La COP 27 finalizó el pasado mes de noviembre con grandes lagunas para afrontar la lucha contra el cambio climático. Los países no llegaron a un acuerdo para poner fin al uso de combustibles fósiles, lo cual hace cada vez más difícil alcanzar los objetivos climáticos. Sin embargo, sí hubo un acuerdo histórico para el desarrollo de un fondo de ´pérdidas y daños´. El acuerdo solo menciona la creación de este fondo, pero no quién y cómo lo financiará, cuestión que queda pendiente para la próxima COP y de la que se ocupará un grupo de trabajo hasta entonces. La pregunta que queda abierta entonces es: ¿cómo deben distribuirse las responsabilidades de compensar a las y los afectados por el cambio climático? Los países más vulnerables han apelado repetidamente a un principio de responsabilidad histórica. Esto es, han reclamado que los países más contaminantes deben asumir responsabilidades por el daño que han causado. Aquí expongo algunos de los obstáculos y alternativas para defender la aplicación del principio de responsabilidad histórica.

La literatura sobre justicia climática ha recibido este principio con escepticismo, apoyando así las resistencias de los países más contaminantes a asumir sus responsabilidades históricas. En primer lugar, aplicar la noción de responsabilidad y, más en concreto, de responsabilidad moral, resulta difícil por dos razones. Primero, se ha argumentado que los países contaminantes no son moralmente responsables de las emisiones emitidas antes de 1990, año en el que se publicó el primer informe del IPCC. Esto es así porque hasta la publicación de ese informe no existía suficiente consenso científico como para que se fuera consciente de los efectos negativos de las emisiones de efecto invernadero. Pero ¿qué hay de las emisiones después de 1990, aproximadamente la mitad de las emisiones totales? También aquí existen algunas complicaciones. Aparte del conocimiento disponible, las atribuciones de responsabilidad moral dependen también de las alternativas disponibles que uno tenga. Sin embargo, nada más conocer los efectos negativos de las emisiones de efecto invernadero, hubiera sido económica y socialmente muy difícil transitar hacia sociedades de bajas emisiones de manera rápida. De acuerdo con este razonamiento, no sería hasta hace relativamente poco cuando los países pueden ser considerados moralmente responsables por no haber hecho esta transición antes. Por tanto, un principio de responsabilidad histórica parece tener poco alcance para la recaudación de fondos para compensar por los daños y pérdidas generadas por el cambio climático.

Uno podría pensar que esta forma de entender la responsabilidad moral por los daños históricamente generados es demasiado estrecha y no termina de captar las intuiciones ampliamente compartidas acerca de quiénes y por qué deberían compensar por los daños climáticos. Pero ¿cómo justificar esta intuición? La clave está en entender la responsabilidad no como derivada de haber incumplido, a sabiendas o por negligencia, ciertas normas morales, sino como el deber de un agente de responder a ciertas razones morales. El ejemplo clásico es el del padre que promete a sus hijos llevarles a la playa, pero le sobreviene una emergencia que tiene que atender y no puede cumplir su promesa. Las razones que el padre tenía para llevarles a la playa (hacerles pasar un buen rato, por ejemplo) quedan insatisfechas. Estas razones, de acuerdo con este argumento, darían lugar al deber de compensar a sus hijos, bien llevándoles a la playa en otro momento, bien de otra manera. Esto es así incluso si el padre hizo bien en atender esa emergencia, o incluso si no pudo llevarles a la playa por otros motivos de fuerza mayor.

¿Cómo se aplicaría esto al caso del cambio climático? En este caso, existen razones morales de carácter universal para no emitir cantidades elevadas de gases de efecto invernadero. Esas razones se sustentan en la capacidad de estos gases de infringir derechos humanos como el derecho a la vida, a la salud y a la subsistencia. Dado que los derechos humanos son universales, esas razones también lo son. Esto es, las razones que uno tiene para no llevar a cabo acciones que infrinjan los derechos humanos de otros individuos se encuentran siempre vigentes, con independencia del conocimiento que uno tenga sobre los efectos de las propias acciones sobre los derechos humanos de otros, o con independencia de las alternativas que uno tenga a la hora de actuar. Estas razones dan lugar a diferentes deberes morales en diferentes momentos.

