitar que otros niños sufran lo que él ha sufrido”. Por eso crearon hace siete años una fábrica de calzado, Calzado Limonada, para dar una oportunidad a los chicos del barrio. Si creen en el futuro, quizá dejen de odiar el presente.

Por el taller de don Otto –apenas dos estancias de paredes desnudas en las que huele a pegamento, el mismo que muchos de los chicos acaban esnifando junto al riachuelo nauseabundo que atraviesa el barrio–, han pasado decenas de jóvenes. Algunos salen adelante, otros, como Josué, vuelven a las redes de las pandillas. Y casi todos acaban muertos.

Es cosa suya, aclara el patriarca de los García, “a los que vienen aquí los respetan. Saben que están intentando rehacer su vida”. Es la tregua de los zapatos: a los chicos de don Otto no los tientan las maras.

Aquí la jornada empieza a las nueve, pero todos, el diseñador, el aprendiz, los de la horma y los hijos de don Otto, están en casa media hora antes, para el desayuno. Allí, en las tres alturas atestadas de santos y colchones húmedos, duermen nueve y comen quince.

Al mes sacan alrededor de 400 pares. Hubert, el diseñador que aprendió de la necesidad, dibuja las colecciones. Las corta y las envía a los de la horma. Eso es tarea de don Otto y de los chicos. A Christian y a Jorge, otro de los García, les queda comprobar que todo esté bien. El control de calidad. Hoy mismo tienen entrega, 376 pares para la compañía estadounidense Root Collective. Pero ya está casi todo listo, anoche terminaron de trabajar de madrugada. Afuera se escucha el eco de las balas perdidas.

A don Otto, que en esta vida ha sido árbitro, imitador íntimo de el Buki y superviviente, hubo un día que se le volvió a partir el alma. Hacía poco que había pegado los trozos que le quebraron cuando dispararon a Christian.

Iba por la calle, por una de esas calles tatuadas de La Limonada, cuando se cruzó con tres hermanos. Era la hora del almuerzo y el mayor llevaba un mendrugo de pan para comer. “Lo repartió, un pedazo para cada uno, pero luego el mediano se le acercó: 'Me va a dar hambre', le dijo. Así que el mayor tomó su parte y la partió en dos”. A don Otto no se le va esa escena de la cabeza. Los niños, en la Guatemala del siglo XXI, siguen pasando hambre.

Con el dinero que consigue del calzado, don Otto organiza cada jueves un comedor social. 35 comidas, 20 niños y 15 adultos. “No tenemos para más”, confiesa. En cada celebración especial, como en fin de año, “armamos una gran fiesta”. Payasos, música y fuegos artificiales. Lo que sea necesario para que por una noche el hambre no le robe los sueños a los niños de La Limonada.