La existencia de derechos humanos fundamenta el deber no emitir grandes cantidades de gases de efecto invernadero. Sin embargo, cuando esto ya se ha producido (como es el caso) y los gases de efecto invernadero han dado lugar a pérdidas y daños en forma de violación de los derechos humanos de otros debido al cambio climático, esas razones iniciales darían ahora lugar al deber de compensar por aquellas pérdidas y daños. Esto es así con independencia de las circunstancias iniciales, es decir, con independencia de que no pudiera haber sabido de los efectos negativos de esos gases de efecto invernadero o, incluso, de las alternativas que uno tuviera. Ser históricamente responsable significa, nada más y nada menos, responder a las razones que le impelían a uno a no actuar como actuó.

Este argumento podría sustentar un principio de responsabilidad histórica en el que basar la distribución de responsabilidades para la contribución al fondo de pérdidas y daños. De acuerdo con este principio, la responsabilidad se distribuiría de acuerdo a las emisiones de cada país. Al mismo tiempo, conseguiría lograr lo que los países más vulnerables siempre han demandado: que se reconozca que estas pérdidas y daños no son resultado de un evento fortuito, sino más bien el resultado negativo de acciones que tienen responsables.

Hubo un tiempo en que a los negacionistas del cambio climático – aquellos que afirman que el cambio climático no es una realidad o que no es un fenómeno causado por el ser humano – se les llamaba simplemente escépticos. La diferencia entre un negacionista y un escéptico es que el negacionista niega lo que está científicamente probado y el escéptico promueve el examen detallado de afirmaciones que sean controvertidas. Los numerosos informes del Panel Intergubernamental contra el Cambio Climático (IPCC) muestran que el cambio climático antropogénico –esto es, el hecho de que el cambio climático haya sido causado por la actividad contaminante del ser humano– ha quedado sobradamente probado desde un punto de vista científico. No solo existen abrumadoras pruebas que demuestran esta realidad, sino también un amplio y sólido consenso científico.

Al no poder negar lo evidente, las estratagemas para eludir responsabilidades morales y políticas por el cambio climático se han ido afinando. Una de estas estrategias consiste en evadir responsabilidades por las emisiones contaminantes que podrían dar lugar a demandas judiciales contra ciertos estados o empresas con altos niveles de contaminación. Algunos de los casos judiciales pueden encontrarse aquí. La estrategia para rehuir estas responsabilidades consiste en afirmar la imposibilidad de conectar las emisiones contaminantes con fenómenos climáticos extremos concretos. O, dicho de otro modo, se argumenta que es imposible conectar las emisiones contaminantes (de este u otro agente) con un fenómeno extremo en este tiempo y lugar. Esto resulta problemático porque estos fenómenos extremos, como huracanes, lluvias torrenciales, sequías, olas de calor, etc., son los fenómenos derivados del cambio climático que más daño causan. Por tanto, si señalar una conexión entre estos daños y emisiones no fuese posible, sería difícil atribuir responsabilidades causales – y morales y políticas -- por los fenómenos climáticos más destructivos. Mi propósito aquí es abordar algunas de las afirmaciones que soportan esta estrategia a medio camino entre el escepticismo y el negacionismo. En particular, aquí trato de mostrar que, dados los avances de la ciencia de la atribución climática, dicha estrategia es cada vez más difícil de sostener cuando las demandas afectan a los estados.

Primero, se afirma que para atribuir los daños generados por los eventos climáticos extremos a las emisiones contaminantes se necesita demostrar que, si no hubiera sido por esas emisiones, esos eventos no se habrían producido. Esto es problemático porque los fenómenos atmosféricos extremos existen desde mucho antes de que el ser humano empezase a emitir cantidades ingentes de gases contaminantes a la atmósfera. Tal condición radica en una confusión acerca del tipo de causas que se necesitan para establecer una conexión relevante que de soporte a demandas legales. Es de notar que esta afirmación se sustenta sobre la falsa presuposición de que lo que se necesita es demostrar que esas emisiones son una causa suficiente para dar lugar a fenómenos climáticos extremos. Sin embargo, este tipo de causalidad sería relevante exclusivamente en casos de prevención de fenómenos climáticos extremos, porque lo que queremos es prevenir las causas que, con un alto nivel de seguridad, generarán efectos dañinos. Sin embargo, para el caso de la atribución a posteriori, cuando el daño ya se ha materializado, lo único que necesitamos es demostrar que las emisiones han sido una causa necesaria. Es decir, lo que se necesita demostrar es que, en este caso particular, las emisiones contaminantes han contribuido a dar lugar al evento en cuestión, con independencia de que en otras ocasiones el evento pueda ser generado por causas naturales o con independencia de la intervención de otras causas. De este modo, la pregunta es si se puede demostrar que las emisiones contaminantes de los actores en cuestión hayan actuado de esta manera.

Segundo, siguiendo el punto anterior, algunos han negado que sea posible determinar que las emisiones contaminantes hayan sido las causas necesarias de determinados fenómenos climáticos extremos. Esta negación se basa en la imposibilidad de demostrar qué porcentaje de los eventos climáticos han sido generados por la acción contaminante de determinados agentes. Aunque sabemos que las emisiones de gases de efecto invernadero generan un porcentaje determinado del calentamiento global total, la ciencia de atribución para los fenómenos climáticos extremos no funciona de la misma manera. Es decir, es imposible asignar un porcentaje determinado del fenómeno a las emisiones de un determinado agente porque, como Myles Allen ha señalado, estos fenómenos son “únicos, auto-reforzados e indivisibles”. Lo que sí es factible, de acuerdo con la naturaleza de estos eventos, es determinar con cuánta probabilidad las emisiones contaminantes han elevado el riesgo de que el evento sucediera. En general, si la contaminación dobla el riesgo de que el evento suceda (en comparación con una atmósfera inalterada por esa contaminación) se puede decir que el evento ha sido causado por esas emisiones. Considerando este umbral, por ejemplo, puede decirse con un nivel de certeza científica suficiente que la ola de calor de 2003 en Europa, o la del 2013/2014 en Argentina, fueron causadas por las emisiones de gases de efecto invernadero vertidas por el ser humano a la atmósfera. Lo mismo sucede con las inundaciones de 2003 en el Sur de Inglaterra.

El tercer argumento para sortear demandas legales es negar la posibilidad de atribuir esos eventos extremos a las emisiones de determinados agentes. Es decir, este reto escéptico-negacionista consistiría en poner en cuestión que las emisiones de este o aquel agente (sea este un estado o una empresa) han generado o contribuido a generar un evento atmosférico en particular. Aunque el caso de las empresas aún no está suficientemente avanzado, los desarrollos para la atribución de responsabilidades estatales avanzan. Un estudio publicado en 2017 muestra una metodología desarrollada para atribuir con un nivel de certeza suficiente la contribución de cada estado a la ola de calor en Argentina en 2013/2014. Por ejemplo, la contribución histórica de la UE incrementó el riesgo de la ola de calor entre un 31 y un 37%, la contribución de EEUU entre un 28 y un 34%, la de China entre un 18 y un 21% y la de India entre un 10 y un 11%.

Los avances en la ciencia de atribución no solo van haciendo cada vez más posibles, justificadas y exactas las demandas legales contra agentes colectivos, sino que, además, van desplazando a aquellos que niegan su viabilidad de la categoría de escépticos a la de negacionistas. Que este tránsito sea posible es solo una cuestión de tiempo, del que, probablemente, dependerá el futuro de los litigios climáticos.

La negativa de los países más contaminantes del planeta y, en concreto, de los Estados Unidos, a aceptar cualquier tipo de compensación a los países más afectados por el cambio climático quedó reflejada en la decisión 1/CP.21 del Acuerdo de París, donde se excluyen especialmente las palabras “compensación” y “responsabilidad”. Es de esperar que en la 23º Conferencia de las Partes que se desarrolla estos días en la ciudad alemana de Bonn, presidida por el Primer Ministro de las Islas Fiji, los países más afectados por el cambio climático y, en especial, los estados de las islas del Pacífico, vuelvan a tratar de convencer a la comunidad internacional de la necesidad de incluir mecanismos de compensación y asunción de responsabilidades en los acuerdos climáticos.

En oposición a estas demandas, buena parte de la comunidad política y académica ha concluido que la manifiesta y absoluta falta de voluntad política para asumir las consecuencias de las responsabilidades históricas de los países más contaminantes debe ser tomada como punto de partida para cualquier propuesta en materia de justicia climática. La inviabilidad política de un marco compensatorio les lleva, por tanto, a no enfrentar esta premisa y a buscar otros mecanismos con los que lograr impulsar políticas climáticas en favor de los más vulnerables.

Este lenguaje de la “viabilidad política” suele venir acompañado de consideraciones acerca de la efectividad de las opciones alternativas a la compensación, como las demandas de justicia distributiva, argumentos humanitarios o referencias a la protección de los derechos humanos. Además de ser más efectivos, se argumenta, este tipo de marcos teóricos permitirían abordar los efectos negativos del cambio climático atribuibles a las variaciones naturales y a factores socio-económicos. Por tanto, se nos dice, los argumentos basados en el estado en que se encuentras las víctimas, y no tanto en la responsabilidad de los malhechores, resultar más atractivos para solventar los efectos negativos del cambio climático.

Aquí me gustaría apuntar tres objeciones a este tipo de argumentos. En primer lugar, las llamadas a la viabilidad política caen en una suerte de cortoplacismo potencialmente peligroso desde un punto de vista político. Es necesario, desde luego, apelar a la viabilidad política en casos extremos, como último recurso, para ayudar a las víctimas a recuperarse de los efectos negativos del cambio climático. Ahora bien, debemos tener cuidado al poner la viabilidad política como primer punto de nuestro argumento. Primero, porque podemos dejarnos por el camino importantes cuestiones morales del presente, poniendo así una solución imperfecta por delante de otras mejores. Segundo, porque esto nos llevaría a sacrificar la fuerza moral de nuestras posibles demandas morales en el futuro. Adoptar el argumento de la viabilidad política podría fácilmente alimentar la perniciosa práctica de aceptar como normal la falta de voluntad de los países más contaminantes de asumir sus responsabilidades. Esto sugiere que la utilidad de apelar a la viabilidad política debe ser contrarrestada con las ventajas de reclamar la asunción de responsabilidades. La práctica de reclamar responsabilidades, por el contrario, permitiría a los potenciales contaminadores ser más cautos en el uso de fuentes de energía contaminantes, de manera que así podrían reducirse los cortes del futuro. Argumentar en favor de lo que es moralmente requerido no solo es lo que debemos hacer, sino que además podría resultar también la opción más útilmente beneficiosa en el largo plazo.

La segunda objeción se basa en lo que perdemos, éticamente hablando, si nos dejamos llevar exclusivamente por esta apelación a la viabilidad política. Como señalé unas líneas más arriba, renunciar a hablar de compensación implica abandonar la asunción de responsabilidades históricas por parte de los mayores contaminantes. Y esto mina la posibilidad de conseguir el reconocimiento de la injusticia histórica ejercida contra los más vulnerables. Esta opción, lejos de representar una ganancia en términos absolutos, atenta contra el sentido del auto-respeto de las víctimas, dado su dependencia del respeto de los demás actores. Si la comunidad internacional se niega a reconocer que los daños sufridos por las víctimas del cambio climático no son fruto de la mala suerte o de desastres naturales, sino la consecuencia de las acciones injustas de unos individuos y pueblos sobre otros, estaría faltando al respeto a las víctimas. Y esto podría minar o perjudicar la capacidad de las víctimas para superar los efectos negativos de los desastres causados por el cambio climático tanto a nivel físico como psicológico. Dejar a un lado las demandas de reconocimiento vinculadas a un marco compensatorio podría llevarnos a soluciones rápidas, pero imperfectas e insuficientes.

Finalmente, uno podría plantear que, efectivamente, nos hallamos en un escenario de urgencia donde necesitamos soluciones rápidas, aunque sean imperfectas. La respuesta a esto podría ser tan sencilla como: ¿y por qué debemos elegir? Podemos perfectamente defender la necesidad de un marco compensatorio al mismo tiempo que desarrollamos argumentos que refuercen la necesidad de actuar con urgencia y puedan provocar una respuesta política más rápida. Es importante, no obstante, no dejar de recordar las razones que tenemos para defender lo que parece moralmente apropiado.

Tenemos la responsabilidad de abrir espacios de contestación política que permitan acabar con la práctica hegemónica de eludir responsabilidades por injusticias históricas que, no obstante, permanecen en el presente. Sucumbir a los deseos de los países más contaminantes parece apuntar en la dirección opuesta. Esta es, a mi juicio, una de las muchas tareas pendientes después de París. Queda esperar que la Presidencia de las Fiji en el COP 23 pueda, al menos, impulsar esta empresa.

Si los cada vez más firmes y numerosos informes científicos están en lo cierto, la humanidad está causando en la actualidad un giro drástico en el clima global. De no corregir urgentemente esta tendencia, los cambios que generamos nos llevarán a cumplir el anhelado sueño de vivir en otro planeta. La mala noticia es que este sueño se parecerá más a una pesadilla. En lugar de haber alcanzado un más allá donde todos los seres humanos pudieran vivir en condiciones ideales, habremos conseguido hacer de nuestro mundo ese otro planeta. La diferencia es que esto será a fuerza de que no todos podamos sobrevivir y que, los pocos que queden, lo hagan en condiciones lamentables.

La tendencia política, sin embargo, sigue siendo desoladora. Las posibilidades de frenar este desastre se ven de nuevo fuertemente mermadas con el anuncio de la destrucción de los compromisos adquiridos por los Estados Unidos para la reducción de emisiones contaminantes. Ahora que Donald Trump comienza a cumplir sus amenazas en materia de política climática, conviene no perder de vista lo que hay de moralmente pernicioso en seguir contribuyendo desenfrenadamente al cambio climático.

A pesar de que al nuevo presidente de la principal potencia responsable de las emisiones de efecto invernadero, como reconoció su predecesor en el cargo, el cambio climático le parezca “un cuento chino”, el consenso científico en torno a su causa antropogénica y sus devastadores efectos no para de crecer. Según el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), asistimos a un aumento desenfrenado de las temperaturas que tiene efectos, en muchas ocasiones irreversibles, sobre los sistemas naturales y humanos. El aumento de la temperatura provoca el derretimiento de glaciares y capas de hielo, así como la expansión térmica de los océanos, generando un aumento considerable del nivel medio de las aguas marinas. Las consecuencias son devastadoras para los hábitats de numerosas especies vegetales y animales, así como para la producción agrícola y para la vida de los habitantes de pequeñas islas y aquellos asentados en las zonas polares árticas.

Junto con ello, el aumento drástico de las temperaturas genera importantes olas de calor y la expansión de numerosas enfermedades tropicales, lo que acaba con la vida de innumerables personas. Todas estas consecuencias afectan con mayor virulencia a los habitantes de países pobres y a los más pobres en los países desarrollados, dada su vulnerabilidad y su escasez de recursos adaptativos.

Hasta aquí la exposición de los hechos que, sin embargo, no hablan por sí solos. La justificación del rechazo a las políticas regresivas en materia climática exige precisar qué hay de moralmente negativo en el cambio climático. La pregunta filosófica no proporciona un añadido a la respuesta técnica sino, antes bien, su condición de posibilidad. ¿Qué hay, pues, de moralmente negativo en el cambio climático?

Es probable que nuestra primera intuición quede enmarcada en el discurso de los derechos humanos. Parece intuitivamente cierto que las consecuencias del cambio climático anteriormente apuntadas violan, al menos, el derecho a la vida, a la salud y a la mínima subsistencia. Además, el cambio climático genera una serie de incertidumbres y riesgos que hace a los más pobres vulnerables al estrés de saber que sus vidas se encuentran sistemáticamente amenazadas. Ambos elementos constituyen razones de peso para evaluar negativamente nuestra conducta.

El cambio climático es moralmente pernicioso, en segundo lugar, porque representa un escenario injusto a niveles globales, intergeneracionales, interespecíficos y ecológicos. A nivel global, comporta una doble asimetría: mientras que los individuos y países más pobres son los que menos emisiones contaminantes han generado, son, sin embargo, los más vulnerables a sus impactos. Parece justificado concluir que la inacción de los países más desarrollados, responsables históricos y actuales de la inmensa mayoría de emisiones contaminantes, representa un caso claro de injusticia global.

Pero, además, esta injusticia tiene una dimensión temporal, puesto que los efectos a largo plazo harán que las peores consecuencias sean sufridas por las generaciones futuras, indefensas ante los abusos del presente. Por su parte, la injusticia interespecífica y ecológica se manifiesta en los efectos que el cambio climático tiene para las vidas de los animales no humanos y los ecosistemas en general justifican.

Quizá por su fuerza intuitiva, estas son las razones más aducidas entre quienes no se cansan de denunciar las dimensiones moralmente negativas del Antropoceno: unas razones que ponen el foco de atención en las víctimas, que ven y verán sus derechos elementales violados, que sufren y sufrirán injusticias. Para quienes tienen una fuerte sensibilidad hacia el daño sufrido por otros, estas razones parecen normativamente suficientes. Pero nuestro fracaso institucional y político no parece decir lo mismo. En este contexto, la filosofía sigue teniendo el compromiso de analizar qué otras razones podrían resultar efectivas para convencer a los “agnósticos” del problema moral que el cambio climático representa.

Sin menoscabo de lo anterior, creo que un giro de 180 ºC hacia nosotros mismos permite captar otra dimensión moral del problema. Uno podría pensar, no sin razón, que, dadas las dimensiones y la inmediatez de los efectos del cambio climático, podríamos apelar a la propia supervivencia o a la de nuestros seres queridos. Podríamos así rechazar nuestra conducta desde la lógica del auto-interés. Sin embargo, esto seguiría consistiendo en afrontar el problema desde la perspectiva de las víctimas (en este caso, nosotros o los nuestros). Y no es este el giro que quisiera aquí realizar.

Lo que aquí quiero destacar es, sin embargo, que podemos dibujar una imagen más completa aún del problema moral si en lugar de situar el foco de atención en las víctimas lo situamos en los agentes. Lo que hay de moralmente pernicioso en el cambio climático es, también y de manera fundamental, la forma en que queda dibujada la identidad de los habitantes de los países desarrollados y más contaminantes como agentes morales, a través de nuestra contribución e inacción.

¿Qué dice de nosotros la existencia, perpetuación y agravamiento del cambio climático? Que parecemos lo que Stephen Gardiner ha llamado “la escoria de la Tierra”. ¿En qué se traduce esto? En primer lugar, en que somos extremadamente imprudentes. Ya no es solo que estemos imponiendo riesgos sobre los más vulnerables, sino que lo estamos haciendo de una manera seriamente injustificada, irreflexiva y gratuita. Contamos con los suficientes conocimientos científicos y medios técnicos para conocer las dimensiones del problema e iniciar una transición que eventualmente evite las tales consecuencias. Nos agarramos a interpretaciones exageradas y desacertadas en relación a la incertidumbre científica de los daños que genera el cambio climático, mientras invertimos en generar un arsenal de geoingeniería destinado a modificar lo más básico de los sistemas físicos de nuestro planeta, cuyos efectos son altamente inciertos y potencialmente devastadores. Si nos preguntamos qué clase de individuos haría esto, no podemos por más que concluir que la forma en la que estamos afrontando el cambio climático nos deja en evidencia como individuos absurdamente imprudentes.

En segundo lugar, esta forma de actuar deja nuestra insensibilidad moral al descubierto. Lo que muestra la injusticia global, intergeneracional y ecológica es una profunda falta de voluntad a la hora de poner sobre la mesa los intereses de otros seres humanos, de las generaciones futuras y de otras especies sobre el planeta. Demostramos ser seres profundamente ciegos a la presencia de los otros alrededor del mundo, a lo largo del tiempo y más allá de nuestra especie.

Finalmente, tanto nuestra inacción política e institucional como el estilo de vida asociado al calentamiento global reflejan la adopción de valores superficiales. Estaremos en lo cierto cuando pensamos que la clase política está más preocupada por aferrarse al sillón que por el cambio climático. Pero no es menos cierto que muchos ciudadanos están más preocupados el último reality show que por salvar el planeta, por trabajar más para ganar más y consumir más, o por los caballos que tendrá su próximo coche. Uno podría pensar que los asuntos éticos simplemente ni nos preocupan ni nos conciernen.

Sin embargo, creo que seríamos insinceros si no nos reconociéramos que, incluso para nosotros, el daño y la amenaza a la que sometemos al planeta tienen una importancia moral mayor que las cuestiones superficiales de las que nos preocupamos cotidianamente. (Pre)ocupados por y con cuestiones que nosotros mismos somos capaces de reconocer como relativamente insignificantes no hacemos sino demostrar una autoforjada superficialidad.

Lo que de moralmente pernicioso hay en el cambio climático no es solo el profundo daño y el riesgo al que sometemos a los más vulnerables, la violación sistemática de derechos humanos o una injusticia que se manifiesta a niveles globales, intergeneracionales e interespecíficos. Es también la forma en la que dibujamos nuestra identidad como agentes (in)morales, por imprudentes, insensibles y profundamente superficiales.

Resulta difícil imaginar que alguien que se mire a semejante espejo pueda pensar, sin autoengañarse, que es así como desea ver reflejada su identidad. Ya que mirar al mundo parece ser insuficiente, quizá la repulsión hacia lo que el cambio climático dice de nuestra identidad como agentes morales pueda ayudarnos a “convencer a los que faltan”.